La justicia cordobesa, firme aliada del gobierno provincial de Schiaretti-Llaryora, envió ayer un claro mensaje en contra de la clase obrera y los luchadores. En un mismo día, dictó sentencia contra 4 trabajadores del Molino Minetti, 2 de ellos delegados sindicales, que en 2019 habían tomado los techos de la empresa para reclamar por el pago de salarios y contra el lockout patronal. El mismo día, elevó a juicio las imputaciones a 5 dirigentes piqueteros y al secretario general de ATE por un corte en el centro de la ciudad en el marco de una jornada nacional de protesta contra el hambre realizada el 5 de abril de este año. El “cordobesismo” y su justicia se alinean de esta forma a la clara perspectiva de la aceleración del ataque a la clase obrera y el pueblo pobre que traza el empresariado como respuesta a su propia crisis para después del balotaje, sea cual fuere el candidato patronal que resulte ganador. Todo enmarcado en la sumisión al plan del FMI en medio de una situación mundial explosiva, signada por la recesión, la inflación y la guerra en Ucrania y Palestina. La condena a los trabajadores de Minetti y a los dirigentes piqueteros y sindicales se suma a otras tantas persecuciones judiciales, como las que pesan sobre innumerables activistas populares, delegados sindicales y sobre los 27 estudiantes de la UNC. Nos ponemos a disposición de los compañeros molineros Maxi Gómez, Cristian Daniel, Juan Álvares y Dario López, de Soledad Díaz y Emanuel Berardo (PO), de Federico Giuliani (ATE-CTAA), Agustín Nazar (MST), Roxana Carezano (MTR-VL) y Marisa Cariddi (Libres del Sur) para impulsar en común las acciones que consideren necesarias para que caiga el juicio y para que se revierta la condena en el caso de los molineros.

Frente a esta avanzada antiobrera, llamamos a la oposición docente en UEPC, que ganó en las últimas elecciones la delegación capital del sindicato, al SUTNA, a los delegados fabriles, de servicios y estatales que enfrentan a la burocracia sindical cómplice del ajuste que vienen aplicando Massa y Schiaretti, a convocar a una reunión de emergencia para impulsar en conjunto un plenario de delegados con mandato de base e imponer el paro provincial hasta que caigan todas las persecuciones judiciales que pesan sobre los luchadores y dirigentes de las organizaciones de los trabajadores ocupados y desocupados.

Córdoba, 1/11/2023

Desde la COR repudiamos enérgicamente las imputaciones a dirigentes de la Unidad Piquetera (UP) y de ATE y la CTA-A resueltas por la justicia burguesa aliada al gobernador Schiaretti.

El día 5 de abril se llevó a cabo una movilización en Córdoba en el marco del plan de lucha nacional de la UP ante el recorte de planes sociales de la ministra Tolosa Paz. Producto de la crisis y lo acordado con el FMI es que el gobierno nacional y las provincias cierran filas para amedrentar e impedir que los trabajadores ocupados y desocupados salgamos a las calles a enfrentar el ajuste. Es el caso de dos referentes del Polo Obrero Mendoza, Lorena Torres y Martín Rodríguez, quienes fueran detenidos varios días y luego de ser liberados producto de la movilización, quedaron imputados por la justicia local.

Las recientes imputaciones por parte del fiscal De Aragón están caratuladas como “entorpecimiento del transporte” y se apoyan en el Habeas Corpus presentado por el centro vecinal de la ciudad de Córdoba. Esta persecución recae sobre los dirigentes del Polo Obrero, Emanuel Berardo, de Libres del Sur, Marisa Caridi, y de ATE y la CTA-A Córdoba, Federico Giuliani, por participar de la jornada de lucha. Y se esperan más imputaciones sobre otros dirigentes y militantes.

La garantía del cumplimiento del acuerdo de nación con el FMI por parte de Juan Schiaretti consiste en poner a disposición todo el aparato represivo y la justicia burguesa contra la clase obrera y la juventud trabajadora. Además de la colaboración de la burocracia sindical de todos los colores para dejar pasar el plan de las patronales de techo salarial, aumento de los ritmos de trabajo, suspensiones y despidos y jubilaciones de miseria.
La respuesta a semejante ataque no puede ser otro que la organización de asambleas en cada lugar de trabajo que se pronuncien en contra de las imputaciones y exijan a la CGT y las CTAs un paro activo nacional para hacer retroceder las leyes represivas y el descomunal ajuste a nuestra clase.

Desde la COR acompañaremos las acciones que se definan y quedamos a disposición de las organizaciones a las que pertenecen los dirigentes perseguidos.

COR
Regional Córdoba

La renuncia masiva de médicos en el hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto encendió la mecha de una situación explosiva que recorre al conjunto del sistema de salud. Las asambleas y movilizaciones en la salud pública de Córdoba venían de antes, es cierto, pero de manera localizada en hospitales e instituciones puntuales. En dos semanas, las medidas de fuerza se fueron replicando, con asambleas, afectación de servicios y paros por hospital hasta la convocatoria al paro provincial de salud para este miércoles 16 de noviembre. Por supuesto, este no es un fenómeno únicamente provincial, ya que desde hace varias semanas los residentes de la Ciudad y la Provincia de Bs. As. y los hospitales nacionales Garrahan y Posadas vienen sosteniendo paros y marchas masivas. La pandemia y el avance del ajuste del FMI que aplican el gobierno del Frente de Todos (FdT) y los gobernadores han llevado a los hospitales a esta situación crítica, donde los problemas centrales son los salarios devaluados, la precarización laboral y la falta de personal.

El gobierno de Schiaretti sale a ofrecer bonos y una revisión paritaria miserable (28% en 3 cuotas) como manotazos de ahogado ante la situación. Intenta dar aire a las mediaciones burocráticas de los sindicatos y asociaciones médicas, pero los trabajadores no se dejan engañar. Un ejemplo: el lunes 14/11 en el Hospital Córdoba una masiva asamblea votó mantener el paro de 72hs ante la extorsión de una “mesa de negociación” condicionada al levantamiento de las medidas. El mismo lunes, la asamblea del Misericordia incluyó entre las resoluciones votadas “rechazar cualquier ofrecimiento o negociación por hospital o grupo ocupacional”. La fragmentación sindical es un grave problema que viene de hace muchos años. El SEP es repudiado entre los trabajadores de salud, mientras los demás sindicatos (ATSA, ATE, UTS) y las asociaciones médicas aportan a la división, buscando agrandar sus pequeños aparatos. Actualmente la fuerza de las asambleas disciplina a las conducciones, pero es necesario avanzar en la organización y poner en pie una dirección alternativa con una política combativa y de independencia de clase para imponer al gobierno nuestras condiciones.

Por un gran plenario interhospitalario

La fortaleza de la lucha está en las asambleas por hospital. Pero para unificar la lucha no basta con la mera coordinación, debemos poner en pie un gran Plenario de Delegados Hospitalarios mandatados por la base. Este plenario debe ser provincial, si bien podría contemplar instancias intermedias como plenarios por departamento o ciudad. En un plenario de esas características podremos unificar y fortalecer el plan de lucha y un pliego único de reivindicaciones. Y sobre todo, votar nuestros delegados paritarios para negociar con el gobierno. ¡Ninguna medida se baja ni se firma ningún acuerdo sin el aval de las asambleas! Hay que hacer propia la resolución del Misericordia: rechazar cualquier ofrecimiento o negociación por hospital o grupo ocupacional. Está planteado, al calor de la lucha, dar pasos hacia la recuperación de los sindicatos con el objetivo de conquistar un sindicato único de los trabajadores de la salud.

Unidad de clase

La lucha de salud es la más importante que recorre la provincia, pero no la única. También en las fábricas de la UOM se dan peleas contra los salarios de miseria, en NA e IBF (neumáticos) se lucha contra el despidos de un trabajador y la persecución patronal, los docentes se reagrupan contra la burocracia de la UEPC, el movimiento piquetero marcha contra los recortes de planes. La primera consideración es que la paritaria estatal provincial siempre arroja el mismo acuerdo para todos, aunque el gobierno finge negociar por separado (en realidad impone el aumento a Monserrat y Pihén). Hay que imponer a Schiaretti una verdadera paritaria, una paritaria estatal única con delegados paritarios elegidos en asambleas y plenarios estatales con la participación de los trabajadores de las escuelas, los hospitales y demás reparticiones.

La bronca con el gobierno es generalizada, viene saltando todo el pus de una gestión que defiende los intereses de las grandes patronales, nacionales y extranjeras (muerte de los bebés, casos de gatillo fácil, impunidad de Oscar González). Los trabajadores de la salud tienen la autoridad para ponerse al frente de la lucha contra el gobierno, encabezando no solo la pelea por el salario, sino también por tirar abajo las leyes represivas que pretenden regimentar aún más las marchas. Esa autoridad también se la ganaron con sus actuaciones en la pandemia, sosteniendo las condiciones de salud de los trabajadores y la población en las peores condiciones, saliendo incluso a enfrentar la decadencia del sistema de salud. Con esa autoridad pueden convocar a todo el movimiento obrero a sublevarse contra sus conducciones sindicales traidoras que dejan pasar el ajuste del FMI por sus pactos con el FdT y los gobiernos provinciales, impulsando un Congreso Provincial de delegados de base de la industria, los servicios, estatales y del movimiento piquetero, para ir por el paro activo provincial afectando las bases del poder de nuestros enemigos de clase, que están en la producción. Por una central única de trabajadores.

En octubre pasado inició el tratamiento de dos proyectos de ley en la legislatura de la provincia de Córdoba. Uno de ellos contempla multas, arrestos y trabajo comunitario para aquellos que osen manifestarse en las calles, de autoría de Juan Manuel Cid del PJ provincial, Hacemos por Córdoba. El otro, de similar tinte antiobrero, del bloque de la UCR a cargo de Dante Rossi y Verónica Garade Panetta, pretende regular y limitar las marchas a un radio determinado fuera de las calles céntricas. El ingreso de ambos proyectos a comisión de la unicameral cordobesa nos pone en alerta a las organizaciones sindicales, políticas y sociales que a diario debemos enfrentar la criminalización de la protesta.

La provincia de Córdoba es escenario de tensiones en todo el arco político burgués de cara a las elecciones del año próximo. La conocida disputa dentro del PJ entre el schiarettismo y el kirchnerismo nacional, aún no está saldada. El oficialismo provincial viene tapando baches desde la renuncia del Ministro de Salud por los casos de la muerte de los bebés en el Hospital Neonatal. También está sentada en el banquillo de los acusados la ex-cúpula de seguridad por el caso de gatillo fácil que asesino a Valentino Blas Correa en plena cuarentena. Sumado al reciente caso de Oscar González – hasta hace días presidente de la unicameral- quien protagonizó un verdadero crimen vial en la ruta de las Altas Cumbres conduciendo un auto oficial judicializado, con patente melliza, que dejó como saldo el fallecimiento de una docente y dos adolescentes internadas en grave estado; una muestra acabada de lumpenaje, privilegios e impunidad oficial. La causa está cargada de irregularidades y encubrimiento por parte de policías y bomberos del operativo, que dejaron manipular la escena por familiares de González, alterando claramente las pruebas. Nos solidarizamos con los familiares y amigos de las victimas, estaremos presentes en la marcha de repudio y reclamo de justicia el próximo 16 de noviembre.

Mientras oficialismo y oposición burguesa siguen la carrera por las candidaturas tratando de sortear los imprevistos, los trabajadores vivimos con salarios de hambre, con una inflación proyectada que superará los tres dígitos y como si esto fuese poco tenemos despidos, suspensiones y un ataque furibundo a nuestras organizaciones sindicales. El caso del despido sin causa de Facundo Díaz, trabajador de la empresa Neumáticos de Avanzada (NA) es la muestra de una patronal que recurre al disciplinamiento interno mediante la persecución sindical para impedir la elección de delegados sindicales. La reincorporación de Facundo a su puesto de trabajo es tarea del SUTNA y de todos los cuerpos de delgados combativos y activistas que a diario defendemos a nuestros compañeros de los ataques patronales. Los delegados antiburocráticos de Bagley Córdoba, tras hacer retroceder a la empresa de la implementación del trabajo continuo (weekend), reciben un segundo intento de desafuero sindical. También se reiteran los casos de persecución a delegados y activistas en los hospitales provinciales, con traslados y denuncias armadas de maltrato en los hospitales Tránsito Cáceres, Rawson, Misericordia, entre otros. Debemos enfrentar al Estado/patrón y a los empresarios del sector privado con nuestros métodos y organizarnos de forma independiente. Como vemos en Bagley, estos golpes muestran el temor de nuestros enemigos de clase a la potencia de nuestros métodos cuando salimos a luchar. Y nuestra clase lucha: así lo demostraron los paros y marchas masivas de los docentes de UEPC, los paros de ADIUC y la UTA, y actualmente las asambleas y movilizaciones de los hospitales provinciales que el miércoles 16 van al paro general de salud y a una gran movilización.

La burocracia de la CGT Córdoba está tan ocupada en sus peleas intestinas por normalizar la regional y direccionar al movimiento obrero detrás de alguna variante burguesa para el próximo año, que no puede ocuparse seriamente de las restricciones a las movilizaciones que lanzan desde la legislatura. Tímidamente salió Pihén en calidad de dirigente gremial y compañero de Cid en la legislatura, a rechazar esta iniciativa y sumó las firmas de algunos gremios. También el triunvirato interventor impuesto por la CGT nacional compuesto Urbano (UOM), Luján (camioneros) y López (ATSA) se limitó a sacar una tibia declaración sin llamar a ninguna medida de fuerza. A su vez, la burocracia de todos los colores, ensaya el disciplinamiento firmando paritarias a la baja, dejando pasar la intensificación de los ritmos de trabajo, mayor precarización y tercerización laboral, pluriempleo, traslados compulsivos, aumento de las suspensiones y despidos. Todo ello como garantía de adhesión al plan de ajuste de Massa, Cristina y Alberto, a pedido del FMI. Plan de ajuste que en Córdoba garantiza HxC y la tríada opositora UCR-Pro-juecismo y del cual se benefician las grandes patronales imperialistas (automotrices) y “nacionales” (ARCOR como ejemplo).

La Multisectorial del FIT-U

El pasado martes 1 de noviembre, el FIT-U convocó a una reunión para poner en discusión el armado de una multisectorial como respuesta a la presentación de los proyectos de ley del PJ y la UCR. La misma tuvo lugar en el sindicato de Luz y Fuerza (LyF) y estuvimos presentes diferentes sindicatos, organizaciones políticas y sociales. Saludamos la iniciativa. Ahora bien, la presencia de un variopinto auditorio entre los que se encontraban organizaciones abiertamente kirchneristas y sectores de la burocracia sindical, como la dirección de LyF, Cispren, La Mesa de Trabajo por los DDHH, CTA-A, ATE, S.U.V.I.C.O, y los laderos del Frente de Todos (FdT) como el PCR llevaron a que todas las intervenciones giraran en torno a la más amplia unidad contra Schiaretti, intentando obviar las claras responsabilidades del FdT, no solo en el ajuste en regla que aplican desde nación, sino en la política represiva que despliegan en las provincias que gobiernan como Bs. As. con el milico Berni a la cabeza, o con las fuerzas federales en el sur y norte del país. Por no hablar del largo prontuario de represiones, desde las torturas a los petroleros de Las Heras, pasando por la complicidad con los asesinatos de Mariano Ferreyra, la desaparición de Julio López, hasta los desalojos en Guernica y la línea represiva del “quedate en casa” a los tiros. Pero también los convocantes del FIT-U priorizaron, tal como señalan en el documento de convocatoria, el “frente más amplio” para no incomodar a los invitados. También el Nuevo MAS sostiene esta política de “coqueteo permanente” con el kirchnerismo. Solo nuestra organización intervino claramente saludando la iniciativa pero manifestamos la negativa a jugar dentro de la interna del peronismo. Lamentamos que, ante la nutrida presencia de trabajadores y delegados de diferentes ramas y sectores, la idea sea la de poner en pie una multisectorial con carácter policlasista. Nos negamos a llevar a la vanguardia obrera detrás de la conciliación con aquellos burócratas que como ya mencionamos más arriba le firmaron la tregua a Massa, Cristina y Alberto para que seamos los trabajadores y el pueblo pobre los que paguemos las consecuencias de un acuerdo con el FMI. No será con los métodos de la democracia burguesa y sus instituciones como vamos a organizar una respuesta obrera a la altura del ataque. Debemos ser claro, la política de “frentes amplios contra la derecha” liquida la independencia de clase, como han demostrado las últimas experiencias continentales (voto a Lula) y a nivel nacional.

Abajo las leyes antimarchas

Rechacemos este intento de cercenar la movilización de la clase obrera, las organizaciones piqueteras y de otros sectores en lucha. Llamamos este 23 de noviembre a marchar y daremos la pelea política en las próximas reuniones para que la marcha la encabecen los sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados recuperados, los activistas y la juventud trabajadora, con una clara denuncia al ajuste del FMI que aplica el gobierno nacional y a la complicidad de la burocracia sindical. Debemos discutir en cada lugar de trabajo y estudio las medidas para voltear estas leyes y avanzar en una salida obrera a la crisis. Proponemos mocionar en cada asamblea el llamado a un Congreso de delegados de base mandatados de trabajadores ocupados y desocupados que prepare un paro provincial activo, para tirar las leyes represivas, conquistar todas nuestras reivindicaciones y dar por tierra con el ajuste. Es una lucha que debemos extender nacionalmente con el paro general e internacionalmente con la unidad con los trabajadores del todo el continente y a nivel mundial. Los llamados a “defender la democracia” burguesa son una trampa que nos lleva a defender a un bando patronal contra otro, la salida para nuestra clase es luchar por un gobierno obrero.

El gobierno de Schiaretti picó en punta en la "nueva normalidad" al anunciar que a partir del lunes 17 de enero dejará de correr el aislamiento por contacto estrecho en toda industria, comercio y oficina de la provincia de Córdoba, medida reclamada por la Unión Industrial local. Pone fin de esta manera al protocolo que se implementó el 28 de diciembre pasado, llamado "Medidas excepcionales para la salud pública", que dejaba sin efecto el aislamiento por contacto estrecho solo para los trabajadores de salud. Ahora esto se generalizará para todos los trabajadores sin distinción. Incluso muchas patronales ya se han adelantado al propio decreto y obligan a sus empleados a cumplir tareas a pesar de haber tenido un contacto estrecho. Queda más que evidente el interés del Estado en sostener las ganancias empresariales por sobre la salud y las condiciones laborales de la clase obrera. Desde la aparición de los primeros brotes de la variante ómicron, los contagios no han hecho más que aumentar, saturando los centros de testeo y las guardias en todos los hospitales públicos y privados.
Los trabajadores vienen denunciando el carácter anti obrero de este nuevo protocolo, ya que reduce la cantidad de días de aislamiento para quienes son positivos de covid y, para el caso de trabajadores que tuvieran contacto estrecho, el aislamiento directamente desaparece, debiendo presentarse a trabajar aún a riesgo de contagiar a los demás compañeros.
En el Hospital de Niños, las camas de internación ya están ocupadas al 100%. Y varios trabajadores están cumpliendo tareas a pesar de haber tenido un contacto estrecho, entre ellos varias mujeres embarazadas. En el Neuropsiquiátrico Provincial, debido al ausentismo producido por el brote surgido a finales de diciembre, un profesional de guardia tuvo que presentarse a trabajar aún siendo positivo y no haber completado los días correspondientes de aislamiento. En la Manzana de salud mental, las autoridades pretenden unificar una sola guardia para las 4 instituciones. En el Hospital Vicente Agüero de la localidad de Jesús María se tomó la determinación de atender solo urgencias por guardia, a causa de la gran cantidad de contagios entre el personal. En la Clinica Reina Fabiola debieron trasladar a varios profesionales que trabajan en el centro periférico de Barrio Jardín a la clínica de Barrio General Paz, ya que el ausentismo por covid ponía en riesgo la normal atención de pacientes. En el Hospital Italiano llegó a saturarse la guardia de emergencias, y en el área de internación hubo momentos donde solo 3 enfermeros debian atender a alrededor de 25 pacientes positivos. Este tipo de situaciones se repite a lo largo y ancho de todo el sistema de salud. El total de camas ocupadas en la provincia ya alcanzó el 27% al día jueves 13/1 y va en franco ascenso. El ministro de salud Cardozo ya anunció que se impondrán restricciones si esta llega al 65%. Todo este cuadro se desarrolla en medio de la permanente falta de personal, agravando aún más la situación, sobreexigiendo en largas jornadas extenuantes a los trabajadores. Este es el objetivo del "nuevo protocolo" de Schiaretti: evitar detener la producción y la generación de plusvalía a como de lugar, sin importar la salud de los trabajadores. Los argumentos que esgrimen para sostener semejante ataque al conjunto de la clase obrera es que la variante ómicron, a pesar de ser más contagiosa, sería menos letal por efecto de la vacunación, cuando solamente el 18% de la población nacional recibió la 3ra dosis. Argumento que es fácilmente refutable, ya que la ocupación de camas aumenta de forma galopante y el día miércoles 12/1 se registró el mayor número de muertes desde el pasado mes de septiembre, con 139 fallecidos por coronavirus en el país, número que promete ir en aumento.
Ante está nueva ofensiva estatal-patronal los distintos sindicatos han salido a pronunciarse. ATE emitió un comunicado denunciando la saturación del sistema, pero no ha organizado a los trabajadores en asambleas para discutir cómo enfrentar los planes del gobierno. ATSA también se limitó solamente a publicar un tenue comunicado, "preocupado" por el alza de los contagios y la reducción del aislamiento. UTS llamó a asamblea y acordaron un paro en el neuropsiquiátrico para el martes 4/1. La medida se vio limitada por aprietes del ministerio de salud, quienes amenazaron con recoger los nombres de los trabajadores que se adhirieran al paro. También se vio limitada por el gran porcentaje de compañeros aislados por covid, lo que dificultó garantizar la medida. Además se realizaron asambleas en el Hospital Misericordia dónde se mocionó el paro de actividades.
La dificultad de garantizar una medida contundente se explica, en parte, por la falta de asambleas conjuntas entre los distintos sindicatos que intervienen en el sistema de salud público y privado. Se hace necesario impulsar un gran plenario interhospitalario, sin distinción de sindicatos, que discuta un plan de lucha para rechazar de plano el nuevo protocolo que Schiaretti y Cardozo quieren imponer. Un plenario interhospitalario de base podría ser una instancia que supere a la ya desdibujada Multisectorial de Salud, que con sus acuerdos por arriba entre las burocracias de los distintos sindicatos y agrupaciones médicas demostró ser más un escollo que una salida para la organización de los trabajadores. Contra la fragmentación organizativa que nos imponen las diferentes burocracias, debemos pelear por un sindicato único de la rama salud. Y avanzar en la unidad con el conjunto de nuestra clase con el objetivo de preparar e imponer a las centrales sindicales un paro provincial de la industria, los servicios y estatales, para torcer el brazo al gobierno y las patronales, para impedir el deterioro de nuestras condiciones de trabajo, por el pase a planta y el aumento del personal, por un salario igual a la canasta familiar, por la creación de comités independientes de higiene y seguridad que garanticen el cuidado de nuestra salud, por la recuperación de los sindicatos en manos de la burocracia traidora. Solo confiando en los métodos históricos de la clase obrera podremos evitar ser nosotros los trabajadores quienes paguemos la crisis que el Estado y la burguesía han generado.

En los últimos días, la provincia de Córdoba, y principalmente su ciudad capital, se han convertido en el epicentro de la nueva ola de la pandemia de COVID 19 en Argentina. Nueva ola alentada por la variante omicron, surgida en África por la política imperialista de distribución de las vacunas. Los casos positivos rompen todos los records día a día, registrándose 8.520 casos el 28/12. Ese mismo día, el ministerio de Salud del gobierno de Schiaretti publicó un compendio de “medidas excepcionales de salud pública” que responden a la presión explícita de las patronales para acortar los tiempos de los aislamientos por casos positivos y contactos estrechos para que los trabajadores se reincorporen a la producción y evitar así problemas en la acumulación del capital. Lo mismo vale para la inminente aprobación de los denominados “autotests”. El propio Ministro Cardozo, de forma burda, lo adelantaba el día anterior: “El ánimo es alivianar a los centros fijos y darle garantías a ciertas áreas que necesitan seguir trabajando y produciendo, sino nos vamos a quedar sin recursos humanos en toda la parte productiva” (Cadena 3, 27/12/21). En el caso de los trabajadores de salud, el aislamiento directamente desaparece en caso de contacto estrecho, aunque esto corre sólo para trabajar ya que no se les permite ni alimentarse en el lugar de trabajo ni tener ningún tipo de actividades sociales: ¡Clarísimo el carácter patronal del nuevo protocolo!

El gobierno nacional de Alberto Fernández no solo ha dejado en manos de los gobernadores las medidas a tomar, sino que está evaluando aconsejar medidas similares a las aplicadas por Schiaretti/Cardozo en todo el país y eso van a discutir en la reunión virtual del Consejo Federal de Salud a realizarse hoy. La presión patronal se ejerce en todos los niveles del Estado, pero además Alberto está pensando en la necesidad de sostener la producción porque sabe que de ahí brota la plusvalía futura que servirá para pagar el acuerdo que negocia con el FMI.

Quizás este sea el momento donde se evidencia de manera más descarnada el rol que juega el Estado burgués en la defensa de la propiedad privada de los medios de producción, los negocios de las patronales y la subordinación al imperialismo. Ni siquiera tienen la delicadeza de cubrir sus políticas antiobreras con los famosos comités de expertos o los COEs con sus protocolos, que sirvieron para atacar a los trabajadores que durante lo más duro de la cuarentena salieron a pelear por las condiciones de vida y trabajo de nuestra clase. En Córdoba, no podemos olvidarnos de la represión policial y judicial contra los compañeros de UTA, SUOEM, UOM, STIA, municipales de Jesús María y por supuestos contra los trabajadores de la salud, que peleaban por testeos, aislamientos, condiciones seguras de trabajo, salarios y contra la precarización laboral. Hoy, nuestros compañeros son sometidos a largas filas de 6, 8 o más horas para conseguir un comprobante de un test de antígeno (que siempre ha sido contraindicado para hacer diagnóstico) para justificar los aislamientos en los lugares de trabajo, esa es la verdadera causa del colapso de los centros de testeo. Las nuevas “medidas excepcionales” están pensadas para dar vía libre y legal a las patronales para ejercer todo su despotismo sobre la fuerza de trabajo.

La burocracia sindical cordobesa, a su turno, luego de su larga cuarentena de más de un año, ahora se va de vacaciones en medio de la crisis y del nuevo ataque estatal/patronal. SMATA toma nota de la suba de contagios… ¡para cerrar su sede a los trabajadores mecánicos! Avalan las nuevas medidas con el silencio. O explícitamente, como el STIA (alimentación), que las reproduce sin ninguna crítica en su página web. ATE salud saca un comunicado impotente a través de redes sociales, pero sin organizar ninguna medida de fuerza para enfrentar este plan criminal.

Para frenar los contagios y enfrentar las consecuencias de la pandemia, la clase obrera debe imponer sus métodos y avanzar sobre los intereses de las patronales. Los trabajadores debemos rechazar el nuevo protocolo de aislamiento y diagnóstico con el paro de actividades. Proponemos al FITU, al Nuevo MAS y a las demás corrientes de izquierda realizar una reunión para impulsar asambleas y mociones en común en los lugares de trabajo para imponer el paro. Las comisiones internas y delegados opositores tenemos la responsabilidad de impulsar plenarios regionales para discutir como organizar el paro provincial y recuperar los sindicatos de manos de la burocracia traidora. Avanzar hacia un congreso nacional de delegados de base de la industria, los servicios y estatales, para imponer la huelga general. No se trata solo de los contagios, está en juego sobre qué clase social recaerán los costos de la crisis. Solo la clase obrera puede dar una salida a través de un programa. Es una pela política, revolucionaria, contra el Estado patronal. Los trabajadores podremos darla construyendo nuestro partido revolucionario internacionalista.

Hoy jueves 19 de noviembre, a primera hora de la mañana, la policía de la provincia de Córdoba desalojó a las familias que hace meses ocupan terrenos en el barrio Estación Ferreyra. Una vez más, el peronismo privilegió los intereses especulativos inmobiliarios a las necesidades de los trabajadores. No es casual que el desalojo se produzca luego del operativo de Berni y Kicillof en Guernica, a fines de octubre, y del avance del protocolo del FMI con la nueva reforma previsional y la aprobación del presupuesto 2021 a pedido del organismo imperialista.
En el operativo en Estación Ferreyra, fueron detenidos Jorge Navarro y Soledad Díaz García, del Partido Obrero, y varios militantes del Polo Obrero, quienes se encontraban en el lugar junto a los vecinos y vecinas. El repudio a los desalojos y las detenciones debe ser contundente. Las organizaciones sindicales deben pronunciarse, y pasar a la acción. Por un plan de lucha para frenar los ataques de las patronales, incluyendo los acuerdos paritarios a la baja, los despidos y las suspensiones, los desalojos y la represión a la juventud trabajadora. ¡Por un paro provincial activo!

COR
Corriente Obrera revolucionaria
Regional Córdoba

Esta semana, la ciudad de Córdoba fue testigo de un nuevo asesinato a manos de la nefasta policía de la provincia. Blas Correas, joven de 17 años, fue acribillado por la espalda por agentes apostados en un control de circulación, de los que abundan en los barrios, rutas y en cada puente de la ciudad desde que se dictara la cuarentena por el gobierno de Fernández. Incluso, este control represivo del territorio viene de mucho antes, a partir de la política de seguridad del gobierno de Schiaretti. Tal es la conmoción generada por el caso, que el gobierno se vio obligado a relevar a la cúpula policial de Córdoba Capital, un cambio cosmético para sostener la política represiva de siempre.
Los asesinados durante la cuarentena a manos de las fuerzas represivas ya cuenta 5 en la provincia. Se suman a muchos otros casos a nivel nacional, como el de Luis Espinoza en Tucumán y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Provincia de Buenos Aires. En nuestra ciudad, las detenciones arbitrarias y los “verdugueos” a la juventud de los barrios son moneda corriente, ahora “legalizada”, y apuntalada por la presencia de la gendarmería y el ejército. Venimos de una importante marcha por la aparición con vida de Facundo, a 3 meses de su desaparición, y se prepara una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil.
Mientras los sindicatos siguen en su tregua permanente, dándole la espalda a la juventud que sufre los abusos de las fuerzas represivas en los barrios, tenemos la responsabilidad de llevar el reclamo por justicia para Blas Correas, Luis Espinoza y tantos más, y por la aparición con vida de Facundo, al interior de las organizaciones obreras. Las fuerzas represivas del Estado, con la policía de Córdoba a la cabeza, son las mismas que reprimieron a los trabajadores de la UTA, del SUOEM, del sindicato de municipales Jesús María y de la Bagley de capital. Sólo por enumerar las represiones recientes, sin olvidar el histórico rol antiobrero de estos perros guardianes del capital. Impulsemos en cada plenario y asamblea de los sindicatos de base de la CTA una exigencia contundente: los policías no son trabajadores. ¡Fuera los sindicatos policiales de la Central! ¡Disolución de la policía! Extendamos internacionalmente el ejemplo de los sindicatos estadounidenses los que, tras el asesinato de George Floyd, exigen la expulsión de las organizaciones policiales de las centrales obreras.    
También el movimiento estudiantil debe tomar en sus manos esta pelea. Que la FUC y los centros de estudiantes abran sus puertas y organicen la lucha contra la represión. ¡Que la policía se vaya de la UNC!
Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: ¡Paro General ya! Justicia para Blas Correas.

Luego de 45 días de cuarentena, lo que ha quedado demostrado es la mentira de que se ganaba tiempo para acondicionar el sistema de salud para hacer frente a la pandemia.  La situación ya es imposible de ocultar, la mayor cantidad de contagios se están dando en los sectores de la salud.
La situación en los efectores de salud de Córdoba se agrava día a día. Luego de que se denunciara la falta de equipos de protección personal (EPP) en varios centros de salud y hospitales de la provincia, se empezaron a suceder los casos. El más alarmante fue el contagio de 65 personas en la residencia geriátrica Santa Lucía de Saldan. Dado que es una institución sin capacidad de aislamiento, muchos de estos pacientes fueron relocalizados por el PAMI en el Hospital Italiano. Convertido hoy en el centro de contagio más grande de la provincia, de los nuevos positivos registrados el 2 de mayo, el 90% se produjeron en este hospital.
La situación que se vive hoy en el Italiano es la muestra de la desidia patronal que derivó en la intervención del Ministerio de Salud y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) con la posterior puesta en cuarentena sanitaria de todo el hospital (pero como veremos, no de todos los trabajadores) a partir del jueves 30 de abril, lo que significa que no habrá admisión de nuevos pacientes. Aunque los trabajadores han denunciado que los protocolos establecidos no solo se han aplicado tarde y de forma insuficiente, hay secretarías y puesto de seguridad que aún no cuentan con los paneles de seguridad de forma definitiva, con el agravante de que se sigue convocando a cumplir tareas a trabajadores a quienes no se les ha realizado el Test y por tanto son casos sospechosos de Covid-19. Además se han realizado, sin ningún tipo de notificación, cambio de tareas para suplir la falta de aquellos trabajadores que han dado positivo o han sido puestos en aislamiento por sospechosos mientras esperaban el resultado del hisopado. Y como si fuera poco, el retraso y desdoblamiento de los pagos de salarios ya ha sido informado por parte del directorio.   
En dicho nosocomio los trabajadores se encuadran bajo el convenio colectivo de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), dirigida a nivel nacional por el mismísimo Secretario General de la CGT Hector Daer, que viene de firmar un acuerdo de suspensiones con rebaja salarial con la UIA. El cuerpo de delegados mediante transparente comunicó que dada la situación que se está viviendo respecto a la falta de cuidados, maltrato al  personal y falta de trabajadores, la directiva provincial está informada y  esperan respuestas para ver los pasos a seguir, dejando desprotegidos a los trabajadores en medio de la grave crisis abierta en el hospital. Esta actitud indolente de los delegados no se condice con la incertidumbre laboral que sufren los trabajadores de la salud en su conjunto y tampoco dan respuestas a las presiones a las que se ven sometidos los trabajadores para cumplir tareas que no les corresponden con un nivel de precariedad laboral que ellos como sindicato -por acción u omisión- han dejado que esto se convierta en moneda corriente.
La gravedad del caso requiere de una organización sindical a la altura de las circunstancias que enfrente a los directivos que salen de gira por los medios de comunicación para decir que todo está “bajo control”. Ni siquiera han denunciado que varios de estos trabajadores, por percibir salarios de hambre, son expuestos a propagar los contagios extrahospitalarios al dirigirse a otros nosocomios a completar su jornada laboral.  Tal es el caso de la UTI del Hospital Pediátrico, cerrada el 4 de mayo porque los médicos y enfermeras que allí desempeñan funciones, también lo hacen en el Italiano y hoy se encuentran en cuarentena. Otro caso que toma relevancia es el del Hospital-Colonia Santa María de Punilla que esta siendo denunciado por sus trabajadores y delgados por el traslado compulsivo de compañeros al Hospital Domingo Funes.
El cuadro de situación en los demás efectores de salud es similar, y se agrava en el sector privado: en el Hospital Privado no cuentan con los equipos de bioseguridad y trabajadores de diferentes secretarías y parte del personal de limpieza se han visto despedidos ante la falta de concurrencia de pacientes a la institución. Del Salvador y Oulton despiden a los monotributistas. En Conci Carpinella también, y además rebajan los sueldos a los que están en planta. El Sanatorio Mayo ha pagado parcialmente los salarios de marzo y alterado el cronograma de francos y prestación de servicios de sus trabajadores.
El cinismo de los gobiernos de Fernández y Schiaretti no cesa e insisten en que somos “héroes de la primera linea de combate”. La lucha que tenemos por delante los trabajadores es la de enfrentar al Estado descompuesto y a las patronales, que en connivencia con la burocracia sindical han impuesto décadas de precariedad laboral, despidos y suspensiones.
En el Colonia Santa María, asambleas impulsadas por trabajadores y delegados de ATE, UTS y ATSA han logrado impedir traslados masivos pero siguen enfrentando nuevas intentonas como el traslado compulsivo de una delegada de ATE, el 4 de mayo. En el Hospital de Niños y el Misericordia se realizan reuniones diarias de trabajadores para mantener un relevamiento de las novedades y organizar los reclamos de EPPs y demás condiciones de trabajo. Para el 7 de mayo, se están impulsando acciones para denunciar la precariedad del trabajo en el sistema de salud, y también la mentira del bono de $5.000 que anunció con bombos y platillos el gobierno de Alberto y resultó ser una estafa al no contemplar a la totalidad de los trabajadores de la salud.
Y es que los únicos interesados en garantizar nuestra salud somos los propios trabajadores. Se hace urgente la convocatoria a asamblea en cada lugar de trabajo y preparar un plan de lucha para imponer nuestras reivindicaciones:

• Que se realice urgente el hisopado nasofaringeo a todo el personal de la salud.
• Basta de pluriempleo, contra las jornadas extendidas: Jornadas de 6 hs con un salario inicial igual a la canasta básica indexada a la inflación.
• Fin a la tercerización laboral pase a planta permanente de todos los becarios, contratados, monotributistas, pasantes y residentes.
• ¡Reincorporación de los despedidos!
• ¡Basta de traslados compulsivos!
• Todo trabajador que se incorpore en la emergencia debe ser contratado con las mismas condiciones que el personal de planta. ¡Debemos pelear por un contrato único!
• EPPs para todo el personal que se desempeña en el sector de salud.
• ¡Elegir en asamblea a Delegados de Seguridad e Higiene que garanticen el cumplimiento de las condiciones de salubridad laboral! Cese de actividades hasta que se cumplan con las normas de bioseguridad para todo el personal.

Llamamos a los sectores combativos y oposiciones sindicales dentro de los gremios del sistema de salud de Córdoba, ATE, UTS, ATSA, SEP, SUOEM y otros, a impulsar esta lucha basada en las asambleas por lugar de trabajo. Y a organizar reuniones de trabajadores, tanto del sector privado como estatal de la salud donde podamos discutir el estado de situación de la pandemia en la provincia, los recursos que necesitamos, las novedades técnico-médicas para enfrentar la pandemia junto a otros sectores de trabajadores científicos que puedan brindar su aporte, ya que no podemos dejar la crisis sanitaria en manos del Estado burgués, sus gobierno Nacional y provincial y los empresarios de la salud privada. Y para hacer un llamado al conjunto del movimiento obrero a apoyar nuestra pelea.
Los trabajadores de la salud decimos: ¡no vamos a pagar la crisis con nuestras vidas! Junto con los trabajadores que enfrentan el ataque patronal en medio de la crisis como los de Penta, Bed Time y Arcor, en este momento estamos en la primera línea, sí, pero de la lucha de clases.

Hoy en horas del mediodía, la policía provincial bajo el mando del gobernador peronista Juan Schiaretti (amigo de Macri y de Alberto) descargó la represión sobre los compañeros del sindicato de Luz y Fuerza cuando estos concluían una jornada de paro y movilización en la sede central de la EPEC. El saldo son 11 detenidos y varios heridos de bala de goma, incluidos trabajadores de prensa.
El gobierno provincial, luego de las elecciones de mayo, ha lanzado una fuerte campaña para justificar el ajuste de las cuentas públicas, alegando la baja de la recaudación. Apunta a los trabajadores estatales y a los docentes, anunciando la revisión de las paritarias a la baja, descontando la complicidad de la burocracia sindical del SEP y la UEPC. La crisis ha sido agudizada por la última devaluación concertada por el tridente Macri-Alberto-FMI, y la sufren sobre todo los trabajadores de la industria con suspensiones y despidos. La empresa provincial de energía, EPEC, ya ha sido apuntada no sólo como objeto de ajuste, sino también como un gran botín para los pulpos energéticos, que pretenden quedarse con las áreas redituables del negocio.
El gran escollo para los planes de Schiaretti y las patronales, igual que en las fábricas, escuelas, hospitales y reparticiones, son los trabajadores, en este caso del sindicato de Luz y Fuerza que se han puesto en pie de lucha desde el año pasado para enfrentar el ataque. Ataque que incluye tercerización de áreas (automotores, toma de estado, y otras), anulación de conquistas plasmadas en el CCT y una agresiva rebaja del salario real con aumentos ridículos fijados unilateralmente por el directorio de la empresa, a partir de la traición  de la burocracia sindical de Rio IV y Villa María.
La lucha ha sido dura, con marchas, paros y toma del edificio central en agosto de 2018. Y el despliegue de una gran solidaridad con los conflictos que han atravesado la ciudad, encabezada centralmente por delegados de base del sindicato. Sin embargo, la burocracia de Suárez ha sido siempre un freno para el activismo, llevando a una lucha de “desgaste” que no ha traído frutos. Y no sólo por los métodos de acción, sino centralmente por el programa desplegado, basado en la consigna “defensa de una EPEC cordobesa, pública e integrada”, que significa unir al pueblo en general en un frente contra la privatización, una política de conciliación de clases. Se busca así diluir la potencia de un sector de la clase obrera en un movimiento donde también se incorporen las capas medias, pero también las pymes y otros sectores patronales. Una versión del frente por la “emergencia alimentaria” que vienen desplegando el peronismo a nivel nacional las últimas semanas.
Para enfrentar el ataque del gobierno nacional, provincial, las patronales y el FMI debemos imponer a las CGTs y CTAs un Congreso de Delegados de Base con Mandato, que discuta un programa basándose en la deliberación en asambleas del conjunto de nuestra clase. Para frenar el ataque a nuestras conquistas, nuestro salario, contra los despidos y suspensiones y las reformas que planean imponernos (laboral, previsional, educativa) debemos discutir una salida obrera a la crisis y los métodos y acciones para imponerla.

¡Libertad a los presos de Luz y Fuerza y a todos los luchadores!
¡Desprocesamiento de los estudiantes de la UNC!
¡Por un Congreso Provincial de delegados con mandato de base!
¡Por un Paro Provincial en camino a un Paro Nacional de 36hs!

COR
Corriente Obrera Revolucionaria
Regional Córdoba