Luego de inaugurar su buena sintonía con Milei reprimiendo la manifestación del 22/12, Llaryora profundiza el romance entre el cordobecismo del PJ provincial y sus aliados (HUxC) con el gobierno nacional de LLA. Tras el intento de desconocer la paritaria ya firmada por los sindicatos estatales, vigente hasta este mes de enero, el 27/12 el gobierno hizo votar en la legislatura provincial el aumento de los descuentos a los estatales para financiar la Caja de Jubilaciones y la mutual APROSS. Los montos llegan hasta un 4% en el caso de la Caja y hasta el 2% para el APROSS. Este recorte al salario se da en medio de una inflación galopante, que bordea la hiper. Llaryora ya ha declarado que se dispone a renegociar a la baja el aumento pactado para enero, que debía equiparar la inflación de diciembre, así como a reponer el diferimiento por seis meses de los aumentos a los jubilados. El ataque en regla contra los estatales se completa con una ola de despidos de trabajadores precarizados a partir del inicio de 2024. A la fecha, ATE ha relevado 58 despidos en SENAF y más de una veintena en salud, entre tantos otros en el resto de las reparticiones.

Este ataque no podría haber avanzado tanto sin el rol traidor de la burocracia sindical, que había llamado al paro provincial de estatales para el martes 26/12, que se esperaba sería contundente. La docencia encabezada por la UEPC Capital, recuperada por una lista combativa, ya había hecho una marcha importante y las asambleas en el poder judicial y otras reparticiones sentaban las bases para pararle la mano a Llaryora. Pero una vez que se garantizó que la clausula gatillo de diciembre, equivalente a la inflación de noviembre, sí se pagaría, la burocracia decidió levantar el paro sin haber solucionado el problema de los descuentos. El llamado a parar luego de la votación en la bicameral fue tardío y para descomprimir, la bronca entre los estatales se expresó en la gran marcha del jueves 28/12. La CTA-ATE directamente estuvo ausente de la marcha y no impulsó el paro en las reparticiones, salvo algunos delegados independientes de la conducción verde.    Ante los despidos, el SEP no hizo más que convocar a los “afectados” a su sede gremial para hacer presentaciones administrativas, sin organizar ninguna acción contundente en los lugares de trabajo ni llamado a paro en toda la provincia. ATE se limitó a declararse, por enésima vez, en estado de alerta y movilización, sin llamar a asambleas ni ninguna otra medida ante el golpe del gobierno provincial.

Los trabajadores estatales nacionales de varias secretarías como la de Trabajo, ante una situación similar, garantizaron ayer el ingreso de los despedidos a las dependencias e hicieron asambleas permanentes para que estos no queden aislados, es un buen ejemplo a seguir. No es tiempo de tibios, debemos frenar los despidos con medidas contundentes como la paralización y ocupación de toda repartición donde haya despidos y preparar desde las estructuras la movilización para imponer el paro provincial activo y conquistar nuestras demandas de reincorporación, pase a planta y aumento para llevar el salario inicial al nivel de la canasta familiar, con ajuste mensual a la inflación. Desarrollando la lucha contra Llaryora nos fortaleceremos para preparar el paro general del 24 de enero convocado por las centrales. Desarrollemos en todas las reparticiones asambleas para votar el pliego de reivindicaciones de la lucha y las acciones para garantizar la medida, no podemos dejar en manos de la burocracia el enfrentamiento al gobierno de Milei y sus aliados. La UEPC Capital se ha ganado el lugar para llamar a un gran plenario provincial de los sectores, delegados y activistas opositores a la burocracia para discutir como llevar este plan de acción a cada fábrica y lugar de trabajo.

•     Reincorporación de todos los despedidos
•     Pase a planta permanente
•     Aumento salarial, salario inicial = canasta familiar, con ajuste mensual a la inflación
•     Plenario de delegados con mandato de asamblea
•     Garanticemos la contundencia del paro del 24 de enero
•     Frenemos el plan de ajuste de Milei, el FMI y sus aliados

Ayer, jueves 28 de julio, una patota organizada por la burocracia del sindicato de limpieza (Soelsac) que dirige Sergio Fittipaldi atacó físicamente a las compañeras del PaiCor Río III y a auxiliares escolares que luchan contra la precarización laboral a la que las somete el Estado provincial. Denuncian golpes con palos y amenazas con armas de fuego en mano. El ataque sucedió frente a la sede de ATE Córdoba, al inicio de una marcha organizada para llevar los reclamos al Panal (casa de gobierno).

Es claro el interés de Fittipaldi y su séquito: defienden el negocio de las tercerizaciones en Córdoba, no solo de trabajadores de limpieza en el Estado provincial, sino también en municipios, la UNC y grandes empresas privadas. La burocracia del Soelsac actúa como socio de esta estafa laboral, junto a las contratistas de limpieza y al Estado, estafa basada en sueldos de misera para las y los trabajadores. En el caso de las compañeras del PaiCor y las auxiliares escolares, se trata de salarios de entre $13.000 y $22.000, mientras la canasta básica supera los $169.802 (ATE Indec). Por eso, esta burocracia se opone a una reivindicación elemental: el pase a planta permanente o efectivización de todos los trabajadores tercerizados.

El gran responsable de la situación de precarización es el propio Estado/patrón, no sembramos ninguna expectativa en que este nos defienda por ningún medio de las patotas armadas de la burocracia, menos a través de sus propias fuerzas de represión. Es necesario, dada la situación de avance acelerado de la crisis económica y social a partir de las medidas fondomonetaristas que viene imponiendo el gobierno de Alberto, Cristina y Massa, que discutamos la necesidad de organizar la autodefensa a partir de los delegados, juntas internas y sindicatos recuperados para enfrentar a los enemigos de los trabajadores y sus fuerzas de choque, vistan de azul o no.

Las organizaciones obreras de la provincia tenemos el compromiso de apoyar decididamente la lucha de las compañeras del PaiCor y las auxiliares escolares por el pase a planta. Por un Convenio Único para todo trabajador del Estado provincial. Impulsemos asambleas en cada lugar de trabajo, sin distinción de afiliación o condición de contratación, para organizar la pelea contra la precarización laboral y por un salario igual a la canasta familiar indexado a la inflación.

Los burócratas de todo color salen a hablar ahora de la “unidad” de los trabajadores, mientras permiten que nos dividan entre personal de planta, contratados, monotributistas, becarios, tercerizados, etc., etc., para defender sus intereses: hay que echarlos, ¡recuperemos los sindicatos! Impulsemos un congreso provincial de delegados de base con mandato para organizar el paro provincial y el plan de lucha. ¡Por una Central Única de Trabajadores!

COR
Corriente Obrera Revolucionaria
Regional Córdoba
29-07-2022

El 16 de diciembre cerró la revisión de la paritaria general de la administración pública nacional por el período Julio 2020/Junio 2021, que además se replica o marca la pauta para los convenios sectoriales de los organismos descentralizados. Luego del 7% que UPCN firmó en octubre, esta vez ambas burocracias acordaron una nueva pauta de 18% en 3 cómodas cuotas: 4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo. A esto se suman la continuidad del bono de $4.000 otorgado a principios de año para salarios brutos inferiores a $60.000, un bonito de fin de año de $4.000 y el acuerdo de un “plan de regularización del empleo” para el pase a planta vía concursos (concursos 2.0) a lo largo del período 2021-2023, para supuestamente 29 o 30 mil trabajadores contratados, aunque el gobierno aclaró a los paritarios que sería 7.500 por año.
Estamos hablando de un aumento anual total de 25% en 4 cuotas no acumulativas, de las cuales 3 se otorgarán después de febrero, y contra una inflación acumulada interanual hasta noviembre de 35,8% según ATE-INDEC. La pauta es un recorte del salario real de más del 10%, lejos del “empate” que pretende vender la verde de ATE. Mientras, el gobierno miente diciendo que el 18% significa un aumento real para la 1º mitad de 2021, porque no cuenta todo lo que perdimos durante la cuarentena, menos lo perdido durante el macrismo y mucho menos la verdadera inflación 2021 que viene con tarifazos de todos los colores.
Con este acuerdo paritario, las burocracias sindicales de UPCN y ATE están avalando la política de ajuste que el gobierno impulsa en su negociación con el FMI, reflejada entre otras políticas en el presupuesto 2021 y la nueva reforma jubilatoria. La “convergencia fiscal” reclamada por los empresarios y el FMI se logra recortando los salarios para hacernos pagar la crisis y la pandemia a los trabajadores.
Desde 2006 que ATE no firmaba una paritaria y la explicación de “Cachorro” Godoy es simple: es necesario mantener el apoyo al Frente de Todos, esas son sus consideraciones políticas. Supuestamente, estaríamos ante la reversión de 4 años de ajuste… es una forma de intentar cubrir por izquierda lo que en realidad es la continuidad del mismo. El argumento de que hay que tener en cuenta el contexto de crisis internacional y pandemia, también agitado por la Verde y Blanca de Catalano (ATE Capital), es la contracara del apoyo que dieron UPCN y ATE a la gestión de la pandemia del gobierno de Alberto y Cristina, con sus rescates y subsidios a las patronales vía ATP, y sobre todo dejando pasar, junto con ATSA que encabeza el secretario general de la CGT Daer, el mantenimiento de condiciones laborales deplorables (salarios de miseria, pluriempleo, falta de EPPs, etc.) de los trabajadores de la salud a lo largo y ancho del país, por no hablar de la aplicación de la cuarentena y los protocolos para reprimir las luchas por salarios, condiciones de trabajo y contra despidos y suspensiones de los compañeros de UTA, Alimentación, UOM, frigoríficos, municipales, etc., a lo largo de todo 2020.
La zanahoria del acuerdo, no cabe duda, es el plan de regularización y la plataforma Concursar 2.0 del gobierno, que la verde y Andrés Rodríguez ponen en primer plano para acallar las críticas a la entrega salarial. Junto con la integración política al acuerdo con el FMI, este alineamiento con el gobierno pone de manifiesto el profundo nivel de estatización de los sindicatos de trabajadores estatales, detrás de banderas del tipo “ganar espacios” para la transformación del Estado. Y es que los tan relegados y necesarios pases a planta de los más de 60.000 compañeros contratados en el Estado Nacional van a ser puestos en un plan de concursos manejado por el propio gobierno, donde las burocracias sindicales tendrán participación, no sólo impidiendo el pase directo a partir del simple control de los propios trabajadores del sector del desempeño efectivo de tareas por más de 6 meses, sino permitiendo el intercambio de favores y las “listas” negociadas entre funcionarios y conducciones burocráticas. De esto se trata el “ganar espacios”. Si los concursos son parte de la formación de una burocracia estatal a partir de una jerarquía del saber que es la contracara de la igualación puramente formal de los “ciudadanos” en la democracia burguesa, estos concursos agregan en la descomposición de la burocracia una “jerarquía de la transa”, fuente de las prebendas con las que negocian y de las que viven las burocracias sindicales. De paso, la conducción de UPCN sigue corriendo con el “centauro” del comisario ya que tendría garantizada una nueva compulsa en mayoría a partir de aumentar el numero de “espacios” que responden a Rodríguez.

Rechacemos el acuerdo

Los estatales nacionales debemos impulsar asambleas en todos los lugares de trabajo, como las que se vienen impulsando en el INTA, en el Garrahan, en CONICET y tantas otras reparticiones, para rechazar este acuerdo de ajuste, parte del protocolo FMI. La bronca recorre los lugares de trabajo, no podemos cerrar 2020 dejando pasar todo lo que perdimos durante la cuarentena, debemos sentar las bases de la lucha por recuperarlo. Impulsemos un plenario nacional de delegados, que vote un plan de lucha para reabrir la paritaria y delegados paritarios elegidos por la base, ¡que los burócratas no negocien más por nosotros! Ante el visto bueno a la política del Estado frente a la pandemia de la burocracia sindical, tenemos que hacer nuestro propio balance: desde el punto de vista de los trabajadores fue un desastre, nosotros sufrimos el recorte salarial y pusimos los muertos en los lugares de trabajo, empezando por los hospitales. Votemos comisiones de seguridad e higiene para garantizar las medidas de protección necesarias para enfrentar la llamada “segunda ola”. Por el pase a planta directo de todos los precarizados, a partir del simple control de los compañeros de sector del cumplimiento efectivo de tareas, y el fin de las tercerizaciones en el Estado; reincorporación de todos los despedidos. Por un aumento que recupere lo perdido durante el macrismo y la cuarentena, salario inicial igual a la canasta básica calculada por ATE INDEC de $74.000, todos los bonos y sumas en negro al básico, no al presentismo y demás adicionales por productividad.
Debemos recuperar los sindicatos de los trabajadores estatales para ponerlos en función de la lucha. Por la independencia de los sindicatos del Estado. Abajo la ley de asociaciones profesionales y todas las reglamentaciones y acuerdos de la burocracia que nos atan a nuestros enemigos de clase.
Proponemos a las corrientes de oposición dentro de ATE decididas a enfrentar el pacto del gobierno, el FMI, la burocracia sindical y los empresarios, impulsar en conjunto un plenario nacional presencial de delegados de la oposición, con mandatos de base, para discutir como poner en pie una dirección alternativa que nos permita desarrollar la lucha, tirar abajo a Cachorro Godoy y el Tano Catalano, y echar a patas a todos los traidores de nuestro sindicato.

La conducción verde de ATE en Córdoba viene mostrando disidencias con Cachorro Godoy. En julio se realizó una caravana a la fábrica militar de aviones, FADEA, mientras el CDN mantenía la tregua estricta con Alberto. Luego, el 29 de septiembre, al igual que varias Juntas Internas en Bs. As., se marchó desde puente Centenario a Colón y General Paz para reclamar por la paritaria. El 6 de octubre, en el marco de la jornada nacional de lucha (ver: Paritaria a medida de las exigencias del FMI) se realizó una caravana por el centro, pasando por el ministerio de desarrollo social, PAMI y el ministerio de trabajo de la nación, con un acto final en la plaza Agustín Tosco.
La postura del Sec. Gral, del CDP, Giuliani, es de crítica a Cachorro por tibio y al gobierno de Alberto por sus medidas, aunque reconoce el apoyo dado al FdT en las elecciones de 2019. La postura es la conocida “autonomía” de los sindicatos en relación a los gobiernos, una vieja discusión que tuvieron los primeros dirigentes sindicales con Perón en los ‘40 y que en ATE se expresa en la consigna “ATE es de los trabajadores, gobierne quién gobierne”. El problema es que esta autonomía se combina con un programa profundamente estatista, basado en “fortalecer el Estado para liberar a la Nación”, que lleva a la conducción del sindicato, a lo sumo, a la presión sobre los gobiernos de turno, y no a enfrentarlos como gobiernos capitalistas, la única posición realmente independiente desde un punto de vista de clase. En la actual situación de crisis mundial, el viejo programa reformista de la CTA de los orígenes y de ATE quedan expuestos a esta contradicción, que queda más a la luz que nunca con un gobierno peronista, con discurso progre, que se apresta a aplicar el plan del FMI para hacernos pagar a los trabajadores la crisis, acelerada por la pandemia. Lo de la verde en Córdoba es una simple pose, porque sabemos que en Rio Cuarto sus cuadros forman parte de las listas electorales del intendente peronista Llamosas, que se juega la reelección con el apoyo de Schiaretti y de Alberto.
ATE debe votar si continúa o no con su apoyo al gobierno del ajuste fondomonetarista, porque no hay medidas buenas y medidas malas, sino un plan de ataque sistemático a la clase obrera, el que se puede enfrentar o al que se puede dar tregua, no queda opción intermedia. Los delegados independientes de ATE Córdoba y las agrupaciones opositoras deben sumarse a las iniciativas de reagrupamiento de la oposición que debemos desarrollar a nivel nacional. Y pelear por recuperar ATE y transformarlo en una herramienta de la lucha revolucionaria de la clase obrera.

Regional Córdoba

La paritaria de los estatales nacionales por el período julio 2020 – junio 2021 se firmó el 29 de septiembre. UPCN aceptó un aumento de 7% por 6 meses, que se pagará en octubre sin retroactivo. Y una “revisión” para diciembre, que no es ninguna garantía como ya ha demostrado este gobierno, con la revisión de la paritaria 2019-2020, que nunca se concretó o fue recortada en un 5% en convenios sectoriales como el caso de los nodocentes universitarios. Según la propia burocracia verde de ATE, este acuerdo significa un recorte de entre un 12% y un 15% del salario real. Pero tenemos que sumar la pérdida salarial que se acumula desde los 4 años del gobierno anterior, de entre 35% y 40%. Tampoco se avanzó en la reincorporación de los despedidos, y el esquema de pase a planta permanente de los precarizados propuesto por el gobierno es muy limitado.
Andrés Rodríguez y UPCN pueden anotarse el triste récord de aceptar un aumento menor del que rechazó antes. La semana anterior habían dicho que el 15% (en 4 cuotas por 12 meses) ofrecido por el gobierno era insuficiente. Todo para terminar aceptando un 7% más la incierta cláusula de revisión. No podemos esperar menos de un grupo de burócratas-funcionarios que prácticamente diseñó la reforma del Estado de Menem-Dromi y fue puntal del ataque a los estatales en todos los gobiernos sucesivos.
Sincrónicamente, Alberto recibe a los funcionarios del FMI y les ofrece hechos, no palabras: el recorte del presupuesto se hace carne en el guadañazo salarial a los estatales, junto con otras delicias como el recorte de planes sociales (IFE 4), mientras rebaja retenciones al campo y a la minería, propone el aumento de tasas de interés y esquemas “dolar linked” para intentar mantener ordenada la devaluación que el banco central viene llevando adelante desde su asunción. El gobierno ya eligió a los bancos y no a los jubilados, a las fuerzas represivas y no a la familia de Facundo Astudillo Castro, a los bonistas y al FMI y no a los trabajadores estatales, ya se sabe, “mejor que decir es hacer”.

Ladra pero no muerde

La conducción de ATE de la lista verde, por un lado, viene golpeada por su impotencia frente a los ataques del gobierno de Macri, y por el otro, debe sostener su incorporación política a las listas del Frente de Todos y sus relaciones carnales con Alberto, ante un ajuste que afecta de lleno a sus bases.  
Luego de garantizar el silencio y la inacción en la apertura de la paritaria, definieron no firmar el acuerdo paritario y, para reubicarse ante la base, lanzó el 6 de octubre junto a sus aliados Tiscornia y Baigorria de CONADUH y un sector de FesproSa, una de sus folclóricas “jornadas de lucha” sin garantizar el paro como en los años de Macri, pero esta vez aggiornándolo a la “nueva normalidad” con “apagones virtuales, hashtags y caravanas”. Como frutilla del postre, la caravana terminó en el congreso, y no en plaza de mayo para denunciar al Poder Ejecutivo y su política, sino para apoyar el desteñido proyecto del oficialismo de “contribución de las grandes riquezas” contra el fantasma de la “derecha neoliberal”. En las provincias se desarrollar acciones similares (ver: La jornada de ATE del 6/10 en Córdoba).
Como han hecho en las paritarias de Macri, endilgan la responsabilidad del acuerdo de miseria a UPCN, sin nunca hacer mención de sus propias responsabilidades al dejar desorganizados e impotentes a sus afiliados, luego de medio año de tener la paritaria congelada. Bajo la consigna del “quédate en casa”, se excusaron en el ASPO y la pandemia para sostener su  tregua con el Gobierno. Como parte de su acuerdo político, el Cachorro Godoy se comportó como consejero del gobierno, apoyando políticas como el subsidio a las patronales a través de los ATP y la precarización que significaron los “voluntariados coronavirus” organizados por el propio sindicato. Festejaron la resolución de la SRT para que las ART cubran sólo parcialmente al COVID-19 como enfermedad laboral (que les permite todo tipo de chicanas para deslindar responsabilidades). Llamaron a los trabajadores de salud a conformarse con el bono miserable de $5.000 y sobre todo no enfrentaron la política estatal de control sobre el movimiento obrero que es la cuarentena y el supuesto “fortalecimiento del sistema de salud” que ahora todos sabemos fue una gran mentira.
Sus archienemigos de la Verde y Blanca han logrado hacer un papel aún más lamentable que la Verde.  Luego de boicotear cualquier acción en contra de la paritaria de hambre en nombre de la responsabilidad sanitaria, pusieron todas sus energías en hacer actitos de bronca en el ministerio, enojados porque el Cachorro no los dejó sentarse en el sillón de paritario. Ahora rechazan el aumento de 7% con firmeza… juntando firmas, y llamando a no hacer nada para no hacerle el juego a la derecha.

Nosotros luchamos, ellos negocian

La entregada de UPCN no puede ponderarse fuera del acuerdo que impulsa Alberto con la CGT y las cámaras patronales para imponer el ajuste que reclama el imperialismo y el FMI.
El CDN de ATE pide la compulsa de afiliados para ver si efectivamente tiene mayoría entre los estatales nacionales, y de esa forma desbancar a UPCN. Como saben que en realidad eso es decisión de la patronal, hacen lo imposible por parecer más serviles a ver si Alberto los designa con el dedo como los verdaderos representantes de los estatales.
Sin embargo, debemos ser los trabajadores los que decidamos quiénes nos representan, y no los jueces o los ministros. Debemos impulsar en todas las reparticiones, organismos, fábricas y hospitales del Estado nacional asambleas conjuntas, sin distinción de afiliación, para votar delegados paritarios e imponerlos con la lucha.  Es una forma de avanzar también en la unidad desde la base hacia un sindicato único de rama, barriendo a la burocracia sindical y sus internas que nos dividen y debilitan. Por sindicatos independientes del Estado. Abajo la Ley de Asociaciones Profesionales y toda regulación diseñada para estrangular nuestra lucha, que debe ser en unidad con el conjunto de la clase obrera, con el proletariado industrial a la cabeza.

No podemos esperar a diciembre

El rechazo generalizado al 7% debe convertirse en una lucha por la reapertura de la paritaria, y no una mera presión para que nos tiren un mango más en diciembre.
Las juntas internas opositoras, como Trabajo, Mecon, INTI, INTA, Garrahan, INDEC, INCAA, Autoconvocados y agrupaciones de CONICET, etc, tuvieron el reflejo de convocar a una acción independiente el día el martes 29/9 lo cual fue muy importante para quebrar el silencio en el que nos querían mantener Godoy y Catalano. También se realizó una columna independiente el martes 6, junto a los docentes universitarios de AGD.
Sin embargo, hemos venido fallando en poder acordar una línea unificada para enfrentarnos a las conducciones. Ni siquiera se ha podido acordar un documento común o un plenario a pesar de los esfuerzos de algunas Juntas Internas y delegados combativos. La clave para esto es superar la idea de acuerdos de aparatos de épocas electorales y forjar una Oposición Sindical con un programa y métodos capaces de enfrentar a los burócratas y pelear por la dirección.
Para esto hace falta una serie de pasos, empezando por plenarios comunes y un proceso de deliberación para discutir un programa y un conjunto de acciones que permitan agrupar a los que quieren enfrentar el ajuste de Alberto. También se puede avanzar en una Mesa de Juntas Internas, delegados y agrupaciones que funcione con mandatos, mayoría y minoría, y que pueda organizar a los trabajadores combativos en todo el territorio nacional.
En esta coyuntura, la pelea a desplegar está clara:

• Reapertura de la paritaria
• Plan de lucha con paros progresivos, ocupaciones de edificios y cortes de ruta
• Delegados paritarios elegidos en asamblea
• Salario inicial igual a la canasta básica que ATE INDEC calcula en $72.000
• Reincorporación de los despedidos y pase a planta permanente de los precarizados
• Comisiones de seguridad e higiene elegidas en asamblea para garantizar las condiciones de salubridad para el trabajo presencial
• Cobertura de los costos de conexión, herramientas y servicios en el teletrabajo
• Sindicatos independientes del Estado y de todo gobierno

Estatales de la COR

Los trabajadores municipales de la ciudad de Mendoza, organizados en ATE, llevan ya un mes de conflicto en reclamo de recomposición salarial. Perciben salarios que rondan los 10 mil pesos, gran parte compuesto por adicionales no remunerativos ni bonificables. En este tiempo, el tándem radical Suárez-Suárez que gobierna el municipio y la provincia, los ha reprimido tres veces, con desalojos, gaseos, golpes, denuncias penales individuales y al sindicato, y sumarios.

La última represión, ocurrió este domingo 5/7, tras 12hs de intimidación policial y amenazas de la fiscalía, que concluyeron en el violento desalojo de la protesta que sostenían en el KM 0 de la ciudad, y la detención y agresión física de 46 trabajadores, entre ellos los dirigentes de ATE, Adriana Iranzo y Roberto Macho, y de SUTE, Sebastián Henríquez y Pablo Massutti. El argumento para el accionar policial, y la imputación posterior de 36 del total de detenidos, fue la violación del artículo 205 del código penal que castiga con prisión a quien no acate las medidas dispuestas por las autoridades para la prevención de una epidemia. Lo cínico de tal argumento, es que en Mendoza está permitido compartir una mesa de bar con 10 amigos, pero te mandan la infantería si 4 laburantes, que se cagan de hambre con sueldos miserables, se encadenan a un banco en la peatonal. Otra muestra más del carácter antiobrero del conjunto de medidas dispuestas por el decreto de Alberto en acuerdo con los gobernadores, para disciplinar a la población trabajadora que están cargando con lo peor de la crisis económica y sanitaria.  

El sector de limpieza urbana y de preventores que está en lucha por recomposición salarial, se está organizando en ATE, mientras el sindicato mayoritario es el SOEM, dirigido por el concejal radical Dugas Chapel, abiertamente alineado con la gestión Suárez. No es un dato menor que después de la primera represión a los municipales en lucha (desalojados por la policía el 13/6 cuando realizaban un acampe en el predio usado por la municipalidad en el Barrio La Favorita), el SOEM, para descomprimir, negoció el 16/6 que parte del salario pagado con tickets alimentarios, pasara a pagarse a partir de julio como dinero en efectivo, totalmente en negro. Acuerdo inconsulto con la base, mucho menos con el sector en lucha, y claramente insuficiente. Este es el rol de una burocracia podrida que no ha repudiado la represión sufrida por este sector de trabajadores municipales, y es la principal garantía de subordinación de los empleados municipales a las políticas de precarización, tercerización y pauperización de la gestión radical en la ciudad.

Este conflicto se volvió testigo de la problemática que padecemos el conjunto de los estatales. El radical Suárez en Mendoza, igual que Alberto en la nación, priorizan el pago de la deuda externa y la negociación con los bonistas, a costa de salarios congelados, despidos y suspensiones. Aguinaldos postergados. Paritarias cerradas. Alta precarización laboral, con contratos basura, prestaciones, suplencias, monotributo, etc. Y también porque la fragmentación sindical agrava la crisis de dirección del conjunto de los estatales. Los reclamos son los mismos: reapertura inmediata de paritarias, recomposición salarial, pase a planta permanente. Pero el alineamiento de conducciones con el gobierno del Frente de Todos por un lado, y de Cambia Mendoza por otro, se traduce en desmovilización y desconfianza de las bases.

Los municipales en lucha, que soportaron tres represiones y no han sido doblegados, tienen que triunfar. Son hoy una referencia para el conjunto de los estatales, y tienen ganada la autoridad para convocar a provincializar el conflicto, instando a poner en pie un congreso de delegados estatales de base mandatados, que supere la fragmentación de las conducciones y permita centralizar las fuerzas dispersas de los trabajadores. Esta instancia es clave para debatir y resolver un plan de lucha unificado, que prepare un paro provincial hasta imponer el reconocimiento de las demandas de los municipales, y que obligue a Suárez a sentarse a discutir en una paritaria estatal única.

Un congreso de delegados de base, es necesario, para avanzar en un debate programático de cara a resolver la grave crisis de dirección que nos atraviesa al conjunto de los estatales. Las tendencias y delegados antiburocráticos y de izquierda, tenemos la responsabilidad de batallar por un programa de independencia de clase, forjando una oposición sindical revolucionaria que dispute la dirección de la lucha de los estatales y prepare la recuperación de los sindicatos. En cada lugar de trabajo, impulsemos asambleas y mandatos de PARO PROVINCIAL y de ruptura de la tregua de las CGT y CTAs al gobierno del FdT. Preparemos un congreso que discuta cómo enfrentamos la crisis económica y sanitaria con nuestros métodos de clase.

Los estatales, la policía y el monopolio de la fuerza del Estado.

En el conflicto de los municipales, junto al sector de limpieza urbana, sostienen la lucha un grupo de preventores. Los preventores son un cuerpo de civiles, creado en el ámbito de la Municipalidad de Mendoza, por decreto del año 2008 (luego emulado por otros municipios), con el objetivo de observar, informar y colaborar con la Policía de Mendoza. Como cuerpo de civiles, auxiliares de la Policía provincial, portan tonfas y gas pimienta, y tienen acceso al sistema Tetra de comunicación encriptado que usa la policía. Si bien son civiles, son casi 300 los preventores de la ciudad, cuya función es la cooperación y coordinación como auxiliares en el accionar policial.

No podemos ser indiferentes a las implicancias de esta relación. Más aún en esta situación de crisis económica mundial acelerada por la pandemia, frente a la cual, la cuarentena es utilizada por Alberto y los gobernadores, para aumentar el control de la circulación de bienes y de trabajadores. Para ello son las medidas de mayor intervención de las fuerzas de seguridad, incluyendo el despliegue del ejército en las barriadas, como parte de la preparación de los capitalistas y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo. Medida que ya se ha cobrado numerosas vidas, como Luis Espinoza en Tucumán, dos jóvenes muertos en las comisarías de San Luis, Facundo Scalzo y tantos otros asesinados por gatillo fácil en el marco del ASPO. Esta tendencia es internacional, y vemos su expresión, con sus especificidades, en las movilizaciones contra los asesinatos raciales a manos de la policía en EEUU, y la discusión abierta en el movimiento obrero sindicalizado respecto a la expulsión de los sindicatos de policía de las centrales obreras.

La policía es una fuerza integrada por individuos que se forman y trazan su vida como miembros de las instituciones represivas del Estado burgués. Los policías, oficiales, suboficiales, espías de la exSIDE y demás servicios, no son obreros aunque ganen poco, soporten largas horas de servicio, los maltraten los superiores o vivan en malas condiciones. Es una aberración completa considerar que existe algún tipo de “unidad de clase” con los policías, a pesar de poder ellos mismos ser hijos de obreros u obreras, y de percibir por su servicio una remuneración salarial. Su función es opuesta a los asalariados que trabajan en la producción o en servicios. La función del policía consiste esencialmente en colaborar con la explotación capitalista, asegurando en forma “técnica y administrativa” la extracción de plusvalía y la disciplina laboral. Aunque sean pobres o maltratados no significa ni mucho menos que los policías sean explotados. Los trabajadores son explotados porque rinden plusvalía al patrón. El policía amordaza al obrero y ayuda al patrón a tenerlo esclavizado. “El hecho de que los agentes de policía fueran reclutados en gran parte entre los obreros socialdemócratas no significa absolutamente nada. Aquí también la existencia determina la consciencia. El obrero que se hace policía al servicio del Estado burgués es un policía burgués y no obrero. (…) Pero lo más importante es que todo policía sabe que los gobiernos cambian, pero la policía queda” (León Trotsky. Alemania, la revolución y el fascismo).

En este conflicto, un grupo numeroso de preventores estuvo en la lucha, junto a los trabajadores de limpieza urbana, soportando incluso la represión de la fuerza policial. Es importante dar el debate de la perspectiva que abre este conflicto para el sector. Por ello sostenemos que los preventores que están en la lucha junto al resto de los municipales, deben plantear la disolución del cuerpo de preventores, y su reubicación en otras tareas y servicios municipales.  Porque cualquier lucha reivindicativa elemental, nos encontrará una vez más, enfrentando el accionar policial como fuerza represiva del Estado para disciplinar a los trabajadores. Debilitar el poder represivo estatal, es central en la perspectiva estratégica de la destrucción de este Estado, que no es nuestro Estado.

El 20 de marzo pasado el gobierno nacional de Alberto Fernández estableció por decreto el “aislamiento social preventivo y obligatorio” por el COVID-19, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pandemia mundial. El domingo 29 de marzo, extendió la medida hasta fines de semana santa. El pretexto para establecer esta cuarentena, con las fuerzas de seguridad controlando las calles, es un modelo estadístico (curva) promovido por la OMS y los especialistas según el cuál es necesario ralentizar los contagios de la enfermedad para evitar un colapso del sistema sanitario de los estados burgueses, como se está viendo en Italia y España. Este plan de “achatar la curva de contagios” parte del supuesto de que el sistema sanitario tiene capacidades limitadas para la atención de la población, y según el ministro de salud González García, todo el plan consiste en ganar tiempo para adecuar el sistema, en actual estado de calamidad, a las necesidades del futuro pico de contagio. Basta traspasar la medianera de cualquier hospital del interior del país para darse cuenta de que esto es una burla al pueblo pobre y a la clase trabajadora toda, y un cínico insulto a los trabajadores de la salud en particular.
Por supuesto, lo anterior es un mero pretexto sanitario. Al 29 de marzo, el total de detenidos por “violación de la cuarentena” ascendía a 33.000 (Clarín). Como hemos expuesto en otros materiales, la intervención de las fuerzas de seguridad controlando la circulación de mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo como mercancía, responde a la preparación de la burguesía y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo mundial que va mucho más allá de una infección respiratoria. Estamos hablando de una crisis capitalista en toda regla, con su ola de suspensiones, despidos, rebajas salariales, avance de la precariedad y quita de conquistas obreras, camino que ya comienzan a transitar las patronales como Techint, pero que ya venían implementando antes del COVID-19 en la industria petrolera, en ARCOR, por dar sólo algunos ejemplos.

Un sistema en ruinas

La inversión en salud en Argentina es del 9,4% del PBI. De esta cifra, el Estado (en sus distintos niveles e incluyendo el gasto en seguridad social) aporta el 70% y el 30 % restante corresponde al sector privado, según datos de la OPS/OMS. En relación al gasto total, en cambio, los fondos públicos ejecutados en 2020 representan solo un 4%, de acuerdo con los datos de Hacienda. Por la expansión de la pandemia, el gobierno nacional anunció una partida presupuestaria extra de $1.700 millones. Para que tengamos un punto de comparación, es el equivalente a un cuarto del presupuesto anual del Hospital Garraham.
El cinismo de Fernández es insuperable cuando se refirió a que los trabajadores de la salud iban a recibir un pago diferencial extraordinario: se rumoreaba que iba a ser de $30.000, pero resultó en el decreto que cobrarán 4 cuotas de $5.000, no remunerativos y contra la prestación efectiva de servicios; y en caso que se ausente del trabajo en forma parcial o total -justificada- el pago extraordinario se ajustará proporcionalmente, introduciendo en la emergencia una cláusula de presentismo  (productividad). Ese decreto además reconoce que el personal de salud debe trabajar en más de un lugar, dado que el salario no alcanza, estableciendo que el incentivo lo cobrarán sólo por uno de sus empleos. Resulta ahora que los trabajadores de la salud deben hacer una “patriada” con un barbijo y un par de guantes durante todo el día a cambio de las peores condiciones laborales agudizadas por la expansión del virus, con todos los riesgos que ello significa, y con un salario por debajo de la línea de la pobreza.
El sistema sanitario argentino está fragmentado en el sector estatal, que atiende a 3 de cada 10 personas en forma gratuita, las Obras Sociales sindicales, que cubren a los trabajadores registrados con aportes, y el sector privado de prepagas, hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, otros centros privados y, no olvidarlo, las nefastas ARTs. Estos dos últimos sectores atienden a 7 de cada 10 personas (Iprofesional, 22/03/20). Las estadísticas no distinguen entre las personas atendidas por las Obras Sociales de aquellas atendidas por el sector privado porque de hecho estos sectores se confunden. Hay una razón: en los años 90, las Obras Sociales que ya estaban bajo la égida del Estado burgués a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y otros organismos, fueron desreguladas, proceso que culminó bajo el gobierno de la Alianza que nos depositó en la crisis de 2001. Debería tener más cuidado el actual presidente cuando compara los muertos con las crisis económicas: muchos de los trabajadores que morirán con el pico de la actual pandemia serán en realidad víctimas de las reformas antiobreras que se instrumentaron durante las crisis anteriores. La desregulación de las Obras Sociales permitió que muchas de estas simplemente tercerizaran los servicios de cobertura de salud de los trabajadores de su rama desviando los descuentos de ley a prepagas que surgieron como hongos y luego fueron decantando por la competencia capitalista en el monopolio de los actuales mercaderes de la vida y la muerte como OSDE, Swiss Medical, Medifé, etc, etc. Otras Obras Sociales sindicales se “especializaron” en el rubro, ofreciendo sus servicios a otros sindicatos. Todo esto, sin dejar de mantener una relación espuria con la SSS, que junto con la Ley de Asociaciones Sindicales y la Conciliación Obligatoria se ha convertido en un instrumento de subordinación de las organizaciones de la clase obrera al Estado burgués. Esto sucedió durante el gobierno de Macri, durante los gobiernos anteriores y sucede ahora: la burocracia sindical negocia paz social por fondos frescos que la SSS transfiere a esta capa privilegiada a través de las Obras Sociales. Los fondos que supuestamente deberían destinarse a la salud de los trabajadores son el pago en efectivo de la traición de sus dirigentes por el Estado burgués. Este sistema de salud, llamado “tripartito”, que viene siendo coto de negocios de un puñado de empresas capitalistas (a las que hay que sumar a los laboratorios de medicamentos) y del concubinato del Estado con la burocracia sindical, es el que se enfrenta a la famosa “curva” del COVID-19. De más está decir que la resultante, en palabras del propio Ginés González García, es un sistema sanitario devastado.

La salud del pueblo

Igual que la democracia política, la salud popular en la Argentina fue producto de la lucha y la organización de la única clase progresiva, el proletariado. La salud de los trabajadores sólo fue atendida por los trabajadores mismos a través de las mutuales y cajas de socorros mutuos, germen de los sindicatos. Las Obras Sociales tienen ese mérito, y recordamos esta historia porque lamentablemente hoy muchas organizaciones obreras y de la propia izquierda centrista están totalmente adaptadas a la ideología estatista de la burguesía, que hoy en la crisis se fortalece. La salud pública, que es una ilusión, pasaría por los hospitales estatales, (no tan) gratuitos, que además los últimos años han sufrido también el embate de las políticas del Banco Mundial y su Cobertura Única de Salud (CUS) que propone la intervención directa de los privados en los servicios “rentables” del hospital público. Más que tripartito, el sistema es una maraña en la cual las empresas de la salud se quedan con el negocio y el Estado sostiene los déficits, estatismo a fin de cuentas. No hace falta más que conversar con cualquier enfermera de un hospital estatal para saber cuáles son y cómo se manejan los servicios “privatizados”. En cuanto a las Obras Sociales, como explicábamos más arriba, han sufrido el derrotero de los propios sindicatos bajo la decadencia imperialista, siendo sometidas por el estado burgués y sus formas de poder bonapartistas sui generis. Sin embargo, en medio de la pandemia, la lección de la historia es categórica: sólo a los trabajadores nos interesa nuestra salud y la salud del pueblo pobre en general.
¿Qué significa la salud de la clase obrera para la burguesía? Simplemente parte del valor de la fuerza de trabajo, que debe reproducirse día a día para continuar bajo el yugo de la explotación del capital y su acumulación. Incluso si se “daña” en el propio proceso de producción, como cualquier máquina está cubierta por un seguro (ART). Esto simplemente queda mucho más al descubierto con la descomposición de cualquier idea de Estado de bienestar en los países imperialistas, el antiguo espejo en que se miraban la sub-burguesía nacional y los sectores medios.

Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud

La pandemia ha venido a profundizar y acelerar la crisis económica y social y a poner al descubierto un sistema de salud en ruinas. La actual coyuntura de crisis en todo el mundo muestra como los trabajadores de la sanidad, de la industria y los servicios empezamos a organizarnos y luchar por lo que nos han robado hace décadas, como es el caso de las huelgas en Italia, método de la clase obrera para que las patronales no la arrojen como “carne de cañón” a producir en la insalubridad de las fábricas.
En Argentina, la burocracia sindical se votó el aislamiento social, cubriéndole el flanco al gobierno. Luego de la reunión entre nación y sindicatos de la salud quedó demostrado que tanto ATE y Fesprosa como la CTA-A van a ser cómplices de profundizar la precariedad laboral ante la incorporación de residentes del 2º y 3º año al abordaje de la epidemia, la falta de recurso crítico disponible en los hospitales (aunque parece ser un dato novedoso para los burócratas) y definen poner a disposición los hoteles sindicales para subordinarse a la estrategia del gobierno nacional. La UPCN y ATSA también firmaron la paz social, y solo se remiten a elevar notas por falta de insumos al Ministerio de Salud ante la presión de los trabajadores de la sanidad en hospitales designados de referencia para atender pacientes infectados por el COVID-19. La burocracia trata de mostrar la importancia que tiene la “unidad” de los sindicatos con el Estado burgués, con la excusa de la emergencia y la esencialidad del sector, manteniendo así la conciliación de clases como objetivo primordial de salvaguardar las ganancias capitalistas.
Los trabajadores de la salud somos hoy los más expuesto a la pandemia y al plan de Alberto y las patronales. Además de defender nuestra propia vida, debemos defender al conjunto de los trabajadores ya que, con menor personal de atención disponibles por posibles contagios, el sistema sanitario caería aún en peores condiciones, como sucede en España donde casi el 15% de los contagios se dan entre trabajadores de la sanidad. Contra las jornadas extenuantes y la doble o triple jornada de trabajo, debemos pelear por jornadas de 6 hs para las y los trabajadores de la salud, con un salario inicial igual a la canasta básica indexado a la inflación, y por el pase a planta permanente de todos los becarios, contratados, monotributistas, pasantes y residentes. Hay que poner fin a las tercerizadas. No podemos permitir que gobiernos y empresarios de la salud aprovechen la coyuntura para avanzar en la precarización laboral, ¡Que todo trabajador que se incorpore en la emergencia sea contratado con las mismas condiciones que el personal de planta, por un contrato único!
Los trabajadores de la salud necesitamos disponer de todos los insumos necesarios para la asepsia y esterilización de materiales, así como de equipos e insumos. Necesitamos equipos de protección personal (EPP) para todo el personal, teniendo en cuenta que se trata de material descartable y debe estar disponible de formar constante. Cese de actividades hasta que se cumplan las normas de bioseguridad para todo el personal.
Es imperiosa la centralización real de los recursos sanitarios. Al igual que el resto del plan sanitario de Alberto, la coordinación a través del gobierno nacional y sus conferencias con los gobernadores de las provincias y el intendente de la CABA son una farsa y dejan al 70% de la atención del sistema, privado, seguir actuando guiado por el lucro (una pandemia significa grandes negocios para estos burgueses). Sin embargo, la consigna de centralización del sistema bajo el comando del Estado burgués, incluso la estatización de las efectores del sector privado, sigue dejando en manos del comando de nuestros enemigos de clase el problema de la salud de los trabajadores. Lo que está planteado es poner los hospitales, clínicas, sanatorios, grandes cadenas de farmacias y demás centros de atención bajo control de sus trabajadores a través de los sindicatos de la rama (ATSA, la Fesprosa, ATE Salud, UPCN, sindicatos estatales provinciales y municipales). Por supuesto, para ello es necesario recuperar los sindicatos de manos de la burocracia y ampliar sus funciones. El método es la asamblea, la elección de delegados con mandato, los plenarios zonales o municipales, provinciales y un Congreso Nacional de Delegados de Base de la Salud, por supuesto, tomando todas las medias de prevención para evitar los contagios (tal como deben tomarse en los propios hospitales y fábricas donde se continúan las labores). Para esto también necesitamos imponer la jornada de 6hs, que los sindicatos estén abiertos para realizar reuniones de delegados y activistas, y que emitan salvoconductos sindicales para que nuestros delegados puedan circular entre los lugares de trabajo y las sedes de nuestras organizaciones.

Control Obrero versus Reconversión

Existe una preocupación válida entre muchos compañeros y compañeras en relación a la provisión de los EPP y otros insumos y equipamientos médicos, ¿cómo conseguirlos, si no hay stock? Esto se debe a que la producción de estas mercancías y su distribución no escapan a las reglas capitalistas anárquicas que rigen a cualquier mercancía. Los stocks no están o porque no se producen, o porque están escondidos para la especulación o porque fueron destinados a la exportación o al consumo de los sectores burgueses. El caso de los respiradores es paradigmático: fueron los propios distritos provinciales los que comenzaron a pujar por los pocos respiradores que se fabrican en el país. Nuevamente, el Estado nacional tuvo que salir a aparentar cierta organización centralizando a su manera el abastecimiento de los mismos, y al mismo tiempo activando un gran negocio para una multinacional como Toyota que se ofreció para la reconversión de su planta de Zárate, donde propuso armar una línea de montaje de respiradores para sumar a los que se fabrican en Córdoba y a las partidas que serán importadas probablemente de China. ¡Es un gran negocio! En tiempos de restricción de la producción por la cuarentena, pero más aún por la recesión mundial, la industria automotriz está paralizada; la única forma en que puede valorizarse el capital es explotando a la fuerza de trabajo, y Toyota encuentra la manera de realizar esto… ¡a través de la famosa reconversión! En el terreno del mercado mundial, ocurre lo mismo con la competencia entre el capital de los países imperialistas entre sí y con China por poner en funcionamiento determinadas producciones destinadas a los sistemas sanitarios para intentar iniciar una (muy dudosa) recuperación económica a futuro.
Lo más lamentable es que esta idea sea un punto central del programa que nos propone la izquierda centrista organizada en el FIT-U. Dirán que ellos suman a la reconversión el “control obrero”, entendido como un mero control democrático “por la base” de la actividad capitalista. Sin embargo, lo que realmente están proponiendo es una reconversión dentro de los marcos del sistema, sin cuestionar el mando capitalista ni enfrentar al Estado burgués (por eso tampoco quieren enfrentar la cuarentena) ni cuestionar la explotación del sistema del trabajo asalariado. Los revolucionarios, entendiendo el problema de la cadena de suministros del sistema sanitario, levantamos la intervención independiente de la clase obrera, luchando por recuperar nuestros sindicatos industriales y de servicios para que amplíen sus funciones y a través de nuestras organizaciones imponer el control obrero de los laboratorios médicos, las fábricas químicas, textiles, de papel y de equipos médicos, la cadena logística, y demás insumos y equipos que se necesiten para atender la pandemia y sostener la tarea de los trabajadores de la salud. Confiscación de todos los stocks de insumos y equipos y distribución bajo control obrero, donde tendrá un peso preponderante la opinión de los propios trabajadores de la salud.
Debemos decir finalmente que la idea de reconversión es totalmente nacionalista. El control obrero sobre las ramas industriales y de servicios rompe las fronteras nacionales porque la tarea que enfrenta nuestra clase obrera y su vanguardia tiene una naturaleza, como la pandemia y el mercado mundial capitalista, internacional.

El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo

Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud. Esto no quiere decir que podamos poner en pie un sistema de salud “obrero”, paralelo al Estado capitalista y el sistema de la propiedad privada, eso sería una mera utopía reformista. La salud de la clase obrera no puede garantizarse sin enfrentar las consecuencias de la descomposición capitalista. Siguiendo a Trotsky, “los sindicatos actualmente no pueden ser simplemente los órganos democráticos que eran en la época del capitalismo libre y ya no pueden ser políticamente neutrales, o sea limitarse a servir a las necesidades cotidianas de la clase obrera. Ya no pueden ser anarquistas, es decir que ya no pueden ignorar la influencia decisiva del estado en la vida del pueblo y de las clases. Ya no pueden ser reformistas, porque las condiciones objetivas no dan cabida a ninguna reforma seria y duradera. Los sindicatos de nuestro tiempo pueden servir como herramientas secundarias del capitalismo imperialista para la subordinación y adoctrinamiento de los obreros y para frenar la revolución, o bien convertirse, por el contrario, en las herramientas del movimiento revolucionario del proletariado.”
La salud de nuestra clase no puede sostenerse a través de ningún sistema de salud estatal bajo el capitalismo, porque no tenemos garantizadas las mínimas condiciones de reproducción de nuestra fuerza de trabajo. Conquistar estas condiciones, un salario mínimo igual a la canasta básicas familiar, las condiciones de seguridad e higiene para no morir en las fábricas y en el transporte, una reforma urbana basada en la expropiación de los grandes terratenientes para conquistar viviendas para todos los obreros, imponer las escalas móviles de salario y horas de trabajo contra el desempleo y los despidos, todo eso plantea un programa de transición para la lucha de nuestra clase contra los capitalistas y su Estado. A través de nuestros métodos, los ceses de actividades y paralizaciones para avanzar a la huelga general. Es el camino de la revolución socialista y la instauración de un gobierno obrero, en el que los revolucionarios internacionalistas estamos comprometidos.
El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo.

El gobierno de la provincia de Córdoba afina la puntería y avanza en un duro ataque contra los estatales y docentes provinciales estableciendo un “aumento” salarial irrisorio del 4% para noviembre más una suma no remunerativa de $1750; en diciembre un adicional de $875; en enero lo mismo que noviembre y en febrero se reúnen nuevamente para discutir si se blanquea los $1750 más los $1500 que ya venían cobrando, luego de suspender el pago de la cláusula gatillo. Mientras que la inflación interanual ya supera el 50% y la canasta básica suma un acumulado desde el 1º enero del 48,24%. Las declaraciones de Juan Monserrat: “en febrero intentaremos recuperar los puntos perdidos del 2019 ante la caída de la recaudación en las arcas provinciales” son claramente las de un vocero de la patronal.

Con este acuerdo, basado en la necesidad de ajustar las cuentas para pagar la deuda, Schiaretti se pone a tono con los F-F y se apresta a ingresar, junto con el resto de los gobernadores, al Pacto Social. Lo mismo hacen el kirchnerista Monserrat, Pihén y demás burócratas, se preparan para ser la pata sindical del pacto contra la clase obrera.

Crisis provinciales

Pasadas las elecciones, tanto los gobernadores peronistas como los radicales se juegan a garantizar que seamos los trabajadores estatales y privados la variante de ajuste para el saneamiento de sus cuentas. No es novedad que las provincias están atravesando una profunda crisis económica, generada por la recesión y por la crisis de deuda y financiamiento abierta durante el gobierno de Macri. Mientras la derrota electoral de este último ha generado grandes expectativas entre los trabajadores y las masas, estas más temprano que tarde se van a ver defraudadas por la política del gobierno peronista que prioriza a cada paso las negociaciones con el FMI y los empresarios. Mientras, la situación social se agrava, con la aceleración inflacionaria y el congelamiento del salario. En medio de una región convulsionada por las protestas sociales en Chile, Ecuador y más recientemente por la resistencia al avance de la derecha en Bolivia, evitar una situación similar en nuestro país fue el gran rol que Macri y la burguesía le deben a la Iglesia, al triunvirato piquetero vendido al Estado y sobre todo a la burocracia sindical peronista de la CGT y las CTAs, que se embarcaron en la paz social del “hay 2019” traicionando a la clase obrera dejando pasar una brutal destrucción salarial y de puestos de trabajo. Por eso, si queremos recuperar lo perdido y pasar a la ofensiva, debemos enfrentar decididamente a los enemigos en nuestras propias filas: los Pihén y Monserrat, los Daer, los Acuña y los Moyanos.

Pase a planta ya! Fin a la precarización laboral en el estado provincial

Para Schiaretti y sus funcionarios, mantener las estructuras ministeriales con trabajadores precarizados mediante becas, monotributos y pasantías es una cuestión central y por ello, hace algo más de tres meses los Ministros vienen lavándose las manos aduciendo que se viene el cambio de autoridades y que por eso ellos no pueden resolver las demandas de los precarizados. Igual que a nivel nacional, chamullan con la “transición”, en este caso la de Schiaretti consigo mismo...

Los jóvenes precarizados del estado provincial siguen dando pelea por el pase a planta, aunque sin respuestas favorables por el momento; dieron sus primeros pasos con acciones como las asambleas, los cortes y las marchas, y avanzaron en la organización sindical, afiliándose a ATE y eligiendo delegados normalizadores. En esto, fue muy importante la experiencia de las compañeras del Polo de la Mujer que sirvió como ejemplo a seguir. La semana pasada, se hizo sentir en los hospitales el paro de los transportistas de pacientes con discapacidad tercerizados, por una deuda salarial que mantiene el gobierno de Schiaretti desde junio, algo insostenible para cualquier trabajador.

La lucha iniciada por los estatales precarizados tiene enorme importancia para el conjunto de la clase obrera. Plantea la posibilidad de conquistar el pase a planta, mejores condiciones de trabajo y un contrato único para todos los trabajadores estatales terminando con las divisiones entre las diferentes leyes, estatutos y convenios colectivos que, alentados por las mezquindades sectoriales de las burocracias de turno, nos llevan a la atomización y división. A contramano de la lucha por fortalecernos en la unidad, algunos sindicatos como la UTS plantean erróneamente la “pelea por la paritaria de salud”, postulando una pelea sectorial cuando es necesario generalizar el combate contra Schiaretti y el Estado provincial como un todo.

Debemos recupera los sindicatos de las manos de la burocracia sindical para unificar a los estatales provinciales y luchar por la inmediata reapertura de paritarias, por una paritaria estatal única, por delegados paritarios elegidos en asambleas, por el pase a planta permanente, por un salario inicial igual a la canasta familiar indexado a la inflación, entre otras conquistas centrales para poner de pie a nuestra clase.

Por un Congreso Provincial de delegados con mandato

Avancemos en un congreso provincial de delegados con mandato que se plantee la deliberación y vote el paro provincial con toma de fábricas y edificios como parte de un plan de lucha para conquistar todas nuestras demandas. Este Congreso debe unificar a los estatales con el conjunto de los trabajadores de los servicios y la industria que enfrentan las mismas condiciones de deterioro salarial, precarización laboral y también los despidos y suspensiones. A los trabajadores de Molino Minetti, ya en el cuarto mes de lucha, se suman otros sectores como los judiciales, trabajadores de prensa de La Voz del Interior, los transportistas de AOITA, diferentes líneas de la UTA, que están en conflicto. Esto no sucede sólo en Córdoba, por lo que una instancia así debe servir para preparar un Congreso Nacional de delegados de base, para echar a la burocracia sindical y votar una paro nacional y un plan de lucha para enfrentar el ajuste que preparan el FMI junto con Alberto, los gobernadores, la Iglesia y los burócratas de la CGT todos unidos en el famoso Pacto Social. En estos momento es donde más necesitamos centralizar nuestras fuerzas para poder dar una salida a la crisis desde nuestros intereses.

Para avanzar en estas tareas, las agrupaciones opositoras combativas de los diferentes sindicatos tienen gran responsabilidad en la necesidad de reagrupar a los luchadores y activistas más decididos. Proponemos organizar un plenario de delegados de las oposiciones de los sindicatos estatales para deliberar y discutir el programa para enfrentar a la burocracia sindical y recuperar los sindicatos para los grandes desafíos que tenemos planteados.

• Abajo el Pacto Social.

• Recuperar nuestros sindicatos y centrales obreras de manos de la burocracia sindical.

• Por un congreso de delegados con mandato de base.

• Por el pase a planta permanente, ya!

• Contrato único para todos los estatales.

• Salario inicial igual a la canasta familiar indexado a la inflación.

• No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI de América Latina.

Regional Córdoba

4/12/2019

Los trabajadores estatales precarizados de la provincia de Córdoba vienen sosteniendo una lucha contra la precarización laboral y la miseria salarial impuestas por el gobierno de Juan Schiaretti, con la complicidad de la burocracia sindical y en particular de José Pihén, actual dirigente del SEP y la CGT Córdoba. Ese mismo Pihén que aceptó, junto a Monserrat de la UEPC, terminar con la ya de por sí engañosa cláusula gatillo a cambio de un miserable bono de $3.000 en 2 cuotas como paliativo ante la devaluación, bono que además no alcanza a los precarizados. El proceso de organización mediante asambleas, apoyado en conflictos anteriores como el de las compañeras del Polo de la Mujer y de otras reparticiones, se postula como una lucha generalizada contra la precarización laboral en una de las principales empresas capitalistas de la provincia, el propio Estado burgués. La patronal-Estado muestra así su verdadero rostro, y las mentiras de la lucha contra el trabajo precario, que el propio gobierno alienta con los planes de empleo como el PPP, PPP joven, el PILA y tantos más.

Esta lucha se da además en una coyuntura nacional de crisis, con el brutal impacto en los salarios de la devaluación pos PASO y los planes de más ajuste y reformas antiobreras que negocian Macri y Fernández con el FMI. Abre la perspectiva de romper la paz social que pretenden imponernos los candidatos a presidente, los patrones y la burocracia sindical de las CGTs y las CTAs. La lucha que están iniciando los estatales  precarizados de Córdoba tiene enorme importancia para el conjunto de la clase obrera. Plantea la posibilidad de conquistar el pase a planta de todos los precarizados, un contrato único para todos los trabajadores estatales, el salario inicial igual a la canasta familiar indexado a la inflación, entre otras conquistas centrales para poner de pie a nuestra clase.

La posibilidad de la afiliación sindical no es menor, ya que permite establecer relaciones de fuerzas favorables a nuestros intereses de forma colectiva ante la patronal. Es necesario imponer junto a los delegados combativos la afiliación de los precarizados al SEP, y si se decide encuadrarse en otro sindicato, hacerlo siempre a partir de una decisión colectiva. Luchemos por la unidad, no a través de los acuerdos de cúpula de las burocracias sindicales, sino a partir de asambleas conjuntas en cada repartición, donde participen trabajadores de planta y precarizados, sin distinción de afiliación sindical. Elijamos delegados paritarios con mandato de asamblea, para que la negociación con el gobierno no quede en manos de los burócratas de siempre, sino de luchadores que respondan a las bases. Por una paritaria estatal única, que incluya a los docentes. Avancemos en un plenario provincial de delegados con mandato que se plantee la deliberación y vote el paro provincial con toma de edificios como parte de un plan de lucha para conquistar todas las demandas. Una instancia así es fundamental en este momento donde más necesitamos centralizar nuestras fuerzas para poder dar una salida a la crisis desde nuestros intereses.

Recuperar nuestros sindicatos y centrales obreras de manos de la burocracia sindical es una tarea central. Tomemos el ejemplo de los trabajadores y el pueblo ecuatorianos que enfrentan en las calles los planes del FMI y el de los docentes de Santa Cruz y demás trabajadores que en nuestro país se nieguen a “salir de las calles” para “irse a dormir” como les reclaman Macri y Alberto. El único camino es la lucha con los métodos de la clase obrera y tras una salida de independencia de clase.

• Por el pase a planta permanente, ya! Contrato único para todos los estatales.
• Salario inicial igual a la canasta familiar indexado a la inflación.
• Recuperar los sindicatos y centrales de manos de la burocracia.
• Por un congreso de delegados con mandato de base.
• No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI de América Latina.

COR Regional Córdoba
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