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Un nuevo acuerdo para reprimir y criminalizar las luchas de los trabajadores y el pueblo

Jueves, 05 Diciembre 2019 19:13
 

El acuerdo por la paz, el orden público, y una nueva constitución, que significó un gran gesto de unidad nacional para salvar al gobierno de Piñera, dio un salto el miércoles 04 de diciembre con la votación por el parlamento y el senado de la llamada “ley antisaqueos”.

Esta ley contempla reclusión de hasta 5 años a trabajadores por “paralizar o interrumpir un servicio público… de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones”, este proyecto fue aprobado por prácticamente la totalidad del parlamento y el senado. También persigue a los que luchan penalizando a quienes lancen “elementos contundentes” o que realicen barricadas o que ocupen “bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola…públicos o privados”. Toda una defensa de la propiedad privada capitalista y de las fuerzas represivas a su servicio.

La abstención del PC indicando que ellos sólo aprueban la penalización contra los saqueos, demuestra que están a favor de criminalizar la pobreza defendiendo la propiedad y acaparamiento de verdaderos saqueadores del pueblo, defendiendo a las grandes cadenas de supermercado como WallMart o Cencosud.

Además de esta ley se encuentra en trámite y con amplia adhesión de los partidos burgueses y pequeñoburgueses una reforma constitucional que implementará una especie de “Estado de Emergencia de grado menor” para colocar militares en la llamada “infraestructura crítica”, puertos, aeropuertos, hospitales, centros de abastecimiento de agua y luz, con el objetivo de una nueva intervención de las fuerzas armadas, esta vez contra algunos de los sectores obreros que han salido a luchar con más decisión como los trabajadores de la salud y los portuarios.

Con la vieja política del garrote y la zanahoria, estas medidas son presentadas por el ministro Blumel como la precondición para la puesta en marcha de la “agenda social”, basada en repartir algunas migajas tales como el incremento de la pensión básica solidaria en niveles de muy miserable a bastante miserable (a 165 mil pesos, U$200).

La profundización de la crisis económica, donde hoy hablan una “recesión técnica” (algo así como solucionable en el corto plazo según sus pronósticos de ajuste), ya han dejado más de 76 mil despidos desde octubre a esta parte. Una prueba más de que la burguesía revanchista descargará sin piedad los costos de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora. Para aminorar los despidos el gobierno propone que las empresas en crisis eviten despidos disminuyendo jornadas laborales y salarios compensando parcialmente las pérdidas con los fondos acumulados por propios de los trabajadores en el seguro de cesantía, una verdadera ganga.

También discuten un ingreso mínimo de 300 mil pesos (U$ 360) consistente en un subsidio estatal para las empresas que paguen menos de esa suma, cuya discusión en el parlamento pasa por si va dirigido a todas las empresas y sólo a las pymes.  En rigor un verdadero incentivo para que los capitalistas reemplacen mano de obra barata por más barata, o aumenten el volumen de trabajadores subcontratados según las fórmulas de quienes defienden a los pequeños explotadores.

Luego del gran acuerdo por el orden público y la nueva constitución las luchas y movilizaciones disminuyeron su masividad, aunque no su contundencia. Las energías de amplias masas se disipan si no encuentran las vías organizativas y las perspectivas adecuadas para dar salida a la crisis, junto con el accionar de los lúmpenes organizados (carabineros) y no organizados (desclasados) que constituyen las arenas movedizas del caos sin organización y dirección. Las direcciones burocráticas de la mesa de unidad social, si bien se colocaron en la vereda crítica del acuerdo, intentaron impulsar paros de presión para sentarse a negociar exigiendo cambios al acuerdo constituyente y al mismo tiempo servir la mesa de negociación del sector público, sin denunciar la ofensiva de despidos y represión en curso buscando un modesto reajuste dado el marco de la crisis.

Es necesario indicar que un cambio a la constitución impulsado principalmente por aquellos que desean establecer un modelo de “redistribución de la riqueza” en la misma no resolverá los grandes problemas planteados por las luchas de los trabajadores y la juventud. El intento de refundar al semiestado chileno, atado por mil lazos a la dominación del imperialismo, como lo expresó el secretario de estado norteamericano Mike Pompeo ofreciendo ayuda para impedir que “protestas se conviertan en revueltas” en su “patio trasero”, es una perspectiva de corto aliento para edulcorar la democracia para ricos. No sólo porque no es un proceso estrictamente nacional, como lo demuestra la resistencia obrera y campesina contra la ofensiva reaccionaria en Bolivia o en Colombia con su tercer paro nacional, sino porque no existe viabilidad histórica para un nuevo tipo de Estado burgués.

Es vital que los trabajadores organizados en los grandes medios de producción intervengan en esta crisis para aportar una salida. Es necesario que los luchadores y la juventud vuelquen toda su energía para impulsar los métodos de acción y organización junto a los sectores obreros. Se debe establecer el control obrero junto a comités de abastecimiento en las grandes cadenas de supermercado; es necesario levantar comités de autodefensa ante cada lucha obrera incorporando a los juventud de la primera línea; se debe levantar un programa para incorporar masivamente a los desocupados a la producción ligándolos a los sindicatos, recuperándolos para la lucha de manos de la burocracia, imponiendo escalas móvil de salarios y horas de trabajo partiendo de un salario base igual al costo de la canasta familiar, los trabajadores retirados no deben tener pensiones inferiores al costo de una canasta de adulto; luchar por el pase a planta de los subcontratados como se conquistó recientemente en la USACH luego de años de lucha junto a los estudiantes; además de luchar por el derecho a la salud, la educación, la vivienda. Es prioritario que impulsemos un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora, que recupere los sindicatos, y vote un programa y un plan de lucha para enfrentar la política de miseria social y reacción en toda línea del gobierno, los partidos de oposición y el conjunto de las instituciones de la democracia para ricos.

Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros y populares

Comités de autodefensa para enfrentar la represión

Juicio y castigo a los represores, asesinos, violadores y torturadores

Por el control obrero de los de los grandes medios de producción

Impulsemos un Congresos de Delegados de Base para poner en pie una salida obrera a la crisis.

Abajo Piñera

Por un Gobierno Obrero

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  • Repudiamos los nuevos allanamientos contra ATE en Río Cuarto

    En horas del mediodía de este martes 28 de mayo, la policía de Córdoba bajo órdenes del fiscal de Aragón allanó la sede de la seccional Río Cuarto de ATE y el domicilio del Secretario General del sindicato a nivel provincial, Federico Giuliani. Esto, luego de haber allanado el domicilio de los militantes de ATE Andrea Ferreyra y Carlos Rang la semana pasada en la misma ciudad. Y días después del despliegue represivo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad contra la movilización para repudiar la presencia de Milei en la ciudad de Córdoba el 25 de Mayo, en el marco de la cuál se registraron 14 herido y fueron detenidas e imputadas las docentes Nora Reynoso y Huayra Luciana Morón. La Córdoba burguesa, que el 25 de Mayo celebró el pacto patronal entre Llaryora y Milei y la orientación abiertamente antiobrera de sus gobiernos, cuenta en la justicia cordobesa y la policía provincial con espadas que vienen utilizando para amedrentar a los luchadores, reprimir las luchas por salarios y contra los despidos y garantizar el plan de ataque dictado por el FMI.
    El allanamiento de un local sindical es un hecho que escala el nivel de persecución contra nuestra clase, no lo podemos dejar pasar. El conjunto de las organizaciones obreras deben responder enérgicamente, no sólo pronunciándose en contra sino formulando un plan de lucha y un paro provincial para tirar abajo este plan nefasto que quieren imponer con represión. Es primordial organizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizar el aparato estatal. Impulsemos asambleas y un congreso de delegados de base con mandato para votar un programa obrero de salida a la crisis y organizar el paro provincial.

    ¡Fuera las manos del Estado y su justicia de nuestros sindicatos!

    Desprocesamiento y/o absolución de los luchadores obreros y populares.

    ¡Paro provincial, ya!

    COR - Regional Córdoba

  • Solidaridad con los compañeros de ATE Río Cuarto Andrea Ferreyra y Carlos Rang

    El día viernes 17 de mayo, en la Ciudad de Río Cuarto, los compañeros Andrea Ferreyra, delegada de ATE por el Nuevo Hospital San Antonio de Padua, y Carlos Rang, delegado despedido del INAFCI (Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena), además docente de la Universidad de Río Cuarto y miembro del CDP – ATE Córdoba, sufrieron un allanamiento en su domicilio particular a cargo de la policía federal por orden del juez Carlos Ochoa. La justicia no ha aclarado los motivos de su accionar, pero se enmarca en la campaña de denuncia de los compañeros y sus organizaciones de la realización (frustrada) del Pacto de Mayo en nuestra provincia, un día después de un escrache de ATE a la Fundación Mediterránea y en el marco de una campaña orquestada por Milei y su gobierno contra los movimientos sociales para criminalizar a quienes se organizan para enfrentar su plan.

    Este repudiable accionar de la justicia burguesa, se explica únicamente como persecución y amedrentamiento a activistas, dirigentes y militantes que vienen enfrentando el feroz ataque del Estado nacional, provincial y municipal, que ya dejó a miles de trabajadores estatales en la calle.
    Otro caso intolerable de persecución política tuvo lugar el pasado 13 de mayo con el allanamiento a las organizaciones piqueteras en la provincia de Buenos Aires. A esto debemos sumar las persecuciones a repetición que se dan en nuestra provincia a manos de la justicia adicta al gobierno del peronismo y sus aliados, hoy encabezado por Llaryora y ayer por Schiaretti: 27 estudiantes judicializados por luchar, delegados y trabajadores del Molino Minetti condenados, dirigentes piqueteros elevados a juicio, junto al Secretario General de ATE Giuliani y al delegado Ricardo Barrionuevo del Hospital Tránsito Cáceres, por nombrar los casos más notorios.  

    La aceleración de la crisis y el avance de un gobierno cipayo del imperialismo yankee, nos obliga a organizar el enfrentamiento, confiar en nuestras propias fuerzas y ubicarnos como dirección alternativa ante la desorganización de la economía, la crisis política y social que estamos viviendo.

    Debe saber el gobierno, la justicia y las patronales que no vamos a dejar pasar este ataque. Es primordial organizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizar el aparato estatal.

    Desde la Corriente Obrera Revolucionaria (COR) nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de la compañera Ferreyra y del compañero Rang para impulsar las acciones y medidas que se definan para frenar esta persecución. Basta de ataques a los luchadores obreros y populares. Basta de represión. Por el derecho a huelga. Por un paro provincial, ya!

  • La resistencia avanza, los pactos tambalean

    Mientras Milei festeja una recesión que va camino a una depresión, el índice de inflación de 8,8 % y un superávit fiscal dibujado a base del no pago de deudas y ajuste a los jubilados, los trabajadores sólo vemos el deterioro de nuestros salarios y una tremenda ola de despidos.

    En el parlamento se está discutiendo cómo se ordenan las distintas fracciones burguesas, cuál gana y cuál pierde, siempre continuando el ataque a nuestra clase. Nosotros debemos organizarnos, no sólo para rechazar estas leyes anti obreras, sino para ubicarnos como dirección alternativa a este desorden económico, político y social.

    Asistimos a un festival de lobistas berretas de semicolonia que intentan mantener sus negocios ante el avance de un gobierno que se alió al imperialismo y el capital financiero para modificar la forma de dominación en nuestros semi Estado y su relación con el imperialismo. Pero estos lobistas no actúan solos, sino que cuentan con la inestimable ayuda de la burocracia sindical para garantizar sus negocios, allí podrán encontrar a las direcciones de los sindicatos petrolero y minero (para nombrar algunos). negociando la explotación de Vaca Muerta y el litio. Otra parte de la burocracia sindical se desespera por vender caro su poder de contención y presión para mantener sus privilegios y su relación con el semi Estado, que le permiten sostener su poder de fuego. En todo este escenario queda claro que ninguna de estas variantes de la burocracia está defendiendo nuestros intereses como clase, sino que están permitiendo que sigan avanzando con el deterioro de nuestros salarios, de nuestras condiciones laborales y con la ola de suspensiones y despidos en todo el país.

    Pero la realidad es terca y no vamos a aceptar de forma pasiva el brutal ataque de los gobiernos nacional y provinciales. Así lo demuestran la lucha del Sindicato del neumático SUTNA ante los despidos; la lucha de los metalúrgicos en todo el país, con acciones importantes en Córdoba (por ejemplo, contra los despidos en algunas fábricas como WEG); la lucha generalizada de los trabajadores de Misiones, que salieron a confrontar con su gobierno ante los paupérrimos salarios docentes y de estatales. En esta provincia la policía aprovechó la situación para pedir aumento de sus haberes y cotizar mejor su rol de represores y fuerza auxiliar garante de la seguridad de los intereses capitalistas. Jamás la policía va a ser nuestra aliada, no son trabajadores.  Los trabajadores de Misiones, por sus acciones, tienen la autoridad de llamar a un paro nacional para que triunfen sus demandas y fortalecer todas las luchas que se están dando en el país contra los despidos y el ajuste y por la recomposición de los salarios.

    Lo único que tiene claro el gobierno es que tiene llevar adelante el ajuste a los trabajadores a toda costa, por eso inauguró su mandato con el “protocolo antipiquetes” y gasta millones en operativos de represión y amedrentamiento. El pasado 13 de mayo se realizaron violentos allanamientos a organizaciones piqueteras, en un claro acto de persecución política. Asimismo, el 17 de mayo se allanó el domicilio del dirigente de ATE Río Cuarto de Carlos Rang, un día después de que su organización realizara un escrache la Fundación Mediterránea. Tenemos que enfrentar estos ataques con lucha y organización.

    El empantanamiento de la aprobación de la “ley bases” en el Senado, la postergación del “pacto de mayo” y la aceleración de la crisis exige preparar los procesos de la lucha de clase para que golpeen en donde más le duele a la burguesía, que es en la producción, y que no sean desviados a la agenda parlamentaria con la idea de reforzar las instituciones del Estado.

    Demostramos nuestro potencial en el último paro y vimos cómo la burocracia al otro día ya se preparaba para negociar migajas. Más patético fue el rol del radicalismo después de la masiva marcha educativa, que se montó sobre esa masividad para negociar sus votos en el Senado por unos pesos más para la UBA. Mientras el PJ sigue con sus peleas internas y jugando al desgaste del gobierno para ganar tiempo y rearmarse para las próximas elecciones.

    Entramos a un escenario convulsivo con direcciones contrarrevolucionarias, por lo que una de las tareas centrales es recuperar nuestras organizaciones y expulsar a la burocracia de nuestras filas. Impulsemos un congreso de delegados de base con mandato que imponga un paro nacional de 36hs.; por la reincorporación de todos los despedidos; apertura de los libros de las grandes empresas para mostrar la falsedad de la crisis; por la reapertura de las paritarias y un aumento de salario igual a la canasta familiar.  Tenemos que ampliar las funciones de los sindicatos y llevarlos a que cumplan un rol más allá de los límites que les pone la burocracia, es decir, que levanten un programa transicional que prepare las condiciones para la lucha por el poder: ocupación de las fábricas, control obrero de ramas de producción, escala móvil de salarios y horas de trabajo. Estos elementos del programa transicional requieren que no sólo recuperemos los sindicatos, sino que pongamos en pie un partido revolucionario para centralizar las tareas en el camino de una revolución obrera y socialista y un gobierno obrero.

     

  • Solidaridad con los trabajadores de SanCor

    Fuera las fuerzas de seguridad de Pullaro de la planta

        Desde la Corriente Obrera Revolucionaria (COR) nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de los trabajadores y de los delegados sindicales de la planta de SanCor Sunchales, Provincia de Santa Fe, quienes enfrentan por estas horas un claro intento de amedrentamiento por parte del gobierno provincial que apostó a las fuerzas policiales dentro de la planta.
        Repudiamos enérgicamente la militarización de Pullaro, gobernador de la provincia, que a pedido de la patronal lechera impide que los trabajadores ejerzan su derecho a huelga. Mientras tanto, la patronal sigue incumpliendo con el pago de salarios y aportes jubilatorios a sus trabajadores. Militarizan una planta industrial con el fin de impedir la paralización de la producción, método obrero que reivindicamos y defendemos frente a la avanzada patronal.
        SanCor viene de una larga lista de incumplimientos a sus trabajadores y de rescates millonarios por parte del Estado. El último intento fue la fallida puesta en marcha de un fideicomiso.
        Los trabajadores de la industria láctea bajo el sindicato de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) vienen denunciando públicamente que la patronal  ya tercerizó varias unidades de negocios, que existe un intento de vaciar la empresa y una posible “huida” de los directivos de la planta.
        Claramente las fuerzas de seguridad del estado burgués están para garantizar la propiedad privada de los medios de producción y a punta de pistola quieren imponer nuevas condiciones en la relación capital- trabajo a partir de una reforma laboral que garantice a las empresas mano de obra barata y flexible.
        La solidaridad de clase con los trabajadores lecheros no se puede hacer esperar. Hoy el conjunto de los trabajadores sufrimos los embates de las políticas de ajuste de las patronales, del gobierno nacional y los gobernadores para imponer el plan del FMI y las metas del déficit cero. Pero los trabajadores ya dimos sobradas muestras de combatividad a pesar de las direcciones sindicales, el pasado 24 de enero, con un paro nacional aunque sin continuidad. Enfrentamos el protocolo de Bullrich en todo el país. Es momento de preparar las condiciones para derrotar el plan de Milei y el FMI. Es primordial confiar en nuestras propias fuerzas para esto. Tenemos que reorganizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizarle el aparato estatal.

    • Por un congreso de delegados con mandato de base, de trabajadores ocupados y  desocupados independientes, que discuta un programa de salida a la crisis.
    • Por un plan de lucha y un paro general para derrotar el plan de Milei, los gobernadores y el FMI.
    • Basta de represión, desprocesamiento inmediato de todos los luchadores.
    • Fuera las fuerzas represivas de SanCor.
    • Por el derecho a huelga. Abajo el protocolo antipiquetes.
  • Libertad ya a Víctor da Vila y Martín Rodríguez

    Durante la movilización en Mendoza contra el tratamiento en el Congreso del paquete de leyes antiobreras del gobierno de Milei, fue detenido el dirigente del Partido Obrero, Víctor da Vila. Acusado de participar junto a miles de trabajadores de la masiva protesta en el marco del paro nacional convocado por las Centrales obreras el pasado 24 y de las acciones contra el DNU y el proyecto de ley ómnibus este 31/1. En el transcurso del día de hoy, fue detenido en la calle Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero de Mendoza, bajo las mismas acusaciones. Así opera la justicia burguesa. El gobierno de Cornejo hace gala del protocolo represivo que aplica Cambia Mendoza y mostrarle a la casta nacional cómo la casta provincial impone orden y disciplinamiento en medio del descalabro social y económico.

    Exigimos la inmediata libertad y desprocesamiento de Víctor, Martín y todos los trabajadores por luchar. La CGT y CTA tienen que actuar en consecuencia y convocar a paro general por la libertad de los compañeros, hasta tirar abajo el DNU, la ley ómnibus y los protocolos represivos de Bullrich y los gobernadores.

    C.O.R. Corriente Obrera Revolucionaria – Regional Mendoza

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