La disputa por el agua en Mendoza

Primera derrota política de los acuerdos Fernández-UCR

El acuerdo político entre la UCR y el Frente de Todos para impulsar la minería metalífera en Mendoza, fue derrotado en la calle.  El masivo y heterogéneo movimiento social que repudió la reforma de la Ley 7722, fue creciente y extendido a nivel provincial, pese a la violenta represión con la que Suárez pretendió disciplinar la protesta social el lunes 23/12 en casa de gobierno. La reforma aprobada el 20/12, fue suspendida en su reglamentación el 26 por el gobernador Suárez quien abrió una ronda de consultas, para terminar anunciando su derogación el 27. La legislatura que votó ampliamente la reforma, la derogó el lunes 30/12.

Tanto Fernández a nivel nacional, como Sagasti por el Frente de Todos mendocino, y su contrincante, el radical Rodolfo Suárez, hicieron campaña con eje en el desarrollo minero como fuente de divisas para sustentar el pago de la deuda. Suárez ganó la gobernación por el 52% de los votos. A 13 días de asumir, la mayoría conquistada en las urnas y el compromiso de la UCR y el PJ con el gran capital minero y los empresarios locales de servicios e industrias potenciales proveedoras, fueron insuficientes. La crisis de la democracia como forma de dominación burguesa, es una tendencia internacional a la que Mendoza no ha escapado.

Suárez comienza su gestión con un fuerte revés político. Esta derrota del oficialismo radical, poco le sirve al peronismo en la oposición. El Frente de Todos no sólo mostró que está lejos de haberse unificado. Dejó expuesto que tampoco tiene asegurado el control de la calle, como le prometió al imperialismo para avanzar en las reformas y el ajuste necesarios para el pago de la abultada deuda.

En lo inmediato, la derrota de Suárez implica que no habrá cambios en el statu quo del negocio del agua. Los propietarios de la tierra, grandes productores agrícolas, empresarios bodegueros, de la agroindustria e inmobiliarios seguirán controlando más del 80% del agua provincial. Esta facción burguesa fue parte del proceso de lucha, accionando la suspensión de los festejos vendimiales departamentales como medida de presión sobre los intendentes. Sin embargo, el movimiento social que copó las calles contra la reforma de la ley 7722, no considera a estos capitalistas como su dirección política. La lucha social contra la reforma de la ley 7722 no fue la reedición del apoyo urbano a la mesa de enlace que implicó el rechazo a la resolución 125 de retenciones móviles al agro en 2008. Fue la expresión de otras contradicciones.

Los obreros rurales, de bodegas, frutícolas y de la agroindustria no fueron actores visibles en las calles. Soportan la altísima informalidad laboral y las condiciones humillantes de trabajo en el campo mendocino, conocido por el trabajo esclavo y salarios de miseria, la desocupación creciente y la pobreza estructural. Su contracara, son las pingües ganancias de las empresas vitivinícolas, agropecuarias, agroindustriales e inmobiliarias de Mendoza, privilegiadas en la concentración de la propiedad de la tierra, que les da el control mayoritario del agua que pretenden perpetuar detrás de la “defensa de la ley 7722”. La amplia politización y movilización causada por la lucha por el agua en todo el territorio, podemos orientarla a sacudir las condiciones, ya tradicionales, de explotación en la zona rural. Esto abre un debate en el movimiento de lucha por el agua en Mendoza, sobre la necesidad de avanzar en establecer lazos de solidaridad y forjar una acción conjunta con los asalariados del campo, de la agroindustria y bodegas, que fortalezca la lucha por modificar las condiciones de vida y de trabajo rurales, e impulse la pelea por la recomposición salarial y contra la informalidad.

El movimiento obrero organizado de las ramas económicas ligadas a la actividad extractiva tampoco movilizó. Pese a ser convocado a concentrar durante el tratamiento de la reforma, bajo presión patronal y coacción de la burocracia de la CGT, lo hizo en escaso número y sin continuidad. No es anecdótico que el lunes 23/12, mientras miles se concentraban en Casa de Gobierno, los trabajadores del yacimiento petrolero operado por AESA en Rivadavia (Mendoza) fueron al paro como respuesta a la muerte de un operario en su puesto de trabajo. Un nuevo asesinato laboral que se sumó a la larga lista de obreros muertos en la industria extractiva más desarrollada de la provincia. Pero también tuvo una respuesta obrera, otra vez hubo paro en el corazón de la rama petrolera, definida desde las bases, aunque encorsetada por la burocracia.

Muchos obreros calificados de la industria mendocina, tienen experiencia con la minería, porque tuvieron su paso por Veladero (yacimiento en explotación a cielo abierto, situado en la vecina provincia de San Juan, entre los 4000 y 4850 msnm). Conocen en carne propia las pésimas condiciones de trabajo de la minería, y la absoluta incapacidad de control alguno de parte del Estado sobre la actividad, tanto en resguardo de la vida de los trabajadores, como de su impacto ambiental. De ahí, la simpatía obrera con la movilización social por el agua. Es fundamental impulsar la deliberación obrera de las conclusiones parciales del proceso abierto en relación a la derrota del gobierno en su ofensiva por modificar el uso capitalista del agua.

La “democratización del agua” que comienza a discutirse en las asambleas ciudadanas y la coordinadora de organizaciones en las que participa la izquierda y algunas direcciones sindicales estatales, es una abstracción que orienta a centrar las acciones sobre una indefinida opinión pública respecto a la apropiación de un cauce por parte de un burgués individual, como Vila, sin cuestionar la propiedad de la tierra y las relaciones de producción que subyacen al problema, no sólo del acceso de la población al agua, sino a la satisfacción más elemental de las necesidades básicas. No hay democratización del agua posible en el marco de las relaciones capitalistas de propiedad de la tierra. Si queremos discutir seriamente el uso del agua y el impacto ambiental de las actividades económicas, los trabajadores de las ramas agrícola, agroindustrial, e hidrocarburíferas, así como los trabajadores de irrigación y de obras sanitarias, son aliados fundamentales.

La prolongada crisis económica nacional, y el profundo estancamiento de las economías regionales, abrieron un debate burgués sobre la “diversificación de la matriz productiva”. El compromiso asumido tanto por Fernández a nivel nacional, como por la UCR y el peronismo provincial, de favorecer el desarrollo minero, puso en guardia a la facción burguesa propietaria mayoritaria de la tierra. Las tendencias de conciliación de clases, burguesas y pequeñoburguesas, pretenden arrastrar a la mayoría asalariada de la población como base de maniobra detrás de uno u otro de los planes capitalistas de salida a la crisis. Por ello, es central que la clase trabajadora ponga en pie sus propias instancias de deliberación, orientando la discusión de un programa con independencia de clase, y de un plan de lucha que avance en medidas de control obrero sobre la producción.

Esta es la importancia de un congreso de delegados de base, con mandato de cada lugar de trabajo en la industria, los servicios y de estatales. Que permita sacar las conclusiones a que dio lugar este proceso de lucha, para hacer de esta derrota del gobierno, el puntapié inicial de un ascenso obrero contra la tregua de la burocracia sindical y los planes de pacto social que negocian Fernández, los empresarios y el FMI.