El acuerdo por la paz, el orden público, y una nueva constitución, que significó un gran gesto de unidad nacional para salvar al gobierno de Piñera, dio un salto el miércoles 04 de diciembre con la votación por el parlamento y el senado de la llamada “ley antisaqueos”.
Esta ley contempla reclusión de hasta 5 años a trabajadores por “paralizar o interrumpir un servicio público… de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones”, este proyecto fue aprobado por prácticamente la totalidad del parlamento y el senado. También persigue a los que luchan penalizando a quienes lancen “elementos contundentes” o que realicen barricadas o que ocupen “bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola…públicos o privados”. Toda una defensa de la propiedad privada capitalista y de las fuerzas represivas a su servicio.
La abstención del PC indicando que ellos sólo aprueban la penalización contra los saqueos, demuestra que están a favor de criminalizar la pobreza defendiendo la propiedad y acaparamiento de verdaderos saqueadores del pueblo, defendiendo a las grandes cadenas de supermercado como WallMart o Cencosud.
Además de esta ley se encuentra en trámite y con amplia adhesión de los partidos burgueses y pequeñoburgueses una reforma constitucional que implementará una especie de “Estado de Emergencia de grado menor” para colocar militares en la llamada “infraestructura crítica”, puertos, aeropuertos, hospitales, centros de abastecimiento de agua y luz, con el objetivo de una nueva intervención de las fuerzas armadas, esta vez contra algunos de los sectores obreros que han salido a luchar con más decisión como los trabajadores de la salud y los portuarios.
Con la vieja política del garrote y la zanahoria, estas medidas son presentadas por el ministro Blumel como la precondición para la puesta en marcha de la “agenda social”, basada en repartir algunas migajas tales como el incremento de la pensión básica solidaria en niveles de muy miserable a bastante miserable (a 165 mil pesos, U$200).
La profundización de la crisis económica, donde hoy hablan una “recesión técnica” (algo así como solucionable en el corto plazo según sus pronósticos de ajuste), ya han dejado más de 76 mil despidos desde octubre a esta parte. Una prueba más de que la burguesía revanchista descargará sin piedad los costos de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora. Para aminorar los despidos el gobierno propone que las empresas en crisis eviten despidos disminuyendo jornadas laborales y salarios compensando parcialmente las pérdidas con los fondos acumulados por propios de los trabajadores en el seguro de cesantía, una verdadera ganga.
También discuten un ingreso mínimo de 300 mil pesos (U$ 360) consistente en un subsidio estatal para las empresas que paguen menos de esa suma, cuya discusión en el parlamento pasa por si va dirigido a todas las empresas y sólo a las pymes. En rigor un verdadero incentivo para que los capitalistas reemplacen mano de obra barata por más barata, o aumenten el volumen de trabajadores subcontratados según las fórmulas de quienes defienden a los pequeños explotadores.
Luego del gran acuerdo por el orden público y la nueva constitución las luchas y movilizaciones disminuyeron su masividad, aunque no su contundencia. Las energías de amplias masas se disipan si no encuentran las vías organizativas y las perspectivas adecuadas para dar salida a la crisis, junto con el accionar de los lúmpenes organizados (carabineros) y no organizados (desclasados) que constituyen las arenas movedizas del caos sin organización y dirección. Las direcciones burocráticas de la mesa de unidad social, si bien se colocaron en la vereda crítica del acuerdo, intentaron impulsar paros de presión para sentarse a negociar exigiendo cambios al acuerdo constituyente y al mismo tiempo servir la mesa de negociación del sector público, sin denunciar la ofensiva de despidos y represión en curso buscando un modesto reajuste dado el marco de la crisis.
Es necesario indicar que un cambio a la constitución impulsado principalmente por aquellos que desean establecer un modelo de “redistribución de la riqueza” en la misma no resolverá los grandes problemas planteados por las luchas de los trabajadores y la juventud. El intento de refundar al semiestado chileno, atado por mil lazos a la dominación del imperialismo, como lo expresó el secretario de estado norteamericano Mike Pompeo ofreciendo ayuda para impedir que “protestas se conviertan en revueltas” en su “patio trasero”, es una perspectiva de corto aliento para edulcorar la democracia para ricos. No sólo porque no es un proceso estrictamente nacional, como lo demuestra la resistencia obrera y campesina contra la ofensiva reaccionaria en Bolivia o en Colombia con su tercer paro nacional, sino porque no existe viabilidad histórica para un nuevo tipo de Estado burgués.
Es vital que los trabajadores organizados en los grandes medios de producción intervengan en esta crisis para aportar una salida. Es necesario que los luchadores y la juventud vuelquen toda su energía para impulsar los métodos de acción y organización junto a los sectores obreros. Se debe establecer el control obrero junto a comités de abastecimiento en las grandes cadenas de supermercado; es necesario levantar comités de autodefensa ante cada lucha obrera incorporando a los juventud de la primera línea; se debe levantar un programa para incorporar masivamente a los desocupados a la producción ligándolos a los sindicatos, recuperándolos para la lucha de manos de la burocracia, imponiendo escalas móvil de salarios y horas de trabajo partiendo de un salario base igual al costo de la canasta familiar, los trabajadores retirados no deben tener pensiones inferiores al costo de una canasta de adulto; luchar por el pase a planta de los subcontratados como se conquistó recientemente en la USACH luego de años de lucha junto a los estudiantes; además de luchar por el derecho a la salud, la educación, la vivienda. Es prioritario que impulsemos un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora, que recupere los sindicatos, y vote un programa y un plan de lucha para enfrentar la política de miseria social y reacción en toda línea del gobierno, los partidos de oposición y el conjunto de las instituciones de la democracia para ricos.
Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros y populares
Comités de autodefensa para enfrentar la represión
Juicio y castigo a los represores, asesinos, violadores y torturadores
Por el control obrero de los de los grandes medios de producción
Impulsemos un Congresos de Delegados de Base para poner en pie una salida obrera a la crisis.
Abajo Piñera
Por un Gobierno Obrero
Hoy en horas del mediodía, la policía provincial bajo el mando del gobernador peronista Juan Schiaretti (amigo de Macri y de Alberto) descargó la represión sobre los compañeros del sindicato de Luz y Fuerza cuando estos concluían una jornada de paro y movilización en la sede central de la EPEC. El saldo son 11 detenidos y varios heridos de bala de goma, incluidos trabajadores de prensa.
El gobierno provincial, luego de las elecciones de mayo, ha lanzado una fuerte campaña para justificar el ajuste de las cuentas públicas, alegando la baja de la recaudación. Apunta a los trabajadores estatales y a los docentes, anunciando la revisión de las paritarias a la baja, descontando la complicidad de la burocracia sindical del SEP y la UEPC. La crisis ha sido agudizada por la última devaluación concertada por el tridente Macri-Alberto-FMI, y la sufren sobre todo los trabajadores de la industria con suspensiones y despidos. La empresa provincial de energía, EPEC, ya ha sido apuntada no sólo como objeto de ajuste, sino también como un gran botín para los pulpos energéticos, que pretenden quedarse con las áreas redituables del negocio.
El gran escollo para los planes de Schiaretti y las patronales, igual que en las fábricas, escuelas, hospitales y reparticiones, son los trabajadores, en este caso del sindicato de Luz y Fuerza que se han puesto en pie de lucha desde el año pasado para enfrentar el ataque. Ataque que incluye tercerización de áreas (automotores, toma de estado, y otras), anulación de conquistas plasmadas en el CCT y una agresiva rebaja del salario real con aumentos ridículos fijados unilateralmente por el directorio de la empresa, a partir de la traición de la burocracia sindical de Rio IV y Villa María.
La lucha ha sido dura, con marchas, paros y toma del edificio central en agosto de 2018. Y el despliegue de una gran solidaridad con los conflictos que han atravesado la ciudad, encabezada centralmente por delegados de base del sindicato. Sin embargo, la burocracia de Suárez ha sido siempre un freno para el activismo, llevando a una lucha de “desgaste” que no ha traído frutos. Y no sólo por los métodos de acción, sino centralmente por el programa desplegado, basado en la consigna “defensa de una EPEC cordobesa, pública e integrada”, que significa unir al pueblo en general en un frente contra la privatización, una política de conciliación de clases. Se busca así diluir la potencia de un sector de la clase obrera en un movimiento donde también se incorporen las capas medias, pero también las pymes y otros sectores patronales. Una versión del frente por la “emergencia alimentaria” que vienen desplegando el peronismo a nivel nacional las últimas semanas.
Para enfrentar el ataque del gobierno nacional, provincial, las patronales y el FMI debemos imponer a las CGTs y CTAs un Congreso de Delegados de Base con Mandato, que discuta un programa basándose en la deliberación en asambleas del conjunto de nuestra clase. Para frenar el ataque a nuestras conquistas, nuestro salario, contra los despidos y suspensiones y las reformas que planean imponernos (laboral, previsional, educativa) debemos discutir una salida obrera a la crisis y los métodos y acciones para imponerla.
¡Libertad a los presos de Luz y Fuerza y a todos los luchadores!
¡Desprocesamiento de los estudiantes de la UNC!
¡Por un Congreso Provincial de delegados con mandato de base!
¡Por un Paro Provincial en camino a un Paro Nacional de 36hs!
COR
Corriente Obrera Revolucionaria
Regional Córdoba
El pasado 26 de junio, el Juez Hugo Vaca Narvaja y la fiscal Graciela López de Filoñuk avanzaron en la causa contra los estudiantes que participaron de la lucha educativa del 2018 determinando el procesamiento de 27 estudiantes bajo el cargo de “usurpación por despojo”.
Este avance en la criminalización de la protesta pretende disciplinar a los luchadores que enfrentamos los planes de ajuste de Macri, el FMI y sus defensores en los órganos de gobierno de la UNC. La justicia burguesa viene demostrando que no escatimará esfuerzos para atacar a quienes luchamos contra las recetas del imperialismo para la región: reforma laboral, previsional, en educación, etc. que todos los gobiernos, incluso las distintas fracciones burguesas que se enfrentaran en las próximas elecciones, vienen aplicando obedientemente.
Pero también el fallo deja en claro a quien defiende esta justicia patronal. La carátula de usurpación por despojo es para defender a todos los pequeños patrones que usufructúan los espacios de la universidad con sus negocios como bares, fotocopiadoras, kioscos, empresas de limpieza, etc, todos con trabajadores precarios. Se hace urgente dar una respuesta a la altura del ataque.
El Estado burgués pondrá todas sus instituciones para atacarnos: debemos responder enérgicamente organizándonos desde nuestras herramientas de lucha como son los Centros de Estudiantes, la FUC y los sindicatos Docente y No-Docente. Debemos exigir a las conducciones la convocatoria urgente a asambleas para preparar una marcha en contra de la persecución política y un plan de lucha para conseguir el desprocesamiento de los compañeros. Sabemos que las conducciones hoy al frente de nuestras organizaciones no han movido un dedo ante el ataque a los compañeros, esto solo demuestra que esas conducciones por acción u omisión son cómplices de la política de persecución, si no están a la altura del ataque deben ser barridas de la dirección. ¡Recuperemos nuestras organizaciones para la lucha!
Las enormes marchas en Brasil en contra del recorte en el presupuesto educativo del 30 %, como así también el contundente paro de los profesores junto a los estudiantes en Chile que enfrentan la política de J“aula segura” y el desfinanciamiento para educación, demuestran que en la región hay una importante predisposición a enfrentar al imperialismo y sus recetas. Se hace urgente que estrechemos lazos los compañeros de distintos países para desarrollar una potente unidad en la lucha antiimperialista.
Desde la COR, Corriente Obrera Revolucionaria, llamamos al conjunto de las corrientes de izquierda a una reunión que nos permita prepararnos para dar esta pelea.
La Resolución 956/18 dictada por el Ministerio de Seguridad no es casual, luego del escenario del G20 donde los principales mandatarios imperialistas intentan rescatar al capitalismo putrefacto y disciplinar a la clase obrera mundial. Exigen a las semicolonias como Argentina aplicar un paquete de reformas que incluya la reforma laboral, previsional, educativa y de salud a escala mundial. Y un salto en la represión contra los trabajadores, tal como votaron en la cumbre de Lima y vienen aplicando en toda Latinoamérica. El cipayo, Mauricio Macri, viene imponiendo esta política de hambre y necesita de las fuerzas represivas para disciplinar con mano dura lo que no pueda contener ni la burocracia sindical ni el PJ ni la Iglesia. Para reprimir, tiene las armas que le vende Trump, Macrón e Israel. La militarización de la frontera norte y la presencia de la gendarmería en los barrios es parte de esta escalada. Y Schiaretti, pese a intentar distanciarse de Macri, es un colaborador más en el plan represivo que garantiza la sumisión de la Argentina al capital imperialista.
La Resolución 956/18 habilita a las fuerzas policiales y de seguridad federales para la utilización de armas de fuego legalizando lo que a diario las madres y familiares de los jóvenes de las barriadas sufren a manos de la policía. En la madrugada del jueves 22 de noviembre la policía bonaerense perpetró una violenta represión contra un grupo de militantes que realizaban una toma de tierras fiscales en La Matanza, con el saldo de varios detenidos y un compañero fusilado, Rodolfo Orellana, miembro de las Organizaciones Libres del Pueblo, integrantes de la CTEP. Con una diferencia de tan solo 48 hs, la policía de Córdoba golpea brutalmente y luego asesina por la espalda a otro militante del EO en CTEP, Marcos Jesús Soria.
Legalizan ahora lo que el Estado burgués, a través del monopolio de las armas, viene practicando hace largo tiempo mediante el “gatillo fácil”. La Resolución dictada por el Ministerio de Patricia Bullrich y publicada en Boletín Oficial establece que: permite a las fuerzas de seguridad disparar sin dar la voz de alto en caso de peligro de fuga o resistencia a la autoridad.
Este intento de darle un marco legal a la persecución, detención, tortura y asesinatos de miles de trabajadores que enfrentan este plan sistemático de hambre y palos nos obliga a la clase obrera de conjunto a organizar la autodefensa y acaudillar a la juventud y al pueblo pobre en el enfrentamiento a la política represiva del Estado burgués.
El aparato represivo es el núcleo del Estado burgués en tanto aparato burocrático-militar y su principal tarea es la defensa de la propiedad privada de los medio de producción. Y es allí, en la producción, donde debemos atacar a la burguesía. La centralidad de la clase obrera es la que puede ofrecer una salida al conjunto de los sectores golpeados por el ajuste, dirigiendo una gran lucha antiimperialista. Los sindicatos cumplen un rol fundamental en este enfrentamiento, una de las principales tareas que tenemos los revolucionarios es recuperarlos de manos de la burocracia sindical para ampliar sus funciones y organizar la autodefensa de nuestra clase. ¡Por la disolución de la policía y todas las fuerzas represivas!
Es imperiosa la necesidad de poner en pie un congreso de delegados de base de todos los sindicatos y centrales, que discuta un programa de salida a la crisis y un plan de lucha con paros, piquetes y toma de fábricas y establecimientos para dar por tierra con los planes del imperialismo para la región. Por un programa transicional, que levante las escalas móviles de horas de trabajo y de salario incorporando a la producción a los desocupados, el control obrero de las ramas de la producción y los servicios y la expropiación de los capitalistas. Para llevar a la acción estas tareas, es necesario poner en pie el Partido Revolucionario, sección nacional de la IV internacional reconstruida.
¡Justicia para Soria, Orellana y todos los compañeros asesinados!
¡Desprocesamiento de los luchadores, libertad a los presos por luchar!
¡Por la disolución de las fuerzas represivas!
¡Abajo el Macrismo! ¡Fuera el FMI!
10/12/2018
Desde la COR, Corriente Obrera Revolucionaria, repudiamos la persecución que está llevando adelante el Estado y sus instituciones con la imputación de 11 compañeros y compañeras y la amenazas de 18 nuevas imputaciones por el supuesto delito de “usurpación”. Luego de una enorme lucha universitaria por el salario y contra el recorte del presupuesto, la respuesta es criminalizar los métodos de lucha como las tomas y a sus protagonistas. Intentan disciplinar y dar lecciones ejemplificadoras al conjunto de activistas que osamos cuestionar su orden y sus planes de ajuste.
Esta ofensiva del gobierno y la justicia, avalada por las autoridades universitarias, merece una enérgica respuesta. Las conducciones sindicales se han limitado a un tibio pronunciamiento por la persecución, mientras que los centros de estudiante se han llamado al silencio y no han movido un dedo para enfrentar el ataque. Esta situación hace patente el escollo que significan estas direcciones de conciliación de clase al frente de nuestras herramientas de lucha. Se hace urgente poner en pie una corriente revolucionaria docente, no-docente, estudiantil con libertad de tendencias que se proponga recuperar estas organizaciones, luchar contra la educación burguesa y unificar la lucha educativa a la pelea de los sindicatos industriales y de los grandes servicios por una salida obrera a la crisis. Desde la COR no escatimaremos esfuerzos en dar esta pelea.
Llamamos a participar activamente de la concentración votada para el día Martes 16/10 a las 8:30 frente a Tribunales Federales, Av. Concepción Arenal 698, en repudio a la criminalizacion de la protesta y para acompañar a los compañeros citados a declarar. Proponemos una gran campaña nacional por el desprocesamiento de los trabajadores y estudiantes en lucha.
¡NO A LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA!
¡ENFRENTEMOS EL AJUSTE DE MACRI, LOS GOBERNADORES Y EL FMI!
MARTES 16/10 A LAS 08:30 PARTICIPEMOS ACTIVAMENTE DE LA CONCENTRACIÓN FRENTE A TRIBUNALES FEDERALES.
COR
Corriente Obrera Revolucionaria
Regional Córdoba
Por Regional Córdoba
El 1º de Agosto en Córdoba marchamos por el pedido de Verdad y Justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
A un año de la represión desatada por la gendarmería nacional a la protesta Mapuche donde se encontraba Santiago y a 9 meses del asesinato de Rafael Nahuel a manos de la prefectura, seguimos denunciando la responsabilidad de las fuerzas represivas del Estado. Hace ya un año que Macri y su ministra Bullrich vienen dando sobradas muestras de lo que están dispuestos a hacer en materia represiva, teniendo en cuenta la situación de crisis económica aguda, reflejo de la crisis internacional que se profundiza, y que deben descargarla sobre la clase obrera y la juventud trabajadora.
Hace escasos días se publicó en el boletín oficial el decreto del Ejecutivo que autoriza la intervención de las FFAA en asuntos internos, siendo parte del proyecto de fortalecimiento del Estado burgués para disciplinar y contener la respuesta de nuestra clase ante el plan de saqueo imperialista acordado con el FMI. Esta política viene dictada ni más ni menos desde EE.UU., que la impulsa para todos los países del continente como hemos visto en Brasil.
Ante este escenario, desde la COR consideramos que para enfrentar al Estado como aparato burocrático militar y derrotar el plan de ataque es importante ser claros con la vanguardia y la juventud trabajadora respecto a la independencia de clase respecto del peronismo, del kirchnerismo y todas las variantes burguesas, porque lo único que hace el peronismo es garantizar gobernabilidad a Macri, aplicar el ajuste en los distritos que gobierna y prometer un 2019.
La clásica salida que pueden ofrecer los partidos burgueses es, obviamente, en el marco de su Estado y sus instituciones. Lo mismo planeta la burocracia sindical de todos los pelajes. Por esto mismo, el contenido de la marcha de los organismos de DDHH afines al kirchnerismo y también al gobierno de la provincia de Córdoba como la Mesa de Trabajo no tuvo nada de progresivo, al reclamar el 26 de Julio pasado “nunca más fuerzas armadas represivas”, un contrasentido que pretenden ocultar el carácter de clase del Estado burgués. Será aceptable para estas corrientes conciliadoras que sea la Gendarmería y demás fuerzas federales las que repriman la protesta social, que despejen los cortes de rutas, que asesinen trabajadores si la crisis se profundiza, pero con el aval del parlamento burgués en un consenso generalizado que diga y autorice quienes deben meter plomo al pueblo trabajador. Una muestra del carácter reaccionario de quienes defienden la democracia burguesa y sus leyes.
Lo lamentable es que la izquierda centrista no planteó en los hechos nada muy diferente. Frente al decreto de Macri, Romina Del Pla del FIT presentó un proyecto de Ley para que el parlamento sea el que defina sobre la cuestión, lo mismo que el arco peronista. Oponiendo la ley del congreso al decreto presidencial, quedaron atrapados una vez más en las instituciones del régimen burgués, como les viene pasando al ver golpes de Estado en cualquier parte (Brasil) ante los reacomodamientos de estas instituciones. Con ello, sientan las bases para justificar los “frentes únicos” con los K y el resto del peronismo aduciendo que el enemigo en común es el macrismo. Una visión alejada del marxismo que termina debilitando a la vanguardia obrera al liquidar la independencia de clase y confiando en una salida dentro de los márgenes de la democracia burguesa.
Los revolucionarios insistimos en que la delimitación de los partidos burgueses es programática y nos prepara para enfrentar a esta ideología conciliadora y denunciar el carácter de clase del Estado. Para algunas corrientes de la izquierda eso es relativo, ya que ante la mencionada convocatoria que realizaba la Mesa de Trabajo el socio del FIT, Izquierda Socialista, y el Nuevo Mas argumentaron que debíamos marchar de la forma menos diferenciada posible de los peronistas ya que veían una oportunidad de “disputar militancia”.
El miércoles pasado sucedió algo similar en la marcha por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Algunos partidos de la izquierda y las organizaciones de la Coordinadora Santiago Maldonado Presente realizaron una gran convocatoria, a la que adherimos, con concentración en Colón y Gral Paz para marchar diferenciados de los organismos oficiales y la idea primera era finalizar la marcha en Gendarmería. Otras corrientes como IS, el MTS y el Nuevo MAS se opusieron en todo momento a una convocatoria diferenciada de la Mesa de Trabajo por los DDHH dirigida por los K.
La marcha fue multitudinaria, con un peso mayor de los sectores identificados con la izquierda. Sin embargo, esta vez el movimiento por el derecho al aborto, identificado con la consigna “que sea ley”, es decir, llevando todo al poroteo de votos en la altamente reaccionaria cámara de senadores del Congreso, fue la piedra de toque para diluir cualquier perspectiva de lucha independiente por justicia y verdad para Santiago y Rafael en un festival musical auspiciado incluso por las alas pro legalización del aborto de la UCR y el PRO, que hace años conviven alegremente junto a la burocracia sindical y las corrientes de la izquierda en la asamblea ni una menos. Debemos insistir en que la lucha de la mujer trabajadora nada tiene que ver con la conciliación pacífica con la burguesía y sus partidos, y mucho menos con sembrar ilusiones en que la barbarie social a que arroja el capitalismo a las masas trabajadores y a sus sectores más oprimidos como las mujeres y la juventud pueda ser si quiera paleada malamente por la intervención reaccionaria del Estado burgués.
Ante la imposibilidad de continuar marchando con la columna independiente hasta la sede de Gendarmería tal como se había acordado, los sectores que habían bregado por no confundir banderas con el kirchnerismo tampoco hicieron un acto u otra acción independiente, suponemos que por su clásica “adaptación al movimiento”. En ese sentido el balance de una gran jornada en las calles quedó trunco, ya que la voz de los trabajadores que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos con nuestros enemigos de clase no logró hacerse oír con claridad.
A un año de la desaparición forzada y posterior asesinato de Santiago Maldonado y a 9 meses del asesinato de Rafael Nahuel seguiremos gritando bien fuerte ¡Verdad y Justicia!