Antes de la declaración de la pandemia del coronavirus y toda la serie de medidas represivas establecidas con la excusa de “cuidarnos a todos”, el gobierno de Alberto Fernández ejecutó un importante saqueo a las jubilaciones al establecer una nueva fórmula para el cálculo de la movilidad. Este ataque es un hito más en una larga historia de humillaciones a trabajadores que pasan a retiro y deben luchar por sobrevivir en condiciones de pobreza. El más explosivo de esos hitos fue la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo en 2017 y votada con ayuda del PJ y los partidos provinciales.
El ensayo reaccionario de establecer una cuarentena obligatoria, garantizada por las fuerzas de seguridad, es un intento desesperado de que la crisis social no estalle a causa de la propagación de la enfermedad viral del COVID 19. Pero el estado calamitoso del sistema de salud, los salarios de miseria de casi la mitad de los trabajadores del país, las condiciones de vida desesperantes de los jubilados y de una gran porción de la población en los conurbanos de las grandes ciudades de todo el país no se pueden tapar con propaganda invitando a la “responsabilidad” y la “solidaridad”. Además, quedó demostrado que un intento de centralización por parte de este Estado resulta en caos total, porque es así como se organiza la vida social capitalista, basada en la anarquía del capital.
El viernes 3 de abril reabrieron las sucursales bancarias que pagan haberes de la seguridad social, después de haber permanecido cerradas desde la declaración de la cuarentena total, el 20 de marzo. Todos los trabajadores bancarios previeron que la situación sería caótica, como lo es todos los meses en los que hay fecha de cobro establecida por el cronograma de pagos de ANSES. No es una novedad para los bancarios verse sometidos a estresantes horas de trabajo, que la mayoría de las veces se extiende bastante más de la jornada laboral de convenio. También son los trabajadores los depositarios de la bronca y la frustración -justificada- de los clientes que tienen que esperar horas para cobrar un haber, muchas veces mínimo. A las patronales les cabe bien la consigna de la cuarentena: “lavarse bien las manos”.
Este 3 de abril vimos a jubilados expuestos al contagio de manera masiva en largas colas de muchísimas horas. Mostraron la fragilidad de la imposición de la cuarentena por parte del Estado, ante la necesidad real de la mayoría de los jubilados de percibir su haber. Los bancarios también se vieron expuestos al contagio, sometidos a la presión de la patronal, que es la verdadera responsable del pésimo servicio a los jubilados, que ve en ellos sólo un buen prospecto para colocar productos financieros. Mientras los banqueros se quedan cómodos haciendo cuarentena en sus casas, nos someten a los trabajadores a condiciones insalubres. Sólo podremos cuidar nuestra salud con los métodos obreros: con cese de actividades, con el paro, con la organización. Que el sistema de las jubilaciones dependa de estos banqueros, que sólo persiguen su insaciable afán de lucro, es un despropósito más de la economía capitalista.
Ese mismo día, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, tras ser increpado por un coro de periodistas que siempre encuentran una buena oportunidad para atacar a las organizaciones obreras, explicó que el gremio se puso a disposición de resolver el problema -a la orden del gobierno, no de las necesidades de los jubilados y de sus propios trabajadores. Sus declaraciones parecían de un funcionario del Estado, no de un líder sindical que vela por los intereses de los trabajadores, no sólo de su gremio, sino de conjunto. Esta postura ya se anticipó antes de la pandemia, cuando se mostró dispuesto a resignar las paritarias por una suma fija que impuso AF en consonancia con los dictados del FMI. Desde la asunción del nuevo gobierno, se han comprometidos con la “paz social”, mientras el ajuste del FMI sigue en marcha. Ahora pretenden que seamos los jubilados y los trabajadores los que paguemos por esta situación de crisis, que generaron las patronales y sus cómplices.
Ante esta situación de emergencia debemos imponer delegados de Higiene y Seguridad. Sabemos que esto sólo se podrá llevar adelante mediante la organización de los trabajadores en sus lugares de trabajo. Hay que hacer asamblea en cada sucursal para hacer un relevamiento diario de las condiciones de trabajo. Y si éstas no se cumplen, imponer el cese de tareas.
Debemos redoblar la organización para defender las jubilaciones de todo el pueblo trabajador, apelando a la unidad de la clase obrera.
Debemos imponer la reapertura inmediata de la paritaria, en la que se escuchen las demandas de los trabajadores. Todo trabajo realizado durante la cuarentena fuera de las condiciones establecidas en el CCT: el “homeoffice”, el trabajo los fines de semana, las horas extras, debe ser debidamente compensado salarialmente. Quienes se vean afectados a trabajar en medio de la pandemia, deben ser compensados por ser sometidos a trabajo insalubre. Si algún trabajador se contagia de COVID-19 deberá ser considerado que es una enfermedad laboral. Para discutir esto se deben elegir delegados paritarios con mandato y revocables.
Además, desde hace meses, antes de la pandemia, muchos bancos empezaron a ofrecer retiros voluntarios, o sea, despidos encubiertos; así como despidos abiertamente. Hay que pelear por la reincorporación de los despedidos.
También debemos imponer que se efectivice los tercerizados, que son una gran parte de los trabajadores del sistema financiero.
En el marco de la imposición policial de la cuarentena, debemos plantear que el sindicato tramite permisos de circulación a los delegados para asistir a los compañeros en los lugares de trabajo.
Pero, en definitiva, sabemos que una burocracia adicta al Estado y cómplice del gobierno no peleará hasta el final por los intereses de los trabajadores. Es necesario recuperar nuestros sindicatos de manos de la burocracia conciliadora. Hay que organizar un Congreso de Delegados de urgencia para enfrentar esta situación y buscar una respuesta desde la clase obrera con los métodos obreros. Hacemos un llamado a todas las corrientes de izquierda dentro del sindicato a desarrollar una campaña por estas demandas.
El 20 de marzo pasado el gobierno nacional de Alberto Fernández estableció por decreto el “aislamiento social preventivo y obligatorio” por el COVID-19, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pandemia mundial. El domingo 29 de marzo, extendió la medida hasta fines de semana santa. El pretexto para establecer esta cuarentena, con las fuerzas de seguridad controlando las calles, es un modelo estadístico (curva) promovido por la OMS y los especialistas según el cuál es necesario ralentizar los contagios de la enfermedad para evitar un colapso del sistema sanitario de los estados burgueses, como se está viendo en Italia y España. Este plan de “achatar la curva de contagios” parte del supuesto de que el sistema sanitario tiene capacidades limitadas para la atención de la población, y según el ministro de salud González García, todo el plan consiste en ganar tiempo para adecuar el sistema, en actual estado de calamidad, a las necesidades del futuro pico de contagio. Basta traspasar la medianera de cualquier hospital del interior del país para darse cuenta de que esto es una burla al pueblo pobre y a la clase trabajadora toda, y un cínico insulto a los trabajadores de la salud en particular.
Por supuesto, lo anterior es un mero pretexto sanitario. Al 29 de marzo, el total de detenidos por “violación de la cuarentena” ascendía a 33.000 (Clarín). Como hemos expuesto en otros materiales, la intervención de las fuerzas de seguridad controlando la circulación de mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo como mercancía, responde a la preparación de la burguesía y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo mundial que va mucho más allá de una infección respiratoria. Estamos hablando de una crisis capitalista en toda regla, con su ola de suspensiones, despidos, rebajas salariales, avance de la precariedad y quita de conquistas obreras, camino que ya comienzan a transitar las patronales como Techint, pero que ya venían implementando antes del COVID-19 en la industria petrolera, en ARCOR, por dar sólo algunos ejemplos.
La inversión en salud en Argentina es del 9,4% del PBI. De esta cifra, el Estado (en sus distintos niveles e incluyendo el gasto en seguridad social) aporta el 70% y el 30 % restante corresponde al sector privado, según datos de la OPS/OMS. En relación al gasto total, en cambio, los fondos públicos ejecutados en 2020 representan solo un 4%, de acuerdo con los datos de Hacienda. Por la expansión de la pandemia, el gobierno nacional anunció una partida presupuestaria extra de $1.700 millones. Para que tengamos un punto de comparación, es el equivalente a un cuarto del presupuesto anual del Hospital Garraham.
El cinismo de Fernández es insuperable cuando se refirió a que los trabajadores de la salud iban a recibir un pago diferencial extraordinario: se rumoreaba que iba a ser de $30.000, pero resultó en el decreto que cobrarán 4 cuotas de $5.000, no remunerativos y contra la prestación efectiva de servicios; y en caso que se ausente del trabajo en forma parcial o total -justificada- el pago extraordinario se ajustará proporcionalmente, introduciendo en la emergencia una cláusula de presentismo (productividad). Ese decreto además reconoce que el personal de salud debe trabajar en más de un lugar, dado que el salario no alcanza, estableciendo que el incentivo lo cobrarán sólo por uno de sus empleos. Resulta ahora que los trabajadores de la salud deben hacer una “patriada” con un barbijo y un par de guantes durante todo el día a cambio de las peores condiciones laborales agudizadas por la expansión del virus, con todos los riesgos que ello significa, y con un salario por debajo de la línea de la pobreza.
El sistema sanitario argentino está fragmentado en el sector estatal, que atiende a 3 de cada 10 personas en forma gratuita, las Obras Sociales sindicales, que cubren a los trabajadores registrados con aportes, y el sector privado de prepagas, hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, otros centros privados y, no olvidarlo, las nefastas ARTs. Estos dos últimos sectores atienden a 7 de cada 10 personas (Iprofesional, 22/03/20). Las estadísticas no distinguen entre las personas atendidas por las Obras Sociales de aquellas atendidas por el sector privado porque de hecho estos sectores se confunden. Hay una razón: en los años 90, las Obras Sociales que ya estaban bajo la égida del Estado burgués a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y otros organismos, fueron desreguladas, proceso que culminó bajo el gobierno de la Alianza que nos depositó en la crisis de 2001. Debería tener más cuidado el actual presidente cuando compara los muertos con las crisis económicas: muchos de los trabajadores que morirán con el pico de la actual pandemia serán en realidad víctimas de las reformas antiobreras que se instrumentaron durante las crisis anteriores. La desregulación de las Obras Sociales permitió que muchas de estas simplemente tercerizaran los servicios de cobertura de salud de los trabajadores de su rama desviando los descuentos de ley a prepagas que surgieron como hongos y luego fueron decantando por la competencia capitalista en el monopolio de los actuales mercaderes de la vida y la muerte como OSDE, Swiss Medical, Medifé, etc, etc. Otras Obras Sociales sindicales se “especializaron” en el rubro, ofreciendo sus servicios a otros sindicatos. Todo esto, sin dejar de mantener una relación espuria con la SSS, que junto con la Ley de Asociaciones Sindicales y la Conciliación Obligatoria se ha convertido en un instrumento de subordinación de las organizaciones de la clase obrera al Estado burgués. Esto sucedió durante el gobierno de Macri, durante los gobiernos anteriores y sucede ahora: la burocracia sindical negocia paz social por fondos frescos que la SSS transfiere a esta capa privilegiada a través de las Obras Sociales. Los fondos que supuestamente deberían destinarse a la salud de los trabajadores son el pago en efectivo de la traición de sus dirigentes por el Estado burgués. Este sistema de salud, llamado “tripartito”, que viene siendo coto de negocios de un puñado de empresas capitalistas (a las que hay que sumar a los laboratorios de medicamentos) y del concubinato del Estado con la burocracia sindical, es el que se enfrenta a la famosa “curva” del COVID-19. De más está decir que la resultante, en palabras del propio Ginés González García, es un sistema sanitario devastado.
Igual que la democracia política, la salud popular en la Argentina fue producto de la lucha y la organización de la única clase progresiva, el proletariado. La salud de los trabajadores sólo fue atendida por los trabajadores mismos a través de las mutuales y cajas de socorros mutuos, germen de los sindicatos. Las Obras Sociales tienen ese mérito, y recordamos esta historia porque lamentablemente hoy muchas organizaciones obreras y de la propia izquierda centrista están totalmente adaptadas a la ideología estatista de la burguesía, que hoy en la crisis se fortalece. La salud pública, que es una ilusión, pasaría por los hospitales estatales, (no tan) gratuitos, que además los últimos años han sufrido también el embate de las políticas del Banco Mundial y su Cobertura Única de Salud (CUS) que propone la intervención directa de los privados en los servicios “rentables” del hospital público. Más que tripartito, el sistema es una maraña en la cual las empresas de la salud se quedan con el negocio y el Estado sostiene los déficits, estatismo a fin de cuentas. No hace falta más que conversar con cualquier enfermera de un hospital estatal para saber cuáles son y cómo se manejan los servicios “privatizados”. En cuanto a las Obras Sociales, como explicábamos más arriba, han sufrido el derrotero de los propios sindicatos bajo la decadencia imperialista, siendo sometidas por el estado burgués y sus formas de poder bonapartistas sui generis. Sin embargo, en medio de la pandemia, la lección de la historia es categórica: sólo a los trabajadores nos interesa nuestra salud y la salud del pueblo pobre en general.
¿Qué significa la salud de la clase obrera para la burguesía? Simplemente parte del valor de la fuerza de trabajo, que debe reproducirse día a día para continuar bajo el yugo de la explotación del capital y su acumulación. Incluso si se “daña” en el propio proceso de producción, como cualquier máquina está cubierta por un seguro (ART). Esto simplemente queda mucho más al descubierto con la descomposición de cualquier idea de Estado de bienestar en los países imperialistas, el antiguo espejo en que se miraban la sub-burguesía nacional y los sectores medios.
La pandemia ha venido a profundizar y acelerar la crisis económica y social y a poner al descubierto un sistema de salud en ruinas. La actual coyuntura de crisis en todo el mundo muestra como los trabajadores de la sanidad, de la industria y los servicios empezamos a organizarnos y luchar por lo que nos han robado hace décadas, como es el caso de las huelgas en Italia, método de la clase obrera para que las patronales no la arrojen como “carne de cañón” a producir en la insalubridad de las fábricas.
En Argentina, la burocracia sindical se votó el aislamiento social, cubriéndole el flanco al gobierno. Luego de la reunión entre nación y sindicatos de la salud quedó demostrado que tanto ATE y Fesprosa como la CTA-A van a ser cómplices de profundizar la precariedad laboral ante la incorporación de residentes del 2º y 3º año al abordaje de la epidemia, la falta de recurso crítico disponible en los hospitales (aunque parece ser un dato novedoso para los burócratas) y definen poner a disposición los hoteles sindicales para subordinarse a la estrategia del gobierno nacional. La UPCN y ATSA también firmaron la paz social, y solo se remiten a elevar notas por falta de insumos al Ministerio de Salud ante la presión de los trabajadores de la sanidad en hospitales designados de referencia para atender pacientes infectados por el COVID-19. La burocracia trata de mostrar la importancia que tiene la “unidad” de los sindicatos con el Estado burgués, con la excusa de la emergencia y la esencialidad del sector, manteniendo así la conciliación de clases como objetivo primordial de salvaguardar las ganancias capitalistas.
Los trabajadores de la salud somos hoy los más expuesto a la pandemia y al plan de Alberto y las patronales. Además de defender nuestra propia vida, debemos defender al conjunto de los trabajadores ya que, con menor personal de atención disponibles por posibles contagios, el sistema sanitario caería aún en peores condiciones, como sucede en España donde casi el 15% de los contagios se dan entre trabajadores de la sanidad. Contra las jornadas extenuantes y la doble o triple jornada de trabajo, debemos pelear por jornadas de 6 hs para las y los trabajadores de la salud, con un salario inicial igual a la canasta básica indexado a la inflación, y por el pase a planta permanente de todos los becarios, contratados, monotributistas, pasantes y residentes. Hay que poner fin a las tercerizadas. No podemos permitir que gobiernos y empresarios de la salud aprovechen la coyuntura para avanzar en la precarización laboral, ¡Que todo trabajador que se incorpore en la emergencia sea contratado con las mismas condiciones que el personal de planta, por un contrato único!
Los trabajadores de la salud necesitamos disponer de todos los insumos necesarios para la asepsia y esterilización de materiales, así como de equipos e insumos. Necesitamos equipos de protección personal (EPP) para todo el personal, teniendo en cuenta que se trata de material descartable y debe estar disponible de formar constante. Cese de actividades hasta que se cumplan las normas de bioseguridad para todo el personal.
Es imperiosa la centralización real de los recursos sanitarios. Al igual que el resto del plan sanitario de Alberto, la coordinación a través del gobierno nacional y sus conferencias con los gobernadores de las provincias y el intendente de la CABA son una farsa y dejan al 70% de la atención del sistema, privado, seguir actuando guiado por el lucro (una pandemia significa grandes negocios para estos burgueses). Sin embargo, la consigna de centralización del sistema bajo el comando del Estado burgués, incluso la estatización de las efectores del sector privado, sigue dejando en manos del comando de nuestros enemigos de clase el problema de la salud de los trabajadores. Lo que está planteado es poner los hospitales, clínicas, sanatorios, grandes cadenas de farmacias y demás centros de atención bajo control de sus trabajadores a través de los sindicatos de la rama (ATSA, la Fesprosa, ATE Salud, UPCN, sindicatos estatales provinciales y municipales). Por supuesto, para ello es necesario recuperar los sindicatos de manos de la burocracia y ampliar sus funciones. El método es la asamblea, la elección de delegados con mandato, los plenarios zonales o municipales, provinciales y un Congreso Nacional de Delegados de Base de la Salud, por supuesto, tomando todas las medias de prevención para evitar los contagios (tal como deben tomarse en los propios hospitales y fábricas donde se continúan las labores). Para esto también necesitamos imponer la jornada de 6hs, que los sindicatos estén abiertos para realizar reuniones de delegados y activistas, y que emitan salvoconductos sindicales para que nuestros delegados puedan circular entre los lugares de trabajo y las sedes de nuestras organizaciones.
Existe una preocupación válida entre muchos compañeros y compañeras en relación a la provisión de los EPP y otros insumos y equipamientos médicos, ¿cómo conseguirlos, si no hay stock? Esto se debe a que la producción de estas mercancías y su distribución no escapan a las reglas capitalistas anárquicas que rigen a cualquier mercancía. Los stocks no están o porque no se producen, o porque están escondidos para la especulación o porque fueron destinados a la exportación o al consumo de los sectores burgueses. El caso de los respiradores es paradigmático: fueron los propios distritos provinciales los que comenzaron a pujar por los pocos respiradores que se fabrican en el país. Nuevamente, el Estado nacional tuvo que salir a aparentar cierta organización centralizando a su manera el abastecimiento de los mismos, y al mismo tiempo activando un gran negocio para una multinacional como Toyota que se ofreció para la reconversión de su planta de Zárate, donde propuso armar una línea de montaje de respiradores para sumar a los que se fabrican en Córdoba y a las partidas que serán importadas probablemente de China. ¡Es un gran negocio! En tiempos de restricción de la producción por la cuarentena, pero más aún por la recesión mundial, la industria automotriz está paralizada; la única forma en que puede valorizarse el capital es explotando a la fuerza de trabajo, y Toyota encuentra la manera de realizar esto… ¡a través de la famosa reconversión! En el terreno del mercado mundial, ocurre lo mismo con la competencia entre el capital de los países imperialistas entre sí y con China por poner en funcionamiento determinadas producciones destinadas a los sistemas sanitarios para intentar iniciar una (muy dudosa) recuperación económica a futuro.
Lo más lamentable es que esta idea sea un punto central del programa que nos propone la izquierda centrista organizada en el FIT-U. Dirán que ellos suman a la reconversión el “control obrero”, entendido como un mero control democrático “por la base” de la actividad capitalista. Sin embargo, lo que realmente están proponiendo es una reconversión dentro de los marcos del sistema, sin cuestionar el mando capitalista ni enfrentar al Estado burgués (por eso tampoco quieren enfrentar la cuarentena) ni cuestionar la explotación del sistema del trabajo asalariado. Los revolucionarios, entendiendo el problema de la cadena de suministros del sistema sanitario, levantamos la intervención independiente de la clase obrera, luchando por recuperar nuestros sindicatos industriales y de servicios para que amplíen sus funciones y a través de nuestras organizaciones imponer el control obrero de los laboratorios médicos, las fábricas químicas, textiles, de papel y de equipos médicos, la cadena logística, y demás insumos y equipos que se necesiten para atender la pandemia y sostener la tarea de los trabajadores de la salud. Confiscación de todos los stocks de insumos y equipos y distribución bajo control obrero, donde tendrá un peso preponderante la opinión de los propios trabajadores de la salud.
Debemos decir finalmente que la idea de reconversión es totalmente nacionalista. El control obrero sobre las ramas industriales y de servicios rompe las fronteras nacionales porque la tarea que enfrenta nuestra clase obrera y su vanguardia tiene una naturaleza, como la pandemia y el mercado mundial capitalista, internacional.
Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud. Esto no quiere decir que podamos poner en pie un sistema de salud “obrero”, paralelo al Estado capitalista y el sistema de la propiedad privada, eso sería una mera utopía reformista. La salud de la clase obrera no puede garantizarse sin enfrentar las consecuencias de la descomposición capitalista. Siguiendo a Trotsky, “los sindicatos actualmente no pueden ser simplemente los órganos democráticos que eran en la época del capitalismo libre y ya no pueden ser políticamente neutrales, o sea limitarse a servir a las necesidades cotidianas de la clase obrera. Ya no pueden ser anarquistas, es decir que ya no pueden ignorar la influencia decisiva del estado en la vida del pueblo y de las clases. Ya no pueden ser reformistas, porque las condiciones objetivas no dan cabida a ninguna reforma seria y duradera. Los sindicatos de nuestro tiempo pueden servir como herramientas secundarias del capitalismo imperialista para la subordinación y adoctrinamiento de los obreros y para frenar la revolución, o bien convertirse, por el contrario, en las herramientas del movimiento revolucionario del proletariado.”
La salud de nuestra clase no puede sostenerse a través de ningún sistema de salud estatal bajo el capitalismo, porque no tenemos garantizadas las mínimas condiciones de reproducción de nuestra fuerza de trabajo. Conquistar estas condiciones, un salario mínimo igual a la canasta básicas familiar, las condiciones de seguridad e higiene para no morir en las fábricas y en el transporte, una reforma urbana basada en la expropiación de los grandes terratenientes para conquistar viviendas para todos los obreros, imponer las escalas móviles de salario y horas de trabajo contra el desempleo y los despidos, todo eso plantea un programa de transición para la lucha de nuestra clase contra los capitalistas y su Estado. A través de nuestros métodos, los ceses de actividades y paralizaciones para avanzar a la huelga general. Es el camino de la revolución socialista y la instauración de un gobierno obrero, en el que los revolucionarios internacionalistas estamos comprometidos.
El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo.
Los trabajadores de la educación y la pandemia.
Transitamos la segunda semana de suspensión de clases presenciales en el marco del “aislamiento social preventivo y obligatorio” dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional. Fundamentadas como medida frente a la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19, las restricciones a la circulación de personas impuestas por el decreto nacional 297/2020, como toda norma legal en el sistema capitalista, tiene ese barniz de igualdad ante la ley, pero impuesta sobre una realidad social de enorme desigualdad.
El gobierno estableció excepciones para dar cuenta de algunas de esas desigualdades, pero no precisamente en favor de los millones que conforman la población asalariada y pauperizada. Si no para salvaguardar el poder de las patronales de disponer sobre la circulación de bienes y de la fuerza de trabajo necesarios para la reproducción del capital. Y es tan arbitrario y evidente el carácter burgués del semi Estado argentino, que las patronales pueden emitir “salvoconductos” para que sus empleados puedan ir a trabajar, pero se pretende que los sindicatos no hagan lo propio con dirigentes y delegados de base para el ejercicio de la representación de los intereses de los trabajadores en el lugar de trabajo.
Ha calado tan hondo el discurso de la “unidad nacional contra la pandemia” que milita el peronismo gobernante y la oposición, que ninguna de las conducciones sindicales cuestiona la autoridad de este Estado para disponer medidas de control sobre la población trabajadora. Al contrario, se proclaman garantes de la cuarentena que es una medida estatal impuesta claramente contra los métodos obreros, manteniendo cerrados los locales sindicales, y reclamando que se garantice la cuarentena de todos y todas.
La cuarentena es una medida estatal antiobrera. Es antiobrera para más de la mitad de la población sumida en situación de pobreza, a quienes pretenden aislar en las villas a cambio de una asistencia alimentaria a todas luces insuficiente. Es antiobrera para el 40% de los trabajadores informales, ya más vulnerables de por sí a la arbitrariedad patronal, y que ahora soportan el hostigamiento de la policía y mayores abusos patronales. Es antiobrera para el personal de la salud, que sigue trabajando en los mismos hospitales con infraestructura deficiente e insalubres y con recursos insuficientes, precarizados y ahora soportando medidas de superexplotación. Es antiobrera para los trabajadores de la producción y los servicios, a quienes se extorsiona para ceder conquistas a cambio de sostener el empleo.
Una mayoría de los trabajadores de la educación formales pasamos a cumplir tareas desde nuestras casas, bajo innumerables disposiciones arbitrarias de sobrecarga de trabajo y funciones, y asumiendo nosotros mismos los costos de conectividad. Mientras otra abstracción se cayó a pedazos: la idea de la escuela como igualadora. La educación virtual se topó con la realidad de la desigualdad social, y la “continuidad pedagógica” quedó interrumpida para miles de estudiantes sin conectividad, ni computadora personal o celular. Otras urgencias ocupan el primer lugar, como alimentarse.
Sin embargo, el personal de miles de escuelas en todo el país se ve en la tarea de sostener la provisión de alimentos de su comunidad educativa, ya de por sí muy magros alimentos, sin medios ni recursos de protección sanitaria. Mientras las familias que viven lejos de la escuela, no tienen cómo justificar ni llegar a buscar los alimentos, y nuestros estudiantes jóvenes y adultos son multados y detenidos por intentar sustentarse en la informalidad.
Esta situación vulnera gravemente al personal informal y/o precarizado en un sistema educativo profundamente heterogéneo (seos, suplentes, contratados, etc), porque mientras las bajas se producen, no hay llamados para cubrir licencias ni vacantes. Y el conjunto continúa trabajando, con las paritarias suspendidas y sin plazos de reanudación, bajo amenaza de descuentos arbitrarios, y con los conflictos provinciales sin resolución, con el caso de Chubut como ejemplo extremo de una crisis ya abierta, y a la que se deslizan las demás provincias.
¡Abajo la cuarentena!
No es fortaleciendo al Estado burgués mediante la colaboración de clases, que lograremos enfrentar esta crisis sanitaria. Toda línea de colaboración con el Estado y con los capitalistas, bajo la idea de unión nacional, es una política reaccionaria, y pagaremos muy pronto y muy caro las consecuencias de ella. Los retrocesos en términos de organización sindical, todo lo que cedamos en cuanto a condiciones de trabajo, suspensiones, polifuncionalidad, congelamiento o recortes salariales, etc., en nombre de la “emergencia” y la “solidaridad”, buscarán ser consolidados por el Estado y las patronales en nombre de su “recuperación económica” posterior a costa nuestra.
¡El aislamiento social de CTERA lleva un año! Primero para asegurar que la bronca se exprese en las urnas, después para garantizarle a Alberto la tregua de 180 días y el normal inicio de clases. Ahora, Alesso nos llama a esperar en casa, mientras su aliado menor, el PCR, plantea que hay que colaborar en “garantizar la disciplina social”. Las seccionales y sindicatos recuperados, así como las listas y delegados antiburocráticos debemos ponernos a la cabeza de prepararnos para romper la cuarentena y toda medida estatal de disciplinamiento y colaboración de clases, y enfrentar a la burocracia que actúa cual policía en nuestras organizaciones.
¡Los sindicatos deben estar abiertos! Y deben convocarse a reuniones de delegados, con las medidas de resguardo sanitario correspondientes, garantizando salvoconductos para su circulación. Si las escuelas siguen cerradas o se abren, así como para qué abrirlas, cómo y cuándo es una decisión que debemos tomar los trabajadores. Necesitamos poner en pie instancias de deliberación y resolución de medidas defensa de la integridad de la población trabajadora, y de planes de lucha para imponerlas.
Los únicos interesados en preservar la salud de la población somos los trabajadores. El despliegue de fuerzas policiales y de gendarmería en las calles es una medida de control de la población trabajadora, y de resguardo de la circulación de mercancías y de mano de obra bajo las necesidades del capital. La única posición correcta es repudiar su presencia. Debemos exigir su retiro de las calles, así como el levantamiento del aislamiento, imponiendo el paro general como medida de paralización de actividades, conjuntamente con el control obrero de todas las ramas de actividad que son esenciales para la población trabajadora, en condiciones que aseguren la protección de la salud de quienes trabajan en ellas.
La pandemia del coronavirus puso al desnudo al sistema capitalista y sus formas de dominación. Demuestra las consecuencias del avance del capitalismo sobre la naturaleza de forma anárquica.
Esta crisis mundial obliga a las potencias, ante el nivel de pérdida de sus riquezas, a acelerar sus ataques a la clase obrera a nivel mundial, ya que, conscientes de la debilidad de su dominación, deben apelar a un ataque más directo.
La burguesía imperialista se encuentra ante un problema que no es meramente epidemiológico, sino político-estratégico, que ha comenzado como una cuestión de “salud pública”, que en sus inicios subestimó. En todo caso, se quiso enmarcar en la disputa comercial entre EEUU y China, pero puso en muy poco tiempo de manifiesto la debilidad de los Estados imperialistas; de los Estados en proceso de asimilación, como China, y el estado de destrucción de las instituciones/servicios (resabios) de los que fuera el Estado de bienestar. Recordemos que el Estado de Bienestar fue concebido para (después de la gran derrota que significaron la 2da guerra mundial y la salida pactada de la posguerra para la clase obrera y sus organizaciones) “competirle” al bloque comunista en las aspiraciones de la aristocracia obrera y sus representantes sindicales. Fue una forma determinada en la que se cumplió uno de los pronósticos de Trotsky en cuanto al resultado de la guerra: llevar las contradicciones sociales a los Estados, acelerando su descomposición.
La pandemia agudiza y acelera las tendencias de la crisis del 2008, llevando de seguro a una recesión mundial. Pero es importante comprender que, si bien es continuidad de la crisis de la década pasada, esta continuidad no es necesariamente lineal; pueden producirse saltos de calidad en el estado general del capitalismo imperialista, cuyas consecuencias se verán en el mediano y largo plazo.
Por ahora la burguesía está aprovechando la coyuntura para “sanear” la economía y ver si puede lograr generar contratendencias que le permitan establecer nuevos bloques comerciales y lidiar con el enorme capital acumulado. La competencia entre los Estados burgueses por ver cuál lidia mejor con los efectos de la pandemia y sus consecuencias generales (económico-sociales en particular) no tienen nada que ver con las declaraciones cínicas de “salvar vidas”, sino con posicionarse ante los procesos de lucha de clases que se preanuncian y los que se han estado desarrollando como en América Latina, y ante los antagonismos entre Estados que están planteados. Buscan conservar las fuerzas productivas y someter mejor a “sus” proletariados para preparar ese enfrentamiento.
Debemos analizar que la aceleración de la crisis mundial, con la pandemia como un elemento importante, ha llevado a los Estados burgueses a actuar reforzando los elementos de control estatal sobre las relaciones sociales de producción. Es importante puntualizar este aspecto, ya que el centrismo está basando su política de adaptación al estatismo en la exigencia de “centralización estatal” para manejar esta crisis.
Dicha centralización no puede ser más que reaccionaria. La cuarentena como política del Estado es para salvar al capital. En cambio, los métodos de la clase obrera como el cese de actividades y paros para ir a una huelga general, son medidas que permiten preservar nuestra fuerza de trabajo de forma organizada mediante los sindicatos, ante el ataque centralizado de los burgueses y las fuertes tendencias destructivas de la economía capitalista en crisis. Por eso no podemos estar a favor de la cuarentena impuesta por el Estado, ya que no es una medida “sanitaria”, sino una línea imperialista de preservar las ramas de la producción haciendo descender el valor de la fuerza de trabajo.
Podemos decir que asistimos a un ensayo general reaccionario del sistema capitalista, en medio de un proceso más histórico de descomposición. Es un gran ensayo de conciliación de clases, de patrioterismo. Ante una dirección anárquica como es el sistema capitalista, que depende de sus Estados mayores armados para garantizar la reproducción del capital, nosotros peleamos por una dirección colectiva consciente, ya que el sistema actual engendra las condiciones materiales y las formas sociales para la reconstrucción económica de la sociedad.
La línea reaccionaria es el disciplinamiento mediante las fuerzas represivas, es más despidos, rebaja de salarios, mayor flexibilización y precarización laboral, ataque a la organización sindical en el lugar de trabajo y quita de conquistas donde puedan. Buscan sanear la economía mundial en medio de una crisis fenomenal y establecer un nuevo pacto de capital y trabajo, solo que ahora deben hacerlo de forma acelerada ante la profundización de la crisis. No está descartado que los países imperialistas nacionalicen ramas de la economía y refuercen su bonapartismo con mayor estatismo.
Ante cada política estatal debemos contraponer los fundamentos programáticos de la injerencia del Estado obrero en la sociedad capitalista, que no se detiene en el marco estrecho de las fronteras nacionales. Debemos combatir la ficción de un aparato burocrático-militar perimido, que tiene bajo control lo que pasa en su territorio. Sólo la clase obrera puede dirigir medidas coordinadas internacionalmente. Planteamos el control obrero de las principales ramas de la economía, ante la desorganización de la economía y nos posicionamos por la destrucción de Estado burgués de forma revolucionaria, ya que es imposible que un Estado burgués responda a nuestras demandas.
Es primordial que no nos desorganicen, el centrismo ya ayudó a que nos desmovilicen, suspendiendo acciones callejeras, como la marcha del 24 de marzo en Argentina. No podemos permitir ante la centralización del ataque, actuar de forma aislada, y mucho menos que primen las salidas individuales.
Debemos defender el funcionamiento los organismos de deliberación de la clase obrera, como los sindicatos, las comisiones internas, los cuerpos de delegados, para prepararnos antes los coletazos de la crisis y poder enfrentar a la burocracia sindical, los gobiernos de turno y el imperialismo.
Los trabajadores debemos intervenir en esta crisis de forma independiente, preparando las condiciones para que surja una dirección revolucionaria en la necesidad de reconstruir la IV internacional.
The global crisis and the pandemic
The development of the crisis opened in 2008 has provided new chapters, showing that capitalism has not been able yet to find a way out to its effects. This has been demonstrated by the coronavirus pandemic, that has exposed and accelerated the processes of the crisis -which have been accumulating over the last years. We must add to this scene the oil crisis, that had begun before the COVID 19 crisis, as a result of the slowdown of global economy, which was heading to a recession with very low growth levels. This is why the pandemic shows how weak the capitalist system and its institution are, amid a scene of imperialist decomposition. Although imperialist powers try to make us believe the fallacy that global economy was doing well and that the proliferation of the virus was the cause of all evil, the epidemic is just a secondary factor within a deeper global crisis.
This does not mean that imperialism will not try to take advantage of this crisis to make the whole of the workers and poor people put up with the effects of it. This is shown in the increasing interference of the State in the control of social relations, not to avoid the propagation of the virus, but to protect the State healthcare systems and their economies from a possible collapse; to reinforce the reactionary centralism of bourgeois States -given their historical weakness- and to avoid -in the worse of possibilities- the contagion of the virus of class struggle.
In the 2008 crisis, the policy of the imperialist powers was to flood the market with more cash flow by central banks, to save big corporation and offer them credit in order to – in a future time- let global economy recover by increasing labor productivity and achieving a more stable growth. A headlong flight that did not reach the expected goals and, even worse, today there is a crisis with similar characteristics and they cannot put into practice the same recipes they used in 2008.
USA and its healthcare system showed the real face of capitalism. Now, the USA are debating if they cut taxes, not only as a measure for enterprises, but also for workers, so they can poor that money in consumption; or to get money into the pockets of the population by increasing unemployment fonds or subsidies to wages, in face of an imminent close down of plants and life shortage. This is statism, performed by the main imperialist power.
In the EU, with epicenter in Italy and Spain, we can see a great crisis in their healthcare systems. For some nostalgic, the cause is the dismantling of the welfare State and a product of the defeat of the workers after the postwar period. It is very important to follow closely the so far incipient strike processes that are taking place, especially in Italy, in many factories and health workers’ sectors.
Any way out to the crisis -that has speeded up- will be reactionary. Global bourgeoisie is aware of its weakness, but also of its counterrevolutionary historical role. That is why, those who believe that capitalism is showing its humanitarian face in the crisis of the coronavirus, because of their demagogic speeches, should know that those are only provocations to our class, that due to its crisis of revolutionary leadership cannot respond in a centralized way; but we will be forced to give that response given the deepness of the crisis. We must support ourselves in the different processes of class struggle opened at global scale. At a regional scale, there are many countries in Latin America where these processes are going on; the most radicalized is Chile.
The anarchy of capital can be seen in all its dimensions. Before the disorganization of economy, revolutionaries must advance -not a demand on bourgeois State and its institutions like the Congress, but- the need to organize economy over new foundations. For this transition it is vital the workers’ control of the most important industries, to show the force of the international working class at the administration of things. We must deploy a transitional program to develop a vanguard within our class.
These are urgent historical tasks.
Adelanto: Editorial del Impreso de la COR #75
“Toda la Argentina debe dar vuelta una página, que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos", dijo Alberto Fernández en un acto en Campo de Mayo el viernes 21 de febrero, en la despedida de un grupo de militares que salían en misión de la ONU hacia Chipre. Misión de “paz”, como la que armó el kirchnerismo bajo el comando del progre Lula a Haití para cumplir su rol de garantes del orden imperialista en la región. El mismo imperialismo que en los ‘70 preparó un plan sistemático de terror en la Escuela de las Américas en Panamá para formar a los cuadros de la más sangrienta contrarrevolución que haya vivido nuestro continente, lo que Alberto llama ahora “inconducta”. Esa confesión de parte le valió el repudio de un amplio sector de organizaciones de Derechos Humanos (DDHH), aunque algunos prefirieron aceptar las cínicas disculpas del presidente.
La defensa cerrada de Alberto por parte de Hebe de Bonafini, triste figura de la cooptación estatal a antiguos luchadores de la “democracia consecuente” devenidos en funcionarios, ilustra aún mejor el contenido de la política de DDHH que viene teniendo el kirchnerismo, no desde hoy, sino desde el primer gobierno de Néstor: reconciliar a las Fuerzas Armadas, y al aparato represivo en general, con el pueblo. Esta política, bajo Macri tuvo su continuidad en una versión dura, intentando negar el número de 30.000 compañeros desaparecidos (declaraciones de Lopérfido) e imponer el 2 por 1 para los genocidas por la corte recién designada. Las organizaciones obreras, populares y de DDHH no cooptadas frenamos esta ofensiva, en las calles, y con enormes marchas por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Porque el aparato represivo del Estado burgués siguió actuando en democracia, asesinando y desapareciendo, reprimiendo las luchas obreras y las grandes huelgas, las ocupaciones de fábricas y también las tomas de tierras, los cortes de ruta y las luchas estudiantiles. NO se puede dar vuelta ninguna página, porque los milicos, policías, gendarmes y prefectos asesinos que se formaron bajo la democracia de los ricos aprendieron estos métodos, los mismo, aunque en otra escala, que se utilizaron bajo Videla, Viola, Galtieri y Bignone.
La política de reconciliación de hoy tiene un contenido determinado. Como lo señala Alberto desde que asumió, el eje de toda la política de su gobierno es la renegociación del pago de la deuda externa, deuda que los trabajadores no contrajimos, pero que la sub-burguesía argentina como clase parasitaria necesita para pervivir. Alberto desea mostrar al imperialismo un semiestado relativamente fuerte, con instituciones a la altura del desafío de imponer un brutal ajuste para pagar esa deuda a costa de las reformas que le pide el FMI, y de los salarios, las jubilaciones y las condiciones de trabajo de nuestra clase, mostrándose como capaz de evitar las movilizaciones y luchas callejeras que recorren la región desde fines del año pasado (Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia). Lo mismo que todos los gobiernos anteriores, que mandaron misiones de “paz” para masacrar a los hermanos haitianos para el beneplácito de yanquis y europeos, Alberto defiende la conciliación de los explotados con los explotadores, a partir de un estado “fuerte”, es decir, armado con el fusil para mantener el orden capitalista y defender la propiedad privada de los medios de producción. Repudiamos esta política de reconciliación.
Debemos levantar un programa que nos permita romper con la tutela del Estado burgués sobre nuestras organizaciones, los sindicatos. Y para eso debemos enfrentar a la burocracia sindical, enemigos en nuestras propias filas, que en los últimos días viene dando cátedra de como cerrar paritarias a la baja, con frases escandalosas como que “la clausula gatillo ya pasó de moda” (Caló de la UOM) o “no haremos medidas por el coronavirus”, del nefasto secretario general de la CGT y del sindicato de Sanidad, Hector Daer, mientras los trabajadores de la salud se ven sometidos a cargar sobre sus espaldas las consecuencias de un sistema sanitario en ruinas. También estos burócratas se postran frente al FMI y el imperialismo.
Este 24 de marzo, los organismos de Derechos Humanos oficiales y el kirchnerismo han decidido arrear las banderas de lucha por la reivindicación de los 30.000 compañeros y compañeras desperecidos por la dictadura asesina que tomo el poder en 1976. Sería la primera vez desde la salida abrupta de los milicos del poder que no se toman las calles para gritar bien fuerte: 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, presentes! Sin duda, por más que Néstor haya hecho un esbozo de crítica a la teoría alfonsinista de los 2 demonios, es cómodo no tener que recordar que la burguesía y el imperialismo debieron recurrir al golpe de Estado porque, en los ‘70, en Argentina y en toda Latinoamérica la clase obrera estaba desafiando al poder capitalista con sus acciones como las ocupaciones de fábricas y el enfrentamiento al aparato represivo como en el Rodrigazo, el Cordobazo, el Viborazo, el Rosariazo, el Villazo y tantas gestas más. Es un recuerdo que prefieren borrar o domesticar.
La excusa para levantar la marcha es la emergencia sanitaria que afecta al mundo por la pandemia del coronavirus, que además está acelerando los elementos más catastróficos de la crisis capitalista con la posibilidad de una entrada en recesión de la economía mundial. Se subordinan a las medidas de emergencia del Estado burgués, que como en otros países, mientras reconoce cínicamente que los servicios sanitarios “entran en stress cada invierno” y que el sistema de salud mixto del país es incapaz de enfrentar cualquier tipo de emergencia (sin importar la gravedad real de un determinado virus), imponen un fortalecimiento del aparato represivo del Estado como si este fuera capaz de frenar el problema. ¡Todo lo contrario! Esta situación demuestra la bancarrota del Estado y del sistema capitalista de conjunto, que con su anarquía ha creado un negocio de la vida y la muerte con el comercio de la medicina privada y con una industria farmacéutica que está en el podio de las más rentables a nivel internacional. ¡Por el control obrero de todos los laboratorios, fábricas químicas y de insumos, y del conjunto de los hospitales y efectores de salud por sus propios trabajadores! ¡Control obrero del conjunto de las ramas de la producción y de los servicios para combatir no sólo la crisis sanitaria sino también la crisis general que los burgueses nos van a querer hacer pagar con suspensiones y despidos! ¡Escalas móviles de salarios y horas de trabajo! Por delegados paritarios elegidos en asamblea para que los burócratas no negocien por nosotros.
Debemos denunciar cualquier intento de Alberto de restringir el derecho democrático más elemental de movilizarnos para reivindicar a nuestros caídos, restricción que por supuesto será apuntada centralmente contra las luchas de nuestra clase. En un momento en el que la burocracia sindical se juega a cerrar acuerdos salariales miserables y el Estado se prepara para someter a los trabajadores de la salud a condiciones laborales deplorables, sin insumos ni equipamiento, los luchadores debemos defender en la calle este derecho. En este momento, el EMVyJ se debate entre levantar la macha presionados por la opinión pública bombardeada por la ideas de “unidad nacional” que se lanzan desde el gobierno, o desafiar el avance de las políticas bonapartistas del estado semicolonial que están todas apuntadas a pagar la deuda y abrazar los planes del FMI para la región. Sabemos que en ese EMVyJ coexisten corrientes que se declaran por la independencia de la clase obrera con partidos subordinados al kirchnerismo como el PCR. Más allá de lo que defina ese encuentro, llamamos al conjunto de los trabajadores y luchadores, a los sindicatos combativos opositores a la burocracia sindical, a los organismos de DDHH, a las agrupaciones piqueteras y estudiantiles combativas y a las corrientes de la izquierda a mantener la convocatoria a la marcha. Este 24 de Marzo, a 44 años del golpe genocida, debemos marchar con las banderas bien altas:
¡Por un 24 de Marzo antiimperialista!
Fuera el FMI, no al pago de la deuda.
Fuera las tropas yanquis de Argentina y América Latina.
30.000 compañeros desaparecidos presentes.
Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación.
Por la venganza histórica de nuestra clase, expropiar a los expropiadores.
Por un congreso de delegados de base con mandato, Gobierno Obrero.
El desarrollo de la crisis abierta en el 2008 ha dado nuevos capítulos, mostrando que aun el capitalismo no logró salir de los efectos de la misma. Lo demostró la pandemia del coronavirus, que vino a poner al desnudo y aceleró los procesos de la crisis que se venían acumulando en los últimos años. Debemos sumar a este escenario la crisis del petróleo, que había comenzado antes de la crisis del covid 19, producto de que la economía mundial se desaceleraba e iba camino a una recesión con niveles de crecimientos muy bajos. Es por eso que la pandemia muestra el nivel de debilidad del sistema capitalista y sus instituciones en un escenario de descomposición del imperialismo. Aunque las grandes potencias intenten hacer creer la falacia de que la economía mundial venía bien y que la proliferación del virus fue el culpable de todos los males, la epidemia es sólo un factor secundario en medio de una crisis mundial más profunda.
Eso no quiere decir que el imperialismo no aproveche esta crisis para descargar aún más los efectos de la crisis sobre el conjunto de los trabajadores y el pueblo pobre. Esto se demuestra en la mayor injerencia del Estado en el control de las relaciones sociales, no para impedir que se propague el virus, sino para proteger los sistemas de salud de sus Estados, sus economías de un posible colapso. Fortalecer el centralismo reaccionario de los Estados burgueses, ante su debilidad histórica, y para que en el peor de los escenarios no se contagie el virus de la lucha de clases.
En la crisis del 2008 la política de las grandes potencias fue inundar de mayor liquidez el mercado vía los bancos centrales para salvar a las grandes empresas y facilitarles créditos para que en un futuro se reactive la economía a nivel mundial aumentando la productividad del trabajo y lograr recuperar un crecimiento más sostenido. Una larga huida hacia adelante que no logró los objetivos deseados y, peor aún, hoy se desarrolla una crisis de similares características sin que puedan implementar las mismas recetas del 2008.
EEUU y su sistema de salud mostró el verdadero rostro del capitalismo. Ahora debate si disminuye los impuestos, ya no a los empresarios, sino a los trabajadores, para que eso se vuelque al consumo, o ponerle plata en los bolsillos a la población vía aumento de los fondos de desempleo o subsidios al salario, ante el inminente cierre de plantas y carestía de la vida. Esto es estatismo de la máxima potencia mundial.
En la UE, con epicentro en Italia y España, se muestra la crisis fenomenal que hay en su sistema de salud, que para algunos nostálgicos es culpa del desmantelamiento del Estado de bienestar y producto de la derrota de los trabajadores después de la posguerra. Es muy importante atender a los aún incipientes procesos de huelga que se están dando, centralmente en Italia, en distintas fábricas y sectores de salud.
Toda salida a la crisis, que se aceleró, va a ser reaccionaria. La burguesía mundial es consciente de su debilidad, pero también de su rol histórico contrarrevolucionario. Por eso, quienes creen que el capitalismo está mostrando su rol humanitario, ante la crisis de coronavirus y sus demagógicos discursos, no son más que provocaciones a nuestra clase, que ante la crisis de dirección revolucionaria no puede dar una respuesta de forma centralizada, pero que tendrá que darla ante el nivel de crisis. Debemos apoyarnos en los procesos abiertos de lucha de clases a nivel mundial, como en el caso regional, en varios países de América Latina, con el más radicalizado en Chile.
La anarquía del capital se ve en todas sus dimensiones, ante la desorganización de la economía los revolucionarios debemos plantear, no una exigencia al estado burgués y sus instituciones como los congresos, sino la necesidad de organizar la economía sobre nuevas bases. Para esa transición es central el control obrero de las ramas más importantes de la economía, para demostrar el poder de la clase obrera internacional en la administración de las cosas. Debemos desplegar un programa de transición para desarrollar una vanguardia al interior de nuestra clase.
Son tareas históricas de carácter urgente.
Rompamos el acuerdo CTERA-Trotta.
“Honorable Asamblea, querido Pueblo Argentino, mañana comenzarán las clases normalmente en casi todo el país”. Palabras de Alberto Fernández de cara al inicio de sesiones legislativas del Congreso. Aplaudían los gobernadores presentes, en primera fila Kicillof (Buenos Aires) junto a Arcioni (Chubut), y más atrás Rodríguez Larreta (CABA), Perotti (Santa Fe), Morales (Jujuy), Bordet (Entre Ríos), entre otros en cuyos distritos NO habrá normal inicio de clases mañana.
Chubut, con más de 130 días de huelga en 2019, ya acumula 72hs de paro en febrero por las deudas salariales e infraestructura escolar, y por reapertura de paritarias, y va por otras 72hs de paro desde mañana. Tampoco habrá normal inicio de clases en Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, Salta, Santa Cruz, Catamarca, Neuquén, Chaco, Misiones, Formosa, Buenos Aires ni en CABA.
Esta es la realidad del “casi” normal inicio de clases transado por la burocracia celeste de CTERA con el Ministro Trotta en la restituida paritaria nacional docente. El acuerdo salarial firmado por CTERA, UDA, AMET, CEA y SADOP, y ratificados en congresos sin mandato de base alguno, establece que el salario inicial docente pasará de los 20250$ actuales a 23000$ a partir del 1° de marzo (monto que incluye FONID, material didáctico y suma extraordinaria”). Y un nuevo incremento a partir del 1° de julio, para llevarlo a 25000$. La suma extraordinaria, a cuenta del FONID y futuras recomposiciones provinciales, de 4840$ se pagará en 4 cuotas, junto con el incentivo docente (FONID = 1210$) y el material didáctico (210$). El acuerdo fija la reapertura de la discusión salarial para el 31/7, pero el compromiso anual de garantizar 180 días de clase efectivos. Entiéndase la abstención de la parte sindical de realizar medidas “de acción directa que importe pérdida de días de clase” (véase acta paritaria 26/02/2020). Está por verse si Trotta avanza sobre sus loas al Ítem Aula impuesto por el gobierno de Cambiemos en Mendoza como medida de productividad docente. El Ministro de Educación de Fernández, se hizo presente en el inicio del ciclo lectivo en Mendoza para celebrar este doble presentismo como medida a nacionalizar. Palabras festejadas por el gobierno radical, y aplaudidas por la burocracia sindical de CTA y sus agrupaciones dentro del SUTE.
El acuerdo de paz social y ajuste salarial, renueva el compromiso de la burocracia sindical docente con Fernández y los gobernadores, reanudando, junto con la mochila de plomo de la paritaria nacional docente sobre las negociaciones salariales, el histórico compromiso de aislamiento de las luchas provinciales. El salario de referencia fijado no modifica en nada la realidad salarial de las provincias. El mayor efecto que busca este acuerdo es desatar la recomposición salarial de la evolución de la inflación. Y sienta las bases para que los gobernadores puedan, sin modificar el monto de dinero destinado a la masa salarial, proponer aumentos sólo a los salarios iniciales del escalafón, achatando la escala. Se perpetúa la brecha entre el miserable salario real docente y el valor de la canasta familiar, que supera los 45000$.
Volvió la oposición nacional docente
Las conducciones opositoras a la Celeste en CTERA, pronunciaron su rechazo al acuerdo de la paritaria nacional docente. Y llaman, en algunos sindicatos y seccionales que conducen, al no inicio de clases este 2 de marzo con una jornada nacional de lucha. Presionadas como estuvieron por las líneas de frente anti-macri, las instancias de discusión de la oposición sindical a nivel nacional prácticamente habían dejado de existir. Este pronunciamiento da cuenta de una reorientación que merece profundizarse programáticamente.
La presidencia del Frente de Todos y la reactivación de la paritaria nacional docente, le dio oxígeno a la burocracia de CTERA, y provocó realineamientos al interior de las multicolores en todo el país. Las agrupaciones ligadas al PCR volvieron a su histórico papel de segundo violín de la Celeste, tensionando las conducciones de las seccionales y sindicatos de la oposición, motivando fuertes crisis en frentes como el FURS (SUTE Mendoza). Todo avance en la consolidación de una referencia nacional que le dispute a la burocracia celeste la dirección del conflicto, debe comenzar rompiendo los acuerdos con las patas sindicales del Frente de Todos en las directivas de las seccionales y sindicatos recuperados.
Instamos a abrir, de cara a la base, un debate programático que parta de la independencia de clase y del Estado para orientar la lucha por romper el acuerdo de CTERA con el gobierno, y prepare la relación de fuerzas necesaria para imponer el no pago de la deuda externa a costa de los trabajadores, y derrotar los planes de reforma previsional, laboral y educativa del FMI y el gobierno. Las seccionales y sindicatos recuperados pueden afianzarse como referencia nacional antiburocrática convocando a un congreso nacional de delegados escolares de base con mandato, que resuelva la continuidad nacional del no inicio de clases, ya votado en algunas provincias y seccionales, en un plan de lucha nacional. Abajo el acuerdo CTERA-Trotta. Reapertura ya de la paritaria nacional con paritarios electos y mandatados por las bases. Aumento al básico y salario inicial = canasta familiar por cargo/18HC y actualización mensual por inflación. Abajo el ítem aula y toda medida de productividad. Por el triunfo de la lucha de Chubut y demás provincias en conflicto. No al cierre de cursos. Basta de precarización laboral, ingreso único. Abajo los sumarios y los procesamientos de trabajadores por luchar.
Llamamos a las tendencias que reivindicamos la independencia de clase como principio que orienta nuestra acción, a forjar una oposición sindical revolucionaria. Una oposición con libertad de tendencias, que se gane la confianza de los trabajadores de la educación en el enfrentamiento a los planes de Alberto, el FMI y los gobernadores, recuperando los sindicatos de base y la CTERA como herramientas de organización y de lucha.
¡No al saqueo a las jubilaciones!
No queremos un sindicato cómplice
A mediados de febrero, el gobierno de Alberto Fernández dio a conocer el nuevo cálculo de “aumento” a los jubilados, que, bajo el pretexto de la “solidaridad” reformula el cálculo y hace una quita a los aumentos de las jubilaciones más altas. Convengamos que estamos hablando de que muchas de esas jubilaciones apenas rondan la canasta básica. Esta medida afecta directamente a los jubilados bancarios. Particularmente alarmante es la situación de los jubilados del Banco Provincia de Buenos Aires. Es que luego del saqueo perpetrado a la caja de jubiliaciones mediante la ley provincial impulsada por Vidal y compañía, que fue parte de un plan para robarle a los trabajadores que venían aportando parte de su salario para el retiro, a la vez que se desfinanciaba al banco provincial. Ahora, con la aplicación del decreto 160 del PEN, se altera la ecuación para calcular la movilidad jubilatoria de manera que vuelven a sufrir una quita en el haber real jubilatorio, ya no sólo del BAPRO, sino del conjunto de jubilados bancarios. Todos ellos cobrarán más o menos la mitad del ajuste que les hubiera correspondido para marzo, del 11,6%.
Esto muestra que, en materia de ajuste, hay una continuidad entre los gobiernos de Macri/Vidal, Fernández/Kicillof para que la crisis la paguen los trabajadores. Claramente, esto es parte de las condiciones impuestas por el FMI sobre las cuentas nacionales. Los primeros meses del actual gobierno demuestran que son los “buenos alumnos” del organismo de crédito y éste no es otra cosa que enemigo de los intereses de los trabajadores. Los bancarios no podemos permitir que se siga llevando adelante este saqueo. A esto se suman los cientos de despidos y retiros voluntarios que han ocurrido en los últimos meses en el sistema financiero. Y sabemos que el plan de disminución de la planta de trabajadores del sistema sigue en marcha y será agresivo en los próximos meses. Ya se enciende la alarma por la situación de los compañeros del HSBC, que ha anunciado cese de operaciones en la región.
Mientras tanto, la conducción del sindicato ya está dando señales de que aceptará los aumentos con sumas fijas, pautadas por el gobierno, cerrando las discusiones paritarias de un plumazo. Desde la asunción del nuevo gobierno, se han comprometido con la “paz social”, mientras el ajuste del FMI sigue en marcha. No debemos permitirlo.
Debemos redoblar la organización para defender las jubilaciones de todo el pueblo trabajador, apelando a la unidad de la clase obrera. Debemos imponer paritarias libres, en las que se escuchen las demandas de los trabajadores. Hay que pelear por la reincorporación de los despedidos. Para ello es necesario recuperar nuestros sindicatos de manos de la burocracia conciliadora. Convoquemos a asambleas en nuestros lugares de trabajo donde mocionemos que el sindicato se ponga de pie contra este atropello. ¡No al saqueo a las jubilaciones! Hay que organizar un Congreso de Delegados para votar negociadores paritarios con mandato y revocables. Llamamos a todas las corrientes y organizaciones de izquierda, que mantienen el principio de la independencia de clase a organizarnos para desarrollar una Oposición Revolucionaria en el sindicato que levante un programa de salida obrera a la crisis.
La huelga de los petroleros avanza hacia su tercera semana. Según la FNP (Federación Nacional de los Petroleros) llega a más de 120 unidades de la Petrobrás en 13 estados e involucra a más de 21 mil trabajadores. Es considerada la mayor huelga de la categoría de los últimos años. En huelga desde el 1° de febrero, los petrolero reclaman la suspensión de los despidos en la Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (Fafen-PR) oficializados el día 14 de febrero y suspendidos por imposición judicial el 18/2, con el cierre de la unidad. Cerca de mil trabajadores directos perderán sus empleos. Los petroleros también reclaman el cumplimiento de otras cláusulas del Acuerdo Colectivo y el fin de la política de precios de los combustibles, implementada en junio de 2016, basada en la paridad internacional de los productos en el exterior y en la fluctuación del cambio. Además de eso, reclaman el fin de las privatizaciones de las subsidiarias.
Hasta el momento, esta huelga está marcada por la total adaptación de las direcciones a las instancias de la democracia burguesa. La dinámica de la lucha se inserta en las disputas judiciales y en el llamado al parlamento para que fuerce una negociación con la empresa. Además de eso, sigue aislada en todo el país, sin ningún llamado a la unidad de los trabajadores para construir la resistencia contra los ataques lanzados por el gobierno cipayo del imperialismo, no sólo a los petroleros, sino también al conjunto de la clase trabajadora.
Desde su comienzo, la Petrobrás recurrió al Tribunal Superior del Trabajo para que suspendiese la huelga. El día 4 de febrero, el Tribunal determinó que 90% de las actividades fuesen mantenidas, satisfaciendo parcialmente a la Petrobrás. La decisión judicial también prohíbe que los huelguistas impidan el "libre tránsito de bienes y personas” en las refinerías y plataformas, además de permitir la contratación de trabajadores en régimen de emergencia. Después de siete días de huelga, el mismo tribunal decretó la ilegalidad de la huelga, determinando una multa de R$ 500 mil diarios y permitiendo eventuales sanciones disciplinarias. Hasta el momento, todas decisiones fueron, de forma general, acatadas por la FNP y por la FUP, que, inclusive, utilizaron su “docilidad" con la patronal como discurso ideológico para forzar una negociación. En todos los comunicados los sindicatos reafirman que no están “entorpeciendo y/o dificultado el pleno funcionamiento de la Petrobrás” y que están garantizando el abastecimiento y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. O sea, ´presentan una huelga sin piquetes y que no afecta el centro de la disputa entre capital y trabajo, que es la producción.
En la segunda semana de huelga, dirigentes petroleros fueron al Congreso a pedir la mediación de los líderes de las bancadas parlamentarias para la apertura de un proceso de negociación con la estatal. La última semana, con el prolongamiento de la huelga y la aplicación de multas al corte de punto, las direcciones fueron presionadas a convocar manifestaciones de calle y acciones que afectan las ganancias de la empresa como la venta de gas de cocina subsidiado para la población. También son intentos de los petroleros de salir del aislamiento mediático de la huelga y buscar el apoyo popular. Considerando que desde 2017 1 millón de domicilios volvieron a cocinar con leña, la acción de venta de gas a mitad de precio tiene fuerte demanda popular.
La Petrobrás en las disputas interbuguesas
La Petrobrás refleja los procesos de disputas interburguesas y el cambio en la orientación del Estado semicolonial brasilero. Desde la "Ley del Petróleo” de Fernando Henrique Cardoso, los escándalos de corrupción que posibilitaron la expulsión del PT del gobierno, el cambio en la política de los precios de los combustibles de Temer, hasta el amplio proyecto de privatización del gobierno de Bolsonaro; en fin, no es posible comprender a Petrobrás, en estos procesos, sin comprender cómo se manifiesta la forma de dominación burguesa en Brasil, así como en los demás países semicoloniales.
Por la doble dominación presente en los países semicoloniales, la del capital extranjero y la de la burguesía nativa dependiente y, a su vez, del capital extranjero frente a un proletariado desarrollado, se establece una condición especial de poder estatal, la cual Trotsky definió como bonapartismo sui generis. “En realidad puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y someter al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o bien maniobrando con el proletariado, llegando incluso a dar concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros.” (Trotsky, 1939) [1]
Especialmente en el gobierno de Lula, a través de las concesiones y exenciones fiscales, la burguesía nativa explotó al máximo esta relación con el Estados, pero por su debilidad inherente, sujetó a los trabajadores integrando a los sindicatos al aparato estatal. Con la Petrobrás, los sindicalistas fueron elevados a la administración de la empresa, volviéndose representantes del propio Estado. De esa forma, apoyada en la burocracia sindical, la burguesía nativa se encontraba en una situación más favorable para negociar con el imperialismo la explotación de sus trabajadores, así como sus recursos, como el pre-Sal.
Desde la “Ley del Petróleo”, de 1997, la Petrobrás ya no tenía el monopolio de la explotación y refinamiento petrolero en Brasil. Después de esta ley el gobierno brasileño comenzó a ofertar áreas exploratorias en remates de petróleo y gas. Hasta 2018, el gobierno de Lula fue el que más agregó área exploratoria en el país, 237 mil, en su mayoría para empresas nacionales. No obstante, la política de precios controlada por el Estado dificultó la apertura a la competencia extranjera y la Petrobrás mantuvo el dominio casi absoluto del abastecimiento de la demanda nacional. Con el descubrimiento de los campos de pré-Sal, se agudizó la disputa entre el capital extranjero y la burguesía nativa por su explotación. El gobierno de Dilma, ya presionado por la “lucha contra la corrupción” (estrategia del imperialismo para alinearse con una fracción de la burguesía más alineada con sus intereses), soltó la mando al monopolio de la explotación de los campos de pre-Sal por la Petrobrás. El cambio en la política de precios, basado en la paridad internacional, es implementado con el gobierno de Temer, facilitando el camino para que avance el imperialismo. Bolsonaro es el gobierno de ese cambio de orientación en la relación del Estado semicolonial brasileño con el imperialismo, acelerando el proceso de privatización de la Petrobrás.
¿El petróleo es nuestro?
Además de la adaptación de la burocracia dirigente, esta huelga está acompañada de análisis de partidos y grupos centristas sobre el carácter “entreguista” del gobierno de Bolsonaro, fruto del "golpe", en oposición a gobierno petistas anteriores, de carácter más "soberanistas”, a pesar de los límites de la conciliación de clases. Las políticas defendidas por esas corrientes ponen como principal consigna de lucha "Petrobrás 100% estatal” y otras consignas que desembocan en el estatismo mismo. La estatización de una empresa o de una rama de la industria comprende su administración por el Estado burgués y, en el caso de Brasil y demás países semicoloniales, en relación directa con el imperialismo en su fase decadente. Por lo tanto, la lucha contra la privatización no puede ser una lucha por la total estatización de la empresa, ya que eso no significa que esté en manos o que beneficie de alguna forma a la clase trabajadora. De la misma forma, la lucha contra la privatización debe asumir un carácter antiimperialista y que, a su vez, no puede quedar circunscripta a las fronteras nacionales. De ser construida en unidad y solidaridad de clase con los trabajadores de América Latina.
La defensa de la “Petrobrás 100% estatal” viene acompañada, como política defendida por el centrismo, por “administrada democráticamente por los trabajadores” y con “control popular para servir a los intereses del pueblo brasileño” (MRT) o simplemente por “bajo control de los trabajadores” (LIT-CI) citando apenas algunos ejemplos, ya que no se diferencian mucho. Es importante, en este sentido, diferenciar la “administración obrera de una empresa estatal" de una política verdaderamente revolucionaria que defienda la toma de la Petrobrás y la imposición del control obrero de la producción. Si la Petrobrás 100% estatal es una empresa bajo el dominio del Estado burgués, defender su administración por los trabajadores es defender la colaboración de clases y la formación de una capa de la aristocracia obrera. “Si la participación de los trabajadores en la gestión de la producción ha de ser duradera, estable, ‘normal’, deberá apoyarse en la colaboración y no en la lucha de clases.” (Trotsky, 1931) [2]
Es necesario combatir el reformismo y la política centrista en el interior de los procesos de lucha que irrumpen por la clase trabajadora. Los revolucionarios debemos levantar la defensa de la toma de la Petrobrás bajo control obrero como forma de ejercer influencia práctica en la producción petrolífera y, en ese proceso, forjar una vanguardia obrera que asuma las tareas transitorias de un programa revolucionario.
¡Unificar las luchas y construir la huelga general!
La huelga de los petroleros, por su importancia política y económica en la lucha de clases, no puede permanecer aislada por las direcciones adaptadas y restricta a las instancias de la democracia burguesa. El gobierno de Bolsonaro ya presentó su agenda de ataques y sigue imponiéndola sin grandes dificultades. Las reformas de las jubilaciones y laboral fueron duras derrotas impuestas a los trabajadores con el silencio de las direcciones. Las reformas administrativa y fiscal son las próximas prioridades del gobierno y, en este momento, los empleados públicos de San Pablo están en proceso de lucha contra la reforma de las jubilaciones a nivel estadual, de entre tantos otros procesos aislados de lucha; y las direcciones proponen apenas el 18 de marzo como fecha para las movilizaciones nacionales. En esta coyuntura es necesario romper con el inmovilismo de las centrales y defender un congreso nacional de delegados maniatadas y electos en la base para discutir un programa obrero de salida a la crisis Es necesario levantar en cada sindicato comités de apoyo a la lucha de los petroleros para que avancen con independencia de clase y en unidad con la clase trabajadora, rumbo a la construcción de una huelga general por tiempo indeterminado ¡que tire abajo los planes del gobierno!
[1] TROTSKY, L. La industria nacionalizada y la administración obrera, 1939.
[2] TROTSKY, L. El control obrero de la producción, 1931.
Vamos a volver … a pagar
El miércoles 12 llegará a la Argentina una delegación del FMI para monitorear la economía del país y seguir negociando cómo se pagará la deuda, no sólo con esta institución imperialista sino con los bonistas privados. Alberto ha demostrado su sumisión a lo más granado del imperialismo en su última gira por Europa, donde se juntó con sus principales referentes para jurar que honrará la deuda, y buscar aliados para poder negociar con quien tiene el verdadero poder de decisión, que es EEUU de la mano de Trump. El imperialismo norteamericano ya dijo que apoyaría una renegociación de la deuda, obviamente con varios requisitos que implican mayor dependencia a las políticas de amo yanqui en la región.
Antes de viajar al viejo mundo, el Congreso nacional votó una ley que garantiza la rendición lisa y llana, sumada a la autorización del ingreso de tropas norteamericanas para realizar maniobras militares en nuestro suelo. Sólo hubo dos votos en contra en dicha votación, por parte de los representantes del FIT-U.
Es evidente que se ha abierto en el gobierno nacional una crisis importante de la deuda y lo demuestra el revés de Kicillof, quien quiso plantarse ante los fondos de inversión y tuvo que retroceder y pagar, con el agravante de que garantizó ese pago sacándole a los docentes parte de su salario y difiriendo su pago. La caída de la licitación de bonos lanzados por el gobierno nacional para pagar un vencimiento cercano es demostración de que los grandes fondos no están dispuestos a negociar en los términos que plantea el gobierno de Alberto, sino de forma más agresiva.
En medio de esta situación, la economía argentina está en un virtual impasse, esperando el desarrollo y desenlace de esta negociación. En una tregua entre las distintas fracciones burguesa y pequeño burguesas, pero no exentas de intentos por imponer políticas de ajuste para un futuro escenario de pago de la deuda. La demostración es el ajuste a los jubilados y al conjunto de los trabajadores con la línea de sumas fijas y no permitir que se recupere lo perdido en el periodo anterior.
Es un ataque importante al conjunto de la clase y una línea anticipatoria de la política del conjunto de la sub burguesía de una semicolonia para que la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo. El ataque no puede ser al estilo del macrismo, no porque no quieran, ni porque que haya fracasado, sino por el escenario más general de la región, bastante convulsionada.
Ante este escenario debemos ser claros, la deuda externa no se debe pagar, no porque sea ilegítima o ilegal, sino porque es una deuda contraída por una clase parásita, que es en este caso una sub burguesía, que está impedida de manejarse de forma independiente y debe recurrir al imperialismo para su subsistencia. Es decir, no pagar la deuda es una lucha antimperialista y contra sus aliados nacionales, en la necesidad de cortar de forma revolucionaria la relación capitalista de una semicolonia. Por eso se torna central que los trabajadores intervengan de forma independiente en esta crisis de deuda, ya que está en juego nuestra relación con esta sub burguesía, su semi Estado y el imperialismo, que timbean con todo el trabajo excedente que nos han expropiado en tantos años para garantizar su parasitismo. Por eso es muy peligroso engañar a los trabajadores con la idea de que si no pagamos la deuda esa plata la podemos utilizar para mejorar nuestras condiciones de vida. Esa idea es la que quiere imponer la burocracia sindical, para ir detrás de la variante burguesa que más le garantiza –aunque hay que ver hasta qué punto- su posición privilegiada a costa de la clase obrera. Debemos enfrentar la mentira de la redistribución y la conciliación de clases, que de todas maneras nos llevan a pagar la crisis. Esa idea, también tan arraigada en la izquierda, de que se puede separar el capital de los capitalistas es reformismo puro. Si de verdad no queremos pagar la deuda debemos hablar de preparar a los trabajadores para una pelea por el poder y enfrentar a los capitalistas en su base de sustentación, que es en la producción, y expropiar a los expropiadores. Todo lo demás lleva un propagandismo abstracto de lo posible. Y a alianzas en defensa del gobierno en contra del FMI, como convoca la burocracia sindical de las CGT y CTA y otras tendencias, como el PCR, con una marcha para el 12 de febrero.
Fuera el FMI, como expresión de una institución imperialista que garantiza las ganancias de las grandes potencias a costa de los trabajadores y el pueblo pobre.
Los trabajadores debemos levantarnos contra el gobierno de Alberto y el imperialismo que lo apoya.
El jueves 30/1 se concretó la primera reunión formal de la restituida paritaria nacional docente, derogada por Macri tras un acuerdo con la burocracia que establecía un mecanismo automático de actualización del salario de referencia (fijándolo en un 20% por encima del SMVM). Importa recordarlo, porque se suma a la larga historia de fracasos de la burocracia sindical docente en la mesa de negociación.
Supeditada a la negociación de la deuda externa, la discusión paritaria no tuvo definiciones aún sobre la pauta de incremento salarial 2020, ni la asignación presupuestaria nacional para educación. Abiertamente alineados con Fernández, no sorprende que los representantes sindicales salieran muy conformes a comunicar su pronóstico de un “normal inicio de clases” como agradecimiento por su retorno a la cogestión del plan de ajuste que delinean el Ministro de Educación Trotta y sus pares provinciales. Claro que no hubo planteo alguno de parte de la representación sindical sobre la crítica situación de los docentes de Chubut, cuyos salarios fueron congelados y se pagan en tandas, ni por la decisión unilateral de Manzur de derogar el acuerdo paritario en Tucumán. Tampoco por la parálisis de las paritarias provinciales y la decisión de eliminar el gatillo por parte de los gobernadores. La celeste se prepara, una vez más, para aislar los conflictos provinciales.
Un objetivo asumido por la celeste en CTERA es garantizar la desindexación salarial a Fernández y a los gobernadores. Trotta pretende un esquema de discusión salarial trimestral, y promete que este año los salarios docentes le ganarán a la inflación, pese a considerar que “el salario atado a la inflación profundiza el déficit”. ¿Cómo piensa lograrlo entonces? Pues “ganarle a la inflación” no es lo mismo que salir de la pobreza. Con una canasta básica que ronda los 40.000$, una inmensa mayoría de los trabajadores de la educación está por debajo de la línea de pobreza.
La burocracia y el gobierno apuntan a modificar la suma fija del Incentivo Docente (estancado desde el año 2016 en 1200 pesos por cargo/proporcional horas cátedra) y el Fondo de Compensación Salarial (monto de garantía salarial que complementa los salarios de provincias que no cubren el mínimo) priorizando los salarios iniciales del escalafón. Lo cual, no sólo estará muy lejos de recomponer el salario de más de 250.000 docentes que ganan la mínima (20.250$), sino que además profundizará el achatamiento de la escala salarial. En la mayoría de las jurisdicciones, es imperceptible la variación salarial entre el docente inicial y quienes tienen 10 o más años de antigüedad.
La política laboral de la burocracia
La burocracia sindical de CTERA, fracasó en enfrentar la política macrista en educación, y subordinó todo su accionar a un triunfo electoral del Frente de Todos. Como correa de transmisión de la política de ajuste de Fernández, se alista para garantizar un normal inicio de clases y colaborar en la aplicación de la política educativa y la reforma laboral en educación de Fernández.
En la negociación paritaria ayer, se acordó la conformación de 10 comisiones de trabajo, donde la celeste en CTERA reflotará su programa inconcluso durante su colaboración con el gobierno K. En palabras de Baradel, la conducción de CTERA quiere discutir la "inversión en el mantenimiento y construcción de escuelas, formación docente, salud laboral docente, definir medidas para mejorar la asistencia de alumnos y docentes y avanzar en la extensión de la jornada escolar" (Página12, 8/1/20). Llamamos la atención sobre las medidas con las que la burocracia pretende mejorar el presentismo. En Mendoza, el Ítem Aula impuesto por Cornejo como doble presentismo, ya fue naturalizado por los aliados de Baradel. Otra variante es la medida antihuelga impuesta por Alicia Kirchner en Santa Cruz, con un puntaje especial para los concursos docentes, asignados a quienes tengan asistencia perfecta. No olvidemos que Cristina llegó a plantear en paritarias un fondo de presentismo para atacar el derecho a huelga docente. Que estas medidas no fueran puestas a discusión en la paritaria ayer, no es una buena señal para los trabajadores.
La extensión de la jornada escolar, es una vieja demanda de la celeste, quien la plantea como extensión de la jornada laboral docente (hoy el cargo docente es por media jornada). Esta propuesta de modificación de la jornada laboral incrementando su duración, conlleva la naturalización de la sobrecarga laboral docente y la reducción de puestos de trabajo.
Reagrupar a la oposición nacional docente
La ausencia de principios de independencia de clase en un programa impregnado de estatismo, lleva a las listas opositoras a plantear medidas redistributivas, una reforma que revierta la provincialización del sistema educativo. Como si la renacionalización resolviera el problema del carácter de clase de la escuela en el capitalismo. La escuela previa a la descentralización impuesta por la dictadura y el menemismo, era tan capitalista y clasista como la actual.
La crisis de la educación es expresión de la crisis capitalista como tendencia mundial. La burguesía impulsa reformas educativas, laborales y previsionales en un intento de sanear un sistema decadente a costa de los trabajadores. Las lecciones de lucha de la juventud y las masas asalariadas en Chile, como el punto más álgido de una Latinoamérica convulsionada, debe orientar el debate programático de los revolucionarios que intervenimos en sindicatos docentes de la región, abriendo los mismos a la participación de delegados estudiantiles con voz en nuestras instancias de deliberación. Impulsando la recuperación de los sindicatos y centrales con un programa de independencia de clase y del Estado.
Los sindicatos y seccionales que fueron recuperados por listas multicolores, sufren la tensión en sus conducciones conjuntas con los nuevos aliados de la celeste, como el PCR. Es necesario avanzar en reagrupar a las tendencias que reivindican la independencia de clase, junto al activismo antiburocrático, en una oposición nacional docente que, con libertad de tendencias, unifique un pliego de reivindicaciones para organizar y cohesionar en cada escuela desde los intereses de los trabajadores.
Necesitamos imponer delegados paritarios con mandato y revocables, que lleven a la mesa paritaria la exigencia de recuperar lo que perdimos durante el macrismo. Exijamos aumentos al básico para elevar el salario inicial al valor de la canasta familiar por un cargo y su actualización permanente de acuerdo al aumento de precios. Impongamos el ingreso único al sistema educativo para terminar con la precarización laboral docente, y la eliminación de toda medida de productividad como el ítem aula/doble presentismo y las medidas antihuelga extorsivas de exclusión de docentes en concursos. Exijamos la reapertura de los cursos y escuelas cerrados y la reincorporación de todos los docentes despedidos. El presupuesto educativo no puede estar subordinado a la negociación con los usureros internacionales y el FMI. ¡No al pago de la deuda externa! ¡Abajo la reforma previsional!
Los trabajadores de la educación no podemos convalidar el acuerdo del gobierno y los movimientos sociales cayetanos para que la infraestructura escolar tenga mantenimiento en base a la explotación de mano de obra ultraprecarizada organizada en cooperativas y como monotributistas. Exijamos su incorporación a planta permanente en las áreas de infraestructura escolar correspondientes.
No podemos permitir que la paritaria nacional docente sea la referencia de la negociación del ajuste para todos los sectores, y, una vez más, techo para todos los estatales. Preparemos el NO INICIO DE CLASES NACIONAL llamando a poner en pie un congreso de delegados de base mandatados, que unifique la lucha contra el plan de descargar la crisis sobre la clase trabajadora.
Molino Minetti: Derrotado el primer intento de desalojo
Poner a producir el molino con los 150 adentro
El miércoles 22 de enero se vivieron momentos de tensión en el molino Minetti. Tras el cierre fraudulento de los portones por parte de la empresa para fortalecer el lock out, los compañeros decidieron recuperar la planta, con el apoyo de la comisión de mujeres y algunos grupos de izquierda, incluida nuestra corriente. La respuesta de la patronal y de toda la institucionalidad del Estado no se hizo esperar: la justicia mandó la orden de desalojo y Schiaretti a la policía provincial con un operativo contundente. Son los cómplices, junto a la burocracia de UOMA, de garantizar el no pago de salarios, el lock out y los despidos de los tenaces molineros que vienen desde hace meses resistiendo este ataque.
Finalmente, luego de horas de tensión, los delegados hicieron un acuerdo para que la policía retrocediera, un acuerdo precario ya que se mantiene la amenaza de desalojo y un móvil policial se mantiene en el predio haciendo inteligencia. La tenacidad de resistencia de los molineros es ejemplar, merece el apoyo del conjunto de nuestra clase. La burocracia sindical de las CGTs y CTAs provinciales, amigas de Schiaretti y de Alberto, le está dando la espalda al conflicto, preocupadas más por garantizar el pacto social. Las oposiciones dentro de los sindicatos debemos redoblar esfuerzos, para sostener la pelea de los molineros y para poner a nuestros sindicatos en pie de lucha. ¡Que las CGTs y CTAs llamen ya a un paro provincial!
Para avanzar en la lucha, es necesario romper el lock out poniendo el molino a producir, convocando al conjunto de los compañeros para esta enorme tarea. Los mejores aliados para esto son los sindicatos de las ramas vinculadas a los servicios, al trasporte y la distribución de la materia prima y la harina, como Camioneros, Empleados de Comercio, Luz y Fuerza y Gas. Es necesario llamar a estos sindicatos y a sus trabajadores, con la tarea principal de derrotar el actual intento de desalojo y avanzar en la puesta en producción. También es necesario continuar luchando para derrotar la política cómplice de la UOMA y preparar el paro molinero. El camino de confiar en el ministerio, en la justicia o en el gobierno de Schiaretti ha demostrado llevar a un callejón difícil de sortear.
¡Reincorporación de todos los despedidos!
¡Poner el molino a producir!
¡Abajo el desalojo!
COR Regional Córdoba
24/01/2020
Jueves 2 de enero por la madrugada. Drones asesinos enviados por Trump bajo el consejo del alto mando militar yanqui disparan sobre el general iraní Qasem Soleimani, que muere junto a varios colaboradores. Soleimani se encontraba en Bagdad y fue ajusticiado sin juicio previo, como otros tantos bajo el fuego imperialista. Pero en este caso, se trata de un funcionario de un Estado extranjero, y en territorio de otro Estado, en los papeles independiente, aunque queda claro que la ocupación de Irak por parte de los yanquis nunca cesó en 17 años.
Trump vacila. Su política era retirar a las tropas norteamericanas de Medio Oriente, incluyendo Afganistan e Irak. Quiere usufructuar que EE.UU. ya no depende tanto del petróleo de la región gracias a la “revolución del fracking” dentro de su propio territorio y a una eventual “recuperación” de Venezuela. Pero los altos mandos del Pentágono lo convencen de que debe responder al ataque a la embajada norteamericana en Irak, producido el último día del 2019. Ese ataque tuvo características particulares: fue una movilización popular contra la presencia norteamericana en Irak. Trump acepta que es necesario responder y ordena el asesinato del general iraní. Es un acto de guerra contra otro Estado, por fuera de cualquier paraguas de la legalidad imperialista internacional. Es una brutal demostración de fuerza de la potencia imperialista que dirige el planeta.
Pero el asesinato en realidad muestra la debilidad de EE.UU. No, desde luego, desde el punto de vista militar, donde su supremacía es indiscutible, por lo menos en el mediano plazo. Se trata de la debilidad de su posición en el sistema de Estados configurado como superestructura del capitalismo mundial. Es una debilidad estructural, producto del avance de la descomposición imperialista, y está asimismo determinada por el peligroso resquebrajamiento del equilibrio de la posguerra. El ataque contra Soleimani no estaba inscripto en un plan de acción. Los hechos posteriores así lo demuestran. El parlamento iraquí votó una solicitud al primer ministro “encargado” (toda una definición) Adel Abdul Mahdi, que había renunciado a su cargo bajo presión de las movilizaciones populares en noviembre, para que dé curso a la salida de las tropas norteamericanas del país. La jefatura de las fuerzas yanquis en Irak respondió en una carta que iban a salir, pero pidió que esto se hiciera en orden. Luego el pentágono desacreditó a su mando “en el terreno”, negando cualquier iniciativa de retirada de tropas. Por supuesto, en última instancia esa retirada configuraría una contundente victoria para Irán y una tremenda derrota para EE.UU.
La debilidad de EE.UU. no contradice la propia debilidad del gobierno iraní. Obviamente, se trata de una semicolonia que no puede enfrentar al imperialismo en una guerra abierta. Pero esta debilidad también se inscribe en la situación de las sub-burguesías nacionales de las semicolonias en la crisis capitalista, presionadas por la agresividad imperialista, por un lado, y, por el otro, por movilizaciones de masas que en Irán se desataron con fuerza en el mes de noviembre, como parte de un proceso regional que también atraviesa al Líbano, Irak, y se da en simultáneo con los procesos de lucha de clases en América Latina, el Caribe, Hong Kong, África, Europa, etc.
El elemento de los procesos de masas es cualitativo para analizar el conflicto actual. Si nos retrotraemos a los procesos anteriores (2010-11) que se dieron en la región a partir del estallido económico de 2008, con la caída de varios dictadores que gobernaban con puño de hierro sus países (Ben Alí en Túnez, Gadafi en Libia, Mubarak en Egipto) podemos ver cómo esos procesos llevaron a varias salidas fallidas, desde el golpe militar en Egipto, hasta el semibonapartismo semidemocrático tunecino, donde se desarrolló lo más cercano a una experiencia democrático-burguesa. Pero lo que primó fue la descomposición de los Estados en su forma más brutal: la guerra civil en Siria y el surgimiento del ISIS, un verdadero anti-Estado. Esta descomposición cerró los caminos a los procesos de masas a partir de su cooptación por direcciones burguesas o pequeño burguesas contrarrevolucionarias. Una vez más, la crisis de dirección revolucionaria del proletariado se manifestó como crisis de la humanidad. La confusión de objetivos de la nueva generación de luchadores ante esta crisis de dirección determina lo tortuoso del proceso.
Ahora bien, el surgimiento del ISIS y la guerra civil Siria llevaron al imperialismo a pactar con viejos enemigos para tratar de poner coto a la amenaza de este engendro, que cuestionaba la idea misma de Estado nación, que es la forma de dominación de clase de la burguesía. Surgen así los frentes anti-ISIS y los compromisos con Rusia (e Irán) para contenerlo. En el medio, hay otros hechos muy importantes como el golpe de Estado fallido en Turquía y el desarrollo de las experiencias autonómicas en Kurdistán, sobre los que no abundaremos aquí. Es importante destacar que el actual estacionamiento de tropas yanquis en Irak se da bajo el pretexto de esta guerra contra el ISIS. En 2019, las fuerzas imperialistas anuncian el fin del ISIS. Pero con su derrota, ninguna de las contradicciones en la región han sido cerradas y así lo demuestra la actual escalada militar con Irán.
Mucho se ha hablado de este término para describir la política de Irán en la región en los últimos años. Superficialmente, se la describe como una política de guerra asimétrica entre un Estado militarmente débil y la principal potencia mundial, sólo considerando el terreno de la táctica. Vietnamización así entendida sería la utilización de la de guerra de guerrillas o enfrentamientos “proxy” (a través de terceros). Sin negar este elemento táctico, Soleimani era el general a cargo de un desafío más complejo: unificar a las diferentes facciones étnicas y religiosas de Irak y, más en general, de toda la región en el objetivo común de liberarla del “gran Satán” norteamericano. De hecho, esa es la línea oficial que Irán ha hecho pública a través de declaraciones del Ayatollah Jamenei. Se trata entonces de una política que apunta a dar un objetivo de liberación nacional a los movimientos en la región, conformando el llamado “frente de la resistencia”, que incluye a Irán, Siria, Hezbollah, Hamas y otros agrupamientos nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses. Esta política de Soleimani y su relativo éxito podría ser uno de los móviles más importantes de su asesinato, sobre todo teniendo en cuenta que el hecho inmediato que llevó al mismo fue la movilización contra la embajada yanqui en Bagdad, que obligó al gobierno de EE.UU. a evacuar a su personal diplomático. Ahora bien, la política del gobierno iraní no apunta a la liberación nacional de los pueblos de Medio Oriente, sino a fortalecer a su semi-Estado para mejor negociar con el imperialismo, utilizando como carne de cañón a las heroicas resistencias palestina e iraquí, y no dudando en apoyar a Al Asad, uno de los principales criminales de guerra de la región, sólo por detrás de Trump, Obama y los gobernantes israelíes. El regateo por el plan nuclear, mesa de negociación de la que Trump se retiró en mayo de 2018 pero donde permanecen el resto de las potencias, es buen ejemplo del carácter de clase y de la naturaleza contrarrevolucionaria de esta política.
El empantanamiento en Irak resuena a la situación en Vietnam, eso es real. Como decíamos anteriormente, aún con una administración Trump ansiosa por dejar atrás la ocupación, no puede ahora hacerlo, ni se vislumbra ninguna salida para retirarse sin que esto sea interpretado como una enorme derrota del imperialismo. Por eso ahora es posible que el conflicto actual continúe en escalada. Por el momento, la primera respuesta iraní consistió en el bombardeo, bastante medido aunque humillante para EE.UU., de 2 bases militares en Irak el 8/1. La réplica de Trump se ha limitado a minimizar los daños provocados por estos bombardeos y a anunciar nuevas sanciones económicas; mientras pide al resto de los países imperialistas un compromiso para aislar a Irán abandonando el acuerdo nuclear e imponiendo sanciones, y a la OTAN una intervención más activa en la región.
Mucho se ha hablado del frente interno en EE.UU. como acicate para el ataque. Hablamos de las consideraciones relativas al proceso de impeachment contra Trump y de las elecciones presidenciales. Aunque esto pueda pesar, los elementos estratégicos (o de debilidad de esta estrategia) creemos que son más importantes para desarrollar una caracterización de la posible nueva guerra del imperialismo norteamericano. Y acá sí existe un factor determinante del llamado frente interno, que es la imposibilidad del Estado imperialista de ganarse una base social sólida, donde debe tener un rol la aristocracia obrera, para lanzar una ofensiva militar a gran escala. Creemos que la conquista de semejante base social, que fue un objetivo de Trump, no ha sido concretada, como puede vislumbrarse en el desarrollo de una variedad de conflictos sindicales en la industria, los servicios y los sectores estatales, y como muestran también las movilizaciones contra una intervención en Irán que se llevaron adelante el fin de semana inmediato al asesinato de Soleimani en muchas ciudades estadounidenses. Por ahora las manifestaciones no son masivas, pero marcan la posibilidad de desarrollar la movilización contra una mayor intervención imperialista.
Otro factor importante son las consecuencias económicas de la guerra, que podrían acelerar una entrada en recesión de la economía mundial, la cual se viene pronosticando y, por ahora, se viene retrasando. La inestabilidad geopolítica ha hecho tambalear a los mercados financieros y de las commodities. Esta inestabilidad geopolítica se vuelve incertidumbre y la retirada de tropas de Irak de algunos aliados de la OTAN, la tibieza europea frente a los hechos e incluso las vacilaciones israelíes en relación al asesinato de Soleimani así lo indican. Si desde hace algún tiempo venimos ponderando las contradicciones de la política trumpista de implementar un cambio de rumbo en la política imperialista, hoy aparecen dudas sobre la posibilidad de un fracaso que lleve a que el resquebrajamiento del equilibrio de posguerra se convierta en una situación mundial mucho más caótica.
Irak está ocupado militarmente por EE.UU. desde hace 17 años. Palestina, desde 1948, por el engendro israelí que responde a las necesidades imperialistas de control sobre Medio Oriente. La expoliación imperialista de la región viene de larga data, pero la actual descomposición imperialista, agudizada por la crisis mundial, acelera la situación de descalabro del equilibrio del sistema de Estados y la descomposición del Estado-nación burgués. Frente a esto, no han faltado respuestas de las masas, que han salido de forma espontánea y con una gran confusión de objetivos, lo que permitió que direcciones contrarrevolucionarias hayan llevado los diferentes procesos nacionales a la encerrona. Pero el imperialismo no ha conseguido cerrar la crisis y, por lo tanto, los procesos vuelven a abrirse poniendo ante los revolucionarios el desafío central de intervenir decididamente en los mismos, para que las lecciones de los anteriores fracasos sirvan para desarrollar un programa de transición entre la actual descomposición capitalista y el futuro socialista de la humanidad. La centralidad de la clase obrera en estos procesos queda marcada por la necesidad de disputar la lucha contra el imperialismo a las direcciones nacionalistas burguesas y pequeñoburguesas. Para ello, es necesario una política y una dirección internacionalista, planteando la unidad del proletariado de la región, centrado en los trabajadores del petróleo, con la clase obrera de los países imperialistas, centralmente de Estados Unidos. Por eso es necesario que los revolucionarios luchemos para que los sindicatos estadounidenses y europeos declaren la paralización de la maquinaria militar imperialista, ocupando las plantas y bloqueando el abastecimiento de las tropas estacionadas en la región y de Israel. En los países de Latinoamérica, además de desarrollar la movilización en las calles y denunciar la complicidad de los Fernández, los Bolsonaro, los Piñera y demás cipayos, debemos proponernos paralizar las empresas imperialistas contra la intervención militar en Medio Oriente, lucha que está entrelazada con la lucha contra las reformas fondomonetaristas que esos mismo gobiernos pretenden aplicar en nuestra región. Tenemos que desarrollar la organización y la lucha para que se vayan todas las tropas imperialistas de Medio Oriente y demás países semicoloniales. Por la derrota militar de EE.UU. en Irak e Irán. Por la destrucción de Israel. Por una Federación de Repúblicas Socialistas de Medio Oriente. Por la reconstrucción de la IV Internacional.