Bolivia lleva años sumida en una profunda crisis social y política que viene desarrollándose con los gobiernos previos, como el último de Luis Arce (MAS-IPSP). A mediados de mayo la situación pegó un salto en su radicalidad. A 6 meses de haber ganado las elecciones, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira (del Partido Demócrata Cristiano) lanzó un paquete de medidas de ajuste pedidas por el FMI. Este paquete de reformas apunta a favorecer la inversión de capitales para la exploración del litio, donde entran en disputa capitales yankis, rusos y chinos. Todo en medio de una profunda crisis estructural debido a la transformación de los mercados energéticos de los últimos años, acelerada por la guerra en Irán, que ha dejado al capitalismo boliviano sin un rol claro en el mercado mundial. Entre las medidas implementadas se impusieron un gasolinazo, privatizaciones, lo que se conoce como la “ley Marinkovic” (de conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad), la desfinanciación a la educación y la salud y un recorte de impuestos para los ricos. El aumento en la inflación y la pérdida de las reservas de gas llevó a que distintas organizaciones de trabajadores, campesinos e indígenas se volcaran a las calles. Los bloqueos y marchas multitudinarias, que buscan el asedio de la ciudad de La Paz, exigen la renuncia del presidente y la caída del plan del FMI.
El gobierno está respondiendo con represión, que ya se cobró la vida de al menos 4 compañeros. Pero a pesar de esto, los luchadores han logrado en varios lugares hacer retroceder a la policía. La debilidad del gobierno de Paz, que ha intentado negociar sectorialmente, le impide frenar una situación que se está tornado prerrevolucionaria. Producto de la crisis política de las mediaciones, como el caso de los grupos que influencia Evo Morales, no logra encontrar quién contenga el desarrollo radicalizado de las masas. Los grandes empresarios y sectores políticos están pidiendo que se dicte el estado de sitio y que intervengan las fuerzas armadas.
Es evidente que la situación general ya pasó el estadio de demandas sectoriales, ya que para conseguir esas demandas habrá que ir a una lucha por el poder, derrotar a este gobierno y destruir al Estado boliviano. No se debe confiar en ninguna variante burguesa o pequeñoburguesa, que son cómplices de la situación de crisis que han sumido a los trabajadores, campesinos e indígenas.
Por eso es muy importante que la COB llame a un Congreso de delegados de base donde participen representantes de todos los bloqueos. Ahí se deben preparar las condiciones de una huelga general insurreccional que plantee la ocupación de las minas, refinerías y destilerías para ponerlas bajo control obrero; preparar la autodefensa para derrotar al ejército y disolver a la policía; organizar las tareas logísticas para garantizar la circulación de mercancías para las poblaciones; tirar abajo a Paz e imponer un gobierno obrero.
Los revolucionarios debemos intervenir en esta situación, no sólo participando de las medidas de acción, sino con el norte de construir un partido revolucionario que sea la memoria histórica del proletariado boliviano. Este proletariado tiene grandes hitos en su historia y hay que darle continuidad programática a las tareas que se supo plantear en el marco de esta época. Es imperioso derrotar al imperialismo y el “Escudo de las Americas” con sus gobiernos títeres, para abrir un proceso revolucionario en la región por una Federación de Repúblicas Socialistas de America.
El gobierno de Milei, como buen perro faldero del imperialismo, envió dos aviones Hércules con supuesta “ayuda humanitaria” para intentar romper el bloqueo que están realizando los luchadores con la huelga general sobre La Paz. Tenemos que rodear de solidaridad esta lucha y discutir en nuestros lugares de trabajo acciones en solidaridad y contra el gobierno de Milei.