El agua de Mendoza es un negocio

No fue mera coincidencia que mientras el Congreso de la Nación daba tratamiento exprés a la Ley de Emergencia enviada por el flamante gobierno de Alberto Fernández, la legislatura mendocina daba tratamiento expeditivo a la reforma de la Ley 7722 de Prohibición del uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

La Ley de Emergencia fue acordada por el Frente de Todos con el conjunto de los gobernadores, tras pactar con ellos la suspensión del pacto fiscal que les liberó 60 mil millones de pesos. La Ley de Emergencia concentra en manos de Alberto Fernández el manejo discrecional de recursos y suba de impuestos, y un ataque brutal al régimen jubilatorio. No es otra cosa que el inicio de una reforma jubilatoria, que viabilice la capacidad de pago a los acreedores de la deuda argentina. Sólo el peronismo se permite un uso tan cínico de la idea de solidaridad, para justificar que una mayor parte de la plusvalía futura, fruto de la explotación de la clase trabajadora, sea destinada a saciar la voracidad imperialista.

La reforma de la ley 7722.

El peronista Fernández en la presidencia, y el radical Suárez en la gobernación de Mendoza, comparten la pretensión de habilitar la fuerte participación del capital más concentrado en la explotación de recursos hidrocarburíferos y mineros. El sucesor de Cornejo contó con la abierta colaboración del peronismo y el kirchnerismo para habilitar la megaminería metalífera en la provincia, eliminando las restricciones establecidas en la ley 7722.

El amplio y heterogéneo movimiento social que hizo de la ley 7722 su bandera, desde su sanción en 2007, se movilizó durante las semanas previas en que la reforma se debatía en comisiones, y concentró en la legislatura durante su tratamiento. La aprobación de la reforma generó un rechazo inmediato, con numerosos cortes de ruta en puntos neurálgicos de la provincia y en la ruta internacional a Chile, soportando incluso detenciones de activistas y multas a las organizaciones por aplicación del código contravencional.

“El agua de Mendoza no se negocia”

Abarcando incluso a la Sociedad Rural del Valle de Uco, a representantes de la Cámara de Comercio y de productores agrícolas y ganaderos, ambientalistas y asambleas ciudadanas, así como a corrientes de izquierda como las integrantes del FIT, el movimiento en defensa de la ley 7722 es claramente heterogéneo.

En una provincia cuyo ambiente es un desierto, y el oasis habitable y productivo es resultado de un proceso de canalización y aprovechamiento del agua cordillerana que se remonta a la sociedad pre-colombina, la reivindicación de la defensa del recurso hídrico tiene arraigo en amplios sectores de la población.

Sin embargo, el movimiento que organiza las protestas y jerarquiza sus reivindicaciones, echa poca luz sobre el carácter de mercancía que tiene el agua bajo el capitalismo, y nada cuestiona respecto a los sectores burgueses y pequeño burgueses que detentan hasta hoy, no sólo un acceso privilegiado al recurso, sino a su “gobierno” a través del Departamento General de Irrigación y la Inspección de Cauces (y sus órganos). En Mendoza, el agua tiene su “propio gobierno” definido así en su constitución provincial, donde el semi Estado comparte abiertamente el gerenciamiento del recurso con los grandes y medianos propietarios de la tierra. El acuerdo entre la UCR y el PJ para modificar la 7722, abre a otro sector burgués, el capital imperialista, el acceso al recurso hídrico con fines de explotación minera. La “defensa de la matriz productiva” de base vitivinícola, fruti-hortícola y ganadera, que actúa en el movimiento por la 7722, resguarda para la burguesía bodeguera y del campo la explotación del recurso hídrico. Se montan sobre el movimiento por la 7722, para pujar por sus privilegios. Y ya anticipan que apelarán a la Corte para que los resguarde mediante un recurso de inconstitucionalidad.

El capital imperialista que puja por expoliar los recursos minerales de esta región cordillerana, también cuenta con aliados. Las cámaras patronales de la industria metalúrgica, de la construcción, de servicios mineros y la burocracia sindical peronista.

En esta puja burguesa por una mercancía fundamental para sus negocios, el agua, los únicos interesados en su uso racional para garantizar la satisfacción de un derecho humano fundamental, somos los asalariados. Mientras las relaciones capitalistas dominen todas las esferas de la vida humana, el agua de Mendoza es y será una mercancía sujeta a negocio. No hay leyes buenas que la preserven, sino la intervención consciente, es decir, con un programa claro de independencia de clase, en el conflicto planteado, que comience por imponer el control obrero de los trabajadores de irrigación y de obras sanitarias sobre los cauces, del sistema de riego y de la red de agua potable.

Desde la COR instamos a impulsar un debate profundo en los lugares de trabajo y estudio, sobre qué salida darle a la crisis. Enfrentando las líneas patronales a las que la burocracia peronista pretende que nos subordinemos. Instamos a las tendencias de izquierda, a los activistas y la juventud que están en pie de lucha contra la ofensiva imperialista sobre la región, a desplegar de conjunto una campaña de agitación por un congreso de delegados de base mandatados, estatales y privados, que debata un programa obrero de salida a la crisis, y prepare un plan de lucha para derrotar la reforma previsional y el ajuste fenomenal que impulsa el gobierno de Fernández en acuerdo con los gobernadores para pagar la deuda externa.