El 14/02 se conoció que la fiscalía elevó una solicitud para que la causa contra 27 estudiantes de la UNC por las tomas del 2018, vaya a juicio oral y público. Ya en septiembre del año pasado se habían rechazado las apelaciones presentadas por la defensa de los estudiantes y había quedado abierta esta posibilidad de que la causa escalara a juicio, ahora la resolución de si se llega a dicha instancia queda por completo en las manos del juez Hugo Vaca Narvaja.
En el 2018 miles de estudiantes universitarios junto a los trabajadores de la educación dimos una importante pelea, con paros, movilizaciones y tomas de edificios, para enfrentar los ataques al salario y al presupuesto educativo que implicó el pacto de Macri con el FMI. Desde entonces, la autoridades universitarias junto con la justicia han puesto todos sus esfuerzos para armar esta causa con el objetivo de disciplinar a quienes osemos cuestionar sus planes de ajuste.
La posibilidad de que la causa haya escalado hasta estas instancias hay que buscarla en el inmovilismo al que nos han sometido las corrientes pro patronales en la dirección de nuestros centros de estudiantes y en la FUC, como así también las direcciones de los gremios docente y no docente. Inmovilismo que, con el cambio de gobierno, se vio acentuado a partir de la política conjunta de las direcciones K de “darle tiempo a Alberto”... tiempo que le fue muy valioso para poder cerrar los acuerdos con los acreedores y el FMI. En el 2020 la pandemia les permitió a estas conducciones encerrarse en sus casa y dejar que pasen los ajustes y la persecución sin mover un dedo tomando como propia la política de la cuarentena. El saldo del 2020 ha sido cientos de estudiantes fuera de la educación y los docentes y no docentes con salarios derrumbados y con sus condiciones laborales aún más precarizadas de lo que ya estaban.
A nivel nacional el resultado de la cuarentena también ha sido desastroso, con miles de empleos perdidos, paritarias a la baja, precarización de las condiciones de trabajo y un aumento de la represión para disciplinar a quienes salimos a la lucha contra el ajuste. Ahora el gobierno, junto con las burocracias sindicales y las patronales han puesto en pie el “Consejo Económico y Social”, un engendro de conciliación de clases para institucionalizar este ataque.
La vuelta a clase tanto en el nivel medio como universitario también es un ataque muy duro que se está tratando de impartir contra los trabajadores. Mientras el ministerio de salud funciona como “Vacunatorio Vip”, generando un escándalo que se llevó puesto a Gines González Garcia, a los docentes y demás trabajadores de la educación se los pretende hacer volver con protocolos delirantes, elaborados por quienes claramente hace años no pisan una escuela. En el caso de la universidad, la decisión se dejó casi exclusivamente en manos de cada unidad académica que según el caso oscilan entre la virtualidad al 100% o la bimodalidad, nuevamente de forma inconsulta y descargando sobre los trabajadores todos los costos operativos y el sobretrabajo que conllevan estas modalidades. Sumado a esto, los salarios de los trabajadores de la educación se han visto duramente atacados, dejando a un importante número de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. No hay seguridad laboral con salarios de miseria.

Retomemos la iniciativa

Debemos enfrentar la decisión de la justicia de criminalizarnos, organizando una contundente respuesta con nuestros métodos. Pelear por el desprocesamiento inmediato de los compañeros y compañeras debe estar unido a la pelea para enfrentar las consecuencias inmediatas de la crisis.
El gobierno le ha dado importantes herramientas a las conducciones burocráticas de los sindicatos para continuar la tarea de dejar pasar el ajuste, más recientemente se volvió a prorrogar los mandatos de las actuales direcciones sindicales hasta el 31/08/2021, impidiendo el llamado a elecciones, las asambleas y los congresos. Los centros de estudiantes han extendido sus mandatos hasta que “sea posible realizar elecciones en la UNC”: viniendo de quienes vienen esas declaraciones queda claro que será hasta que las autoridades universitarias así lo dispongan, manteniendo la histórica subordinación de nuestras organizaciones al calendario electoral del régimen universitario, que ya está organizando las elecciones de decanos y consejeros para mayo (aunque ADIUC y la Gremial San Martín tengan prohibidas las suyas). Se hace urgente imponer a estas conducciones instancias presenciales de deliberación, debemos romper su complicidad con el gobierno y las autoridades y exigir el llamado urgente a asambleas interclaustros en cada facultad para deliberar sobre la situación y definir un plan de lucha que nos permita enfrentarla.
Debemos organizarnos con independencia de clases, se hace urgente enfrentar a las conducciones actuales y recuperar nuestras organizaciones para la lucha. Debemos impulsar un plenario de Delegados Docentes, No Docentes, Investigadores y Estudiantes que nos permita definir un pliego único de reivindicaciones, donde se incluya la reapertura inmediata de las paritarias docente y no docente, el aumento del presupuesto universitario, el no pago de la deuda externa, el salario inicial igual a la canasta básica, el pase a planta permanente de los precarizados, horas de estudio bancadas por las patronales, el triple turno de cursado, el ingreso irrestricto y demás reclamos. Junto con la aplicación de partidas específicas para las obras edilicias y la provisión de equipos y materiales para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salud para la vuelta a las aulas y demás espacios de estudio e investigación de la UNC. Tampoco podemos volver a las aulas sin un plan serio de vacunación, destinado a proteger la salud de trabajadores y estudiantes (no la de funcionarios y amigos del gobierno), que debe estar para ello bajo control de los propios trabajadores de salud. Entre estos últimos, se cuentan cientos de compañeros de medicina que han sido utilizados en la pandemia como “carne de cañón”. Sobre esta base, prepararemos un plan de lucha con nuestros métodos como el paro, las movilizaciones y las tomas de edificios para imponer nuestras demandas.
Los trabajadores y estudiantes secundarios también están enfrentando el ataque en las condiciones de estudio y de trabajo, debemos solidarizarnos con su lucha, y convocar a instancias de deliberación conjunta que nos permita golpear con un solo puño imponiendo el Paro Educativo Nacional para conquistar nuestras demandas.
Varios activistas junto con organizaciones de izquierda venimos confluyendo en la “asamblea interfacultades”, un frente único que ha tomado la iniciativa para la acción de los estudiantes combativos en la UNC. Este viernes 26/02/2021 estamos convocando a una asamblea frente a las puertas de la FUC para discutir las acciones a emprender para exigir el inmediato desprocesamiento de los 27 estudiantes de la UNC. Nuestra propuesta a las corrientes y activistas de la interfacultades es avanzar en la discusión programática para poner en pie un oposición que nos permita, a partir de las asambleas presenciales, la elección de cuerpos de delegados por facultad y el impulso de mociones conjuntas, recuperar los centros de estudiantes y la FUC para ponerlos en pie de lucha y, junto con los sindicatos recuperados y la vanguardia del movimiento obrero, enfrentar el ajuste fondomonetarista del gobierno nacional, provincial y sus aliados en la justicia y el régimen universitario con el Rector Juri a la cabeza.

¡Desprocesamiento ya de los 27 estudiantes de la UNC!

Alberto inauguraba en un acto en el CCK la formación del Consejo Económico y Social para definir los lineamientos de una Argentina a mediano plazo, un engendro de conciliación de clases que busca instaurar en futuras leyes la relación de fuerzas pos pandemia, es decir, institucionalizar los ataques que sufrimos en la pandemia en el terreno de las condiciones de vida. Pero al mediano plazo se lo comió el corto plazo, se lo devoró al explotar el escándalo cuando se conocieron los privilegios de algunos para acceder a la vacuna contra el covid.

El “vacuna-gate” mostró que la democracia burguesa como forma de dominación es la expresión de una igualdad formal, que intenta en apariencia mostrar que somos todos iguales, valiéndose del instrumento de la legalidad burguesa, pero que en esencia es la desigualdad de clase y esto se expresa por todos los poros. Algunos analistas salieron a decir que son “la casta política, la casta empresarial y sindical” las responsables de estos privilegios, solo para encubrir con esa definición de casta el contenido de clase de un sistema capitalista. Para los trabajadores la lucha por la igualdad y la consigna de igualdad solo se pueden entender si se interpretan exactamente en el sentido de la destrucción de las clases, no puede ser de otra forma.

Por eso, este episodio que ya tomó el nombre de “vacunación vip” debe abrir un proceso de deliberación en el conjunto del movimiento obrero para sacar balance de la dirección burguesa de la pandemia y de por qué debemos quebrar esa dirección estatal para no seguir siendo nosotros los que sufrimos las consecuencias de las políticas estatales.

Por eso es central, que las comisiones internas o juntas recuperadas en la rama de salud planteen la necesidad del control obrero de la vacunación, recuperar los sindicatos de la salud echando a la burocracia sindical para imponer un plan obrero contra la pandemia. Esta debe ser una pelea internacional contra el ensayo general reaccionario que lanzaron los Estados para salvar sus empresas y sistema de salud ante la virulencia de la pandemia.

La tarea de los sindicatos, como organización de masas de los trabajadores es ampliar sus funciones, tomar medidas no solo en el plano de las reivindicaciones salariales, sino ante la desorganización de la economía. Campañas internacionales por el control obrero de las vacunaciones, en contra de las patentes y los grandes laboratorios, por el no inicio de clases en los establecimientos educativos en Latinoamérica, para dar algunos ejemplos. La burocracia sindical co-dirigió la desastrosa política ante la pandemia, que en el caso de Argentina ya ha dejado más de 51 mil muertes.

Las soluciones no van a venir de las instituciones burguesas, con leyes en el parlamento o constituyentes o juicios políticos por mal desempeño.

Enfrentar al Estado burgués y sus gobiernos para derrotar a los responsables históricos de nuestra condición de explotados.

Joe Biden asumió finalmente la presidencia el miércoles 20 de enero. En medio de un pomposo show de estrellas de Hollywood y de la industria musical, que no lograron ocultar la militarización del acto protocolar con la presencia de 25 mil miembros de la guardia nacional, Biden y su vice Kamala Harris juraron en el cargo. Los desafíos de la nueva administración son enormes: luego del fracaso de los anteriores gobiernos, intentará revertir el retroceso de la hegemonía yanqui en su papel de potencia imperialista dirigente del mundo. No debemos olvidar que Biden fue parte de la administración Obama como vicepresidente, y anteriormente desde el senado apoyó el belicismo de Bush hijo y otras aventuras imperialistas de ambos partidos. La coyuntura apremia, por lo que las primeras medidas apuntan a frenar la crisis económica que aceleró la pandemia del COVID-19, intentando poner bajo un mínimo control la situación sanitaria y continuar con las políticas de estímulo. Todo esto, en medio del deterioro de las relaciones con el resto del mundo determinadas por los antagonismos económicos establecidos por la crisis y por la errática política exterior de Trump y, más novedoso, en la urgencia de encarar una crisis sin precedentes de las instituciones de la democracia imperialista que dejó el 2020 y la toma del Capitolio del 6/1.

Pandemia y crisis económica

La curva que miran los imperialistas no es tanto la de contagios y muertes por el COVID-19 sino la de la variación del PBI y la ocupación de mano de obra. La recuperación, luego de la abrupta caída entre febrero y abril de 2020, comenzó relativamente fuerte, pero se viene moderando hasta llegar a una cuasi meseta. El crecimiento del PBI del último trimestre de 2020 apenas supera el 1%. El país ha recuperado un poco más de la mitad de los 22 millones de empleos no agrícolas perdidos entre febrero y abril de 2020. El último número de enero arroja la creación de escasos 49.000 nuevos puestos de trabajo, y una revisión a la baja de los datos de los 3 meses anteriores. El balance de la era Trump de conjunto arroja un rojo de 2.100.000 puestos de trabajo perdidos desde que asumiera a inicios de 2017 (Washington Post, 6/2/2021).

(ver gráfico 1)

Igual de alarmante es la acumulación de deuda que se viene registrando a partir de las políticas imperialistas para intentar dar una salida a la crisis de 2008, que se ha visto elevada a la enésima potencia con las políticas de estímulo implementadas por los diversos Estados imperialistas para enfrentar la pandemia y a través del mecanismo del sistema financiero privado, llevando a burbujas gemelas entre acciones y deuda oficial. La tendencia al debilitamiento del dólar, que se expresa en la suba de las llamadas commodities (mercancías genéricas utilizadas como materias primas y que se negocian a granel como metales, petróleo y granos) y de los metales-dinero (oro y plata), es otra cara tanto de esta crisis de endeudamiento como del deterioro de la hegemonía mundial del imperialismo yanqui.

Para dimensionar el problema, un estudio de Bankia de diciembre pasado indica que “de acuerdo a un reporte reciente del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), la deuda global del sector público y privado creció en 15 billones de dólares, hasta un total de 277 billones en 2020, máximo desde el inicio de la serie histórica. Como porcentaje del PIB, el IIF proyecta que la deuda global de un salto hasta 365% este año, desde 320% a finales del 2019 y 315% cinco años atrás.” Y continúa, “destaca EEUU, que puso en marcha un paquete de estímulo fiscal del 13% del PIB, así como la disponibilidad de múltiples ventanas de créditos a empresas por parte de la Fed. El país representó alrededor de la mitad del incremento de la deuda del grupo de los países desarrollados, con la ratio de deuda pública en torno al 125% del PIB, niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial.”

(ver gráfico 2)

Entre las primeras medidas de Biden, destaca la continuidad de estas políticas de estímulo fiscal y monetario, con un nuevo paquete de U$S 1,9 billones para asistencia por el coronavirus. El paquete quedó habilitado con la aprobación del presupuesto en el senado el viernes 5/2, 1º iniciativa legislativa de la nueva legislatura que incluyó el voto de desempate de la vicepresidenta (tras las elecciones, el senado quedó conformado en un 50/50 por representantes del PD y el PR). La diferencia es que Biden pretende dar este estímulo combinándolo con una política sanitaria agresiva, que va desde el ridículo “100 días de barbijo” que lanzó como uno de sus primeros decretos presidenciales, hasta el plan masivo de vacunación, al mismo tiempo un gran guiño a la industria farmacéutica, uno de los principales lobbies imperialista.

Política exterior

En este terreno existe una continuidad en la línea agresiva hacia China, que los demócratas ya habían lanzado con su “pivote asiático” bajo Obama. Hay un “acuerdo de Estado” entre ambos partidos y todo el establishment imperialista en la necesidad de avanzar sobre China, las diferencias tienen que ver con el cómo. La guerra comercial basada en aranceles para negociar acuerdos de comercio exterior de Trump no ha sido evaluada positivamente por la burguesía, que apuesta a una política aún más dura que incluye una ofensiva sobre terceros países, semicoloniales, para desplazar la influencia que viene teniendo China a través de financiación y proyectos de infraestructura (nueva ruta de la seda). La política hacia América Latina mantiene su hostilidad hacia Venezuela y una política de palo y zanahoria para apuntalar las medidas restauracionistas en Cuba, mientras se busca disciplinar a toda la región a partir de una mayor influencia del FMI (Chile, Argentina, Ecuador). En cuanto a Medio Oriente, es una maraña más difícil de desanudar, pero por el momento Biden ha suspendido la política de retirada que venía implementando Trump. Esto puede apreciarse en la reevaluación de la línea hacia el enclave israelí (que fue fuertemente respaldado por Trump en los últimos 4 años), que tiende a volver apoyarse sobre las alianzas con otras facciones burguesas de la región, reflotando la política de Obama, mientras respalda, veladamente o no, las ofensivas reaccionarias de Israel sobre Siria y territorio palestino.  Del mismo modo que la política de seguridad hacia Europa basada en la OTAN. Muy relacionado a esto último está la mayor ofensiva hacia el gobierno de Rusia, al que Biden salió a presionar fuerte por el caso Navalni. Faltan muchas definiciones en relación a la política exterior en Asia, aunque el golpe de Estado en Myanmar/Birmania ha acelerado el enfrentamiento entre el bloque chino-ruso con EEUU y sus aliados en la ONU.

En términos generales, sostenemos que el multilateralismo que ensaya Biden retrocediendo en todas las medidas de Trump de ruptura con las instituciones internacionales de posguerra como la OMS, el acuerdo de París, los cuestionamientos a la OMC, carece por el momento de un eje estratégico. Es imposible volver la historia atrás, menos aun cuando los efectos de aceleración de la descomposición del imperialismo a partir de 2008 continuaron su trabajo de zapa, y lo continúan a la fecha. En cualquier caso, el avance en la asimilación de los ex Estados obreros, sobre todo China, y en menor medida Rusia, y el establecimiento de una nueva relación capital-trabajo para aumentar la tasa de explotación intentando revertir la caída de la tasa de ganancias, si bien son objetivos generales, aparecen como los objetivos no resueltos que debe encarar el imperialismo yanqui si pretenden detener su propia caída. No se trata de tareas fáciles y tiene por delante la resistencia de la lucha antiimperialista de la clase obrera y los pueblos oprimidos que vienen haciendo temblar el planeta, desde Túnez, Myanmar, Kirguistán, India y Líbano, pasando por Bielorrusia, Francia e Italia, hasta Chile y toda América Latina.

La caldera

La erosión de las instituciones de la democracia imperialista, espejo de los sectores burgueses y pequeñoburgueses, de las semicolonias y de los ex estados obreros, que hacen suyo el programa de la asimilación bajo el ropaje de las promesas de la democracia burguesa, es la principal preocupación para Biden y su nueva administración. Debe encarar el impeachment de Trump bajo esta óptica, lo que no es sencillo, pero más grave aún es el problema del deterioro de los poderes del Estado y la relación del aparato burocrático militar con las masas en medio de la crisis y la descomposición social prevalecientes. Por el momento, la primera medida ha sido avanzar en la agenda antiterrorista, con apoyo de los republicanos, cosa que no debe extrañarnos ya que fue Bush (h) quién iniciara esta política luego del atentado de las torres gemelas. El avance en la política represiva del Estado parece ser la salida, confirmando que las tendencias bonapartistas generadas por la dinámica inmanente del capitalismo se despliegan por sobre las personalidades de los personeros del capital. Que las primeras medidas hayan sido tomadas a través de decretos (órdenes ejecutivas), algo que llamó la atención de los más acérrimos partidarios de Biden, va en el mismo sentido. Y es que la recomposición institucional de la democracia imperialista no puede pasar por otro camino, contra las ilusiones de los llamados progresistas, la supuesta ala izquierda del PD. Como indicaba Engels en su carta a Marx del 13 de abril de 1866, “… el bonapartismo es la verdadera religión de la burguesía moderna". Y los últimos 4 años de gobierno de Trump en EEUU han servido para dejar expuesto el carácter de esa democracia imperialista manejada por una élite, que tranquilizaba a muchos porque “no iba a dejar que Trump hiciera cualquier cosa”. El bonapartismo no significa el gobierno personal, aunque puede adquirir esa forma. Tomamos aquí otra cita de Engels: “... en la monarquía bonapartista moderna, el verdadero poder gubernamental se encuentra en manos de una casta particular de oficiales y funcionarios... La autonomía de esta casta que parece mantenerse fuera, y por decirlo así, por encima de la sociedad, confiere al Estado un viso de autonomía respecto de la sociedad” (F. Engels, Contribución al problema de la vivienda). Recordemos que, en la teoría política de la ilustración que fundamenta la constitución norteamericana, el presidente cumple ese papel de monarca.

Luego de la acción contrarrevolucionaria del 6 de enero, un importante sector de la izquierda centrista a nivel internacional ha caído en el error de centrar la táctica en la necesidad de enfrentar al fascismo, al golpismo o al protofascismo encarnado en las fuerzas pro Trump: se trata de un grave error porque el máximo peligro es la forma en la cual las fuerzas de la élite política, que dirige el aparato del Estado yanqui, va a utilizar los acontecimientos para reacomodar sus estructuras en búsqueda de una ofensiva bestial contra la clase obrera y los pueblos oprimidos del planeta. Cualquier frente único antifascista o similar con sectores de la burguesía no es más que una capitulación al enemigo de clase.

El desafío de recomponer las instituciones implica asimismo encarar la polarización política y social que tiene su origen en las bases económico-sociales derrumbadas por la crisis capitalista. Para ello, el plan de estímulos de Biden incluye un aumento del salario mínimo y un bono de U$S 1.400 por persona, que aún genera debate entre el gobierno y la gran patronal, así como al interior del dividido partido demócrata (PD). Estas concesiones no se dan sólo por el impulso de los aires de una suerte de desteñido neo keynesianismo, sino que responde a una serie de luchas que viene sosteniendo la clase obrera norteamericana. Los motivos son sobrados, todos relacionados al deterioro de las condiciones de vida a partir de la crisis de 2008 y a la recesión generada por la pandemia: por condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, por salarios, por la sindicalización en empresas y sectores no organizados. También ejercieron una influencia importante las grandes movilizaciones contra la policía y el racismo luego del asesinato de George Floyd, sobre todo en ramas industriales donde prevalecen trabajadores afroamericanos y latinos.

Los últimos meses de 2020, la influencia de las direcciones reformistas/contrarrevolucionarias de los socialistas democráticos de América (DSA) y los llamados progresistas del PD llevaron a estos movimientos detrás de la campaña electoral, atribuyéndose sus principales figuras (Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar) que ejercen de ala izquierda de la bancada oficialista en la cámara de representantes del congreso (cámara baja), la victoria en los estados del medio oeste revirtiendo los resultados de 2016. En términos de lucha de clases, esto llevó a la paradoja aparente de que mientras el ala derecha del partido demócrata, con Biden a la cabeza, ganaba la presidencia y los reaccionarios partidarios del trumpismo mostraban músculo en las calles, siendo su máxima expresión la toma del capitolio del 6/1, mientras los movimientos antipoliciales y de la clase obrera se volcaban a las expectativas electorales. Esto no debe verse como una foto: a principios de 2021, las cosas han cambiado y estamos presenciando nuevas e importantes huelgas, como la de los trabajadores del mercado de frutas y hortalizas de Nueva York, que a través de una huelga de poco más de una semana lograron un aumento salarial (aunque no de U$S 1 hora como reclamaban) y frenaron la intención patronal de aumentar el descuento por la prima de salud. También se vienen desarrollados procesos de organización sindical en empresas como Amazon y la autopartista alemana Borgers en Ohio, y una importante lucha contra la vuelta a clases presenciales sin medidas adecuadas de salubridad en varios estados.

Problema de dirección

Es posible que los trabajadores de base que forman parte de estos conflictos puedan considerar que la salida de Trump del gobierno plantee mejores condiciones para la lucha, pero la vanguardia no debe dejarse engañar por el DSA y demás direcciones contrarrevolucionarias que ofrecen como orientación “disputar” el gobierno demócrata desde el interior, presionando por un lado por mayores concesiones de Biden, mientras por el otro defienden un frente único contra el fascismo y la extrema derecha, poniendo énfasis en la recomposición institucional bajo un prisma pretendidamente democrático. Se trata de una trampa mortal para el proletariado y los sectores de masas empobrecidas, para la juventud, las minorías y los inmigrantes en EEUU. La vanguardia de nuestra clase debe encarar la lucha por romper la tutela de esa élite política de la democracia imperialista en putrefacción sobre el proletariado yanqui, tutela ejercida a través del PD y de la burocracia sindical de la AFL-CIO. El desafío es conquistar la independencia de clase a partir de un programa obrero de salida a la crisis y de una dirección revolucionaria que enfrente al Estado y se proponga la unidad estratégica con los pueblos oprimidos del mundo tras la bandera de la lucha antiimperialista. Será un paso decisivo en la reconstrucción de la Cuarta Internacional y su sección norteamericana. Con ese norte, proponemos a las corrientes revolucionarias que a nivel mundial defienden el programa de la dictadura del proletariado que impulsemos en común una conferencia internacional por la reconstrucción de la IV Internacional, el partido mundial de la revolución socialista.

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

artículo publicado en TRCI-web

El 2020 fue un año para los trabajadores y estudiantes de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) atípico por donde se lo mire. Pandemia de por medio, la virtualización de la educación y la actividad sindical, dejó vía libre para que la conducción del gremio docente (UEPC) con Juan Monserrat a la cabeza y el gobierno de la provincia, llevaran adelante un ataque mayúsculo a las y los docentes cordobeses con la modificación del estatuto. Claro que la oposición docente trató de poner en discusión, previo al tratamiento en la legislatura el pasado diciembre, los puntos de dicha reforma tales como la profundización de la precarización laboral, las dificultades para la titularización de cargos, el ajuste y el feroz ataque al conjunto de las y los docentes provinciales. En este contexto, las autoridades de la UPC en consonancia con el gremio de la UEPC redactan un acta acuerdo a espaldas de cientos de trabajadores para que entre en vigencia el ataque.
Mientras las autoridades daban curso al mencionado ataque algunos trabajadores de la UPC deciden organizarse bajo la cobertura gremial de la Asociación de Trabajares del Estado (ATE) quienes eligen a sus delegados normalizadores hace apenas unos meses. Resulta ser que el rectorado toma la decisión de poner fin al contrato del asesor legal de la Facultad de Artes (FAD), el abogado Juan Valfré, por incursionar en la organización sindical. Cabe destacar que desde la COR no vamos a avalar ningún despido ni persecución político gremial pero debemos aclarar lo que la CDP de ATE o bien desconoce, o se empeña en hacernos pasar gato por liebre. El caso es que la UPC viene de un proceso de “normalización” de hace 7 años y en consecuencia tiene a todos sus funcionarios designados a dedo por el ejecutivo provincial; y Valfré no es la excepción. Basta corroborarlo en la web oficial de la UPC el cual figura con dos cargos; uno como secretario general de Gestión y el otro como asesor legal de la FAD.
El Sr. Valfré en nuestra intervención política junto a compañeros independientes en la dirección del Centro de Estudiantes de la Roberto Arlt (CERA) en el período 2016-2018; asesoró legalmente a la directora del instituto y su lista de estudiantes a disputar la dirección del centro. Cabe recordar que nuestra pelea se trató siempre de defender la independencia de nuestra organización estudiantil de las autoridades de turno. Incomodaba sobremanera a las autoridades las discusiones políticas- sindicales y el apoyo activo por parte de los estudiantes a los conflictos gremiales de ese entonces tales como la lucha de la UTA, de AGR-Clarín; las negociaciones paritarias docente de UEPC; el pedido de la aparición con vida de Santiago Maldonado desaparecido por la gendarmería nacional con la responsabilidad del estado nacional, etc. La actual agrupación dirigente del CERA es la misma que asesoró Valfré en aquel momento; permaneciendo aún fieles a sus objetivos de tener un centro a merced de las decisiones de las autoridades y lejos de los trabajadores.
La decisión actual de tener a funcionarios del riñón del régimen universitario como  trabajadores en las filas de un sindicato es un problema que deben debatir las y los afiliados de ATE y exigir la renuncia de este y todos los funcionarios que hayan buscado la cobertura gremial para salvar una situación personal que huele más a interna peronista que a las ilegalidades que denuncia el gremio. Además porque los sindicatos son de las y los trabajadores a pesar de las direcciones que circunstancialmente los dirijan; y resulta deshonesto para aquellos trabajadores de la universidad que definieron acercarse al sindicato para exponer sus problemas de condiciones laborales, de higiene y seguridad, salariales, etc.
El debate de que la persecución gremial y política que despliegan las autoridades de UPC es por la falta de democratización de los órganos de gobierno y la imposibilidad de votar a sus representantes y autoridades, es falso. Quienes aducen que estas peleas que se dieron a principios del siglo pasado como la autonomía y el gobierno universitario deben ser parte fundamental del programa para la UPC son aquellos que están mirándose en el espejo de la UNC. Esa UNC tan “democrática y autónoma” que se ha cansado de perseguir a trabajadores y estudiantes que osaron cuestionar el desfinanciamiento educativo y el congelamiento salarial y terminó con el procesamiento de 27 compañeros estudiantes en el 2018 por la toma del pabellón argentina e intentó, sin éxito, condecorar a ex funcionarios de la dictadura militar el año pasado a través del Consejo Superior. Esos son los ejemplos más recientes de la impoluta UNC, cuyo régimen de cogobierno pretendidamente democrático está permeado por todos los costados por la rosca de los partidos patronales (UCR, PJ en todas sus variantes) y los intereses de las empresas, el Banco Mundial y el FMI.
Los revolucionarios peleamos por una universidad dirigida por los sindicatos y las organizaciones estudiantiles que permita que el acceso a la educación de los trabajadores y sus hijos sea sin restricciones. Y para ello debemos recuperar nuestros sindicatos y centro de estudiantes de las manos de la burocracia sindical y de las organizaciones pro-patronales. El “proceso de normalización” de la UPC sigue su curso en base a la precarización laboral y de las condiciones edilicias y de estudio: debemos enfrentarlo impulsando un Congreso de Delegados con mandato de asamblea, docentes, co-docentes y estudiantiles, para votar un plan de lucha y sentar las bases del nuevo gobierno de trabajadores y estudiantes de la universidad.

Organizarnos y luchar, con independencia de las autoridades

Son varios los problemas que debemos enfrentar en lo inmediato: la lucha para hacer retroceder la implementación del nuevo estatuto docente y la vuelta a la presencialidad en las aulas sin las condiciones de seguridad e higiene garantizadas. La bimodalidad para el dictado de clases tiene como objetivo continuar como en el 2020 trasladando el gasto de conectividad y equipamiento a los docentes y estudiantes. Debemos rechazar y enfrentar la bimodalidad como sinónimo de la extensión de la jornada laboral docente.  Es éste un debate fundamental entre los trabajadores y estudiantes de la UPC; como nos enfrentamos a una campaña furibunda por parte de los gobiernos nacional y provincial de ataque a la docencia y, particularmente, a sus organizaciones sindicales.
Pongamos en pie asambleas de docentes, co-docentes y estudiantes para la elección de representantes para la conformación de comisiones de higiene y seguridad por escuela; de este modo podremos encarar programáticamente la vuelta a la presencialidad.
Desde la COR nos ponemos a disposición de las y los trabajadores docentes y co-docentes de la UPC y repudiamos enérgicamente cualquier ataque y persecución que estén sufriendo por parte de las autoridades Krawchik -Bambozzi con la complicidad de la burocracia sindical de Juan Monserrat. Y llamamos a los activistas y estudiantes a sumarse al debate de cuales son las organizaciones que necesitamos y el programa que debemos levantar para enfrentar la política de ataque y ajuste del FMI, los gobiernos de turno para con los trabajadores y la juventud.

• ¡Fuera los funcionarios de ATE! Por sindicatos independientes de las autoridades y el Estado.
• ¡Basta de persecución en la UPC!
• ¡Fin a la precarización laboral docente! ¡Por la titularización masiva de docentes!
• ¡Reapertura de paritarias, recomposición salarial YA!
• ¡Por Comisiones de higiene y seguridad elegidos por estudiantes y trabajadores por escuela!
• ¡Por un Congreso de Delegados docentes, co-docentes y estudiantiles, con mandato de asamblea!