En medio del debate que recorre a las diferentes variantes burguesas y pequeño burguesas por la propiedad privada, el salvataje a las empresas y la función del estado, el rescate anunciado estas semanas a la empresa IMPSA (industrias metalúrgicas Pescarmona S.A.) fue noticia en todos lados. El Estado nacional quiso mostrar iniciativa ante un contexto económico en crisis con muchas deudas y pagos por afrontar ante organismos internacionales. Esta medida de incisión estatista es una muestra más de la intervención del Estado en la economía ante el descalabro de la crisis en curso donde el gobierno de Fernández aporta 15 millones de dólares y 5 millones el gobierno radical de Mendoza. Empresa que de igual manera seguirá funcionando como sociedad anónima. Medida que no soluciona los problemas estructurales de la economía argentina como pretenden hacernos creer y mucho menos los problemas del sistema capitalista.
Impsa es una empresa mendocina asociada con el capital extranjero que hizo su fortuna durante más de 100 años con diferentes gobiernos (Yrigoyen, Perón, la dictadura militar, el menemismo y diferentes gobiernos extranjeros como Brasil y Venezuela). Si hay un denominador común en Impsa es el siempre presente rescate por parte del estado bajo distintas administraciones. En su momento lo hizo los K con subsidios al salario y repros mientras renegociaba deuda. En 2015 con el gobierno de Macri se ve beneficiada con el blanqueo de capitales por $ 108 millones terminando en el 2018 con la formación de un fideicomiso hasta la reciente anunciada “estatización” que no es otra cosa que el desembolso de capital para rescatar a los mismos bancos y burgueses que venían siendo solventados para asegurar sus negocios agregando ahora la formalización como capitalización de la empresa.
La realidad que esto es un mecanismo burgués para socializar las pérdidas donde los trabajadores volverán a ser quienes paguemos las deudas continuando un proceso de garantizar el pago a través del Estado a los acreedores privados y eventualmente traspasar las operaciones de Impsa a otros grupos económicos en un contexto internacional que con los cambios en matrices energéticas especula con posibles jugosos negocios.
Resguardando al capital
Destaquemos que detrás de esta operatoria hay una disputa política y económica por los negocios que puede traer aparejado a los capitalistas de turno y un resguardo de la propiedad asemejando el proceso a lo que se quiso hacer con la empresa Vicentin (1). La grave crisis de Impsa tiene que ver en gran medida con el descalabro que significaron los bonapartismos sui generis en Latinoamérica (Chávez, Lula, Fernández) apostando al desarrollo de una burguesía nacional y su expresión en la industria. Proyectos políticos que fracasaron y que terminaron en un festival de guita, coimas y el guantazo de la brasilera Odebrecht. Hoy, una coalición de gobierno que se referencia en aquella apuesta burguesa pretende rememorar aquella ilusión que los terminó condenando. Y es que no se pude dar un desarrollo de un capital nacional para la industria en los países industrialmente atrasados donde el capital extranjero e internacional juega un rol decisivo y más aún en un Estado semi colonial como lo es Argentina dentro de un capitalismo en descomposición. Se ha demostrado que un Estado dirigido por una fracción burguesa no puede dar ningún beneficio a los trabajadores.
Un capítulo en esta novela lo merece el gobierno radical de Suárez donde no paran de criticar al gobierno nacional por el mal manejo de la pandemia y de la economía, pero no tuvo ningún problema a la hora de sentarse junto a Fernández para rescatar el capital y sacar una tajada para el empresariado mendocino. Pero no podía ser menos teniendo en su gabinete de economía a ex gerentes de Impsa como Emilio Guiñazú y Daniel Chicahuala (ex gerente de Impsa y Oderbrecht) quienes aseguraron negocios por ejemplo para la cuestionada construcción de la represa Portezuelo del Viento en el sur mendocino. No solo han participado ayudando a Pescarmona (cuya caída ya arrastró a muchas otras empresas), sino que ante cada conflicto que se generó, el Estado provincial garantizó, junto con la burocracia de la UOM, despidos, suspensiones y hasta desalojos con policía incluida.
La burocracia ayudando a socializar las pérdidas
Otro de los que celebró la “capitalización” de Impsa fue Antonio Caló (secretario general de la UOM nacional) que tuvo participación estelar en la mesa principal del acto de relanzamiento de la firma. Este y muchos otros burócratas más fueron una de las partes que participaron activamente en el acuerdo. Hay que advertir en este caso que la burocracia de la UOM funciona como agente político de los capitalistas y el Estado para que todo marche sobre ruedas. La misma burocracia que firma paritarias a la baja por 35,2 % en cómodas cuotas sin discutir con los metalúrgicos y con delegados que no fueron elegidos por las bases, que garantiza los despidos y suspensiones en diferentes puntos del país frente a la crisis y la que nada hizo frente a los protocolos de higiene y seguridad durante la pandemia. Los trabajadores para nada estamos contentos con esta situación donde no solo no se va a crear empleo, sino que cada día nuestras condiciones de vida empeoran.
La CGT Mendoza con su titular Luis Márquez también festejó con alegría esta intervención estatal. De nuevo jugando para el capital como lo hizo durante toda su gestión al frente de la UOM Mendoza, poniendo su firma en los despidos que se produjeron a lo largo de los años en Impsa y en toda la industria metalúrgica mendocina, incentivando y generando división entre los trabajadores. Tomemos como tarea primordial recuperar la dirección de los sindicatos, de manos de la burocracia traidora.
Por una salida obrera ante la crisis
Los trabajadores, y los metalúrgicos en particular, no podemos poner expectativas en este tipo de maniobras como la estatización para salvataje de nuestros verdugos. La disyuntiva no es el capital privado o Estado, sino entre un programa de conciliación de clases o un programa que oriente la acción independiente de los trabajadores. La UOM debe llamar de forma urgente a asamblea en Impsa y convocar a un congreso de delegados para debatir cómo podemos dar una salida a la grave crisis que atraviesa la empresa empezando por la reincorporación de los despedidos y suba de salarios. Pensamos que para llevar adelante estas tareas y reivindicaciones es necesario formar al interior de la UOM una oposición sindical revolucionaria que sea capaz de luchar por los intereses de los trabajadores con los métodos obreros. Los metalúrgicos debemos unirnos e intercambiar experiencias con otros sectores del proletariado que estén en lucha como los trabajadores de Bimbo (San Fernando), así como el activismo antiburocrático de los vitivinícolas, para poder organizar un plan de salida a la crisis y la pandemia y actuar unidas ante el gobierno y los planes de los empresarios por cambiar las condiciones de vida de la clase obrera.
Los trabajadores tenemos que empezar a tener el ejercicio de como intervenir en la crisis que se desarrolla ante nosotros y discutir cuales son las tareas de los trabajadores. Así mismo es imperioso que abramos un debate al interior de nuestra clase sobre la importancia del control obrero como forma de intervención independiente ante la desorganización de la economía y mostrar la capacidad de la clase obrera para la planificación y administración de la producción.
1 ver nota Vicentin: rescatando al capital http://cor-digital.org/nacionales/item/292-vicent%C3%ADn.html