Contra el ajuste salarial y la reforma laboral

Este lunes 22 de julio, la mayoría de las provincias se encamina a reiniciar el ciclo lectivo tras el receso invernal sin conflictos, gracias a los servicios prestados por las burocracias sindicales que actúan abiertamente como colaboradoras del brutal ajuste salarial de los gobernadores, a tono con el plan motosierra de Milei.

Todos empuñan la motosierra, incluido Kicillof, “compañero” de Baradel. A propuesta de Pablo Urquiza, Subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, el Consejo Federal de Educación (organismo que nuclea a representantes de todos los gobiernos provinciales y la Nación) acordó el pasado 25 de junio, un piso salarial neto docente nacional de 400 mil pesos para julio. Este monto, absolutamente insuficiente en relación a un costo de vida que supera el millón para una familia tipo que paga alquiler, fue el que llevó Torrendel, Secretario de Educación de Milei, a la reunión con CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA, en el marco de la reiniciada paritaria nacional docente el pasado 11 de julio. La burocracia rechazó el monto y se pasó a cuarto intermedio para el martes 23 de julio, garantizando así el reinicio de clases en todo el país. Sin mandato de base, y desconociendo las principales demandas y problemas de la docencia, la burocracia sólo reclama una suba (indefinida) del piso salarial, la restitución del FONID, y partidas presupuestarias para las provincias. Nada dijo en la paritaria sobre la reforma laboral incluida en la ley bases y en las ofensivas de los gobernadores con ítems de presentismo y productividad, ni del proyecto de limitación del derecho de huelga (educación esencial) pronto a sancionarse en el Congreso.

En Córdoba, la docencia se había plantado contra Llaryora, votando un paro de 48hs, pero la burocracia de UEPC se apresuró a aceptar la conciliación obligatoria. La docencia cordobesa conoce estas maniobras, ya hizo experiencia con conciliaciones y demás artilugios. Es central que la seccional recuperada, UECP Capital, se ponga a la cabeza de preparar el desafío a la burocracia y a Llaryora, y convoque a un plenario de urgencia que debata y resuelva desconocer la conciliación y retomar el plan de lucha votado por la docencia provincial.

En Misiones, tras el durísimo conflicto que protagonizó la docencia, arrastrando consigo a amplios sectores de trabajadores, los autoconvocados se ven enredados en la sucesión de mesas técnicas, donde hay mucho ruido y pocas nueces, y los meses pasan. Las semanas de huelga docente misionera, galvanizaron la provincia, cuestionando el brutal hundimiento del salario, el impacto tremendo del tarifazo y el salto en el costo de vida que implicaron la devaluación y la aceleración inflacionaria, en las primeras semanas de Milei en el gobierno. La crisis provincial fue un alerta para el conjunto de los gobernadores y el propio gobierno libertario. Este conflicto puso sobre la mesa de discusión un problema que tenemos los trabajadores de la educación en todo el país: el enorme atraso de los básicos salariales, la trampa de los pisos mínimos garantizados en base a ítems no remunerativos (en negro) y la ofensiva de los gobernadores en incorporar nuevos ítems de productividad y presentismo.

Neuquén resolvió no iniciar el lunes 22/7, con 48 horas de paro, y luego asambleas para resolver la continuidad del plan de lucha. No sólo discuten recomposición salarial. La docencia neuquina enfrenta la sanción de una ley, tipo “ítem aula”, que castiga mediante quitas salariales el uso de licencias por razones de salud o de cuidado de familiares. Río Negro también se encamina a un paro de 48hs que postergue el inicio de clases, frente a los incumplimientos paritaros de Weretilneck, y su negativa a recomponer y blanquear salarios.

A contramano del creciente malestar en las escuelas, en Mendoza, la burocracia Azul-Naranja (Cámpora-PJ) que conduce el SUTE, ha asumido la cogestión del sistema educativo con el radical-libertario Cornejo. Viene imponiendo con el aparato la aceptación al hilo de acuerdos a la baja y la creciente composición en negro del salario, a cambio de garantizarse con una elección turbia la mayoría en las juntas calificadoras y de disciplina, y un concurso de jerarquía directiva con el que busca consolidar una base de sustentación, frente al cuestionamiento creciente de la mayoría de los trabajadores de la educación.

Si de cogestión del sistema educativo se trata, la burocracia de SUTEBA y el gobierno de Kicillof son ya un paradigma de colaboración. La avanzada sobre las condiciones de trabajo, la naturalización del doble cargo y/o de la jornada extendida para llegar a fin de mes, con su impacto terrible en las condiciones de salud de las compañeras, son defendidas por la celeste como parte de su alineamiento, mientras presenta como logros las migajas negociadas a espaldas de la docencia. El accionar de la celeste nacional ha girado en supeditarse a las discusiones parlamentarias de una coalición peronista en desintegración como vía para enfrentar el ataque de Milei. Las seccionales multicolores no lograron escapar de la lógica de frente antiMilei que impuso la burocracia, siendo expresión sindical de la orientación de la izquierda parlamentaria, presionando sobre la burocracia. Pero dejando de lado la tarea de dar la discusión en los lugares de trabajo y en las asambleas para disputar un activismo y una base que dio muestras de disposición a luchar con los métodos de la clase contra la motosierra y el ajuste.

El problema no es sólo que no alcanza el sueldo.

Este somero repaso por algunas situaciones provinciales, da cuenta del resultado de la lógica con la que negoció la burocracia CTERA y demás sindicatos sentados en la mesa paritaria nacional con el gobierno de los Fernández y Massa. Fijando pisos salariales, que se convertían en techos para la mayoría de las provincias, se fue arrastrando sin resolver una estructura salarial de básicos insignificantes, y un componente creciente de ítems no remunerativos (en negro), licuando los adicionales que reconocen antigüedad, zona, y perjudicando fuertemente a la docencia próxima a jubilarse. Esta trampa de los mínimos salariales garantizados, se convirtió en un mecanismo de aplanamiento de la escala salarial, y de ataque de hecho a la estructura fijada en los estatutos (convenios) largamente buscada por los sucesivos gobiernos nacional y provinciales. Sobre este ataque brutal del salario, los gobernadores, con la colaboración de la burocracia, vienen implementando ítems y adicionales atados a resultados, presentismo y productividad; la extensión de la semana laboral, imponiendo jornadas institucionales, capacitaciones remuneradas, etc, fuera del horario de trabajo; y la intensificación del trabajo mediante la asignación de múltiples tareas y funciones a cumplir dentro del horario de clases (recuperación de saberes, intensificación, trayectorias diferenciadas, etc.). O sea, reforma laboral. Nada se habla sobre la descarga en el personal de las escuelas, sin recursos y con dotación insuficiente de personal, de la crisis social que golpea de lleno en nuestros estudiantes y la comunidad escolar. En el marco del ajuste presupuestario, la suba del boleto y las tarifas, pauperización, desempleo e informalidad crecientes, desde los gobiernos sólo se baja una línea de accionar punitivo y de judicialización, frente a problemáticas que expresan el profundo y prolongado deterioro de las condiciones más elementales de vida. Violentando fuertemente la relación escuela-comunidad.

Crisis de dirección.

Los paros aislados, convocados por CTERA, para reclamar la convocatoria a paritaria nacional y la restitución del FONID, nunca para respaldar a la docencia de Misiones en lucha, o como parte de un plan de acción coherente y sostenido, terminaron siendo medidas funcionales al aparato y su apuesta a tratar de apuntalar un proyecto kirchnerista que se deshilacha. Absolutamente desprestigiada frente a la base, esta dirección de colaboración de clases, se sostiene gracias al andamiaje legal que estatiza los sindicatos, burocratizándolos. Bien se ha servido el “topo” Milei de ese desprestigio, para ganar tiempo en la confusión que se genera en la base docente, y en el movimiento obrero en general, que desconfía y descree, con razón, de la burocracia sindical en las federaciones y sindicatos de base.

Pese a esa enorme confusión y la crisis de dirección que atraviesa la base docente en todo el país, tempranamente encontró la forma de pasar a la ofensiva en Misiones, y pudo recuperar la seccional Capital en Córdoba. El desafío de las agrupaciones antiburocráticas y el activismo es prepararse para dar respuesta a esa crisis de dirección, poniendo en pie oposiciones sindicales revolucionarias en los sindicatos. Oposiciones, con libertad de tendencias sobre la base de un programa de independencia de clase para enfrentar a las mediaciones que hoy son la principal contención de nuestras fuerzas. La burocracia sindical chamuya su frente anti-Milei, mientras colabora con los gobernadores en el ataque a la docencia a cambio de mostrarse útil en la contención del conflicto social. Por eso tenemos que discutir paciente y persistentemente contra la potestad de la burocracia de definir a nuestros representantes paritarios. Quienes ponemos el cuerpo a la lucha tenemos que elegir a nuestros representantes en las mesas paritarias y de negociación, paritarios mandatados y revocables. También es una discusión paciente a dar la necesidad de mesas paritarias estatales únicas, donde el conjunto de los trabajadores del Estado obliguemos a la patronal a sentarse a discutir la reincorporación de todos los despedidos, el pase a planta de los precarizados y contratados, y una recomposición salarial que equipare el inicial de cualquier escalafón a la canasta familiar. Basta de salarios de pobreza e indigencia. Basta de adicionales en negro atados a productividad y presentismo.

Las seccionales recuperadas y delegaciones combativas de todo el páis, que se nuclearon en el marco de la asunción de la recuperada UEPC Capital, en diciembre pasado, debatiendo y emitiendo un documento de orientación en común, tienen la posibilidad y la responsabilidad de convocar a un congreso nacional de delegados escolares mandatados. No podemos esperar los tiempos de elecciones para discutir qué oposición necesitamos poner en pie para recuperar los sindicatos y federaciones. Es urgente trascender los acuerdos por arriba, coyunturales, poniendo en pie instancias de reorganización del activismo y de construcción de una oposición nacional capaz de ponerse a la cabeza de la lucha contra el plan motosierra de Milei, el FMI y los gobernadores. Un congreso nacional de delegados escolares con mandato, para arraigar en las escuelas un plan de lucha, preparando un PARO NACIONAL EDUCATIVO en conjunto con los trabajadores de las Universidades.

Vamos por un NO INICIO DE CLASES hasta derrotar las paritarias de ajuste y la reforma laboral.

Docentes de la COR

El “Acuerdo de Cooperación Social entre el Gobierno de Mendoza, cámaras empresariales y asociaciones sindicales” fue rubricado hoy por el gobernador Cornejo, cámaras patronales y Letard (Camioneros) y Márquez (UOM) por la CGT Regional Mendoza. Exultante, afirmó Cornejo: “aquí hay paz social” con el objetivo de “promover la producción y un clima laboral sin conflictos”. Ayer ya había anunciado el envío a la legislatura provincial de un proyecto de ley de adhesión al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) que logró Milei en el congreso. Ahora promete enviar a la Legislatura un proyecto de presupuesto 2025 con una baja de impuestos (ingresos brutos, sellados y tasas) para beneficio de los grandes empresarios.

Cornejo asumió su segundo mandato como gobernador, con el objetivo de revertir la derrota popular que sufrió su pupilo Suárez cuando intentó avanzar en derogar la Ley 7722 (El agua de Mendoza es un negocio - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org)) que restringe la minería en Mendoza al prohibir el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en procesos mineros, a través de cualquier método extractivo. El masivo y heterogéneo movimiento social que repudió la reforma de la Ley 7722 que habían acordado radicales y peronistas en la Legislatura, fue la única derrota que sufrieron las sucesivas gestiones de Cambia Mendoza. Pero la derrota de Suárez y su reforma, no se tradujo en cambios en el statu quo del negocio del agua. Los propietarios de la tierra, grandes productores agrícolas, empresarios bodegueros, de la agroindustria e inmobiliarios siguieron controlando más del 80% del agua provincial (La disputa por el agua en Mendoza - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org).

En estos años, las gestiones de Cambia Mendoza, con colaboración del peronismo y sus alas en la legislatura, los municipios y las conducciones sindicales, han logrado avanzar sistemáticamente en fortalecer el aparto represivo estatal, cristalizando un conjunto de normativas de disciplinamiento de la mano de obra y de la protesta, control de la calle, precarización e informalidad laboral con salarios paupérrimos. Estos logros son los que ahora Cornejo ofrece al capital imperialista como un valor a explotar: aquí hay paz social.

Nuestro país transita un cambio en los pesos específicos de las fracciones burguesas dominantes, del campo a la energía y la minería (Vaca Muerta, litio, cobre). En esta transición, hay fracciones burguesas que pierden y otras que se imponen, los que perdemos siempre somos los trabajadores. Como parte de este proceso podemos ver la creciente concentración y extranjerización de la producción vitivinícola, el retroceso de la agroindustria alimenticia en Mendoza con el cierre de industrias icónicas como La Campagnola en San Martín (¡No al cierre de La Campagnola! ¡Reincorporación ya de los despedidos! - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org)), y recientemente La Colina en San Rafael como ejemplos. Procesos que han dejado el tendal de despidos. Así también podemos ubicar un nuevo caso de estatización de deudas privadas, saneamiento y venta a capitales yankis de IMPSA (IMPSA: otra vez rescatando al capital - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org)).

En esta tendencia, Cornejo y su “comunidad organizada” de cámaras patronales y burocracia sindical colaboradora, vienen avanzando en preparar las instituciones y normativas para ser socios menores de los capitales imperialistas en la expoliación de los recursos minerales y la extracción de plusvalía. A este objetivo se orientan el Plan Pilares, la actualización del Código de Procesamiento Minero, el Parque Industrial y de Servicios Pata Mora y la creación del Distrito Minero Malargüe Occidental. El Plan Pilares, desarrollado por el sector privado junto a la empresa Impulsa Mendoza Sostenible S.A. y la Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo), define cómo avanzar en explotar la minería en Mendoza, especialmente en lo que respecta al cobre. Para ello Cornejo sumó a Mendoza a la Mesa del Cobre, que ya integran San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca.

Sin embargo, la “paz social” que vende Cornejo, la provincia de cuentas ordenadas, es puro humo. Esta misma semana, los trabajadores del petróleo vienen desarrollando un proceso de paralización de tareas denunciando el incumplimiento de acuerdos en el marco de la preservación de las dotaciones de personal y las remuneraciones frente al retiro de YPF de la explotación de yacimientos declinantes. Los trabajadores judiciales paralizaron semanas los Tribunales en reclamo de recomposición salarial en una provincia que dice tener las cuentas ordenadas, pero paga los peores salarios del país y negrea los salarios docentes evadiendo sus responsabilidades patronales con el sistema previsional y de obra social. Los trabajadores de la Salud provincial llevan adelante un nuevo plan de lucha por recomposición salarial y en contra de la reforma precarizante y privatizadora del sistema de salud pública. Los trabajadores vitivinícolas tienen empantanada la paritaria, denunciando que las grandes bodegas se resisten a recomponer los salarios de miseria e indigencia que pagan. Duermen en las calles de Mendoza cada vez más indigentes, y las colas para la asistencia alimentaria en comedores populares suma varias cuadras. Esta es la contracara de la “comunidad organizada” de Cornejo, con la que colabora la burocracia de la CTA y el SUTE, sin necesidad de firmar el pacto, pero sí siendo garantes de la paz social de la mayor masa de empleados de la provincia: los docentes.

Frente a esta política antiobrera, de ajuste, pauperización y criminalización de la protesta, la izquierda, los movimientos piqueteros, las asambleas ambientales, y trabajadores antiburocráticos venimos resistiendo y desafiando en las calles el discurso de orden capitalista. Hemos enfrentando el código contravencional provincial, el protocolo antipiquetes de Bullrich y el plan Motosierra de Milei y los gobernadores. Defendemos y seguiremos movilizando hasta lograr la caída de todas las causas a compañeras/os por luchar.

Lo que urge, es preparar las instancias para golpear con un solo puño y hacer saltar por los aires este pacto de paz social y colaboración de clases de la burocracia de la CGT con Cornejo y las cámaras patronales. En cada lugar de trabajo impulsemos pronunciamientos de repudio contra los dirigentes quienes, en nombre del movimiento obrero pero sin mandato alguno, pretenden atarnos de pies y manos para vendernos a la expoliación imperialista. Preparemos un congreso de delegados de base mandatados, de todos los sectores de trabajo, industria, servicios y estatales, para debatir y votar un plan de acción conjunta, UN PARO GENERAL contra los despidos, contra la reforma laboral y sus leyes represivas, por el desprocesamiento de todos los luchadores, y por una recomposición general de salarios para que ningún trabajador en Mendoza gane por debajo de la línea de pobreza.

Con despidos, represión y salarios de miseria NO HAY NI HABRÁ PAZ SOCIAL.