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El gobierno anunció un principio de acuerdo con el FMI con respecto al stand by que le habían dado a la administración anterior de Macri. Es decir, que legaliza la estafa de aquel crédito e hipoteca al pueblo argentino a pagar esa deuda. Queda demostrado cuáles son los intereses a los que responde el gobierno de los Fernández y sus aliados de la oposición burguesa como Juntos por el Cambio, así como la Sociedad Rural y todo el empresariado, quienes saludaron el “entendimiento” con el Fondo.

El principio de acuerdo, donde aún debe definirse la letra chica, es un plan de ajuste gradual donde el FMI tendrá más injerencia directa en el desarrollo de la economía argentina. Se acordaron revisiones trimestrales del organismo con derecho a veto, para vigilar que se cumpla con los designios del imperialismo. En el trazo grueso del entendimiento, la Argentina se compromete a bajar la emisión monetaria, reducir subsidios, moderar la inflación y subir las tasas de intereses. A cambio de llevar a cabo ese plan, lo habilitan para tomar deuda ya no solo del FMI sino de otros países miembros del organismo como el Club de París, por ejemplo.

El gobierno vende el pre acuerdo como un logro, ya que según dice, no se le exige un ajuste. Esto es, por supuesto, parte del “relato” ya que es sabido que el ajuste lo vienen realizando desde que asumieron, mediante el proceso inflacionario, las mini devaluaciones, el aumento en las tarifas, la caída en los salarios y el ajuste en las jubilaciones. Con su funcionario fiel, Martin Guzmán, el gobierno preparó el acuerdo con el FMI buscando no tener que poner la palabra “ajuste” por escrito, sobre todo luego de las fricciones dentro del PJ que generó la derrota electoral y el intento fallido de provocar un giro argumental con la carta de Cristina.

La otra pata del relato es el argumento de que el FMI no habría pedido cambios estructurales, es decir reformas laborales, previsionales o tributarias, ya que este pre acuerdo se centra en equilibrar la política fiscal, y una vez encaminado ese objetivo vendrán por lo importante.

Ante los sectores descontentos con los términos del acuerdo, el kircherismo hace lo que siempre hacen las fracciones burguesas y pequeño burguesas: echarles la culpa a las masas por haber votado a Macri. Esgrimiendo el ya desgastado argumento de que no les daban las fuerzas para otra cosa dado que venían de perder las elecciones y las masas no iban a salir a enfrentar al FMI. Lo que en realidad lograron es un poco de aire para seguir defendiendo sus intereses y evitar la idea de las masas en la calle, lo cual les da un verdadero terror.

El principio de acuerdo plantea 2 años y medio de gracia donde no hay que pagar vencimientos de esta deuda y después se comienza a devolver el préstamo con otro préstamo del FMI a 10 años. De esta manera, al FMI le cierran las cuentas y la Argentina no sólo se queda con la deuda, sino que la acrecienta.

Esta especie de “Ahora 12” del FMI, expresa el nivel de crisis mundial que aceleró la pandemia, ya que si Argentina entraba en default podía generar una crisis importante en la región y un cimbronazo mayor en la economía mundial, mostrando la debilidad histórica de un organismo en descomposición que no logra contener los efectos de la crisis económica mundial.

En un país semicolonial como el nuestro, la burguesía no es independiente y por lo tanto debe poner su destino histórico en manos del imperialismo para enfrentar al proletariado de su país y de la región.  Es una clase parasita que no produce, es por eso que por más que se esfuercen en decir que no van a pagar con el hambre del pueblo, van a pagar con el hambre del pueblo porque el proletariado es el único que posee una fuerza de trabajo que puede crear valor y plusvalor y la razón de ser de los capitalistas es apropiarse del trabajo ajeno.  Es en la explotación de nuestra clase de donde saldrán los recursos para pagar la deuda, todo acuerdo de pago de deuda se basa en el canje por nuevos bonos, sus intereses y sus plazos están determinados por el nivel de ajuste a la clase trabajadora que está dispuesta a implementar nuestra clase enemiga. Es, en realidad, un derecho sobre el trabajo futuro que producirá supuestamente el plusvalor del que el interés (una retribución por la pura propiedad) será una parte.

Nosotros levantamos el no pagar la deuda externa que significa una pelea por la destrucción del Estado burgués, atacando al régimen capitalista en su base, en la producción.

Expropiar a las grandes empresas imperialistas, control obrero, escala móvil de salarios y de horas de trabajo, no son consignas para reformar al capital, es parte del programa transicional de la lucha por el poder, por la necesidad de un gobierno obrero para imponer las etapas de la dictadura del proletariado. 

Es un debate que tenemos que llevar al interior de nuestra clase y desenmascarar a los enemigos en nuestras filas, como la burocracia sindical que salió a festejar el acuerdo, y ya anticipó que seguirán adecuando la discusión paritaria a la política de ajuste que ahora profundiza el gobierno como ofrenda al imperialismo.

Debemos movilizarnos como hicimos en diciembre del año pasado en contra del FMI y el gobierno, en contra del acuerdo, pero siendo claros en nuestro programa de independencia de clase. Es peligroso confundir banderas con los descontentos del ala k, que plantean suspensión de la deuda o no al ajuste del FMI sin nombrar al gobierno, como lamentablemente hace un sector de la izquierda para buscar un diálogo que no existe. Parecen no entender, a pesar de tantos fracasos, que es imposible romper un ala del peronismo que vaya hacia una perspectiva revolucionaria mediante el método de diluirse programática y organizativamente en el estatismo pequeñoburgués.  Debemos movilizarnos de manera diferenciada de estos sectores kirchneristas y combatir su programa hasta el final, plantear mociones diferenciadas en las asambleas y dejar en claro que los trabajadores que salimos a luchar no tenemos que mostrarle nada a Alberto ni tenemos que “hacerle saber” nada en las calles, sino que tenemos que apuntar a derrotar a este gobierno sumiso al imperialismo e imponer nuestra propia perspectiva de clase.

Después de la PASO

El Frente de Todos recibió en las elecciones PASO del 12 de setiembre una de las peores derrotas del peronismo unido de los últimos años, perdiendo en 17 de las 24 provincias y, principalmente, siendo derrotado en la provincia de Buenos Aires por Juntos (nuevo nombre de Juntos por el Cambio, alianza del PRO y radicales).

Si bien las elecciones PASO son internas abiertas, que no definen cargos electivos, delinean la situación de los partidos políticos. Ante la debilidad de éstos para organizar a sus afiliados, es la intervención del Estado la que permite dirimir las diferencias y proscribir a las minorías con un piso del 1,5% para participar de las elecciones, que este año se van a realizar el 14 de noviembre. Esta instancia se toma como un plebiscito de la gestión del gobierno de turno y sirve para conocer el humor social. Teniendo en cuenta esta característica, los resultados mostraron un fuerte castigo al gobierno de los Fernández, que se expresó en el voto a la oposición burguesa, en este caso los ex Cambiemos; a expresiones liberales, a la izquierda parlamentaria y también en el voto en blanco y en el 67% de participación, un numero bajo si se toman otras elecciones.

Debemos decir que estas elecciones se dieron en medio de una pandemia y una crisis social, sanitaria y económica nunca vista, donde tanto el gobierno como la oposición burguesa tratan de mostrar un escenario post pandemia en medio de una posible tercera ola con la variante delta. La derrota del gobierno es la expresión distorsionada del balance de un sector de masas a la dirección política de la pandemia y sus consecuencias, con más de 120 mil muertos, un desmanejo del plan de vacunación, el “Olivos gate” y la imposición de un ajuste brutal a las condiciones de vida de la gran mayoría. Y otro sector votó en contra del gobierno porque no expresa a las fracciones de clase que ellos defienden, más aliados al capital extranjero y los grandes capitales del campo y la industria.

Insistimos con la idea de que se trata de una “expresión distorsionada” porque, como marxistas, sostenemos que las derrotas a los gobiernos se dan en los procesos de la lucha de clases y no en los mecanismos burgueses como son las elecciones. Es decir, se expresó de forma pasiva un descontento social, que coyunturalmente puede capitalizar la oposición burguesa, pero el desarrollo de los elementos más estructurales de la crisis aún subsiste y pueden expresarse de forma convulsiva si la situación se sigue agravando.

En este contexto, el FITU capitalizó parte de este descontento, suplantando la propaganda socialista por el marketing político. Quizás hemos presenciado una de las peores campañas desde que se fundó el FIT, allá por el 2011, pero que le dio frutos electorales como para que no se cuestionen nada de lo hecho.

El gobierno ha quedado muy debilitado e intentará que la derrota sea más decorosa en noviembre, pero no tiene nada para mostrar ni dar. Debe acordar con el FMI y la oposición burguesa, continuar el ajuste y llevar al Congreso las reformas que exige este organismo imperialista, como la laboral y la previsional. En este aspecto no hay diferencias con la oposición. El problema es que debe hacerlo en su momento de mayor debilidad. Tendrá que apelar a la burocracia sindical, que sigue avanzando en su desprestigio en las filas obreras después de su actuación en la pandemia y su apoyo al ajuste a los salarios de los trabajadores activos y pasivos.

Desde la oposición le sugieren que Massa sea el jefe de gabinete. Sueñan con una suerte de primer ministro a la europea y que el presidente sea un sello. Un sueño de los republicanos de una semicolonia, que olvidan que son una burguesía débil y que está sostenida por el imperialismo.

La clase obrera debe tener en claro que nada bueno vendrá de nuestros verdugos, que cada dos años prometen solucionar todas nuestras demandas. Debemos abrir una deliberación al interior de nuestra clase en las fábricas, en los lugares de trabajo y de estudio, y en las organizaciones combativas de desocupados, sobre la necesidad de discutir un programa de salida a la crisis y un balance de la política del gobierno ante la pandemia. Organizarnos desde los delegados, comisiones internas, juntas internas y sindicatos recuperados en plenarios regionales que confluyan en un gran congreso de delegados de base con mandato, que prepare los requisitos para luchar contra la burocracia sindical e impulse un paro nacional para imponer, mediante nuestros métodos, la dirección de la pandemia y saldar la crisis económica sanitaria y social a la que nos han llevado. Unirnos a la lucha de los trabajadores y el pueblo pobre de América Latina que ha salido a enfrentar a sus gobiernos es otra de nuestras tareas inmediatas.

La coalición de gobierno ya no puede tapar el desastre del manejo de la pandemia y el fenomenal ajuste que está llevando a cabo para pagar el gasto por la pandemia, la deuda externa y seguir beneficiando a los grandes capitalistas. En estos dos años de gobierno han realizado un ajuste del gasto público de alrededor del 26%, donde han reducido la ayuda social, han ajustado a los jubilados y han disminuido el salario real de los trabajadores públicos en un 13%. Además, como si esto fuera poco, con la aceleración de la inflación que en estos cuatro meses del 2021 ya se ubica en el 17%, han licuado los salarios de la gran mayoría de los trabajadores formales e informales haciendo descender las condiciones de vida a niveles históricos.  Y esto no se puede justificar solo con la pandemia, sino que aprovechando el escenario de crisis por el covid han lanzado un feroz ajuste, garantizando y consolidando el ajuste del macrismo en el gobierno anterior. Con el macrismo se había perdido el 25% del salario, el albertismo consolidó esa pérdida y está garantizando, con la ayuda de la burocracia sindical y el empresariado, que siga cayendo el salario de los trabajadores.

En estas condiciones, deben ajustar aún más para poder acordar con el FMI, en un escenario electoral, es por eso que dentro de la coalición comenzaron las peleas para acomodar el rumbo económico para las elecciones de medio término. Larroque, que es el secretario general de La Cámpora, definió bastante bien los objetivos para llegar con chances a las elecciones, vacunación, precios y unidad. Vacunación para poder reactivar la economía; controlar los precios con una mayor injerencia del Estado y, al no poder garantizar que los salarios le van a ganar a la inflación, intentar regular los precios de los servicios y así, hipotéticamente, lograr golpear menos al bolsillo; unidad, ya que la coalición de gobierno teme que, sin unidad y como viene el escenario, las imágenes de Colombia ya no sean tan lejanas.

Enfrentemos este plan

La agenda de los trabajadores debe ser de enfrentamiento a este plan.

Vacunación de los trabajadores. Hay que exigir a los sindicatos que demos una pelea para que seamos los trabajadores los que controlemos la distribución de las vacunas y por el control obrero de los laboratorios, para romper con el control estatal de las vacunas. Nos queremos vacunar, no para que volvamos a ser explotados como quieren las patronales, sino para estar en mejores condiciones para salir a la lucha.

Reapertura de las paritarias. Debemos recuperar lo que perdimos en la pandemia y en el gobierno anterior de Macri. No podemos permitir que sigan cayendo nuestras condiciones de vida. Debemos unir a los que tienen trabajo con los que no lo tienen en un compromiso mutuo de solidaridad, que parta de la pelea junto a los desocupados por salario que asegure las condiciones de subsistencia. Debemos imponer la escala móvil de horas de trabajo y de salarios.

Unidad de la clase obrera. En contraposición a la unidad que pide Larroque para su frente burgués, nosotros debemos buscar la unidad de la clase obrera, que pelee por aumento de salario y vacunación, organizando a los activistas y trabajadores en la necesidad de conformar oposiciones sindicales revolucionarias al interior de nuestros sindicatos para echar a la burocracia sindical y recuperar nuestras organizaciones de lucha. Se vienen desarrollando muchas luchas, que el periodismo ha denominado “de autoconvocados”, pero no son eso, son compañeros delegados activistas y bases de sindicatos, opositores a la conducción de sus sindicatos. Está en germen, en esos trabajadores, la posibilidad de conformar oposiciones con un programa obrero y la tarea de los revolucionarios de pelear al interior de esos procesos por la necesidad del partido revolucionario y la lucha por el poder.

Alberto ha regresado de su gira por Europa, donde los distintos mandatarios de los países de la UE que visitó, Portugal, España, Francia e inclusive el Vaticano con su secretario de finanzas, el Papa Francisco, le desearon mucha suerte en la negociación con el FMI y que lo iban a apoyar en alargar los plazos con el Club de Paris. Es decir, paguen la deuda y después los reclamos.

La cita con la máxima representante del FMI, Kristalina Georgieva, y John Kerry, representante de EEUU, fue la culminación de la sumisión al imperialismo, demostrando que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, como “Juan Domingo Biden”.

Falta mucho para las elecciones y la dinámica de la lucha de clases puede dar muchas sorpresas.

Alberto inauguraba en un acto en el CCK la formación del Consejo Económico y Social para definir los lineamientos de una Argentina a mediano plazo, un engendro de conciliación de clases que busca instaurar en futuras leyes la relación de fuerzas pos pandemia, es decir, institucionalizar los ataques que sufrimos en la pandemia en el terreno de las condiciones de vida. Pero al mediano plazo se lo comió el corto plazo, se lo devoró al explotar el escándalo cuando se conocieron los privilegios de algunos para acceder a la vacuna contra el covid.

El “vacuna-gate” mostró que la democracia burguesa como forma de dominación es la expresión de una igualdad formal, que intenta en apariencia mostrar que somos todos iguales, valiéndose del instrumento de la legalidad burguesa, pero que en esencia es la desigualdad de clase y esto se expresa por todos los poros. Algunos analistas salieron a decir que son “la casta política, la casta empresarial y sindical” las responsables de estos privilegios, solo para encubrir con esa definición de casta el contenido de clase de un sistema capitalista. Para los trabajadores la lucha por la igualdad y la consigna de igualdad solo se pueden entender si se interpretan exactamente en el sentido de la destrucción de las clases, no puede ser de otra forma.

Por eso, este episodio que ya tomó el nombre de “vacunación vip” debe abrir un proceso de deliberación en el conjunto del movimiento obrero para sacar balance de la dirección burguesa de la pandemia y de por qué debemos quebrar esa dirección estatal para no seguir siendo nosotros los que sufrimos las consecuencias de las políticas estatales.

Por eso es central, que las comisiones internas o juntas recuperadas en la rama de salud planteen la necesidad del control obrero de la vacunación, recuperar los sindicatos de la salud echando a la burocracia sindical para imponer un plan obrero contra la pandemia. Esta debe ser una pelea internacional contra el ensayo general reaccionario que lanzaron los Estados para salvar sus empresas y sistema de salud ante la virulencia de la pandemia.

La tarea de los sindicatos, como organización de masas de los trabajadores es ampliar sus funciones, tomar medidas no solo en el plano de las reivindicaciones salariales, sino ante la desorganización de la economía. Campañas internacionales por el control obrero de las vacunaciones, en contra de las patentes y los grandes laboratorios, por el no inicio de clases en los establecimientos educativos en Latinoamérica, para dar algunos ejemplos. La burocracia sindical co-dirigió la desastrosa política ante la pandemia, que en el caso de Argentina ya ha dejado más de 51 mil muertes.

Las soluciones no van a venir de las instituciones burguesas, con leyes en el parlamento o constituyentes o juicios políticos por mal desempeño.

Enfrentar al Estado burgués y sus gobiernos para derrotar a los responsables históricos de nuestra condición de explotados.

Las negociaciones por el pago de la deuda externa con el sector de los fondos de inversión, que en teoría vence el 4 de agosto, pero que el gobierno dice que las extenderían un mes más, están bastante avanzadas, ya que el Estado argentino ha cedido en gran parte a los pedidos de los acreedores. Se calcula una mejora de hasta 16.000 millones de dólares respecto a la primera oferta.

La negociación es por más de 65.000 millones de dólares de deuda, que el Gobierno intenta reestructurar con los acreedores privados, y eso es sólo una parte de los vencimientos previstos para este año. Luego viene el FMI, que no sólo querrá cobrar la deuda, sino además dar las directrices para exigir las reformas de siempre.

A pesar de eso, el 20 de julio los tres principales grupos de acreedores - ACC, Ad Hoc y Exchange- confirmaron su rechazo a la oferta de canje argentina con un comunicado en el que dicen que “se han unido para presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores”.

Para los acreedores, hay 2,6 puntos de valor presente neto entre la propuesta del Gobierno y la de ellos. “La diferencia es mínima. Son menos de UDS 300 millones de flujo de caja por año. Ambas partes pueden y deben llegar a un acuerdo. Es una propuesta para sentarse a conversar y negociar, y es responsabilidad de las autoridades seguir el camino hacia adelante”, precisó uno de los grupos de acreedores. Insisten en que la diferencia económica representa menos del 0,5% del PBI y que es un costo mucho menor para el país que no tener acceso a los mercados financieros internacionales, que sería el escenario ante un eventual default.

Los acreedores quieren más concesiones de parte del gobierno, ya que cada vez que los apretaron mejoraron la oferta. El último pedido fue garantías jurídicas y Alberto y compañía ya mandaron al Congreso leyes para complacer a los grupos acreedores.

Esas señales se vinculan a la Ley de deuda nacional, que ya está en el Senado, y a la posibilidad de modificar determinados aspectos jurídicos vinculados a la reasignación de las emisiones de los bonos para lograr los porcentajes previstos en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC) de los títulos 2005 y 2016. Estas leyes cuentan con el aval de la oposición burguesa.

En una entrevista al diario Financial Times, el presidente había sostenido que “no habrá otra oferta” de reestructuración. Es decir, que esta era la última oferta para alcanzar un acuerdo.

Debemos ver cómo termina la negociación, ya que no es lo mismo para el gobierno si se va a un default con todas las letras o un default parcial y seguir negociando con el FMI para tratar de que ese organismo habilite algún tipo de crédito para que la economía argentina no colapse.

Lo que sí es seguro es que cualquiera sean los escenarios post negociación, nada bueno puede venir para los trabajadores y el pueblo pobre, ya que pretenden pagar la deuda con un ajuste a los trabajadores y saqueando a los jubilados. Resulta de un cinismo importante escuchar a Martín Guzmán, negociador de la deuda, decir que Argentina ya no pude hacer más concesiones, si no, debería ajustar a los trabajadores y jubilados y eso no lo harían. Es lo que vienen haciendo en todo el periodo de la pandemia, pagando con los fondos del Anses los gastos de la cuarentena y rebajando el sueldo a los jubilados.

Cuando para la opinión pública se dice que se está discutiendo la postpandemia en el gobierno y la oposición, en realidad lo que se está discutiendo es la post negociación de la deuda. Y, desde esta perspectiva, es que se ubican las distintas fracciones capitalistas. Y en este terreno están las peleas de los K contra la línea más acuerdista de Alberto con el G6 de los grandes empresarios nacionales.

De poder negociar una salida a la deuda, entra en juego cuál es el plan para salir de la crisis -que ya es histórica- y con quién. Acá entra el debate de fracciones. Alberto, después de retroceder con la expropiación de Vicentin, sostiene que es mediante un plan Marshall a la argentina (un plan de rescate de gran parte de la economía), con emisión monetaria, obra pública y con los dólares del sector agroexportador. En esta idea, busca unir fuerzas con el sector “dialoguista” de Cambiemos. La otra ala sostiene el crecimiento del mercado interno apoyándose en la burguesía nacional que “no es cipaya”. Pareciera una discusión entre delirantes, si no fuera porque ambas políticas se asientan seriamente sobre la idea de reventar al movimiento obrero y al pueblo pobre.

Para la política de Alberto se necesita que el FMI vuelva a dar crédito al país, ya que la emisión monetaria tiene un límite. Apuesta a un nuevo blanqueo, para que estos capitales regresen o ingresen al proceso productivo; debe garantizarles reformas, como la laboral. Ahora el gobierno lanza una reforma judicial, no sólo para intentar garantizarle impunidad a CFK, sino también para buscar los mecanismos institucionales y jurídicos (reforma de los tribunales y de la Corte Suprema) que den garantía para las esperadas inversiones extranjeras. Está en carpeta la idea de una renta básica que reemplace al IFE ante la pauperización de grandes sectores para tratar de contener el descontento social y buscar que esa renta básica sea referencia para bajar los salarios.

El ala del desarrollo del mercado interno y, por lo tanto, de una burguesía nacional que pelee por la soberanía nacional, que expresan los sectores ligados a Cristina, no pueden mostrar a qué sector habría que apoyar, ya que ponen como ejemplo a Arcor y de ahí ya todo deja de ser serio.

Mientras tanto, el desarrollo de la crisis abre un sinfín de procesos de lucha de clases en sectores de trabajadores en distintas provincias, como el conflicto de los colectiveros en Córdoba. También, conflictos contra los aparatos represivos del estado, como las movilizaciones por la desaparición forzosa de Facundo Castro en Provincia de Buenos Aires.

La burocracia sindical, como siempre, busca salvarse con algún ala de la burguesía nacional e internacional. En medio de la pandemia se quedaron en casa, pero permitieron los despidos, suspensiones y recortes salariales. El 21 de julio la CGT realizó una reunión virtual y firmó un documento junto a empresarios como Paolo Rocca (Techint), Marcos Galperín (Mercado Libre), Luis Pagani (Arcor), Héctor Magnetto (Clarín), Cristiano Ratazzi (FIAT), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) y otros, integrantes de la poderosísima Asociación Empresaria Argentina (AEA). En el documento reclaman “la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía, atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales”. Léase: ajuste fiscal y mayores concesiones a los empresarios. Con respecto al saqueo de la deuda externa reclamaron una “inserción inteligente de la Argentina en el mundo” y “un resultado positivo en las negociaciones con los acreedores externos”. Esto demuestra que tanto los partidos patronales, como las distintas fracciones burguesas y la burocracia sindical son los garantes de que la crisis la paguemos los trabajadores.

Mientras se sigue desarrollando la crisis, profundizada por la pandemia, debemos deliberar dentro de nuestra clase cómo le damos una salida obrera. Dentro de nuestras organizaciones debemos plantear que no se debe pagar la deuda externa. No porque sea “fraudulenta” o “ilegítima”, sino porque es una forma de dominación que tiene el imperialismo para las semicolonias. Y además porque es una forma de sostén del imperialismo a las burguesías autóctonas, que son las garantes de los ajustes para pagar las deudas. Reiteramos, no podemos pagar la deuda externa y mantener una clase parásita, como es la burguesía, que no produce nada.

Es central apelar a la solidaridad activa de los trabajadores de los países imperialistas, que enfrenten a sus gobiernos en defensa de los trabajadores de las semicolonias. Los trabajadores de EEUU, Francia, España y Alemania, entre otros, deben apoyar la lucha de los trabajadores en contra del pago de la deuda externa. Es una lucha antiimperialista y los trabajadores de nuestro país deben ser la vanguardia de esta lucha, recuperando los sindicatos de la burocracia sindical, peleando por recuperar lo perdido en periodos anteriores de nuestro salario, sólo para que no sigan cayendo nuestras condiciones de vida. Junto a la clase obrera del resto de los países de la región, debemos ser caudillos de los procesos en el conjunto de Latinoamérica para derrotar los planes de ajuste de los gobiernos de turno.