Cada año en Grecia, el 17 de noviembre la juventud y los estudiantes del país salen a las calles para conmemorar la Revuelta de la Universidad Politécnica que en el año 1973 enfrentó a la junta militar que gobernaba el país. Este año, el gobierno de Nueva Democracia encabezado por Mitsotakis lanzó la prohibición de cualquier manifestación en el marco de la nueva cuarentena impuesta ante la llamada segunda ola de la pandemia. Como en todos los países, esta medida reaccionaria, lejos de proteger la salud del pueblo, sirve para defender los sistemas de salud de la burguesía del colapso, sistemas que vienen siendo desmontados por las políticas de ajuste aplicadas por el imperialismo frente a la crisis del 2008 e incluso antes. En el caso de Grecia, el ajuste fue impuesto por la Troika (UE, FMI, BCE) a través de una serie de memorandums, el último de los cuales fue garantizado por el gobierno de Syriza y Tsipras.
La verdadera cara de la cuarentena es la represión ejercida contra la juventud el pasado 17 de noviembre, con miles de policías en las calles de Atenas para garantizar el orden y la estabilidad de las instituciones del Estado frente a la crisis social y económica que golpean al país, y para frenar la movilización de la clase obrera, sobre todo de sus sectores juveniles, y del estudiantado. La represión de los policía no se limitó a la capital y se desató en todas las ciudades importantes. En Ioánina, al noroeste, los anti-motines atacaron a un grupo de estudiantes, con el saldo de varios heridos, 30 detenidos y 23 estudiantes procesados por diversos cargos, entre ellos varios militantes del OKDE (Organización de Comunistas Internacionalistas de Grecia).
Nos solidarizamos con los estudiantes y la juventud que en Grecia enfrentan las políticas antiobreras de la UE, el FMI y su propio gobierno frente a la crisis, medidas que pretenden imponer con la represión más cruda y brutal. Nos ponemos a disposición de los jóvenes y los compañeros del OKDE para impulsar una campaña internacional por el desprocesamiento de los 23 estudiantes de Ioánina. Bregamos por la unidad internacionalista de la vanguardia de la clase obrera en todo el mundo, a través de un debate sobre los métodos, el programa y la organización internacional que necesitamos, que para nosotros es la IV Internacional reconstruida, para que nuestra clase pueda imponer una salida obrera y revolucionaria a la crisis capitalista que atraviesa el mundo.
Esta semana, la ciudad de Córdoba fue testigo de un nuevo asesinato a manos de la nefasta policía de la provincia. Blas Correas, joven de 17 años, fue acribillado por la espalda por agentes apostados en un control de circulación, de los que abundan en los barrios, rutas y en cada puente de la ciudad desde que se dictara la cuarentena por el gobierno de Fernández. Incluso, este control represivo del territorio viene de mucho antes, a partir de la política de seguridad del gobierno de Schiaretti. Tal es la conmoción generada por el caso, que el gobierno se vio obligado a relevar a la cúpula policial de Córdoba Capital, un cambio cosmético para sostener la política represiva de siempre.
Los asesinados durante la cuarentena a manos de las fuerzas represivas ya cuenta 5 en la provincia. Se suman a muchos otros casos a nivel nacional, como el de Luis Espinoza en Tucumán y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Provincia de Buenos Aires. En nuestra ciudad, las detenciones arbitrarias y los “verdugueos” a la juventud de los barrios son moneda corriente, ahora “legalizada”, y apuntalada por la presencia de la gendarmería y el ejército. Venimos de una importante marcha por la aparición con vida de Facundo, a 3 meses de su desaparición, y se prepara una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil.
Mientras los sindicatos siguen en su tregua permanente, dándole la espalda a la juventud que sufre los abusos de las fuerzas represivas en los barrios, tenemos la responsabilidad de llevar el reclamo por justicia para Blas Correas, Luis Espinoza y tantos más, y por la aparición con vida de Facundo, al interior de las organizaciones obreras. Las fuerzas represivas del Estado, con la policía de Córdoba a la cabeza, son las mismas que reprimieron a los trabajadores de la UTA, del SUOEM, del sindicato de municipales Jesús María y de la Bagley de capital. Sólo por enumerar las represiones recientes, sin olvidar el histórico rol antiobrero de estos perros guardianes del capital. Impulsemos en cada plenario y asamblea de los sindicatos de base de la CTA una exigencia contundente: los policías no son trabajadores. ¡Fuera los sindicatos policiales de la Central! ¡Disolución de la policía! Extendamos internacionalmente el ejemplo de los sindicatos estadounidenses los que, tras el asesinato de George Floyd, exigen la expulsión de las organizaciones policiales de las centrales obreras.
También el movimiento estudiantil debe tomar en sus manos esta pelea. Que la FUC y los centros de estudiantes abran sus puertas y organicen la lucha contra la represión. ¡Que la policía se vaya de la UNC!
Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: ¡Paro General ya! Justicia para Blas Correas.
La flamante Ley del Teletrabajo presentada por el Frente de Todos (FdT) y cuestionada por el bloque de la oposición y algunos sectores empresariales, fue aprobada el jueves 30 de julio. Las modificaciones que formuló la oposición para dar el consenso en la cámara alta no fueron incorporadas dado que el peronismo contaba con la mayoría para aprobar el proyecto. Previamente, la oposición, venía desarrollando de forma pública los cambios al proyecto para favorecer a algún sector empresario que vio la posibilidad de hacer negocios con empresas de otros países con husos horarios diferentes y así cobrar los servicios en dólares y pagar salarios en pesos. Pero esto no fue posible, no porque el FdT no este seriamente pensando en favorecer a los empresarios amigos, sino porque ensaya los futuros cambios estructurales que va a pedir el FMI para la reestructuración de la parte de la deuda en manos de ese organismo imperialista. Las apuestas por parte del capital internacional dependerán de la capacidad del gobierno de Fernández para consumar la flexibilización laboral como indicio de una reforma laboral en ciernes. La velocidad con la que legalizaron el ataque mejora la performance luego de los fuertes cuestionamientos recibidos respecto al caso Vicentin, que finalizó con la derogación del DNU.
Respecto a la ley, en términos generales desde Juntos por el Cambio a Fernández, pasando por los empresarios y sindicalistas todos coincidieron en la necesidad de la regimentación del “home office” para plasmar en ley las condiciones de flexibilización laboral que se dan en los hechos. Además de profundizar la tercerización laboral. Pese a las declaraciones del séquito de burócratas peronistas que difunden las buenas intenciones de la ley para que el mercado no imponga sus reglas a falta de una normativa que regule.
Está claro que el debate sobre la Ley del Teletrabajo vino a plantear la pelea entre sectores empresariales de los servicios que saldrán a competir por un segmento del mercado, aunque algunos señalan que la ley vino a castigarlos más que a ofrecer incentivos para aquellos empleadores que apuesten por la contratación remota. Otros señalaban no tener asegurada la productividad del trabajo necesaria desde el “home office”, lanzando duras críticas a la reversibilidad como sinónimo de un aumento de la litigiosidad dado que permite de forma unilateral -por parte del trabajador - decidir la vuelta al trabajo presencial. El artículo 8º dice que si las empresas incumplen con este pedido; el trabajador podrá darse por despedido. Es tan cínico tanto el planteo de la ley como la posición de los empresarios, que lo único a lo que tendremos “derecho” los trabajadores será de acudir a la justicia (burguesa) y de forma individual para reclamar por una indemnización. Todo una demostración de por qué los trabajadores debemos rechazar de plano semejante ataque . Más aún cuando los gremios y centrales lo anuncian con bombos y platillos.
Los trabajadores debemos rechazar el trabajo remoto que surge como respuesta de las patronales a una pandemia universal y pretenden así perpetuar la modalidad “home office” para sentar precedente de un ataque mayúsculo en plena crisis económica. El ensayo reaccionario del Estado con la imposición del aislamiento bajo el “fierro” del ejército y la policía, le dio luz verde a las patronales para la migración forzada de miles de trabajadores que tenemos que garantizar la supervivencia de estos parásitos como clase. Podrán disfrazarlo bajo el mote de “modernización” pero de lo único que se trata es de establecer una nueva relación entre capital - trabajo que se exprese en una legalización de la flexibilización laboral.
La ley señala claramente que será para la pos-pandemia, ya que entrará en vigencia a los 90 días de terminado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (cuarentena). Ni siquiera vino como respuesta a los problemas que enfrentamos en la actualidad: el aumento de la jornada laboral, la polivalencia, mayor control de los procesos, oficinas improvisadas, débil conectividad de internet, incremento de los gastos, grises en cuanto a los accidentes y enfermedades laborales, etc. Pero por sobre todas las cosas, nos niega la posibilidad de la organización colectiva en los lugares de trabajo. La tarea que enfrenta nuestra clase y su vanguardia es desafiar una nueva versión del viejo “trabajo a domicilio” que ya señalaba Marx: “La explotación de fuerzas de trabajo baratas e inmaduras […] es más desvergonzada en la llamada industria domiciliaria que en la manufactura, porque con la disgregación de los obreros disminuye su capacidad de resistencia; porque toda una serie de parásitos rapaces se interpone entre el verdadero patrón y el obrero; […] porque la pobreza priva al obrero de las condiciones de trabajo más imprescindibles, de espacio, luz, ventilación, etc.; porque se acrecienta la inestabilidad de la ocupación...” (Karl Marx, El Capital, Tomo I).
Claro que en la actualidad el mencionado “trabajo a domicilio” viene de la mano de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La legalización del mismo significa claramente que aprovecharon la excepcionalidad de la pandemia para introducir un ataque que estamos llamados no solo a rechazarlo sino a organizarnos para actuar con nuestros métodos. Nos congelaron las paritarias de varios sectores, hubo despidos y suspensiones en la industria y los servicios; ramas enteras estamos bajo la modalidad “home office”: bancarios, telecomunicaciones, salud, educación, la industria del software y los servicios informáticos y estatales, por mencionar algunas. Mientras los burócratas sindicales continúan en su eterno letargo comprometidos con la falta de acción para preservar sus intereses aunque insistan que se trata de nuestra salud. Debemos seguir el ejemplo de importantes sectores obreros que salieron a la lucha de forma aislada, pero decidida, lo que permite augurar futuros procesos de lucha que saquen lecciones del rol del gobierno, los empresarios y la burocracia sindical.
Mención aparte merecen los sindicalistas que además de garantizar esta extorsión de las patronales van a empezar a reclamar y negociar el encuadre de miles de trabajadores en aquellos CCT que definen la tarea específica de la atención y/o comercialización de bienes y servicios vía telefónica y plataformas virtuales. No ha sido ingenua ni gratis la participación en la comisión de legislación en el Senado, del burócrata sindical Walter Franzone, titular de la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos (ATACC) con sede central en Córdoba. Este gremio obtuvo la homologación de su CCT688/14 bajo el gobierno de CFK, que permitió disputarle, en el 2014, el encuadre de varios miles de trabajadores de las tercerizadas de call centers al massista Pablo Chacón (Comercio-Córdoba). La pelea no solo era por los trabajadores de ese momento sino por los que vendrían. Varias empresas se convertían en tercerizadoras de servicios y se instalaban de forma definitiva en Córdoba de la mano de las exenciones impositivas otorgadas por los gobiernos peronistas de De La Sota y Schiaretti. En 2015, Franzone consiguió la inscripción gremial y obligatoriedad del CCT688/14 en las provincias de Chaco, Salta, Tucumán, Mendoza, San Luis, Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.
La división impuesta a los trabajadores por rencillas de los políticos burgueses (Massa –Cristina) y reproducida por los burócratas sindicales en 2014; nos costó mayor atomización para más tarde verlos unidos rescatando al peronismo y bancando, en la actualidad, al mismo gobierno.
Los tercerizados sufrimos todo tipo de abusos perpetrados por estos parásitos intermediarios que nos dividen de los compañeros de las empresas madres para las que realizamos la misma actividad, con salarios y condiciones muy por debajo de los que establecen los convenios por rama. Las tercerizadas imponen estas condiciones paupérrimas a miles de trabajadores desde los 90 hasta la actualidad, bajo la tutela estatal y el banque de la burocracia sindical. Nos suspendieron con el 75% del salario porque las patronales no se hicieron cargo de proveernos los elementos necesarios bajo el mote de “es mejor estar cobrando el 75% del salario que estar despedido”. Dejaron pasar la baja de contratos de cientos de trabajadores de agencias de empleos que argumentaban la recontratación del personal cuando pasara la cuarentena. La directiva del ATACC introdujo una modificación al CCT -sin consultarle a nadie– sobre el Teletrabajo suprimiendo todas las cláusulas medianamente favorables a los trabajadores que establecía la Resolución 595/2013 del Ministerio de Trabajo.
Es hora que los tercerizados pongamos blanco sobre negro, y de forma decidida recuperemos el lugar que nos quitaron. Pelear por ponerle fin a las empresas tercerizadas y agencias de empleo; será el inicio del pase a convenio de la actividad principal y la efectivización en las empresas madre. Somos miles de compañeros que hacemos funcionar la atención a clientes, comercialización y cobranzas, de la banca pública y privada; los monopolios de las telecomunicaciones; alimentación, prensa, educación, salud, constructoras, correos, aseguradoras, petroleros, turismo, mega tiendas, gobiernos y un larguísimo etc.
Claro que este desafío lo debemos llevar adelante en unidad con los trabajadores efectivos de estas empresas y de forma decidida enfrentarnos a la burocracia sindical de Franzone y de los sindicatos de estas ramas (FOETRA, Bancarios, etc.) que han dado sobradas muestras de traición. ¡Por sindicatos únicos por rama y por oposiciones revolucionarias para recuperarlos de manos de la burocracia sindical! Rechazar la implementación de la ley del Teletrabajo será clave para evitar la migración de cientos miles de compañeros a una mayor dispersión de fuerzas en pésimas condiciones. Tenemos una ardua tarea por delante, ¡manos a la obra!
El Rectorado sigue mostrando su rol reaccionario, no solo con la lista de ataques a los trabajadores desde el inicio de la cuarentena que incluye el paso a la virtualidad obligada, falta de condiciones de seguridad e higiene para quienes siguieron trabajando, avance en la precarización laboral, etc. También debemos mencionar el acuerdo con el Vaticano que contempla poner recursos de la UNC a disposición de la “Universidad del Sentido” y más recientemente la erogación de U$D 17.545 para la compra de “Respondus”, un software para la toma de exámenes que muchos han catalogado como un Software de vigilancia.
Este programa ha sido cuestionado tanto por los peligros en materia de seguridad informática que conllevan su uso, como por su carácter antipedagógico. “Respondus” filma a los estudiantes para detectar actitudes “sospechosas” recolectando información biométrica, además de que durante el examen el Software corre en modo Administrador por lo cuál, al tiempo que bloquea todas las pantallas de la computadora, tiene acceso irrestricto a todo lo que está almacenado en la misma. Además, solo es compatible con los sistemas operativos de Windows y MAC y solo funciona en equipos que cuenten con cámara y micrófono.
Los mismos docentes de distintas facultades vienen denunciando el uso de este programa, no solo por el ataque a la seguridad, sino porque incrementa aún más el avance en la precarización laboral que vienen sufriendo, además de ponerlos en un lugar de vigilancia hacia sus alumnos ya que son ellos los encargados de determinar que se hace con los exámenes que fueron catalogados de “sospechosos” por el programa. Así mismo denuncian el carácter antipedagógico del software ya que, entre otras cosas, establece una relación de desconfianza entre el docente y el alumno.
El intento de implementar “Respondus” se inscribe en la larga lista de ataques que están haciendo pasar con la cuarentena, mientras nuestros centros de estudiantes permanecen cerrados. Debemos organizar una enérgica respuesta a la altura del ataque.
Somos los estudiantes de la UNC junto con los trabajadores quienes debemos decidir los destinos de la educación. Se hace urgente convocar a asambleas interclaustros entre docentes, no docentes y estudiantes para discutir las medidas inmediatas a tomar para rechazar la implementación de “Respondus”. Deben ser parte de un plan de lucha por un pliego único de reivindicaciones, que también incluya la apertura inmediata de las paritarias docente y no docente, el aumento del presupuesto universitario, el no pago de la deuda externa, el rechazo al pago del aguinaldo en cuotas, el salario inicial igual a la canasta básica, el pase a planta permanente de los precarizados, horas de estudio bancadas por las patronales, el triple turno de cursado, el ingreso irrestricto y demás reclamos que nos permitan poner a los universitarios en pie de lucha. Para enfrentar junto al movimiento obrero las consecuencias de la crisis.
Los trabajadores de reparto siguen dando pasos firmes en el sentido de la organización y de la lucha. Este 29 de mayo realizarán un nuevo paro nacional con jornada de movilizaciones en varias ciudades del país. Vuelven a ratificar los reclamos por el aumento de un 100% de la tarifa por pedidos (que conforma hoy el salario), por elementos de seguridad e higiene, por justicia por Emma, Franco y por todos los repartidores fallecidos, por ART a cargo de las empresas y por el fin de los despidos y suspensiones (rehabilitación de las cuentas suspendidas).
Este proceso de organización en Pedidos Ya, Glovo, Rappi, Uber Eats y otras aplicaciones, viene creciendo día a día. No se detuvo a pesar de la cuarentena, la militarización de los barrios y calles, de la represión. En Córdoba, la policía local reprimió una de las anteriores movilizaciones de los repartidores el 7 de mayo. A pesar de ello, las caravanas y protestas son cada vez más numerosas en Buenos Aires, Córdoba y La Plata y otras ciudades. También, se están coordinando acciones con trabajadores de reparto de otros países (Brasil, Chile, Ecuador, Perú, España).
Los trabajadores de reparto están abriéndose camino con sus demandas de mejores salarios y condiciones de trabajo. Repudian el asesinato laboral de estas empresas, que con su política de aumento de los ritmos y la reducción de la paga, se están llevando la vida de cada vez más compañeros que mueren atropellados trabajando. Internamente ya debaten la necesidad de reclamar un salario básico inicial y un contrato único, que sustituya a la actual forma de monotributo, que usan y abusan estas empresas. Las conducciones de sindicatos como ASIMM (mensajeros) y APPS (sindicato de aplicaciones), relacionadas con el rubro, han sido puestas en evidencia porque jamás se han puesto al servicio de estas peleas.
Según hicieron trascender algunos diarios, el poder ejecutivo estaría armando un proyecto de ley para enviar al Congreso y legislar sobre la forma de contratación de estas aplicaciones. El “trascendido” no es menos oportuno. Este intento bonapartista del gobierno tendría un claro objetivo. No solo el de “regular” y recaudar. También y, sobre todo, el de limitar la organización de los repartidores y sus demandas. Según Ámbito Financiero, el proyecto busca establecer un régimen especial, que estaría incluso por debajo de la ley de contrato de trabajo.
En los pasillos ministeriales, lejos de la lucha contra estas empresas, se apostan las conducciones burocráticas de APPS y ASIMM. No es de extrañar que quieran estampar la firma a espaldas de los repartidores con tal de quedar como representantes “legales” al amparo del gobierno.
Del Congreso Nacional, del gobierno, de legisladores como los del PJ y Cambiemos, que votan contra el pueblo el pago de la deuda externa, o el arrebato de las jubilaciones a los jubilados, nada bueno podemos esperar los trabajadores. Tampoco se trata de proponer “otro proyecto de ley”. Mucho menos apostar a que el Ministerio de Trabajo "juegue" para el lado de los trabajadores. Las condiciones de trabajo deben ser discutidas por los mismos trabajadores. Detrás de estas maniobras, buscan que los trabajadores del reparto dejen de confiar en sus propias fuerzas y en la lucha, y la depositen afuera, en el gobierno, en las instituciones.
Claramente la tarea de fortalecer y poner en pie la organización sindical de los trabajadores del reparto con independencia del Estado, es de primer orden e impostergable. Va de la mano de luchar por el reconocimiento de los verdaderos representantes votados por los repartidores, para discutir y defender sus demandas frente a estas empresas. Las patronales estarán, por el contrario, más dispuestas a negociar con el gobierno “cambiar algo para que nada cambie” mientras no tengan que reconocer la voluntad organizada de los trabajadores.
Abriendo los ojos ante todos estos movimientos políticos, los trabajadores de reparto necesitan avanzar firmemente en el camino la organización sindical con independencia del Estado, superando el estadio inicial de movimiento, al que algunos llaman “red”. Los medios para alcanzarlo deben ser debatidos conscientemente. Este debate, junto al programa de reivindicaciones y las medidas de lucha, deben ser resueltas por los mismos trabajadores. La última asamblea nacional ha votado impulsar la “realización de asambleas por zona y ciudad para elegir delegados con mandato”. Puede ser éste un gran impulso para avanzar en este camino.
La lucha de los repartidores de las aplicaciones no está sola. Se desarrolla en medio de una serie de luchas obreras (Penta, mineros de Andacollo, textiles como Sedamil, Fadeté, trabajadores de la salud, etc.), que, aunque aún aisladas por la tregua de las burocracias sindicales de la CGT y CTA con el gobierno y las patronales, demuestran la potencialidad y voluntad pelea de nuestra clase en la situación. El 29 de mayo, día del Cordobazo, los trabajadores salen nuevamente a las calles. Todo el apoyo a los trabajadores de reparto, al paro y movilizaciones, a sus demandas, a su creciente organización.
La CGT, la UIA y el gobierno, vienen de pactar descuentos en los salarios de un 25% para millones de trabajadores. La burocracia sindical de UOM, Smata, AOT, Comercio y otros gremios, las han ratificado con sus respectivas cámaras empresarias. Junto a esto, la patronales descargan su crisis con despidos, recortes salariales, mayor superexplotación. El rechazo entre los trabajadores a estas acciones va en aumento.
En la zona norte del conurbano, donde está la mayor concentración fabril del país, venimos de un conflicto testigo, como fue la ocupación de la planta de colchones BedTime (Pacheco) por sus trabajadores. Una fábrica, que, es dirigida sindicalmente por una comisión interna antiburocrática. Este conflicto preanuncia procesos de lucha más álgidos en este importante cordón industrial; más aún al calor de la agudización de la recesión donde el accionar de patrones como Waisburg (BedTime), lejos de ser la excepción, pasan a ser la norma.
Los compañeros de BedTime demostraron, que con los métodos obreros, se enfrenta la cuarentena y la política del gobierno nacional para atacar a nuestra clase.
Una lucha testigo
El conflicto se originó por la falta de pago de salarios de las dos quincenas de marzo. Las primeras medidas gremiales fueron asambleas por turno. Pero con correr de los días, la empresa manifestó su verdadera intensión: proceder a despedir al 50% de los trabajadores o bajarles el salario a todos en la misma proporción. Los compañeros, ante la extorsión, respondieron con la ocupación de la planta.
Inmediatamente también hicieron el reclamo al sindicato plástico, UOYEP, de un paro nacional; ya que la situación en otras fábricas del rubro era similar (Mascardi, etc.,). Por supuesto, la burocracia se negó, ya que es quien viene negociando con las cámaras, como será la descarga del ajuste.
Claramente, la ocupación golpeó a la patronal donde le duele: en la producción. La empresa acusó el golpe y se descolocó. De allí, la ocupación se fortaleció al pasar los días. Contó con la solidaridad y la presencia de diferentes las organizaciones de trabajadores la zona, delegados de la línea 60, Sutna Nacioanl, agrupaciones del neumático, Suteba Tigre, ferroviarios, telefónicos y partidos de izquierda; también llegaron adhesiones desde todo el país.
El día jueves 31 de abril, el empresario Waisburg envía telegramas de despido “con causa” con un argumento bastante impresentable: que los trabajadores violaban el “aislamiento social preventivo y obligatorio”. Ese mismo día el ministerio de trabajo dictó la conciliación obligatoria.
Al día siguiente, 1 de mayo, los compañeros de BedTime informaron a las organizaciones presentes, después de ser votado en asamblea, que habían llegado a un acuerdo con la patronal, el ministerio de trabajo, el sindicato; levantando la ocupación después de una semana. El acuerdo: reincorporación de todos los despedidos, el compromiso patronal de pagar la deuda salarial en dos veces (4 y 11/5) y el establecimiento de un sistema de suspensiones rotativas, con el pago de las horas trabajadas al 100% y el 75% de las horas no trabajadas.
“El día de hoy, lunes 4 de mayo de 2020, ha ingresado la primer tanda de compañeros que fueron despedidos y la quincena próxima deberá entrar el resto. Después del medio día se acreditó el primer parte de los haberes atrasados, con lo cual la empresa cumple con la primer parte de los compromisos tomados con sus trabajadores…” (Comunicado de los trabajadores).
Aportes al balance y programa
Desde la COR estuvimos apoyando la pelea de los compañeros. Los trabajadores de BedTime han dado un gran ejemplo de lucha. El método de la ocupación fue muy importante para cambiar la relación de fuerzas y hacer retroceder a la patronal. Sin embargo, la patronal ha logrado meter una medida de ajuste que es un régimen de suspensiones (al 85% mensual).
Hay un elemento del balance que hay que tener en cuenta. Con el correr de los días la ocupación se convirtió en un problema político para el gobierno, en medio de la “cuarentena” y del acuerdo CGT/UIA aún fresco. Esto empezó a ponerlo incómodo -al gobierno- y puso funcionar sus instituciones, como el ministerio, para “intervenir” y ejercer presión para una resolución del conflicto. Como sabemos los marxistas, la intervención estatal, es un “árbitro” parcial, a favor de las patronales. Además del problema político, el gobierno, quizás también, vino al rescate de Waisburg en su momento de mayor debilidad y encerrona de la pelea.
Para defender nuestra salud en medio de la pandemia, es una necesidad conformar comités de higiene y seguridad votados por los trabajadores. Los compañeros de BedTime en este punto han dado otro gran ejemplo estableciendo protocolos de salud que le han impuesto a la patronal. No son la OMS o el “comité de expertos” del gobierno los que velan por los trabajadores y el pueblo. Somo sólo los trabajadores con nuestros métodos obreros de lucha y organización, como lo demostró BedTime, contra esta misma cuarentena, que podemos hacerlo.
Las huelgas, como decía Lenin, son escuelas de guerra. Los trabajadores debemos en estas escuelas, afilar y calibrar nuestras armas para la guerra de clases. Los balances deben servir para eso.
Por eso, para una dirección obrera, para un partido, el programa es el arma principal. Los trabajadores necesitamos armarnos de un programa de transición; un programa para la etapa, para forjar una fracción revolucionaria en los sindicatos. Además de la importancia de los comités obreros de seguridad e higiene; frente a los despidos, suspensiones y rebajas, deberíamos oponer una escala móvil de horas de trabajo y salarios, para luchar por defender el valor de nuestra fuerza de trabajo y contra la desocupación. Un programa de mediadas transicionales que incluyen la apertura de los libros contables, la eliminación del secreto comercial, el control obrero.
“Las medidas transicionales aun operan formalmente en el marco del régimen burgués. Pero en realidad, son ya intervenciones del poder estatal proletario que limita de manera consciente y despiadada el derecho de los capitalistas a disponer de sus bienes y el afán de lucro capitalista.” (Cuarto Congreso de la Internacional Comunista)
Plenarios de delegados y activistas
En zona norte ya se desarrollan otros procesos de lucha y organización. El SUTNA pelea contra la extorsión de FATE de recortar los salarios. En Kraft-Victoria, hubo asambleas en rechazo a suspensiones masivas, y ya se conoció que la burocracia de Daer ha avalado las suspensiones en esta multinacional. En Bimbo-Victoria hubo paro por medidas de protección de los trabajadores al inicio de la pandemia. En textiles de la zona, metalúrgicas, empleados de comercio, que se suman a los trabajadores de salud, en los parques industriales como en pilar crece la bronca y el descontento a los descuentos, las suspensiones, a la falta de medidas de seguridad por el coronavirus. Mientras los salarios se deprecian aún más por la inflación, las paritarias están suspendidas y aumentan la carestía de la vida y la desocupación.
Desafiar la “cuarentena” y el decreto del gobierno que prohíbe realizar asambleas y congresos en los sindicatos, es una necesidad política de nuestra clase para enfrentar la crisis sanitaria y económica del país.
Llamamos a impulsar la pelea por abrir los sindicatos a la participación obrera, para enfrentar a la burocracia que no quiere luchar, y para proponer un programa de lucha para que la crisis la paguen los capitalistas. Con este contenido, proponemos a los sectores antiburocráticos de los sindicatos y la izquierda impulsar plenarios de delegados y activistas en cada región el país; debatir y resolver la intervención conjunta de la vanguardia en la situación.
Regional Zona Norte - COR
En momentos en que el gobierno se prepara para extender la cuarentena, queremos formular algunas consideraciones sobre la situación y cómo, a nuestro entender, deberíamos intervenir los revolucionarios.
Alberto Fernández con su grupo de notables, es decir Paolo Rocca, Acevedo, de la UIA, y lo más granado de los empresarios, definen los destinos de los trabajadores en nombre de la salud de sus negocios. Alberto, está llevando a cabo la máxima de uno de sus maestros, Néstor Kirchner, que decía “no le den importancia a lo que digo, sino a lo que hago”. Les dice “miserables” a los empresarios, pero avala los despidos de Techint; dice control de precios, pero avala sobreprecios en las compras de alimentos, y dice con acciones: entre los bancos y los jubilados, elijo a... los bancos.
Resulta llamativo que gran parte de la izquierda reclame que siga la cuarentena e intente cambiarle el contenido a esta medida estatal. Debemos ser claros, la cuarentena es una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud, una institución creada en la posguerra como parte del nuevo orden mundial después de la segunda guerra. Es evidente que toda política que venga de semejante organización imperialista, responsable de la destrucción de la salud y, por lo tanto, artífice de la pauperización de nuestras condiciones de vida, no va ser para favorecer a nuestra clase.
Por eso, si están en juego nuestras condiciones de explotación, no nos ofrecerán una salida favorable nuestros explotadores. Es con los métodos obreros, que son parte de nuestra historia, como los ceses de actividad, paros, huelga de brazos caídos, huelgas, es decir, paralizar la producción imponiendo un programa que enfrente al Estado como los trabajadores podremos enfrentar esta crisis.
La cuarentena es el método que tiene la burguesía, no para detener el virus, sino para garantizar su forma de dominación ante la crisis y que no colapsen sus sistemas, centralmente el de salud. Los métodos obreros, como parte de medidas transicionales, son intervenciones del poder estatal proletario que limitan de manera consciente el derecho de los capitalistas a disponer de sus bienes y su afán de lucro.
Podríamos decir que la cuarentena es una política estatal preventiva, para resguardar a los grandes capitalistas y a su clase, desorganizando a nuestra clase con la complicidad de la burocracia sindical, para preservar un semi Estado en descomposición, reforzando al aparato burocrático militar para disciplinar a las masas. Para imponer esta política utiliza el monopolio de las fuerzas del Estado, con la policía, la gendarmería, hasta el espionaje cibernético y el ejército para garantizar esta línea. Si fuéramos nosotros los que paralizáramos todo, no sólo estaríamos enfrentando al virus, sino estaríamos organizados para enfrentar los ataques.
Debemos abrir un debate central al interior de nuestra clase, principalmente en el movimiento obrero industrial, ante la propaganda oficial de la importancia del Estado en esta crisis, de sus funciones sociales y de control. Es imperioso aclarar el contenido de clase del concepto de Estado. La naturaleza de clase del Estado es burguesa, defiende a una clase antagónica a la nuestra, por lo que debemos preparar las condiciones materiales para su destrucción.
Permitir que el gobierno siga imponiendo una centralidad reaccionaria con la cuarentena, lo que significa un ataque brutal a los trabajadores, con suspensiones, rebajas de salario, despidos y quita de conquistas, es -como mínimo- entregarnos sin dar pelea.
Los trabajadores podemos organizar las tareas para enfrentar las consecuencias de la pandemia, frenar los ataques y desorganizar a la burguesía en su base de sustentación, la producción. Imponiendo el control obrero de las ramas más importantes de la economía, la escala móvil de horas y de salarios, la expropiación de los bancos privados, la apertura de los libros de las grandes empresas, son algunos puntos programáticos que pueden mostrar al conjunto de las masas la dominación de los trabajadores en la administración de las cosas. Intervenir de forma independiente y con nuestros métodos en esta crisis es la tarea que tenemos planteada. Ejemplos en el mundo ante la crisis, que aceleró el coronavirus, hay muchos. Sectores de trabajadores salieron a hacer paros y huelgas en contra de los ataques. Quizás el caso más importante sea la huelga general en Italia, donde los trabajadores pararon en contra del decreto de cuarentena del gobierno. En EEUU, la principal potencia imperialista, los trabajadores también realizan huelgas en sus lugares de trabajo.
Confiar en nuestras propias fuerzas es la única salida que tenemos los trabajadores.
Antes de la declaración de la pandemia del coronavirus y toda la serie de medidas represivas establecidas con la excusa de “cuidarnos a todos”, el gobierno de Alberto Fernández ejecutó un importante saqueo a las jubilaciones al establecer una nueva fórmula para el cálculo de la movilidad. Este ataque es un hito más en una larga historia de humillaciones a trabajadores que pasan a retiro y deben luchar por sobrevivir en condiciones de pobreza. El más explosivo de esos hitos fue la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo en 2017 y votada con ayuda del PJ y los partidos provinciales.
El ensayo reaccionario de establecer una cuarentena obligatoria, garantizada por las fuerzas de seguridad, es un intento desesperado de que la crisis social no estalle a causa de la propagación de la enfermedad viral del COVID 19. Pero el estado calamitoso del sistema de salud, los salarios de miseria de casi la mitad de los trabajadores del país, las condiciones de vida desesperantes de los jubilados y de una gran porción de la población en los conurbanos de las grandes ciudades de todo el país no se pueden tapar con propaganda invitando a la “responsabilidad” y la “solidaridad”. Además, quedó demostrado que un intento de centralización por parte de este Estado resulta en caos total, porque es así como se organiza la vida social capitalista, basada en la anarquía del capital.
El viernes 3 de abril reabrieron las sucursales bancarias que pagan haberes de la seguridad social, después de haber permanecido cerradas desde la declaración de la cuarentena total, el 20 de marzo. Todos los trabajadores bancarios previeron que la situación sería caótica, como lo es todos los meses en los que hay fecha de cobro establecida por el cronograma de pagos de ANSES. No es una novedad para los bancarios verse sometidos a estresantes horas de trabajo, que la mayoría de las veces se extiende bastante más de la jornada laboral de convenio. También son los trabajadores los depositarios de la bronca y la frustración -justificada- de los clientes que tienen que esperar horas para cobrar un haber, muchas veces mínimo. A las patronales les cabe bien la consigna de la cuarentena: “lavarse bien las manos”.
Este 3 de abril vimos a jubilados expuestos al contagio de manera masiva en largas colas de muchísimas horas. Mostraron la fragilidad de la imposición de la cuarentena por parte del Estado, ante la necesidad real de la mayoría de los jubilados de percibir su haber. Los bancarios también se vieron expuestos al contagio, sometidos a la presión de la patronal, que es la verdadera responsable del pésimo servicio a los jubilados, que ve en ellos sólo un buen prospecto para colocar productos financieros. Mientras los banqueros se quedan cómodos haciendo cuarentena en sus casas, nos someten a los trabajadores a condiciones insalubres. Sólo podremos cuidar nuestra salud con los métodos obreros: con cese de actividades, con el paro, con la organización. Que el sistema de las jubilaciones dependa de estos banqueros, que sólo persiguen su insaciable afán de lucro, es un despropósito más de la economía capitalista.
Ese mismo día, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, tras ser increpado por un coro de periodistas que siempre encuentran una buena oportunidad para atacar a las organizaciones obreras, explicó que el gremio se puso a disposición de resolver el problema -a la orden del gobierno, no de las necesidades de los jubilados y de sus propios trabajadores. Sus declaraciones parecían de un funcionario del Estado, no de un líder sindical que vela por los intereses de los trabajadores, no sólo de su gremio, sino de conjunto. Esta postura ya se anticipó antes de la pandemia, cuando se mostró dispuesto a resignar las paritarias por una suma fija que impuso AF en consonancia con los dictados del FMI. Desde la asunción del nuevo gobierno, se han comprometidos con la “paz social”, mientras el ajuste del FMI sigue en marcha. Ahora pretenden que seamos los jubilados y los trabajadores los que paguemos por esta situación de crisis, que generaron las patronales y sus cómplices.
Ante esta situación de emergencia debemos imponer delegados de Higiene y Seguridad. Sabemos que esto sólo se podrá llevar adelante mediante la organización de los trabajadores en sus lugares de trabajo. Hay que hacer asamblea en cada sucursal para hacer un relevamiento diario de las condiciones de trabajo. Y si éstas no se cumplen, imponer el cese de tareas.
Debemos redoblar la organización para defender las jubilaciones de todo el pueblo trabajador, apelando a la unidad de la clase obrera.
Debemos imponer la reapertura inmediata de la paritaria, en la que se escuchen las demandas de los trabajadores. Todo trabajo realizado durante la cuarentena fuera de las condiciones establecidas en el CCT: el “homeoffice”, el trabajo los fines de semana, las horas extras, debe ser debidamente compensado salarialmente. Quienes se vean afectados a trabajar en medio de la pandemia, deben ser compensados por ser sometidos a trabajo insalubre. Si algún trabajador se contagia de COVID-19 deberá ser considerado que es una enfermedad laboral. Para discutir esto se deben elegir delegados paritarios con mandato y revocables.
Además, desde hace meses, antes de la pandemia, muchos bancos empezaron a ofrecer retiros voluntarios, o sea, despidos encubiertos; así como despidos abiertamente. Hay que pelear por la reincorporación de los despedidos.
También debemos imponer que se efectivice los tercerizados, que son una gran parte de los trabajadores del sistema financiero.
En el marco de la imposición policial de la cuarentena, debemos plantear que el sindicato tramite permisos de circulación a los delegados para asistir a los compañeros en los lugares de trabajo.
Pero, en definitiva, sabemos que una burocracia adicta al Estado y cómplice del gobierno no peleará hasta el final por los intereses de los trabajadores. Es necesario recuperar nuestros sindicatos de manos de la burocracia conciliadora. Hay que organizar un Congreso de Delegados de urgencia para enfrentar esta situación y buscar una respuesta desde la clase obrera con los métodos obreros. Hacemos un llamado a todas las corrientes de izquierda dentro del sindicato a desarrollar una campaña por estas demandas.