La flamante Ley del Teletrabajo presentada por el Frente de Todos (FdT) y cuestionada por el bloque de la oposición y algunos sectores empresariales, fue aprobada el jueves 30 de julio. Las modificaciones que formuló la oposición para dar el consenso en la cámara alta no fueron incorporadas dado que el peronismo contaba con la mayoría para aprobar el proyecto. Previamente, la oposición, venía desarrollando de forma pública los cambios al proyecto para favorecer a algún sector empresario que vio la posibilidad de hacer negocios con empresas de otros países con husos horarios diferentes y así cobrar los servicios en dólares y pagar salarios en pesos. Pero esto no fue posible, no porque el FdT no este seriamente pensando en favorecer a los empresarios amigos, sino porque ensaya los futuros cambios estructurales que va a pedir el FMI para la reestructuración de la parte de la deuda en manos de ese organismo imperialista. Las apuestas por parte del capital internacional dependerán de la capacidad del gobierno de Fernández para consumar la flexibilización laboral como indicio de una reforma laboral en ciernes. La velocidad con la que legalizaron el ataque mejora la performance luego de los fuertes cuestionamientos recibidos respecto al caso Vicentin, que finalizó con la derogación del DNU.
Respecto a la ley, en términos generales desde Juntos por el Cambio a Fernández, pasando por los empresarios y sindicalistas todos coincidieron en la necesidad de la regimentación del “home office” para plasmar en ley las condiciones de flexibilización laboral que se dan en los hechos. Además de profundizar la tercerización laboral. Pese a las declaraciones del séquito de burócratas peronistas que difunden las buenas intenciones de la ley para que el mercado no imponga sus reglas a falta de una normativa que regule.
Está claro que el debate sobre la Ley del Teletrabajo vino a plantear la pelea entre sectores empresariales de los servicios que saldrán a competir por un segmento del mercado, aunque algunos señalan que la ley vino a castigarlos más que a ofrecer incentivos para aquellos empleadores que apuesten por la contratación remota. Otros señalaban no tener asegurada la productividad del trabajo necesaria desde el “home office”, lanzando duras críticas a la reversibilidad como sinónimo de un aumento de la litigiosidad dado que permite de forma unilateral -por parte del trabajador - decidir la vuelta al trabajo presencial. El artículo 8º dice que si las empresas incumplen con este pedido; el trabajador podrá darse por despedido. Es tan cínico tanto el planteo de la ley como la posición de los empresarios, que lo único a lo que tendremos “derecho” los trabajadores será de acudir a la justicia (burguesa) y de forma individual para reclamar por una indemnización. Todo una demostración de por qué los trabajadores debemos rechazar de plano semejante ataque . Más aún cuando los gremios y centrales lo anuncian con bombos y platillos.
Los trabajadores debemos rechazar el trabajo remoto que surge como respuesta de las patronales a una pandemia universal y pretenden así perpetuar la modalidad “home office” para sentar precedente de un ataque mayúsculo en plena crisis económica. El ensayo reaccionario del Estado con la imposición del aislamiento bajo el “fierro” del ejército y la policía, le dio luz verde a las patronales para la migración forzada de miles de trabajadores que tenemos que garantizar la supervivencia de estos parásitos como clase. Podrán disfrazarlo bajo el mote de “modernización” pero de lo único que se trata es de establecer una nueva relación entre capital - trabajo que se exprese en una legalización de la flexibilización laboral.
La ley señala claramente que será para la pos-pandemia, ya que entrará en vigencia a los 90 días de terminado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (cuarentena). Ni siquiera vino como respuesta a los problemas que enfrentamos en la actualidad: el aumento de la jornada laboral, la polivalencia, mayor control de los procesos, oficinas improvisadas, débil conectividad de internet, incremento de los gastos, grises en cuanto a los accidentes y enfermedades laborales, etc. Pero por sobre todas las cosas, nos niega la posibilidad de la organización colectiva en los lugares de trabajo. La tarea que enfrenta nuestra clase y su vanguardia es desafiar una nueva versión del viejo “trabajo a domicilio” que ya señalaba Marx: “La explotación de fuerzas de trabajo baratas e inmaduras […] es más desvergonzada en la llamada industria domiciliaria que en la manufactura, porque con la disgregación de los obreros disminuye su capacidad de resistencia; porque toda una serie de parásitos rapaces se interpone entre el verdadero patrón y el obrero; […] porque la pobreza priva al obrero de las condiciones de trabajo más imprescindibles, de espacio, luz, ventilación, etc.; porque se acrecienta la inestabilidad de la ocupación...” (Karl Marx, El Capital, Tomo I).
Claro que en la actualidad el mencionado “trabajo a domicilio” viene de la mano de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La legalización del mismo significa claramente que aprovecharon la excepcionalidad de la pandemia para introducir un ataque que estamos llamados no solo a rechazarlo sino a organizarnos para actuar con nuestros métodos. Nos congelaron las paritarias de varios sectores, hubo despidos y suspensiones en la industria y los servicios; ramas enteras estamos bajo la modalidad “home office”: bancarios, telecomunicaciones, salud, educación, la industria del software y los servicios informáticos y estatales, por mencionar algunas. Mientras los burócratas sindicales continúan en su eterno letargo comprometidos con la falta de acción para preservar sus intereses aunque insistan que se trata de nuestra salud. Debemos seguir el ejemplo de importantes sectores obreros que salieron a la lucha de forma aislada, pero decidida, lo que permite augurar futuros procesos de lucha que saquen lecciones del rol del gobierno, los empresarios y la burocracia sindical.
Mención aparte merecen los sindicalistas que además de garantizar esta extorsión de las patronales van a empezar a reclamar y negociar el encuadre de miles de trabajadores en aquellos CCT que definen la tarea específica de la atención y/o comercialización de bienes y servicios vía telefónica y plataformas virtuales. No ha sido ingenua ni gratis la participación en la comisión de legislación en el Senado, del burócrata sindical Walter Franzone, titular de la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos (ATACC) con sede central en Córdoba. Este gremio obtuvo la homologación de su CCT688/14 bajo el gobierno de CFK, que permitió disputarle, en el 2014, el encuadre de varios miles de trabajadores de las tercerizadas de call centers al massista Pablo Chacón (Comercio-Córdoba). La pelea no solo era por los trabajadores de ese momento sino por los que vendrían. Varias empresas se convertían en tercerizadoras de servicios y se instalaban de forma definitiva en Córdoba de la mano de las exenciones impositivas otorgadas por los gobiernos peronistas de De La Sota y Schiaretti. En 2015, Franzone consiguió la inscripción gremial y obligatoriedad del CCT688/14 en las provincias de Chaco, Salta, Tucumán, Mendoza, San Luis, Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.
La división impuesta a los trabajadores por rencillas de los políticos burgueses (Massa –Cristina) y reproducida por los burócratas sindicales en 2014; nos costó mayor atomización para más tarde verlos unidos rescatando al peronismo y bancando, en la actualidad, al mismo gobierno.
Los tercerizados sufrimos todo tipo de abusos perpetrados por estos parásitos intermediarios que nos dividen de los compañeros de las empresas madres para las que realizamos la misma actividad, con salarios y condiciones muy por debajo de los que establecen los convenios por rama. Las tercerizadas imponen estas condiciones paupérrimas a miles de trabajadores desde los 90 hasta la actualidad, bajo la tutela estatal y el banque de la burocracia sindical. Nos suspendieron con el 75% del salario porque las patronales no se hicieron cargo de proveernos los elementos necesarios bajo el mote de “es mejor estar cobrando el 75% del salario que estar despedido”. Dejaron pasar la baja de contratos de cientos de trabajadores de agencias de empleos que argumentaban la recontratación del personal cuando pasara la cuarentena. La directiva del ATACC introdujo una modificación al CCT -sin consultarle a nadie– sobre el Teletrabajo suprimiendo todas las cláusulas medianamente favorables a los trabajadores que establecía la Resolución 595/2013 del Ministerio de Trabajo.
Es hora que los tercerizados pongamos blanco sobre negro, y de forma decidida recuperemos el lugar que nos quitaron. Pelear por ponerle fin a las empresas tercerizadas y agencias de empleo; será el inicio del pase a convenio de la actividad principal y la efectivización en las empresas madre. Somos miles de compañeros que hacemos funcionar la atención a clientes, comercialización y cobranzas, de la banca pública y privada; los monopolios de las telecomunicaciones; alimentación, prensa, educación, salud, constructoras, correos, aseguradoras, petroleros, turismo, mega tiendas, gobiernos y un larguísimo etc.
Claro que este desafío lo debemos llevar adelante en unidad con los trabajadores efectivos de estas empresas y de forma decidida enfrentarnos a la burocracia sindical de Franzone y de los sindicatos de estas ramas (FOETRA, Bancarios, etc.) que han dado sobradas muestras de traición. ¡Por sindicatos únicos por rama y por oposiciones revolucionarias para recuperarlos de manos de la burocracia sindical! Rechazar la implementación de la ley del Teletrabajo será clave para evitar la migración de cientos miles de compañeros a una mayor dispersión de fuerzas en pésimas condiciones. Tenemos una ardua tarea por delante, ¡manos a la obra!