El ministerio de trabajo de la provincia, encabezado por Omar Sereno, amenaza a la UOM Córdoba de denunciar penalmente a 2 trabajadores de la empresa WEG equipamientos y a un miembro de la comisión directiva. La denuncia estaría fundada en que los trabajadores de la fábrica de motores eléctricos habrían violado el protocolo sanitario de la empresa y el COE en el transcurso de medidas de fuerza que venían llevando a cabo por un pedido de una mejora económica ante la miserable paritaria firmada por Caló a nivel nacional. Queda al desnudo el rol del ministerio, que lejos de ser un árbitro en los conflictos entre trabajadores y patronales, juega abiertamente del lado de estas, imponiendo una conciliación obligatoria para desactivar las medidas para luego… amenazar a los trabajadores con el código penal.
  Mientras tanto, el COVID-19 se esparce en los lugares de trabajo, incluídas varias fábricas de la UOM, porque los protocolos de las empresas y el COE están hechos solo a fin de culpar a los propios trabajadores ante los contagios, deslindando las responsabilidades de las patronales y las ART. Mientras los trabajadores se ven obligados a amontonarse en líneas de producción, talleres y otros espacios, las empresas declaran que los tapabocas caseros son infalibles, no toman las medidas de organización de los turnos necesarias ni hacen las obras de infraestructura correspondientes. Todo va en el mismo sentido: maximizar la ganancia y bajar todo “costo” que en este caso son las medias de seguridad e higiene para cuidar nuestra salud y la de nuestras familias… y luego si hay contagios, no solo no se hacen cargo, sino que llaman al ministerio de trabajo para que nos amenace con el código penal.

Por comisiones de seguridad e higiene
Abajo la denuncia penal de Sereno

  No podemos confiar ni un segundo en los protocolos del COE y las empresas. Ya está demostrado que el supuesto “plan” sanitario del gobierno nacional con su cuarentena, y del COE provincial con su “ocupación quirúrgica” de barrios y pueblos, no ha evitado que estemos ante un récord de contagios y muertes. Debemos impugnar esos protocolos, votar en asambleas nuestra propia propuesta de medidas de protección y elegir comisiones de seguridad e higiene para garantizar su cumplimiento. Las medidas deben incluir hisopados PCR (los únicos tests que sirven para diagnóstico específico) para los trabajadores y aislamiento de todos los contactos estrechos de los casos positivos. Esto debe sumarse a todos los reclamos que vienen levantándose en las fábricas: salario que supere la línea de pobreza, pago al 100% del salario a los compañeros con licencias médicas, fin de los despidos y suspensiones, reincorporación de los despedidos. Hay que sumar una nueva reivindicación: abajo la denuncia penal contra los compañeros de WEG, es un ataque a nuestro sindicato y a todos los metalúrgicos.
  Debemos tener en claro, no sólo en la rama metalúrgica sino en todas las ramas, que a Schiaretti, a Alberto y a los empresarios no les importan nuestras vidas. Para frenar el avance de la pandemia y la intención de hacernos pagar la crisis, se impone avanzar en la medida del paro general hasta que se cumplan nuestras demandas.

COR - Regional Córdoba

La flamante Ley del Teletrabajo presentada por el Frente de Todos (FdT) y cuestionada por el bloque de la oposición y algunos sectores empresariales, fue aprobada el jueves 30 de julio. Las modificaciones que formuló la oposición para dar el consenso en la cámara alta no fueron incorporadas dado que el peronismo contaba con la mayoría para aprobar el proyecto. Previamente, la oposición, venía desarrollando de forma pública los cambios al proyecto para favorecer a algún sector empresario que vio la posibilidad de hacer negocios con empresas de otros países con husos horarios diferentes y así cobrar los servicios en dólares y pagar salarios en pesos. Pero esto no fue posible, no porque el FdT no este seriamente pensando en favorecer a los empresarios amigos, sino porque ensaya los futuros cambios estructurales que va a pedir el FMI para la reestructuración de la parte de la deuda en manos de ese organismo imperialista. Las apuestas por parte del capital internacional dependerán de la capacidad del gobierno de Fernández para consumar la flexibilización laboral como indicio de una reforma laboral en ciernes. La velocidad con la que legalizaron el ataque mejora la performance luego de los fuertes cuestionamientos recibidos respecto al caso Vicentin, que finalizó con la derogación del DNU.
Respecto a la ley, en términos generales desde Juntos por el Cambio a Fernández, pasando por los empresarios y sindicalistas todos coincidieron en la necesidad de la regimentación del “home office” para plasmar en ley las condiciones de flexibilización laboral que se dan en los hechos. Además de profundizar la tercerización laboral. Pese a las declaraciones del séquito de burócratas peronistas que difunden las buenas intenciones de la ley para que el mercado no imponga sus reglas a falta de una normativa que regule.
Está claro que el debate sobre la Ley del Teletrabajo vino a plantear la pelea entre sectores empresariales de los servicios que saldrán a competir por un segmento del mercado, aunque algunos señalan que la ley vino a castigarlos más que a ofrecer incentivos para aquellos empleadores que apuesten por la contratación remota. Otros señalaban no tener asegurada la productividad del trabajo necesaria desde el “home office”, lanzando duras críticas a la reversibilidad como sinónimo de un aumento de la litigiosidad dado que permite de forma unilateral -por parte del trabajador - decidir la vuelta al trabajo presencial. El artículo 8º dice que si las empresas incumplen con este pedido; el trabajador podrá darse por despedido. Es tan cínico tanto el planteo de la ley como la posición de los empresarios, que lo único a lo que tendremos “derecho” los trabajadores será de acudir a la justicia (burguesa) y de forma individual para reclamar por una indemnización. Todo una demostración de por qué los trabajadores debemos rechazar de plano semejante ataque . Más aún cuando los gremios y centrales lo anuncian con bombos y platillos.

¡No al teletrabajo!

Los trabajadores debemos rechazar el trabajo remoto que surge como respuesta de las patronales a una pandemia universal y pretenden así perpetuar la modalidad “home office” para sentar precedente de un ataque mayúsculo en plena crisis económica. El ensayo reaccionario del Estado con la imposición del aislamiento bajo el “fierro” del ejército y la policía, le dio luz verde a las patronales para la migración forzada de miles de trabajadores que tenemos que garantizar la supervivencia de estos parásitos como clase. Podrán disfrazarlo bajo el mote de “modernización” pero de lo único que se trata es de establecer una nueva relación entre capital - trabajo que se exprese en una legalización de la flexibilización laboral.
La ley señala claramente que será para la pos-pandemia, ya que entrará en vigencia a los 90 días de terminado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (cuarentena). Ni siquiera vino como respuesta a los problemas que enfrentamos en la actualidad: el aumento de la jornada laboral,  la polivalencia, mayor control de los procesos, oficinas improvisadas, débil conectividad de internet, incremento de los gastos, grises en cuanto a los accidentes y enfermedades laborales, etc. Pero por sobre todas las cosas, nos niega la posibilidad de la organización colectiva en los lugares de trabajo. La tarea que enfrenta nuestra clase y su vanguardia es desafiar una nueva versión del viejo “trabajo a domicilio” que ya señalaba Marx: “La explotación de fuerzas de trabajo baratas e inmaduras […] es más desvergonzada en la llamada industria domiciliaria que en la manufactura, porque con la disgregación de los obreros disminuye su capacidad de resistencia; porque toda una serie de parásitos rapaces se interpone entre el verdadero patrón y el obrero; […] porque la pobreza priva al obrero de las condiciones de trabajo más imprescindibles, de espacio, luz, ventilación, etc.; porque se acrecienta la inestabilidad de la ocupación...” (Karl Marx, El Capital, Tomo I).
Claro que en la actualidad el mencionado “trabajo a domicilio” viene de la mano de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La legalización del mismo significa claramente que aprovecharon la excepcionalidad de la pandemia para introducir  un ataque que estamos llamados no solo a rechazarlo sino a organizarnos para actuar con nuestros métodos. Nos congelaron las paritarias de varios sectores, hubo despidos y suspensiones en la industria y los servicios; ramas enteras estamos bajo la modalidad “home office”: bancarios, telecomunicaciones, salud, educación, la industria del software y los servicios informáticos y estatales, por mencionar algunas. Mientras los burócratas sindicales continúan en su eterno letargo comprometidos con la falta de acción para preservar sus intereses aunque insistan que se trata de nuestra salud. Debemos seguir el ejemplo de importantes sectores obreros que salieron a la lucha de forma aislada, pero decidida, lo que permite augurar futuros procesos de lucha que saquen lecciones del rol del gobierno, los empresarios y la burocracia sindical.

Tercerizados de los Call Centers
Enfrentemos la flexibilización y precarización laboral

Mención aparte merecen los sindicalistas que además de garantizar esta extorsión de las patronales van a empezar a reclamar y negociar el encuadre de miles de trabajadores en aquellos CCT que definen la tarea específica de la atención y/o comercialización de bienes y servicios vía telefónica y plataformas virtuales. No ha sido ingenua ni gratis la participación en la comisión de legislación en el Senado, del burócrata sindical Walter Franzone, titular de la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos (ATACC) con sede central en Córdoba. Este gremio obtuvo la homologación de su CCT688/14 bajo el gobierno de CFK, que permitió disputarle, en el 2014, el encuadre de varios miles de trabajadores de las tercerizadas de call centers al massista Pablo Chacón (Comercio-Córdoba). La pelea no solo era por los trabajadores de ese momento sino por los que vendrían. Varias empresas se convertían en tercerizadoras de servicios y se instalaban de forma definitiva en Córdoba de la mano de las exenciones impositivas otorgadas por los gobiernos peronistas de De La Sota y Schiaretti. En 2015, Franzone consiguió la inscripción gremial y obligatoriedad del CCT688/14 en las provincias de Chaco, Salta, Tucumán, Mendoza, San Luis, Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.
La división impuesta a los trabajadores por rencillas de los políticos burgueses  (Massa –Cristina) y reproducida por los burócratas sindicales en 2014; nos costó mayor atomización para más tarde verlos unidos rescatando al peronismo y bancando, en la actualidad,  al mismo gobierno.

Efectivización de los tercerizados y fin a las agencias de empleo

Los tercerizados sufrimos todo tipo de abusos perpetrados por estos parásitos intermediarios que nos dividen de los compañeros de las empresas madres para las que realizamos la misma actividad, con salarios y condiciones muy por debajo de los que establecen los convenios por rama. Las tercerizadas imponen estas condiciones paupérrimas a miles de trabajadores desde los 90 hasta la actualidad, bajo la tutela estatal y el banque de la burocracia sindical. Nos suspendieron con el 75% del salario porque las patronales no se hicieron cargo de proveernos los elementos necesarios bajo el mote de “es mejor estar cobrando el 75% del salario que estar despedido”. Dejaron pasar la baja de contratos de cientos de trabajadores de agencias de empleos que argumentaban la recontratación del personal cuando pasara la cuarentena. La directiva del ATACC introdujo una modificación al CCT -sin consultarle a nadie– sobre el Teletrabajo suprimiendo todas las cláusulas medianamente favorables a los trabajadores que establecía la Resolución 595/2013 del Ministerio de Trabajo.
Es hora que los tercerizados pongamos blanco sobre negro, y de forma decidida recuperemos el lugar que nos quitaron. Pelear por ponerle fin a las empresas tercerizadas y agencias de empleo; será el inicio del pase a convenio de la actividad principal y la efectivización en las empresas madre. Somos miles de compañeros que hacemos funcionar la atención a clientes, comercialización y cobranzas, de la banca pública y privada; los monopolios de las telecomunicaciones; alimentación, prensa, educación, salud, constructoras, correos, aseguradoras, petroleros, turismo, mega tiendas, gobiernos y un larguísimo etc.
Claro que este desafío lo debemos llevar adelante en unidad con los trabajadores efectivos de estas empresas y de forma decidida enfrentarnos a la burocracia sindical de Franzone y de los sindicatos de estas ramas (FOETRA, Bancarios, etc.) que han dado sobradas muestras de traición. ¡Por sindicatos únicos por rama y por oposiciones revolucionarias para recuperarlos de manos de la burocracia sindical! Rechazar la implementación de la ley del Teletrabajo será clave para evitar la migración de cientos miles de compañeros a una mayor dispersión de fuerzas en pésimas condiciones. Tenemos una ardua tarea por delante, ¡manos a la obra!

En su desarrollo, la crisis capitalista y sus  efectos,  acentuados con la pandemia del COVID-19, vinieron  a  mostrar la estructura de un estado burgués y la forma en que la burguesía se garantizó el flujo de mercancías y mano de obra a las fábricas. Lo cierto es que con la excusa de la pandemia, tanto empresarios como burócratas sindicales aprovecharon para avanzar sobre las conquistas de los trabajadores y para tener un mayor control en los procesos productivos.
Desde el 20 de marzo la UOM Córdoba (como otros sindicatos) cerró sus puertas, dejando vía libre a que las patronales que fueron habilitadas en período de aislamiento social, modificaran y planificaran cómo iba a ser el proceso productivo, dejando a los trabajadores expuestos a posibles contagios en medio de la pandemia. Las patronales, consciente de los efectos que iba a tener la pandemia, tanto en caídas de ventas como problemas de logística, con la venia de las burocracias pudieron acomodarse mejor para recibir el impacto.
La UOM, por su parte, acordó una suspensión al 75 % “por whatsapp” ya que no hubo discusiones ni plenarios donde los obreros metalúrgicos debatieran sobre cómo serían las mismas o rechazarlas. Las cámaras empresariales ni amagaron un golpe para que Caló se bajara los pantalones. Todo trabajador que no fuera convocado por las patronales a trabajar como exceptuado, pasaba a estar suspendido de hecho, incluso los trabajadores considerados de riesgo. Otro elemento presente en el acuerdo de la UOM fue la posibilidad de llegar a acuerdos individuales entre trabajadores y patronales, por retiros voluntarios, que ya sabemos que son despidos encubiertos, a partir de la presión económica, falta de paritarias este año, sumado al atraso salarial acarreado por años de acuerdos.
Las empresas comenzaron a convocar como era de esperar al personal más afín a sus intereses, impidiendo el retorno de delegados. Las convocatorias fueron en para modificar  puestos, delimitar zonas, colocar separadores de acrílico en los puestos que están a menos de un metro y medio, expendedores de alcohol en gel, etc., requisitos para que el C.O.E.(Centro de Operaciones de Emergencia, encargado de las habilitaciones en pandemia y aprobaciones de protocolos) les diera el ok.
Habiendo preparado los lugares de trabajo y armado los protocolos, algunas empresas comenzaron a trabajar. En el sector autopartes, ligado a las automotrices, lo han venido haciendo hasta el día de hoy a media máquina, sin la totalidad del personal. Se han dedicado a sacar pedidos atrasados hasta el mes de julio, previendo que los programas de producción comenzarán en octubre. En el sector linea blanca (electrodomésticos y afines) se sintió menos el impacto. Han regresado la totalidad de los planteles excepto compañeros considerados de riesgo y compañeros que no tienen movilidad propia.
Los metalúrgicos no podemos confiar en planes y protocolos que elabora una clase que tiene como único norte la obtención de ganancias apropiándose de la plusvalía que genera nuestra clase. Los protocolos están siendo aplicados en este ensayo reaccionario para disciplinarnos y quitarnos conquistas en búsqueda de un nuevo equilibrio que les permita mayores márgenes de ganancias en este periodo de crisis. Ante esta situación, los metalúrgicos tenemos que impulsar delegados de seguridad e higiene, comisiones independientes de seguridad e higiene y elaborar un protocolo obrero, nacido de discusiones y debates en los lugares de trabajo.
Por otro lado, la falta de discusión sobre las paritarias está generando, debate en los lugares de trabajo, porque al tener básicos que rondan los $32.000 se hace muy difícil la vida e incluso cumplir con los protocolos que se impulsan desde el estado y las fábricas: los compañeros optan entre comer o comprar desinfectantes. Es por eso que en el mes de junio, algunas seccionales, en su mayoría del interior del país, se descuelgan del secretariado nacional.  En el caso de Córdoba, desde la seccional impulsan un pedido a las patronales de una “ayuda de $10.000” a cuenta de futuras paritarias, pedido que creemos insuficiente por que no es un aumento que vaya al básico y quede como parte del salario. Además, es un saludo a la bandera ya que no se proponen medidas para garantizarlo, puro confeti para descomprimir la bronca.
Por su parte, la UOM nacional adelantó que buscará retomar las paritarias congeladas en el marco de la pandemia y pedirá un bono especial de $10.000 para empezar a recomponer los ingresos. Los metalúrgicos tenemos que impulsar la reapertura de paritarias y realizar asambleas por sector para elegir delegados paritarios, partiendo de la base de que el obrero con la categoría más baja de nuestra rama debe ganar lo que equivale a la canasta básica y que los salario tengan una indexación mensual para que la inflación no supere el sueldo.

Traiciones de la burocracia y experiencias de lucha

Por su parte, la UOM Córdoba está siendo muy cuestionada por su línea, ya que se han sucedido despidos de trabajadores contratados. Incluso hay patronales que no han abonado ni siquiera las suspensiones acordadas, pagando en partes. Tal es el caso de la autopartista Montich (produce autopartes para las diferentes terminales instaladas en la provincia) donde desde que comenzó la cuarentena les abonan un 60% de sueldo. También a tener en cuenta es lo que sucedió las últimas semanas en las autopartistas Fama, Fumicor y Servicios Industriales, donde estando algunos compañeros suspendidos y otros trabajando, les pagaban sumas de $4.000 por quincena. Estas empresas funcionan en el mismo predio y son propiedad de la misma familia. Al abonar los $4.000, lo hicieron a todo el personal, incluyendo a los compañeros suspendidos y a los que estaba trabajando también. El chamuyo para justificar esto: como  la única planta que estaba trabajando era Fama, la plata que entraba la estaban “distribuyendo” entre todos los trabajadores para que todos, suspendidos y convocados, cobraran algo. ¡Cinismo patronal del peor para sembrar divisiones de parte de los zánganos que viven de nuestro trabajo!
Los compañeros, luego de hacer reclamos primero a los delegados (que no iban a trabajar ni daban solución a los pedidos), reclaman al gremio que se presente. Aparece uno de los dirigentes de la UOM y hace una asamblea, pero no se define ningún plan de acción para garantizar el pago del sueldo. El sindicato actuó como vocero de la empresa, tirando la línea de que la pandemia frenó la economía y que venía complicada la mano hasta octubre, fecha donde estarán comenzando a producir autopartes para el nuevo proyecto de pick up de Renault.
Dos semanas después, la situación que detona la lucha es la falta de pago del aguinaldo. Los compañeros van a las paradas de líneas y luego aparecen los dirigentes de la UOM, hacen asambleas donde se define quedar en asamblea permanente por dos días y finalmente hacer una toma de fábrica de un día en reclamo por lo adeudado. La empresa afloja y ofrece pagar el aguinaldo en dos veces y lo adeudado del sueldo de una sola vez. La patronal quiso mostrarse dura y no quería pagar los días de protesta y toma (dos días y medio), pero terminó ofreciendo $3.000 en forma no remunerativa.
Esta importante experiencia nos demuestra el rol que juega la burocracia sindical y sus delegados, y también que se puede luchar y que luchar da sus frutos. Pero también que es necesario recuperar la dirección del sindicato y los cuerpos de delegados, porque de lo contrario la burocracia, que no quería mover un dedo, es la que termina negociando por mucho menos de lo que podríamos haber conquistado. Nosotros luchamos y ellos negocian, eso no puede seguir así. Por eso el planteo de elegir delegados paritarios en asamblea e imponer veedores elegidos por la base en cualquier negociación con las patronales.

Congreso de emergencia de la UOM y paro provincial

La UOM seccional córdoba se niega a llamar a cualquier tipo de congreso o asamblea para unificar la pelea que tenemos que dar los metalúrgicos. Los activistas y delegados combativos que venimos enfrentando los ataques de la patronal en las fábricas debemos imponer un congreso de emergencia donde participen delegados con mandatos de las bases para proponer un plan de lucha para enfrentar despidos, suspensiones y conquistar la reapertura de paritarias.
Sabemos que estas exigencias no son sólo de nuestra rama. Trabajadores de UTA, SUOEM, SUTNA, Alimentación, Hospitales, AOITA, municipales de Jesús María, docentes, están saliendo a la pelea y dieron los primeros pasos enfrentando las medidas represivas que implica la cuarentena impuesta por la burguesía y avalada por la burocracia.
Para romper este cerco los trabajadores de todas las ramas tenemos que imponer un plenario provincial de delegados convocado por los sectores en lucha, que discuta un plan de lucha y un paro activo provincial, para frenar los despidos, flexibilizaciones, sueldos adeudados y por la conquista de todas nuestras demandas. Será parte del reagrupamiento de los sectores de vanguardia y de la preparación de oposiciones sindicales para recuperar nuestras organizaciones, los sindicatos.

¡No vamos a pagar la crisis con nuestras vidas!

    Hoy, los trabajadores de salud a nivel nacional salimos a la calle bajo el pedido de recomposición salarial, mejores condiciones de trabajo y EPP para todos. En Córdoba, se incorporan también el rechazo a las imputaciones a los médicos de Saldán y la derogación de la flamante Ley 10.694 de Schiaretti, que saquea los haberes de los jubilados y pensionados provinciales.
    A 81 días de iniciada la cuarentena, ni Nación, ni Provincia ni los municipios han atendido a las demandas que venimos exigiendo desde fines de marzo. Es mentira que han preparado al sistema de salud para afrontar la emergencia. Somos los médicos, las enfermeras y todo el personal sanitario los que nos exponemos para luchar contra el COVID-19 en condiciones insalubres, en muchos casos sin los EPP indispensables. Este sistema de salud mixto tripartito (estatal, privado, obras sociales) se sigue sosteniendo a base de precariedad laboral, falta de personal, traslados compulsivos, extensiones de la jornada laboral, falencias de infraestructura, escasez de insumos y extorsiones por parte de los directivos. Nos imponen las declaraciones juradas para luego responsabilizarnos de los contagios y “brotes”, llegando hasta imputaciones como en el caso de los médicos del geriátrico de Saldán. ¡Cínicos! Es la falta de preparación del sistema de salud la que lleva al alto porcentaje de contagios entre nuestros compañeros y compañeras, y son ellos los responsables, los gobiernos nacional, provincial, las patronales de la salud privada y sus cómplices de la burocracia sindical.

    Los únicos interesados en garantizar nuestra salud somos los propios trabajadores. Necesitamos organizarnos y luchar por:

• Basta de pluriempleo: jornadas de 6 hs con salario inicial igual a la canasta básica indexada a la inflación. Bono por trabajar durante la pandemia para todos.
• Fin de la precarización laboral: pase a planta permanente de todos los becarios, contratados, monotributistas, pasantes, residentes y tercerizados.
• ¡Más personal! Todo trabajador que ingrese en la emergencia debe ser incorporado a la planta. ¡Por un contrato único!
• ¡Reincorporación de los despedidos!
• ¡Basta de traslados compulsivos!
• ¡Basta de aprietes! ¡Abajo las imputaciones! ¡No a la militarización del polo sanitario!
• Hisopados semanales a todos los trabajadores de la salud. Presupuesto para infraestructura. EPPs en cantidad y calidad.
• Delegados de Seguridad e Higiene elegidos en asamblea, que controlen el cumplimiento de las condiciones de salubridad. Cese de actividades hasta que se cumplan las normas de bioseguridad.
• 82% móvil para los jubilados.

    Podemos ver la disposición a la lucha en las asambleas y reuniones de activistas en cada hospital, en las caravanas, en las marchas y concentraciones. Tenemos que organizarnos y profundizar el camino de la lucha en los lugares de trabajo. Llamamos a los sectores combativos y oposiciones sindicales dentro de los gremios del sistema de salud de Córdoba, ATE, UTS, ATSA, SEP, SUOEM y otros, a desarrollar esta lucha impulsando asambleas por servicios y generales en cada lugar de trabajo. Y a organizar plenarios y reuniones de delegados, tanto del sector privado como estatal de la salud, donde podamos discutir el estado de situación de la pandemia, los recursos que necesitamos, las novedades técnico-médicas para enfrentarla junto a otros sectores de trabajadores científicos que puedan brindar su aporte, ya que no podemos dejar la crisis sanitaria en manos del Estado burgués y los empresarios de la salud privada.
    Se impone hacer un llamado al conjunto del movimiento obrero a apoyar nuestra pelea y a salir en conjunto a la lucha para recuperar todo lo que nos vienen quitando desde que empezó la cuarentena. Por un CONGRESO DE DELEGADOS DE BASE CON MANDATO, que barra con la tregua impuesta por la burocracia sindical a través del  PARO PROVINCIAL y un plan de lucha.
    Los trabajadores de la salud decimos: ¡no vamos a pagar la crisis con nuestras vidas! Junto con los trabajadores que enfrentan el ataque patronal en medio de la crisis, en este momento estamos en la primera línea, sí, pero de la lucha de clases.

    Los trabajadores de reparto siguen dando pasos firmes en el sentido de la organización y de la lucha. Este 29 de mayo realizarán un nuevo paro nacional con jornada de movilizaciones en varias ciudades del país. Vuelven a ratificar los reclamos por el aumento de un 100% de la tarifa por pedidos (que conforma hoy el salario), por elementos de seguridad e higiene, por justicia por Emma, Franco y por todos los repartidores fallecidos, por ART a cargo de las empresas y por el fin de los despidos y suspensiones (rehabilitación de las cuentas suspendidas).

    Este proceso de organización en Pedidos Ya, Glovo, Rappi, Uber Eats y otras aplicaciones, viene creciendo día a día. No se detuvo a pesar de la cuarentena, la militarización de los barrios y calles, de la represión. En Córdoba, la policía local reprimió una de las anteriores movilizaciones de los repartidores el 7 de mayo. A pesar de ello, las caravanas y protestas son cada vez más numerosas en Buenos Aires, Córdoba y La Plata y otras ciudades. También, se están coordinando acciones con trabajadores de reparto de otros países (Brasil, Chile, Ecuador, Perú, España).

    Los trabajadores de reparto están abriéndose camino con sus demandas de mejores salarios y condiciones de trabajo. Repudian el asesinato laboral de estas empresas, que con su política de aumento de los ritmos y la reducción de la paga, se están llevando la vida de cada vez más compañeros que mueren atropellados trabajando. Internamente ya debaten la necesidad de reclamar un salario básico inicial y un contrato único, que sustituya a la actual forma de monotributo, que usan y abusan estas empresas. Las conducciones de sindicatos como ASIMM (mensajeros) y APPS (sindicato de aplicaciones), relacionadas con el rubro, han sido puestas en evidencia porque jamás se han puesto al servicio de estas peleas.

Hecha la ley, hecha la trampa.

    Según hicieron trascender algunos diarios, el poder ejecutivo estaría armando un proyecto de ley para enviar al Congreso y legislar sobre la forma de contratación de estas aplicaciones. El “trascendido” no es menos oportuno. Este intento bonapartista del gobierno tendría un claro objetivo. No solo el de “regular” y recaudar. También y, sobre todo, el de limitar la organización de los repartidores y sus demandas. Según Ámbito Financiero, el proyecto busca establecer un régimen especial, que estaría incluso por debajo de la ley de contrato de trabajo.

    En los pasillos ministeriales, lejos de la lucha contra estas empresas, se apostan las conducciones burocráticas de APPS y ASIMM. No es de extrañar que quieran estampar la firma a espaldas de los repartidores con tal de quedar como representantes “legales” al amparo del gobierno.

    Del Congreso Nacional, del gobierno, de legisladores como los del PJ y Cambiemos, que votan contra el pueblo el pago de la deuda externa, o el arrebato de las jubilaciones a los jubilados, nada bueno podemos esperar los trabajadores. Tampoco se trata de proponer “otro proyecto de ley”. Mucho menos apostar a que el Ministerio de Trabajo "juegue" para el lado de los trabajadores. Las condiciones de trabajo deben ser discutidas por los mismos trabajadores. Detrás de estas maniobras, buscan que los trabajadores del reparto dejen de confiar en sus propias fuerzas y en la lucha, y la depositen afuera, en el gobierno, en las instituciones. 

Fortalecer la organización sindical con independencia del estado.

    Claramente la tarea de fortalecer y poner en pie la organización sindical de los trabajadores del reparto con independencia del Estado, es de primer orden e impostergable. Va de la mano de luchar por el reconocimiento de los verdaderos representantes votados por los repartidores, para discutir y defender sus demandas frente a estas empresas. Las patronales estarán, por el contrario, más dispuestas a negociar con el gobierno “cambiar algo para que nada cambie” mientras no tengan que reconocer la voluntad organizada de los trabajadores.

    Abriendo los ojos ante todos estos movimientos políticos, los trabajadores de reparto necesitan avanzar firmemente en el camino la organización sindical con independencia del Estado, superando el estadio inicial de movimiento, al que algunos llaman “red”. Los medios para alcanzarlo deben ser debatidos conscientemente. Este debate, junto al programa de reivindicaciones y las medidas de lucha, deben ser resueltas por los mismos trabajadores. La última asamblea nacional ha votado impulsar la “realización de asambleas por zona y ciudad para elegir delegados con mandato”. Puede ser éste un gran impulso para avanzar en este camino.

    La lucha de los repartidores de las aplicaciones no está sola. Se desarrolla en medio de una serie de luchas obreras (Penta, mineros de Andacollo, textiles como Sedamil, Fadeté, trabajadores de la salud, etc.), que, aunque aún aisladas por la tregua de las burocracias sindicales de la CGT y CTA con el gobierno y las patronales, demuestran la potencialidad y voluntad pelea de nuestra clase en la situación. El 29 de mayo, día del Cordobazo, los trabajadores salen nuevamente a las calles. Todo el apoyo a los trabajadores de reparto, al paro y movilizaciones, a sus demandas, a su creciente organización.

La CGT, la UIA y el gobierno, vienen de pactar descuentos en los salarios de un 25% para millones de trabajadores. La burocracia sindical de UOM, Smata, AOT, Comercio y otros gremios, las han ratificado con sus respectivas cámaras empresarias. Junto a esto, la patronales descargan su crisis con despidos, recortes salariales, mayor superexplotación. El rechazo entre los trabajadores a estas acciones va en aumento.

En la zona norte del conurbano, donde está la mayor concentración fabril del país, venimos de un conflicto testigo, como fue la ocupación de la planta de colchones BedTime (Pacheco) por sus trabajadores. Una fábrica, que, es dirigida sindicalmente por una comisión interna antiburocrática. Este conflicto preanuncia procesos de lucha más álgidos en este importante cordón industrial; más aún al calor de la agudización de la recesión donde el accionar de patrones como Waisburg (BedTime), lejos de ser la excepción, pasan a ser la norma.

Los compañeros de BedTime demostraron, que con los métodos obreros, se enfrenta la cuarentena y la política del gobierno nacional para atacar a nuestra clase.

Una lucha testigo

El conflicto se originó por la falta de pago de salarios de las dos quincenas de marzo. Las primeras medidas gremiales fueron asambleas por turno. Pero con correr de los días, la empresa manifestó su verdadera intensión: proceder a despedir al 50% de los trabajadores o bajarles el salario a todos en la misma proporción. Los compañeros, ante la extorsión, respondieron con la ocupación de la planta.

Inmediatamente también hicieron el reclamo al sindicato plástico, UOYEP, de un paro nacional; ya que la situación en otras fábricas del rubro era similar (Mascardi, etc.,). Por supuesto, la burocracia se negó, ya que es quien viene negociando con las cámaras, como será la descarga del ajuste.

Claramente, la ocupación golpeó a la patronal donde le duele: en la producción. La empresa acusó el golpe y se descolocó. De allí, la ocupación se fortaleció al pasar los días. Contó con la solidaridad y la presencia de diferentes las organizaciones de trabajadores la zona, delegados de la línea 60, Sutna Nacioanl, agrupaciones del neumático, Suteba Tigre, ferroviarios, telefónicos y partidos de izquierda; también llegaron adhesiones desde todo el país.

El día jueves 31 de abril, el empresario Waisburg envía telegramas de despido “con causa” con un argumento bastante impresentable: que los trabajadores violaban el “aislamiento social preventivo y obligatorio”. Ese mismo día el ministerio de trabajo dictó la conciliación obligatoria.

Al día siguiente, 1 de mayo, los compañeros de BedTime informaron a las organizaciones presentes, después de ser votado en asamblea, que habían llegado a un acuerdo con la patronal, el ministerio de trabajo, el sindicato; levantando la ocupación después de una semana. El acuerdo: reincorporación de todos los despedidos, el compromiso patronal de pagar la deuda salarial en dos veces (4 y 11/5) y el establecimiento de un sistema de suspensiones rotativas, con el pago de las horas trabajadas al 100% y el 75% de las horas no trabajadas.

“El día de hoy, lunes 4 de mayo de 2020, ha ingresado la primer tanda de compañeros que fueron despedidos y la quincena próxima deberá entrar el resto. Después del medio día se acreditó el primer parte de los haberes atrasados, con lo cual la empresa cumple con la primer parte de los compromisos tomados con sus trabajadores…” (Comunicado de los trabajadores).

Aportes al balance y programa

Desde la COR estuvimos apoyando la pelea de los compañeros. Los trabajadores de BedTime han dado un gran ejemplo de lucha. El método de la ocupación fue muy importante para cambiar la relación de fuerzas y hacer retroceder a la patronal. Sin embargo, la patronal ha logrado meter una medida de ajuste que es un régimen de suspensiones (al 85% mensual).

Hay un elemento del balance que hay que tener en cuenta. Con el correr de los días la ocupación se convirtió en un problema político para el gobierno, en medio de la “cuarentena” y del acuerdo CGT/UIA aún fresco. Esto empezó a ponerlo incómodo -al gobierno- y puso funcionar sus instituciones, como el ministerio, para “intervenir” y ejercer presión para una resolución del conflicto. Como sabemos los marxistas, la intervención estatal, es un “árbitro” parcial, a favor de las patronales. Además del problema político, el gobierno, quizás también, vino al rescate de Waisburg en su momento de mayor debilidad y encerrona de la pelea.

Para defender nuestra salud en medio de la pandemia, es una necesidad conformar comités de higiene y seguridad votados por los trabajadores. Los compañeros de BedTime en este punto han dado otro gran ejemplo estableciendo protocolos de salud que le han impuesto a la patronal. No son la OMS o el “comité de expertos” del gobierno los que velan por los trabajadores y el pueblo. Somo sólo los trabajadores con nuestros métodos obreros de lucha y organización, como lo demostró BedTime, contra esta misma cuarentena, que podemos hacerlo.

Las huelgas, como decía Lenin, son escuelas de guerra. Los trabajadores debemos en estas escuelas, afilar y calibrar nuestras armas para la guerra de clases. Los balances deben servir para eso.

Por eso, para una dirección obrera, para un partido, el programa es el arma principal. Los trabajadores necesitamos armarnos de un programa de transición; un programa para la etapa, para forjar una fracción revolucionaria en los sindicatos. Además de la importancia de los comités obreros de seguridad e higiene; frente a los despidos, suspensiones y rebajas, deberíamos oponer una escala móvil de horas de trabajo y salarios, para luchar por defender el valor de nuestra fuerza de trabajo y contra la desocupación. Un programa de mediadas transicionales que incluyen la apertura de los libros contables, la eliminación del secreto comercial, el control obrero.

“Las medidas transicionales aun operan formalmente en el marco del régimen burgués. Pero en realidad, son ya intervenciones del poder estatal proletario que limita de manera consciente y despiadada el derecho de los capitalistas a disponer de sus bienes y el afán de lucro capitalista.” (Cuarto Congreso de la Internacional Comunista)

Plenarios de delegados y activistas

En zona norte ya se desarrollan otros procesos de lucha y organización. El SUTNA pelea contra la extorsión de FATE de recortar los salarios. En Kraft-Victoria, hubo asambleas en rechazo a suspensiones masivas, y ya se conoció que la burocracia de Daer ha avalado las suspensiones en esta multinacional. En Bimbo-Victoria hubo paro por medidas de protección de los trabajadores al inicio de la pandemia. En textiles de la zona, metalúrgicas, empleados de comercio, que se suman a los trabajadores de salud, en los parques industriales como en pilar crece la bronca y el descontento a los descuentos, las suspensiones, a la falta de medidas de seguridad por el coronavirus. Mientras los salarios se deprecian aún más por la inflación, las paritarias están suspendidas y aumentan la carestía de la vida y la desocupación.

Desafiar la “cuarentena” y el decreto del gobierno que prohíbe realizar asambleas y congresos en los sindicatos, es una necesidad política de nuestra clase para enfrentar la crisis sanitaria y económica del país.

Llamamos a impulsar la pelea por abrir los sindicatos a la participación obrera, para enfrentar a la burocracia que no quiere luchar, y para proponer un programa de lucha para que la crisis la paguen los capitalistas. Con este contenido, proponemos a los sectores antiburocráticos de los sindicatos y la izquierda impulsar plenarios de delegados y activistas en cada región el país; debatir y resolver la intervención conjunta de la vanguardia en la situación.

 Regional Zona Norte - COR 

El 20 de marzo pasado el gobierno nacional de Alberto Fernández estableció por decreto el “aislamiento social preventivo y obligatorio” por el COVID-19, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pandemia mundial. El domingo 29 de marzo, extendió la medida hasta fines de semana santa. El pretexto para establecer esta cuarentena, con las fuerzas de seguridad controlando las calles, es un modelo estadístico (curva) promovido por la OMS y los especialistas según el cuál es necesario ralentizar los contagios de la enfermedad para evitar un colapso del sistema sanitario de los estados burgueses, como se está viendo en Italia y España. Este plan de “achatar la curva de contagios” parte del supuesto de que el sistema sanitario tiene capacidades limitadas para la atención de la población, y según el ministro de salud González García, todo el plan consiste en ganar tiempo para adecuar el sistema, en actual estado de calamidad, a las necesidades del futuro pico de contagio. Basta traspasar la medianera de cualquier hospital del interior del país para darse cuenta de que esto es una burla al pueblo pobre y a la clase trabajadora toda, y un cínico insulto a los trabajadores de la salud en particular.
Por supuesto, lo anterior es un mero pretexto sanitario. Al 29 de marzo, el total de detenidos por “violación de la cuarentena” ascendía a 33.000 (Clarín). Como hemos expuesto en otros materiales, la intervención de las fuerzas de seguridad controlando la circulación de mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo como mercancía, responde a la preparación de la burguesía y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo mundial que va mucho más allá de una infección respiratoria. Estamos hablando de una crisis capitalista en toda regla, con su ola de suspensiones, despidos, rebajas salariales, avance de la precariedad y quita de conquistas obreras, camino que ya comienzan a transitar las patronales como Techint, pero que ya venían implementando antes del COVID-19 en la industria petrolera, en ARCOR, por dar sólo algunos ejemplos.

Un sistema en ruinas

La inversión en salud en Argentina es del 9,4% del PBI. De esta cifra, el Estado (en sus distintos niveles e incluyendo el gasto en seguridad social) aporta el 70% y el 30 % restante corresponde al sector privado, según datos de la OPS/OMS. En relación al gasto total, en cambio, los fondos públicos ejecutados en 2020 representan solo un 4%, de acuerdo con los datos de Hacienda. Por la expansión de la pandemia, el gobierno nacional anunció una partida presupuestaria extra de $1.700 millones. Para que tengamos un punto de comparación, es el equivalente a un cuarto del presupuesto anual del Hospital Garraham.
El cinismo de Fernández es insuperable cuando se refirió a que los trabajadores de la salud iban a recibir un pago diferencial extraordinario: se rumoreaba que iba a ser de $30.000, pero resultó en el decreto que cobrarán 4 cuotas de $5.000, no remunerativos y contra la prestación efectiva de servicios; y en caso que se ausente del trabajo en forma parcial o total -justificada- el pago extraordinario se ajustará proporcionalmente, introduciendo en la emergencia una cláusula de presentismo  (productividad). Ese decreto además reconoce que el personal de salud debe trabajar en más de un lugar, dado que el salario no alcanza, estableciendo que el incentivo lo cobrarán sólo por uno de sus empleos. Resulta ahora que los trabajadores de la salud deben hacer una “patriada” con un barbijo y un par de guantes durante todo el día a cambio de las peores condiciones laborales agudizadas por la expansión del virus, con todos los riesgos que ello significa, y con un salario por debajo de la línea de la pobreza.
El sistema sanitario argentino está fragmentado en el sector estatal, que atiende a 3 de cada 10 personas en forma gratuita, las Obras Sociales sindicales, que cubren a los trabajadores registrados con aportes, y el sector privado de prepagas, hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, otros centros privados y, no olvidarlo, las nefastas ARTs. Estos dos últimos sectores atienden a 7 de cada 10 personas (Iprofesional, 22/03/20). Las estadísticas no distinguen entre las personas atendidas por las Obras Sociales de aquellas atendidas por el sector privado porque de hecho estos sectores se confunden. Hay una razón: en los años 90, las Obras Sociales que ya estaban bajo la égida del Estado burgués a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y otros organismos, fueron desreguladas, proceso que culminó bajo el gobierno de la Alianza que nos depositó en la crisis de 2001. Debería tener más cuidado el actual presidente cuando compara los muertos con las crisis económicas: muchos de los trabajadores que morirán con el pico de la actual pandemia serán en realidad víctimas de las reformas antiobreras que se instrumentaron durante las crisis anteriores. La desregulación de las Obras Sociales permitió que muchas de estas simplemente tercerizaran los servicios de cobertura de salud de los trabajadores de su rama desviando los descuentos de ley a prepagas que surgieron como hongos y luego fueron decantando por la competencia capitalista en el monopolio de los actuales mercaderes de la vida y la muerte como OSDE, Swiss Medical, Medifé, etc, etc. Otras Obras Sociales sindicales se “especializaron” en el rubro, ofreciendo sus servicios a otros sindicatos. Todo esto, sin dejar de mantener una relación espuria con la SSS, que junto con la Ley de Asociaciones Sindicales y la Conciliación Obligatoria se ha convertido en un instrumento de subordinación de las organizaciones de la clase obrera al Estado burgués. Esto sucedió durante el gobierno de Macri, durante los gobiernos anteriores y sucede ahora: la burocracia sindical negocia paz social por fondos frescos que la SSS transfiere a esta capa privilegiada a través de las Obras Sociales. Los fondos que supuestamente deberían destinarse a la salud de los trabajadores son el pago en efectivo de la traición de sus dirigentes por el Estado burgués. Este sistema de salud, llamado “tripartito”, que viene siendo coto de negocios de un puñado de empresas capitalistas (a las que hay que sumar a los laboratorios de medicamentos) y del concubinato del Estado con la burocracia sindical, es el que se enfrenta a la famosa “curva” del COVID-19. De más está decir que la resultante, en palabras del propio Ginés González García, es un sistema sanitario devastado.

La salud del pueblo

Igual que la democracia política, la salud popular en la Argentina fue producto de la lucha y la organización de la única clase progresiva, el proletariado. La salud de los trabajadores sólo fue atendida por los trabajadores mismos a través de las mutuales y cajas de socorros mutuos, germen de los sindicatos. Las Obras Sociales tienen ese mérito, y recordamos esta historia porque lamentablemente hoy muchas organizaciones obreras y de la propia izquierda centrista están totalmente adaptadas a la ideología estatista de la burguesía, que hoy en la crisis se fortalece. La salud pública, que es una ilusión, pasaría por los hospitales estatales, (no tan) gratuitos, que además los últimos años han sufrido también el embate de las políticas del Banco Mundial y su Cobertura Única de Salud (CUS) que propone la intervención directa de los privados en los servicios “rentables” del hospital público. Más que tripartito, el sistema es una maraña en la cual las empresas de la salud se quedan con el negocio y el Estado sostiene los déficits, estatismo a fin de cuentas. No hace falta más que conversar con cualquier enfermera de un hospital estatal para saber cuáles son y cómo se manejan los servicios “privatizados”. En cuanto a las Obras Sociales, como explicábamos más arriba, han sufrido el derrotero de los propios sindicatos bajo la decadencia imperialista, siendo sometidas por el estado burgués y sus formas de poder bonapartistas sui generis. Sin embargo, en medio de la pandemia, la lección de la historia es categórica: sólo a los trabajadores nos interesa nuestra salud y la salud del pueblo pobre en general.
¿Qué significa la salud de la clase obrera para la burguesía? Simplemente parte del valor de la fuerza de trabajo, que debe reproducirse día a día para continuar bajo el yugo de la explotación del capital y su acumulación. Incluso si se “daña” en el propio proceso de producción, como cualquier máquina está cubierta por un seguro (ART). Esto simplemente queda mucho más al descubierto con la descomposición de cualquier idea de Estado de bienestar en los países imperialistas, el antiguo espejo en que se miraban la sub-burguesía nacional y los sectores medios.

Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud

La pandemia ha venido a profundizar y acelerar la crisis económica y social y a poner al descubierto un sistema de salud en ruinas. La actual coyuntura de crisis en todo el mundo muestra como los trabajadores de la sanidad, de la industria y los servicios empezamos a organizarnos y luchar por lo que nos han robado hace décadas, como es el caso de las huelgas en Italia, método de la clase obrera para que las patronales no la arrojen como “carne de cañón” a producir en la insalubridad de las fábricas.
En Argentina, la burocracia sindical se votó el aislamiento social, cubriéndole el flanco al gobierno. Luego de la reunión entre nación y sindicatos de la salud quedó demostrado que tanto ATE y Fesprosa como la CTA-A van a ser cómplices de profundizar la precariedad laboral ante la incorporación de residentes del 2º y 3º año al abordaje de la epidemia, la falta de recurso crítico disponible en los hospitales (aunque parece ser un dato novedoso para los burócratas) y definen poner a disposición los hoteles sindicales para subordinarse a la estrategia del gobierno nacional. La UPCN y ATSA también firmaron la paz social, y solo se remiten a elevar notas por falta de insumos al Ministerio de Salud ante la presión de los trabajadores de la sanidad en hospitales designados de referencia para atender pacientes infectados por el COVID-19. La burocracia trata de mostrar la importancia que tiene la “unidad” de los sindicatos con el Estado burgués, con la excusa de la emergencia y la esencialidad del sector, manteniendo así la conciliación de clases como objetivo primordial de salvaguardar las ganancias capitalistas.
Los trabajadores de la salud somos hoy los más expuesto a la pandemia y al plan de Alberto y las patronales. Además de defender nuestra propia vida, debemos defender al conjunto de los trabajadores ya que, con menor personal de atención disponibles por posibles contagios, el sistema sanitario caería aún en peores condiciones, como sucede en España donde casi el 15% de los contagios se dan entre trabajadores de la sanidad. Contra las jornadas extenuantes y la doble o triple jornada de trabajo, debemos pelear por jornadas de 6 hs para las y los trabajadores de la salud, con un salario inicial igual a la canasta básica indexado a la inflación, y por el pase a planta permanente de todos los becarios, contratados, monotributistas, pasantes y residentes. Hay que poner fin a las tercerizadas. No podemos permitir que gobiernos y empresarios de la salud aprovechen la coyuntura para avanzar en la precarización laboral, ¡Que todo trabajador que se incorpore en la emergencia sea contratado con las mismas condiciones que el personal de planta, por un contrato único!
Los trabajadores de la salud necesitamos disponer de todos los insumos necesarios para la asepsia y esterilización de materiales, así como de equipos e insumos. Necesitamos equipos de protección personal (EPP) para todo el personal, teniendo en cuenta que se trata de material descartable y debe estar disponible de formar constante. Cese de actividades hasta que se cumplan las normas de bioseguridad para todo el personal.
Es imperiosa la centralización real de los recursos sanitarios. Al igual que el resto del plan sanitario de Alberto, la coordinación a través del gobierno nacional y sus conferencias con los gobernadores de las provincias y el intendente de la CABA son una farsa y dejan al 70% de la atención del sistema, privado, seguir actuando guiado por el lucro (una pandemia significa grandes negocios para estos burgueses). Sin embargo, la consigna de centralización del sistema bajo el comando del Estado burgués, incluso la estatización de las efectores del sector privado, sigue dejando en manos del comando de nuestros enemigos de clase el problema de la salud de los trabajadores. Lo que está planteado es poner los hospitales, clínicas, sanatorios, grandes cadenas de farmacias y demás centros de atención bajo control de sus trabajadores a través de los sindicatos de la rama (ATSA, la Fesprosa, ATE Salud, UPCN, sindicatos estatales provinciales y municipales). Por supuesto, para ello es necesario recuperar los sindicatos de manos de la burocracia y ampliar sus funciones. El método es la asamblea, la elección de delegados con mandato, los plenarios zonales o municipales, provinciales y un Congreso Nacional de Delegados de Base de la Salud, por supuesto, tomando todas las medias de prevención para evitar los contagios (tal como deben tomarse en los propios hospitales y fábricas donde se continúan las labores). Para esto también necesitamos imponer la jornada de 6hs, que los sindicatos estén abiertos para realizar reuniones de delegados y activistas, y que emitan salvoconductos sindicales para que nuestros delegados puedan circular entre los lugares de trabajo y las sedes de nuestras organizaciones.

Control Obrero versus Reconversión

Existe una preocupación válida entre muchos compañeros y compañeras en relación a la provisión de los EPP y otros insumos y equipamientos médicos, ¿cómo conseguirlos, si no hay stock? Esto se debe a que la producción de estas mercancías y su distribución no escapan a las reglas capitalistas anárquicas que rigen a cualquier mercancía. Los stocks no están o porque no se producen, o porque están escondidos para la especulación o porque fueron destinados a la exportación o al consumo de los sectores burgueses. El caso de los respiradores es paradigmático: fueron los propios distritos provinciales los que comenzaron a pujar por los pocos respiradores que se fabrican en el país. Nuevamente, el Estado nacional tuvo que salir a aparentar cierta organización centralizando a su manera el abastecimiento de los mismos, y al mismo tiempo activando un gran negocio para una multinacional como Toyota que se ofreció para la reconversión de su planta de Zárate, donde propuso armar una línea de montaje de respiradores para sumar a los que se fabrican en Córdoba y a las partidas que serán importadas probablemente de China. ¡Es un gran negocio! En tiempos de restricción de la producción por la cuarentena, pero más aún por la recesión mundial, la industria automotriz está paralizada; la única forma en que puede valorizarse el capital es explotando a la fuerza de trabajo, y Toyota encuentra la manera de realizar esto… ¡a través de la famosa reconversión! En el terreno del mercado mundial, ocurre lo mismo con la competencia entre el capital de los países imperialistas entre sí y con China por poner en funcionamiento determinadas producciones destinadas a los sistemas sanitarios para intentar iniciar una (muy dudosa) recuperación económica a futuro.
Lo más lamentable es que esta idea sea un punto central del programa que nos propone la izquierda centrista organizada en el FIT-U. Dirán que ellos suman a la reconversión el “control obrero”, entendido como un mero control democrático “por la base” de la actividad capitalista. Sin embargo, lo que realmente están proponiendo es una reconversión dentro de los marcos del sistema, sin cuestionar el mando capitalista ni enfrentar al Estado burgués (por eso tampoco quieren enfrentar la cuarentena) ni cuestionar la explotación del sistema del trabajo asalariado. Los revolucionarios, entendiendo el problema de la cadena de suministros del sistema sanitario, levantamos la intervención independiente de la clase obrera, luchando por recuperar nuestros sindicatos industriales y de servicios para que amplíen sus funciones y a través de nuestras organizaciones imponer el control obrero de los laboratorios médicos, las fábricas químicas, textiles, de papel y de equipos médicos, la cadena logística, y demás insumos y equipos que se necesiten para atender la pandemia y sostener la tarea de los trabajadores de la salud. Confiscación de todos los stocks de insumos y equipos y distribución bajo control obrero, donde tendrá un peso preponderante la opinión de los propios trabajadores de la salud.
Debemos decir finalmente que la idea de reconversión es totalmente nacionalista. El control obrero sobre las ramas industriales y de servicios rompe las fronteras nacionales porque la tarea que enfrenta nuestra clase obrera y su vanguardia tiene una naturaleza, como la pandemia y el mercado mundial capitalista, internacional.

El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo

Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud. Esto no quiere decir que podamos poner en pie un sistema de salud “obrero”, paralelo al Estado capitalista y el sistema de la propiedad privada, eso sería una mera utopía reformista. La salud de la clase obrera no puede garantizarse sin enfrentar las consecuencias de la descomposición capitalista. Siguiendo a Trotsky, “los sindicatos actualmente no pueden ser simplemente los órganos democráticos que eran en la época del capitalismo libre y ya no pueden ser políticamente neutrales, o sea limitarse a servir a las necesidades cotidianas de la clase obrera. Ya no pueden ser anarquistas, es decir que ya no pueden ignorar la influencia decisiva del estado en la vida del pueblo y de las clases. Ya no pueden ser reformistas, porque las condiciones objetivas no dan cabida a ninguna reforma seria y duradera. Los sindicatos de nuestro tiempo pueden servir como herramientas secundarias del capitalismo imperialista para la subordinación y adoctrinamiento de los obreros y para frenar la revolución, o bien convertirse, por el contrario, en las herramientas del movimiento revolucionario del proletariado.”
La salud de nuestra clase no puede sostenerse a través de ningún sistema de salud estatal bajo el capitalismo, porque no tenemos garantizadas las mínimas condiciones de reproducción de nuestra fuerza de trabajo. Conquistar estas condiciones, un salario mínimo igual a la canasta básicas familiar, las condiciones de seguridad e higiene para no morir en las fábricas y en el transporte, una reforma urbana basada en la expropiación de los grandes terratenientes para conquistar viviendas para todos los obreros, imponer las escalas móviles de salario y horas de trabajo contra el desempleo y los despidos, todo eso plantea un programa de transición para la lucha de nuestra clase contra los capitalistas y su Estado. A través de nuestros métodos, los ceses de actividades y paralizaciones para avanzar a la huelga general. Es el camino de la revolución socialista y la instauración de un gobierno obrero, en el que los revolucionarios internacionalistas estamos comprometidos.
El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo.

Los trabajadores estatales precarizados de la provincia de Córdoba vienen sosteniendo una lucha contra la precarización laboral y la miseria salarial impuestas por el gobierno de Juan Schiaretti, con la complicidad de la burocracia sindical y en particular de José Pihén, actual dirigente del SEP y la CGT Córdoba. Ese mismo Pihén que aceptó, junto a Monserrat de la UEPC, terminar con la ya de por sí engañosa cláusula gatillo a cambio de un miserable bono de $3.000 en 2 cuotas como paliativo ante la devaluación, bono que además no alcanza a los precarizados. El proceso de organización mediante asambleas, apoyado en conflictos anteriores como el de las compañeras del Polo de la Mujer y de otras reparticiones, se postula como una lucha generalizada contra la precarización laboral en una de las principales empresas capitalistas de la provincia, el propio Estado burgués. La patronal-Estado muestra así su verdadero rostro, y las mentiras de la lucha contra el trabajo precario, que el propio gobierno alienta con los planes de empleo como el PPP, PPP joven, el PILA y tantos más.

Esta lucha se da además en una coyuntura nacional de crisis, con el brutal impacto en los salarios de la devaluación pos PASO y los planes de más ajuste y reformas antiobreras que negocian Macri y Fernández con el FMI. Abre la perspectiva de romper la paz social que pretenden imponernos los candidatos a presidente, los patrones y la burocracia sindical de las CGTs y las CTAs. La lucha que están iniciando los estatales  precarizados de Córdoba tiene enorme importancia para el conjunto de la clase obrera. Plantea la posibilidad de conquistar el pase a planta de todos los precarizados, un contrato único para todos los trabajadores estatales, el salario inicial igual a la canasta familiar indexado a la inflación, entre otras conquistas centrales para poner de pie a nuestra clase.

La posibilidad de la afiliación sindical no es menor, ya que permite establecer relaciones de fuerzas favorables a nuestros intereses de forma colectiva ante la patronal. Es necesario imponer junto a los delegados combativos la afiliación de los precarizados al SEP, y si se decide encuadrarse en otro sindicato, hacerlo siempre a partir de una decisión colectiva. Luchemos por la unidad, no a través de los acuerdos de cúpula de las burocracias sindicales, sino a partir de asambleas conjuntas en cada repartición, donde participen trabajadores de planta y precarizados, sin distinción de afiliación sindical. Elijamos delegados paritarios con mandato de asamblea, para que la negociación con el gobierno no quede en manos de los burócratas de siempre, sino de luchadores que respondan a las bases. Por una paritaria estatal única, que incluya a los docentes. Avancemos en un plenario provincial de delegados con mandato que se plantee la deliberación y vote el paro provincial con toma de edificios como parte de un plan de lucha para conquistar todas las demandas. Una instancia así es fundamental en este momento donde más necesitamos centralizar nuestras fuerzas para poder dar una salida a la crisis desde nuestros intereses.

Recuperar nuestros sindicatos y centrales obreras de manos de la burocracia sindical es una tarea central. Tomemos el ejemplo de los trabajadores y el pueblo ecuatorianos que enfrentan en las calles los planes del FMI y el de los docentes de Santa Cruz y demás trabajadores que en nuestro país se nieguen a “salir de las calles” para “irse a dormir” como les reclaman Macri y Alberto. El único camino es la lucha con los métodos de la clase obrera y tras una salida de independencia de clase.

• Por el pase a planta permanente, ya! Contrato único para todos los estatales.
• Salario inicial igual a la canasta familiar indexado a la inflación.
• Recuperar los sindicatos y centrales de manos de la burocracia.
• Por un congreso de delegados con mandato de base.
• No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI de América Latina.

COR Regional Córdoba
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Por Regional Zona Norte GBA.

    La judicialización de la lucha obrera es una herramienta frecuente de las patronales y el estado para intentar disciplinar a los trabajadores y su organización sindical. Mas aún, cuando se trata de trabajadores combativos. Un ejemplo de esto, es lo que está haciendo la patronal de FATE al iniciarle juicios de desafuero a dirigentes y delegados del SUTNA como Ariel Godoy (Sec. Nac. de Seguridad e Higiene), José Meniño (Sec. Gral. Seccional San Fernando) y José Orellano (delegado de planta), entre otros compañeros.

    FATE inicia estos juicios como represalia a las medidas de fuerza tomadas en marzo de 2018. Por entonces, el SUTNA realizó acciones gremiales -que incluyeron 4 días de paro- por un “accidente” en el que casi pierde la vida el obrero Javier Bertolotti. La empresa respondió montado una serie de provocaciones (intentó de sacar camiones, choques físicos con Madanes Quintanilla en persona, etc.) y que son ahora muchos de “sus” argumentos para intentar los desafueros.

    Con posterioridad, el SUTNA realizó una investigación de dicho “accidente” donde determinó la culpabilidad de FATE: falta de previsión, falta de inversión en seguridad en la máquina y el exceso en los ritmos de producción. Esto mismo fue incluso reconocido por la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo). Sin embargo, un año y medio después, estos dirigentes y delegados son llevados al banquillo de los acusados por la patronal y en donde jueces y fiscales que nada saben cómo se produce un solo neumático, ni cómo son las condiciones de higiene y seguridad en la fábrica, serán los que “definan” sobre la actuación de estos compañeros.

   De lo que se trata realmente, es mediante esta judicialización, de aleccionar, limitar o privar de determinados métodos de lucha a los trabajadores. La patronales, echan mano con este objetivo a las leyes que atan los sindicatos al estado. Una de éstas es ley de asociaciones sindicales. Hay que rechazar de plano toda injerencia del estado en nuestras organizaciones.

    Llamamos a apoyar firmemente la pelea contra los desafueros a los compañeros del SUTNA. También por la inmediata absolución de los 5 choferes de la línea 60. Al cierre de esta nota, se conoció un fallo del juzgado N°6 de San Isidro que rechazó el pedido de desafuero contra Ariel Godoy. El resto de los juicios del Sutna aún esperan por sentencia, lo mismo el de los compañeros de la 60.

    Se hace urgente la necesidad de impulsar desde los sectores combativos una campaña nacional por la anulación de la ley de asociaciones sindicales y por la independencia de los sindicatos del estado. El llamado "pacto social" de Fernández, la tríada de estado, patronales y burocracia, buscará utilizarlas cada vez más contra el movimiento obrero y los luchadores. El SUTNA recuperado podría jugar un rol progresivo convocando al resto de los sectores antiburocráticos a realizarla. Una pelea íntimamente ligada, a conformar una alternativa de clase al peronismo en los sindicatos y el movimiento obrero, para la lucha revolucionaria contra el capital.

El 3 de octubre, Hugo Yasky realizó un acto de campaña para Alberto Fernandez y el Frente de Todos en el microestadio de Lanús. Su principal anuncio: el comienzo de las negociaciones para el regreso de la CTA, en realidad de la fracción que él conduce, la CTA de los Trabajadores, a la CGT. Lejos de llorar el proyecto fracasado de la CTA de los orígenes, como hacen Cachorro Godoy y su sector, debemos destacar algunos elementos centrales como un aporte para la orientación de la vanguardia, específicamente de los trabajadores estatales, en la actual situación.

Fortaleciendo el acuerdo de paz social

El acto de Lanús contó con la presencia de Alberto en persona; en el mismo momento en que el candidato peronista ejercía presión para que los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral levantaran un paro de 48hs. en el marco de la paritaria. Presión que finalmente, cena con el burócrata Biró de por medio, surtió efecto. También estuvieron en el acto, junto con otros burócratas cegetistas, Omar Plaini y Hugo y Pablo Moyano, detrás del objetivo de unificar las filas de la burocracia sindical peronista para sostener al futuro gobierno de los Fernández. Es importante notar la ausencia de la CGT oficial, encabezada por Daer y Acuña, que en ese momento estaba reunida para discutir el futuro de la central; este sector de la burocracia se opone tajantemente a incorporar a la CTA, reconocer sus sindicatos y, sobre todo, otorgarle congresales en un futuro congreso. Quienes participaron del acto de Lanús fueron los sectores del Fresimona y la Corriente Federal, que son sólo una fracción, y no están participando orgánicamente, de la CGT. Buscan utilizar a la CTA-T, al igual que a los movimientos sociales, como fichas en la negociación con los Gordos y otros sectores para volver a una CGT unificada para asumir su rol en el Pacto Social de los F-F.
Alberto viene de hacer un ostentoso acto de campaña en Mendoza para apoyar a la luego derrotada Fernández Sagasti donde compartió almuerzo con el gobernador Arcioni, responsable de mantener sin sueldos a los docentes y estatales de Chubut, y responsable de la muerte de 2 compañeras en lucha. Yasky muestra coherencia: mientras disuelve su central para garantizar la paz social a la patronal, sólo se ha limitado a paros testimoniales de la Ctera, que la burocracia no garantiza, por los docentes de Chubut, dejándolos aislados en los hechos.
La “unidad” de las centrales sindicales que ofrecen estos sectores de la burocracia sindical no puede tener otros fines que garantizar las negociaciones con el FMI y la transición presidencial pactada, manteniendo a flote al moribundo gobierno de Macri hasta diciembre, aunque esto cueste miles de despidos y suspensiones más, la aceleración de la caída del salario real vía inflación y la destrucción de nuestras condiciones de trabajo.

Fracaso del proyecto centroizquierdista

La CTA vive una profunda crisis desde hace años. Nació como un proyecto político-sindical reformista, que intentó expresarse en diferentes proyectos electorales, llegando a la debacle de su apoyo al gobierno de la Alianza de De La Rúa. Los “principios” de la CTA, que tanto defienden hoy Cachorro Godoy y el ala contraria a la integración a la CGT, se basan en la disolución del carácter obrero de la organización sindical a través de la afiliación individual a la central (diluyendo a los sindicatos por rama) y la atomización de los sindicatos a partir de la creación de sindicatos paralelos en los diferentes sectores de trabajo. Todo esto poniendo eje en un “nuevo modelo sindical” sancionado por Ley y en general en la reforma del Estado burgués a partir de la implementación de “políticas públicas” progresivas, tomando como ejemplo al PT de Lula. Este programa terminó llevando a la ruptura de 2010, con la fracción Yasky integrándose plenamente en el kirchnerismo, los pagadores seriales de la deuda externa, mientras la otra fracción (ahora arrepentida), la de Michelli, unía filas con la Sociedad Rural y los sectores burgueses del campo entre los que se contaba a la Federación Agraria… pequeños patrones ¡afiliados a la CTA!
Nada queda de la centroizquierda argentina, hoy embarcada en el proyecto de un peronismo que busca su propia unidad, haciendo de comparsa en la negociación de una eventual unificación de la burocracia de la CGT sustentada por la ley de asociaciones profesionales del “unicato” y los millones de pesos de las obras sociales. Yasky y la CTA-T dejan en claro con su acto en Lanús que han depuesto las armas en la pelea por la personería de la central, personería que el kirchnerismo prometió pero jamás otorgó, priorizando las relaciones con los viejos caciques de la CGT. Mientras, la CTA-A se resiste a hacer el papel de segundo violín pero llama a votar a Alberto Fernández en octubre y no desarrolla ninguna política para enfrentar el acuerdo de Paz Social. La CTA en todas sus variantes, al igual que el conjunto de la centroizquierda argentina, están cada vez más cerca del lugar que tienen reservado en el basurero de la historia.

Las tareas de los estatales

Los trabajadores estatales nos enfrentamos a un difícil panorama, tal cuál nos indican cínicamente Yasky y Moyano. No sólo Alberto y las diferentes facciones de la burguesía se preparan para renegociar los términos del acuerdo con el FMI que implicará el avance en las reformas laboral, previsional, fiscal, educativa y demás medidas que exige el organismo, tal como muestra su actual intervención en Ecuador con la correspondiente respuesta de las masas en las calles. No sólo eso, además la burocracia sindical pretende unificarse para hacer pasar este ataque a rajatabla sobre nuestra clase. La necesaria unidad de la clase obrera para enfrentar estos ataques se opone por el vértice a la unidad de la burocracia sindical traidora de los Yasky, los Moyano, los Daer, los Pignagnelli, los Caló, los Godoy y tantos otros agentes de los patrones en nuestras propias filas.
Debemos impulsar asambleas en las escuelas, hospitales y reparticiones estatales para deliberar y discutir una salida obrera, con independencia de clase, a la crisis. Impulsemos el llamado a imponer un Congreso de delegados con mandato de base de todos los sindicatos, estatales, de servicios e industriales, donde se conquiste la verdadera unidad pero con el objetivo de enfrentar la transición pactada Macri-Alberto y echar al FMI de Argentina y toda la región. Uniendo lazos con los trabajadores ecuatorianos, brasileros, centroamericanos y de todos los países de Latinoamérica, buscando la unidad con el proletariado de EEUU que también está protagonizando grandes huelgas contra las patronales imperialistas como en General Motors. En ese congreso, deberemos discutir un programa que contemple el aumento de emergencia para alcanzar la canasta básica familiar, la reincorporación de todos los despedidos, el pase a plata permanente o efectivización para barrer con la precarización laboral, el control obrero de las fábricas y de las empresas de transporte y servicios, las escalas móviles de horas de trabajo y salarios, la desorganización del estado burgués por parte de los estatales, para desarrollar la potencia del proletariado frente a la anarquía capitalista. Fuera las manos del Estado de nuestros sindicatos y centrales, abajo la Ley de asociaciones profesionales.
Recuperemos los sindicatos de manos de la burocracia, pongamos en pie oposiciones sindicales revolucionarias en cada rama. Peleamos por una Central Única de Trabajadores basada en esta deliberación de nuestra clase, como organización poderosa que permita a los sindicatos imponer un paro activo nacional y un plan de lucha con toma de fábricas y ministerios para derrotar el plan del FMI.