En Frente de Todos

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• El Ahora 12 del FMI

  

  El gobierno anunció un principio de acuerdo con el FMI con respecto al stand by que le habían dado a la administración anterior de Macri. Es decir, que legaliza la estafa de aquel crédito e hipoteca al pueblo argentino a pagar esa deuda. Queda demostrado cuáles son los intereses a los que responde el gobierno de los Fernández y sus aliados de la oposición burguesa como Juntos por el Cambio, así como la Sociedad Rural y todo el empresariado, quienes saludaron el “entendimiento” con el Fondo.

  El principio de acuerdo, donde aún debe definirse la letra chica, es un plan de ajuste gradual donde el FMI tendrá más injerencia directa en el desarrollo de la economía argentina. Se acordaron revisiones trimestrales del organismo con derecho a veto, para vigilar que se cumpla con los designios del imperialismo. En el trazo grueso del entendimiento, la Argentina se compromete a bajar la emisión monetaria, reducir subsidios, moderar la inflación y subir las tasas de intereses. A cambio de llevar a cabo ese plan, lo habilitan para tomar deuda ya no solo del FMI sino de otros países miembros del organismo como el Club de París, por ejemplo.

  El gobierno vende el pre acuerdo como un logro, ya que según dice, no se le exige un ajuste. Esto es, por supuesto, parte del “relato” ya que es sabido que el ajuste lo vienen realizando desde que asumieron, mediante el proceso inflacionario, las mini devaluaciones, el aumento en las tarifas, la caída en los salarios y el ajuste en las jubilaciones. Con su funcionario fiel, Martin Guzmán, el gobierno preparó el acuerdo con el FMI buscando no tener que poner la palabra “ajuste” por escrito, sobre todo luego de las fricciones dentro del PJ que generó la derrota electoral y el intento fallido de provocar un giro argumental con la carta de Cristina.

  La otra pata del relato es el argumento de que el FMI no habría pedido cambios estructurales, es decir reformas laborales, previsionales o tributarias, ya que este pre acuerdo se centra en equilibrar la política fiscal, y una vez encaminado ese objetivo vendrán por lo importante.

  Ante los sectores descontentos con los términos del acuerdo, el kircherismo hace lo que siempre hacen las fracciones burguesas y pequeño burguesas: echarles la culpa a las masas por haber votado a Macri. Esgrimiendo el ya desgastado argumento de que no les daban las fuerzas para otra cosa dado que venían de perder las elecciones y las masas no iban a salir a enfrentar al FMI. Lo que en realidad lograron es un poco de aire para seguir defendiendo sus intereses y evitar la idea de las masas en la calle, lo cual les da un verdadero terror.

  El principio de acuerdo plantea 2 años y medio de gracia donde no hay que pagar vencimientos de esta deuda y después se comienza a devolver el préstamo con otro préstamo del FMI a 10 años. De esta manera, al FMI le cierran las cuentas y la Argentina no sólo se queda con la deuda, sino que la acrecienta.

  Esta especie de “Ahora 12” del FMI, expresa el nivel de crisis mundial que aceleró la pandemia, ya que si Argentina entraba en default podía generar una crisis importante en la región y un cimbronazo mayor en la economía mundial, mostrando la debilidad histórica de un organismo en descomposición que no logra contener los efectos de la crisis económica mundial.

  En un país semicolonial como el nuestro, la burguesía no es independiente y por lo tanto debe poner su destino histórico en manos del imperialismo para enfrentar al proletariado de su país y de la región.  Es una clase parasita que no produce, es por eso que por más que se esfuercen en decir que no van a pagar con el hambre del pueblo, van a pagar con el hambre del pueblo porque el proletariado es el único que posee una fuerza de trabajo que puede crear valor y plusvalor y la razón de ser de los capitalistas es apropiarse del trabajo ajeno.  Es en la explotación de nuestra clase de donde saldrán los recursos para pagar la deuda, todo acuerdo de pago de deuda se basa en el canje por nuevos bonos, sus intereses y sus plazos están determinados por el nivel de ajuste a la clase trabajadora que está dispuesta a implementar nuestra clase enemiga. Es, en realidad, un derecho sobre el trabajo futuro que producirá supuestamente el plusvalor del que el interés (una retribución por la pura propiedad) será una parte.

  Nosotros levantamos el no pagar la deuda externa que significa una pelea por la destrucción del Estado burgués, atacando al régimen capitalista en su base, en la producción.

  Expropiar a las grandes empresas imperialistas, control obrero, escala móvil de salarios y de horas de trabajo, no son consignas para reformar al capital, es parte del programa transicional de la lucha por el poder, por la necesidad de un gobierno obrero para imponer las etapas de la dictadura del proletariado. 

  Es un debate que tenemos que llevar al interior de nuestra clase y desenmascarar a los enemigos en nuestras filas, como la burocracia sindical que salió a festejar el acuerdo, y ya anticipó que seguirán adecuando la discusión paritaria a la política de ajuste que ahora profundiza el gobierno como ofrenda al imperialismo.

  Debemos movilizarnos como hicimos en diciembre del año pasado en contra del FMI y el gobierno, en contra del acuerdo, pero siendo claros en nuestro programa de independencia de clase. Es peligroso confundir banderas con los descontentos del ala k, que plantean suspensión de la deuda o no al ajuste del FMI sin nombrar al gobierno, como lamentablemente hace un sector de la izquierda para buscar un diálogo que no existe. Parecen no entender, a pesar de tantos fracasos, que es imposible romper un ala del peronismo que vaya hacia una perspectiva revolucionaria mediante el método de diluirse programática y organizativamente en el estatismo pequeñoburgués.  Debemos movilizarnos de manera diferenciada de estos sectores kirchneristas y combatir su programa hasta el final, plantear mociones diferenciadas en las asambleas y dejar en claro que los trabajadores que salimos a luchar no tenemos que mostrarle nada a Alberto ni tenemos que “hacerle saber” nada en las calles, sino que tenemos que apuntar a derrotar a este gobierno sumiso al imperialismo e imponer nuestra propia perspectiva de clase.

   

   

• Otra derrota en medio de la crisis

  

  El gobierno no pudo remontar los resultados de las PASO y volvió a sufrir una derrota en las elecciones del 14 de noviembre, donde perdió a nivel nacional contra Juntos por el Cambio, por más de 8 puntos. El oficialismo ya no tiene el quorum en el senado y se sigue discutiendo la cantidad de diputados en la cámara para cada fuerza. Donde hizo una remontada fue en la provincia de Buenos Aires, pero también perdió ante Juntos por 1 punto de diferencia.

  Fue una de las elecciones con menor concurrencia de la historia y se expresó el llamado voto bronca, por fuera de las dos grandes coaliciones, recibiendo un mayor caudal de votos tanto la derecha, expresada por Milei y Espert, como la izquierda parlamentaria del FITU, que logró 4 diputados nacionales e hizo una gran elección en el conurbano bonaerense.

  El gobierno, consciente de que iba a perder, lanzó en un discurso grabado del presidente un llamado a discutir en el Congreso el acuerdo con el FMI. En ese discurso reconoció que la ley de presupuesto, con el pomposo nombre de "plan plurianual", está consensuada con el FMI. A tan solo algunas horas de terminados los comicios, con los que llamaron a las masas a "cumplir con su deber democrático", mostraron el verdadero rostro de la democracia burguesa: cada dos años debes elegir a tus verdugos, en este caso, los representantes para subordinarse a la agenda del FMI. En el acuerdo con este organismo imperialista no hay diferencias entre las distintas fracciones burguesas y pequeño burguesas que conforman las coaliciones electorales, los matices son sólo sobre cómo deben aplicar las medidas que éste pretende imponer para el acuerdo.

  Ante el escenario que ha quedado en las dos cámaras legislativas, donde la oposición tiene más peso de negociación y poder de veto para trabar algunas leyes, el gobierno ha definido buscar el consenso político para gobernar los próximos dos años imponiendo los mandatos del imperialismo y el FMI en organismo como el Consejo económico y social, donde puede acordar con los empresarios, los movimientos sociales y la burocracia sindical. De esa manera buscará debilitar el poder de la oposición burguesa en medio de una crisis económica, política, social y sanitaria que las elecciones no han despejado, sino que han acelerado.

  Para que este plan de supervivencia del gobierno funcione, debe revitalizar al peronismo decadente, e intentar mostrar unidad dentro de las distintas alas. Alberto pretende apoyarse y dar más poder a los intendentes, gobernadores y, centralmente, a la burocracia sindical, a la que necesita para imponer la reforma laboral y jubilatoria que exige el FMI. A esto apunta el acto en Plaza de Mayo para el miércoles 17/11, convocado por la CGT. De esa forma tendría más poder de fuego para sentarse a negociar con la oposición burguesa los equilibrios de poder en un semi Estado.

  Es evidente que en este plan no están contemplados los trabajadores y el pueblo pobre, somos sobre los que quieren descargar la crisis para garantizar el pago de la deuda externa con el FMI y sostener los negocios de quienes ellos representan, los grandes empresarios internacionales y nacionales de la industria y el campo.

  Debemos organizarnos para enfrentar el ajuste y los planes de reformas que prepara el gobierno en alianza con la oposición burguesa, los empresarios, la iglesia y la burocracia sindical.  Este ataque a los trabajadores vendrá con represión y criminalización de la protesta, como lo podemos ver en la condena a los compañeros Arakaki y Ruiz, del PO y PSTU respectivamente, por luchar contra la reforma laboral del anterior gobierno. Aunque formalmente intenten mostrar que la pelea va a pasar por el Congreso, la lucha real va a estar en las calles, en los sindicatos y lugares de trabajo, es ahí donde podemos golpear con fuerza a nuestros enemigos de clase.

  Debemos enfrentar el acuerdo con el FMI con los métodos de la clase obrera. Llamamos a un Congreso de delegados de base con mandato que prepare las condiciones para un Paro general, para recuperar todo lo perdido por la pandemia y desarrollar una vanguardia obrera que expulse a la burocracia de nuestros sindicatos y sea un embrión de la construcción de un partido revolucionario, como sección de la reconstrucción de la IV internacional.  

• De frente y con todo

  

  Después de la PASO

  El Frente de Todos recibió en las elecciones PASO del 12 de setiembre una de las peores derrotas del peronismo unido de los últimos años, perdiendo en 17 de las 24 provincias y, principalmente, siendo derrotado en la provincia de Buenos Aires por Juntos (nuevo nombre de Juntos por el Cambio, alianza del PRO y radicales).

  Si bien las elecciones PASO son internas abiertas, que no definen cargos electivos, delinean la situación de los partidos políticos. Ante la debilidad de éstos para organizar a sus afiliados, es la intervención del Estado la que permite dirimir las diferencias y proscribir a las minorías con un piso del 1,5% para participar de las elecciones, que este año se van a realizar el 14 de noviembre. Esta instancia se toma como un plebiscito de la gestión del gobierno de turno y sirve para conocer el humor social. Teniendo en cuenta esta característica, los resultados mostraron un fuerte castigo al gobierno de los Fernández, que se expresó en el voto a la oposición burguesa, en este caso los ex Cambiemos; a expresiones liberales, a la izquierda parlamentaria y también en el voto en blanco y en el 67% de participación, un numero bajo si se toman otras elecciones.

  Debemos decir que estas elecciones se dieron en medio de una pandemia y una crisis social, sanitaria y económica nunca vista, donde tanto el gobierno como la oposición burguesa tratan de mostrar un escenario post pandemia en medio de una posible tercera ola con la variante delta. La derrota del gobierno es la expresión distorsionada del balance de un sector de masas a la dirección política de la pandemia y sus consecuencias, con más de 120 mil muertos, un desmanejo del plan de vacunación, el “Olivos gate” y la imposición de un ajuste brutal a las condiciones de vida de la gran mayoría. Y otro sector votó en contra del gobierno porque no expresa a las fracciones de clase que ellos defienden, más aliados al capital extranjero y los grandes capitales del campo y la industria.

  Insistimos con la idea de que se trata de una “expresión distorsionada” porque, como marxistas, sostenemos que las derrotas a los gobiernos se dan en los procesos de la lucha de clases y no en los mecanismos burgueses como son las elecciones. Es decir, se expresó de forma pasiva un descontento social, que coyunturalmente puede capitalizar la oposición burguesa, pero el desarrollo de los elementos más estructurales de la crisis aún subsiste y pueden expresarse de forma convulsiva si la situación se sigue agravando.

  En este contexto, el FITU capitalizó parte de este descontento, suplantando la propaganda socialista por el marketing político. Quizás hemos presenciado una de las peores campañas desde que se fundó el FIT, allá por el 2011, pero que le dio frutos electorales como para que no se cuestionen nada de lo hecho.

  El gobierno ha quedado muy debilitado e intentará que la derrota sea más decorosa en noviembre, pero no tiene nada para mostrar ni dar. Debe acordar con el FMI y la oposición burguesa, continuar el ajuste y llevar al Congreso las reformas que exige este organismo imperialista, como la laboral y la previsional. En este aspecto no hay diferencias con la oposición. El problema es que debe hacerlo en su momento de mayor debilidad. Tendrá que apelar a la burocracia sindical, que sigue avanzando en su desprestigio en las filas obreras después de su actuación en la pandemia y su apoyo al ajuste a los salarios de los trabajadores activos y pasivos.

  Desde la oposición le sugieren que Massa sea el jefe de gabinete. Sueñan con una suerte de primer ministro a la europea y que el presidente sea un sello. Un sueño de los republicanos de una semicolonia, que olvidan que son una burguesía débil y que está sostenida por el imperialismo.

  La clase obrera debe tener en claro que nada bueno vendrá de nuestros verdugos, que cada dos años prometen solucionar todas nuestras demandas. Debemos abrir una deliberación al interior de nuestra clase en las fábricas, en los lugares de trabajo y de estudio, y en las organizaciones combativas de desocupados, sobre la necesidad de discutir un programa de salida a la crisis y un balance de la política del gobierno ante la pandemia. Organizarnos desde los delegados, comisiones internas, juntas internas y sindicatos recuperados en plenarios regionales que confluyan en un gran congreso de delegados de base con mandato, que prepare los requisitos para luchar contra la burocracia sindical e impulse un paro nacional para imponer, mediante nuestros métodos, la dirección de la pandemia y saldar la crisis económica sanitaria y social a la que nos han llevado. Unirnos a la lucha de los trabajadores y el pueblo pobre de América Latina que ha salido a enfrentar a sus gobiernos es otra de nuestras tareas inmediatas.

• IMPSA: otra vez rescatando al capital

  

  En medio del debate que recorre a las diferentes variantes burguesas y pequeño burguesas por la propiedad privada, el salvataje a las empresas y la función del estado, el rescate anunciado estas semanas a la empresa IMPSA (industrias metalúrgicas Pescarmona S.A.) fue noticia en todos lados. El Estado nacional quiso mostrar iniciativa ante un contexto económico en crisis con muchas deudas y pagos por afrontar ante organismos internacionales. Esta medida de incisión estatista es una muestra más de la intervención del Estado en la economía ante el descalabro de la crisis en curso donde el gobierno de Fernández aporta 15 millones de dólares y 5 millones el gobierno radical de Mendoza. Empresa que de igual manera seguirá funcionando como sociedad anónima. Medida que no soluciona los problemas estructurales de la economía argentina como pretenden hacernos creer y mucho menos los problemas del sistema capitalista.

  Impsa es una empresa mendocina asociada con el capital extranjero que hizo su fortuna durante más de 100 años con diferentes gobiernos (Yrigoyen, Perón, la dictadura militar, el menemismo y diferentes gobiernos extranjeros como Brasil y Venezuela). Si hay un denominador común en Impsa es el siempre presente rescate por parte del estado bajo distintas administraciones. En su momento lo hizo los K con subsidios al salario y repros mientras renegociaba deuda. En 2015 con el gobierno de Macri se ve beneficiada con el blanqueo de capitales por $ 108 millones terminando en el 2018 con la formación de un fideicomiso hasta la reciente anunciada “estatización” que no es otra cosa que el desembolso de capital para rescatar a los mismos bancos y burgueses que venían siendo solventados para asegurar sus negocios agregando ahora la formalización como capitalización de la empresa.

  La realidad que esto es un mecanismo burgués para socializar las pérdidas donde los trabajadores volverán a ser quienes paguemos las deudas continuando un proceso de garantizar el pago a través del Estado a los acreedores privados y eventualmente traspasar las operaciones de Impsa a otros grupos económicos en un contexto internacional que con los cambios en matrices energéticas especula con posibles jugosos negocios.

  Resguardando al capital

  Destaquemos que detrás de esta operatoria hay una disputa política y económica por los negocios que puede traer aparejado a los capitalistas de turno y un resguardo de la propiedad asemejando el proceso a lo que se quiso hacer con la empresa Vicentin (1). La grave crisis de Impsa tiene que ver en gran medida con el descalabro que significaron los bonapartismos sui generis en Latinoamérica (Chávez, Lula, Fernández) apostando al desarrollo de una burguesía nacional y su expresión en la industria. Proyectos políticos que fracasaron y que terminaron en un festival de guita, coimas y el guantazo de la brasilera Odebrecht. Hoy, una coalición de gobierno que se referencia en aquella apuesta burguesa pretende rememorar aquella ilusión que los terminó condenando. Y es que no se pude dar un desarrollo de un capital nacional para la industria en los países industrialmente atrasados donde el capital extranjero e internacional juega un rol decisivo y más aún en un Estado semi colonial como lo es Argentina dentro de un capitalismo en descomposición. Se ha demostrado que un Estado dirigido por una fracción burguesa no puede dar ningún beneficio a los trabajadores.

  Un capítulo en esta novela lo merece el gobierno radical de Suárez donde no paran de criticar al gobierno nacional por el mal manejo de la pandemia y de la economía, pero no tuvo ningún problema a la hora de sentarse junto a Fernández para rescatar el capital y sacar una tajada para el empresariado mendocino. Pero no podía ser menos teniendo en su gabinete de economía a ex gerentes de Impsa como Emilio Guiñazú y Daniel Chicahuala (ex gerente de Impsa y Oderbrecht) quienes aseguraron negocios por ejemplo para la cuestionada construcción de la represa Portezuelo del Viento en el sur mendocino. No solo han participado ayudando a Pescarmona (cuya caída ya arrastró a muchas otras empresas), sino que ante cada conflicto que se generó, el Estado provincial garantizó, junto con la burocracia de la UOM, despidos, suspensiones y hasta desalojos con policía incluida.

   La burocracia ayudando a socializar las pérdidas

  Otro de los que celebró la “capitalización” de Impsa fue Antonio Caló (secretario general de la UOM nacional) que tuvo participación estelar en la mesa principal del acto de relanzamiento de la firma. Este y muchos otros burócratas más fueron una de las partes que participaron activamente en el acuerdo. Hay que advertir en este caso que la burocracia de la UOM funciona como agente político de los capitalistas y el Estado para que todo marche sobre ruedas. La misma burocracia que firma paritarias a la baja por 35,2 % en cómodas cuotas sin discutir con los metalúrgicos y con delegados que no fueron elegidos por las bases, que garantiza los despidos y suspensiones en diferentes puntos del país frente a la crisis y la que nada hizo frente a los protocolos de higiene y seguridad durante la pandemia. Los trabajadores para nada estamos contentos con esta situación donde no solo no se va a crear empleo, sino que cada día nuestras condiciones de vida empeoran.

  La CGT Mendoza con su titular Luis Márquez también festejó con alegría esta intervención estatal. De nuevo jugando para el capital como lo hizo durante toda su gestión al frente de la UOM Mendoza, poniendo su firma en los despidos que se produjeron a lo largo de los años en Impsa y en toda la industria metalúrgica mendocina, incentivando y generando división entre los trabajadores. Tomemos como tarea primordial recuperar la dirección de los sindicatos, de manos de la burocracia traidora.

  Por una salida obrera ante la crisis

  Los trabajadores, y los metalúrgicos en particular, no podemos poner expectativas en este tipo de maniobras como la estatización para salvataje de nuestros verdugos. La disyuntiva no es el capital privado o Estado, sino entre un programa de conciliación de clases o un programa que oriente la acción independiente de los trabajadores. La UOM debe llamar de forma urgente a asamblea en Impsa y convocar a un congreso de delegados para debatir cómo podemos dar una salida a la grave crisis que atraviesa la empresa empezando por la reincorporación de los despedidos y suba de salarios. Pensamos que para llevar adelante estas tareas y reivindicaciones es necesario formar al interior de la UOM una oposición sindical revolucionaria que sea capaz de luchar por los intereses de los trabajadores con los métodos obreros. Los metalúrgicos debemos unirnos e intercambiar experiencias con otros sectores del proletariado que estén en lucha como los trabajadores de Bimbo (San Fernando), así como el activismo antiburocrático de los vitivinícolas, para poder organizar un plan de salida a la crisis y la pandemia y actuar unidas ante el gobierno y los planes de los empresarios por cambiar las condiciones de vida de la clase obrera.

  Los trabajadores tenemos que empezar a tener el ejercicio de como intervenir en la crisis que se desarrolla ante nosotros y discutir cuales son las tareas de los trabajadores. Así mismo es imperioso que abramos un debate al interior de nuestra clase sobre la importancia del control obrero como forma de intervención independiente ante la desorganización de la economía y mostrar la capacidad de la clase obrera para la planificación y administración de la producción.

   

  1 ver nota Vicentin: rescatando al capital http://cor-digital.org/nacionales/item/292-vicent%C3%ADn.html

• Vacunate, amigo

  

  Alberto inauguraba en un acto en el CCK la formación del Consejo Económico y Social para definir los lineamientos de una Argentina a mediano plazo, un engendro de conciliación de clases que busca instaurar en futuras leyes la relación de fuerzas pos pandemia, es decir, institucionalizar los ataques que sufrimos en la pandemia en el terreno de las condiciones de vida. Pero al mediano plazo se lo comió el corto plazo, se lo devoró al explotar el escándalo cuando se conocieron los privilegios de algunos para acceder a la vacuna contra el covid.

  El “vacuna-gate” mostró que la democracia burguesa como forma de dominación es la expresión de una igualdad formal, que intenta en apariencia mostrar que somos todos iguales, valiéndose del instrumento de la legalidad burguesa, pero que en esencia es la desigualdad de clase y esto se expresa por todos los poros. Algunos analistas salieron a decir que son “la casta política, la casta empresarial y sindical” las responsables de estos privilegios, solo para encubrir con esa definición de casta el contenido de clase de un sistema capitalista. Para los trabajadores la lucha por la igualdad y la consigna de igualdad solo se pueden entender si se interpretan exactamente en el sentido de la destrucción de las clases, no puede ser de otra forma.

  Por eso, este episodio que ya tomó el nombre de “vacunación vip” debe abrir un proceso de deliberación en el conjunto del movimiento obrero para sacar balance de la dirección burguesa de la pandemia y de por qué debemos quebrar esa dirección estatal para no seguir siendo nosotros los que sufrimos las consecuencias de las políticas estatales.

  Por eso es central, que las comisiones internas o juntas recuperadas en la rama de salud planteen la necesidad del control obrero de la vacunación, recuperar los sindicatos de la salud echando a la burocracia sindical para imponer un plan obrero contra la pandemia. Esta debe ser una pelea internacional contra el ensayo general reaccionario que lanzaron los Estados para salvar sus empresas y sistema de salud ante la virulencia de la pandemia.

  La tarea de los sindicatos, como organización de masas de los trabajadores es ampliar sus funciones, tomar medidas no solo en el plano de las reivindicaciones salariales, sino ante la desorganización de la economía. Campañas internacionales por el control obrero de las vacunaciones, en contra de las patentes y los grandes laboratorios, por el no inicio de clases en los establecimientos educativos en Latinoamérica, para dar algunos ejemplos. La burocracia sindical co-dirigió la desastrosa política ante la pandemia, que en el caso de Argentina ya ha dejado más de 51 mil muertes.

  Las soluciones no van a venir de las instituciones burguesas, con leyes en el parlamento o constituyentes o juicios políticos por mal desempeño.

  Enfrentar al Estado burgués y sus gobiernos para derrotar a los responsables históricos de nuestra condición de explotados.