En octubre pasado inició el tratamiento de dos proyectos de ley en la legislatura de la provincia de Córdoba. Uno de ellos contempla multas, arrestos y trabajo comunitario para aquellos que osen manifestarse en las calles, de autoría de Juan Manuel Cid del PJ provincial, Hacemos por Córdoba. El otro, de similar tinte antiobrero, del bloque de la UCR a cargo de Dante Rossi y Verónica Garade Panetta, pretende regular y limitar las marchas a un radio determinado fuera de las calles céntricas. El ingreso de ambos proyectos a comisión de la unicameral cordobesa nos pone en alerta a las organizaciones sindicales, políticas y sociales que a diario debemos enfrentar la criminalización de la protesta.
La provincia de Córdoba es escenario de tensiones en todo el arco político burgués de cara a las elecciones del año próximo. La conocida disputa dentro del PJ entre el schiarettismo y el kirchnerismo nacional, aún no está saldada. El oficialismo provincial viene tapando baches desde la renuncia del Ministro de Salud por los casos de la muerte de los bebés en el Hospital Neonatal. También está sentada en el banquillo de los acusados la ex-cúpula de seguridad por el caso de gatillo fácil que asesino a Valentino Blas Correa en plena cuarentena. Sumado al reciente caso de Oscar González – hasta hace días presidente de la unicameral- quien protagonizó un verdadero crimen vial en la ruta de las Altas Cumbres conduciendo un auto oficial judicializado, con patente melliza, que dejó como saldo el fallecimiento de una docente y dos adolescentes internadas en grave estado; una muestra acabada de lumpenaje, privilegios e impunidad oficial. La causa está cargada de irregularidades y encubrimiento por parte de policías y bomberos del operativo, que dejaron manipular la escena por familiares de González, alterando claramente las pruebas. Nos solidarizamos con los familiares y amigos de las victimas, estaremos presentes en la marcha de repudio y reclamo de justicia el próximo 16 de noviembre.
Mientras oficialismo y oposición burguesa siguen la carrera por las candidaturas tratando de sortear los imprevistos, los trabajadores vivimos con salarios de hambre, con una inflación proyectada que superará los tres dígitos y como si esto fuese poco tenemos despidos, suspensiones y un ataque furibundo a nuestras organizaciones sindicales. El caso del despido sin causa de Facundo Díaz, trabajador de la empresa Neumáticos de Avanzada (NA) es la muestra de una patronal que recurre al disciplinamiento interno mediante la persecución sindical para impedir la elección de delegados sindicales. La reincorporación de Facundo a su puesto de trabajo es tarea del SUTNA y de todos los cuerpos de delgados combativos y activistas que a diario defendemos a nuestros compañeros de los ataques patronales. Los delegados antiburocráticos de Bagley Córdoba, tras hacer retroceder a la empresa de la implementación del trabajo continuo (weekend), reciben un segundo intento de desafuero sindical. También se reiteran los casos de persecución a delegados y activistas en los hospitales provinciales, con traslados y denuncias armadas de maltrato en los hospitales Tránsito Cáceres, Rawson, Misericordia, entre otros. Debemos enfrentar al Estado/patrón y a los empresarios del sector privado con nuestros métodos y organizarnos de forma independiente. Como vemos en Bagley, estos golpes muestran el temor de nuestros enemigos de clase a la potencia de nuestros métodos cuando salimos a luchar. Y nuestra clase lucha: así lo demostraron los paros y marchas masivas de los docentes de UEPC, los paros de ADIUC y la UTA, y actualmente las asambleas y movilizaciones de los hospitales provinciales que el miércoles 16 van al paro general de salud y a una gran movilización.
La burocracia de la CGT Córdoba está tan ocupada en sus peleas intestinas por normalizar la regional y direccionar al movimiento obrero detrás de alguna variante burguesa para el próximo año, que no puede ocuparse seriamente de las restricciones a las movilizaciones que lanzan desde la legislatura. Tímidamente salió Pihén en calidad de dirigente gremial y compañero de Cid en la legislatura, a rechazar esta iniciativa y sumó las firmas de algunos gremios. También el triunvirato interventor impuesto por la CGT nacional compuesto Urbano (UOM), Luján (camioneros) y López (ATSA) se limitó a sacar una tibia declaración sin llamar a ninguna medida de fuerza. A su vez, la burocracia de todos los colores, ensaya el disciplinamiento firmando paritarias a la baja, dejando pasar la intensificación de los ritmos de trabajo, mayor precarización y tercerización laboral, pluriempleo, traslados compulsivos, aumento de las suspensiones y despidos. Todo ello como garantía de adhesión al plan de ajuste de Massa, Cristina y Alberto, a pedido del FMI. Plan de ajuste que en Córdoba garantiza HxC y la tríada opositora UCR-Pro-juecismo y del cual se benefician las grandes patronales imperialistas (automotrices) y “nacionales” (ARCOR como ejemplo).
El pasado martes 1 de noviembre, el FIT-U convocó a una reunión para poner en discusión el armado de una multisectorial como respuesta a la presentación de los proyectos de ley del PJ y la UCR. La misma tuvo lugar en el sindicato de Luz y Fuerza (LyF) y estuvimos presentes diferentes sindicatos, organizaciones políticas y sociales. Saludamos la iniciativa. Ahora bien, la presencia de un variopinto auditorio entre los que se encontraban organizaciones abiertamente kirchneristas y sectores de la burocracia sindical, como la dirección de LyF, Cispren, La Mesa de Trabajo por los DDHH, CTA-A, ATE, S.U.V.I.C.O, y los laderos del Frente de Todos (FdT) como el PCR llevaron a que todas las intervenciones giraran en torno a la más amplia unidad contra Schiaretti, intentando obviar las claras responsabilidades del FdT, no solo en el ajuste en regla que aplican desde nación, sino en la política represiva que despliegan en las provincias que gobiernan como Bs. As. con el milico Berni a la cabeza, o con las fuerzas federales en el sur y norte del país. Por no hablar del largo prontuario de represiones, desde las torturas a los petroleros de Las Heras, pasando por la complicidad con los asesinatos de Mariano Ferreyra, la desaparición de Julio López, hasta los desalojos en Guernica y la línea represiva del “quedate en casa” a los tiros. Pero también los convocantes del FIT-U priorizaron, tal como señalan en el documento de convocatoria, el “frente más amplio” para no incomodar a los invitados. También el Nuevo MAS sostiene esta política de “coqueteo permanente” con el kirchnerismo. Solo nuestra organización intervino claramente saludando la iniciativa pero manifestamos la negativa a jugar dentro de la interna del peronismo. Lamentamos que, ante la nutrida presencia de trabajadores y delegados de diferentes ramas y sectores, la idea sea la de poner en pie una multisectorial con carácter policlasista. Nos negamos a llevar a la vanguardia obrera detrás de la conciliación con aquellos burócratas que como ya mencionamos más arriba le firmaron la tregua a Massa, Cristina y Alberto para que seamos los trabajadores y el pueblo pobre los que paguemos las consecuencias de un acuerdo con el FMI. No será con los métodos de la democracia burguesa y sus instituciones como vamos a organizar una respuesta obrera a la altura del ataque. Debemos ser claro, la política de “frentes amplios contra la derecha” liquida la independencia de clase, como han demostrado las últimas experiencias continentales (voto a Lula) y a nivel nacional.
Rechacemos este intento de cercenar la movilización de la clase obrera, las organizaciones piqueteras y de otros sectores en lucha. Llamamos este 23 de noviembre a marchar y daremos la pelea política en las próximas reuniones para que la marcha la encabecen los sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados recuperados, los activistas y la juventud trabajadora, con una clara denuncia al ajuste del FMI que aplica el gobierno nacional y a la complicidad de la burocracia sindical. Debemos discutir en cada lugar de trabajo y estudio las medidas para voltear estas leyes y avanzar en una salida obrera a la crisis. Proponemos mocionar en cada asamblea el llamado a un Congreso de delegados de base mandatados de trabajadores ocupados y desocupados que prepare un paro provincial activo, para tirar las leyes represivas, conquistar todas nuestras reivindicaciones y dar por tierra con el ajuste. Es una lucha que debemos extender nacionalmente con el paro general e internacionalmente con la unidad con los trabajadores del todo el continente y a nivel mundial. Los llamados a “defender la democracia” burguesa son una trampa que nos lleva a defender a un bando patronal contra otro, la salida para nuestra clase es luchar por un gobierno obrero.