Trabajadores de la salud en la pandemia: El plan sanitario del Estado es una farsa

Martes, 31 Marzo 2020 19:56

El 20 de marzo pasado el gobierno nacional de Alberto Fernández estableció por decreto el “aislamiento social preventivo y obligatorio” por el COVID-19, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pandemia mundial. El domingo 29 de marzo, extendió la medida hasta fines de semana santa. El pretexto para establecer esta cuarentena, con las fuerzas de seguridad controlando las calles, es un modelo estadístico (curva) promovido por la OMS y los especialistas según el cuál es necesario ralentizar los contagios de la enfermedad para evitar un colapso del sistema sanitario de los estados burgueses, como se está viendo en Italia y España. Este plan de “achatar la curva de contagios” parte del supuesto de que el sistema sanitario tiene capacidades limitadas para la atención de la población, y según el ministro de salud González García, todo el plan consiste en ganar tiempo para adecuar el sistema, en actual estado de calamidad, a las necesidades del futuro pico de contagio. Basta traspasar la medianera de cualquier hospital del interior del país para darse cuenta de que esto es una burla al pueblo pobre y a la clase trabajadora toda, y un cínico insulto a los trabajadores de la salud en particular.
Por supuesto, lo anterior es un mero pretexto sanitario. Al 29 de marzo, el total de detenidos por “violación de la cuarentena” ascendía a 33.000 (Clarín). Como hemos expuesto en otros materiales, la intervención de las fuerzas de seguridad controlando la circulación de mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo como mercancía, responde a la preparación de la burguesía y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo mundial que va mucho más allá de una infección respiratoria. Estamos hablando de una crisis capitalista en toda regla, con su ola de suspensiones, despidos, rebajas salariales, avance de la precariedad y quita de conquistas obreras, camino que ya comienzan a transitar las patronales como Techint, pero que ya venían implementando antes del COVID-19 en la industria petrolera, en ARCOR, por dar sólo algunos ejemplos.

Un sistema en ruinas

La inversión en salud en Argentina es del 9,4% del PBI. De esta cifra, el Estado (en sus distintos niveles e incluyendo el gasto en seguridad social) aporta el 70% y el 30 % restante corresponde al sector privado, según datos de la OPS/OMS. En relación al gasto total, en cambio, los fondos públicos ejecutados en 2020 representan solo un 4%, de acuerdo con los datos de Hacienda. Por la expansión de la pandemia, el gobierno nacional anunció una partida presupuestaria extra de $1.700 millones. Para que tengamos un punto de comparación, es el equivalente a un cuarto del presupuesto anual del Hospital Garraham.
El cinismo de Fernández es insuperable cuando se refirió a que los trabajadores de la salud iban a recibir un pago diferencial extraordinario: se rumoreaba que iba a ser de $30.000, pero resultó en el decreto que cobrarán 4 cuotas de $5.000, no remunerativos y contra la prestación efectiva de servicios; y en caso que se ausente del trabajo en forma parcial o total -justificada- el pago extraordinario se ajustará proporcionalmente, introduciendo en la emergencia una cláusula de presentismo (productividad). Ese decreto además reconoce que el personal de salud debe trabajar en más de un lugar, dado que el salario no alcanza, estableciendo que el incentivo lo cobrarán sólo por uno de sus empleos. Resulta ahora que los trabajadores de la salud deben hacer una “patriada” con un barbijo y un par de guantes durante todo el día a cambio de las peores condiciones laborales agudizadas por la expansión del virus, con todos los riesgos que ello significa, y con un salario por debajo de la línea de la pobreza.
El sistema sanitario argentino está fragmentado en el sector estatal, que atiende a 3 de cada 10 personas en forma gratuita, las Obras Sociales sindicales, que cubren a los trabajadores registrados con aportes, y el sector privado de prepagas, hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, otros centros privados y, no olvidarlo, las nefastas ARTs. Estos dos últimos sectores atienden a 7 de cada 10 personas (Iprofesional, 22/03/20). Las estadísticas no distinguen entre las personas atendidas por las Obras Sociales de aquellas atendidas por el sector privado porque de hecho estos sectores se confunden. Hay una razón: en los años 90, las Obras Sociales que ya estaban bajo la égida del Estado burgués a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y otros organismos, fueron desreguladas, proceso que culminó bajo el gobierno de la Alianza que nos depositó en la crisis de 2001. Debería tener más cuidado el actual presidente cuando compara los muertos con las crisis económicas: muchos de los trabajadores que morirán con el pico de la actual pandemia serán en realidad víctimas de las reformas antiobreras que se instrumentaron durante las crisis anteriores. La desregulación de las Obras Sociales permitió que muchas de estas simplemente tercerizaran los servicios de cobertura de salud de los trabajadores de su rama desviando los descuentos de ley a prepagas que surgieron como hongos y luego fueron decantando por la competencia capitalista en el monopolio de los actuales mercaderes de la vida y la muerte como OSDE, Swiss Medical, Medifé, etc, etc. Otras Obras Sociales sindicales se “especializaron” en el rubro, ofreciendo sus servicios a otros sindicatos. Todo esto, sin dejar de mantener una relación espuria con la SSS, que junto con la Ley de Asociaciones Sindicales y la Conciliación Obligatoria se ha convertido en un instrumento de subordinación de las organizaciones de la clase obrera al Estado burgués. Esto sucedió durante el gobierno de Macri, durante los gobiernos anteriores y sucede ahora: la burocracia sindical negocia paz social por fondos frescos que la SSS transfiere a esta capa privilegiada a través de las Obras Sociales. Los fondos que supuestamente deberían destinarse a la salud de los trabajadores son el pago en efectivo de la traición de sus dirigentes por el Estado burgués. Este sistema de salud, llamado “tripartito”, que viene siendo coto de negocios de un puñado de empresas capitalistas (a las que hay que sumar a los laboratorios de medicamentos) y del concubinato del Estado con la burocracia sindical, es el que se enfrenta a la famosa “curva” del COVID-19. De más está decir que la resultante, en palabras del propio Ginés González García, es un sistema sanitario devastado.

La salud del pueblo

Igual que la democracia política, la salud popular en la Argentina fue producto de la lucha y la organización de la única clase progresiva, el proletariado. La salud de los trabajadores sólo fue atendida por los trabajadores mismos a través de las mutuales y cajas de socorros mutuos, germen de los sindicatos. Las Obras Sociales tienen ese mérito, y recordamos esta historia porque lamentablemente hoy muchas organizaciones obreras y de la propia izquierda centrista están totalmente adaptadas a la ideología estatista de la burguesía, que hoy en la crisis se fortalece. La salud pública, que es una ilusión, pasaría por los hospitales estatales, (no tan) gratuitos, que además los últimos años han sufrido también el embate de las políticas del Banco Mundial y su Cobertura Única de Salud (CUS) que propone la intervención directa de los privados en los servicios “rentables” del hospital público. Más que tripartito, el sistema es una maraña en la cual las empresas de la salud se quedan con el negocio y el Estado sostiene los déficits, estatismo a fin de cuentas. No hace falta más que conversar con cualquier enfermera de un hospital estatal para saber cuáles son y cómo se manejan los servicios “privatizados”. En cuanto a las Obras Sociales, como explicábamos más arriba, han sufrido el derrotero de los propios sindicatos bajo la decadencia imperialista, siendo sometidas por el estado burgués y sus formas de poder bonapartistas sui generis. Sin embargo, en medio de la pandemia, la lección de la historia es categórica: sólo a los trabajadores nos interesa nuestra salud y la salud del pueblo pobre en general.
¿Qué significa la salud de la clase obrera para la burguesía? Simplemente parte del valor de la fuerza de trabajo, que debe reproducirse día a día para continuar bajo el yugo de la explotación del capital y su acumulación. Incluso si se “daña” en el propio proceso de producción, como cualquier máquina está cubierta por un seguro (ART). Esto simplemente queda mucho más al descubierto con la descomposición de cualquier idea de Estado de bienestar en los países imperialistas, el antiguo espejo en que se miraban la sub-burguesía nacional y los sectores medios.

Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud

La pandemia ha venido a profundizar y acelerar la crisis económica y social y a poner al descubierto un sistema de salud en ruinas. La actual coyuntura de crisis en todo el mundo muestra como los trabajadores de la sanidad, de la industria y los servicios empezamos a organizarnos y luchar por lo que nos han robado hace décadas, como es el caso de las huelgas en Italia, método de la clase obrera para que las patronales no la arrojen como “carne de cañón” a producir en la insalubridad de las fábricas.
En Argentina, la burocracia sindical se votó el aislamiento social, cubriéndole el flanco al gobierno. Luego de la reunión entre nación y sindicatos de la salud quedó demostrado que tanto ATE y Fesprosa como la CTA-A van a ser cómplices de profundizar la precariedad laboral ante la incorporación de residentes del 2º y 3º año al abordaje de la epidemia, la falta de recurso crítico disponible en los hospitales (aunque parece ser un dato novedoso para los burócratas) y definen poner a disposición los hoteles sindicales para subordinarse a la estrategia del gobierno nacional. La UPCN y ATSA también firmaron la paz social, y solo se remiten a elevar notas por falta de insumos al Ministerio de Salud ante la presión de los trabajadores de la sanidad en hospitales designados de referencia para atender pacientes infectados por el COVID-19. La burocracia trata de mostrar la importancia que tiene la “unidad” de los sindicatos con el Estado burgués, con la excusa de la emergencia y la esencialidad del sector, manteniendo así la conciliación de clases como objetivo primordial de salvaguardar las ganancias capitalistas.
Los trabajadores de la salud somos hoy los más expuesto a la pandemia y al plan de Alberto y las patronales. Además de defender nuestra propia vida, debemos defender al conjunto de los trabajadores ya que, con menor personal de atención disponibles por posibles contagios, el sistema sanitario caería aún en peores condiciones, como sucede en España donde casi el 15% de los contagios se dan entre trabajadores de la sanidad. Contra las jornadas extenuantes y la doble o triple jornada de trabajo, debemos pelear por jornadas de 6 hs para las y los trabajadores de la salud, con un salario inicial igual a la canasta básica indexado a la inflación, y por el pase a planta permanente de todos los becarios, contratados, monotributistas, pasantes y residentes. Hay que poner fin a las tercerizadas. No podemos permitir que gobiernos y empresarios de la salud aprovechen la coyuntura para avanzar en la precarización laboral, ¡Que todo trabajador que se incorpore en la emergencia sea contratado con las mismas condiciones que el personal de planta, por un contrato único!
Los trabajadores de la salud necesitamos disponer de todos los insumos necesarios para la asepsia y esterilización de materiales, así como de equipos e insumos. Necesitamos equipos de protección personal (EPP) para todo el personal, teniendo en cuenta que se trata de material descartable y debe estar disponible de formar constante. Cese de actividades hasta que se cumplan las normas de bioseguridad para todo el personal.
Es imperiosa la centralización real de los recursos sanitarios. Al igual que el resto del plan sanitario de Alberto, la coordinación a través del gobierno nacional y sus conferencias con los gobernadores de las provincias y el intendente de la CABA son una farsa y dejan al 70% de la atención del sistema, privado, seguir actuando guiado por el lucro (una pandemia significa grandes negocios para estos burgueses). Sin embargo, la consigna de centralización del sistema bajo el comando del Estado burgués, incluso la estatización de las efectores del sector privado, sigue dejando en manos del comando de nuestros enemigos de clase el problema de la salud de los trabajadores. Lo que está planteado es poner los hospitales, clínicas, sanatorios, grandes cadenas de farmacias y demás centros de atención bajo control de sus trabajadores a través de los sindicatos de la rama (ATSA, la Fesprosa, ATE Salud, UPCN, sindicatos estatales provinciales y municipales). Por supuesto, para ello es necesario recuperar los sindicatos de manos de la burocracia y ampliar sus funciones. El método es la asamblea, la elección de delegados con mandato, los plenarios zonales o municipales, provinciales y un Congreso Nacional de Delegados de Base de la Salud, por supuesto, tomando todas las medias de prevención para evitar los contagios (tal como deben tomarse en los propios hospitales y fábricas donde se continúan las labores). Para esto también necesitamos imponer la jornada de 6hs, que los sindicatos estén abiertos para realizar reuniones de delegados y activistas, y que emitan salvoconductos sindicales para que nuestros delegados puedan circular entre los lugares de trabajo y las sedes de nuestras organizaciones.

Control Obrero versus Reconversión

Existe una preocupación válida entre muchos compañeros y compañeras en relación a la provisión de los EPP y otros insumos y equipamientos médicos, ¿cómo conseguirlos, si no hay stock? Esto se debe a que la producción de estas mercancías y su distribución no escapan a las reglas capitalistas anárquicas que rigen a cualquier mercancía. Los stocks no están o porque no se producen, o porque están escondidos para la especulación o porque fueron destinados a la exportación o al consumo de los sectores burgueses. El caso de los respiradores es paradigmático: fueron los propios distritos provinciales los que comenzaron a pujar por los pocos respiradores que se fabrican en el país. Nuevamente, el Estado nacional tuvo que salir a aparentar cierta organización centralizando a su manera el abastecimiento de los mismos, y al mismo tiempo activando un gran negocio para una multinacional como Toyota que se ofreció para la reconversión de su planta de Zárate, donde propuso armar una línea de montaje de respiradores para sumar a los que se fabrican en Córdoba y a las partidas que serán importadas probablemente de China. ¡Es un gran negocio! En tiempos de restricción de la producción por la cuarentena, pero más aún por la recesión mundial, la industria automotriz está paralizada; la única forma en que puede valorizarse el capital es explotando a la fuerza de trabajo, y Toyota encuentra la manera de realizar esto… ¡a través de la famosa reconversión! En el terreno del mercado mundial, ocurre lo mismo con la competencia entre el capital de los países imperialistas entre sí y con China por poner en funcionamiento determinadas producciones destinadas a los sistemas sanitarios para intentar iniciar una (muy dudosa) recuperación económica a futuro.
Lo más lamentable es que esta idea sea un punto central del programa que nos propone la izquierda centrista organizada en el FIT-U. Dirán que ellos suman a la reconversión el “control obrero”, entendido como un mero control democrático “por la base” de la actividad capitalista. Sin embargo, lo que realmente están proponiendo es una reconversión dentro de los marcos del sistema, sin cuestionar el mando capitalista ni enfrentar al Estado burgués (por eso tampoco quieren enfrentar la cuarentena) ni cuestionar la explotación del sistema del trabajo asalariado. Los revolucionarios, entendiendo el problema de la cadena de suministros del sistema sanitario, levantamos la intervención independiente de la clase obrera, luchando por recuperar nuestros sindicatos industriales y de servicios para que amplíen sus funciones y a través de nuestras organizaciones imponer el control obrero de los laboratorios médicos, las fábricas químicas, textiles, de papel y de equipos médicos, la cadena logística, y demás insumos y equipos que se necesiten para atender la pandemia y sostener la tarea de los trabajadores de la salud. Confiscación de todos los stocks de insumos y equipos y distribución bajo control obrero, donde tendrá un peso preponderante la opinión de los propios trabajadores de la salud.
Debemos decir finalmente que la idea de reconversión es totalmente nacionalista. El control obrero sobre las ramas industriales y de servicios rompe las fronteras nacionales porque la tarea que enfrenta nuestra clase obrera y su vanguardia tiene una naturaleza, como la pandemia y el mercado mundial capitalista, internacional.

El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo

Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud. Esto no quiere decir que podamos poner en pie un sistema de salud “obrero”, paralelo al Estado capitalista y el sistema de la propiedad privada, eso sería una mera utopía reformista. La salud de la clase obrera no puede garantizarse sin enfrentar las consecuencias de la descomposición capitalista. Siguiendo a Trotsky, “los sindicatos actualmente no pueden ser simplemente los órganos democráticos que eran en la época del capitalismo libre y ya no pueden ser políticamente neutrales, o sea limitarse a servir a las necesidades cotidianas de la clase obrera. Ya no pueden ser anarquistas, es decir que ya no pueden ignorar la influencia decisiva del estado en la vida del pueblo y de las clases. Ya no pueden ser reformistas, porque las condiciones objetivas no dan cabida a ninguna reforma seria y duradera. Los sindicatos de nuestro tiempo pueden servir como herramientas secundarias del capitalismo imperialista para la subordinación y adoctrinamiento de los obreros y para frenar la revolución, o bien convertirse, por el contrario, en las herramientas del movimiento revolucionario del proletariado.”
La salud de nuestra clase no puede sostenerse a través de ningún sistema de salud estatal bajo el capitalismo, porque no tenemos garantizadas las mínimas condiciones de reproducción de nuestra fuerza de trabajo. Conquistar estas condiciones, un salario mínimo igual a la canasta básicas familiar, las condiciones de seguridad e higiene para no morir en las fábricas y en el transporte, una reforma urbana basada en la expropiación de los grandes terratenientes para conquistar viviendas para todos los obreros, imponer las escalas móviles de salario y horas de trabajo contra el desempleo y los despidos, todo eso plantea un programa de transición para la lucha de nuestra clase contra los capitalistas y su Estado. A través de nuestros métodos, los ceses de actividades y paralizaciones para avanzar a la huelga general. Es el camino de la revolución socialista y la instauración de un gobierno obrero, en el que los revolucionarios internacionalistas estamos comprometidos.
El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo.

Asamblea en el Hospital Ramos Mejía, CABA

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El gobierno congela los salarios metalúrgicos

El gobierno de estafadores libertarios comenzó el año elevando la presión para mantener los salarios obrero por debajo de la inflación. Ni hablar de la recuperación de lo perdido desde diciembre de 2023. Su discurso anti Estado es otra de sus estafas: a través de la secretaría de trabajo, aplica todo el peso de la legislación laboral para negar la homologación de todo acuerdo de rama que no sea del gusto de Caputo y Milei. Todo en beneficio de las patronales, que así no están obligadas a pagar incluso los míseros acuerdos que negocia con las conducciones sindicales.
El caso más resonante es el de los metalúrgicos. El secretariado nacional, con Abel “Chamullo” Furlán a la cabeza, bajó tres veces las pretensiones para cerrar el acuerdo salarial pendiente desde noviembre de 2024. Sin embargo, aún cuando luego de esas agachadas las cámaras patronales firmaron el acuerdo paritario, a la fecha la secretaría de trabajo alega “cuestiones de forma” para no habilitar la homologación. Así, los metalúrgicos no recibimos aumento nominal de nuestros magros sueldos desde octubre del año pasado. Esto significa que el salario en términos reales, es decir, medidos por su poder adquisitivos, se reducen mes a mes al ritmo de la inflación. Y hace rato están en la lona.
La burocracia sindical patalea y saca comunicados. Lo mismo que hace con la denuncia de las decenas de miles de despidos y suspensiones en la rama producto de la crisis económica a que lleva la política recesiva del gobierno nacional, bancado por los gobernadores y la casta del congreso. Y nada más que eso, ni una medida de fuerza para imponer a las patronales el aumento que necesitamos los metalúrgicos, sobre todo los de la rama 17 que no llegamos a la mitad de la canasta de consumos mínimos mensuales calculada por ATE INDEC en $1.600.000 al mes de enero.
En la seccional Córdoba, Urbano no se sale del libreto: los reclamos y quejas abundan pero a la hora de pelear contra los despidos en las diferentes empresas, no saca ninguna medida conjunta y deja a los compañeros y delegados peleando fábrica por fábrica, ¡como si la crisis no fuera generalizada para toda la rama! Ni hablar de salir a pelear por el aumento igual a la canasta básica, como se ha planteado en los congresos seccionales; ni siquiera hay voluntad de imponer el pago de lo ya firmado a las empresas.

Independencia de los sindicatos del Estado

Cuestionar la intervención del Estado en las relaciones laborales va en contra de la ideología y de los propios intereses de la burocracia sindical peronista. Por eso, no pueden enfrentar el techo salarial impuesto por Milei y su gobierno a través de la no homologación de acuerdos, ni la imposición de conciliaciones obligatorias para bloquear las medidas de fuerza de los trabajadores. El Estado juega para las patronales, la burocracia sindical que dirige los gremios es la tercera pata de esa Santa Alianza.

Congreso de delegados con mandato y Paro nacional metalúrgico

La situación no da para más. No podemos permitir más despidos, ni acuerdos de rebajas salariales y suspensiones para que la crisis la paguemos los metalúrgicos, ni seguir viviendo con un salario de miseria. Es hora de enfrentar la injerencia del estado en la paritaria y sacarnos de encima a los burócratas como Furlán que no mueven un dedo para mejorar nuestra situación.
Impulsemos asambleas en las fábricas, mocionemos la necesidad un congreso de delegados metalúrgicos con mandato de base para votar un plan de lucha por la reincorporación de todos los despedidos, basta de despidos y suspenciones, efectivización de los contratados y trabajadores de consultoras, pago inmediato de todos los montos acordados, pase al básico de los premios (presentismo, productividad, incidencias, etc). Para enfrentar los planes de crisis de las empresas, impongamos las escalas móviles de horas de trabajo y salario, con un salario inicial mínimo igual a la canasta básica. Si las empresas lloran que están en crisis, impongamos la apertura de los libros contables.
En cada seccional, cómo es el caso de Córdoba, podemos iniciar la lucha impulsando congresos regionales de delegados con mandato para romper la pasividad de los burócratas cómo Urbano, que se escudan en la inoperancia de Furlán y el secretariado nacional y esperan que los problemas se resuelvan por la buena voluntad de un gobierno nacional que odia a la clase obrera y no da pisada sin pedir permiso a EEUU y el FMI.
Recuperemos la UOM y la CGT. Impongamos la voluntad de las fábricas para acabar con este desastre. Vamos al paro nacional metalúrgico y a un plan de lucha por el salario y contra los despidos.
Por el triunfo de los químicos de Linde Praxair

La multinacional Linde Praxair, líder mundial en producción de gases industriales y medicinales, y proveedora de las grandes industrias siderúrgicas y metalmecánicas en Argentina, en un ataque antisindical busca despedir a 6 activistas y referentes de la planta de Pacheco, varios ex miembros de la comisión interna, pertenecientes al sindicato químico de Buenos Aires (SPIQyP).

En la planta de Pacheco, objetivo del golpe de la patronal, es donde hace 20 años por primera vez se puso en pie una comisión interna (Praxair). Tras la fusión, después de 2020, entre la estadounidense Praxair y la alemana Linde, y a tono con el gobierno de Milei, la patronal ha lanzado esta ofensiva, que incluirá, por supuesto, avanzar sobre las conquistas.

La respuesta obrera fue importante, con casi cinco días de huelga la semana pasada, en una lucha conjunta de los trabajadores de los 5 establecimientos ubicados en el conurbano, que se ha convertido en referencia de lucha. Decenas de organizaciones sindicales y políticas se han acercado a las puertas y participado de las convocatorias de la comisión interna. También se han realizado acciones con volanteos en Puerto San Martín (San Lorenzo, Santa Fe), donde Praxair ha enviado producción y no hay delegados en planta.

La patronal ha citado al sindicato químico y a la comisión interna a una reunión para este lunes (10/2/25), pero puso como condición el levantamiento de las medidas para llevar una propuesta. Los trabajadores han votado un impasse hasta el resultado de la reunión, pero planteando y dejando en claro que continuarán las acciones si no hay repuesta favorable para las reincorporaciones. Para ese día convocan desde las 6 am a concentrar en Panamericana y 197, para realizar una conferencia de prensa y movilizar a las puertas de la fábrica, donde será la reunión.

Esta ofensiva, que es de conjunto contra toda la clase, se da porque la CGT y la CTA están entregadas y no convocan a una sola medida de lucha. La burocracia sindical peronista no puede sacar más que meras declaraciones de apoyo, pero son cómplices de Milei y buscan que los trabajadores no intervengamos con nuestro peso en la producción, diluyendo a la clase para ir tras una salida electoral dentro de régimen burgués.

Los trabajadores debemos confiar en nuestros propios métodos de lucha y en un programa obrero, que plantee, para empezar, que frente a los despidos y la llamada “crisis industrial” o de demanda se imponga en cada rama y sindicato la escala móvil de horas y salarios, para imponer a las patronales la organización de la producción y los tiempos de trabajo en función de la defensa de todos los puestos de trabajo a costa de sus ganancias, así como la incorporación de los desocupados a la producción.

En Zona Norte del AMBA, uno de los principales cordones industriales del país, donde se vienen dando o ya están sucediendo importantes peleas que pueden constituirse un jalón para toda la clase, como el Sutna Fate y las otras plantas, Praxair, Toyota, SanCor, de los estatales y la salud, está planteada la necesidad de una convocatoria por parte de los principales sindicatos y organizaciones obreras en lucha a un plenario de delegados con mandato de la región, precedido de una agitación en todas las fábricas, para preparar un plan de lucha conjunto. Este ejemplo debe ser extendido a todo el país, con el norte de imponer un paro general para derrotar a Milei, contra la entrega de las burocracias de la CGT y CTA, en la pelea por recuperar los sindicatos y centrales.
Los petroquímicos de Río Tercero tienen que triunfar
    Los trabajadores de Petroquímica Río Tercero (PR3) están dando una durísima lucha contra los despidos y el lockout patronal desde hace casi un mes. A través de maniobras arteras, la patronal logró sacarlos de la planta y cerrar las puertas con candado para luego alegar que la principal línea de producción, la de Diisocianato de Tolueno (TDI), es económicamente inviable por la competencia de superplantas instaladas en China y que por lo tanto pretende cerrarla de forma permanente. Al momento, son 125 compañeros los que han recibido la notificación de despido, a los que hay que sumar más de 60 trabajadores de tercerizadas encuadrados en la UOCRA. Además, penden de un hilo decenas de puestos de trabajo de la planta que Fabricaciones Militares (FM), recientemente convertida en Sociedad Anónima Unipersonal, tiene en la localidad, ya que es proveedora de insumos para el TDI de PR3.
    Los trabajadores, organizados en el sindicato de Químicos y Petroquímicos de Río Tercero, mantienen un acampe frente a los portones de la fábrica y han convocado ya a dos multitudinarias marchas por las calles de la ciudad. También han desplegado su solidaridad con otras luchas en curso en la provincia, como la de los jubilados, los estudiantes y trabajadores de la UNC y los estatales provinciales que enfrentan los descuentos de Llaryora.
    En esta comprensión de que para triunfar la lucha no tiene que quedar aislada, los petroquímicos han recorrido diferentes sindicatos buscando el apoyo de las organizaciones del movimiento obrero, aunque en general el apoyo de las conducciones sólo ha sido de palabra. Si bien algunos sindicatos participaron de las marchas en Río Tercero, la burocracia sindical cordobesa, ella misma dividida en dos CGTs y dos CTAs plagadas de internas, no ha realizado ninguna acción contundente contra los despidos y suspensiones, no sólo en PR3, sino en una multiplicidad de fábricas, establecimientos, comercios y reparticiones estatales a lo largo y ancho de la provincia. Incluso, en el acto del 30 de octubre contra la venida de Milei a la provincia, directamente bajaron del palco a los representantes del sindicato químico y no los dejaron hablar. No es de extrañar esta posición de la burocracia sindical, ya que, además de los múltiples vasos comunicantes que la unen al gobierno del peronismo provincial y sus aliados, a nivel nacional son parte de una burocracia que se divide entre quienes lanzan medidas aisladas de vez en cuando para descomprimir como forma de sustentar la gobernabilidad y quienes directamente pactan la reforma laboral, el RIGI y la Ley Bases con Milei.

Congreso de delegados con mandato y paro provincial

    El miércoles 6 de noviembre, los petroquímicos organizaron un plenario en la sede de Luz y Fuerza en Córdoba Capital para discutir las perspectivas del conflicto con organizaciones sindicales, sociales y políticas, una buena iniciativa de la que fuimos parte. Nuestra posición en el plenario, además de discutir los problemas estratégicos que coloca frente a nuestra clase el brutal ajuste fondomonetarista que está llevando adelante el gobierno nacional y su alineamiento obsecuente con el imperialismo yanqui e Israel, se centró en la necesidad de unir las fuerzas de nuestra clase contra el ataque patronal. Propusimos dar una pelea para poner en pie un plenario de delegados de base con mandato con miras a un Congreso de delegados de trabajadores ocupados y desocupados, de la industria, los servicios y estatales, junto a los jubilados y el movimiento estudiantil, para discutir las medidas y los métodos que necesitamos imponer para triunfar. Se hace necesario discutir un programa obrero de salida a la crisis, que enfrente los engaños institucionales del ministerio de trabajo, las legislaturas o los gobierno nacional y provincial. También planteamos que aquellas conducciones que apoyan la lucha contra los despidos en PR3 y sus tercerizadas tienen la obligación de ponerle fecha al Paro Provincial; las condiciones están dadas, como muestran las luchas en curso del SUOEM (municipales de Capital), los docentes, los trabajadores de los hospitales y estatales provinciales, los trabajadores y estudiantes universitarios. Y los motivos sobran, con salarios miserables y cientos de miles de despidos y suspensiones que en todo el país afectan a las diferentes ramas de la economía por la recesión autoimpuesta por el ajuste de Milei y sus socios.
    Desde la COR, apoyamos desde el primer día la lucha de los trabajadores de PR3, metiendo en los diferentes lugares de trabajo el debate sobre el conflicto y sus perspectivas y planteando la necesidad de ir a una lucha generalizada por su triunfo. La crisis y el nivel de ataque del gobierno y las patronales ponen a nuestra clase frente a enormes desafíos. Debemos encararlos con valentía, como hacen los trabajadores petroquímicos de Río Tercero con su consigna “todos o ninguno”, negándose a negociar despidos. Su triunfo sería un duro golpe para el plan de las patronales, se trata de una lucha que excede la pelea sindical, se trata de una lucha política contra el gobierno de Milei y quienes lo sostienen.
- Congreso de delegados con mandato de base
- Por un programa obrero de salida a la crisis
- Paro general
- Abajo Milei
- Por un gobierno obrero
Organizarse y poner en pie una Oposición Revolucionaria dentro de Comercio

En enero del 2024, Cavalieri inauguró las relaciones con el gobierno libertario de la mejor manera posible. Mientras miles de trabajadores reclamaban en las calles contra el DNU y la reforma laboral, el pope de comercio se sacaba fotos con la ministra Petovello y le aseguraba que el “fondo de cese laboral” iba a estar en la agenda mercantil. Hace poco, a inicios de agosto, la “buena onda” con el gobierno de Milei sigue firme. Cavalieri fue el único gremialista que envió un representante a la mesa de diálogo social, a pesar de que la cúpula de la CGT avisó que no concurría. Cavalieri le garantizo así “la pata sindical” a esta mesa de diálogo que lo único que busca es avanzar en consensos que deriven en proyectos de Ley, para reglamentar la reforma anti-obrera.

Este acercamiento tan estrecho no es casual. Los libertarios pretenden usar al gremio más grande del país (1.2 millones de afiliados) cómo modelo de la naciente reforma laboral.

La burocracia de comercio tomó nota e hizo bien los deberes. La última paritaria fue un verdadero escándalo. Cavalieri acordó un incremento salarial del 13,5 % en 3 cómodas cuotas que no cubren ni por asomo la galopante inflación impulsada por los aumentos en los servicios, alimentos y transporte. Para colmo, la burocracia volvió a patear para el 2025 la incorporación al básico de todos los acuerdos. Es decir, los aumentos son “no remunerativos” y no devengan para muchos ítems, dejando el sueldo básico por el subsuelo.

La excusa es la misma de siempre, resignar salario y condiciones laborales para “comprender” a las empresas y su merma en las ventas. De esta forma, sin salarios dignos, la Federación inventa el relato de que está cuidando los puestos de trabajo. Pero la realidad es que mientras Cavalieri les cuida la billetera a las empresas, los despidos y ataques a los trabajadores se profundizan.

El primero en hacer punta de lanza, fue la cadena Chango Más, perteneciente a Francisco De Narváez y que vino a suplantar a Walmart. Esta cadena procedió al despido de más de 300 empleados, todos con antigüedad, apenas salió la reforma laboral. En el mayorista Mademax de La Matanza, despidieron a 70 trabajadores en un día. En Carrefour, Coto y Diarco siguen los despidos por goteo. Ante esta situación las diferentes regionales solo pelean por el pago de la indemnización, en algunos casos llevaron acciones adelante, pero todo terminó en conseguir un 20% más de plata. Nunca pusieron en pie un plan de lucha serio. Mención aparte merece el holding Cencosud (Jumbo, Easy, Disco, Vea, Unicenter, Blaisten, etc.), donde la patronal despidió a un delegado combativo (Jumbo Pilar), electo a principio de año y no lo deja ingresar a su lugar de trabajo. Mientras avanzan en recortar beneficios y despiden gente.

Para enfrentar estos ataques es primordial jerarquizar la organización en los mercados y hacia adentro de los SEC. Realizar asambleas, hacer piquetes de convencimiento, recorrer los mercados, llevar mandatos y exigir a las regionales que convoquen a plenarios. Debemos unir fuerzas dentro de nuestra propia organización y dar la pelea desde allí. Lamentablemente los atajos “legales” no funcionan, no podemos ilusionarnos solo con visibilizar los conflictos en la opinión pública o imponer una agenda parlamentaria que trate la “prohibición de despidos” o peor aún, la “doble indemnización”. Nada de eso juega a nuestro favor, solo podemos organizarnos desde adentro de nuestra organización para presentar una pelea seria.

Necesitamos profundizar las discusiones para llevar adelante un programa obrero, que nos articule para crear una oposición que le dispute la dirección del gremio a la burocracia.

ASAMBLEAS EN CADA MERCADO

PLENARIOS DE DELEGADOS CON MANDATO POR CADA REGIONAL

PLAN DE LUCHA NACIONAL PARA REINCORPORAR A LOS DESPEDIDOS Y POR SALARIO= CANASTA FAMILIAR

PONGAMOS EN PIE UNA OPOSICIÓN REVOLUCIONARIA DENTRO DE LA FEDERACIÓN

Mercantiles de la COR
Rechazar la conciliación obligatoria de Llaryora y la Celeste
El 16 de julio, el gobernador Llaryora le solicitó al Ministerio de Trabajo de la provincia que dictara la conciliación obligatoria a los docentes de Córdoba, garantizando así el normal inicio de clases el lunes próximo.
La burocracia celeste cómplice del plan de ajuste del gobierno provincial, aceptó dicha conciliación impidiendo que se concrete el paro de 48 hs, votado en la última asamblea de delegados departamentales de UEPC. Recordemos que el plan de lucha definido por la docencia era: paro por 48 hs para el 22 y 23 de julio y el no inicio de clases como consecuencia de una segunda e insuficiente oferta salarial del gobierno provincial.

Claramente el gobernador achica el gasto en consonancia con la política de Milei, dictada por el FMI y a sabiendas que la pérdida salarial del último trimestre ubica a los docentes por debajo de la línea de pobreza, se atreve a declarar públicamente, lo contrario. Además de esta mentira, corroboramos que el cinismo del ejecutivo no tiene límites al declarar que va a “mejorar la propuesta” programando para más adelante los descuentos del Fondo Solidario de Atención para Enfermedades Emergentes e Innovación Tecnológica (FOSAET) y del fondo para la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross). Mientras, trata de ganar tiempo con la conciliación.

No contento con esto, el gobernador se mete en la vida política del gremio con la clara intención de macartear, haciendo responsable a la dirigencia de izquierda de la seccional capital de poner palos en la rueda para que la docencia cordobesa acepte “mejorar el salario”. No debemos aceptar que Llaryora interfiera en la vida interna del gremio. Las diferencias con la burocracia celeste, las enfrentamos a diario organizando en las escuelas: asambleas, plenarios, paros y movilizaciones. Métodos de lucha de nuestra clase, para enfrentar a la burocracia traidora, socia del Estado -patrón.

Plenario de delegados mandatados para ratificar el plan de lucha

Diez días hábiles de conciliación a partir del lunes 22 de julio, es lo dictado por Sereno, secretario de trabajo. Debemos rechazar la medida, por su carácter coercitivo porque el gobierno es juez y parte en este conflicto. A su vez, los trabajadores no debemos confiar ni un ápice en las instituciones burguesas, sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas.

La dirección de UEPC capital, recuperada de manos de la celeste, ha declarado su rechazo a la conciliación. Es una gran oportunidad para postularse como dirección alternativa a la burocracia, junto a los delegados departamentales y escolares combativos del resto de los departamentos de la provincia, convocando a un plenario de delegados mandatados de todas las escuelas de la provincia para rechazar la conciliación obligatoria y ratificar el plan de lucha votado en la última asamblea departamental. En esta perspectiva, impulsemos asambleas en cada escuela, y saquemos pronunciamientos públicos de rechazo a la conciliación y de repudio al accionar inconsulto de la burocracia, exigiendo plenario ya!

Es inadmisible que la burocracia celeste, luego de perder la votación de la departamental aún teniendo un estatuto amañado al servicio de sus intereses, acepte pasivamente la conciliación y deponer el plan de lucha. Y como si todo esto fuera poco, en el comunicado oficial pretende amedrentarnos citando la ley de asociaciones sindicales y señala lo riesgoso de no someternos a los designios del Estado-patrón. Debemos aclararle a Cristalli y cía. que el único riesgo que corre nuestra organización sindical es que ellos continúen entregando sistemáticamente a la docencia. Cansados estamos de los paritarios de la burocracia y sus prácticas genuflexas ante el estado, ¡nosotros luchamos y ellos negocian migajas! Es hora de elegir a nuestros paritarios votados en asamblea, con mandato y revocables, para que podamos tomar la negociación salarial en nuestras manos. Enfrentar el ataque en curso al conjunto de los trabajadores es tarea de las seccionales recuperadas y de los activistas antiburocráticos, es necesario señalar el camino para reagrupar a la vanguardia en un debate programático para dar una salida obrera a esta crisis, convocando al activismo de los hospitales y estatales en general para pelear por una Paritaria Estatal Única.

A su vez, en la provincia se desarrollan conflictos tales como la lucha de los trabajadores de los SRT de la UNC con quienes debemos tender lazos de solidaridad activa, al igual que los trabajadores de la industria ceramista que están de paro por la falta de respuestas ante el pedido de mejora salarial. También hay despidos y suspensiones en la industria metalmecánica y automotriz, en medio de un escenario recesivo que debemos enfrentar el conjunto de los trabajadores estatales y privados, imponiendo a la CGT y a las CTA un paro activo provincial para derrotar el plan del FMI, Milei y Llaryora.
- No a los salarios de hambre de Llaryora. Salario inicial igual a la canasta familiar
- Rechacemos la extorsiva conciliación obligatoria
- Plenario de delegados mandatados para ratificar el plan de lucha
- Por delegados paritarios elegidos en asamblea
- Por un paro provincial activo
- Todos a la marcha del martes 23/07, movilicemos a la sede de UEPC