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Hoy en horas del mediodía, la policía provincial bajo el mando del gobernador peronista Juan Schiaretti (amigo de Macri y de Alberto) descargó la represión sobre los compañeros del sindicato de Luz y Fuerza cuando estos concluían una jornada de paro y movilización en la sede central de la EPEC. El saldo son 11 detenidos y varios heridos de bala de goma, incluidos trabajadores de prensa.
El gobierno provincial, luego de las elecciones de mayo, ha lanzado una fuerte campaña para justificar el ajuste de las cuentas públicas, alegando la baja de la recaudación. Apunta a los trabajadores estatales y a los docentes, anunciando la revisión de las paritarias a la baja, descontando la complicidad de la burocracia sindical del SEP y la UEPC. La crisis ha sido agudizada por la última devaluación concertada por el tridente Macri-Alberto-FMI, y la sufren sobre todo los trabajadores de la industria con suspensiones y despidos. La empresa provincial de energía, EPEC, ya ha sido apuntada no sólo como objeto de ajuste, sino también como un gran botín para los pulpos energéticos, que pretenden quedarse con las áreas redituables del negocio.
El gran escollo para los planes de Schiaretti y las patronales, igual que en las fábricas, escuelas, hospitales y reparticiones, son los trabajadores, en este caso del sindicato de Luz y Fuerza que se han puesto en pie de lucha desde el año pasado para enfrentar el ataque. Ataque que incluye tercerización de áreas (automotores, toma de estado, y otras), anulación de conquistas plasmadas en el CCT y una agresiva rebaja del salario real con aumentos ridículos fijados unilateralmente por el directorio de la empresa, a partir de la traición  de la burocracia sindical de Rio IV y Villa María.
La lucha ha sido dura, con marchas, paros y toma del edificio central en agosto de 2018. Y el despliegue de una gran solidaridad con los conflictos que han atravesado la ciudad, encabezada centralmente por delegados de base del sindicato. Sin embargo, la burocracia de Suárez ha sido siempre un freno para el activismo, llevando a una lucha de “desgaste” que no ha traído frutos. Y no sólo por los métodos de acción, sino centralmente por el programa desplegado, basado en la consigna “defensa de una EPEC cordobesa, pública e integrada”, que significa unir al pueblo en general en un frente contra la privatización, una política de conciliación de clases. Se busca así diluir la potencia de un sector de la clase obrera en un movimiento donde también se incorporen las capas medias, pero también las pymes y otros sectores patronales. Una versión del frente por la “emergencia alimentaria” que vienen desplegando el peronismo a nivel nacional las últimas semanas.
Para enfrentar el ataque del gobierno nacional, provincial, las patronales y el FMI debemos imponer a las CGTs y CTAs un Congreso de Delegados de Base con Mandato, que discuta un programa basándose en la deliberación en asambleas del conjunto de nuestra clase. Para frenar el ataque a nuestras conquistas, nuestro salario, contra los despidos y suspensiones y las reformas que planean imponernos (laboral, previsional, educativa) debemos discutir una salida obrera a la crisis y los métodos y acciones para imponerla.

¡Libertad a los presos de Luz y Fuerza y a todos los luchadores!
¡Desprocesamiento de los estudiantes de la UNC!
¡Por un Congreso Provincial de delegados con mandato de base!
¡Por un Paro Provincial en camino a un Paro Nacional de 36hs!

COR
Corriente Obrera Revolucionaria
Regional Córdoba

Por FERROVIARIOS COR.

    El 7 de agosto son las elecciones a cuerpo delegados de la UF línea Roca, la cual debe entenderse como una batalla muy importante, al ser ésta la más grande de las líneas metropolitana de pasajeros y dónde fue asesinado Mariano Ferreyra en la enorme lucha por el pase a planta permanente del Personal tercerizado, que atravesó el conjunto de la rama ferroviaria.

    Esta elección, además, se da cuando las patronales se disputan qué sector burgués tiene que comandar el ajuste de la mano del FMI los próximos años en Argentina, y quieren que los trabajadores elijamos a nuestros verdugos: Macri o la dupla Fe-Fe.

    Ante este panorama, y sabiendo que intentarán hacer pasar devaluación y una serie de reformas estructurales contra la clase trabajadora, es que debemos luchar contra la burocracia sindical cómplice como la verde, al mismo tiempo que contra todos los sectores que simulan diferenciarse, pero en esencia siguen defendiendo políticas claramente patronales en el seno de los sindicatos.

    El PO, PTS e IS, que tienen agrupaciones en dicha línea, después de presentar en diferentes oportunidades listas divididas por problemas de cargos, han decidido conformado ahora un frente en común. Pero lamentablemente han incluido a la lista Turquesa, una agrupación kirchnerista, desprendimiento de la lista verde.

    ¿Cómo se puede enfrentar el ajuste de la mano de un agrupación semi verde? Agrupación que defiende abiertamente a la fracción patronal que gobernó durante 12 años la Argentina y que actualmente es el recambio burgués al macrismo para hacer pasar los planes del FMI. No conocemos tampoco ni una sola acción de lucha o desarrollo programático por lo que la agrupación turquesa pueda ser considerada verdaderamente opositora a la verde.

    No es el primer acuerdo oportunista con sectores del peronismo en el ferrocarril, tenemos el ejemplo de la Celeste con el Oso Rodríguez, o la unidad con la agrupación Únanse en el Belgrano Norte (apoyada por agrupaciones opositoras de otros ramales). Hoy, todos esos dirigentes son parte del aparato de la burocracia verde.

    Los materiales de este frente Gris-Naranja-Bordó-Turquesa critican al gobierno de Macri pero nada dicen de la oposición patronal o el Kirchnerismo que fue responsable de la tragedia de Once y mantuvo la política menemista de concesionarios en el ferrocarril. Se trata de un expresión más de los frentes "anti-Macri". Es que la Turquesa/Kirchnerista milita por la sujeción del movimiento obrero al recambio estatal de Fernandez-Fernandez y en esto coinciden con la Verde que le hace la campaña a los K.

    La lista Bordó (IS) tiene una larga tradición de "frentes amplios" lo que incluso ha llevado la formación de una bordó peronista (para llevar esa política hasta el final) que luego se terminó integrando a la verde. La Naranja (PTS) no ha dicho nada al respecto de esta unidad, prefieren callar el acuerdo con los K. El enfrentamiento al peronismo lo restringen al escenario electoral burgués mientras en los sindicatos hacen este tipo de acuerdos. En esto, todo el FIT hace aguas.

    El giro del PO (Gris) en la caracterización de la turquesa es sorprendente. Hace dos años, decían es “un rejunte de todos los elementos desplazados del pedracismo, incluida tropa del “Gallego” Fernández y Pablo Díaz, reos por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, quienes harán campaña por Cristina” . Pero ahora en 2019 plantean fue “reflotada por un sector kirchnerista… no revistó en la patota de Barracas ni integró el aparato del pedracismo”.

    Un comunicado reciente de la misma Gris califica a este acuerdo como la mismísima “orientación clasista del partido que prioriza el interés general de la clase obrera cuando ésta puede dar un paso adelante”. Vaya forma de defender la independencia de clase!!!

    El sector de la lista Gris que hoy integra la fracción pública del PO ha rechazado este acuerdo. Si bien en el pasado han avalado frentes de este tipo, nos parece correcta su posición, puesto que la independencia de las corrientes patronales debe ser un punto indispensable e innegociable.

    Los ferroviarios de la COR rechazamos este frente oportunista y llamaremos a votar en blanco en el FFCC Roca. Para enfrentar el ajuste, las persecuciones, la sanciones y los despidos, y recuperar los sindicatos, las seccionales y los cuerpos de delegados en manos de los traidores de la verde, es necesaria la plena independencia política de nuestra clase. Llamamos a romper este tipo de acuerdos y, como lo venimos haciendo desde hace años desde la Lista Roja ferroviaria que integramos, a pelear por una verdadera oposición combativa a Sasia con libertad de tendencias. A poner en pie un plenario de delegados elegidos en asamblea de base y con mandato. Para defender un programa obrero de salida a la crisis, contra el FMI, el gobierno de Macri y todas las variantes patronales.

El viernes 12 de julio, a primeras horas de la tarde, los trabajadores del molino harinero José Minetti ocuparon la planta ubicada en la capital cordobesa. Reclaman el pago de 2 quincenas y el aguinaldo adeudados, la regularización de la ART, los aportes patronales y la obra social. Reclamos que no es la primera vez que deben elevar, ya que la patronal viene haciendo este tipo de “bicicletas” desde hace años.
El detonante de la toma fue una nueva provocación. El jueves, en sede del ministerio de trabajo provincial del schiarettista Omar Sereno, a través de un vocero la patronal se había comprometido a hacer un pago parcial de la deuda el viernes y a concurrir a una nueva audiencia el próximo lunes. El viernes, el dueño de Minetti simplemente incumplió lo acordado. La respuesta obrera fue la toma.
El jueves, los trabajadores concurrieron a la audiencia en Trabajo encolumnados, en una marcha que contó con el apoyo de la izquierda y delegados opositores de varios gremios. En la planta, se garantizaba un paro total desde hacía días. Pero no hay que engañarse. No sólo Minetti se rió de los trabajadores: tanto el ministerio como la burocracia sindical de la UOMA (Unión Obrera de Molineros Argentinos) apostaron, y siguen apostando, al desgaste de la lucha a través de los mecanismos del Estado, como es el ministerio de trabajo. O también la justicia burguesa, llamando a confiar en que una denuncia penal puede servir para escrutar los números de la empresa. Es necesario sacar esta lección: el ministerio y la justicia no son neutrales, defienden la paz social sólo si respeta la propiedad privada de los empresarios.
Por debajo de la “estabilidad económica” basado en un impresionante respaldo que el FMI y el imperialismo están dando a Macri para que sostenga el precio del dólar y otras variables de la macroeconomía, arrecian la crisis industrial y social, empujando a importantes sectores de trabajadores al descontento y la lucha. Es el caso de los molineros cordobeses. Las patronales como José Minetti pretenden descargar la crisis del capitalismo semicolonial sobre nuestras espaldas. ¡No lo podemos permitir! ¡Tomemos el ejemplo de la toma del Molino Minetti y salgamos a pararles la mano!

El Molino es parte de un holding alimenticio que cuenta con ingenios azucareros y fábricas de alcohol, entre otros establecimientos. Un verdadero pulpo económico, que tiene como práctica la precarización de las condiciones de trabajo, incluyendo el pago de salarios. La idea de los trabajadores de revisar los números de la empresa es excelente, pero debemos advertir que no lo lograremos a través de meter a un representante del estado (ya sea del ministerio o del poder judicial) en el directorio. ¡El estado y las patronales son socios en nuestra explotación! ¡Necesitamos imponer la apertura de los libros contables de todo el Holding alimenticio a través de nuestras propias organizaciones, los sindicatos! Para demostrar que no existe ninguna crisis de esta patronal, o en caso contrario, para decretar la bancarrota de un sistema basado en la explotación de nuestro trabajo.
Es necesario, tanto para este objetivo como para golpear a las patronales en sus bases productivas, unificar la lucha con los compañeros azucareros, alcoholeros mas allá del encuadramiento en otros sindicatos como el STIA y la FOEVA, cuyas burocracias sindicales, lejos de solidarizarse con esta lucha, han firmado acuerdos paritarios muy por detrás de la inflación. Todo esto, en la perspectiva de organizar un plenario de delegados de base de toda la rama de la alimentación.

En Córdoba, todo luchador debe comprometerse con el apoyo a la toma de Minetti, impulsando en los lugares de trabajo y estudio el fondo de huelga, convocando a asambleas para discutir cómo apoyar a los compañeros y cómo organizar la pelea contra las políticas de las patronales y el Estado para hacernos pagar la crisis, políticas que no harán más que agudizarse después de las elecciones adonde dirimirán quiénes serán nuestro próximos verdugos. La tarea es organizar oposiciones por rama dotadas de un programa de transición para recuperar nuestros sindicatos de manos de la burocracia sindical y ponerlos en función de la lucha contra nuestros enemigos de clase.

Córdoba, 14/7/19

COR
Regional Córdoba

El día 29 de Mayo se desarrolló el paro general convocado por la CGT contra las políticas económicas del gobierno de Macri. A 50 años del Cordobazo, el acatamiento fue total en el transporte, con amplia adhesión en estatales y en la industria; sobre todo en las grandes fábricas y cordones industriales. 

Esto demostró las reservas de lucha que tiene nuestra clase, cuyo limite es la misma burocracia sindical, que se juega a descomprimir la bronca con esta medida, mientras negocia su peso en las listas del PJ y la oposición patronal. 

Desde la COR participamos en diferentes provincias, GBA y Capital de las convocatorias de los sectores antiburocráticos y la izquierda, donde se enfrentó el carácter dominguero del paro y denunció la complicidad de las conducciones de la CGT y CTA con el ajuste en curso, reclamando la continuidad de un verdadero plan de lucha nacional. El gobierno, que estreno las vallas antipiquetes, aplicó la represión en estas movilizaciones y cortes, como en puente Pueyrredon. 

[Fotos: Cortes y movilizaciones en 197 y Panamericana, Acceso Oeste, Mendoza (Capital), Obelisco (Bs.As), Cordoba (Capital)] 

La de los trabajadores del transporte urbano de la ciudad de Córdoba fue una de las huelgas más importantes de los últimos años. Una vez quebrado el paro con la militarización del conflicto, la patronal, el gobierno y la burocracia sindical buscan borrar las lecciones que dejaron los compañeros de la UTA. La lucha por la reincorporación de los despedidos, la defensa de los delegados, el fin de las persecuciones y contra la intervención del sindicato continúa, si bien en condiciones desfavorables y en un terreno defensivo. Sabiendo que es prematuro hacer un balance, debemos tomar nota de las principales enseñanzas del conflicto, para que sirva a la vanguardia obrera en su tortuoso camino por conquistar una dirección revolucionaria.

Transporte en ruinas
Los choferes conocen bien la situación de carestía de la vida que afecta al conjunto de los trabajadores, porque recorren a diario los barrios y golpea a sus propios bolsillos. Un acuerdo salarial de 8% hasta diciembre firmado por Fernandez de UTA nacional fue una verdadera provocación. La intervención del sindicato a mediados de 2016 fue impulsada por las patronales para imponer el retroceso en las conquistas de UTA Córdoba, que empresas como ERSA y Autobuses intentaron desconocer desde su arribo al sistema luego de la entrega de TAMSE por parte de la burocracia de Peñaloza. Todo esto en medio de una feroz disputa patronal en toda la rama, aumentada por la nueva política de subsidios aplicada por Dietrich y el gobierno nacional, incluyendo el aliento a “nuevos jugadores” como las aerolíneas de bajo costo, que complican la posición de la UTA en la larga distancia. Queda al desnudo el rol del Estado burgués en la gestión de los servicios, apadrinando a determinado sector patronal en detrimento de otros, pero siempre bajo la premisa de avanzar sobre las condiciones laborales y el salario. Si la intervención de la seccional y los problemas en las condiciones de trabajo y servicio venían alimentando un proceso de organización de los trabajadores, la firma de la paritaria a la baja encendió la mecha del conflicto generalizado.

Huelga y terror patronal
El conflicto se inició luego de un proceso de recuperación de los cuerpos de delegados en TAMSE y parcialmente en AUCOR. Cuando la sede del sindicato se convirtió en una fortaleza hostil para defender la intervención de Arcando, las asambleas en punta de línea fueron el método que permitió cohesionar al activismo con la base. Contra la burocracia sindical, las trolebuseras y choferes lograron consolidar una forma de organización basada en los cuerpos de delegados. Nada de esto hubiera servido sin una enorme disposición a la lucha de las bases.
La paralización del servicio por 9 días hizo volar por los aires la podredumbre del esquema de negocios montado por el gobierno municipal, las empresas concesionarias, la UTA y el ministerio de Dietrich. Hizo perder millones a las empresas de colectivo agrupadas en FETAP, y también a otros sectores capitalistas afectados por la paralización de las actividades comerciales y el aumento del ausentismo en la industria y los servicios. La presión sobre los propios trabajadores por parte de estos sectores empresarios, extorsionando con el descuento de días y la pérdida del presentismo, presión que las CGTs cordobesas nunca enfrentaron, contribuyó para ampliar la base de clase media que se hizo eco de la campaña de propaganda contra el paro. Una base social para los ataques del gobierno de Mestre y del ministerio de trabajo: conciliación obligatoria, declaración de ilegalidad de las medidas, detenciones, despidos.
Pero todos estos ataque no fueron suficientes. Mestre debió cerrar filas con todo el frente patronal, convocando al Consejo Económico y Social, alrededor del cuál se soldó una unidad de granito contra los trabajadores. Este frente iba desde la Iglesia católica y las cámaras empresarias hasta todos los niveles de gobierno del Estado burgués. Producto de esta unidad capitalista, se diseñó el “plan de contingencia” que consistió en la militarización del conflicto. Este dispositivo represivo incluyó el accionar de Gendarmería y Policía Federal, ocupando los accesos a la ciudad, los puentes y destacando 2 agentes en cada colectivo manejado por carneros contratados para la ocasión. También a la policía provincial, que hizo de escolta de las unidades. E incluso a la Fuerza Aérea, que puso el predio que hizo de punta de línea general para el servicio de emergencia implementado el lunes 12 de junio. Todo este operativo mostraba el terror patronal frente a la fuerza de los trabajadores.

La burocracia sindical
El accionar del régimen político, con Mestre jugando de “duro” y el ministro de trabajo lanzando líneas de negociación amañadas para desactivar el paro, y luego con la represión directa, no podría haber funcionado sin el aporte de la burocracia sindical de las CGTs y las CTAs. La CGT se mostró completamente fragmentada. Un sector encabezado por el Surrbac (recolectores), LyF y en menor medida el SUOEM (municipales) debió, ante los despidos, salir a apoyar a los compañeros. Pero también la GCT Córdoba conducida por Pihen debió sacar una muy formal declaración de apoyo. El sector de la UOM y Comercio directamente salió a bancar al gobierno y a la burocracia de la UTA nacional.
La exigencia de un paro provincial, que hubiera roto el aislamiento y servido para enfrentar con toda la fuerza de nuestra clase al bloque patronal, chocó con la poca voluntad de la burocracia en apoyar un conflicto que cuestionaba las bases de su poder. Los burócratas siempre intentaron frenar la radicalización de la lucha para encausarla en canales de la normalidad y la legalidad burguesa. No por nada al terminar el paro los burócratas dejaron pasar sin luchar la ley de servicios esenciales en la legislatura provincial, que regimenta el derecho a huelga, ya que esta ley viene a salvarlos de futuros embates de las bases. Toda atadura de nuestros sindicatos al estado fortalece a la burocracia sindical. Lamentablemente, los amagues al paro provincial sirvieron para desarmar a los trabajadores, sembrando falsas esperanzas en supuestos “compañeros de lucha” que terminaron dejándolos solos en el momento más difícil.

Errores de la dirección
La dirección del conflicto estuvo en manos de los cuerpos de delegados de las 4 empresas de transporte, conformados por elementos heterogéneos. Tuvo un rol importante el PO, por su influencia en el cuerpo de delegados de TAMSE (trolebuses) a través de la Lista Unidad. Las delegadas de trolebuses supieron ganarse con su firmeza gran respeto del ala izquierda del activismo.
El PO, como dirección centrista legal-parlamentaria, no fue capaz de mantener una posición firme frente al ministerio de trabajo. Se rechazó la conciliación obligatoria, pero fue a partir de argumentos legales (que el ministerio era incompetente) y no políticos, es decir, que había que sacarlo de en medio como mediación que intervenía a favor de la patronal. Esta falta de claridad provocó que no se pusiera a debate la necesidad de establecer una negociación directa, sin mediaciones, con Mestre y las empresas, para lo cuál era necesario desconocer la intervención de la UTA y votar delegados paritarios para dirigir el conflicto y sentarse a negociar. Esto último nos lleva a otro error, que fue la falta de una línea para enfrentar a la burocracia sindical, a la cual sólo se presionaba y hacía exigencias, incluyendo aquí a la dirección de las CGTs. Esto fue grave porque se sembró expectativas en un paro provincial que sólo podía imponerse a la burocracia a través de disputar la dirección efectiva del movimiento obrero. Esto era difícil, desde luego, pero los trabajadores del transporte habían ganado ese derecho a partir de la lucha misma.
Pero el punto de inflexión y principal error de la dirección fue cuando Mestre recurrió a las fuerzas represivas del Estado para quebrar la huelga y los delegados eludieron el enfrentamiento. Los piquetes en las puntas de línea fueron desarmados por la Gendarmería y los colectivos llevados al predio de la Fuerza Aérea. Una dirección conciente debe calcular que todo conflicto obrero duro va a tener un momento de enfrentamiento físico con el enemigo. En este caso, se trataba de buscar frenar la salida de los colectivos del plan de contingencia, con piquetes en la ruta, denunciando la militarización de un conflicto sindical y llamando al paro provincial para impedir que se sentara semejante precedente, responsabilizando a la conducción de la CGT en caso de que su inacción tuviera consecuencias sobre la integridad física de los compañeros en lucha. Pero esto no se hizo. Al contrario, el PO alentó líneas pacifistas y legales como la campaña por el “botón $0”, solicitando permiso para hacer “paro a la japonesa”. Finalmente, el paro fue vaciado por el desbande de un sector de la base, movido por el temor y por un sector de delegados y ex delegados ligados a la vieja burocracia y a la intervención.

Continuar la pelea
La gigantesca lucha de los compañeros de la UTA está planteada hoy en otras condiciones. Los delegados están siendo perseguidos por la patronal, que les impide el ingreso a las empresas, y por la burocracia de Fernandez que busca su desafuero. Es necesario reorganizar a los activistas, impulsando asambleas para votar un plan de acción con objetivos claros: reincorporar a todos los despedidos, defender a los delegados, acabar con las persecuciones y represalias contra el activismo y echar a la intervención. En base a esos puntos, y en la necesidad de impulsar un fondo de lucha para sostener a los compañeros despedidos y organizar una oposición sindical a la burocracia de la UTA a escala nacional, podremos evitar que Fernandez, Mestre y el gobierno provincial consigan su cometido: borrar las lecciones de lucha de clases que dieron miles de trabajadores que se atrevieron a enfrentar el plan patronal basado en la miseria salarial.