El día viernes 17 de mayo, en la Ciudad de Río Cuarto, los compañeros Andrea Ferreyra, delegada de ATE por el Nuevo Hospital San Antonio de Padua, y Carlos Rang, delegado despedido del INAFCI (Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena), además docente de la Universidad de Río Cuarto y miembro del CDP – ATE Córdoba, sufrieron un allanamiento en su domicilio particular a cargo de la policía federal por orden del juez Carlos Ochoa. La justicia no ha aclarado los motivos de su accionar, pero se enmarca en la campaña de denuncia de los compañeros y sus organizaciones de la realización (frustrada) del Pacto de Mayo en nuestra provincia, un día después de un escrache de ATE a la Fundación Mediterránea y en el marco de una campaña orquestada por Milei y su gobierno contra los movimientos sociales para criminalizar a quienes se organizan para enfrentar su plan.

Este repudiable accionar de la justicia burguesa, se explica únicamente como persecución y amedrentamiento a activistas, dirigentes y militantes que vienen enfrentando el feroz ataque del Estado nacional, provincial y municipal, que ya dejó a miles de trabajadores estatales en la calle.
Otro caso intolerable de persecución política tuvo lugar el pasado 13 de mayo con el allanamiento a las organizaciones piqueteras en la provincia de Buenos Aires. A esto debemos sumar las persecuciones a repetición que se dan en nuestra provincia a manos de la justicia adicta al gobierno del peronismo y sus aliados, hoy encabezado por Llaryora y ayer por Schiaretti: 27 estudiantes judicializados por luchar, delegados y trabajadores del Molino Minetti condenados, dirigentes piqueteros elevados a juicio, junto al Secretario General de ATE Giuliani y al delegado Ricardo Barrionuevo del Hospital Tránsito Cáceres, por nombrar los casos más notorios.  

La aceleración de la crisis y el avance de un gobierno cipayo del imperialismo yankee, nos obliga a organizar el enfrentamiento, confiar en nuestras propias fuerzas y ubicarnos como dirección alternativa ante la desorganización de la economía, la crisis política y social que estamos viviendo.

Debe saber el gobierno, la justicia y las patronales que no vamos a dejar pasar este ataque. Es primordial organizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizar el aparato estatal.

Desde la Corriente Obrera Revolucionaria (COR) nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de la compañera Ferreyra y del compañero Rang para impulsar las acciones y medidas que se definan para frenar esta persecución. Basta de ataques a los luchadores obreros y populares. Basta de represión. Por el derecho a huelga. Por un paro provincial, ya!

Mientras Milei festeja una recesión que va camino a una depresión, el índice de inflación de 8,8 % y un superávit fiscal dibujado a base del no pago de deudas y ajuste a los jubilados, los trabajadores sólo vemos el deterioro de nuestros salarios y una tremenda ola de despidos.

En el parlamento se está discutiendo cómo se ordenan las distintas fracciones burguesas, cuál gana y cuál pierde, siempre continuando el ataque a nuestra clase. Nosotros debemos organizarnos, no sólo para rechazar estas leyes anti obreras, sino para ubicarnos como dirección alternativa a este desorden económico, político y social.

Asistimos a un festival de lobistas berretas de semicolonia que intentan mantener sus negocios ante el avance de un gobierno que se alió al imperialismo y el capital financiero para modificar la forma de dominación en nuestros semi Estado y su relación con el imperialismo. Pero estos lobistas no actúan solos, sino que cuentan con la inestimable ayuda de la burocracia sindical para garantizar sus negocios, allí podrán encontrar a las direcciones de los sindicatos petrolero y minero (para nombrar algunos). negociando la explotación de Vaca Muerta y el litio. Otra parte de la burocracia sindical se desespera por vender caro su poder de contención y presión para mantener sus privilegios y su relación con el semi Estado, que le permiten sostener su poder de fuego. En todo este escenario queda claro que ninguna de estas variantes de la burocracia está defendiendo nuestros intereses como clase, sino que están permitiendo que sigan avanzando con el deterioro de nuestros salarios, de nuestras condiciones laborales y con la ola de suspensiones y despidos en todo el país.

Pero la realidad es terca y no vamos a aceptar de forma pasiva el brutal ataque de los gobiernos nacional y provinciales. Así lo demuestran la lucha del Sindicato del neumático SUTNA ante los despidos; la lucha de los metalúrgicos en todo el país, con acciones importantes en Córdoba (por ejemplo, contra los despidos en algunas fábricas como WEG); la lucha generalizada de los trabajadores de Misiones, que salieron a confrontar con su gobierno ante los paupérrimos salarios docentes y de estatales. En esta provincia la policía aprovechó la situación para pedir aumento de sus haberes y cotizar mejor su rol de represores y fuerza auxiliar garante de la seguridad de los intereses capitalistas. Jamás la policía va a ser nuestra aliada, no son trabajadores.  Los trabajadores de Misiones, por sus acciones, tienen la autoridad de llamar a un paro nacional para que triunfen sus demandas y fortalecer todas las luchas que se están dando en el país contra los despidos y el ajuste y por la recomposición de los salarios.

Lo único que tiene claro el gobierno es que tiene llevar adelante el ajuste a los trabajadores a toda costa, por eso inauguró su mandato con el “protocolo antipiquetes” y gasta millones en operativos de represión y amedrentamiento. El pasado 13 de mayo se realizaron violentos allanamientos a organizaciones piqueteras, en un claro acto de persecución política. Asimismo, el 17 de mayo se allanó el domicilio del dirigente de ATE Río Cuarto de Carlos Rang, un día después de que su organización realizara un escrache la Fundación Mediterránea. Tenemos que enfrentar estos ataques con lucha y organización.

El empantanamiento de la aprobación de la “ley bases” en el Senado, la postergación del “pacto de mayo” y la aceleración de la crisis exige preparar los procesos de la lucha de clase para que golpeen en donde más le duele a la burguesía, que es en la producción, y que no sean desviados a la agenda parlamentaria con la idea de reforzar las instituciones del Estado.

Demostramos nuestro potencial en el último paro y vimos cómo la burocracia al otro día ya se preparaba para negociar migajas. Más patético fue el rol del radicalismo después de la masiva marcha educativa, que se montó sobre esa masividad para negociar sus votos en el Senado por unos pesos más para la UBA. Mientras el PJ sigue con sus peleas internas y jugando al desgaste del gobierno para ganar tiempo y rearmarse para las próximas elecciones.

Entramos a un escenario convulsivo con direcciones contrarrevolucionarias, por lo que una de las tareas centrales es recuperar nuestras organizaciones y expulsar a la burocracia de nuestras filas. Impulsemos un congreso de delegados de base con mandato que imponga un paro nacional de 36hs.; por la reincorporación de todos los despedidos; apertura de los libros de las grandes empresas para mostrar la falsedad de la crisis; por la reapertura de las paritarias y un aumento de salario igual a la canasta familiar.  Tenemos que ampliar las funciones de los sindicatos y llevarlos a que cumplan un rol más allá de los límites que les pone la burocracia, es decir, que levanten un programa transicional que prepare las condiciones para la lucha por el poder: ocupación de las fábricas, control obrero de ramas de producción, escala móvil de salarios y horas de trabajo. Estos elementos del programa transicional requieren que no sólo recuperemos los sindicatos, sino que pongamos en pie un partido revolucionario para centralizar las tareas en el camino de una revolución obrera y socialista y un gobierno obrero.

Fuera las fuerzas de seguridad de Pullaro de la planta

    Desde la Corriente Obrera Revolucionaria (COR) nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de los trabajadores y de los delegados sindicales de la planta de SanCor Sunchales, Provincia de Santa Fe, quienes enfrentan por estas horas un claro intento de amedrentamiento por parte del gobierno provincial que apostó a las fuerzas policiales dentro de la planta.
    Repudiamos enérgicamente la militarización de Pullaro, gobernador de la provincia, que a pedido de la patronal lechera impide que los trabajadores ejerzan su derecho a huelga. Mientras tanto, la patronal sigue incumpliendo con el pago de salarios y aportes jubilatorios a sus trabajadores. Militarizan una planta industrial con el fin de impedir la paralización de la producción, método obrero que reivindicamos y defendemos frente a la avanzada patronal.
    SanCor viene de una larga lista de incumplimientos a sus trabajadores y de rescates millonarios por parte del Estado. El último intento fue la fallida puesta en marcha de un fideicomiso.
    Los trabajadores de la industria láctea bajo el sindicato de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) vienen denunciando públicamente que la patronal  ya tercerizó varias unidades de negocios, que existe un intento de vaciar la empresa y una posible “huida” de los directivos de la planta.
    Claramente las fuerzas de seguridad del estado burgués están para garantizar la propiedad privada de los medios de producción y a punta de pistola quieren imponer nuevas condiciones en la relación capital- trabajo a partir de una reforma laboral que garantice a las empresas mano de obra barata y flexible.
    La solidaridad de clase con los trabajadores lecheros no se puede hacer esperar. Hoy el conjunto de los trabajadores sufrimos los embates de las políticas de ajuste de las patronales, del gobierno nacional y los gobernadores para imponer el plan del FMI y las metas del déficit cero. Pero los trabajadores ya dimos sobradas muestras de combatividad a pesar de las direcciones sindicales, el pasado 24 de enero, con un paro nacional aunque sin continuidad. Enfrentamos el protocolo de Bullrich en todo el país. Es momento de preparar las condiciones para derrotar el plan de Milei y el FMI. Es primordial confiar en nuestras propias fuerzas para esto. Tenemos que reorganizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizarle el aparato estatal.

• Por un congreso de delegados con mandato de base, de trabajadores ocupados y  desocupados independientes, que discuta un programa de salida a la crisis.
• Por un plan de lucha y un paro general para derrotar el plan de Milei, los gobernadores y el FMI.
• Basta de represión, desprocesamiento inmediato de todos los luchadores.
• Fuera las fuerzas represivas de SanCor.
• Por el derecho a huelga. Abajo el protocolo antipiquetes.

Durante la movilización en Mendoza contra el tratamiento en el Congreso del paquete de leyes antiobreras del gobierno de Milei, fue detenido el dirigente del Partido Obrero, Víctor da Vila. Acusado de participar junto a miles de trabajadores de la masiva protesta en el marco del paro nacional convocado por las Centrales obreras el pasado 24 y de las acciones contra el DNU y el proyecto de ley ómnibus este 31/1. En el transcurso del día de hoy, fue detenido en la calle Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero de Mendoza, bajo las mismas acusaciones. Así opera la justicia burguesa. El gobierno de Cornejo hace gala del protocolo represivo que aplica Cambia Mendoza y mostrarle a la casta nacional cómo la casta provincial impone orden y disciplinamiento en medio del descalabro social y económico.

Exigimos la inmediata libertad y desprocesamiento de Víctor, Martín y todos los trabajadores por luchar. La CGT y CTA tienen que actuar en consecuencia y convocar a paro general por la libertad de los compañeros, hasta tirar abajo el DNU, la ley ómnibus y los protocolos represivos de Bullrich y los gobernadores.

C.O.R. Corriente Obrera Revolucionaria – Regional Mendoza

La justicia cordobesa, firme aliada del gobierno provincial de Schiaretti-Llaryora, envió ayer un claro mensaje en contra de la clase obrera y los luchadores. En un mismo día, dictó sentencia contra 4 trabajadores del Molino Minetti, 2 de ellos delegados sindicales, que en 2019 habían tomado los techos de la empresa para reclamar por el pago de salarios y contra el lockout patronal. El mismo día, elevó a juicio las imputaciones a 5 dirigentes piqueteros y al secretario general de ATE por un corte en el centro de la ciudad en el marco de una jornada nacional de protesta contra el hambre realizada el 5 de abril de este año. El “cordobesismo” y su justicia se alinean de esta forma a la clara perspectiva de la aceleración del ataque a la clase obrera y el pueblo pobre que traza el empresariado como respuesta a su propia crisis para después del balotaje, sea cual fuere el candidato patronal que resulte ganador. Todo enmarcado en la sumisión al plan del FMI en medio de una situación mundial explosiva, signada por la recesión, la inflación y la guerra en Ucrania y Palestina. La condena a los trabajadores de Minetti y a los dirigentes piqueteros y sindicales se suma a otras tantas persecuciones judiciales, como las que pesan sobre innumerables activistas populares, delegados sindicales y sobre los 27 estudiantes de la UNC. Nos ponemos a disposición de los compañeros molineros Maxi Gómez, Cristian Daniel, Juan Álvares y Dario López, de Soledad Díaz y Emanuel Berardo (PO), de Federico Giuliani (ATE-CTAA), Agustín Nazar (MST), Roxana Carezano (MTR-VL) y Marisa Cariddi (Libres del Sur) para impulsar en común las acciones que consideren necesarias para que caiga el juicio y para que se revierta la condena en el caso de los molineros.

Frente a esta avanzada antiobrera, llamamos a la oposición docente en UEPC, que ganó en las últimas elecciones la delegación capital del sindicato, al SUTNA, a los delegados fabriles, de servicios y estatales que enfrentan a la burocracia sindical cómplice del ajuste que vienen aplicando Massa y Schiaretti, a convocar a una reunión de emergencia para impulsar en conjunto un plenario de delegados con mandato de base e imponer el paro provincial hasta que caigan todas las persecuciones judiciales que pesan sobre los luchadores y dirigentes de las organizaciones de los trabajadores ocupados y desocupados.

Córdoba, 1/11/2023

El pasado miércoles 17 de mayo, en el marco de una jornada de lucha por la reapertura de paritarias y en desconocimiento de lo acordado por la burocracia sindical de los empleados públicos (SEP), los trabajadores de salud agrupados en la coordinadora se movilizaron hasta el ministerio de salud. Fue allí donde el fiscal Guillermo González imputó a Ricardo Barrionuevo, delegado de ATE por el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, y a Andrés Campos, delegado de ATSA del Hospital Misericordia. Según el fiscal, lo previsto en el art 194 del código penal establece “que se constituye en delito el entorpecimiento y el normal funcionamiento del transporte” y es bajo este artículo que se produjeron las imputaciones recientes y las del mes pasado a los dirigentes piqueteros y al Secretario General de ATE Córdoba.

Las garantías de Juan Schiaretti y la justicia burguesa a la aplicación y cumplimiento del acuerdo con el FMI se traduce en represión a la vanguardia obrera, trabajadores ocupados y desocupados que enfrentamos a diario los efectos de una crisis económica mundial sin precedentes. La huelga, el piquete, la toma de planta y de edificios públicos son ni más ni menos que los métodos de nuestra clase para enfrentar los ataques perpetrados por las patronales y el Estado, con la complicidad de la burocracia sindical. Las feroces internas que tienen los dirigentes sindicales son libradas para disputar cargos en las listas del peronismo local y nacional, pero esto burócratas no muestra la misma ferocidad para la defensa nuestra clase, todo lo contrario.

La respuesta de los trabajadores estatales y privados ante semejante ataque debe ser la de convocar en cada lugar de trabajo a asambleas que se pronuncien contra las imputaciones antiobreras y contra la criminalización de la protesta, como parte de un programa de acción para que los capitalistas no descarguen la crisis sobre nuestras espaldas. Debemos imponer el Paro General Activo a las CTAs y la CGT para hacer retroceder el acuerdo con el FMI. Proponemos impulsar reuniones y asambleas para reagrupar a los sectores antiburocráticos de nuestra clase en Córdoba e impulsar en común estas tareas como minorías en los sindicatos.

Desde la COR repudiamos las imputaciones y nos ponemos a disposición de los compañeros Barrionuevo y Campos y sus organizaciones sindicales para llevar adelante las acciones que se definan para responder a este nuevo ataque.

COR
Corriente Obrera Revolucionaria
Regional Córdoba

Desde la COR repudiamos enérgicamente las imputaciones a dirigentes de la Unidad Piquetera (UP) y de ATE y la CTA-A resueltas por la justicia burguesa aliada al gobernador Schiaretti.

El día 5 de abril se llevó a cabo una movilización en Córdoba en el marco del plan de lucha nacional de la UP ante el recorte de planes sociales de la ministra Tolosa Paz. Producto de la crisis y lo acordado con el FMI es que el gobierno nacional y las provincias cierran filas para amedrentar e impedir que los trabajadores ocupados y desocupados salgamos a las calles a enfrentar el ajuste. Es el caso de dos referentes del Polo Obrero Mendoza, Lorena Torres y Martín Rodríguez, quienes fueran detenidos varios días y luego de ser liberados producto de la movilización, quedaron imputados por la justicia local.

Las recientes imputaciones por parte del fiscal De Aragón están caratuladas como “entorpecimiento del transporte” y se apoyan en el Habeas Corpus presentado por el centro vecinal de la ciudad de Córdoba. Esta persecución recae sobre los dirigentes del Polo Obrero, Emanuel Berardo, de Libres del Sur, Marisa Caridi, y de ATE y la CTA-A Córdoba, Federico Giuliani, por participar de la jornada de lucha. Y se esperan más imputaciones sobre otros dirigentes y militantes.

La garantía del cumplimiento del acuerdo de nación con el FMI por parte de Juan Schiaretti consiste en poner a disposición todo el aparato represivo y la justicia burguesa contra la clase obrera y la juventud trabajadora. Además de la colaboración de la burocracia sindical de todos los colores para dejar pasar el plan de las patronales de techo salarial, aumento de los ritmos de trabajo, suspensiones y despidos y jubilaciones de miseria.
La respuesta a semejante ataque no puede ser otro que la organización de asambleas en cada lugar de trabajo que se pronuncien en contra de las imputaciones y exijan a la CGT y las CTAs un paro activo nacional para hacer retroceder las leyes represivas y el descomunal ajuste a nuestra clase.

Desde la COR acompañaremos las acciones que se definan y quedamos a disposición de las organizaciones a las que pertenecen los dirigentes perseguidos.

COR
Regional Córdoba

Desde el martes 14 de marzo permanecen detenidos, se les negó el recurso de Hábeas Corpus y han sido trasladados a cárcel común dos referentes del Polo Obrero Mendoza, Lorena Torres y Martín Rodríguez. La detención se produjo durante una jornada nacional de protesta de las organizaciones piqueteras contra el recorte de planes sociales que viene aplicando la ministra Tolosa Paz, dando curso a los requerimientos de ajuste del FMI acordados con Massa y el gobierno del Frente de Todos.

El caos económico y social que la sucesión de gobiernos de Cambiemos y el FdT vienen profundizando, se expresa en el ajuste brutal en educación y salud, los techos salariales y jubilaciones de miseria, las suspensiones y despidos, y el deterioro generalizado de las más elementales condiciones de vida de la población asalariada. Ese caos no lo generamos las y los trabajadores, pero sí que lo sufrimos, y diferentes sectores salimos a darle pelea, con protestas callejeras y acampes en el caso de los movimientos de trabajadores desocupados, informales y de la economía popular, así como vecinos del AMBA realizan piquetes por la falta de luz o de agua.

La respuesta del gobierno nacional es la profundización del ajuste y la estigmatización de las organizaciones sociales, cierra filas con la burocracia sindical para anclar salarios, y sostiene las ganancias de las grandes patronales con dólares especiales y subsidios. La garantía de la aplicación del acuerdo del FMI con el gobierno de los Fernández en la nación, en Mendoza es Suárez y la coalición Cambia (UCR-PRO) que ya está en campaña electoral con la idea de “reprimo y vuelve Cornejo”. El despliegue descomunal de policías, la intimidación y festival de denuncias y multas contra partidos de izquierda, referentes sindicales, sociales y ambientales, y ahora el envío a la cárcel de dos dirigentes del Polo a días del 24 de marzo, pretende instalar la idea de provincia ordenada y población disciplinada. Pero el caos que generan no puede contenerse con represión.

El pasado viernes, la pretensión del jefe de policía de la provincia de Mendoza y la Justicia burguesa, de forzar a marchar por la vereda y la bicisenda, fue derrotada. La humillación fue de la policía a la que la bandera de arrastre y la columna de miles les pasó por arriba y por los costados. La puesta en escena del aparato represivo y judicial sólo dejó en evidencia que en esta democracia para ricos, que está llegando a 40 años de continuidad, las y los trabajadores todo lo hemos conseguido luchando, con nuestros métodos.

Desde la COR acompañamos las acciones impulsadas para lograr la libertad de los compañeros detenidos. Instamos también a preparar una gran columna independiente este 24 de marzo que movilice por la libertad de Lorena y Martín. Abajo el acuerdo con el FMI, el ajuste y la represión.

Para sacar a Lorena y Martín de la cárcel, para anular las denuncias y procesos judiciales en contra de las y los luchadores, para derrotar el acuerdo con el FMI y su ajuste, hay que sacar a las calles al movimiento obrero organizado. Tenemos que exigirles a la CGT y la CTA que se pronuncien y convoquen a un paro provincial ya. Impulsar asambleas en cada lugar de trabajo que debatan y resuelvan pronunciamientos de base de exigencia a las centrales por la convocatoria a medidas de acción directa. Para pararle la mano a Suárez, tirar las leyes represivas, los techos salariales y el ajuste HAY QUE PARAR Y MOVILIZAR MASIVAMENTE.

(fotografías gentileza de Verónica Torres)

En octubre pasado inició el tratamiento de dos proyectos de ley en la legislatura de la provincia de Córdoba. Uno de ellos contempla multas, arrestos y trabajo comunitario para aquellos que osen manifestarse en las calles, de autoría de Juan Manuel Cid del PJ provincial, Hacemos por Córdoba. El otro, de similar tinte antiobrero, del bloque de la UCR a cargo de Dante Rossi y Verónica Garade Panetta, pretende regular y limitar las marchas a un radio determinado fuera de las calles céntricas. El ingreso de ambos proyectos a comisión de la unicameral cordobesa nos pone en alerta a las organizaciones sindicales, políticas y sociales que a diario debemos enfrentar la criminalización de la protesta.

La provincia de Córdoba es escenario de tensiones en todo el arco político burgués de cara a las elecciones del año próximo. La conocida disputa dentro del PJ entre el schiarettismo y el kirchnerismo nacional, aún no está saldada. El oficialismo provincial viene tapando baches desde la renuncia del Ministro de Salud por los casos de la muerte de los bebés en el Hospital Neonatal. También está sentada en el banquillo de los acusados la ex-cúpula de seguridad por el caso de gatillo fácil que asesino a Valentino Blas Correa en plena cuarentena. Sumado al reciente caso de Oscar González – hasta hace días presidente de la unicameral- quien protagonizó un verdadero crimen vial en la ruta de las Altas Cumbres conduciendo un auto oficial judicializado, con patente melliza, que dejó como saldo el fallecimiento de una docente y dos adolescentes internadas en grave estado; una muestra acabada de lumpenaje, privilegios e impunidad oficial. La causa está cargada de irregularidades y encubrimiento por parte de policías y bomberos del operativo, que dejaron manipular la escena por familiares de González, alterando claramente las pruebas. Nos solidarizamos con los familiares y amigos de las victimas, estaremos presentes en la marcha de repudio y reclamo de justicia el próximo 16 de noviembre.

Mientras oficialismo y oposición burguesa siguen la carrera por las candidaturas tratando de sortear los imprevistos, los trabajadores vivimos con salarios de hambre, con una inflación proyectada que superará los tres dígitos y como si esto fuese poco tenemos despidos, suspensiones y un ataque furibundo a nuestras organizaciones sindicales. El caso del despido sin causa de Facundo Díaz, trabajador de la empresa Neumáticos de Avanzada (NA) es la muestra de una patronal que recurre al disciplinamiento interno mediante la persecución sindical para impedir la elección de delegados sindicales. La reincorporación de Facundo a su puesto de trabajo es tarea del SUTNA y de todos los cuerpos de delgados combativos y activistas que a diario defendemos a nuestros compañeros de los ataques patronales. Los delegados antiburocráticos de Bagley Córdoba, tras hacer retroceder a la empresa de la implementación del trabajo continuo (weekend), reciben un segundo intento de desafuero sindical. También se reiteran los casos de persecución a delegados y activistas en los hospitales provinciales, con traslados y denuncias armadas de maltrato en los hospitales Tránsito Cáceres, Rawson, Misericordia, entre otros. Debemos enfrentar al Estado/patrón y a los empresarios del sector privado con nuestros métodos y organizarnos de forma independiente. Como vemos en Bagley, estos golpes muestran el temor de nuestros enemigos de clase a la potencia de nuestros métodos cuando salimos a luchar. Y nuestra clase lucha: así lo demostraron los paros y marchas masivas de los docentes de UEPC, los paros de ADIUC y la UTA, y actualmente las asambleas y movilizaciones de los hospitales provinciales que el miércoles 16 van al paro general de salud y a una gran movilización.

La burocracia de la CGT Córdoba está tan ocupada en sus peleas intestinas por normalizar la regional y direccionar al movimiento obrero detrás de alguna variante burguesa para el próximo año, que no puede ocuparse seriamente de las restricciones a las movilizaciones que lanzan desde la legislatura. Tímidamente salió Pihén en calidad de dirigente gremial y compañero de Cid en la legislatura, a rechazar esta iniciativa y sumó las firmas de algunos gremios. También el triunvirato interventor impuesto por la CGT nacional compuesto Urbano (UOM), Luján (camioneros) y López (ATSA) se limitó a sacar una tibia declaración sin llamar a ninguna medida de fuerza. A su vez, la burocracia de todos los colores, ensaya el disciplinamiento firmando paritarias a la baja, dejando pasar la intensificación de los ritmos de trabajo, mayor precarización y tercerización laboral, pluriempleo, traslados compulsivos, aumento de las suspensiones y despidos. Todo ello como garantía de adhesión al plan de ajuste de Massa, Cristina y Alberto, a pedido del FMI. Plan de ajuste que en Córdoba garantiza HxC y la tríada opositora UCR-Pro-juecismo y del cual se benefician las grandes patronales imperialistas (automotrices) y “nacionales” (ARCOR como ejemplo).

La Multisectorial del FIT-U

El pasado martes 1 de noviembre, el FIT-U convocó a una reunión para poner en discusión el armado de una multisectorial como respuesta a la presentación de los proyectos de ley del PJ y la UCR. La misma tuvo lugar en el sindicato de Luz y Fuerza (LyF) y estuvimos presentes diferentes sindicatos, organizaciones políticas y sociales. Saludamos la iniciativa. Ahora bien, la presencia de un variopinto auditorio entre los que se encontraban organizaciones abiertamente kirchneristas y sectores de la burocracia sindical, como la dirección de LyF, Cispren, La Mesa de Trabajo por los DDHH, CTA-A, ATE, S.U.V.I.C.O, y los laderos del Frente de Todos (FdT) como el PCR llevaron a que todas las intervenciones giraran en torno a la más amplia unidad contra Schiaretti, intentando obviar las claras responsabilidades del FdT, no solo en el ajuste en regla que aplican desde nación, sino en la política represiva que despliegan en las provincias que gobiernan como Bs. As. con el milico Berni a la cabeza, o con las fuerzas federales en el sur y norte del país. Por no hablar del largo prontuario de represiones, desde las torturas a los petroleros de Las Heras, pasando por la complicidad con los asesinatos de Mariano Ferreyra, la desaparición de Julio López, hasta los desalojos en Guernica y la línea represiva del “quedate en casa” a los tiros. Pero también los convocantes del FIT-U priorizaron, tal como señalan en el documento de convocatoria, el “frente más amplio” para no incomodar a los invitados. También el Nuevo MAS sostiene esta política de “coqueteo permanente” con el kirchnerismo. Solo nuestra organización intervino claramente saludando la iniciativa pero manifestamos la negativa a jugar dentro de la interna del peronismo. Lamentamos que, ante la nutrida presencia de trabajadores y delegados de diferentes ramas y sectores, la idea sea la de poner en pie una multisectorial con carácter policlasista. Nos negamos a llevar a la vanguardia obrera detrás de la conciliación con aquellos burócratas que como ya mencionamos más arriba le firmaron la tregua a Massa, Cristina y Alberto para que seamos los trabajadores y el pueblo pobre los que paguemos las consecuencias de un acuerdo con el FMI. No será con los métodos de la democracia burguesa y sus instituciones como vamos a organizar una respuesta obrera a la altura del ataque. Debemos ser claro, la política de “frentes amplios contra la derecha” liquida la independencia de clase, como han demostrado las últimas experiencias continentales (voto a Lula) y a nivel nacional.

Abajo las leyes antimarchas

Rechacemos este intento de cercenar la movilización de la clase obrera, las organizaciones piqueteras y de otros sectores en lucha. Llamamos este 23 de noviembre a marchar y daremos la pelea política en las próximas reuniones para que la marcha la encabecen los sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados recuperados, los activistas y la juventud trabajadora, con una clara denuncia al ajuste del FMI que aplica el gobierno nacional y a la complicidad de la burocracia sindical. Debemos discutir en cada lugar de trabajo y estudio las medidas para voltear estas leyes y avanzar en una salida obrera a la crisis. Proponemos mocionar en cada asamblea el llamado a un Congreso de delegados de base mandatados de trabajadores ocupados y desocupados que prepare un paro provincial activo, para tirar las leyes represivas, conquistar todas nuestras reivindicaciones y dar por tierra con el ajuste. Es una lucha que debemos extender nacionalmente con el paro general e internacionalmente con la unidad con los trabajadores del todo el continente y a nivel mundial. Los llamados a “defender la democracia” burguesa son una trampa que nos lleva a defender a un bando patronal contra otro, la salida para nuestra clase es luchar por un gobierno obrero.

PARO GENERAL CONTRA LA REPRESIÓN Y LA JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA OBRERA Y POPULAR

Roberto Macho y Adriana Iranzo, junto a otros referentes de ATE fueron detenidos durante una asamblea de trabajadores en el Hospital Notti. No pasaron 24 horas desde el rechazo en paritarias por parte de ATE al ajuste salarial de Suárez y la comunicación por parte de ATE de la profundización del plan de lucha con cortes y paros, que el gobierno ha decidido escalar en su ataque al conjunto de los trabajadores estatales con un mensaje de disciplinamiento.

El gobierno de Cambia Mendoza ha recurrido a la multa y la judicialización de la protesta callejera como instrumento de control de los trabajadores y los sectores sociales en lucha. Dirigentes y activistas de ATE, SUTE, así como de partidos de izquierda, movimientos sociales y de desocupados y la juventud hemos sufrido la represión abierta, la imputación y procesamiento por luchar.

Pero este nuevo ataque se produce en momentos en que el conjunto de los trabajadores estamos en pie de lucha, y venimos de protagonizar jornadas históricas de paro y movilización contra el plan de ajuste. A eso teme el gobierno, por eso recurre a estos mecanismos de represión para descabezar y disciplinar. Las conducciones de todos los sindicatos estatales de Mendoza, así como ATE Nacional, y las CTAs deben llamar inmediatamente a un paro de actividades hasta lograr la liberación de estos compañeros.

La tregua sindical para dejar pasar las condiciones brutales que estableció el acuerdo del gobierno de los Fernández con el FMI es insostenible. Instamos a impulsar en cada repartición y lugar de trabajo, mandatos de repudio a la represión y detención de los compañeros, de exigencia de acciones concretas para lograr su inmediata liberación y desprocesamiento. Impongamos un PARO GENERAL HASTA DERROTAR EL PLAN DE AJUSTE, MISERIA Y REPRESIÓN CON EL QUE PRETENDEN CUMPLIR CON EL FMI.

Corriente Obrera Revolucionaria