El 20 de marzo pasado el gobierno nacional de Alberto Fernández estableció por decreto el “aislamiento social preventivo y obligatorio” por el COVID-19, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pandemia mundial. El domingo 29 de marzo, extendió la medida hasta fines de semana santa. El pretexto para establecer esta cuarentena, con las fuerzas de seguridad controlando las calles, es un modelo estadístico (curva) promovido por la OMS y los especialistas según el cuál es necesario ralentizar los contagios de la enfermedad para evitar un colapso del sistema sanitario de los estados burgueses, como se está viendo en Italia y España. Este plan de “achatar la curva de contagios” parte del supuesto de que el sistema sanitario tiene capacidades limitadas para la atención de la población, y según el ministro de salud González García, todo el plan consiste en ganar tiempo para adecuar el sistema, en actual estado de calamidad, a las necesidades del futuro pico de contagio. Basta traspasar la medianera de cualquier hospital del interior del país para darse cuenta de que esto es una burla al pueblo pobre y a la clase trabajadora toda, y un cínico insulto a los trabajadores de la salud en particular.
Por supuesto, lo anterior es un mero pretexto sanitario. Al 29 de marzo, el total de detenidos por “violación de la cuarentena” ascendía a 33.000 (Clarín). Como hemos expuesto en otros materiales, la intervención de las fuerzas de seguridad controlando la circulación de mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo como mercancía, responde a la preparación de la burguesía y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo mundial que va mucho más allá de una infección respiratoria. Estamos hablando de una crisis capitalista en toda regla, con su ola de suspensiones, despidos, rebajas salariales, avance de la precariedad y quita de conquistas obreras, camino que ya comienzan a transitar las patronales como Techint, pero que ya venían implementando antes del COVID-19 en la industria petrolera, en ARCOR, por dar sólo algunos ejemplos.
La inversión en salud en Argentina es del 9,4% del PBI. De esta cifra, el Estado (en sus distintos niveles e incluyendo el gasto en seguridad social) aporta el 70% y el 30 % restante corresponde al sector privado, según datos de la OPS/OMS. En relación al gasto total, en cambio, los fondos públicos ejecutados en 2020 representan solo un 4%, de acuerdo con los datos de Hacienda. Por la expansión de la pandemia, el gobierno nacional anunció una partida presupuestaria extra de $1.700 millones. Para que tengamos un punto de comparación, es el equivalente a un cuarto del presupuesto anual del Hospital Garraham.
El cinismo de Fernández es insuperable cuando se refirió a que los trabajadores de la salud iban a recibir un pago diferencial extraordinario: se rumoreaba que iba a ser de $30.000, pero resultó en el decreto que cobrarán 4 cuotas de $5.000, no remunerativos y contra la prestación efectiva de servicios; y en caso que se ausente del trabajo en forma parcial o total -justificada- el pago extraordinario se ajustará proporcionalmente, introduciendo en la emergencia una cláusula de presentismo (productividad). Ese decreto además reconoce que el personal de salud debe trabajar en más de un lugar, dado que el salario no alcanza, estableciendo que el incentivo lo cobrarán sólo por uno de sus empleos. Resulta ahora que los trabajadores de la salud deben hacer una “patriada” con un barbijo y un par de guantes durante todo el día a cambio de las peores condiciones laborales agudizadas por la expansión del virus, con todos los riesgos que ello significa, y con un salario por debajo de la línea de la pobreza.
El sistema sanitario argentino está fragmentado en el sector estatal, que atiende a 3 de cada 10 personas en forma gratuita, las Obras Sociales sindicales, que cubren a los trabajadores registrados con aportes, y el sector privado de prepagas, hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, otros centros privados y, no olvidarlo, las nefastas ARTs. Estos dos últimos sectores atienden a 7 de cada 10 personas (Iprofesional, 22/03/20). Las estadísticas no distinguen entre las personas atendidas por las Obras Sociales de aquellas atendidas por el sector privado porque de hecho estos sectores se confunden. Hay una razón: en los años 90, las Obras Sociales que ya estaban bajo la égida del Estado burgués a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y otros organismos, fueron desreguladas, proceso que culminó bajo el gobierno de la Alianza que nos depositó en la crisis de 2001. Debería tener más cuidado el actual presidente cuando compara los muertos con las crisis económicas: muchos de los trabajadores que morirán con el pico de la actual pandemia serán en realidad víctimas de las reformas antiobreras que se instrumentaron durante las crisis anteriores. La desregulación de las Obras Sociales permitió que muchas de estas simplemente tercerizaran los servicios de cobertura de salud de los trabajadores de su rama desviando los descuentos de ley a prepagas que surgieron como hongos y luego fueron decantando por la competencia capitalista en el monopolio de los actuales mercaderes de la vida y la muerte como OSDE, Swiss Medical, Medifé, etc, etc. Otras Obras Sociales sindicales se “especializaron” en el rubro, ofreciendo sus servicios a otros sindicatos. Todo esto, sin dejar de mantener una relación espuria con la SSS, que junto con la Ley de Asociaciones Sindicales y la Conciliación Obligatoria se ha convertido en un instrumento de subordinación de las organizaciones de la clase obrera al Estado burgués. Esto sucedió durante el gobierno de Macri, durante los gobiernos anteriores y sucede ahora: la burocracia sindical negocia paz social por fondos frescos que la SSS transfiere a esta capa privilegiada a través de las Obras Sociales. Los fondos que supuestamente deberían destinarse a la salud de los trabajadores son el pago en efectivo de la traición de sus dirigentes por el Estado burgués. Este sistema de salud, llamado “tripartito”, que viene siendo coto de negocios de un puñado de empresas capitalistas (a las que hay que sumar a los laboratorios de medicamentos) y del concubinato del Estado con la burocracia sindical, es el que se enfrenta a la famosa “curva” del COVID-19. De más está decir que la resultante, en palabras del propio Ginés González García, es un sistema sanitario devastado.
Igual que la democracia política, la salud popular en la Argentina fue producto de la lucha y la organización de la única clase progresiva, el proletariado. La salud de los trabajadores sólo fue atendida por los trabajadores mismos a través de las mutuales y cajas de socorros mutuos, germen de los sindicatos. Las Obras Sociales tienen ese mérito, y recordamos esta historia porque lamentablemente hoy muchas organizaciones obreras y de la propia izquierda centrista están totalmente adaptadas a la ideología estatista de la burguesía, que hoy en la crisis se fortalece. La salud pública, que es una ilusión, pasaría por los hospitales estatales, (no tan) gratuitos, que además los últimos años han sufrido también el embate de las políticas del Banco Mundial y su Cobertura Única de Salud (CUS) que propone la intervención directa de los privados en los servicios “rentables” del hospital público. Más que tripartito, el sistema es una maraña en la cual las empresas de la salud se quedan con el negocio y el Estado sostiene los déficits, estatismo a fin de cuentas. No hace falta más que conversar con cualquier enfermera de un hospital estatal para saber cuáles son y cómo se manejan los servicios “privatizados”. En cuanto a las Obras Sociales, como explicábamos más arriba, han sufrido el derrotero de los propios sindicatos bajo la decadencia imperialista, siendo sometidas por el estado burgués y sus formas de poder bonapartistas sui generis. Sin embargo, en medio de la pandemia, la lección de la historia es categórica: sólo a los trabajadores nos interesa nuestra salud y la salud del pueblo pobre en general.
¿Qué significa la salud de la clase obrera para la burguesía? Simplemente parte del valor de la fuerza de trabajo, que debe reproducirse día a día para continuar bajo el yugo de la explotación del capital y su acumulación. Incluso si se “daña” en el propio proceso de producción, como cualquier máquina está cubierta por un seguro (ART). Esto simplemente queda mucho más al descubierto con la descomposición de cualquier idea de Estado de bienestar en los países imperialistas, el antiguo espejo en que se miraban la sub-burguesía nacional y los sectores medios.
La pandemia ha venido a profundizar y acelerar la crisis económica y social y a poner al descubierto un sistema de salud en ruinas. La actual coyuntura de crisis en todo el mundo muestra como los trabajadores de la sanidad, de la industria y los servicios empezamos a organizarnos y luchar por lo que nos han robado hace décadas, como es el caso de las huelgas en Italia, método de la clase obrera para que las patronales no la arrojen como “carne de cañón” a producir en la insalubridad de las fábricas.
En Argentina, la burocracia sindical se votó el aislamiento social, cubriéndole el flanco al gobierno. Luego de la reunión entre nación y sindicatos de la salud quedó demostrado que tanto ATE y Fesprosa como la CTA-A van a ser cómplices de profundizar la precariedad laboral ante la incorporación de residentes del 2º y 3º año al abordaje de la epidemia, la falta de recurso crítico disponible en los hospitales (aunque parece ser un dato novedoso para los burócratas) y definen poner a disposición los hoteles sindicales para subordinarse a la estrategia del gobierno nacional. La UPCN y ATSA también firmaron la paz social, y solo se remiten a elevar notas por falta de insumos al Ministerio de Salud ante la presión de los trabajadores de la sanidad en hospitales designados de referencia para atender pacientes infectados por el COVID-19. La burocracia trata de mostrar la importancia que tiene la “unidad” de los sindicatos con el Estado burgués, con la excusa de la emergencia y la esencialidad del sector, manteniendo así la conciliación de clases como objetivo primordial de salvaguardar las ganancias capitalistas.
Los trabajadores de la salud somos hoy los más expuesto a la pandemia y al plan de Alberto y las patronales. Además de defender nuestra propia vida, debemos defender al conjunto de los trabajadores ya que, con menor personal de atención disponibles por posibles contagios, el sistema sanitario caería aún en peores condiciones, como sucede en España donde casi el 15% de los contagios se dan entre trabajadores de la sanidad. Contra las jornadas extenuantes y la doble o triple jornada de trabajo, debemos pelear por jornadas de 6 hs para las y los trabajadores de la salud, con un salario inicial igual a la canasta básica indexado a la inflación, y por el pase a planta permanente de todos los becarios, contratados, monotributistas, pasantes y residentes. Hay que poner fin a las tercerizadas. No podemos permitir que gobiernos y empresarios de la salud aprovechen la coyuntura para avanzar en la precarización laboral, ¡Que todo trabajador que se incorpore en la emergencia sea contratado con las mismas condiciones que el personal de planta, por un contrato único!
Los trabajadores de la salud necesitamos disponer de todos los insumos necesarios para la asepsia y esterilización de materiales, así como de equipos e insumos. Necesitamos equipos de protección personal (EPP) para todo el personal, teniendo en cuenta que se trata de material descartable y debe estar disponible de formar constante. Cese de actividades hasta que se cumplan las normas de bioseguridad para todo el personal.
Es imperiosa la centralización real de los recursos sanitarios. Al igual que el resto del plan sanitario de Alberto, la coordinación a través del gobierno nacional y sus conferencias con los gobernadores de las provincias y el intendente de la CABA son una farsa y dejan al 70% de la atención del sistema, privado, seguir actuando guiado por el lucro (una pandemia significa grandes negocios para estos burgueses). Sin embargo, la consigna de centralización del sistema bajo el comando del Estado burgués, incluso la estatización de las efectores del sector privado, sigue dejando en manos del comando de nuestros enemigos de clase el problema de la salud de los trabajadores. Lo que está planteado es poner los hospitales, clínicas, sanatorios, grandes cadenas de farmacias y demás centros de atención bajo control de sus trabajadores a través de los sindicatos de la rama (ATSA, la Fesprosa, ATE Salud, UPCN, sindicatos estatales provinciales y municipales). Por supuesto, para ello es necesario recuperar los sindicatos de manos de la burocracia y ampliar sus funciones. El método es la asamblea, la elección de delegados con mandato, los plenarios zonales o municipales, provinciales y un Congreso Nacional de Delegados de Base de la Salud, por supuesto, tomando todas las medias de prevención para evitar los contagios (tal como deben tomarse en los propios hospitales y fábricas donde se continúan las labores). Para esto también necesitamos imponer la jornada de 6hs, que los sindicatos estén abiertos para realizar reuniones de delegados y activistas, y que emitan salvoconductos sindicales para que nuestros delegados puedan circular entre los lugares de trabajo y las sedes de nuestras organizaciones.
Existe una preocupación válida entre muchos compañeros y compañeras en relación a la provisión de los EPP y otros insumos y equipamientos médicos, ¿cómo conseguirlos, si no hay stock? Esto se debe a que la producción de estas mercancías y su distribución no escapan a las reglas capitalistas anárquicas que rigen a cualquier mercancía. Los stocks no están o porque no se producen, o porque están escondidos para la especulación o porque fueron destinados a la exportación o al consumo de los sectores burgueses. El caso de los respiradores es paradigmático: fueron los propios distritos provinciales los que comenzaron a pujar por los pocos respiradores que se fabrican en el país. Nuevamente, el Estado nacional tuvo que salir a aparentar cierta organización centralizando a su manera el abastecimiento de los mismos, y al mismo tiempo activando un gran negocio para una multinacional como Toyota que se ofreció para la reconversión de su planta de Zárate, donde propuso armar una línea de montaje de respiradores para sumar a los que se fabrican en Córdoba y a las partidas que serán importadas probablemente de China. ¡Es un gran negocio! En tiempos de restricción de la producción por la cuarentena, pero más aún por la recesión mundial, la industria automotriz está paralizada; la única forma en que puede valorizarse el capital es explotando a la fuerza de trabajo, y Toyota encuentra la manera de realizar esto… ¡a través de la famosa reconversión! En el terreno del mercado mundial, ocurre lo mismo con la competencia entre el capital de los países imperialistas entre sí y con China por poner en funcionamiento determinadas producciones destinadas a los sistemas sanitarios para intentar iniciar una (muy dudosa) recuperación económica a futuro.
Lo más lamentable es que esta idea sea un punto central del programa que nos propone la izquierda centrista organizada en el FIT-U. Dirán que ellos suman a la reconversión el “control obrero”, entendido como un mero control democrático “por la base” de la actividad capitalista. Sin embargo, lo que realmente están proponiendo es una reconversión dentro de los marcos del sistema, sin cuestionar el mando capitalista ni enfrentar al Estado burgués (por eso tampoco quieren enfrentar la cuarentena) ni cuestionar la explotación del sistema del trabajo asalariado. Los revolucionarios, entendiendo el problema de la cadena de suministros del sistema sanitario, levantamos la intervención independiente de la clase obrera, luchando por recuperar nuestros sindicatos industriales y de servicios para que amplíen sus funciones y a través de nuestras organizaciones imponer el control obrero de los laboratorios médicos, las fábricas químicas, textiles, de papel y de equipos médicos, la cadena logística, y demás insumos y equipos que se necesiten para atender la pandemia y sostener la tarea de los trabajadores de la salud. Confiscación de todos los stocks de insumos y equipos y distribución bajo control obrero, donde tendrá un peso preponderante la opinión de los propios trabajadores de la salud.
Debemos decir finalmente que la idea de reconversión es totalmente nacionalista. El control obrero sobre las ramas industriales y de servicios rompe las fronteras nacionales porque la tarea que enfrenta nuestra clase obrera y su vanguardia tiene una naturaleza, como la pandemia y el mercado mundial capitalista, internacional.
Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud. Esto no quiere decir que podamos poner en pie un sistema de salud “obrero”, paralelo al Estado capitalista y el sistema de la propiedad privada, eso sería una mera utopía reformista. La salud de la clase obrera no puede garantizarse sin enfrentar las consecuencias de la descomposición capitalista. Siguiendo a Trotsky, “los sindicatos actualmente no pueden ser simplemente los órganos democráticos que eran en la época del capitalismo libre y ya no pueden ser políticamente neutrales, o sea limitarse a servir a las necesidades cotidianas de la clase obrera. Ya no pueden ser anarquistas, es decir que ya no pueden ignorar la influencia decisiva del estado en la vida del pueblo y de las clases. Ya no pueden ser reformistas, porque las condiciones objetivas no dan cabida a ninguna reforma seria y duradera. Los sindicatos de nuestro tiempo pueden servir como herramientas secundarias del capitalismo imperialista para la subordinación y adoctrinamiento de los obreros y para frenar la revolución, o bien convertirse, por el contrario, en las herramientas del movimiento revolucionario del proletariado.”
La salud de nuestra clase no puede sostenerse a través de ningún sistema de salud estatal bajo el capitalismo, porque no tenemos garantizadas las mínimas condiciones de reproducción de nuestra fuerza de trabajo. Conquistar estas condiciones, un salario mínimo igual a la canasta básicas familiar, las condiciones de seguridad e higiene para no morir en las fábricas y en el transporte, una reforma urbana basada en la expropiación de los grandes terratenientes para conquistar viviendas para todos los obreros, imponer las escalas móviles de salario y horas de trabajo contra el desempleo y los despidos, todo eso plantea un programa de transición para la lucha de nuestra clase contra los capitalistas y su Estado. A través de nuestros métodos, los ceses de actividades y paralizaciones para avanzar a la huelga general. Es el camino de la revolución socialista y la instauración de un gobierno obrero, en el que los revolucionarios internacionalistas estamos comprometidos.
El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo.