La situación en Perú y los elementos insurreccionales
La crisis política en Perú sigue desarrollándose, aumentando la represión y el número de muertos, pero también sigue en aumento la resistencia de sectores importantes que piden la caída de Boluarte y una asamblea constituyente.
Al momento de escribir la nota se está desarrollando la “marcha de los 4 suyos” con miles de manifestantes del sur, centro, norte y oriente del Perú que viajan a Lima, mientras el gobierno intenta neutralizarlos con la declaración Estado de Emergencia. La idea de la movilización es la toma de Lima para el miércoles 18 de enero.
Esta marcha se realiza después de estar varios días en enfrentamiento en sus regiones con las fuerzas militares del gobierno de Boluarte y de lograr, en algunos territorios, el control total por parte de sectores radicalizados del tránsito de vehículos y personas.
Este proceso de radicalización se da después de que la respuesta a la crisis abierta ante la destitución de Pedro Castillo haya sido solo represión y una promesa de futura elección para 2024.
La persistencia y valentía de sectores de masas a los ataques del gobierno demuestra la potencialidad de sus acciones pueden tomar un cause revolucionario.
Nosotros intentamos dar una definición de estos procesos, tomando del arsenal de los revolucionarios el análisis de los procesos revolucionarios y la tarea de la dirección revolucionaria ante los acontecimientos.
Creemos que debemos rescatar el concepto de insurrección espontánea que formulaba Trotsky para definir la insurrección de fuerzas elementales "a un movimiento de masas que, ligado por su hostilidad al antiguo régimen, no tiene perspectivas claras, ni métodos de lucha elaborados, ni dirección que conduzca conscientemente a la victoria, la insurrección de las fuerzas elementales no puede salir de los límites del régimen burgués" (Historia de la revolución rusa).
No obstante, no son exclusivamente fuerzas elementales las que actúan, ya que en los procesos insurreccionales actúan sectores de clase con intereses y objetivos distintos, que salen a la lucha ante la situación catastrófica de sus vidas. En el caso de Perú, plantean la destitución de Boluarte y asamblea constituyente o nueva constitución. Pero, si bien pueden desestabilizar al régimen, no pueden llevar al poder a la clase obrera y al campesinado. Ésta es la diferencia entre insurrección espontánea e insurrección como arte, en esta última entra en juego la dirección revolucionaria del proceso por parte de un partido revolucionario. Es la combinación entre revolución e insurrección. La insurrección es un acto en el proceso de la revolución.
La necesidad de intervenir activamente en estos procesos vivos con las herramientas del marxismo nos va a permitir desarrollar una vanguardia que recupere el programa transicional, que luche por la instauración de un gobierno obrero como forma de la dictadura del proletariado, que es la alianza revolucionaria de la clase obrera y el campesinado. Esto implica convencer a los trabajadores rurales, a los campesinos e indígenas del error de levantar la consigna de asamblea constituyente creyendo que ahí pueden ser representados sus intereses, como creyeron los movimiento indígenas y feministas en Chile ante el desvío que fue la constituyente de los últimos años. Solo serán representados sus intereses en un gobierno obrero que derroque y tome el poder y extienda el proceso revolucionario a la región. Debemos sacar lecciones de lo que fueron formas superiores en los procesos de lucha de clase, como sucedió en la revolución rusa y la forma de federación que expresaba la forma estatal de la dictadura del proletariado internacional.
Es partir de más atrás el tratar de analizar los fenómenos de lucha de clase actuales en la disyuntiva entre revuelta o revolución. Estamos en la época de revolución o contrarrevolución, el capitalismo ya pasó del periodo orgánico al periodo crítico, ya no hay márgenes para las reformas.
Llamamos a una Conferencia Latinoamericana con las corrientes que aún defienden la dictadura del proletariado y aspiran a la reconstrucción de la IV Internacional a discutir las tareas para la región y principalmente en donde los fenómenos de clase son más agudos como Perú, Bolivia y Brasil, para nombrar los más importantes.
Fotos de Aldair Mejía
La defensa del Estado burgués no es nuestra tarea. ¡Por la intervención independiente de los trabajadores!
Por LOI Brasil. Publicado en TRCI-web el 9/1/23
Ayer por la tarde (08 de enero), exactamente una semana después de la toma de posesión del presidente Lula, los Bolsonaristas invadieron, ocuparon y destruyeron los edificios oficiales (Congreso Nacional, Tribunal Supremo y Palacio de la Alvorada) en la Explanada de los Ministerios en Brasilia. La acción, que estaba siendo planeada la semana anterior, por redes sociales y apps de mensajería, movilizó más de 80 ómnibus y cerca de 4 mil bolsonaristas bancados por sectores de empresarios del comercio minorista, transporte y agronegocio, y contó con la connivencia del gobierno del Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) y su secretario de Seguridad y ex ministro de Defensa de Bolsonaro, Anderson Torres (União Brasil). Abiertamente bolsonaristas, permitieron y facilitaron la entrada de simpatizantes de Bolsonaro a la Explanada, reduciendo el dispositivo policial y ordenando que no opusieran resistencia (los policías presentes tomaban fotos y compraban agua de coco).
Lejos de ser un intento de golpe de Estado, ya que se caracterizó por la acción de una minoría sin la acción efectiva de las Fuerzas Armadas y/o policiales y sin un claro intento de cambiar o controlar el aparato del Estado y destituir al presidente, el episodio es una clara expresión de la descomposición del bonapartismo sui generis en su relación con el imperialismo y las masas. Al incorporar y extender las Fuerzas Armadas a las tareas del Estado, el bolsonarismo ha amplificado las contradicciones y, por tanto, la crisis del Estado semicolonial brasileño. Es en esta crisis en la que pretenden intervenir el bolsonarismo por un lado y el actual gobierno por otro, reforzando la defensa de las instituciones del Estado democrático de Derecho.
En este sentido, Lula responsabilizó al gobierno del Distrito Federal y decretó la intervención federal en la capital hasta fin de mes; para ello, nombró al asesor del ministro de Justicia Flávio Dino (PCdoB), Ricardo Cappelli, como interventor federal para la Seguridad Pública en el DF. A continuación, la Abogacía General del Sindicato (AGU) solicitó al STF el pedido de detención de Torres y, durante la madrugada, Alexandre de Moraes, Ministro del STF determinó la remoción de Ibaneis Rocha por 90 días, además de determinar la detención y audiencia de todos los bolsonaristas de los ómnibus que llegaron a Brasilia (que ya suman cerca de 1200 detenciones al momento de escribir esta nota) y el desmantelamiento de todos los campamentos de los cuarteles en todo el territorio nacional.
La intervención federal de Lula deberá ser ratificada por el Congreso en las próximas horas, además de recibir el apoyo del Poder Judicial. La burguesía nacional, representada por la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), Confederación Nacional de la Industria (CNI), Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC), entre otras entidades empresariales, también exigió una "reacción firme" contra los ataques al Estado democrático de derecho y por la reanudación del orden. Además, el imperialismo ya envió el mensaje de que acompaña la situación con un apoyo total e irrestricto a Lula. Congresistas estadounidenses del Partido Demócrata también han planteado la necesidad de la extradición de Bolsonaro a Brasil, presionando al Congreso para que niegue al expresidente brasileño cobijo y refugio en suelo estadounidense, en una clara asociación de éste con la invasión de la Explanada y la del Capitolio hace exactamente dos años. Los gobiernos regionales también salieron en defensa de Lula y de su intervención contra lo que calificaron de "intentos de golpe".
De esta forma, el gobierno de Lula tiene total carta blanca para actuar en la reestructuración de su relación con las fuerzas armadas y auxiliares y con las instituciones de la democracia burguesa en su relación con las masas. Desde su toma de posesión, Lula ha actuado para reforzar la idea del Estado fuerte y "acogedor". Todas las ceremonias de toma de posesión, del presidente y de los ministros, tuvieron como objetivo transmitir el mensaje de que el Estado burgués está al servicio del pueblo brasileño, que los últimos cuatro años fueron un problema de mala gestión de este aparato y que, por lo tanto, es posible que el Estado esté y actúe a favor de los intereses de la clase trabajadora. El discurso de la "amenaza golpista" ha sido utilizado por las direcciones sindicales y las políticas reformistas para controlar y silenciar al movimiento obrero desde las elecciones de 2018. El ejemplo más reciente es el ataque sistemático del reformismo a los liderazgos de los trabajadores app que están construyendo una huelga para el próximo 25/01, acusándolos de "bolsonaristas" y de actuar contra el gobierno de Lula. Está claro que las burocracias sindicales actuarán con mayor truculencia en los próximos años para controlar al movimiento obrero y blindar al gobierno de Lula para evitar la "amenaza golpista" o el crecimiento de la "extrema derecha".
El centrismo trotskista repite la defensa (errónea) de la acción "independiente" de los trabajadores frente a la "extrema derecha" y los "golpistas", igual que hicieron ante los cortes de carretera de los bolsonaristas tras los resultados electorales. Defienden así, de forma enmascarada, el respeto a las instituciones de la democracia burguesa y al gobierno de Lula en última instancia. Esto se debe a que han abandonado la idea de revolución y de dictadura del proletariado, transformando cada vez más la idea de "independencia de clase" en una posible actuación parlamentaria que responda mejor a los intereses de los trabajadores.
En este contexto se inscriben los actos de hoy, 9 de enero, contra el golpismo. Los movimientos sociales y las centrales sindicales llaman a la movilización en defensa de la democracia (burguesa), de las instituciones del Estado burgués y del gobierno de Lula. El centrismo defiende la movilización en las calles contra el golpe y la extrema derecha. En respuesta a la crisis del Estado y a las disputas entre fracciones de la burguesía y de la pequeña burguesía semicolonial, no podemos ser rehenes de una política que exige más estatismo con la intervención directa del imperialismo.
Así, repudiamos las medidas intervencionistas de Lula y de los demás poderes del Estado. Para los trabajadores, un poder estatal mayor y más centralizado es perjudicial para nuestros intereses, organización y lucha. No debemos albergar ilusiones en el Estado burgués, que es el instrumento de dominación de nuestros enemigos de clase. ¡Debemos denunciar su cáscara democrática y su carácter de clase!
En esta crisis abierta es necesaria la acción independiente de los trabajadores, con su agenda y sus intereses. Es necesario levantar medidas de autodefensa y asambleas en cada sindicato y central sindical que apunten a un plan de luchas contra el desempleo, contra el aumento de la miseria en las condiciones materiales de vida, por la revocación de las reformas que han aumentado la explotación y la retirada de derechos. Sólo organizados en defensa de nuestras banderas históricas será posible enfrentar, no sólo al bolsonarismo como oposición burguesa y pequeñoburguesa al gobierno, sino al propio gobierno de Lula, preparando las condiciones para la confrontación con el Estado burgués en su conjunto. La única intervención independiente posible para nosotros, los trabajadores, es la de enfrentarnos al Estado burgués y al imperialismo, ¡y no la de reforzarlos!
Abajo el gobierno de Boluarte en Perú. Por un gobierno obrero y campesino
Publicado el 18 de dicimebre de 2022 en TRCI
La situación en Perú sigue convulsionada, donde, por la represión, ya hay más de 20 muertos a manos de las fuerzas represivas que intentan derrotar los levantamientos en distintos puntos del interior del país. Los manifestantes piden elecciones anticipadas y algunos sectores la liberación de Castillo.
El gobierno actual mandó un proyecto de ley para llamar a elecciones anticipadas para fines del 2023, fecha muy lejana por el nivel de crisis del país. El Congreso rechazó el proyecto, ya que planean mantener sus mandatos hasta el 2026.
Ante este escenario, con la aceleración de la crisis y del deterioro de su relación con las masas, la presidenta decretó un toque de queda en las zonas más convulsionadas y realizó un discurso para que los legisladores voten la anticipación de elecciones.
Sectores importantes de trabajadores y campesinos del interior de Perú intervinieron en la crisis abierta, bloqueando caminos, destruyendo comisarías, organizando comités para defender el territorio, ocupando fábricas y otras medidas, demostrando que no van aceptar de forma pasiva el avance de las fracciones burguesas y pequeño burguesas aliadas del imperialismo sobre sus condiciones de vida.
La burguesía peruana cometió un error muy grande al eliminar una contención, como lo era Castillo, pensando que no iba a pasar nada. Las consecuencias están a la vista. Gran parte de los sectores que están en lucha están cuestionando los pilares de la democracia pequeño burguesa del semi Estado peruano, lo que le da a la situación en desarrollo características insurreccionales.
La burocracia sindical ha debido llamar a un paro ante la radicalización reinante. Los gobiernos de la región han comenzado a dar un tibio apoyo al ex presidente, modificando la posición que tuvieron cuando comenzó el conflicto de no apoyo a Castillo. Los gobiernos de México, Argentina, Bolivia, Colombia, para nombrar algunos, se pronunciaron a favor de Catillo. Los de Brasil, de Lula, y Chile, de Boric, mantuvieron su posición de que Castillo no respetó las instituciones.
La situación en Perú plantea la necesidad de que, al calor de los enfrentamientos y el desarrollo del proceso, se abra un gran debate en los sectores de lucha de que debemos echar al Boluarte y preparar las condiciones para instaurar un gobierno obrero y campesino, lo que va permitir comprimir y acelerar la combinación entre las tareas democráticas de la revolución agraria, la independencia nacional y lucha socialista para derrotar al semiestado burgués y al imperialismo. Por un Congreso de delegados de base obrero y campesino, con delegados mandatados de las unidades de producción, como las grandes mineras, y delegados por regiones, donde se vote un plan de lucha, se organice la autodefensa y una huelga general para derrocar al gobierno de turno y todos sus aliados.
Es menester que la vanguardia obrera y juvenil intervenga activamente en este proceso semiinsurreccional para fortalecer la organización de la clase obrera de las minas, las fábricas, los puertos, los hospitales, tomando su control, imponiendo la centralidad del proletariado como caudillo del conjunto de la nación explotada y oprimida.
También deberemos combatir las políticas de la burocracia sindical que pretenderá desviar la lucha hacia los cauces de la descompuesta democracia burguesa semicolonial. El impulso de reformas del aparato de estado en crisis, como las de asambleas o convenciones constituyentes, sólo retrasarán o desviarán la necesaria perspectiva de lucha de la clase obrera por el poder, como se evidenció en el proceso abierto en Chile por la semiinsurrección chilena de octubre del 19.
Para eso necesitamos crear un partido revolucionario que tome la dirección de la vanguardia obrera y las tareas históricas que se plantean como sección nacional por la reconstrucción de la IV Internacional.
La clase obrera latinoamericana y del continente puede comenzar a discutir acciones de solidaridad activa con los trabajadores y el pueblo peruano.
Llamamos a los grupos trotskistas de la región que aun levantan la dictadura del proletariado a una Conferencia latinoamericana para discutir las tareas para Latinoamérica y ayudar a un desarrollo revolucionario en Perú.
COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina
Ante la destitución de Pedro Castillo
Publicado el 11 de diciembre de 2022 en TRCI.
El miércoles 7 de diciembre, el Congreso de Perú destituyó a Pedro Castillo después de que ese mismo día por la mañana, en un discurso para la República, planteara disolver el Parlamento, llamar a nuevas elecciones constituyentes y el toque de queda. Con estas medidas definió que estaban en un estado de excepción por la situación política reinante. Luego de los anuncios, el Congreso desoyó las órdenes del ejecutivo y se reunió para intentar, por tercera vez, la destitución del presidente. Esta vez pudo juntar los votos necesarios, debido a que hasta los legisladores que respondían a Castillo votaron por su vacancia. Así, con 101 votos afirmativos, 6 negativos y 10 abstenciones, fue apartado de su cargo por “incapacidad moral” y por “golpista”. Ese mismo Congreso definió como línea sucesoria a la vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, quien asumió el cargo de presidenta.
Los días anteriores a estos hechos Pedro Castillo había buscado apoyo en la OEA, organismo que, se sabe, está al servicio del imperialismo norteamericano y que tiene una larga historia de intervención en la región, el ejemplo más reciente ha sido su rol desestabilizador en Bolivia. Este organismo planteó que, ante la situación de parálisis del gobierno y su enfrentamiento con la oposición burguesa, debían llegar a una tregua de 100 días para ordenar la situación política, es decir, permitir que hubiera una transición ordenada, ya que el gobierno de Castillo no tenía futuro. Y, de hecho, a los pocos días de que se retiraran los funcionarios de la OEA que habían ida a mediar, el presidente fue obligado a dejar su cargo.
Esta situación demuestra hasta dónde se había alejado Castillo de sus promesas electorales y cómo encontraba aliados en los restos del fujimorismo para que fueran parte de su gobierno, así como encaró un curso de mayor sumisión al imperialismo. Estaba completamente aislado, sin apoyo político de ningún sector, ni de las fuerzas armadas y menos de los sectores de la clase obrera y campesina que habían creído en su gobierno. Ese escenario de soledad se vio cuando, después de plantear la disolución del Congreso, pidió asilo político en la embajada de México, donde no pudo llegar porque fue arrestado y puesto en prisión por 7 días, hasta que definan su situación procesal.
En la noche del miércoles se produjeron algunas movilizaciones y otras más masivas al otro día, que fueron reprimidas. Éstas no fueron para apoyar a Castillo, sino más bien para defenderse del avance de las alas más reaccionarias de las fracciones burguesas y pequeñoburguesas que manejan el Congreso y responden en gran parte a la burguesía ligada a las mineras y al imperialismo.
Perú viene de una crisis política muy importante desde hace varios años, expresión de la crisis de los que se denominó el régimen “fujimorista”, instaurado por el Alberto Fujimori en el ’93. El bonapartismo pequeño burgués, característico de gran parte de las formas de dominación de las semicolonias, desarrolla regímenes inestables y esta inestabilidad se acelera aun más por la gran penetración imperialista, lo que descompone aún más las instituciones burguesas y el semi Estado.
Es muy importante tener en cuenta esta característica en su desarrollo histórico para entender la dinámica de clases en una semicolonia. La crisis histórica de una burguesía, que no puede ser independiente por su relación con el imperialismo y que, a la vez, debe lidiar con el proletariado y sectores de la pequeña burguesía democrática, le impide ya no solo realizar las tareas históricas de la burguesía, sino llevar adelante las tareas bonapartistas de supervivencia como clase amparadas en el semi Estado. El bonapartismo sui generis, que es la forma de dominación en las semicolonias, como una forma de poder estatal especial, en su descomposición, arrastra a las burguesías autóctonas o sub burguesías a una crisis política en su dominación y su relación con las masas.
Cuando se desarrollen estas crisis, producto de diferencias en fracciones de clases enemigas y que utilizan las instituciones burguesas para dirimir sus conflictos de intereses, es central que los trabajadores actuemos de una forma independiente a estas manifestaciones de descomposición de los semi Estados.
Tenemos que intervenir con una política independiente para atacar las bases del régimen burgués, que está en la producción. El conflicto tiene que comenzar en las fábricas y después ir a las calles, debemos parar las grandes mineras y llamar a un paro general y así estaremos en condiciones de enfrentar y destruir el semi Estado peruano, que se asienta en la superexplotación de los recursos naturales y de nuestras vidas. Atacar a los grandes grupos mineros es atacar al imperialismo y, de esa forma, atacamos a sus agentes como son los legisladores del Congreso, la burocracia sindical y el empresariado local.
Debemos reunir nuestras fuerzas en la necesidad de formar una dirección revolucionaria organizada en partido. Nos solidarizamos con toda movilización que exprese el descontento a la situación actual, pero sin una dirección consciente a la cabeza esas movilizaciones terminarán, casi indefectiblemente, siendo cooptadas por el semi Estado y sus desvíos electorales o constituyentes, como ocurrió en Chile.
Los semi Estados en Latinoamérica no son Estados en formación, sino en descomposición, por eso el eterno llamado de las corrientes que se reivindican de izquierda, ante crisis políticas, a una Asamblea constituyente es una concesión a la pequeña burguesía democrática. No hace más generar confusión entre los trabajadores sobre cuáles son nuestras tareas, en la necesidad de que sea nuestra clase la que dirija a esos sectores de la pequeña burguesía.
Desde la TRCI somos conscientes de que no existe una salida “para Perú”, sino que el conjunto del proletariado latinoamericano debe unir sus fuerzas en la lucha para expulsar al imperialismo de la región y sus gobiernos títeres, por más que se disfracen de progres, e instaurar la Federación de Repúblicas Socialistas de América, en unidad con el proletariado de América del Norte.
COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina
La sentencia a Cristina
El día 6 de diciembre por la tarde se conoció la sentencia de la causa Vialidad, por las obras públicas en la provincia de Santa Cruz en el período de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Cristina fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lázaro Báez fue condenado a 6 años de prisión y Julio de Vido fue absuelto, entre otros imputados. La sentencia no es firme y las partes pueden apelar en distintas instancias, por lo que van a pasar varios años hasta que se efectivice o se modifique el fallo.
Después de que se hiciera púbico el fallo, Cristina salió a hablar y a denunciar a la Justicia y a la oposición burguesa. Planteó que son “una mafia y un Estado paralelo”. Mostró chats y audios entre funcionarios de Larreta, algunos funcionarios de Alberto, jueces nacionales, fiscales y ex SIDE. Todos ellos viajaron juntos a Lago Escondido, en Bariloche, invitados por los CEOs de Clarín. Así, intentó demostrar el funcionamiento de este supuesto Estado paralelo y la manera en que éste toma las decisiones y tratar de que se vea que no es solo ella la mala de la película. Además, anunció que no va a ser candidata en el 2023, abriendo un nuevo escenario político dentro del Frente de Todos en relación a los futuros candidatos. Aunque no podemos descartar que este renunciamiento sea otra puesta en escena para un eventual operativo clamor que pida por su candidatura.
Quiebre del Pacto de Olivos
El fallo y todo lo que mostró el juicio y el sinfín de operaciones de los servicios secretos, como esta última filtración del “viaje de egresados” de funcionarios y el grupo Clarín, profundiza la crisis política y demuestra el nivel de aceleración de la descomposición del semi Estado burgués, de sus instituciones, sus partidos y de la dirección política de las distintas fracciones burguesas y pequeño burguesas. Todo esto torna aún más inestable al régimen burgués en su relación con las masas y el imperialismo.
Es muy probable que estemos asistiendo al quiebre total del Pacto de Olivos y la Constitución de ‘94, ya que han fracasado en todos los intentos de reformar el semi Estado como forma de dominación a las masas. En el 2001, ese pacto se rompió en las calles y lograron recomponerlo parcialmente con la llegada al gobierno de los K, pero la crisis terminal del radicalismo y la descomposición histórica del peronismo han hecho que los actores que firmaron y garantizaron el pacto estén en una crisis terminal. Además, han aparecido nuevas fracciones políticas reaccionarias que buscan otro tipo de acuerdo o pacto para los tiempos de crisis que estamos atravesando.
Inestabilidad regional
Al momento de escribir esta nota el Congreso de Perú destituía a Pedro Castillo por ser incompatible con el cargo. En Brasil ganó Lula después de que la gran burguesía y el imperialismo lo rehabilitaran como candidato para ser contención de procesos más agudos de lucha de clases. Allí, con otros ritmo y tiempos, también asistimos a una crisis de lo que se denominó la Nueva República expresada en la reforma de la Constitución en el ‘88. Es decir, estamos en un escenario de crisis de los proyectos burgueses y de descomposición de los bonapartismos sui generis, en medio de una crisis mundial y una guerra.
Una posición de clase
Lo que debemos debatir al interior de nuestra clase es cuáles son las tareas que debemos tomar para enfrentar de forma revolucionaria esta crisis. En el caso del fallo a Cristina debemos ser claros en que se trata de una pelea entre distintas fracciones burguesas, que se dirime en la justicia burguesa, por lo que el resultado no nos interesa, ni nos incumbe. Solo nos importa denunciar cómo funcionan las instituciones de un Estado burgués y su contenido de clase.
La burocracia sindical, mientras se niega a pelear por el salario y las condiciones de trabajo y se dedica a entregarnos en los acuerdos paritarios, se volcó de lleno a participar en esta pelea de patrones. El caso más extremo son los alcahuetes de la conducción de ATE, tanto verde blancos como verdes, y las CTAs, que salieron a marchar por su jefa. En manos de estos rastreros, los sindicatos, en vez de ser herramientas de lucha de los trabajadores, pasan a ser herramientas de políticos burgueses. No podemos permitir esto. Más que nunca hay que echarlos de nuestras organizaciones y recuperar los gremios para pelear por los verdaderos intereses de la clase obrera.
Un sector de la izquierda salió a defender el derecho democrático a que las masas puedan votar al candidato que quieran, defendiendo que Cristina pueda ser candidata, ya que el fallo la inhabilita (la sentencia no está firme, por lo que no está inhabilitada). También sostuvieron esta increíble posición en Brasil con Lula. La democracia burguesa está basada en la dominación de clase de la burguesía, por lo que el verso de que somos todos iguales y que incluso tenemos el mismo derecho a ser candidatos a cargos públicos, es solo una falacia que sostiene la desigualdad entre las clases poseedoras y la trabajadora. En un Estado burgués no existe el derecho democrático a que cualquiera se presente a elecciones. Es tan obvio lo que escribimos acá, que solo se explica esta posición por el nivel de adaptación a la democracia pequeñoburguesa semicolonial de estas corrientes. No es nuestro Estado y jamás los revolucionarios definimos que las relaciones de fuerza se expresan en las instituciones burguesas. Para nosotros las relaciones de fuerza se dirimen en la producción, que es la base de sustentación de la burguesía. Debemos actuar ante la descomposición del Estado no para reformarlo, sino para preparar su destrucción de forma revolucionaria.
En estas últimas semanas presenciamos un curso acelerado de cómo funcionan las instituciones, las peleas en el Congreso, por el Consejo de la magistratura, el viaje de egresados al que invitaron los CEO de Clarín, la corruptela en el juicio de Vialidad y otras obscenidades. Mientras, nosotros seguimos luchando para que no se deteriore aún más nuestras condiciones de vida. La única salida a esta crisis es obrera y socialista.
07/12/2022
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Elecciones en Ademys
El 29/11/22 se renovarán las autoridades del Consejo Directivo y Comisión Revisora de Cuentas de Ademys, el sindicato docente de CABA que nuclea a las tendencias de izquierda en su conducción. La lista n° 15 Multicolor, del FIT-U, se postula para renovar mandato, para lo cual deberá ganarles a las listas n° 13 Carlos Fuentealba del Nuevo MAS, n° 26 la Haroldo Conti, vinculada a Venceremos, y la n° 1969 del Frente de Unidad para luchar por la docencia, compuesto por el colectivo Docentes en Clase y el PO tendencia.
Se nos imponen enormes desafíos
Estas elecciones se dan en el marco del feroz ajuste del gobierno y el FMI, para que seamos los trabajadores los que paguemos el costo de la crisis. El gobierno porteño del PRO y aliados han sido punta de lanza de estos ataques, arremetiendo contra la organización sindical, las condiciones de trabajo y el salario de los trabajadores. Tras dos años de “medidas extraordinarias” por la pandemia, que solo apuntaron a salvar al capital y dejaron al descubierto los engranajes más fundamentales de este sistema de explotación capitalista, este año se agudizaron las pésimas condiciones de la educación pública. La docencia ha resistido estos ataques enfrentando la reforma del estatuto docente, que finalmente se aprobó en mayo; luchando contra la imposición de las jornadas de los sábados; reclamando por las condiciones de las viandas y de las escuelas; luchando por el salario docente, que cada vez pierde más contra la inflación; saliendo a las calles por sus reivindicaciones y en apoyo a estudiantes y trabajadores de la salud.
Todas estas batallas deberán redoblarse en el periodo que está por venir. La candidata Acuña hace campaña jactándose de estos ataques a la educación, mientras en el Frente de Todos se pelean entre ellos e intentan arrastrar a nuestras organizaciones a sus internas. Tanto JxC como el peronismo en todas sus variantes tienen en claro que el ajuste es contra los trabajadores y, de un modo u otro, realizarán la tarea que impone el FMI. Por eso, nuestro sindicato tiene que prepararse para multiplicar sus fuerzas, fortaleciendo la organización y la unidad de la clase obrera.
Enfrentar a la burocracia se vuelve fundamental para llevar adelante esta pelea. Eso implica que Ademys, como sindicato dirigido por corrientes de izquierda, deberá asumir un rol protagónico en el esfuerzo por unir a los docentes en la lucha. Principalmente, es necesario dar lucha política contra la burocracia de UTE desde las bases en las escuelas, desnudando su carácter de agentes de la burguesía en nuestras propias filas. La Celeste apuesta a nuestra división, por eso creemos que la unidad se conquista eligiendo delegados en los lugares de trabajo que respondan al mandato de los compañeros. Necesitamos dar un debate programático de cara a la docencia, partiendo de la importancia de la independencia de clase, que plantee la perspectiva de la organización política de la clase obrera para disputar la dirección a la burguesía, es decir, una perspectiva revolucionaria y socialista. Para tamaño desafío es necesario, a su vez, apostar a buscar la unidad con las tendencias combativas de todos los trabajadores de CABA, empezando por los compañeros de salud en lucha. Si no logramos imponer esta pelea, Ademys corre el riesgo de ser un sindicato testimonial y adaptarse al estado de cosas. Nuestra perspectiva debe ser poner en pie un sindicato único trabajadores de la educación con independencia de clase.
Una polémica con la Multicolor
Las corrientes del FIT-U, que hoy son la mayoría en el Consejo Directivo de Ademys, corren ese mismo peligro de adaptarse, al centrar su actividad política en la orientación parlamentaria, lo cual hace que se manejen como frente electoral, pero no como un frente político. Son organizaciones antiburocráticas y combativas, pero como frente no tienen una clara delimitación de independencia de clase a su interior, ya que el MST, por ejemplo, comparte listas con variantes burocráticas en la CTA. En medio de este ensayo general reaccionario que impuso la burguesía desde la pandemia, en el que su objetivo principal es establecer una nueva relación entre capital y trabajo, lo que implica disciplinar a nuestra clase a su régimen de explotación, es un error garrafal despertar expectativas en las instituciones burguesas. Por eso no compartimos las líneas políticas que se plantearon durante la pandemia, en las que el Estado burgués intentó imponer quién podía salir a la calle y quién no. Nosotros planteamos que es con los métodos obreros con los que podemos defender nuestros intereses, nuestra salud, nuestras condiciones de vida.
La izquierda en los sindicatos debe tomar la tarea de organizar a la vanguardia, al activismo sindical para recuperar nuestras organizaciones como herramientas de lucha de clases y avanzar en la tarea común de desorganizar el poder de la burguesía y organizar al proletariado en su conjunto.
De las demás listas que se presentan, consideramos que la lista 26 “Haroldo Conti” no tiene un claro planteo de independencia de clase al diluir a la clase obrera en “el pueblo” y que la lista 13 “Carlos Fuentealba”, si bien compuesta por compañeros de una corriente trotskista, vienen de hacer un llamando a defender las instituciones democráticas (de la burguesía) en la marcha del kirchnerismo ante el atentado a CFK. Con la lista 1969 tenemos igualmente diferencias, sobre todo en cuanto a la línea que tuvo el PO Tendencia respecto de la política estatal de aislamiento (ASPO) y a la que llamaron a subordinarse a los dictados del Estado para cuidar nuestra salud (totalmente falaz) y su último llamado a votar a Lula en la segunda vuelta en Brasil. Asimismo, hemos venido desarrollando debates con los compañeros de Docentes en Clase sobre la importancia de dotar al sindicato de un programa político con perspectiva revolucionaria superando las cuestiones meramente sindicales. A ellos les reconocemos el esfuerzo de dar una pelea dentro de Ademys desde la minoría, intentando disputar la orientación del sindicato para desarrollar la lucha. Entendemos que es importante defender las expresiones de minoría para fortalecer la democracia interna de nuestra organización y garantizar la participación del conjunto del activismo. Es por esto que, a pesar de nuestras diferencias, llamamos a votar críticamente a la lista 1969. Es urgente darnos instancias de debate programático de cara al próximo período y apostamos a seguir desarrollando la discusión con el conjunto de las corrientes de Ademys para fortalecer la lucha antiburocrática.
Elecciones en la seccional BA de La Bancaria
Votamos en blanco
En estas semanas se está dando un proceso de renovación de autoridades de las seccionales de la Bancaria en varios puntos del país. Este 24 de noviembre se votarán las autoridades de la principal seccional, la de Buenos Aires, que engloba a los bancarios del área metropolitana. Así como sucedió en la elección de autoridades nacionales, se presenta una lista única, con lo cual, está cantado que Alejandra Estoup renovará su mandato. Sin embargo, esto no quiere decir que el conjunto de los trabajadores apruebe su gestión. Más bien demuestra lo burocrática que es la organización actual del sindicato, que hacia la opinión pública se muestra progresista y socialdemócrata, mientras negocia con los banqueros a espaldas de los afiliados.
Una de las situaciones más graves que hemos evidenciado desde el inicio de la pandemia han sido los despidos, a veces encubiertos como “retiros voluntarios” y los cierres de sucursales en numerosas entidades. La declamación de la conducción en contra de esta situación no alcanza para frenarla, hay que organizar la resistencia. Es precisamente esto lo que la burocracia de La Bancaria no quiere hacer. Mientras el diputado Palazzo comparte bancada con el banquero Heller en el Congreso, garantizando las políticas de ajuste del FMI que lleva a cabo el Frente de Todos, las patronales impusieron las condiciones laborales a su medida. Hace años venimos reclamando contra la tercerización creciente, pero no lograremos frenarla sin una organización sólida de los trabajadores. Ni que hablar del mentiroso acuerdo paritario, que se anunció con bombos y platillos, pero que en realidad queda en gran medida absorbido por el impuesto al salario. La única idea que se le ocurrió al sindicato ante esto fue presentar un proyecto de ley, que solo es para estirar los tiempos y no hacer medidas gremiales. También se ha dado una situación nueva en cuanto a la implementación del teletrabajo en los bancos. La conducción sindical dice estar en contra de este régimen de trabajo, pero no promueve ningún debate, ni propuesta superadora al interior de los bancos, dejando la iniciativa sobre nuestras condiciones de trabajo exclusivamente a las patronales. Es que cuestionar cómo se organiza el trabajo es profundamente subversivo, ya que implica que los trabajadores tomen conciencia de su capacidad de controlar el proceso de trabajo de conjunto y cuestionar el poder de la patronal. Por todo esto, no son una opción y llamamos a votar en blanco.
Solo se podrá avanzar en desarrollar una lucha para frenar a las patronales, al FMI y a sus gobiernos de turno con un sindicato que tenga independencia de clase, combativo. Para ello, es necesario desarrollar una oposición sindical revolucionaria, que recupere nuestra organización gremial y la transforme en una herramienta de la clase obrera para la lucha por superar este sistema capitalista. Impulsamos esta perspectiva para desarrollar el debate con todas las corrientes de izquierda que levanten un programa socialista.
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Fallecimiento de Hebe de Bonafini
El domingo 20 de noviembre falleció en la ciudad de La Plata, a los 93 años, la presidenta de la asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
Fue una de las grandes luchadoras en contra de la dictadura militar y por los derechos humanos, sin embargo, gran parte del arco político que hoy la despide fueron cómplices de esa misma dictadura que ella y cientos de madres de desaparecidos combatían.
Fue una derrota importante para la izquierda la cooptación estatal de los organismos de derechos humanos en la época del kirchnerismo post 2001 y, principalmente, de sus dirigentes. Hebe de Bonafini, en sus últimos años de vida, estuvo apoyando al bando enemigo.
Por eso, la lección de su trayectoria política es que hay que redoblar la tarea de educar a una nueva generación en la necesidad de la destrucción de Estado burgués y por la revolución socialista.
16 de noviembre: Paro general de los hospitales de Córdoba
La renuncia masiva de médicos en el hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto encendió la mecha de una situación explosiva que recorre al conjunto del sistema de salud. Las asambleas y movilizaciones en la salud pública de Córdoba venían de antes, es cierto, pero de manera localizada en hospitales e instituciones puntuales. En dos semanas, las medidas de fuerza se fueron replicando, con asambleas, afectación de servicios y paros por hospital hasta la convocatoria al paro provincial de salud para este miércoles 16 de noviembre. Por supuesto, este no es un fenómeno únicamente provincial, ya que desde hace varias semanas los residentes de la Ciudad y la Provincia de Bs. As. y los hospitales nacionales Garrahan y Posadas vienen sosteniendo paros y marchas masivas. La pandemia y el avance del ajuste del FMI que aplican el gobierno del Frente de Todos (FdT) y los gobernadores han llevado a los hospitales a esta situación crítica, donde los problemas centrales son los salarios devaluados, la precarización laboral y la falta de personal.
El gobierno de Schiaretti sale a ofrecer bonos y una revisión paritaria miserable (28% en 3 cuotas) como manotazos de ahogado ante la situación. Intenta dar aire a las mediaciones burocráticas de los sindicatos y asociaciones médicas, pero los trabajadores no se dejan engañar. Un ejemplo: el lunes 14/11 en el Hospital Córdoba una masiva asamblea votó mantener el paro de 72hs ante la extorsión de una “mesa de negociación” condicionada al levantamiento de las medidas. El mismo lunes, la asamblea del Misericordia incluyó entre las resoluciones votadas “rechazar cualquier ofrecimiento o negociación por hospital o grupo ocupacional”. La fragmentación sindical es un grave problema que viene de hace muchos años. El SEP es repudiado entre los trabajadores de salud, mientras los demás sindicatos (ATSA, ATE, UTS) y las asociaciones médicas aportan a la división, buscando agrandar sus pequeños aparatos. Actualmente la fuerza de las asambleas disciplina a las conducciones, pero es necesario avanzar en la organización y poner en pie una dirección alternativa con una política combativa y de independencia de clase para imponer al gobierno nuestras condiciones.
Por un gran plenario interhospitalario
La fortaleza de la lucha está en las asambleas por hospital. Pero para unificar la lucha no basta con la mera coordinación, debemos poner en pie un gran Plenario de Delegados Hospitalarios mandatados por la base. Este plenario debe ser provincial, si bien podría contemplar instancias intermedias como plenarios por departamento o ciudad. En un plenario de esas características podremos unificar y fortalecer el plan de lucha y un pliego único de reivindicaciones. Y sobre todo, votar nuestros delegados paritarios para negociar con el gobierno. ¡Ninguna medida se baja ni se firma ningún acuerdo sin el aval de las asambleas! Hay que hacer propia la resolución del Misericordia: rechazar cualquier ofrecimiento o negociación por hospital o grupo ocupacional. Está planteado, al calor de la lucha, dar pasos hacia la recuperación de los sindicatos con el objetivo de conquistar un sindicato único de los trabajadores de la salud.
Unidad de clase
La lucha de salud es la más importante que recorre la provincia, pero no la única. También en las fábricas de la UOM se dan peleas contra los salarios de miseria, en NA e IBF (neumáticos) se lucha contra el despidos de un trabajador y la persecución patronal, los docentes se reagrupan contra la burocracia de la UEPC, el movimiento piquetero marcha contra los recortes de planes. La primera consideración es que la paritaria estatal provincial siempre arroja el mismo acuerdo para todos, aunque el gobierno finge negociar por separado (en realidad impone el aumento a Monserrat y Pihén). Hay que imponer a Schiaretti una verdadera paritaria, una paritaria estatal única con delegados paritarios elegidos en asambleas y plenarios estatales con la participación de los trabajadores de las escuelas, los hospitales y demás reparticiones.
La bronca con el gobierno es generalizada, viene saltando todo el pus de una gestión que defiende los intereses de las grandes patronales, nacionales y extranjeras (muerte de los bebés, casos de gatillo fácil, impunidad de Oscar González). Los trabajadores de la salud tienen la autoridad para ponerse al frente de la lucha contra el gobierno, encabezando no solo la pelea por el salario, sino también por tirar abajo las leyes represivas que pretenden regimentar aún más las marchas. Esa autoridad también se la ganaron con sus actuaciones en la pandemia, sosteniendo las condiciones de salud de los trabajadores y la población en las peores condiciones, saliendo incluso a enfrentar la decadencia del sistema de salud. Con esa autoridad pueden convocar a todo el movimiento obrero a sublevarse contra sus conducciones sindicales traidoras que dejan pasar el ajuste del FMI por sus pactos con el FdT y los gobiernos provinciales, impulsando un Congreso Provincial de delegados de base de la industria, los servicios, estatales y del movimiento piquetero, para ir por el paro activo provincial afectando las bases del poder de nuestros enemigos de clase, que están en la producción. Por una central única de trabajadores.
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Tiremos abajo las leyes represivas con el paro provincial
En octubre pasado inició el tratamiento de dos proyectos de ley en la legislatura de la provincia de Córdoba. Uno de ellos contempla multas, arrestos y trabajo comunitario para aquellos que osen manifestarse en las calles, de autoría de Juan Manuel Cid del PJ provincial, Hacemos por Córdoba. El otro, de similar tinte antiobrero, del bloque de la UCR a cargo de Dante Rossi y Verónica Garade Panetta, pretende regular y limitar las marchas a un radio determinado fuera de las calles céntricas. El ingreso de ambos proyectos a comisión de la unicameral cordobesa nos pone en alerta a las organizaciones sindicales, políticas y sociales que a diario debemos enfrentar la criminalización de la protesta.
La provincia de Córdoba es escenario de tensiones en todo el arco político burgués de cara a las elecciones del año próximo. La conocida disputa dentro del PJ entre el schiarettismo y el kirchnerismo nacional, aún no está saldada. El oficialismo provincial viene tapando baches desde la renuncia del Ministro de Salud por los casos de la muerte de los bebés en el Hospital Neonatal. También está sentada en el banquillo de los acusados la ex-cúpula de seguridad por el caso de gatillo fácil que asesino a Valentino Blas Correa en plena cuarentena. Sumado al reciente caso de Oscar González – hasta hace días presidente de la unicameral- quien protagonizó un verdadero crimen vial en la ruta de las Altas Cumbres conduciendo un auto oficial judicializado, con patente melliza, que dejó como saldo el fallecimiento de una docente y dos adolescentes internadas en grave estado; una muestra acabada de lumpenaje, privilegios e impunidad oficial. La causa está cargada de irregularidades y encubrimiento por parte de policías y bomberos del operativo, que dejaron manipular la escena por familiares de González, alterando claramente las pruebas. Nos solidarizamos con los familiares y amigos de las victimas, estaremos presentes en la marcha de repudio y reclamo de justicia el próximo 16 de noviembre.
Mientras oficialismo y oposición burguesa siguen la carrera por las candidaturas tratando de sortear los imprevistos, los trabajadores vivimos con salarios de hambre, con una inflación proyectada que superará los tres dígitos y como si esto fuese poco tenemos despidos, suspensiones y un ataque furibundo a nuestras organizaciones sindicales. El caso del despido sin causa de Facundo Díaz, trabajador de la empresa Neumáticos de Avanzada (NA) es la muestra de una patronal que recurre al disciplinamiento interno mediante la persecución sindical para impedir la elección de delegados sindicales. La reincorporación de Facundo a su puesto de trabajo es tarea del SUTNA y de todos los cuerpos de delgados combativos y activistas que a diario defendemos a nuestros compañeros de los ataques patronales. Los delegados antiburocráticos de Bagley Córdoba, tras hacer retroceder a la empresa de la implementación del trabajo continuo (weekend), reciben un segundo intento de desafuero sindical. También se reiteran los casos de persecución a delegados y activistas en los hospitales provinciales, con traslados y denuncias armadas de maltrato en los hospitales Tránsito Cáceres, Rawson, Misericordia, entre otros. Debemos enfrentar al Estado/patrón y a los empresarios del sector privado con nuestros métodos y organizarnos de forma independiente. Como vemos en Bagley, estos golpes muestran el temor de nuestros enemigos de clase a la potencia de nuestros métodos cuando salimos a luchar. Y nuestra clase lucha: así lo demostraron los paros y marchas masivas de los docentes de UEPC, los paros de ADIUC y la UTA, y actualmente las asambleas y movilizaciones de los hospitales provinciales que el miércoles 16 van al paro general de salud y a una gran movilización.
La burocracia de la CGT Córdoba está tan ocupada en sus peleas intestinas por normalizar la regional y direccionar al movimiento obrero detrás de alguna variante burguesa para el próximo año, que no puede ocuparse seriamente de las restricciones a las movilizaciones que lanzan desde la legislatura. Tímidamente salió Pihén en calidad de dirigente gremial y compañero de Cid en la legislatura, a rechazar esta iniciativa y sumó las firmas de algunos gremios. También el triunvirato interventor impuesto por la CGT nacional compuesto Urbano (UOM), Luján (camioneros) y López (ATSA) se limitó a sacar una tibia declaración sin llamar a ninguna medida de fuerza. A su vez, la burocracia de todos los colores, ensaya el disciplinamiento firmando paritarias a la baja, dejando pasar la intensificación de los ritmos de trabajo, mayor precarización y tercerización laboral, pluriempleo, traslados compulsivos, aumento de las suspensiones y despidos. Todo ello como garantía de adhesión al plan de ajuste de Massa, Cristina y Alberto, a pedido del FMI. Plan de ajuste que en Córdoba garantiza HxC y la tríada opositora UCR-Pro-juecismo y del cual se benefician las grandes patronales imperialistas (automotrices) y “nacionales” (ARCOR como ejemplo).
La Multisectorial del FIT-U
El pasado martes 1 de noviembre, el FIT-U convocó a una reunión para poner en discusión el armado de una multisectorial como respuesta a la presentación de los proyectos de ley del PJ y la UCR. La misma tuvo lugar en el sindicato de Luz y Fuerza (LyF) y estuvimos presentes diferentes sindicatos, organizaciones políticas y sociales. Saludamos la iniciativa. Ahora bien, la presencia de un variopinto auditorio entre los que se encontraban organizaciones abiertamente kirchneristas y sectores de la burocracia sindical, como la dirección de LyF, Cispren, La Mesa de Trabajo por los DDHH, CTA-A, ATE, S.U.V.I.C.O, y los laderos del Frente de Todos (FdT) como el PCR llevaron a que todas las intervenciones giraran en torno a la más amplia unidad contra Schiaretti, intentando obviar las claras responsabilidades del FdT, no solo en el ajuste en regla que aplican desde nación, sino en la política represiva que despliegan en las provincias que gobiernan como Bs. As. con el milico Berni a la cabeza, o con las fuerzas federales en el sur y norte del país. Por no hablar del largo prontuario de represiones, desde las torturas a los petroleros de Las Heras, pasando por la complicidad con los asesinatos de Mariano Ferreyra, la desaparición de Julio López, hasta los desalojos en Guernica y la línea represiva del “quedate en casa” a los tiros. Pero también los convocantes del FIT-U priorizaron, tal como señalan en el documento de convocatoria, el “frente más amplio” para no incomodar a los invitados. También el Nuevo MAS sostiene esta política de “coqueteo permanente” con el kirchnerismo. Solo nuestra organización intervino claramente saludando la iniciativa pero manifestamos la negativa a jugar dentro de la interna del peronismo. Lamentamos que, ante la nutrida presencia de trabajadores y delegados de diferentes ramas y sectores, la idea sea la de poner en pie una multisectorial con carácter policlasista. Nos negamos a llevar a la vanguardia obrera detrás de la conciliación con aquellos burócratas que como ya mencionamos más arriba le firmaron la tregua a Massa, Cristina y Alberto para que seamos los trabajadores y el pueblo pobre los que paguemos las consecuencias de un acuerdo con el FMI. No será con los métodos de la democracia burguesa y sus instituciones como vamos a organizar una respuesta obrera a la altura del ataque. Debemos ser claro, la política de “frentes amplios contra la derecha” liquida la independencia de clase, como han demostrado las últimas experiencias continentales (voto a Lula) y a nivel nacional.
Abajo las leyes antimarchas
Rechacemos este intento de cercenar la movilización de la clase obrera, las organizaciones piqueteras y de otros sectores en lucha. Llamamos este 23 de noviembre a marchar y daremos la pelea política en las próximas reuniones para que la marcha la encabecen los sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados recuperados, los activistas y la juventud trabajadora, con una clara denuncia al ajuste del FMI que aplica el gobierno nacional y a la complicidad de la burocracia sindical. Debemos discutir en cada lugar de trabajo y estudio las medidas para voltear estas leyes y avanzar en una salida obrera a la crisis. Proponemos mocionar en cada asamblea el llamado a un Congreso de delegados de base mandatados de trabajadores ocupados y desocupados que prepare un paro provincial activo, para tirar las leyes represivas, conquistar todas nuestras reivindicaciones y dar por tierra con el ajuste. Es una lucha que debemos extender nacionalmente con el paro general e internacionalmente con la unidad con los trabajadores del todo el continente y a nivel mundial. Los llamados a “defender la democracia” burguesa son una trampa que nos lleva a defender a un bando patronal contra otro, la salida para nuestra clase es luchar por un gobierno obrero.
Presentación del libro “Sobre la Revolución y el Programa” en Córdoba
El último sábado, 5 de noviembre, realizamos la presentación en Córdoba del libro “Sobre la Revolución y el Programa”, Cuaderno de la COR #2, en el marco del ciclo de charlas Perspectiva Marxista. En el local de la regional, la exposición estuvo a cargo del camarada Manuel Tornello, delegado docente del SUTE de Mendoza y redactor de El Impreso de la COR. El camarada abordó el contenido del libro en tanto desarrollo de los núcleos teórico-políticos centrales del trotskismo como continuidad del marxismo revolucionario, a partir de una caracterización de la situación mundial signada por la crisis económica, la inflación, la guerra en Ucrania, fenómenos de descomposición de las instituciones de dominación burguesa (Chile y Brasil) y de desarrollo de procesos de lucha de clases de distinto tipo. Luego, se abrió un rico debate en relación al programa y a las tareas que debemos encarar en los lugares de trabajo y estudio, así como en los sindicatos, para hacer carne estas discusiones en la clase obrera a fin de poner en movimiento nuestra “guía para la acción revolucionaria”. Las experiencias de organización de las que fueron y son parte las y los compañeros presentes dieron una riqueza destacable a las discusiones y avanzamos en algunas conclusiones como la necesidad de agrupar a la vanguardia a partir de la “compresión común de las tareas”, lo que lleva al problema de la crisis de dirección revolucionaria y la necesidad de reconstruir la IV Internacional, el partido mundial de la revolución socialista, como vía para saldarla. Discutimos también una serie de propuestas para dar continuidad al estudio del Cuaderno y para participar en las experiencias de organización sindical, en la provincia y a nivel nacional a partir de las ramas de producción, así como en las luchas que se vienen desarrollando. En particular, definimos participar de las iniciativas que impulsa la izquierda, sindicatos y otras organizaciones contra la aplicación de una nueva legislación represiva que los partidos patronales impulsan en la legislatura provincial, sin dejar de delimitarnos de la política de “frente amplio contra la derecha” que liquida la independencia de clase como han demostrado las últimas experiencias continentales (voto a Lula) y a nivel nacional.
A partir de esta presentación, continuaremos impulsando el debate en el seno de las organizaciones obreras y con la izquierda en relación al problema del programa y la necesidad de retomar la discusión de la revolución, su carácter, su nexo interno y su método, tarea social sin la cual cualquier “transformación socialista” no pasa de ser una utopía, sino directamente un fraude para encubrir una política de adaptación a la democracia burguesa y a la conciencia actual de las masas.
POST ELECCIONES EN BRASIL
¡ORGANIZAR NUESTRA INTERVENCIÓN INDEPENDIENTE Y CLASISTA!
Publicado el Domingo, 06 de noviembre de 2022 en TRCI
Por LOI -Brasil
Una semana después de conocerse los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales, con la victoria de Lula sobre Bolsonaro para la presidencia, la transición gubernamental comienza a diseñarse en medio de las protestas de Bolsonaro, la disputa por el presupuesto de 2023, las negociaciones y los reordenamientos parlamentarios para construir la gobernabilidad en la democracia burguesa semicolonial brasileña.
Desde que Lula salió de la cárcel a finales de 2019, el petista ya era el candidato definitivo para las elecciones de 2022, sin apenas oposición dentro del propio partido. El tiempo que siguió a su liberación fue utilizado para la consolidación del Frente Amplio en torno a su nombre y también para la reconstrucción de los vínculos entre el PT y las facciones burguesas que habían participado en sus gobiernos anteriores, pero que abandonaron al Partido de los Trabajadores debido a la lentitud para aprobar el paquete de reformas necesarias para que mantuvieran o recuperaran sus márgenes de ganancia.
Los pésimos resultados económicos del gobierno de Bolsonaro, aún con la aplicación y profundización de varias de estas reformas, sumados a la desastrosa gestión de la pandemia, hicieron que el gobierno perdiera fuerza con algunas fracciones de la burguesía, especialmente la industrial, y fortaleció aún más al "centrão" ante la débil gestión de Bolsonaro. La derrota electoral de Trump en Estados Unidos también fue un duro golpe para esta administración, ya que Trump era el principal vínculo de Bolsonaro con el imperialismo.
En esta coyuntura, y con Lula coqueteando abiertamente con los sectores más vinculados ideológicamente a Bolsonaro, como las iglesias evangélicas, el gobierno no tuvo más remedio que utilizar todo el poder de la maquinaria estatal en su intento de reelección, junto con su poderoso aparato de producción y difusión de propaganda y fake news. Bolsonaro retiró dinero de sectores estratégicos y provocó un enorme agujero en las cuentas, desviando ese dinero al "presupuesto secreto", una forma de asignar dinero público a los diputados de su base para que realicen obras o actividades para comprar votos en sus bases electorales. También extendió las transferencias a las prestaciones sociales, con el llamado "PEC kamikaze", que creó un estado de emergencia para maniobrar la legislación electoral.
Aun así, por primera vez en la historia electoral de Brasil, un presidente no fue reelegido. Esto se debe a que el aparato estatal, en una democracia burguesa, siempre se utiliza para el mantenimiento de la fracción burguesa que ocupa el gobierno. Bolsonaro no fue una excepción a la regla; la novedad fue que no tuvo éxito. Incluso con el gobierno recurriendo violentamente a todos estos recursos, las elecciones fueron ganadas por el candidato del PT. La diferencia de votos entre los dos candidatos en la segunda vuelta fue de dos millones. Después de perder por un estrecho margen en la mayoría de las regiones, Lula ganó por un amplio margen en los estados del Nordeste y también ganó por un estrecho margen en Minas Gerais, la segunda mayor región electoral después de São Paulo.
Tan pronto como se anunció el resultado, Biden y Macron salieron inmediatamente a felicitar a Lula por su victoria, seguidos por otros líderes del imperialismo mundial y los gobernantes de América Latina, demostrando que el gobierno de Lula servirá bien a los intereses imperialistas en la región. Tampoco tardó mucho tiempo en que gran parte de las bases bolsonaristas desembarcaran ya de su gobierno, haciendo señas al siguiente gobierno para que gestionara sus asuntos. El gobernador electo de São Paulo, aliado de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no tardó en expresar su interés en colaborar con el gobierno federal. Las iglesias evangélicas, que fueron el principal soporte ideológico del bolsonarismo en las periferias, ya se han pronunciado, a través de líderes como Silas Malafaia y Edir Macedo, para que se reconozcan y respeten los resultados de las elecciones burguesas, Edir Macedo, líder de la Iglesia Universal, ha llegado a afirmar que hay que perdonar al PT por sus errores. El "centrão" parlamentarios también dieron la bienvenida al nuevo gobierno, con figuras como Rodrigo Maia (ex presidente de la Cámara de Diputados) y Arthur Lira (actual presidente de la Cámara), felicitando al nuevo/viejo presidente e iniciando la negociación de posiciones de apoyo al gobierno del PT.
Por último, quedó la desesperación de la pequeña burguesía y de algunos empresarios bolsonaristas "radicalizados" por la máquina de profusión de "fake news" de Bolsonaro. Creyendo que hubo algún tipo de trampa en el proceso electoral, y que su presidente Jair Bolsonaro es el ganador de facto, se han lanzado a ocupar avenidas y carreteras en señal de protesta, deseando de alguna manera revertir los resultados de la elección. Anhelan un recuento de votos y también piden a las Fuerzas Armadas que garanticen el orden por las armas. Tan embriagados están en su delirio que no se han dado cuenta de que el propio imperialismo lleva tiempo señalando que Bolsonaro ya no sirve a sus intereses y, por tanto, no hay la más mínima posibilidad de que se produzca ninguna acción de este tipo. El propio vicepresidente de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão, trató de calmar los ánimos de los manifestantes, que apelan a las Fuerzas Armadas para una intervención, afirmando que esa acción pondría a Brasil en una "situación difícil ante la comunidad internacional" y que la resistencia al gobierno de Lula debe realizarse de forma política.
Ante los cierres de carreteras por parte de camioneros, empresarios y la pequeña burguesía bolsonarista, las organizaciones centristas defienden la intervención "independiente" del proletariado para despejarlas y la autodefensa como política ante manifestaciones y actos de carácter fascista, por el respeto a la democracia y al resultado electoral. Es una burla pretender que la intervención proletaria en defensa de la democracia (burguesa) o el respeto a los resultados electorales, después de haber defendido la participación en las elecciones y el voto a Lula, sea una política de clase independiente. Más aún cuando el cierre de carreteras es una de las formas de manifestación y lucha obrera, ya que impide la circulación de mercancías y afecta a la producción, junto con las ocupaciones de fábricas, centros de trabajo y de estudio. Si la pequeña burguesía se sirve de los métodos históricos de lucha de la clase obrera para defender los intereses de una fracción de la burguesía, es necesario que los trabajadores impongan sus intereses y levanten sus banderas de clase en contrapunto político y no atacando el propio método.
Los pobres, los trabajadores y las hinchadas organizadas han demostrado que la acción directa contra los bloqueos bolsonaristas debe tener lugar y estar relacionada con sus intereses, como su propia circulación y la defensa contra los ataques cobardes. Sin embargo, no es tarea de la clase obrera garantizar la circulación y reproducción del capital, esta garantía la ejerce generalmente el brazo represivo del Estado burgués, que es la policía. Tanto es así que la justicia y los gobiernos estatales no tardaron ni un día en ordenar el desbloqueo de las carreteras, incluso con el uso de la fuerza, y el propio Bolsonaro tuvo que dar la cara y decir que el bloqueo de las carreteras es "una cosa de izquierdas", pidiendo a los manifestantes que utilizaran otros métodos. Aislado y a pesar de no reconocer formalmente la victoria de Lula, Bolsonaro no se ha puesto al frente de estas manifestaciones, limitándose a hacer dudosas declaraciones sobre el respeto al proceso de transición y la legitimidad de las protestas que cuestionan el resultado.
El proceso de transición comenzó oficialmente con el nombramiento de Geraldo Alckmin, vicepresidente de Lula, por parte del ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, al suponer el tamaño del agujero en las arcas públicas que dejará el actual gobierno. Henrique Meirelles, ex presidente del Banco Central y ex ministro de Finanzas de los gobiernos del PT y considerado por el mercado como el ministro de Economía del nuevo gobierno, declaró que el agujero estimado por organizaciones independientes es tres veces mayor que el declarado por el gobierno, acercándose a los 400.000 millones de reales. Con ello, defiende la flexibilización fiscal para el inicio del mandato y una reforma administrativa "bien hecha". Alckmin ya está negociando con el ponente del presupuesto, Marcelo Castro (MDB), un PEC de "Transición" para eliminar del techo de gastos los gastos "inaplazables" y para los que no hay recursos disponibles para el próximo año, entre los que se encuentran las promesas de campaña de Lula, como el mantenimiento de la ayuda de 600 reales, recursos para almuerzos escolares, reajuste del salario mínimo, ingresos para programas de salud como la Farmacia Popular, entre otros.
La política independiente de la clase obrera, con la defensa de nuestras pautas, en sí misma, es la oposición y el enfrentamiento directo no sólo contra las manifestaciones de la pequeña burguesía de Bolsonaro, sino principalmente contra la política del Estado burgués en su crisis histórica, que, bajo cualquier gobierno, avanzará sobre nuestra clase. Se ha establecido que, con el brutal endeudamiento público, con la caída histórica de la productividad y de la inversión, el gobierno de Lula, aliado con la burguesía, tendrá que profundizar las reformas que imponen una mayor relación de explotación del capital sobre el trabajo, bajo la total connivencia de las direcciones que blindarán el gobierno como forma de defensa de la "democracia". Al defender la intervención proletaria en el respeto a la democracia y a los resultados de las elecciones, las direcciones políticas y sindicales dan carta blanca al gobierno de Lula para hacer la transición con el gobierno de Bolsonaro sin más inconvenientes.
Es necesario, por lo tanto, plantear en cada organización sindical y estudiantil la necesidad de realizar asambleas que exijan a las centrales sindicales la realización de un congreso de delegados elegidos por las bases para construir un plan obrero para salir de la crisis y enfrentar los ataques; para deponer las reformas laboral, previsional, educativa y administrativa; para plantear la lucha por la escala móvil de horas y salarios y la necesidad de expropiar a los expropiadores. También es necesario que, desde nuestras estructuras, organicemos la autodefensa contra los ataques protofascistas de la pequeña burguesía bolsonarista, y especialmente contra el brazo armado del Estado burgués.
¡NUESTROS INTERESES DE CLASE SON IRRECONCILIABLES CON EL ESTADO BURGUÉS! EN LA SEGUNDA VUELTA, ¡SEGUIREMOS VOTANDO NULO!
Publicado en trci-web.org. Sábado, 15 de octubre de 2022
Las elecciones generales en Brasil, que tuvieron lugar el 2 de octubre, no cumplieron con la expectativa de que Lula ganara en la primera vuelta, a pesar de que las encuestas de los principales institutos mostraban, hasta dos días antes de la elección, un margen de más del 10% de Lula sobre Bolsonaro. Cuando las encuestas aún estaban en marcha, los datos ya indicaban que Brasil profundizaría su giro a la derecha, que resultó ser mayor que el propio Bolsonaro. El candidato del PT sólo superaría al actual presidente tras el recuento del 70% de los votos. En todas las regiones, la carrera en la segunda vuelta sigue siendo reñida. Las posibilidades de Lula de ganar siguen siendo mayores, sólo porque tiene una gran ventaja en el Nordeste.
La disputa electoral se presentó desde el inicio del gobierno de Bolsonaro, como la agenda central de la política nacional. Todos los sectores políticos pensaban sólo en 2023. Bolsonaro, que fue elegido como un pretendido outsider dentro de la crisis de los partidos de la época, criticando la "vieja política", desembarcó por completo, a mitad de su gobierno, en las filas de los centristas. Cabe destacar que Bolsonaro siempre ha sido y es un parásito de este sector, proveniente del llamado bajo clero de la Cámara de Diputados. Después de haber adjudicado el gobierno a los jefes de este sector, construyó y bancó, especialmente a través de las acciones de Ciro Nogueira, ministro de la Casa Civil, un cambio en las bases que apoyaban su política económica. Adoptando, entonces, una política de asistencia a la renta de un contingente de precarios, empobrecidos y hambrientos, rompiendo, de esta manera, con la prerrogativa del techo de gasto, querida por los sectores del capital financiero y por Paulo Guedes, Ministro de Economía. Todo ello con el objetivo de ampliar su base electoral y al mismo tiempo responder a los catastróficos resultados de la economía, que catapultaron su rechazo en vísperas de la campaña.
A pesar de todo el discurso ultraconservador, negacionista, militarizador y antisistema, convertido en un ataque al régimen democrático y a sus instituciones, y a la "limpieza" de las elecciones, consiguió imponerse, sin dejar espacio a la "tercera vía", que durante todo el periodo intentó superar sus crisis internas, sin éxito. Es importante destacar que a pesar del juego fascista del actual presidente, este discurso es retroalimentado por las bases de Bolsonaro, que han realizado amenazas, atentados y hasta asesinatos de activistas, figuras políticas, trabajadores y todo aquel que se interponga entre sus intereses materiales y políticos, en la relación capital versus trabajo.
Estas elecciones tienen lugar, objetivamente, en medio de un gobierno calamitoso, responsable de centenares de miles de muertos en la pandemia, de una grave crisis en varios frentes en la región amazónica que resulta en el exterminio de los pueblos nativos, de los recortes sin precedentes en áreas como la educación, la ciencia y la cultura y de la profundización de las reformas de la seguridad social y del trabajo que tienen un impacto brutal sobre las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores.
Además, también están las tendencias políticas que se están desarrollando como resultado de la recesión económica que está asolando el país, resultado de la crisis económica que se agudizó con la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania. Esta recesión se refleja en la alta inflación, las elevadas tasas de desempleo y la profunda desindustrialización, que repercute en las condiciones de vida concretas de todos los trabajadores, con la bajada de los salarios y el inevitable retorno del hambre y la miseria.
La polarización política resulta de esta situación y revela una sociedad fracturada por las disputas de intereses entre fracciones de una burguesía débil frente a la exigencia capitalista de profundización de la explotación y expansión de la extracción de plusvalía y aplicación de la receta de reformas y reducción de la máquina estatal. La burguesía tenía el claro objetivo de plantear la llamada tercera vía, que no se concretó y rápidamente se decidieron entre Lula y Bolsonaro.
En las postrimerías de la elección, observamos el fortalecimiento de la derecha con el crecimiento de los partidarios y nombres vinculados al gobierno de Jair Bolsonaro. De acuerdo con los resultados obtenidos, hubo avances en los gobiernos estaduales, tendrán la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes, ampliando su base de aliados en el Senado. Esta actuación de candidatos anclados en agendas reaccionarias consolida en el país la ola de la extrema derecha surgida en las elecciones de 2018.
Hay un retroceso en el nivel de conciencia de la clase obrera, impulsado por la renuncia a las luchas por parte de las direcciones políticas y sindicales de la clase en favor de la actuación dentro del régimen democrático burgués. Esto lleva a amplios sectores de la clase trabajadora a convencerse de que a través del voto pueden lograr cambios concretos en la realidad. Este movimiento se convierte en una derrota y en un retroceso de la lucha necesaria, que no se está levantando para derrotar los ataques del gobierno y todo ascenso reaccionario.
En esta cuestión, es fundamental considerar el proceso de desindustrialización, que se está produciendo en Brasil desde hace décadas, y que se intensifica en la situación actual, y también tener en cuenta la aplicación de reformas como la laboral y la de la seguridad social. Esto ha arrojado a la informalidad y a la "uberización" a un enorme contingente de trabajadores que, desestructurados y desorganizados, son cooptados en su conciencia por las ideologías de la "teología de la prosperidad", la creencia en el emprendimiento y cualquier solución inmediata en el campo meritocrático. Esta situación se sustenta en el auge de la acción religiosa, especialmente de los neopentecostales, que definen las periferias empobrecidas como un escenario de disputa ideológica que debe convertirse en votos. Este es el núcleo de la militancia de Bolsonaro activa en estas regiones, dirigida por la propagación masiva de un discurso conservador a través de las redes sociales. Cabe recordar que Bolsonaro también lidera en estos sectores de bajos ingresos, históricamente votantes del PT. En la segunda vuelta, intensifica el uso de la maquinaria gubernamental para seguir avanzando en los votos de estos sectores. La propia constitución de las clases sociales indica la inviabilidad de la igualdad social en el sistema capitalista. La crisis económica expresa el choque entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, pero sólo en la dinámica de la lucha de clases se eleva el nivel de conciencia.
El hecho es que el reformismo blindó al gobierno de Bolsonaro, ocupado sólo en hacer campaña electoral, no movilizando a las masas ni siquiera para la política burguesa del juicio político, durante el Comisión Parlamentaria de Interrogratorio de la pandemia. Por otro lado, el discurso antisistema de Bolsonaro creó el ambiente propicio para que los partidos reformistas intensificaran la constitución de un Frente Amplio contra el "fascismo, el golpe" y por la democracia. Esta política ha permitido al reformismo asumir, sin ningún tipo de pudor, un acercamiento a los sectores políticos de la derecha y agitar los brazos a todos los sectores burgueses, dando totales muestras de que no hará grandes cambios en la política económica, que también aplica el actual gobierno, ya que es una política de Estado y no de gobierno. Así, en nombre de la democracia, partidos como el PSOL, por ejemplo, no tuvieron ningún problema en lanzarse en cuerpo y alma a la formación de este frente amplio, asumiendo el plan petista, que unirá "capital y trabajo" para defender la democracia burguesa, derrotando a Bolsonaro en las urnas.
Es en este contexto que Lula, seguido por todos los segmentos reformistas y las centrales sindicales, se muestra viable para la burguesía como próximo gestor de sus negocios. Lula es el nombre del capital en estas elecciones. No es casualidad que haya elegido a Geraldo Alckmin (PSB y ex-PSDB) como su vicepresidente, así como que busque, desde el inicio de la campaña, mostrarse como el garante de un programa político que garantice el mantenimiento de la acumulación de capital por parte de la burguesía nacional e imperialista y refuerce la tarea de controlar el ascenso de las masas en América Latina, sería la guinda del pastel dentro del escenario de la llamada "ola rosa" que se despliega en la región. Para ello, ha dialogado con los organismos de dominación obrera como FIESP y FEBRABAN, tentáculos del capital financiero. También ha indicado garantías a la burguesía agroalimentaria, el sector más asociado al bolsonarismo.
Se trata de un frente que se presenta como nacional-desarrollista ante sus aliados burgueses, cebando a los trabajadores con un Estado supra-clasista y una democracia extra-clasista, oscureciendo el carácter de clase del Estado, que es burgués, y la democracia como una forma de dominación dictatorial de la burguesía sobre la clase obrera. El Partido de los Trabajadores es un partido pequeño burgués, con sus vicisitudes y desviaciones burocráticas, sus llegadas electorales buscan su paraguas en el Parlamento burgués, muestran que durante mucho tiempo el PT ha buscado ser el vínculo entre la burguesía nacional y los imperialistas y las masas trabajadoras, tendiendo a garantizar el yugo de la opresión del capital sobre la clase obrera. Si gana las elecciones, Lula gobernará para la burguesía de los grandes monopolios productivos nacionales e internacionales.
También es imprescindible no pasar por alto el papel que el centrismo ha jugado en el proceso electoral, caminando sin problemas por el terreno de la papeleta burguesa, en el campo del orden y las reglas de mantenimiento de la propiedad privada de los medios de producción, sin arañar el sagrado derecho a la propiedad. El alcance del "Polo Socialista Revolucionario" ha demostrado ser débil, sin un corte de clase, sustituido por el discurso de la "democracia universal". Esta adaptación aleja a importantes sectores de los trabajadores de la lucha por la revolución proletaria, considerando la democracia abstracta en lugar de la democracia burguesa en sus tiempos de decadencia. Al igual que el reformismo, se anclaron durante todo el gobierno actual en la defensa del anticolonialismo, limitándose a las acciones de "Fuera Bolsonaro" y a la lucha por las agendas identitarias. Se sitúan bajo la bandera del estatismo, simplemente sentados en el programa de transición, dejando de lado las banderas de la lucha de clases, de la dictadura revolucionaria del proletariado, de la toma del poder político por el proletariado, de la expropiación de la burguesía.
La noción de "la democracia que necesitamos" o de una democracia con "contenido democrático de los trabajadores", a través de la lucha con "independencia de clase y autoorganización por la base" defendida por el MRT, muestra una confusión entre "democracia" y gobierno, como si una democracia obrera fuera posible bajo el capitalismo. El PSTU, por su parte, afirma que es necesario un "programa socialista, obrero y revolucionario" para derrotar a la extrema derecha, junto con el "sistema" que la ha creado. Por lo tanto, está claro que dicho programa no es un programa de transición para acercar los enfrentamientos necesarios a la revolución socialista. No es otra cosa que un plan de gobierno del Polo Socialista y la conclusión es: "por eso es un error apoyar a Lula en la primera vuelta", dejando claro que "pasar a la acción con independencia de clase" tiene fecha de caducidad. En la segunda vuelta, plantean un voto crítico a Lula, abandonando el supuesto programa revolucionario para dedicarse a la primera tarea, que es derrotar a Bolsonaro en las urnas.
El hecho es que el malabarismo discursivo de la idea de "independencia de clase" deja claro el avance en la adaptación del centrismo al Estado burgués. De esta manera lanza humo a los ojos de la clase obrera, abraza a la pequeña burguesía, renuncia a denunciar que el Estado burgués es el brazo articulado opresor y represor de la relación capital versus trabajo, en un momento de agudización de la lucha de clases.
Ante este escenario político brasileño, cada vez está más claro que la polarización planteada en estas elecciones seguirá siendo la tónica de la política brasileña, no se superará después de la segunda vuelta. El hecho es que la burguesía seguirá buscando el orden político que más convenga a sus intereses y está claro que eso pasa por la elección de Lula y Alckmin, por lo que está claro que Lula no gobernará para los trabajadores. Tenemos que saber que tanto la formación de un frente amplio, como el bolsonarismo aumentan la necesidad de que los trabajadores se vuelquen en sus tareas históricas y pongan la lucha de clases a la orden del día.
Para ello, la situación de profundización de la crisis económica y política que plantean estas elecciones exige la necesidad de que los trabajadores voten nulo. El voto nulo es una posición tomada en el marco de la independencia de clase, ya que la salida para los trabajadores no será a través de las instituciones del régimen democrático burgués, sino a través de la acción directa en las calles, con huelgas y ocupaciones, por tanto, recuperando los métodos de lucha acumulados históricamente. Como defendía Lenin, "la burguesía se ve obligada a falsear la verdad y a llamar a la república democrática (burguesa) "gobierno popular", o democracia en general, o democracia pura, que en la práctica representa la dictadura de la burguesía, la dictadura de los explotadores sobre las masas obreras..." (1918)
Cualquiera de estos posibles gobiernos intensificará el choque entre el capital y el trabajo. Es fundamental que volvamos a nuestras bases, enfrentando a las burocracias traidoras y levantando una política que recuerde la estrategia de la revolución proletaria, postergada por la política reformista y centrista de ocupar espacios en el campo democrático como una tarea urgente para la clase obrera. Para nosotros, los trabajadores, la política central es construir un partido revolucionario, bajo la IV Internacional, que ponga en marcha el programa de transición hacia la dictadura del proletariado.
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