El supuesto plan “antiinflacionario” de Milei ha demostrado ser en realidad un plan anti-salarios, anti-puestos de trabajo y antiobrero en general. Los ataques a los jubilados y a los trabajadores estatales se suman a la política recesiva que genera despidos y suspensiones en las fábricas y el sector servicios. Como anunció en el discurso de presentación del presupuesto 2025, busca un “deficit 0” para pagar la deuda externa y servir a sus jefes en EEUU: el FMI, la Casa Blanca y los empresarios como Elon Musk.
    Mientras, los trabajadores de la UOM de Córdoba venimos sufriendo despidos, por cientos como pasó en Mabe (ex Alladio) de Luque, o por decenas como en Venturi, WEG, Montich y tantas otras. A lo sumo, nos atacan con suspensiones y reducción de turnos. En el SMATA, la situación no es mucho mejor, ya que anuncian nuevos proyectos basados en convenios a la baja mientras en VW echan con prejubilaciones y retiros voluntarios a más de 300 compañeros. En la alimentación, la burocracia del STIA cierra una vergonzosa paritaria con aumentos no remunerativos por debajo de la inflación y el grupo ARCOR avanza contra las condiciones de trabajo en las plantas y en subsidiarias como Cartocor de Villa del Totoral. Descargan la crisis generada por la recesión planificada de Milei y sus aliados sobre nuestras espaldas.
    El gobierno provincial de Llaryora no se queda corto: no sólo avala y apoya la política de las empresas y ataca a los estatales y jubilados provinciales, sino que además prepara una reforma del sistema de transporte urbano e interurbano basada en despidos, cierre de corredores y trabajo fuera de los convenios de AOITA y UTA.

A donde está, que no se ve…

    Esa famosa CGT de la canción, mientras tanto, hace la plancha, o en realidad, negocia un lugarcito en el plan del gobierno nacional. Busca mantener sus privilegios protegidos por las leyes sindicales como la ley de asociaciones profesionales, mientras deja pasar las medidas que afectan a los laburantes contenidas en la Ley Bases y discute con el gobierno los detalles de una nueva reforma laboral que están pidiendo a gritos todas las patronales. Es cierto, hay sectores de la CGT nacional que se quejan de las consecuencias de la recesión, como Furlán de la UOM, pero hay que escucharlo bien: se preocupa por las Pymes, mientras dice que van a ser 30.000 los despidos en la rama metalúrgica y no llama a ninguna medida de fuerza seria contra eso. Es decir, se ubica como opositor a Daer y el resto de los gordos, ¡pero para defender a un sector patronal! Furlán pretende usar a los trabajadores como ficha de presión para obtener concesiones para nuestros enemigos de clase. Los trabajadores sabemos que los empresarios Pymes son tanto o más negreros que las grandes empresas extranjeras, son los mismos que están echando compañeros. Los trabajadores no podemos nunca atar nuestra suerte ni defender a los patrones.
    En Córdoba, una CGT dividida en dos sale a hacer marchas testimoniales de vez en cuando, junto a las CTAs y las organizaciones sociales del Papa, pero no ha llamado a un sólo paro provincial en lo que va del año.
    Por otra parte, hay sectores industriales que sí han salido a dar pelea, con medidas de paro como la Federación Aceitera o el SUTNA (neumáticos). Lo mismo sucede con sectores estatales como docentes de varias provincias, trabajadores de hospitales como el Garrahan o los trabajadores de las Universidades. Incluso nuestros jubilados se plantan contra Milei y sus aliados mucho más firme que la burocracia de la CGT y su sombra, las CTAs.

Contra los despidos y por el salario

    Es mentira lo que dice el gobierno, no ha logrado controlar la inflación. Muestran un IPC que es una ponderación arbitraria y en las paritarias nos quieren llevar a igualar ese número. Incluso si el indice fuera cierto, están simplemente congelándonos el salario real (es decir, la capacidad de compra) al nivel de pobreza actual. Por otro lado, las patronales aprovechan los despidos para disciplinar y aumentar los ritmos de producción en las líneas y las máquinas. Es necesario que impulsemos asambleas en los lugares de trabajo, eligiendo delegados por sector y cambiando a los delegados que no estén a la altura de la situación, y plantear la necesidad de salir a dar pelea contra los despidos, las suspensiones, la precarización laboral, las condiciones lamentables de seguridad e higiene y el salario, entre otros puntos. Sigamos el ejemplo de los sectores que se plantan frente al ataque. No dejemos pasar la Ley Bases en las fábricas, ahí está nuestra fuerza.

Por un congreso de delegados con mandato

    Es con los métodos y el programa obrero que vamos a poder enfrentar el ataque, debemos confiar en nuestras propias fuerzas.  Mientras los partidos patronales intentan formar una oposición parlamentaria a Milei, o un sector de la burocracia intenta posar de combativa y armar alguna oposición sindical ante la crisis del peronismo, los sindicatos recuperados, las juntas internas antiburocráticas, los sindicatos docentes recuperados, los delegados antiburocráticos de las fábricas y los lugares de trabajo junto a las organizaciones piqueteras y de jubilados debemos llamar a un Congreso de delegados de base con mandato para preparar un paro general por nuestras reivindicaciones y derrotar a Milei -FMI y sus aliados.
    Para preparar este Congreso, empecemos llamando a Congresos provinciales de delegados con mandato. En Córdoba, la UEPC Capital, el SUTNA local, los químicos de Rio III y los cuerpos de delegados independientes del STIA, la UOM y otras ramas pueden convocarlo, para reagrupar al activismo y retomar la militancia en los lugares de trabajo. Esto nos permitirá tomar la iniciativa teniendo en claro que la lucha no es del parlamento a las calles o de las calles al parlamento, sino en los resortes de la producción.

      En enero del 2024, Cavalieri inauguró las relaciones con el gobierno libertario de la mejor manera posible. Mientras miles de trabajadores reclamaban en las calles contra el DNU y la reforma laboral, el pope de comercio se sacaba fotos con la ministra Petovello y le aseguraba que el “fondo de cese laboral” iba a estar en la agenda mercantil. Hace poco, a inicios de agosto, la “buena onda” con el gobierno de Milei sigue firme. Cavalieri fue el único gremialista que envió un representante a la mesa de diálogo social, a pesar de que la cúpula de la CGT avisó que no concurría. Cavalieri le garantizo así “la pata sindical” a esta mesa de diálogo que lo único que busca es avanzar en consensos que deriven en proyectos de Ley, para reglamentar la reforma anti-obrera.

      Este acercamiento tan estrecho no es casual. Los libertarios pretenden usar al gremio más grande del país (1.2 millones de afiliados) cómo modelo de la naciente reforma laboral.

      La burocracia de comercio tomó nota e hizo bien los deberes. La última paritaria fue un verdadero escándalo. Cavalieri acordó un incremento salarial del 13,5 % en 3 cómodas cuotas que no cubren ni por asomo la galopante inflación impulsada por los aumentos en los servicios, alimentos y transporte. Para colmo, la burocracia volvió a patear para el 2025 la incorporación al básico de todos los acuerdos. Es decir, los aumentos son “no remunerativos” y no devengan para muchos ítems, dejando el sueldo básico por el subsuelo.

      La excusa es la misma de siempre, resignar salario y condiciones laborales para “comprender” a las empresas y su merma en las ventas. De esta forma, sin salarios dignos, la Federación inventa el relato de que está cuidando los puestos de trabajo. Pero la realidad es que mientras Cavalieri les cuida la billetera a las empresas, los despidos y ataques a los trabajadores se profundizan.

      El primero en hacer punta de lanza, fue la cadena Chango Más, perteneciente a Francisco De Narváez y que vino a suplantar a Walmart. Esta cadena procedió al despido de más de 300 empleados, todos con antigüedad, apenas salió la reforma laboral. En el mayorista Mademax de La Matanza, despidieron a 70 trabajadores en un día. En Carrefour, Coto y Diarco siguen los despidos por goteo. Ante esta situación las diferentes regionales solo pelean por el pago de la indemnización, en algunos casos llevaron acciones adelante, pero todo terminó en conseguir un 20% más de plata. Nunca pusieron en pie un plan de lucha serio. Mención aparte merece el holding Cencosud (Jumbo, Easy, Disco, Vea, Unicenter, Blaisten, etc.), donde la patronal despidió a un delegado combativo (Jumbo Pilar), electo a principio de año y no lo deja ingresar a su lugar de trabajo. Mientras avanzan en recortar beneficios y despiden gente.

      Para enfrentar estos ataques es primordial jerarquizar la organización en los mercados y hacia adentro de los SEC. Realizar asambleas, hacer piquetes de convencimiento, recorrer los mercados, llevar mandatos y exigir a las regionales que convoquen a plenarios. Debemos unir fuerzas dentro de nuestra propia organización y dar la pelea desde allí. Lamentablemente los atajos “legales” no funcionan, no podemos ilusionarnos solo con visibilizar los conflictos en la opinión pública o imponer una agenda parlamentaria que trate la “prohibición de despidos” o peor aún, la “doble indemnización”. Nada de eso juega a nuestro favor, solo podemos organizarnos desde adentro de nuestra organización para presentar una pelea seria.

      Necesitamos profundizar las discusiones para llevar adelante un programa obrero, que nos articule para crear una oposición que le dispute la dirección del gremio a la burocracia.

ASAMBLEAS EN CADA MERCADO

PLENARIOS DE DELEGADOS CON MANDATO POR CADA REGIONAL

PLAN DE LUCHA NACIONAL PARA REINCORPORAR A LOS DESPEDIDOS Y POR SALARIO= CANASTA FAMILIAR

PONGAMOS EN PIE UNA OPOSICIÓN REVOLUCIONARIA DENTRO DE LA FEDERACIÓN

                                                                                             Mercantiles de la COR

El “Acuerdo de Cooperación Social entre el Gobierno de Mendoza, cámaras empresariales y asociaciones sindicales” fue rubricado hoy por el gobernador Cornejo, cámaras patronales y Letard (Camioneros) y Márquez (UOM) por la CGT Regional Mendoza. Exultante, afirmó Cornejo: “aquí hay paz social” con el objetivo de “promover la producción y un clima laboral sin conflictos”. Ayer ya había anunciado el envío a la legislatura provincial de un proyecto de ley de adhesión al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) que logró Milei en el congreso. Ahora promete enviar a la Legislatura un proyecto de presupuesto 2025 con una baja de impuestos (ingresos brutos, sellados y tasas) para beneficio de los grandes empresarios.

Cornejo asumió su segundo mandato como gobernador, con el objetivo de revertir la derrota popular que sufrió su pupilo Suárez cuando intentó avanzar en derogar la Ley 7722 (El agua de Mendoza es un negocio - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org)) que restringe la minería en Mendoza al prohibir el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en procesos mineros, a través de cualquier método extractivo. El masivo y heterogéneo movimiento social que repudió la reforma de la Ley 7722 que habían acordado radicales y peronistas en la Legislatura, fue la única derrota que sufrieron las sucesivas gestiones de Cambia Mendoza. Pero la derrota de Suárez y su reforma, no se tradujo en cambios en el statu quo del negocio del agua. Los propietarios de la tierra, grandes productores agrícolas, empresarios bodegueros, de la agroindustria e inmobiliarios siguieron controlando más del 80% del agua provincial (La disputa por el agua en Mendoza - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org).

En estos años, las gestiones de Cambia Mendoza, con colaboración del peronismo y sus alas en la legislatura, los municipios y las conducciones sindicales, han logrado avanzar sistemáticamente en fortalecer el aparto represivo estatal, cristalizando un conjunto de normativas de disciplinamiento de la mano de obra y de la protesta, control de la calle, precarización e informalidad laboral con salarios paupérrimos. Estos logros son los que ahora Cornejo ofrece al capital imperialista como un valor a explotar: aquí hay paz social.

Nuestro país transita un cambio en los pesos específicos de las fracciones burguesas dominantes, del campo a la energía y la minería (Vaca Muerta, litio, cobre). En esta transición, hay fracciones burguesas que pierden y otras que se imponen, los que perdemos siempre somos los trabajadores. Como parte de este proceso podemos ver la creciente concentración y extranjerización de la producción vitivinícola, el retroceso de la agroindustria alimenticia en Mendoza con el cierre de industrias icónicas como La Campagnola en San Martín (¡No al cierre de La Campagnola! ¡Reincorporación ya de los despedidos! - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org)), y recientemente La Colina en San Rafael como ejemplos. Procesos que han dejado el tendal de despidos. Así también podemos ubicar un nuevo caso de estatización de deudas privadas, saneamiento y venta a capitales yankis de IMPSA (IMPSA: otra vez rescatando al capital - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org)).

En esta tendencia, Cornejo y su “comunidad organizada” de cámaras patronales y burocracia sindical colaboradora, vienen avanzando en preparar las instituciones y normativas para ser socios menores de los capitales imperialistas en la expoliación de los recursos minerales y la extracción de plusvalía. A este objetivo se orientan el Plan Pilares, la actualización del Código de Procesamiento Minero, el Parque Industrial y de Servicios Pata Mora y la creación del Distrito Minero Malargüe Occidental. El Plan Pilares, desarrollado por el sector privado junto a la empresa Impulsa Mendoza Sostenible S.A. y la Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo), define cómo avanzar en explotar la minería en Mendoza, especialmente en lo que respecta al cobre. Para ello Cornejo sumó a Mendoza a la Mesa del Cobre, que ya integran San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca.

Sin embargo, la “paz social” que vende Cornejo, la provincia de cuentas ordenadas, es puro humo. Esta misma semana, los trabajadores del petróleo vienen desarrollando un proceso de paralización de tareas denunciando el incumplimiento de acuerdos en el marco de la preservación de las dotaciones de personal y las remuneraciones frente al retiro de YPF de la explotación de yacimientos declinantes. Los trabajadores judiciales paralizaron semanas los Tribunales en reclamo de recomposición salarial en una provincia que dice tener las cuentas ordenadas, pero paga los peores salarios del país y negrea los salarios docentes evadiendo sus responsabilidades patronales con el sistema previsional y de obra social. Los trabajadores de la Salud provincial llevan adelante un nuevo plan de lucha por recomposición salarial y en contra de la reforma precarizante y privatizadora del sistema de salud pública. Los trabajadores vitivinícolas tienen empantanada la paritaria, denunciando que las grandes bodegas se resisten a recomponer los salarios de miseria e indigencia que pagan. Duermen en las calles de Mendoza cada vez más indigentes, y las colas para la asistencia alimentaria en comedores populares suma varias cuadras. Esta es la contracara de la “comunidad organizada” de Cornejo, con la que colabora la burocracia de la CTA y el SUTE, sin necesidad de firmar el pacto, pero sí siendo garantes de la paz social de la mayor masa de empleados de la provincia: los docentes.

Frente a esta política antiobrera, de ajuste, pauperización y criminalización de la protesta, la izquierda, los movimientos piqueteros, las asambleas ambientales, y trabajadores antiburocráticos venimos resistiendo y desafiando en las calles el discurso de orden capitalista. Hemos enfrentando el código contravencional provincial, el protocolo antipiquetes de Bullrich y el plan Motosierra de Milei y los gobernadores. Defendemos y seguiremos movilizando hasta lograr la caída de todas las causas a compañeras/os por luchar.

Lo que urge, es preparar las instancias para golpear con un solo puño y hacer saltar por los aires este pacto de paz social y colaboración de clases de la burocracia de la CGT con Cornejo y las cámaras patronales. En cada lugar de trabajo impulsemos pronunciamientos de repudio contra los dirigentes quienes, en nombre del movimiento obrero pero sin mandato alguno, pretenden atarnos de pies y manos para vendernos a la expoliación imperialista. Preparemos un congreso de delegados de base mandatados, de todos los sectores de trabajo, industria, servicios y estatales, para debatir y votar un plan de acción conjunta, UN PARO GENERAL contra los despidos, contra la reforma laboral y sus leyes represivas, por el desprocesamiento de todos los luchadores, y por una recomposición general de salarios para que ningún trabajador en Mendoza gane por debajo de la línea de pobreza.

Con despidos, represión y salarios de miseria NO HAY NI HABRÁ PAZ SOCIAL.

Una situación de tensión generalizada vive la industria en general y la industria petrolera en particular. Mientras se anuncian récords de producción en Vaca Muerta, YPF va hacia un proceso de retracción y desfinanciamiento en áreas de explotación históricas, dejando a una gran masa de asalariados ante la incertidumbre de la continuidad laboral. El Sindicato de Petróleo y Gas privado de Cuyo realizó un paro de 24hs este 20 de marzo, con alto acatamiento por parte de los trabajadores, afectando yacimientos, destilería y distribución, en tanto que la conducción de Camioneros declaró el estado de alerta y movilización por la situación en la rama.

El plan motosierra del gobierno alcanza duramente al sector, con promesas de mejoras que nunca llegan,  intentando profundizar el  perfil exportador de crudo de la Argentina, que no es más que la reprimarización de la industria, para cumplir con las presiones que impone el FMI a través de la deuda, mientras miles de trabajadores ven peligrar su fuente de trabajo, y la inmensa mayoría de la clase padece aumentos de tarifas indiscriminados, con salarios cada vez más miserables.

EN RETIRADA

El 29 de febrero el directorio de YPF autorizó la retirada de la petrolera de 55 campos maduros, esto es que ya pasaron su pico de rendimiento, con el objetivo de relocalizar el grueso de sus inversiones en las zonas más productivas del Shale en Vaca Muerta, donde los costos operativos se reducen según indican en un 80%. El CEO de la empresa, Horacio Marin pretende la concesión de estas áreas a operadoras locales con “mayor eficiencia operativa”, pero sin dar ninguna garantía en cuanto a plazos y transiciones.

En este marco se encuadra el reciente conflicto con la provincia de Chubut, en donde Ypf redujo su plan de inversión en unos 400 millones de dólares, desfinanciando zonas históricas del petróleo convencional y dejando librados a su suerte a miles de trabajadores, en una provincia fundamentalmente dedicada a la actividad; o como el caso de Mendoza, donde YPF amenaza con paralizar la actividad de la totalidad de los equipos de torre, cesanteando al personal a través de un mecanismo similar al utilizado en pandemia, el art 223 bis, por el cual los trabajadores quedan en domicilio cobrando solo un porcentaje de su sueldo. No hace falta recordar que este mismo mecanismo, significó una reducción brutal de las plantas de trabajadores, que incluso una vez finalizada la pandemia, en algunas zonas no pudo recuperarse a los mismos niveles prepandemia.

El día martes 12/03 se reunieron en Buenos Aires representantes del Estado, las cámaras y las organizaciones gremiales para tratar la transición, pero no hubo acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio para el martes 19/03. Lo cierto es que la YPF avanza firmemente en su plan de readecuación financiera, luego de años de desinversión y desidia, y está a las claras que muy poco le interesa el destino de miles de trabajadores y sus familias.

GESTAR LA ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA PARA ENFRENTAR EL AJUSTE

Los trabajadores no debemos caer en la trampa de quienes aprovechan incertidumbre y la confusión para sacar provecho de la situación. No será, como se intentó en Chubut con el gobernador Torres capitalizando una histórica marcha de los sindicatos más importantes de la provincia, licuando todos los reclamos para finalmente terminar en un enfrentamiento testimonial por porcentajes de la coparticipación. Las conducciones sindicales intentan aislar los reclamos por región, estableciendo una diferencia entre zonas más productivas y menos productivas, negociando la forma de preservar la paz social, fraccionando a la clase, para terminar siendo furgón de cola de algún representante de la burguesía local.

Las direcciones sindicales de petroleros negocian con YPF un esquema de cese de tareas temporal, a porcentaje fijo, no remunerativo, hasta sentarse con las potenciales nuevas operadoras. El resto de los trabajadores afectados, que están bajo convenio de UOCRA o UOM, quedan afuera de la discusión. La ventaja de la fragmentación y precarización laboral, una vez más, le sirve a las patronales para descargar los costos sobre nuestras espaldas, desorganizar y debilitar la capacidad de reacción de los trabajadores. Debemos convocar a un plenario nacional de delegados petroleros para, en concurso con compañeros de la UOM, UOCRA, Camioneros y demás organizaciones hermanas que operan en las áreas de la rama, discutir un plan de acción unificado que incluya un gran paro nacional de todo el sector energético, paralizando no solo la producción, sino las refinerías, las terminales portuarias, y los circuitos de distribución. Como paso inicial para un debate acerca de qué, cómo, dónde y para qué producir, y avanzar en la recuperación de los sindicatos, como herramienta política de los trabajadores. Los sindicatos y las organizaciones obreras tienen que tomar en sus manos el control obrero, como escuela de planificación de la producción para enfrentar el ajuste.

Trabajadores de la rama Energía - COR

         Los trabajadores del neumático vienen hace semanas realizando paros como parte de un plan de lucha por el salario. El SUTNA demuestra la potencialidad de un sindicato recuperado, golpeando en la producción para enfrentar la descarga de la crisis sobre nuestras espaldas, contrastando con la paz social de la burocracia sindical peronista, atada al gobierno, las patronales y el FMI.

         La contundencia de los paros del SUTNA, que ya llevan diez, están complicado a las tres grandes patronales de la rama que tienen afectados los stocks y pedidos, y empieza a haber desabastecimiento del mercado interno. Fate, Pirelli y Bridgestone siguen mostrando dureza, audiencia tras audiencia, y se resisten a conceder las demandas del SUTNA. Los reclamos son el cierre paritario 2021/2022 con un 5% arriba de la inflación oficial y las horas los fines de semana al 200%, lo que significaría un 15% adicional de salario real.

         El SUTNA vuelve a parar el lunes y se moviliza al ministerio de trabajo, mientras el gobierno mete a Scioli para intervenir en favor de las patronales. Ya se discute entre los trabajadores del neumático profundizar las medidas, tras la realización de asambleas en las plantas. Debemos rodear de solidaridad esta lucha para que triunfe y preparar las condiciones para imponer un paro general a la CGT y CTAs ante la tremenda desvalorización de los salarios y el ataque a nuestras condiciones de vida.

Sobre el precio de los neumáticos y el salario

         En el curso de la lucha, las patronales han sacado a relucir que conceder los reclamos del SUTNA significaría una pérdida de "competitividad". Pero esto es falso. Un aumento del salario real no afectaría la competitividad, la productividad del trabajo, ni el precio final de los neumáticos. Los valores están determinados por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción (en el conjunto de la rama a nivel internacional). Un aumento al salario real, es decir del valor de la fuerza de trabajo, lo único que afectaría es la ganancia. Esto es lo que denodadamente Fate, Pirelli y Bridgestone, se niegan a reconocer en forma de aumento de salarios.

         El SUTNA ha respondido a los argumentos patronales plateando que el valor de la fuerza de trabajo en el precio final es de 1000 pesos o un 5%, con fines propagandísticos y de denuncia. Pero no debemos olvidar que el precio no es una suma fija, es variable; y que es variable de acuerdo con las leyes que rigen el sistema capitalista. Qué es salario y qué es plusvalía del valor producto, varía según cada fábrica, es variable porque además es una cuestión que se determina, en última instancia, en la lucha de clases.

El ingreso a la CGT

         La dirección del SUTNA ha pedido el ingreso del sindicato en la CGT. El sindicato del neumático recuperado es influenciado por la izquierda trotskista, tiene una posición conquistada muy importante para dar peleas programáticas e influir en el resto del movimiento obrero combatiendo al peronismo con un programa de lucha de clases, para colocar a la clase obrera como dirección política de las masas explotadas, para dar una salida a la crisis capitalista desde una perspectiva de poder. El peronismo y las fracciones burguesas llaman a confiar a los trabajadores en la intermediación del estado burgués (su intervención en la economía), y la otra fracción burguesa en la rienda suelta de las leyes económicas capitalistas (Milei).

         Para nosotros el SUTNA debe entrar a la CGT con la bandera de central única de trabajadores, con la idea de derrotar a la burocracia sindical de la CGT y CTAs, en la necesidad de unificar a los trabajadores en una central única independiente del Estado para terminar con todas las divisiones. Para luchar por incorporar los desocupados a la producción, por la escala móvil de horas y salarios, por el control obrero de la producción.

          La paz social que los sindicatos ferroviarios mantienen con el gobierno de Fernández tuvo un quiebre parcial el pasado 29 de marzo cuando La Fraternidad (sindicato que agrupa a los maquinistas, ayudantes y motormen) realizó un paro nacional. La medida estuvo motivada por el rechazo a la suspensión vía judicial del ramal de pasajeros Constitución - Bahía Blanca.

          La justicia federal de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio, había dictado una cautelar luego del descarrilo de una formación por mal estado de vías, el pasado 8 de marzo, y que causó heridas leves a una veintena de pasajeros. El juez exigió a Ferroexpreso Pampeano (grupo Techint), la concesionaria privada responsable de mantener las vías, y a Trenes Argentinos, la operadora estatal del ramal de pasajeros, un “relevamiento e inspección del ramal completo, que detalle el estado de las vías”, actualizado, y donde “deberán informar al Juzgado cuáles son las medidas de seguridad que se adoptarán para garantizar la seguridad de los pasajeros y personal ferroviario y remitir el plan de implementación con detalle de metas y en su caso de plazos”. Maturano denunció que detrás de esta medida judicial estaba el lobby del transporte automotor de ómnibus para buscar cerrar el ramal, con la consecuencia de pérdida de puestos de trabajo. Sostuvo, que la intromisión judicial era impertinente, y que la función de control correspondía a la CNRT y al ministerio de transporte.

          El paro no fue para nada del agrado del gobierno. Sobre todo, porque una medida de esta índole conlleva poner sobre la mesa el arma de la huelga ante un sector de masas en momentos en que el gobierno busca establecer un acuerdo social tripartito, empresas, sindicatos y estado de cara al FMI, para aplicar el ajuste comprometido. Podemos decir que este ha sido el aspecto más progresivo de la medida del sindicato de los maquinistas, no así su programa, basado en confiar en los “controles” del estado sobre las empresas concesionarias privadas y las estatales. La medida de fuerza duró menos de medio día, aunque llegó a paralizar todos los trenes del país, y luego fue levantada por una “conciliación obligatoria” y tras “una reunión con el ministerio de transporte”. Todo esto, sin discusión ni resolución de asambleas con los trabajadores, como acostumbra la burocracia sindical.

          Sergio Sasia, que dirige la Unión Ferroviaria, el gremio más numeroso del ferrocarril, carnereó. Es que Sasia, el más conciliador de los burócratas sindicales, ahora al frente de la CATT tras el acuerdo con el moyanismo, es parte de los interlocutores del gobierno para capear la crisis y se postula para integrar las mesas técnicas tripartitas estado-empresarios-sindicatos pos acuerdo con el FMI, por supuesto, para avanzar con la modificación de los convenios y la flexibilización laboral como ya hizo con el marcrismo en la rama ferroviaria (convenio Unión Ferroviaria, 2018).

          La burocracia fraternal también ha tomado la acción sindical del 29/3 para hacer una demostración de fuerzas y poder de fuego de paralizar el transporte ferroviario, luego de su (auto)exclusión de la CATT. Maturano lidera el grupo de gremios del transporte disidentes del armado de Sasia-Moyano-Biró. Junto a la UTA, los sindicatos barrionuevistas (con el sindicato de Estaciones de Servicios, que tiene al frente a Acuña uno de los triuviros cegetistas), Carga y Descarga (Mercado Libre), Señaleros Ferroviarios, entre otros, han reflotado sello de la UGATT, una central paralela a la CATT, para mantener un lugar directo en la mesa, con el gobierno, las cámaras patronales y prestar y cotizar sus “servicios” tan caros en tiempos crisis.

          Al cierre de esta edición, el 22/4, luego de 45 días de interrupción, se restableció el servicio de Pasajeros Constitución-Bahía Blanca. Atendiendo a las precauciones en la circulación que debió establecer Ferro Expreso Pampeano por el fallo judicial, y en reconocimiento q la falta de mantenimiento de vías, para recorrer los 700 Kilómetros del trayecto el servicio demoró más 18 horas, casi 5 horas mas de las que tardaba antes del descarrilamiento en Olavarría (12 horas). Un trayecto que en 1940 se hacía en solo 7 horas. La empresa, cómo siempre hacen las patronales, había culpado al maquinista por exceso de velocidad, es decir, por "falla humana". Y desde el estado Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, dijeron que descarriló por "exceso de lluvias".

          Sin dudas, se ha puesto sobre el tapete la crisis que sigue teniendo el sistema ferroviario, y los cortocircuitos en el marco de esta decadencia, que involucra a las patronales del transporte automotor por una mayor rentabilidad y mercado (en contra de la tarifa subsidiada del ferrocarril), las concesionarias privadas y empresas estatales ferroviarias, a la burocracia estatal (gobierno y justicia) y burócratas sindicales. A 10 años de la masacre de Once, más allá de algunas compras de material rodante chino y renovación parcial de vías de trenes de pasajeros metropolitanos del AMBA, la recuperación de la administración estatal de la mayoría de la red, la infraestructura ferroviaria nacional de conjunto, incluido el estado de vías, sigue en emergencia. Los descarrilos en los trenes, mayormente de cargas, son diarios. Y no solo en las concesionarias como Ferroexpreso sino en las estatales Trenes Argentinos Cargas (Belgrano, San Martin, Urquiza).

          Todo esto además entrará aún más en un cuello de botella con el ajuste presupuestario que plantea en subsidios el FMI, lo que prepara tarifazos, mayor precarización laboral y tercerización, y el continuo ataque a los salarios. Ni Maturano ni Sasia tampoco defienden los puestos de trabajo, como ya lo demostraron con el gobierno de Macri, ambos permitiendo el cierre de ramales (como Ferrobaires) y miles de despidos en todo el país sin mover un dedo. En cuanto al estado general del ferrocarril, primeramente, hacen falta inversiones, pero sobre todo la incorporación de miles de trabajadores, para combatir la falta de mantenimiento y mejorar las vías existentes, señalamiento, etc., y reabrir ramales cerrados.

          La confianza en el estado y los organismos de control estatal, el banque a las patronales es el programa de la burocracia ferroviaria, que ha llevado calamitoso estado actual, a la masacre de Once, a la desidia patronal y al continuo ajuste sobre los trabajadores. El único programa progresivo ante la crisis del sistema, que se profundiza, es el control obrero del ferrocarril. Se abre la discusión paritaria, y en la misma, hay que exigir asambleas y pelear por no pagar el ajuste, por un plan de lucha unitario de todos los ferroviarios, por el salario iguala la canasta familiar para la categoría más baja indexado a la inflación, por incorporación de los desocupados al trabajo pagados por las empresas para mantener y mejorar el estado de vías, por el pase a planta de los tercerizados. Fortalezcamos una oposición sindical revolucionaria en el ferrocarril y el transporte con un programa obrero.

* Por Ferroviarios de la COR 

La crisis internacional y su agravamiento producto de la pandemia hizo que varias industrias atraviesen importantes cambios a nivel internacional tales como: cambios en las condiciones de trabajo y los protocolos de seguridad e higiene; cambios en las tareas, tiempos y ritmos de trabajo; divisiones erradas entre los que son y los que no son esenciales; empresas que cierran y despiden trabajadores, pero hay otras que sacaron provecho llevándose superganancias como las farmacéuticas o las industrias alimenticias. La industria del vidrio y en particular el sector referido a envases para la industria alimenticia no escapa a esta realidad atravesando varios cambios no solo a nivel regional sino internacional.

Esta rama de la economía esta experimentando actualmente un problema global que es el faltante de envases de vidrio principalmente a causa de la pandemia de Covid-19. Durante el 2020 se registraron importantes aumentos en el consumo de alimentos y bebidas, lo que ocasionó una disminución de stocks de envases de vidrio en góndola. A eso se le sumó el hecho de que muchas industrias no pudieron trabajar al 100% de su capacidad por las diferentes restricciones sanitarias. Eso hizo que se consumieran los stocks de reserva en casi todas las plantas a nivel mundial. Además, que las materias primas con las que se elabora el vidrio pueden ser costosas o escasas.

Ahora vayamos al caso argentino, el país concentra la mayor parte de su producción de vidrio en tres empresas: Cattorini que produce el 60% del total de botellas para vinos, Verallia que produce el 35%, y Cristalerías Rosario con el 5%. El 75% de lo producido está dirigido al mercado interno, y el 25% restante es destinado al mercado de exportación de vinos y espumantes. En dicho periodo estas empresas han tenido enormes ingresos por un aumento de productividad (entre 2016 y 2019, la industria vitivinícola utilizó aproximadamente entre 800 y 900 millones de botellas por año, un número que aumentó en 2020).

Así mismo, las empresas contaron con un aliado imprescindible: la burocracia de Valdez. Ellos garantizaron en lo que va de la pandemia que se no dieran aumentos de sueldos y en donde se dieron, como vienen haciendo cada año, se firmaron en cuotas y a la baja (una de las ramas que menor porcentaje de aumento tuvo). Dicen hablar en nombre de cuidar a la “familia vidriera” pero ante los casos de despidos y suspensiones se posicionaron como si fueran empleados de recursos humanos de las empresas. No nos olvidemos que nada se hizo por las muertes de compañeros y las condiciones de seguridad e higiene en lo que va del periodo.

Mientras se registraba todo esto y se hacia la vista a un lado en los constantes avasallamiento hacia las y los trabajadores; el 19 de septiembre se produjo un incendio en la planta de Verallia en la localidad de Rodeo de la Cruz, Mendoza, que afectó el área de los hornos y dejó a varias líneas fuera de funcionamiento. Por suerte no hay que lamentar ninguna perdida de operarios. De hecho, gracias a ellos no se quemó el resto de la planta.

Esta situación provocó un cimbronazo en la industria vitivinícola, principalmente en las bodegas de Mendoza y San Juan, que temen por las exportaciones de vino ya pactadas. Claramente este incendio se debe a la sed de ganancias de esta empresa y por la falta de mantenimiento o la deficitaria inversión en infraestructura contra siniestros de este tipo. Rápidamente los productores y bodegueros advirtieron sobre el problema que podría atraer dicho incendio y presentaron sus quejas al Estado mendocino y nacional para que les vuelva a garantizar una vez más la producción de botellas necesarias y las consecuencias no afecte los dividendos empresariales. “Los que estamos en este negocio sabemos que el mes de octubre es el mes del despacho al exterior. Acá la única solución de corto plazo es que Verallia rápidamente pueda poner en funcionamiento sus hornos afectados. Y en eso tiene que estar el Estado al lado, acompañando” (Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura).  Se fueron brindado las líneas de financiación que se necesiten, aunque la empresa por el momento no ha solicitado nada y se ha colaborado en la entrada rápida de los técnicos de Brasil para que puedan resolver los problemas ocasionados por el siniestro. Y para coronar todo esto la burocracia del vidrio y sus delegados no hicieron ni siquiera una declaración frente al siniestro que podría haber sido evitado. Están tratando de garantizar que no haya ningún tipo de organización ante el esquema que se presenta.

Acá vemos cómo el Estado, su maquinaria, funcionarios y burocracia se ponen a disposición para lo que fueron elegidos: garantizar al capital su ganancia. Una clara contradicción ya que en esta pandemia no se podía ni siquiera andar en la calle, pero para garantizar la producción a las empresas se abren todas las fronteras y se dan todos los subsidios posibles.

Incluso se habla de importar botellas de otros países. Pero esto no es tan fácil como se dice. En primer lugar, el rubro de importación de envases de vidrio es uno que cuenta con licencias automáticas, lo que significa que pueden realizar importaciones sin ningún tipo de limitación. Practica a la que recurre Verallia desde hace años con su par chilena y luego cobra más caro a sus clientes. Pero como sabemos, el problema es más amplio y responde a una coyuntura global. Por otro lado, aunque a nivel mundial existieran stocks disponibles, organizar la logística para lograr importar los envases necesarios que cubran la demanda supone otros problemas. Hay también una escasez mundial en el comercio internacional de contenedores. Otra de las consecuencias de la pandemia fue un desajuste en el comercio mundial, que implicó un retraso de los buques de seis días en promedio, lo que ocasionó un faltante de contenedores en puertos.

Pero regresemos al vidrio, no tenemos que dejar que las verdaderas consecuencias afecten a los trabajadores y paguemos su crisis como ya se están viendo en las principales bodegas suspendiendo a personal tercerizado. Debemos tener en cuenta todas las presiones que tuvimos como rama y por empresa que pesan sobre nuestras espaldas: paritarias que fueron suspendidas por la pandemia o superadas constantemente por la inflación como lo vivieron las y los trabajadores de viñas y vitivinícolas reflejado en un aumento del costo de vida; protocolos y condiciones de higiene y seguridad deficitarias y que en la mayoría de los casos no se respetan o los aumentos de productividad en las líneas de producción garantizado solo por el mínimo personal para tales tareas. Además, debemos contar las vacaciones adelantadas, suspensiones y o despidos que están a la orden del día según el nivel de productividad que desee el empresariado.

Empresas del vidrio, el sector vitivinícolas y talleres que trabajan para dichas industrias tenemos que pensar en las situaciones que nos hace vivir en esta precariedad y las implicancias que tuvieron la cuarentena en ramas y fabricas como las nuestras que nunca pararon durante la pandemia para poder transformar esta ofensiva patronal en organización de los trabajadores.

Debemos tratar de hacer asambleas por sector y o general para que las implicancias de la falta de planificación de la patronales y recientemente la falta de botellas en el sector no recaiga sobre nuestras espaldas. Nosotros no tenemos que ser el primer factor en la ecuación de reducir costos patronales. No podemos confiar y dejar en manos de la empresa nuestra seguridad e higiene. Tenemos que presionar a los delegados que nada están haciendo para que se haga un relevamiento de las condiciones de higiene y seguridad en la infraestructura, elementos de protección personal, etc. y exigir que se respeten, mejoren o creen donde no las haya. Es tarea fundamental sacar a los delegados traidores de nuestras filas o elegir donde no los haya. Para ello debemos confiar en nuestras propias fuerzas.

Como perspectiva debemos convocar un congreso de delegados de base mandatados de la rama para pensar de conjunto una salida a la crisis y un programa de lucha para poder pelear por todas estas reivindicaciones.

Dante Oliveira

     La Federación de Empleados de Comercio, con Armando Cavalieri a la cabeza, se reunió con las cámaras empresariales para reabrir la negociación mercantil, luego de un largo letargo, donde desde el mes de Mayo los trabajadores de comercio vienen exigiendo y reclamando la reapertura de paritarias. La entrega firmada en mayo implicaba un miserable aumento del 32% en 4 cuotas de 8 % cada una, que se terminarían de pagar las últimas dos en el año 2022. Mientras que la acumulación de la inflación ya lleva un mínimo de 27 % (tomando los datos del INDEC) en el primer semestre del año, los salarios mercantiles sólo tuvieron un incremento del 8 %. En tanto que Cavalieri, firmaba y se subordinada a las patronales como al gobierno de Alberto que usó al gremio más grande del país (1.2 millones de afiliados) cómo paritaria testigo, la careta de que los salarios " le ganarían a la inflación" se caía antes de cerrar la paritaria. Nada más lejos de eso, este gobierno conjuntamente con los pulpos supermercadistas son los responsables, en gran parte, de la remarcación de precios donde día a día la masa trabajadora ve licuados sus salarios por la inflación.

     Sin embargo, al otro día de firmada la entrega el repudio de las bases mercantiles fue generalizado. Comisiones internas, delegados y agrupaciones (sobre todo en la zona norte) salieron a manifestarse y exigir la reapertura de las paritarias de forma inmediata. Este proceso de organización tiene sus raíces en la enorme crisis que existe en la rama de comercio, donde los trabajadores ven como la burocracia sindical, en complicidad con las patronales permitió y acentuó en los últimos años los contratos ultra reducidos. Los contratos part Time se multiplican, y no llegan ni a cubrir la canasta de pobreza. También aumentan los contratos por agencia y tercerizados. Un suceso que ilustra lo podrido de esta burocracia, es el ninguneo a los trabajadores de Garbarino, que no cobran su sueldo desde el mes de Abril y dónde el sindicato no se dignó a llamar a un paro nacional por los 6000 empleados que no saben cuál va a ser su futuro. Todo esto sumado a la borrada monumental de la burocracia durante la pandemia.

     En este contexto, durante el 2020 la necesidad de organizarse se volvió imperiosa, y ahí estuvieron muchos delegados combativos y comisiones internas que tomaron la tarea de enfrentarse a la patronal para exigir protocolos de seguridad e higiene, para pelear por efectivizaciones, despidos y tomar posición con respecto a las paritarias. Con los métodos de nuestra clase, Asambleas, Paros, Corte de cajas, quite de colaboración, se enfrentó a las patronales. Este proceso de organización se cristalizó en un plenario convocado por delegados de zona norte (regional San Martín) donde participaron un centenar de trabajadores de diferentes seccionales y activistas. Inmediatamente se resolvió iniciar una amplia campaña en pos de la reapertura de la paritaria, denunciando a su vez la precarización laboral y los despidos en el sector. Asambleas, movilizaciones y paros se sucedieron en diferentes Carrefour, Jumbo, Easy, Chango Mas más la permanente lucha por los compañeros de Garbarino.

     Es necesario profundizar estas experiencias, consolidar estas expresiones genuinas en una oposición consciente, y con un programa obrero, hacia adentro del sindicato que le dispute la dirección del gremio a la burocracia.  Ante esta nueva reapertura de paritarias, debemos ser nosotros, los trabajadores y delegados combativos organizados quienes impongamos nuestras condiciones. Es necesario llamar a asamblea en cada lugar de trabajo, sacar mandatos y llevarlos a un gran plenario de delegados y activistas dónde votemos un plan de lucha y que tipo de aumento queremos. Debemos imponer la figura de DELEGADO PARITARIO con mandato para conquistar nuestras reivindicaciones y así ampliar nuestras funciones, se deben poner un límite a los contratos part Time, a los contratos por agencia, debemos exigir la reincorporación de los despedidos cómo también que se garantice la fuente laboral de los trabajadores de Garbarino. Basta de que sigan negociando a nuestras espaldas los traidores de la burocracia!!

ASAMBLEAS EN CADA MERCADO!!

PLENARIOS DE DELEGADOS!!

DELEGADOS PARITARIOS CON MANDATO DE ASAMBLEA!!

POR UN PLAN DE LUCHA MERCANTIL NACIONAL!!

PONGAMOS EN PIE UNA OPOSICIÓN REVOLUCIONARIA DENTRO DE LA FEDERACIÓN!!

Autor: Andrés Arias

[Publicado en la Edición impresa #78 del IMPRESO de la Corriente Obrera Revolucionaria, Julio 2021]

    Los trabajadores de reparto siguen dando pasos firmes en el sentido de la organización y de la lucha. Este 29 de mayo realizarán un nuevo paro nacional con jornada de movilizaciones en varias ciudades del país. Vuelven a ratificar los reclamos por el aumento de un 100% de la tarifa por pedidos (que conforma hoy el salario), por elementos de seguridad e higiene, por justicia por Emma, Franco y por todos los repartidores fallecidos, por ART a cargo de las empresas y por el fin de los despidos y suspensiones (rehabilitación de las cuentas suspendidas).

    Este proceso de organización en Pedidos Ya, Glovo, Rappi, Uber Eats y otras aplicaciones, viene creciendo día a día. No se detuvo a pesar de la cuarentena, la militarización de los barrios y calles, de la represión. En Córdoba, la policía local reprimió una de las anteriores movilizaciones de los repartidores el 7 de mayo. A pesar de ello, las caravanas y protestas son cada vez más numerosas en Buenos Aires, Córdoba y La Plata y otras ciudades. También, se están coordinando acciones con trabajadores de reparto de otros países (Brasil, Chile, Ecuador, Perú, España).

    Los trabajadores de reparto están abriéndose camino con sus demandas de mejores salarios y condiciones de trabajo. Repudian el asesinato laboral de estas empresas, que con su política de aumento de los ritmos y la reducción de la paga, se están llevando la vida de cada vez más compañeros que mueren atropellados trabajando. Internamente ya debaten la necesidad de reclamar un salario básico inicial y un contrato único, que sustituya a la actual forma de monotributo, que usan y abusan estas empresas. Las conducciones de sindicatos como ASIMM (mensajeros) y APPS (sindicato de aplicaciones), relacionadas con el rubro, han sido puestas en evidencia porque jamás se han puesto al servicio de estas peleas.

Hecha la ley, hecha la trampa.

    Según hicieron trascender algunos diarios, el poder ejecutivo estaría armando un proyecto de ley para enviar al Congreso y legislar sobre la forma de contratación de estas aplicaciones. El “trascendido” no es menos oportuno. Este intento bonapartista del gobierno tendría un claro objetivo. No solo el de “regular” y recaudar. También y, sobre todo, el de limitar la organización de los repartidores y sus demandas. Según Ámbito Financiero, el proyecto busca establecer un régimen especial, que estaría incluso por debajo de la ley de contrato de trabajo.

    En los pasillos ministeriales, lejos de la lucha contra estas empresas, se apostan las conducciones burocráticas de APPS y ASIMM. No es de extrañar que quieran estampar la firma a espaldas de los repartidores con tal de quedar como representantes “legales” al amparo del gobierno.

    Del Congreso Nacional, del gobierno, de legisladores como los del PJ y Cambiemos, que votan contra el pueblo el pago de la deuda externa, o el arrebato de las jubilaciones a los jubilados, nada bueno podemos esperar los trabajadores. Tampoco se trata de proponer “otro proyecto de ley”. Mucho menos apostar a que el Ministerio de Trabajo "juegue" para el lado de los trabajadores. Las condiciones de trabajo deben ser discutidas por los mismos trabajadores. Detrás de estas maniobras, buscan que los trabajadores del reparto dejen de confiar en sus propias fuerzas y en la lucha, y la depositen afuera, en el gobierno, en las instituciones. 

Fortalecer la organización sindical con independencia del estado.

    Claramente la tarea de fortalecer y poner en pie la organización sindical de los trabajadores del reparto con independencia del Estado, es de primer orden e impostergable. Va de la mano de luchar por el reconocimiento de los verdaderos representantes votados por los repartidores, para discutir y defender sus demandas frente a estas empresas. Las patronales estarán, por el contrario, más dispuestas a negociar con el gobierno “cambiar algo para que nada cambie” mientras no tengan que reconocer la voluntad organizada de los trabajadores.

    Abriendo los ojos ante todos estos movimientos políticos, los trabajadores de reparto necesitan avanzar firmemente en el camino la organización sindical con independencia del Estado, superando el estadio inicial de movimiento, al que algunos llaman “red”. Los medios para alcanzarlo deben ser debatidos conscientemente. Este debate, junto al programa de reivindicaciones y las medidas de lucha, deben ser resueltas por los mismos trabajadores. La última asamblea nacional ha votado impulsar la “realización de asambleas por zona y ciudad para elegir delegados con mandato”. Puede ser éste un gran impulso para avanzar en este camino.

    La lucha de los repartidores de las aplicaciones no está sola. Se desarrolla en medio de una serie de luchas obreras (Penta, mineros de Andacollo, textiles como Sedamil, Fadeté, trabajadores de la salud, etc.), que, aunque aún aisladas por la tregua de las burocracias sindicales de la CGT y CTA con el gobierno y las patronales, demuestran la potencialidad y voluntad pelea de nuestra clase en la situación. El 29 de mayo, día del Cordobazo, los trabajadores salen nuevamente a las calles. Todo el apoyo a los trabajadores de reparto, al paro y movilizaciones, a sus demandas, a su creciente organización.

La CGT, la UIA y el gobierno, vienen de pactar descuentos en los salarios de un 25% para millones de trabajadores. La burocracia sindical de UOM, Smata, AOT, Comercio y otros gremios, las han ratificado con sus respectivas cámaras empresarias. Junto a esto, la patronales descargan su crisis con despidos, recortes salariales, mayor superexplotación. El rechazo entre los trabajadores a estas acciones va en aumento.

En la zona norte del conurbano, donde está la mayor concentración fabril del país, venimos de un conflicto testigo, como fue la ocupación de la planta de colchones BedTime (Pacheco) por sus trabajadores. Una fábrica, que, es dirigida sindicalmente por una comisión interna antiburocrática. Este conflicto preanuncia procesos de lucha más álgidos en este importante cordón industrial; más aún al calor de la agudización de la recesión donde el accionar de patrones como Waisburg (BedTime), lejos de ser la excepción, pasan a ser la norma.

Los compañeros de BedTime demostraron, que con los métodos obreros, se enfrenta la cuarentena y la política del gobierno nacional para atacar a nuestra clase.

Una lucha testigo

El conflicto se originó por la falta de pago de salarios de las dos quincenas de marzo. Las primeras medidas gremiales fueron asambleas por turno. Pero con correr de los días, la empresa manifestó su verdadera intensión: proceder a despedir al 50% de los trabajadores o bajarles el salario a todos en la misma proporción. Los compañeros, ante la extorsión, respondieron con la ocupación de la planta.

Inmediatamente también hicieron el reclamo al sindicato plástico, UOYEP, de un paro nacional; ya que la situación en otras fábricas del rubro era similar (Mascardi, etc.,). Por supuesto, la burocracia se negó, ya que es quien viene negociando con las cámaras, como será la descarga del ajuste.

Claramente, la ocupación golpeó a la patronal donde le duele: en la producción. La empresa acusó el golpe y se descolocó. De allí, la ocupación se fortaleció al pasar los días. Contó con la solidaridad y la presencia de diferentes las organizaciones de trabajadores la zona, delegados de la línea 60, Sutna Nacioanl, agrupaciones del neumático, Suteba Tigre, ferroviarios, telefónicos y partidos de izquierda; también llegaron adhesiones desde todo el país.

El día jueves 31 de abril, el empresario Waisburg envía telegramas de despido “con causa” con un argumento bastante impresentable: que los trabajadores violaban el “aislamiento social preventivo y obligatorio”. Ese mismo día el ministerio de trabajo dictó la conciliación obligatoria.

Al día siguiente, 1 de mayo, los compañeros de BedTime informaron a las organizaciones presentes, después de ser votado en asamblea, que habían llegado a un acuerdo con la patronal, el ministerio de trabajo, el sindicato; levantando la ocupación después de una semana. El acuerdo: reincorporación de todos los despedidos, el compromiso patronal de pagar la deuda salarial en dos veces (4 y 11/5) y el establecimiento de un sistema de suspensiones rotativas, con el pago de las horas trabajadas al 100% y el 75% de las horas no trabajadas.

“El día de hoy, lunes 4 de mayo de 2020, ha ingresado la primer tanda de compañeros que fueron despedidos y la quincena próxima deberá entrar el resto. Después del medio día se acreditó el primer parte de los haberes atrasados, con lo cual la empresa cumple con la primer parte de los compromisos tomados con sus trabajadores…” (Comunicado de los trabajadores).

Aportes al balance y programa

Desde la COR estuvimos apoyando la pelea de los compañeros. Los trabajadores de BedTime han dado un gran ejemplo de lucha. El método de la ocupación fue muy importante para cambiar la relación de fuerzas y hacer retroceder a la patronal. Sin embargo, la patronal ha logrado meter una medida de ajuste que es un régimen de suspensiones (al 85% mensual).

Hay un elemento del balance que hay que tener en cuenta. Con el correr de los días la ocupación se convirtió en un problema político para el gobierno, en medio de la “cuarentena” y del acuerdo CGT/UIA aún fresco. Esto empezó a ponerlo incómodo -al gobierno- y puso funcionar sus instituciones, como el ministerio, para “intervenir” y ejercer presión para una resolución del conflicto. Como sabemos los marxistas, la intervención estatal, es un “árbitro” parcial, a favor de las patronales. Además del problema político, el gobierno, quizás también, vino al rescate de Waisburg en su momento de mayor debilidad y encerrona de la pelea.

Para defender nuestra salud en medio de la pandemia, es una necesidad conformar comités de higiene y seguridad votados por los trabajadores. Los compañeros de BedTime en este punto han dado otro gran ejemplo estableciendo protocolos de salud que le han impuesto a la patronal. No son la OMS o el “comité de expertos” del gobierno los que velan por los trabajadores y el pueblo. Somo sólo los trabajadores con nuestros métodos obreros de lucha y organización, como lo demostró BedTime, contra esta misma cuarentena, que podemos hacerlo.

Las huelgas, como decía Lenin, son escuelas de guerra. Los trabajadores debemos en estas escuelas, afilar y calibrar nuestras armas para la guerra de clases. Los balances deben servir para eso.

Por eso, para una dirección obrera, para un partido, el programa es el arma principal. Los trabajadores necesitamos armarnos de un programa de transición; un programa para la etapa, para forjar una fracción revolucionaria en los sindicatos. Además de la importancia de los comités obreros de seguridad e higiene; frente a los despidos, suspensiones y rebajas, deberíamos oponer una escala móvil de horas de trabajo y salarios, para luchar por defender el valor de nuestra fuerza de trabajo y contra la desocupación. Un programa de mediadas transicionales que incluyen la apertura de los libros contables, la eliminación del secreto comercial, el control obrero.

“Las medidas transicionales aun operan formalmente en el marco del régimen burgués. Pero en realidad, son ya intervenciones del poder estatal proletario que limita de manera consciente y despiadada el derecho de los capitalistas a disponer de sus bienes y el afán de lucro capitalista.” (Cuarto Congreso de la Internacional Comunista)

Plenarios de delegados y activistas

En zona norte ya se desarrollan otros procesos de lucha y organización. El SUTNA pelea contra la extorsión de FATE de recortar los salarios. En Kraft-Victoria, hubo asambleas en rechazo a suspensiones masivas, y ya se conoció que la burocracia de Daer ha avalado las suspensiones en esta multinacional. En Bimbo-Victoria hubo paro por medidas de protección de los trabajadores al inicio de la pandemia. En textiles de la zona, metalúrgicas, empleados de comercio, que se suman a los trabajadores de salud, en los parques industriales como en pilar crece la bronca y el descontento a los descuentos, las suspensiones, a la falta de medidas de seguridad por el coronavirus. Mientras los salarios se deprecian aún más por la inflación, las paritarias están suspendidas y aumentan la carestía de la vida y la desocupación.

Desafiar la “cuarentena” y el decreto del gobierno que prohíbe realizar asambleas y congresos en los sindicatos, es una necesidad política de nuestra clase para enfrentar la crisis sanitaria y económica del país.

Llamamos a impulsar la pelea por abrir los sindicatos a la participación obrera, para enfrentar a la burocracia que no quiere luchar, y para proponer un programa de lucha para que la crisis la paguen los capitalistas. Con este contenido, proponemos a los sectores antiburocráticos de los sindicatos y la izquierda impulsar plenarios de delegados y activistas en cada región el país; debatir y resolver la intervención conjunta de la vanguardia en la situación.

 Regional Zona Norte - COR