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Una situación de tensión generalizada vive la industria en general y la industria petrolera en particular. Mientras se anuncian récords de producción en Vaca Muerta, YPF va hacia un proceso de retracción y desfinanciamiento en áreas de explotación históricas, dejando a una gran masa de asalariados ante la incertidumbre de la continuidad laboral. El Sindicato de Petróleo y Gas privado de Cuyo realizó un paro de 24hs este 20 de marzo, con alto acatamiento por parte de los trabajadores, afectando yacimientos, destilería y distribución, en tanto que la conducción de Camioneros declaró el estado de alerta y movilización por la situación en la rama.

El plan motosierra del gobierno alcanza duramente al sector, con promesas de mejoras que nunca llegan,  intentando profundizar el  perfil exportador de crudo de la Argentina, que no es más que la reprimarización de la industria, para cumplir con las presiones que impone el FMI a través de la deuda, mientras miles de trabajadores ven peligrar su fuente de trabajo, y la inmensa mayoría de la clase padece aumentos de tarifas indiscriminados, con salarios cada vez más miserables.

EN RETIRADA

El 29 de febrero el directorio de YPF autorizó la retirada de la petrolera de 55 campos maduros, esto es que ya pasaron su pico de rendimiento, con el objetivo de relocalizar el grueso de sus inversiones en las zonas más productivas del Shale en Vaca Muerta, donde los costos operativos se reducen según indican en un 80%. El CEO de la empresa, Horacio Marin pretende la concesión de estas áreas a operadoras locales con “mayor eficiencia operativa”, pero sin dar ninguna garantía en cuanto a plazos y transiciones.

En este marco se encuadra el reciente conflicto con la provincia de Chubut, en donde Ypf redujo su plan de inversión en unos 400 millones de dólares, desfinanciando zonas históricas del petróleo convencional y dejando librados a su suerte a miles de trabajadores, en una provincia fundamentalmente dedicada a la actividad; o como el caso de Mendoza, donde YPF amenaza con paralizar la actividad de la totalidad de los equipos de torre, cesanteando al personal a través de un mecanismo similar al utilizado en pandemia, el art 223 bis, por el cual los trabajadores quedan en domicilio cobrando solo un porcentaje de su sueldo. No hace falta recordar que este mismo mecanismo, significó una reducción brutal de las plantas de trabajadores, que incluso una vez finalizada la pandemia, en algunas zonas no pudo recuperarse a los mismos niveles prepandemia.

El día martes 12/03 se reunieron en Buenos Aires representantes del Estado, las cámaras y las organizaciones gremiales para tratar la transición, pero no hubo acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio para el martes 19/03. Lo cierto es que la YPF avanza firmemente en su plan de readecuación financiera, luego de años de desinversión y desidia, y está a las claras que muy poco le interesa el destino de miles de trabajadores y sus familias.

GESTAR LA ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA PARA ENFRENTAR EL AJUSTE

Los trabajadores no debemos caer en la trampa de quienes aprovechan incertidumbre y la confusión para sacar provecho de la situación. No será, como se intentó en Chubut con el gobernador Torres capitalizando una histórica marcha de los sindicatos más importantes de la provincia, licuando todos los reclamos para finalmente terminar en un enfrentamiento testimonial por porcentajes de la coparticipación. Las conducciones sindicales intentan aislar los reclamos por región, estableciendo una diferencia entre zonas más productivas y menos productivas, negociando la forma de preservar la paz social, fraccionando a la clase, para terminar siendo furgón de cola de algún representante de la burguesía local.

Las direcciones sindicales de petroleros negocian con YPF un esquema de cese de tareas temporal, a porcentaje fijo, no remunerativo, hasta sentarse con las potenciales nuevas operadoras. El resto de los trabajadores afectados, que están bajo convenio de UOCRA o UOM, quedan afuera de la discusión. La ventaja de la fragmentación y precarización laboral, una vez más, le sirve a las patronales para descargar los costos sobre nuestras espaldas, desorganizar y debilitar la capacidad de reacción de los trabajadores. Debemos convocar a un plenario nacional de delegados petroleros para, en concurso con compañeros de la UOM, UOCRA, Camioneros y demás organizaciones hermanas que operan en las áreas de la rama, discutir un plan de acción unificado que incluya un gran paro nacional de todo el sector energético, paralizando no solo la producción, sino las refinerías, las terminales portuarias, y los circuitos de distribución. Como paso inicial para un debate acerca de qué, cómo, dónde y para qué producir, y avanzar en la recuperación de los sindicatos, como herramienta política de los trabajadores. Los sindicatos y las organizaciones obreras tienen que tomar en sus manos el control obrero, como escuela de planificación de la producción para enfrentar el ajuste.

Trabajadores de la rama Energía - COR

 Por LOI-Brasil en la TRCI

La huelga de los petroleros avanza hacia su tercera semana. Según la FNP (Federación Nacional de los Petroleros) llega a más de 120 unidades de la Petrobrás en 13 estados e involucra a más de 21 mil trabajadores. Es considerada la mayor huelga de la categoría de los últimos años. En huelga desde el 1° de febrero, los petrolero reclaman la suspensión de los despidos en la Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (Fafen-PR) oficializados el día 14 de febrero y suspendidos por imposición judicial el 18/2, con el cierre de la unidad. Cerca de mil trabajadores directos perderán sus empleos. Los petroleros también reclaman el cumplimiento de otras cláusulas del Acuerdo Colectivo y el fin de la política de precios de los combustibles, implementada en junio de 2016, basada en la paridad internacional de los productos en el exterior y en la fluctuación del cambio. Además de eso, reclaman el fin de las privatizaciones de las subsidiarias.

Hasta el momento, esta huelga está marcada por la total adaptación de las direcciones a las instancias de la democracia burguesa. La dinámica de la lucha se inserta en las disputas judiciales y en el llamado al parlamento para que fuerce una negociación con la empresa. Además de eso, sigue aislada en todo el país, sin ningún llamado a la unidad de los trabajadores para construir la resistencia contra los ataques lanzados por el gobierno cipayo del imperialismo, no sólo a los petroleros, sino también al conjunto de la clase trabajadora.

Desde su comienzo, la Petrobrás recurrió al Tribunal Superior del Trabajo para que suspendiese la huelga. El día 4 de febrero, el Tribunal determinó que 90% de las actividades fuesen mantenidas, satisfaciendo parcialmente a la Petrobrás. La decisión judicial también prohíbe que los huelguistas impidan el "libre tránsito de bienes y personas” en las refinerías y plataformas, además de permitir la contratación de trabajadores en régimen de emergencia. Después de siete días de huelga, el mismo tribunal decretó la ilegalidad de la huelga, determinando una multa de R$ 500 mil diarios y permitiendo eventuales sanciones disciplinarias. Hasta el momento, todas decisiones fueron, de forma general, acatadas por la FNP y por la FUP, que, inclusive, utilizaron su “docilidad" con la patronal como discurso ideológico para forzar una negociación. En todos los comunicados los sindicatos reafirman que no están “entorpeciendo y/o dificultado el pleno funcionamiento de la Petrobrás” y que están garantizando el abastecimiento y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. O sea, ´presentan una huelga sin piquetes y que no afecta el centro de la disputa entre capital y trabajo, que es la producción.

En la segunda semana de huelga, dirigentes petroleros fueron al Congreso a pedir la mediación de los líderes de las bancadas parlamentarias para la apertura de un proceso de negociación con la estatal. La última semana, con el prolongamiento de la huelga y la aplicación de multas al corte de punto, las direcciones fueron presionadas a convocar manifestaciones de calle y acciones que afectan las ganancias de la empresa como la venta de gas de cocina subsidiado para la población. También son intentos de los petroleros de salir del aislamiento mediático de la huelga y buscar el apoyo popular. Considerando que desde 2017 1 millón de domicilios volvieron a cocinar con leña, la acción de venta de gas a mitad de precio tiene fuerte demanda popular.

La Petrobrás en las disputas interbuguesas

La Petrobrás refleja los procesos de disputas interburguesas y el cambio en la orientación del Estado semicolonial brasilero. Desde la "Ley del Petróleo” de Fernando Henrique Cardoso, los escándalos de corrupción que posibilitaron la expulsión del PT del gobierno, el cambio en la política de los precios de los combustibles de Temer, hasta el amplio proyecto de privatización del gobierno de Bolsonaro; en fin, no es posible comprender a Petrobrás, en estos procesos, sin comprender cómo se manifiesta la forma de dominación burguesa en Brasil, así como en los demás países semicoloniales.

Por la doble dominación presente en los países semicoloniales, la del capital extranjero y la de la burguesía nativa dependiente y, a su vez, del capital extranjero frente a un proletariado desarrollado, se establece una condición especial de poder estatal, la cual Trotsky definió como bonapartismo sui generis. “En realidad puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero y someter al proletariado con las cadenas de una dictadura policial, o bien maniobrando con el proletariado, llegando incluso a dar concesiones, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas extranjeros.” (Trotsky, 1939) [1]

Especialmente en el gobierno de Lula, a través de las concesiones y exenciones fiscales, la burguesía nativa explotó al máximo esta relación con el Estados, pero por su debilidad inherente, sujetó a los trabajadores integrando a los sindicatos al aparato estatal. Con la Petrobrás, los sindicalistas fueron elevados a la administración de la empresa, volviéndose representantes del propio Estado. De esa forma, apoyada en la burocracia sindical, la burguesía nativa se encontraba en una situación más favorable para negociar con el imperialismo la explotación de sus trabajadores, así como sus recursos, como el pre-Sal.

Desde la “Ley del Petróleo”, de 1997, la Petrobrás ya no tenía el monopolio de la explotación y refinamiento petrolero en Brasil. Después de esta ley el gobierno brasileño comenzó a ofertar áreas exploratorias en remates de petróleo y gas. Hasta 2018, el gobierno de Lula fue el que más agregó área exploratoria en el país, 237 mil, en su mayoría para empresas nacionales. No obstante, la política de precios controlada por el Estado dificultó la apertura a la competencia extranjera y la Petrobrás mantuvo el dominio casi absoluto del abastecimiento de la demanda nacional. Con el descubrimiento de los campos de pré-Sal, se agudizó la disputa entre el capital extranjero y la burguesía nativa por su explotación. El gobierno de Dilma, ya presionado por la “lucha contra la corrupción” (estrategia del imperialismo para alinearse con una fracción de la burguesía más alineada con sus intereses), soltó la mando al monopolio de la explotación de los campos de pre-Sal por la Petrobrás. El cambio en la política de precios, basado en la paridad internacional, es implementado con el gobierno de Temer, facilitando el camino para que avance el imperialismo. Bolsonaro es el gobierno de ese cambio de orientación en la relación del Estado semicolonial brasileño con el imperialismo, acelerando el proceso de privatización de la Petrobrás.

¿El petróleo es nuestro?

Además de la adaptación de la burocracia dirigente, esta huelga está acompañada de análisis de partidos y grupos centristas sobre el carácter “entreguista” del gobierno de Bolsonaro, fruto del "golpe", en oposición a gobierno petistas anteriores, de carácter más "soberanistas”, a pesar de los límites de la conciliación de clases. Las políticas defendidas por esas corrientes ponen como principal consigna de lucha "Petrobrás 100% estatal” y otras consignas que desembocan en el estatismo mismo. La estatización de una empresa o de una rama de la industria comprende su administración por el Estado burgués y, en el caso de Brasil y demás países semicoloniales, en relación directa con el imperialismo en su fase decadente. Por lo tanto, la lucha contra la privatización no puede ser una lucha por la total estatización de la empresa, ya que eso no significa que esté en manos o que beneficie de alguna forma a la clase trabajadora. De la misma forma, la lucha contra la privatización debe asumir un carácter antiimperialista y que, a su vez, no puede quedar circunscripta a las fronteras nacionales. De ser construida en unidad y solidaridad de clase con los trabajadores de América Latina.

La defensa de la “Petrobrás 100% estatal” viene acompañada, como política defendida por el centrismo, por “administrada democráticamente por los trabajadores” y con “control popular para servir a los intereses del pueblo brasileño” (MRT) o simplemente por “bajo control de los trabajadores” (LIT-CI) citando apenas algunos ejemplos, ya que no se diferencian mucho. Es importante, en este sentido, diferenciar la “administración obrera de una empresa estatal" de una política verdaderamente revolucionaria que defienda la toma de la Petrobrás y la imposición del control obrero de la producción. Si la Petrobrás 100% estatal es una empresa bajo el dominio del Estado burgués, defender su administración por los trabajadores es defender la colaboración de clases y la formación de una capa de la aristocracia obrera. “Si la participación de los trabajadores en la gestión de la producción ha de ser duradera, estable, ‘normal’, deberá apoyarse en la colaboración y no en la lucha de clases.” (Trotsky, 1931) [2]

Es necesario combatir el reformismo y la política centrista en el interior de los procesos de lucha que irrumpen por la clase trabajadora. Los revolucionarios debemos levantar la defensa de la toma de la Petrobrás bajo control obrero como forma de ejercer influencia práctica en la producción petrolífera y, en ese proceso, forjar una vanguardia obrera que asuma las tareas transitorias de un programa revolucionario.

¡Unificar las luchas y construir la huelga general!

La huelga de los petroleros, por su importancia política y económica en la lucha de clases, no puede permanecer aislada por las direcciones adaptadas y restricta a las instancias de la democracia burguesa. El gobierno de Bolsonaro ya presentó su agenda de ataques y sigue imponiéndola sin grandes dificultades. Las reformas de las jubilaciones y laboral fueron duras derrotas impuestas a los trabajadores con el silencio de las direcciones. Las reformas administrativa y fiscal son las próximas prioridades del gobierno y, en este momento, los empleados públicos de San Pablo están en proceso de lucha contra la reforma de las jubilaciones a nivel estadual, de entre tantos otros procesos aislados de lucha; y las direcciones proponen apenas el 18 de marzo como fecha para las movilizaciones nacionales. En esta coyuntura es necesario romper con el inmovilismo de las centrales y defender un congreso nacional de delegados maniatadas y electos en la base para discutir un programa obrero de salida a la crisis Es necesario levantar en cada sindicato comités de apoyo a la lucha de los petroleros para que avancen con independencia de clase y en unidad con la clase trabajadora, rumbo a la construcción de una huelga general por tiempo indeterminado ¡que tire abajo los planes del gobierno!

[1] TROTSKY, L. La industria nacionalizada y la administración obrera, 1939.

[2] TROTSKY, L. El control obrero de la producción, 1931.