Paritaria Nacional Docente. Un gran acuerdo para un gran ajuste.
El jueves 30/1 se concretó la primera reunión formal de la restituida paritaria nacional docente, derogada por Macri tras un acuerdo con la burocracia que establecía un mecanismo automático de actualización del salario de referencia (fijándolo en un 20% por encima del SMVM). Importa recordarlo, porque se suma a la larga historia de fracasos de la burocracia sindical docente en la mesa de negociación.
Supeditada a la negociación de la deuda externa, la discusión paritaria no tuvo definiciones aún sobre la pauta de incremento salarial 2020, ni la asignación presupuestaria nacional para educación. Abiertamente alineados con Fernández, no sorprende que los representantes sindicales salieran muy conformes a comunicar su pronóstico de un “normal inicio de clases” como agradecimiento por su retorno a la cogestión del plan de ajuste que delinean el Ministro de Educación Trotta y sus pares provinciales. Claro que no hubo planteo alguno de parte de la representación sindical sobre la crítica situación de los docentes de Chubut, cuyos salarios fueron congelados y se pagan en tandas, ni por la decisión unilateral de Manzur de derogar el acuerdo paritario en Tucumán. Tampoco por la parálisis de las paritarias provinciales y la decisión de eliminar el gatillo por parte de los gobernadores. La celeste se prepara, una vez más, para aislar los conflictos provinciales.
Un objetivo asumido por la celeste en CTERA es garantizar la desindexación salarial a Fernández y a los gobernadores. Trotta pretende un esquema de discusión salarial trimestral, y promete que este año los salarios docentes le ganarán a la inflación, pese a considerar que “el salario atado a la inflación profundiza el déficit”. ¿Cómo piensa lograrlo entonces? Pues “ganarle a la inflación” no es lo mismo que salir de la pobreza. Con una canasta básica que ronda los 40.000$, una inmensa mayoría de los trabajadores de la educación está por debajo de la línea de pobreza.
La burocracia y el gobierno apuntan a modificar la suma fija del Incentivo Docente (estancado desde el año 2016 en 1200 pesos por cargo/proporcional horas cátedra) y el Fondo de Compensación Salarial (monto de garantía salarial que complementa los salarios de provincias que no cubren el mínimo) priorizando los salarios iniciales del escalafón. Lo cual, no sólo estará muy lejos de recomponer el salario de más de 250.000 docentes que ganan la mínima (20.250$), sino que además profundizará el achatamiento de la escala salarial. En la mayoría de las jurisdicciones, es imperceptible la variación salarial entre el docente inicial y quienes tienen 10 o más años de antigüedad.
La política laboral de la burocracia
La burocracia sindical de CTERA, fracasó en enfrentar la política macrista en educación, y subordinó todo su accionar a un triunfo electoral del Frente de Todos. Como correa de transmisión de la política de ajuste de Fernández, se alista para garantizar un normal inicio de clases y colaborar en la aplicación de la política educativa y la reforma laboral en educación de Fernández.
En la negociación paritaria ayer, se acordó la conformación de 10 comisiones de trabajo, donde la celeste en CTERA reflotará su programa inconcluso durante su colaboración con el gobierno K. En palabras de Baradel, la conducción de CTERA quiere discutir la "inversión en el mantenimiento y construcción de escuelas, formación docente, salud laboral docente, definir medidas para mejorar la asistencia de alumnos y docentes y avanzar en la extensión de la jornada escolar" (Página12, 8/1/20). Llamamos la atención sobre las medidas con las que la burocracia pretende mejorar el presentismo. En Mendoza, el Ítem Aula impuesto por Cornejo como doble presentismo, ya fue naturalizado por los aliados de Baradel. Otra variante es la medida antihuelga impuesta por Alicia Kirchner en Santa Cruz, con un puntaje especial para los concursos docentes, asignados a quienes tengan asistencia perfecta. No olvidemos que Cristina llegó a plantear en paritarias un fondo de presentismo para atacar el derecho a huelga docente. Que estas medidas no fueran puestas a discusión en la paritaria ayer, no es una buena señal para los trabajadores.
La extensión de la jornada escolar, es una vieja demanda de la celeste, quien la plantea como extensión de la jornada laboral docente (hoy el cargo docente es por media jornada). Esta propuesta de modificación de la jornada laboral incrementando su duración, conlleva la naturalización de la sobrecarga laboral docente y la reducción de puestos de trabajo.
Reagrupar a la oposición nacional docente
La ausencia de principios de independencia de clase en un programa impregnado de estatismo, lleva a las listas opositoras a plantear medidas redistributivas, una reforma que revierta la provincialización del sistema educativo. Como si la renacionalización resolviera el problema del carácter de clase de la escuela en el capitalismo. La escuela previa a la descentralización impuesta por la dictadura y el menemismo, era tan capitalista y clasista como la actual.
La crisis de la educación es expresión de la crisis capitalista como tendencia mundial. La burguesía impulsa reformas educativas, laborales y previsionales en un intento de sanear un sistema decadente a costa de los trabajadores. Las lecciones de lucha de la juventud y las masas asalariadas en Chile, como el punto más álgido de una Latinoamérica convulsionada, debe orientar el debate programático de los revolucionarios que intervenimos en sindicatos docentes de la región, abriendo los mismos a la participación de delegados estudiantiles con voz en nuestras instancias de deliberación. Impulsando la recuperación de los sindicatos y centrales con un programa de independencia de clase y del Estado.
Los sindicatos y seccionales que fueron recuperados por listas multicolores, sufren la tensión en sus conducciones conjuntas con los nuevos aliados de la celeste, como el PCR. Es necesario avanzar en reagrupar a las tendencias que reivindican la independencia de clase, junto al activismo antiburocrático, en una oposición nacional docente que, con libertad de tendencias, unifique un pliego de reivindicaciones para organizar y cohesionar en cada escuela desde los intereses de los trabajadores.
Necesitamos imponer delegados paritarios con mandato y revocables, que lleven a la mesa paritaria la exigencia de recuperar lo que perdimos durante el macrismo. Exijamos aumentos al básico para elevar el salario inicial al valor de la canasta familiar por un cargo y su actualización permanente de acuerdo al aumento de precios. Impongamos el ingreso único al sistema educativo para terminar con la precarización laboral docente, y la eliminación de toda medida de productividad como el ítem aula/doble presentismo y las medidas antihuelga extorsivas de exclusión de docentes en concursos. Exijamos la reapertura de los cursos y escuelas cerrados y la reincorporación de todos los docentes despedidos. El presupuesto educativo no puede estar subordinado a la negociación con los usureros internacionales y el FMI. ¡No al pago de la deuda externa! ¡Abajo la reforma previsional!
Los trabajadores de la educación no podemos convalidar el acuerdo del gobierno y los movimientos sociales cayetanos para que la infraestructura escolar tenga mantenimiento en base a la explotación de mano de obra ultraprecarizada organizada en cooperativas y como monotributistas. Exijamos su incorporación a planta permanente en las áreas de infraestructura escolar correspondientes.
No podemos permitir que la paritaria nacional docente sea la referencia de la negociación del ajuste para todos los sectores, y, una vez más, techo para todos los estatales. Preparemos el NO INICIO DE CLASES NACIONAL llamando a poner en pie un congreso de delegados de base mandatados, que unifique la lucha contra el plan de descargar la crisis sobre la clase trabajadora.
Molino Minetti: Derrotado el primer intento de desalojo
Molino Minetti: Derrotado el primer intento de desalojo
Poner a producir el molino con los 150 adentro
El miércoles 22 de enero se vivieron momentos de tensión en el molino Minetti. Tras el cierre fraudulento de los portones por parte de la empresa para fortalecer el lock out, los compañeros decidieron recuperar la planta, con el apoyo de la comisión de mujeres y algunos grupos de izquierda, incluida nuestra corriente. La respuesta de la patronal y de toda la institucionalidad del Estado no se hizo esperar: la justicia mandó la orden de desalojo y Schiaretti a la policía provincial con un operativo contundente. Son los cómplices, junto a la burocracia de UOMA, de garantizar el no pago de salarios, el lock out y los despidos de los tenaces molineros que vienen desde hace meses resistiendo este ataque.
Finalmente, luego de horas de tensión, los delegados hicieron un acuerdo para que la policía retrocediera, un acuerdo precario ya que se mantiene la amenaza de desalojo y un móvil policial se mantiene en el predio haciendo inteligencia. La tenacidad de resistencia de los molineros es ejemplar, merece el apoyo del conjunto de nuestra clase. La burocracia sindical de las CGTs y CTAs provinciales, amigas de Schiaretti y de Alberto, le está dando la espalda al conflicto, preocupadas más por garantizar el pacto social. Las oposiciones dentro de los sindicatos debemos redoblar esfuerzos, para sostener la pelea de los molineros y para poner a nuestros sindicatos en pie de lucha. ¡Que las CGTs y CTAs llamen ya a un paro provincial!
Para avanzar en la lucha, es necesario romper el lock out poniendo el molino a producir, convocando al conjunto de los compañeros para esta enorme tarea. Los mejores aliados para esto son los sindicatos de las ramas vinculadas a los servicios, al trasporte y la distribución de la materia prima y la harina, como Camioneros, Empleados de Comercio, Luz y Fuerza y Gas. Es necesario llamar a estos sindicatos y a sus trabajadores, con la tarea principal de derrotar el actual intento de desalojo y avanzar en la puesta en producción. También es necesario continuar luchando para derrotar la política cómplice de la UOMA y preparar el paro molinero. El camino de confiar en el ministerio, en la justicia o en el gobierno de Schiaretti ha demostrado llevar a un callejón difícil de sortear.
¡Reincorporación de todos los despedidos!
¡Poner el molino a producir!
¡Abajo el desalojo!
COR Regional Córdoba
24/01/2020
Por la derrota del imperialismo en Medio Oriente. Paralizar la maquinaria bélica de EE.UU.
Jueves 2 de enero por la madrugada. Drones asesinos enviados por Trump bajo el consejo del alto mando militar yanqui disparan sobre el general iraní Qasem Soleimani, que muere junto a varios colaboradores. Soleimani se encontraba en Bagdad y fue ajusticiado sin juicio previo, como otros tantos bajo el fuego imperialista. Pero en este caso, se trata de un funcionario de un Estado extranjero, y en territorio de otro Estado, en los papeles independiente, aunque queda claro que la ocupación de Irak por parte de los yanquis nunca cesó en 17 años.
Trump vacila. Su política era retirar a las tropas norteamericanas de Medio Oriente, incluyendo Afganistan e Irak. Quiere usufructuar que EE.UU. ya no depende tanto del petróleo de la región gracias a la “revolución del fracking” dentro de su propio territorio y a una eventual “recuperación” de Venezuela. Pero los altos mandos del Pentágono lo convencen de que debe responder al ataque a la embajada norteamericana en Irak, producido el último día del 2019. Ese ataque tuvo características particulares: fue una movilización popular contra la presencia norteamericana en Irak. Trump acepta que es necesario responder y ordena el asesinato del general iraní. Es un acto de guerra contra otro Estado, por fuera de cualquier paraguas de la legalidad imperialista internacional. Es una brutal demostración de fuerza de la potencia imperialista que dirige el planeta.
Pero el asesinato en realidad muestra la debilidad de EE.UU. No, desde luego, desde el punto de vista militar, donde su supremacía es indiscutible, por lo menos en el mediano plazo. Se trata de la debilidad de su posición en el sistema de Estados configurado como superestructura del capitalismo mundial. Es una debilidad estructural, producto del avance de la descomposición imperialista, y está asimismo determinada por el peligroso resquebrajamiento del equilibrio de la posguerra. El ataque contra Soleimani no estaba inscripto en un plan de acción. Los hechos posteriores así lo demuestran. El parlamento iraquí votó una solicitud al primer ministro “encargado” (toda una definición) Adel Abdul Mahdi, que había renunciado a su cargo bajo presión de las movilizaciones populares en noviembre, para que dé curso a la salida de las tropas norteamericanas del país. La jefatura de las fuerzas yanquis en Irak respondió en una carta que iban a salir, pero pidió que esto se hiciera en orden. Luego el pentágono desacreditó a su mando “en el terreno”, negando cualquier iniciativa de retirada de tropas. Por supuesto, en última instancia esa retirada configuraría una contundente victoria para Irán y una tremenda derrota para EE.UU.
Procesos de masas
La debilidad de EE.UU. no contradice la propia debilidad del gobierno iraní. Obviamente, se trata de una semicolonia que no puede enfrentar al imperialismo en una guerra abierta. Pero esta debilidad también se inscribe en la situación de las sub-burguesías nacionales de las semicolonias en la crisis capitalista, presionadas por la agresividad imperialista, por un lado, y, por el otro, por movilizaciones de masas que en Irán se desataron con fuerza en el mes de noviembre, como parte de un proceso regional que también atraviesa al Líbano, Irak, y se da en simultáneo con los procesos de lucha de clases en América Latina, el Caribe, Hong Kong, África, Europa, etc.
El elemento de los procesos de masas es cualitativo para analizar el conflicto actual. Si nos retrotraemos a los procesos anteriores (2010-11) que se dieron en la región a partir del estallido económico de 2008, con la caída de varios dictadores que gobernaban con puño de hierro sus países (Ben Alí en Túnez, Gadafi en Libia, Mubarak en Egipto) podemos ver cómo esos procesos llevaron a varias salidas fallidas, desde el golpe militar en Egipto, hasta el semibonapartismo semidemocrático tunecino, donde se desarrolló lo más cercano a una experiencia democrático-burguesa. Pero lo que primó fue la descomposición de los Estados en su forma más brutal: la guerra civil en Siria y el surgimiento del ISIS, un verdadero anti-Estado. Esta descomposición cerró los caminos a los procesos de masas a partir de su cooptación por direcciones burguesas o pequeño burguesas contrarrevolucionarias. Una vez más, la crisis de dirección revolucionaria del proletariado se manifestó como crisis de la humanidad. La confusión de objetivos de la nueva generación de luchadores ante esta crisis de dirección determina lo tortuoso del proceso.
Ahora bien, el surgimiento del ISIS y la guerra civil Siria llevaron al imperialismo a pactar con viejos enemigos para tratar de poner coto a la amenaza de este engendro, que cuestionaba la idea misma de Estado nación, que es la forma de dominación de clase de la burguesía. Surgen así los frentes anti-ISIS y los compromisos con Rusia (e Irán) para contenerlo. En el medio, hay otros hechos muy importantes como el golpe de Estado fallido en Turquía y el desarrollo de las experiencias autonómicas en Kurdistán, sobre los que no abundaremos aquí. Es importante destacar que el actual estacionamiento de tropas yanquis en Irak se da bajo el pretexto de esta guerra contra el ISIS. En 2019, las fuerzas imperialistas anuncian el fin del ISIS. Pero con su derrota, ninguna de las contradicciones en la región han sido cerradas y así lo demuestra la actual escalada militar con Irán.
Vietnamizanción
Mucho se ha hablado de este término para describir la política de Irán en la región en los últimos años. Superficialmente, se la describe como una política de guerra asimétrica entre un Estado militarmente débil y la principal potencia mundial, sólo considerando el terreno de la táctica. Vietnamización así entendida sería la utilización de la de guerra de guerrillas o enfrentamientos “proxy” (a través de terceros). Sin negar este elemento táctico, Soleimani era el general a cargo de un desafío más complejo: unificar a las diferentes facciones étnicas y religiosas de Irak y, más en general, de toda la región en el objetivo común de liberarla del “gran Satán” norteamericano. De hecho, esa es la línea oficial que Irán ha hecho pública a través de declaraciones del Ayatollah Jamenei. Se trata entonces de una política que apunta a dar un objetivo de liberación nacional a los movimientos en la región, conformando el llamado “frente de la resistencia”, que incluye a Irán, Siria, Hezbollah, Hamas y otros agrupamientos nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses. Esta política de Soleimani y su relativo éxito podría ser uno de los móviles más importantes de su asesinato, sobre todo teniendo en cuenta que el hecho inmediato que llevó al mismo fue la movilización contra la embajada yanqui en Bagdad, que obligó al gobierno de EE.UU. a evacuar a su personal diplomático. Ahora bien, la política del gobierno iraní no apunta a la liberación nacional de los pueblos de Medio Oriente, sino a fortalecer a su semi-Estado para mejor negociar con el imperialismo, utilizando como carne de cañón a las heroicas resistencias palestina e iraquí, y no dudando en apoyar a Al Asad, uno de los principales criminales de guerra de la región, sólo por detrás de Trump, Obama y los gobernantes israelíes. El regateo por el plan nuclear, mesa de negociación de la que Trump se retiró en mayo de 2018 pero donde permanecen el resto de las potencias, es buen ejemplo del carácter de clase y de la naturaleza contrarrevolucionaria de esta política.
El empantanamiento en Irak resuena a la situación en Vietnam, eso es real. Como decíamos anteriormente, aún con una administración Trump ansiosa por dejar atrás la ocupación, no puede ahora hacerlo, ni se vislumbra ninguna salida para retirarse sin que esto sea interpretado como una enorme derrota del imperialismo. Por eso ahora es posible que el conflicto actual continúe en escalada. Por el momento, la primera respuesta iraní consistió en el bombardeo, bastante medido aunque humillante para EE.UU., de 2 bases militares en Irak el 8/1. La réplica de Trump se ha limitado a minimizar los daños provocados por estos bombardeos y a anunciar nuevas sanciones económicas; mientras pide al resto de los países imperialistas un compromiso para aislar a Irán abandonando el acuerdo nuclear e imponiendo sanciones, y a la OTAN una intervención más activa en la región.
Panorama incierto
Mucho se ha hablado del frente interno en EE.UU. como acicate para el ataque. Hablamos de las consideraciones relativas al proceso de impeachment contra Trump y de las elecciones presidenciales. Aunque esto pueda pesar, los elementos estratégicos (o de debilidad de esta estrategia) creemos que son más importantes para desarrollar una caracterización de la posible nueva guerra del imperialismo norteamericano. Y acá sí existe un factor determinante del llamado frente interno, que es la imposibilidad del Estado imperialista de ganarse una base social sólida, donde debe tener un rol la aristocracia obrera, para lanzar una ofensiva militar a gran escala. Creemos que la conquista de semejante base social, que fue un objetivo de Trump, no ha sido concretada, como puede vislumbrarse en el desarrollo de una variedad de conflictos sindicales en la industria, los servicios y los sectores estatales, y como muestran también las movilizaciones contra una intervención en Irán que se llevaron adelante el fin de semana inmediato al asesinato de Soleimani en muchas ciudades estadounidenses. Por ahora las manifestaciones no son masivas, pero marcan la posibilidad de desarrollar la movilización contra una mayor intervención imperialista.
Otro factor importante son las consecuencias económicas de la guerra, que podrían acelerar una entrada en recesión de la economía mundial, la cual se viene pronosticando y, por ahora, se viene retrasando. La inestabilidad geopolítica ha hecho tambalear a los mercados financieros y de las commodities. Esta inestabilidad geopolítica se vuelve incertidumbre y la retirada de tropas de Irak de algunos aliados de la OTAN, la tibieza europea frente a los hechos e incluso las vacilaciones israelíes en relación al asesinato de Soleimani así lo indican. Si desde hace algún tiempo venimos ponderando las contradicciones de la política trumpista de implementar un cambio de rumbo en la política imperialista, hoy aparecen dudas sobre la posibilidad de un fracaso que lleve a que el resquebrajamiento del equilibrio de posguerra se convierta en una situación mundial mucho más caótica.
Fuera el imperialismo de Medio Oriente
Irak está ocupado militarmente por EE.UU. desde hace 17 años. Palestina, desde 1948, por el engendro israelí que responde a las necesidades imperialistas de control sobre Medio Oriente. La expoliación imperialista de la región viene de larga data, pero la actual descomposición imperialista, agudizada por la crisis mundial, acelera la situación de descalabro del equilibrio del sistema de Estados y la descomposición del Estado-nación burgués. Frente a esto, no han faltado respuestas de las masas, que han salido de forma espontánea y con una gran confusión de objetivos, lo que permitió que direcciones contrarrevolucionarias hayan llevado los diferentes procesos nacionales a la encerrona. Pero el imperialismo no ha conseguido cerrar la crisis y, por lo tanto, los procesos vuelven a abrirse poniendo ante los revolucionarios el desafío central de intervenir decididamente en los mismos, para que las lecciones de los anteriores fracasos sirvan para desarrollar un programa de transición entre la actual descomposición capitalista y el futuro socialista de la humanidad. La centralidad de la clase obrera en estos procesos queda marcada por la necesidad de disputar la lucha contra el imperialismo a las direcciones nacionalistas burguesas y pequeñoburguesas. Para ello, es necesario una política y una dirección internacionalista, planteando la unidad del proletariado de la región, centrado en los trabajadores del petróleo, con la clase obrera de los países imperialistas, centralmente de Estados Unidos. Por eso es necesario que los revolucionarios luchemos para que los sindicatos estadounidenses y europeos declaren la paralización de la maquinaria militar imperialista, ocupando las plantas y bloqueando el abastecimiento de las tropas estacionadas en la región y de Israel. En los países de Latinoamérica, además de desarrollar la movilización en las calles y denunciar la complicidad de los Fernández, los Bolsonaro, los Piñera y demás cipayos, debemos proponernos paralizar las empresas imperialistas contra la intervención militar en Medio Oriente, lucha que está entrelazada con la lucha contra las reformas fondomonetaristas que esos mismo gobiernos pretenden aplicar en nuestra región. Tenemos que desarrollar la organización y la lucha para que se vayan todas las tropas imperialistas de Medio Oriente y demás países semicoloniales. Por la derrota militar de EE.UU. en Irak e Irán. Por la destrucción de Israel. Por una Federación de Repúblicas Socialistas de Medio Oriente. Por la reconstrucción de la IV Internacional.
Sinceramente ajuste
El gobierno de Alberto comenzó su mandato cumpliendo sus promesas, no a los que lo votaron, sino al imperialismo y los acreedores. Y no podía ser de otra manera, ya que la dependencia de las fracciones burguesas y pequeño burguesas del capital imperialista es estructural. Algunos, como el gobierno de Macri, lo hacen de forma más abierta, mientras que el peronismo lo hace de forma más indirecta, ya que tiene otra relación con las masas.
Las primeras medidas plasmadas en la Ley de Solidaridad, votada en tiempo récord en el Congreso, mostró que el único objetivo es pagar la deuda con los acreedores y el FMI. Y, para eso, no tuvieron mejor idea que atacar a los jubilados y al conjunto de los trabajadores al legalizar el robo al salario que hizo Macri y que ahora el nuevo gobierno quiere negociar a inflación futura, obviamente sin recomponer todo lo que se perdió en la etapa anterior.
Lo que busca el nuevo gobierno es una tregua de 180 días para, mediante un ajuste a los trabajadores y una actualización a los impuestos, estar en mejores condiciones para negociar la deuda. Hay que aclarar que estas ideas no nacieron de los cráneos del Frente de Todos, sino que fue consensuada con los técnicos del FMI. Es tan obvio el alineamiento con el imperialismo norteamericano, que se puede ver claramente en la posición sobre Venezuela y la negativa a condenar el ataque de EEUU en Irak.
A pesar de que al plan lo dibujen con la palabra “solidaridad”, es una política de ajuste contra los trabajadores y de solidaridad de clase entre los capitalistas ante una crisis mundial que se sigue desarrollando, con una América Latina convulsionada. Ante este escenario, Alberto les pide solidaridad a los empresarios y lanza el Plan Hambre, con la idea de contener futuros conflictos que cuestionen su dominación.
Un Estado capitalista tiene centralmente dos formas de mantener su aparato burocrático-militar: una, es con deuda publica y la otra, con impuestos. Ante la nula posibilidad de seguir endeudándose apela al aumento de impuestos, no sólo a los distintos capitales, sino al conjunto de los sectores de clase. Es decir, busca salvar de una crisis mayor al Estado burgués y, a la vez, desplegar una política estatista de economía dirigida para salvar al gran capital y a otros sectores del capital de una crisis mayor y de enfrentamientos de clase.
Esta idea de estatización también se da en el terreno político. Se puede ver en la cooptación de las organizaciones piqueteras dentro de ministerios y en lugares en el Consejo Económico Social. El objetivo es fortalecer el rol de un semi Estado para poder enfrentar futuros enfrentamientos de clase ante el nivel de crisis.
Esta es la tarea del peronismo en este periodo: ahora tregua, para después buscar un pacto social que garantice las relaciones de fuerza que decanten de esa tregua. Ese es el plan y para eso ya cuenta con la inestimable ayuda de todas las burocracias sindicales desde la CGT hasta las CTAs. Pero aun nada está dicho, ya que tanto la situación mundial como la de la región es inestable y se están dando procesos de masas progresivos.
En los primeros días de gobierno tuvieron que lidiar con procesos masivos en Mendoza en contra de las mineras y en donde el gobierno provincial tuvo que retroceder, al igual que sucedió, en menor medida, en Chubut.
Por eso lo importante en este periodo es pelear por romper esa tregua y organizarnos en nuestros lugares de trabajo buscando la verdadera solidaridad de clase contra nuestros enemigos de clase y nuestros enemigos en nuestras propias filas, que es la burocracia sindical. Ninguna solidaridad trucha, que no es otra cosa que conciliación de clases.
No tenemos que ser nosotros los que paguemos las crisis. Por lo menos tenemos que recuperar lo que perdimos en nuestro salario en la era macrista. Tenemos que seguir peleando por la reincorporación de todos los despedidos. ¡Basta de trabajo en negro! Por el pase a planta permanente de los trabajadores tercerizados.
La lucha de clases es en definitiva la lucha por la plusvalía. No es creíble que un semi Estado, que es garante de los negocios del capital, sea defensor del valor de nuestra fuerza de trabajo. Tenemos que enfrentar a este Estado y sus instituciones, que atacan nuestras condiciones de vida. Y, por lo tanto, mostrar el poder de la clase obrera ante el imperialismo y sus títeres de turno.
La disputa por el agua en Mendoza
Primera derrota política de los acuerdos Fernández-UCR
El acuerdo político entre la UCR y el Frente de Todos para impulsar la minería metalífera en Mendoza, fue derrotado en la calle. El masivo y heterogéneo movimiento social que repudió la reforma de la Ley 7722, fue creciente y extendido a nivel provincial, pese a la violenta represión con la que Suárez pretendió disciplinar la protesta social el lunes 23/12 en casa de gobierno. La reforma aprobada el 20/12, fue suspendida en su reglamentación el 26 por el gobernador Suárez quien abrió una ronda de consultas, para terminar anunciando su derogación el 27. La legislatura que votó ampliamente la reforma, la derogó el lunes 30/12.
Tanto Fernández a nivel nacional, como Sagasti por el Frente de Todos mendocino, y su contrincante, el radical Rodolfo Suárez, hicieron campaña con eje en el desarrollo minero como fuente de divisas para sustentar el pago de la deuda. Suárez ganó la gobernación por el 52% de los votos. A 13 días de asumir, la mayoría conquistada en las urnas y el compromiso de la UCR y el PJ con el gran capital minero y los empresarios locales de servicios e industrias potenciales proveedoras, fueron insuficientes. La crisis de la democracia como forma de dominación burguesa, es una tendencia internacional a la que Mendoza no ha escapado.
Suárez comienza su gestión con un fuerte revés político. Esta derrota del oficialismo radical, poco le sirve al peronismo en la oposición. El Frente de Todos no sólo mostró que está lejos de haberse unificado. Dejó expuesto que tampoco tiene asegurado el control de la calle, como le prometió al imperialismo para avanzar en las reformas y el ajuste necesarios para el pago de la abultada deuda.
En lo inmediato, la derrota de Suárez implica que no habrá cambios en el statu quo del negocio del agua. Los propietarios de la tierra, grandes productores agrícolas, empresarios bodegueros, de la agroindustria e inmobiliarios seguirán controlando más del 80% del agua provincial. Esta facción burguesa fue parte del proceso de lucha, accionando la suspensión de los festejos vendimiales departamentales como medida de presión sobre los intendentes. Sin embargo, el movimiento social que copó las calles contra la reforma de la ley 7722, no considera a estos capitalistas como su dirección política. La lucha social contra la reforma de la ley 7722 no fue la reedición del apoyo urbano a la mesa de enlace que implicó el rechazo a la resolución 125 de retenciones móviles al agro en 2008. Fue la expresión de otras contradicciones.
Los obreros rurales, de bodegas, frutícolas y de la agroindustria no fueron actores visibles en las calles. Soportan la altísima informalidad laboral y las condiciones humillantes de trabajo en el campo mendocino, conocido por el trabajo esclavo y salarios de miseria, la desocupación creciente y la pobreza estructural. Su contracara, son las pingües ganancias de las empresas vitivinícolas, agropecuarias, agroindustriales e inmobiliarias de Mendoza, privilegiadas en la concentración de la propiedad de la tierra, que les da el control mayoritario del agua que pretenden perpetuar detrás de la “defensa de la ley 7722”. La amplia politización y movilización causada por la lucha por el agua en todo el territorio, podemos orientarla a sacudir las condiciones, ya tradicionales, de explotación en la zona rural. Esto abre un debate en el movimiento de lucha por el agua en Mendoza, sobre la necesidad de avanzar en establecer lazos de solidaridad y forjar una acción conjunta con los asalariados del campo, de la agroindustria y bodegas, que fortalezca la lucha por modificar las condiciones de vida y de trabajo rurales, e impulse la pelea por la recomposición salarial y contra la informalidad.
El movimiento obrero organizado de las ramas económicas ligadas a la actividad extractiva tampoco movilizó. Pese a ser convocado a concentrar durante el tratamiento de la reforma, bajo presión patronal y coacción de la burocracia de la CGT, lo hizo en escaso número y sin continuidad. No es anecdótico que el lunes 23/12, mientras miles se concentraban en Casa de Gobierno, los trabajadores del yacimiento petrolero operado por AESA en Rivadavia (Mendoza) fueron al paro como respuesta a la muerte de un operario en su puesto de trabajo. Un nuevo asesinato laboral que se sumó a la larga lista de obreros muertos en la industria extractiva más desarrollada de la provincia. Pero también tuvo una respuesta obrera, otra vez hubo paro en el corazón de la rama petrolera, definida desde las bases, aunque encorsetada por la burocracia.
Muchos obreros calificados de la industria mendocina, tienen experiencia con la minería, porque tuvieron su paso por Veladero (yacimiento en explotación a cielo abierto, situado en la vecina provincia de San Juan, entre los 4000 y 4850 msnm). Conocen en carne propia las pésimas condiciones de trabajo de la minería, y la absoluta incapacidad de control alguno de parte del Estado sobre la actividad, tanto en resguardo de la vida de los trabajadores, como de su impacto ambiental. De ahí, la simpatía obrera con la movilización social por el agua. Es fundamental impulsar la deliberación obrera de las conclusiones parciales del proceso abierto en relación a la derrota del gobierno en su ofensiva por modificar el uso capitalista del agua.
La “democratización del agua” que comienza a discutirse en las asambleas ciudadanas y la coordinadora de organizaciones en las que participa la izquierda y algunas direcciones sindicales estatales, es una abstracción que orienta a centrar las acciones sobre una indefinida opinión pública respecto a la apropiación de un cauce por parte de un burgués individual, como Vila, sin cuestionar la propiedad de la tierra y las relaciones de producción que subyacen al problema, no sólo del acceso de la población al agua, sino a la satisfacción más elemental de las necesidades básicas. No hay democratización del agua posible en el marco de las relaciones capitalistas de propiedad de la tierra. Si queremos discutir seriamente el uso del agua y el impacto ambiental de las actividades económicas, los trabajadores de las ramas agrícola, agroindustrial, e hidrocarburíferas, así como los trabajadores de irrigación y de obras sanitarias, son aliados fundamentales.
La prolongada crisis económica nacional, y el profundo estancamiento de las economías regionales, abrieron un debate burgués sobre la “diversificación de la matriz productiva”. El compromiso asumido tanto por Fernández a nivel nacional, como por la UCR y el peronismo provincial, de favorecer el desarrollo minero, puso en guardia a la facción burguesa propietaria mayoritaria de la tierra. Las tendencias de conciliación de clases, burguesas y pequeñoburguesas, pretenden arrastrar a la mayoría asalariada de la población como base de maniobra detrás de uno u otro de los planes capitalistas de salida a la crisis. Por ello, es central que la clase trabajadora ponga en pie sus propias instancias de deliberación, orientando la discusión de un programa con independencia de clase, y de un plan de lucha que avance en medidas de control obrero sobre la producción.
Esta es la importancia de un congreso de delegados de base, con mandato de cada lugar de trabajo en la industria, los servicios y de estatales. Que permita sacar las conclusiones a que dio lugar este proceso de lucha, para hacer de esta derrota del gobierno, el puntapié inicial de un ascenso obrero contra la tregua de la burocracia sindical y los planes de pacto social que negocian Fernández, los empresarios y el FMI.
Francia arde
En medio de un verdadero torbellino internacional, marcado por la decadencia del Unión Europea, el Brexit, la guerra comercial planteada por EEUU y las crecientes tensiones militares entre esta última potencia e Irán, sumado a una serie de estallidos sociales en los países semicoloniales, como en Medio Oriente y América Latina, donde el imperialismo francés tiene ciertos niveles de influencia económica, el gobierno de Emmanuel Macron se apresta a avanzar con el proyecto de reforma previsional. Esta reforma se inscribe en el plan de desmantelamiento del Estado de bienestar y la necesidad por parte del imperialismo, en franca descomposición, de establecer un nuevo pacto entre capital y trabajo. A pesar de las protestas y los cuestionamientos, el gobierno de Macron no pretende recular, por un lado, porque no hay lugar para reformas sociales en este escenario internacional, por lo que las reformas que impulsa apuntan a atacar conquistas previamente adquiridas; por el otro, porque hay una crisis de dirección también en las filas de burguesía imperialista y, por el momento, no se vislumbra alternativa, aunque la derecha nacionalista sigue creciendo. Ante este panorama, el gobierno francés se juega al desgaste de la lucha vía negociaciones con la burocracia sindical. Mientras tanto, intentará neutralizar al ala derecha de Marine Le Pen, que representa a un sector burgués que pretende reflotar el capitalismo volviendo a un –ilusorio- mercado nacional. Y la reforma de las jubilaciones no es todo lo que hay en el tintero en 2020, también deberá encarar una reforma educativa, bajo la careta de la lucha contra la “desescolarización” y una reforma del sistema penal, visto que las fuerzas de seguridad se vieron totalmente sobrepasadas en las manifestaciones de los chalecos amarillos. Intentará suavizar los ataques con un discurso ecologista, como intento de ganarse el favor, hasta ahora renuente, de los más jóvenes. Hacia fuera, Macron quiere ser el paladín del capitalismo verde, en el plano doméstico, prepara palos a quienes se interpongan en sus planes.
Más de un mes y la lucha sigue
Desde el 5 de diciembre de 2019 se vienen sucediendo jornadas de huelga, conducidas por las principales centrales sindicales francesas. Esta ola huelguista corona un año caliente en el país, que comenzó con el incendio en Notre Dame y quedó marcado a fuego por las movilizaciones de los chalecos amarillos. En esta oportunidad, es el movimiento obrero el que está poniendo la impronta, aunque aún dirigido por la burocracia sindical imperialista, que intenta no quedar en el aire ante el desguace del Estado de bienestar. Se han destacado los trabajadores del transporte, en particular los ferroviarios, que tienen una vasta tradición de lucha, pero las huelgas han alcanzado importantes sectores de la producción y los servicios en todo el país. Una nueva camada de jóvenes se está fogueando rápidamente al calor del combate callejero y las huelgas.
La intención del establecimiento de un nuevo pacto capital-trabajo queda totalmente explícita en el proyecto de reforma, que el gobierno intenta barnizar de progresista con el rótulo de “renovación del modelo social”, apelando a una supuesta solidaridad entre generaciones. El gobierno de Macron ha debido cambiar las estrategias de juego, sin desistir de la reforma. De la mano de su ministro Edouard Philippe, apuntan a una ronda de negociaciones para introducir modificaciones al proyecto, pactando con la burocracia y distintos sectores sociales. Por el momento, la línea de desgaste no ha logrado aplacar las movilizaciones, que han seguido en enero y se prepara una gran jornada para el día 9.
Experiencia y desafíos
Francia ya había vivido importantes luchas contra la reforma jubilatoria en los años ’90, cuando Alain Juppé, el primer ministro de entonces, intentó imponer modificaciones para poner a las pensiones a tono con las tendencias neoliberales del momento. 1995 dejó importantes lecciones de lucha. A comienzo de 2020 ya se habla de que el movimiento huelguista ha superado este antecedente. La experiencia de las generaciones que vivieron esta lucha previa puede ser un valioso acervo para los huelguistas actuales, pero también será necesario aprender las lecciones para enfrentar los obstáculos que han venido desde hace décadas subordinando a las organizaciones obreras a la convivencia con la burguesía imperialista dentro de los marcos del Estado.
Las nuevas generaciones que salen a la lucha lo hacen con un gran ímpetu y libres de las derrotas de sus antecesores, pero con confusión de objetivos y con las fuerzas dispersas. Es imperioso que la vanguardia obrera tome en sus manos la tarea de construir un partido revolucionario que acaudille al movimiento obrero no sólo contra las reaccionarias reformas de Macron, sino contra el Estado imperialista y el modo de producción que éste defiende. Recuperar los sindicatos de manos de la burocracia consorte de los patrones es fundamental para desarrollar un programa obrero. Además, debemos enfrentar mediaciones políticas como los partidos que, a partir del movimiento, pretenden volver a las reformas sociales en el marco de un Estado en descomposición, al estilo del Parti de Gauche o el NPA. Por el contrario, debemos llevar adelante un programa de transición hacia la revolución socialista, por la destrucción del Estado burgués y el establecimiento de los Estados Socialistas de Europa, que no es otra cosa que la forma estatal de la dictadura del proletariado. Claramente, esta tarea excede las fronteras nacionales de Francia, incluso impone tareas que trascienden la Europa continental y ponen al proletariado francés ante tareas internacionalistas junto con sus hermanos de clase en todos los continentes contra los intereses imperialistas en todo el mundo. Las fuerzas revolucionarias que bregamos por la reconstrucción del partido mundial de la revolución, la IV Internacional, tenemos una enorme tarea por delante.
El agua de Mendoza es un negocio
No fue mera coincidencia que mientras el Congreso de la Nación daba tratamiento exprés a la Ley de Emergencia enviada por el flamante gobierno de Alberto Fernández, la legislatura mendocina daba tratamiento expeditivo a la reforma de la Ley 7722 de Prohibición del uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.
La Ley de Emergencia fue acordada por el Frente de Todos con el conjunto de los gobernadores, tras pactar con ellos la suspensión del pacto fiscal que les liberó 60 mil millones de pesos. La Ley de Emergencia concentra en manos de Alberto Fernández el manejo discrecional de recursos y suba de impuestos, y un ataque brutal al régimen jubilatorio. No es otra cosa que el inicio de una reforma jubilatoria, que viabilice la capacidad de pago a los acreedores de la deuda argentina. Sólo el peronismo se permite un uso tan cínico de la idea de solidaridad, para justificar que una mayor parte de la plusvalía futura, fruto de la explotación de la clase trabajadora, sea destinada a saciar la voracidad imperialista.
La reforma de la ley 7722.
El peronista Fernández en la presidencia, y el radical Suárez en la gobernación de Mendoza, comparten la pretensión de habilitar la fuerte participación del capital más concentrado en la explotación de recursos hidrocarburíferos y mineros. El sucesor de Cornejo contó con la abierta colaboración del peronismo y el kirchnerismo para habilitar la megaminería metalífera en la provincia, eliminando las restricciones establecidas en la ley 7722.
El amplio y heterogéneo movimiento social que hizo de la ley 7722 su bandera, desde su sanción en 2007, se movilizó durante las semanas previas en que la reforma se debatía en comisiones, y concentró en la legislatura durante su tratamiento. La aprobación de la reforma generó un rechazo inmediato, con numerosos cortes de ruta en puntos neurálgicos de la provincia y en la ruta internacional a Chile, soportando incluso detenciones de activistas y multas a las organizaciones por aplicación del código contravencional.
“El agua de Mendoza no se negocia”
Abarcando incluso a la Sociedad Rural del Valle de Uco, a representantes de la Cámara de Comercio y de productores agrícolas y ganaderos, ambientalistas y asambleas ciudadanas, así como a corrientes de izquierda como las integrantes del FIT, el movimiento en defensa de la ley 7722 es claramente heterogéneo.
En una provincia cuyo ambiente es un desierto, y el oasis habitable y productivo es resultado de un proceso de canalización y aprovechamiento del agua cordillerana que se remonta a la sociedad pre-colombina, la reivindicación de la defensa del recurso hídrico tiene arraigo en amplios sectores de la población.
Sin embargo, el movimiento que organiza las protestas y jerarquiza sus reivindicaciones, echa poca luz sobre el carácter de mercancía que tiene el agua bajo el capitalismo, y nada cuestiona respecto a los sectores burgueses y pequeño burgueses que detentan hasta hoy, no sólo un acceso privilegiado al recurso, sino a su “gobierno” a través del Departamento General de Irrigación y la Inspección de Cauces (y sus órganos). En Mendoza, el agua tiene su “propio gobierno” definido así en su constitución provincial, donde el semi Estado comparte abiertamente el gerenciamiento del recurso con los grandes y medianos propietarios de la tierra. El acuerdo entre la UCR y el PJ para modificar la 7722, abre a otro sector burgués, el capital imperialista, el acceso al recurso hídrico con fines de explotación minera. La “defensa de la matriz productiva” de base vitivinícola, fruti-hortícola y ganadera, que actúa en el movimiento por la 7722, resguarda para la burguesía bodeguera y del campo la explotación del recurso hídrico. Se montan sobre el movimiento por la 7722, para pujar por sus privilegios. Y ya anticipan que apelarán a la Corte para que los resguarde mediante un recurso de inconstitucionalidad.
El capital imperialista que puja por expoliar los recursos minerales de esta región cordillerana, también cuenta con aliados. Las cámaras patronales de la industria metalúrgica, de la construcción, de servicios mineros y la burocracia sindical peronista.
En esta puja burguesa por una mercancía fundamental para sus negocios, el agua, los únicos interesados en su uso racional para garantizar la satisfacción de un derecho humano fundamental, somos los asalariados. Mientras las relaciones capitalistas dominen todas las esferas de la vida humana, el agua de Mendoza es y será una mercancía sujeta a negocio. No hay leyes buenas que la preserven, sino la intervención consciente, es decir, con un programa claro de independencia de clase, en el conflicto planteado, que comience por imponer el control obrero de los trabajadores de irrigación y de obras sanitarias sobre los cauces, del sistema de riego y de la red de agua potable.
Desde la COR instamos a impulsar un debate profundo en los lugares de trabajo y estudio, sobre qué salida darle a la crisis. Enfrentando las líneas patronales a las que la burocracia peronista pretende que nos subordinemos. Instamos a las tendencias de izquierda, a los activistas y la juventud que están en pie de lucha contra la ofensiva imperialista sobre la región, a desplegar de conjunto una campaña de agitación por un congreso de delegados de base mandatados, estatales y privados, que debata un programa obrero de salida a la crisis, y prepare un plan de lucha para derrotar la reforma previsional y el ajuste fenomenal que impulsa el gobierno de Fernández en acuerdo con los gobernadores para pagar la deuda externa.
Un nuevo acuerdo para reprimir y criminalizar las luchas de los trabajadores y el pueblo
El acuerdo por la paz, el orden público, y una nueva constitución, que significó un gran gesto de unidad nacional para salvar al gobierno de Piñera, dio un salto el miércoles 04 de diciembre con la votación por el parlamento y el senado de la llamada “ley antisaqueos”.
Esta ley contempla reclusión de hasta 5 años a trabajadores por “paralizar o interrumpir un servicio público… de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones”, este proyecto fue aprobado por prácticamente la totalidad del parlamento y el senado. También persigue a los que luchan penalizando a quienes lancen “elementos contundentes” o que realicen barricadas o que ocupen “bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola…públicos o privados”. Toda una defensa de la propiedad privada capitalista y de las fuerzas represivas a su servicio.
La abstención del PC indicando que ellos sólo aprueban la penalización contra los saqueos, demuestra que están a favor de criminalizar la pobreza defendiendo la propiedad y acaparamiento de verdaderos saqueadores del pueblo, defendiendo a las grandes cadenas de supermercado como WallMart o Cencosud.
Además de esta ley se encuentra en trámite y con amplia adhesión de los partidos burgueses y pequeñoburgueses una reforma constitucional que implementará una especie de “Estado de Emergencia de grado menor” para colocar militares en la llamada “infraestructura crítica”, puertos, aeropuertos, hospitales, centros de abastecimiento de agua y luz, con el objetivo de una nueva intervención de las fuerzas armadas, esta vez contra algunos de los sectores obreros que han salido a luchar con más decisión como los trabajadores de la salud y los portuarios.
Con la vieja política del garrote y la zanahoria, estas medidas son presentadas por el ministro Blumel como la precondición para la puesta en marcha de la “agenda social”, basada en repartir algunas migajas tales como el incremento de la pensión básica solidaria en niveles de muy miserable a bastante miserable (a 165 mil pesos, U$200).
La profundización de la crisis económica, donde hoy hablan una “recesión técnica” (algo así como solucionable en el corto plazo según sus pronósticos de ajuste), ya han dejado más de 76 mil despidos desde octubre a esta parte. Una prueba más de que la burguesía revanchista descargará sin piedad los costos de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora. Para aminorar los despidos el gobierno propone que las empresas en crisis eviten despidos disminuyendo jornadas laborales y salarios compensando parcialmente las pérdidas con los fondos acumulados por propios de los trabajadores en el seguro de cesantía, una verdadera ganga.
También discuten un ingreso mínimo de 300 mil pesos (U$ 360) consistente en un subsidio estatal para las empresas que paguen menos de esa suma, cuya discusión en el parlamento pasa por si va dirigido a todas las empresas y sólo a las pymes. En rigor un verdadero incentivo para que los capitalistas reemplacen mano de obra barata por más barata, o aumenten el volumen de trabajadores subcontratados según las fórmulas de quienes defienden a los pequeños explotadores.
Luego del gran acuerdo por el orden público y la nueva constitución las luchas y movilizaciones disminuyeron su masividad, aunque no su contundencia. Las energías de amplias masas se disipan si no encuentran las vías organizativas y las perspectivas adecuadas para dar salida a la crisis, junto con el accionar de los lúmpenes organizados (carabineros) y no organizados (desclasados) que constituyen las arenas movedizas del caos sin organización y dirección. Las direcciones burocráticas de la mesa de unidad social, si bien se colocaron en la vereda crítica del acuerdo, intentaron impulsar paros de presión para sentarse a negociar exigiendo cambios al acuerdo constituyente y al mismo tiempo servir la mesa de negociación del sector público, sin denunciar la ofensiva de despidos y represión en curso buscando un modesto reajuste dado el marco de la crisis.
Es necesario indicar que un cambio a la constitución impulsado principalmente por aquellos que desean establecer un modelo de “redistribución de la riqueza” en la misma no resolverá los grandes problemas planteados por las luchas de los trabajadores y la juventud. El intento de refundar al semiestado chileno, atado por mil lazos a la dominación del imperialismo, como lo expresó el secretario de estado norteamericano Mike Pompeo ofreciendo ayuda para impedir que “protestas se conviertan en revueltas” en su “patio trasero”, es una perspectiva de corto aliento para edulcorar la democracia para ricos. No sólo porque no es un proceso estrictamente nacional, como lo demuestra la resistencia obrera y campesina contra la ofensiva reaccionaria en Bolivia o en Colombia con su tercer paro nacional, sino porque no existe viabilidad histórica para un nuevo tipo de Estado burgués.
Es vital que los trabajadores organizados en los grandes medios de producción intervengan en esta crisis para aportar una salida. Es necesario que los luchadores y la juventud vuelquen toda su energía para impulsar los métodos de acción y organización junto a los sectores obreros. Se debe establecer el control obrero junto a comités de abastecimiento en las grandes cadenas de supermercado; es necesario levantar comités de autodefensa ante cada lucha obrera incorporando a los juventud de la primera línea; se debe levantar un programa para incorporar masivamente a los desocupados a la producción ligándolos a los sindicatos, recuperándolos para la lucha de manos de la burocracia, imponiendo escalas móvil de salarios y horas de trabajo partiendo de un salario base igual al costo de la canasta familiar, los trabajadores retirados no deben tener pensiones inferiores al costo de una canasta de adulto; luchar por el pase a planta de los subcontratados como se conquistó recientemente en la USACH luego de años de lucha junto a los estudiantes; además de luchar por el derecho a la salud, la educación, la vivienda. Es prioritario que impulsemos un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora, que recupere los sindicatos, y vote un programa y un plan de lucha para enfrentar la política de miseria social y reacción en toda línea del gobierno, los partidos de oposición y el conjunto de las instituciones de la democracia para ricos.
Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros y populares
Comités de autodefensa para enfrentar la represión
Juicio y castigo a los represores, asesinos, violadores y torturadores
Por el control obrero de los de los grandes medios de producción
Impulsemos un Congresos de Delegados de Base para poner en pie una salida obrera a la crisis.
Abajo Piñera
Por un Gobierno Obrero
No a los salarios de hambre de Schiaretti. Paro provincial para imponer nuestras demandas
El gobierno de la provincia de Córdoba afina la puntería y avanza en un duro ataque contra los estatales y docentes provinciales estableciendo un “aumento” salarial irrisorio del 4% para noviembre más una suma no remunerativa de $1750; en diciembre un adicional de $875; en enero lo mismo que noviembre y en febrero se reúnen nuevamente para discutir si se blanquea los $1750 más los $1500 que ya venían cobrando, luego de suspender el pago de la cláusula gatillo. Mientras que la inflación interanual ya supera el 50% y la canasta básica suma un acumulado desde el 1º enero del 48,24%. Las declaraciones de Juan Monserrat: “en febrero intentaremos recuperar los puntos perdidos del 2019 ante la caída de la recaudación en las arcas provinciales” son claramente las de un vocero de la patronal.
Con este acuerdo, basado en la necesidad de ajustar las cuentas para pagar la deuda, Schiaretti se pone a tono con los F-F y se apresta a ingresar, junto con el resto de los gobernadores, al Pacto Social. Lo mismo hacen el kirchnerista Monserrat, Pihén y demás burócratas, se preparan para ser la pata sindical del pacto contra la clase obrera.
Crisis provinciales
Pasadas las elecciones, tanto los gobernadores peronistas como los radicales se juegan a garantizar que seamos los trabajadores estatales y privados la variante de ajuste para el saneamiento de sus cuentas. No es novedad que las provincias están atravesando una profunda crisis económica, generada por la recesión y por la crisis de deuda y financiamiento abierta durante el gobierno de Macri. Mientras la derrota electoral de este último ha generado grandes expectativas entre los trabajadores y las masas, estas más temprano que tarde se van a ver defraudadas por la política del gobierno peronista que prioriza a cada paso las negociaciones con el FMI y los empresarios. Mientras, la situación social se agrava, con la aceleración inflacionaria y el congelamiento del salario. En medio de una región convulsionada por las protestas sociales en Chile, Ecuador y más recientemente por la resistencia al avance de la derecha en Bolivia, evitar una situación similar en nuestro país fue el gran rol que Macri y la burguesía le deben a la Iglesia, al triunvirato piquetero vendido al Estado y sobre todo a la burocracia sindical peronista de la CGT y las CTAs, que se embarcaron en la paz social del “hay 2019” traicionando a la clase obrera dejando pasar una brutal destrucción salarial y de puestos de trabajo. Por eso, si queremos recuperar lo perdido y pasar a la ofensiva, debemos enfrentar decididamente a los enemigos en nuestras propias filas: los Pihén y Monserrat, los Daer, los Acuña y los Moyanos.
Pase a planta ya! Fin a la precarización laboral en el estado provincial
Para Schiaretti y sus funcionarios, mantener las estructuras ministeriales con trabajadores precarizados mediante becas, monotributos y pasantías es una cuestión central y por ello, hace algo más de tres meses los Ministros vienen lavándose las manos aduciendo que se viene el cambio de autoridades y que por eso ellos no pueden resolver las demandas de los precarizados. Igual que a nivel nacional, chamullan con la “transición”, en este caso la de Schiaretti consigo mismo...
Los jóvenes precarizados del estado provincial siguen dando pelea por el pase a planta, aunque sin respuestas favorables por el momento; dieron sus primeros pasos con acciones como las asambleas, los cortes y las marchas, y avanzaron en la organización sindical, afiliándose a ATE y eligiendo delegados normalizadores. En esto, fue muy importante la experiencia de las compañeras del Polo de la Mujer que sirvió como ejemplo a seguir. La semana pasada, se hizo sentir en los hospitales el paro de los transportistas de pacientes con discapacidad tercerizados, por una deuda salarial que mantiene el gobierno de Schiaretti desde junio, algo insostenible para cualquier trabajador.
La lucha iniciada por los estatales precarizados tiene enorme importancia para el conjunto de la clase obrera. Plantea la posibilidad de conquistar el pase a planta, mejores condiciones de trabajo y un contrato único para todos los trabajadores estatales terminando con las divisiones entre las diferentes leyes, estatutos y convenios colectivos que, alentados por las mezquindades sectoriales de las burocracias de turno, nos llevan a la atomización y división. A contramano de la lucha por fortalecernos en la unidad, algunos sindicatos como la UTS plantean erróneamente la “pelea por la paritaria de salud”, postulando una pelea sectorial cuando es necesario generalizar el combate contra Schiaretti y el Estado provincial como un todo.
Debemos recupera los sindicatos de las manos de la burocracia sindical para unificar a los estatales provinciales y luchar por la inmediata reapertura de paritarias, por una paritaria estatal única, por delegados paritarios elegidos en asambleas, por el pase a planta permanente, por un salario inicial igual a la canasta familiar indexado a la inflación, entre otras conquistas centrales para poner de pie a nuestra clase.
Por un Congreso Provincial de delegados con mandato
Avancemos en un congreso provincial de delegados con mandato que se plantee la deliberación y vote el paro provincial con toma de fábricas y edificios como parte de un plan de lucha para conquistar todas nuestras demandas. Este Congreso debe unificar a los estatales con el conjunto de los trabajadores de los servicios y la industria que enfrentan las mismas condiciones de deterioro salarial, precarización laboral y también los despidos y suspensiones. A los trabajadores de Molino Minetti, ya en el cuarto mes de lucha, se suman otros sectores como los judiciales, trabajadores de prensa de La Voz del Interior, los transportistas de AOITA, diferentes líneas de la UTA, que están en conflicto. Esto no sucede sólo en Córdoba, por lo que una instancia así debe servir para preparar un Congreso Nacional de delegados de base, para echar a la burocracia sindical y votar una paro nacional y un plan de lucha para enfrentar el ajuste que preparan el FMI junto con Alberto, los gobernadores, la Iglesia y los burócratas de la CGT todos unidos en el famoso Pacto Social. En estos momento es donde más necesitamos centralizar nuestras fuerzas para poder dar una salida a la crisis desde nuestros intereses.
Para avanzar en estas tareas, las agrupaciones opositoras combativas de los diferentes sindicatos tienen gran responsabilidad en la necesidad de reagrupar a los luchadores y activistas más decididos. Proponemos organizar un plenario de delegados de las oposiciones de los sindicatos estatales para deliberar y discutir el programa para enfrentar a la burocracia sindical y recuperar los sindicatos para los grandes desafíos que tenemos planteados.
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Abajo el Pacto Social.
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Recuperar nuestros sindicatos y centrales obreras de manos de la burocracia sindical.
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Por un congreso de delegados con mandato de base.
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Por el pase a planta permanente, ya!
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Contrato único para todos los estatales.
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Salario inicial igual a la canasta familiar indexado a la inflación.
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No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI de América Latina.
Regional Córdoba
4/12/2019
POR UN CONGRESO DE DELEGADOS DE BASES DE LA CLASE TRABAJADORA
El acuerdo por la paz y el orden público suscrito por todos los partidos del régimen, desde la UDI al Frente Amplio, le ha permitido a Piñera pasar revista en las escuelas de carabineros, levantar un proyecto de ley para que los militares intervengan en protección de “infraestructura crítica” (como hospitales!) y, por supuesto, imponer las condiciones del proceso electoral que impulsan. También envalentonó al matrimonio Allamand y Cubillos para exponer que nada cambiará con el cambio constituyente en un caso, y sacar el proyecto de “escuela sin partido” impulsado por el presidente brasilero Bolsonaro a raíz de videos donde jóvenes y niños corean consignas contra Piñera y los carabineros en las escuelas.
Con la vieja política de poner un huevo en cada canasta, los partidos que no firmaron el acuerdo del gobierno (PC, PH, PRO, Igualdad), impulsan su propio acuerdo levantando algunas demandas sociales y un catálogo de condiciones para el proceso constituyente, pretendiendo volverlo más democrático. Resulta llamativo que coloquen como norte el proceso de cambio constitucional de Colombia (1991), donde a 28 años del ajuste institucional del semi-estado Colombiano los trabajadores vienen de realizar una huelga general con amplias movilizaciones y enfrentamientos a las fuerzas represivas, contra las políticas de ajuste dictadas por el imperialismo.
Es justamente el problema de colocar el norte en una reforma o refundación de la democracia para ricos, sin cuestionar su contenido de clase. Lo que ha hecho eclosión como parte de un proceso regional de radicalización de la lucha de clases es la fachada democrática de la dictadura del capital, su envoltura acaramelada que recubre la dominación del imperialismo y que sólo puede atacarse si se llega a los cimientos del poder burgués, la producción.
Los llamados a paros y movilizaciones son respondidos por los trabajadores, las mujeres y la juventud con fuerza, audacia y creatividad. Sin embargo arrastramos las debilidades organizativas producto de la fragmentación y atomización de la clase trabajadora. A su vez las direcciones burocráticas en las organizaciones como la mesa de unidad social, pretenden utilizar al movimiento para fortalecerse como mediaciones en este proceso, levantan planes de lucha sólo como medidas de presión para las negociaciones parlamentarias.
Es necesario recuperar las organizaciones sindicales para los trabajadores expulsando a la burocracia, y al mismo tiempo unificar todas las organizaciones sindicales en una Central Única que aglutine a todo el movimiento obrero. Es necesario que desde cada asamblea de sindicatos y federaciones, se impulse la necesidad de levantar un congreso de delegados de bases de toda la clase trabajadora. Donde se discuta un verdadero programa obrero para dar salida a la crisis, y un plan de lucha para ponerlo en marcha, basado en la independencia de las organizaciones obreras del Estado.
Por un salario igual a la canasta familiar
Por el derecho a la educación, salud y la vivienda
Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros, populares y de la juventud
Juicio y castigo a los represores.
Abajo Piñera
Por un Gobierno Obrero
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A doce años de la Represión a la Toma de Pagoda
A doce años de la Toma de Fabrica de Pagoda
Se cumplen doce años de la toma de planta de la Tintoreria Pagoda en defensa de la Comision Interna perseguida por la patronal, las suspensiones de los trabajadores y por mejoras salariales.
La misma fue salvajemente reprimida a pedido de la Cámara de Comercio e Industria de San Luis y el Gobierno de Alberto Rodriguez Saá.
La reorganizacion sindical en la fabrica
En el año 2003 producto de la devaluación del 3 a 1 propiciada por el gobierno de Duhalde y una reactivacion economica para los sectores empresarios se hizo necesario un aumento en la produccion fabril. Esto hizo que comenzara a incorporarse en el Parque Industrial de Villa Mercedes una nueva camada de trabajadores jovenes a la empresas.
Pagoda no fue la excepción y fuimos varios los nuevos compañeros que entramos a trabajar. Las condiciones de trabajo y de Higiene y Seguridad eran en extremo precarias, siendo unos de los rubros peores pagos el textil casi el 40% del salario estaba en negro, obligacion de trabajar 12 hs diarias de lunes a sabado, no habia representacion gremial, entre otras.
La nueva generación no contaba con la derrota en cuanto flexibilizacion laboral que habian significado los años 90´, con el ataque del gobierno peronista de Carlos Menem en acuerdo con la burocracia sindical.
Por eso mismo al poco tiempo de entrar nos comenzamos a organizar para poder elegir delegados de planta, de manera semi clandestina porque la patronal ya habia despedido previamente ante cada intento anterior.
A fines del 2004 presentamos una lista de 20 afiliaciones al sindicato AOT (Asociacion Obrera Textil) y logramos, no sin antes presionar a la conducción (que habia pactado con la patronal no tener delegados) que nos reconociera un delegado normalizador de la Comision Interna. Los compañeros me eligieron para ese puesto ya que fui el que se puso a la cabeza de ese intento de reorganizar.
A partir de ese momento y en el lapso de un año pudimos a traves de los metodos obreros como la asamblea y el quite de colaboracion lograr algunas conquistas como una mesa de negociacion para blanquear el porcentaje salarial que cobrabamos en negro, algunas mejoras en las condiciones de trabajo y lograr efectivizacion de compañeros que trabajaban con pasantias.
La reorganizacion sindical en el Parque Industrial
A mediados del 2005 y luego de elegir nuevos delegados estalló la lucha por mejores condiciones de trabajo y recomposición salarial en la fabrica Tersuave, que duro 45 dias con triunfo de los compañeros y que nos marco en nuestra experiencia y a la mayor parte de los trabajadores del parque Industrial. Fue un paro con bloqueos y cortes de entrada al parque industrial, desde Pagoda organizamos el fondo de huelga para colaborar en la lucha.
A fines del 2005 pudimos por fin llegar a la elección de la Comision Interna y ya contar con un delegado por cada turno de trabajo.
A mediados del 2006 fuimos a la lucha por recomposición salarial y nos despidieron a 20 compañeros, suspendiendo tambien la patronal con anuencia de la conducción sindical a las comisiones internas. El conflicto duro mas de un mes, con bloqueos al ingreso de la planta, cortes de ruta al ingreso del parque industrial, enfrentamiento a los carneros (grupo minoritario) que se organizaban con la patronal para entrar a la fabrica por la fuerza, contamos con colaboración de trabajadores y delegados de distintas fabricas para el fondo de huelga como Tersuave, Kraft, Bagley, entre otras.
El saldo del conflicto fue un triunfo en toda la linea con la reincorporacion de todos los despedidos y de los delegados en sus respectivos puestos de trabajo, y rompiendo el techo salarial pactado por la burocracia y la Camara Patronal que era el principal motivo de la lucha.
Estas dos grandes luchas (Tersuave 2005, Pagoda 2006) fueron el catalizador para que otros compañeros del Parque industrial comenzaran a organizarse, los trabajadores de Flora Danica y de Metalmecanica son dos grandes ejemplos de esto. Pudieron por primera vez y luego de sendos conflictos poder elegir por primera vez delegados luchando en contra ademas de sus patronales de sus respectivas burocracias sindicales. Hubo tambien luchas duras donde se desarrollaron similares metodos obreros pero ue terminaron con derrotas como la Fibracentro (textil deJusto Daract) en 2006 y tambien Alpargatas y Sinjintex (textiles).
El gobierno de Rodriguez Saá y todo su aparato de obsecuentes patronales tomaron nota del proceso que se estaba gestando y manifestaron su preocupación ante un “rebrote marxista”, (tal fue su expresión) por lo cual se comenzaron a preparar, fieles a su tradicion, para enfrentar la organización independiente de los trabajadores y apoyar los pedidos de los industriales de Mano Dura.
Por ello en el año 2007 designa como ministro de Seguridad de la Provincia al coronel Guillermo Lopez, un represor de los 70´ segunda linea al mando de Mario Benjamin Menendez en el operativo Independencia en Tucuman en 1975.
Ademas de esto refuerza instituciones de “mediación” como el Programa de Relaciones Laborales, mandata a los juzgados para intervenir con celeridad a favor de las patronales y encomienda a representantes de la burocracio sindical como Carlos Ponce (hoy ViceGobernador) y otros para que rearmen la CGT, no desde ya para defender a los trabajadores sino para desarmar el proceso que se venia gestando en el Parque Industrial.
Despues del triunfo del 2006
El triunfo del conflicto del 2006 redundó en mayor fuerza de la organización y poder de los trabajadores en la fabrica. Nos dio impulso por un lado para intentar agrupar a un sector de trabajadores textiles con el objeto de tratar de armar una oposición sindical dentro de textiles para recuperar el gremio de manos de la burocracia. Participamos activamente apoyando los conflictos que llevaron adelante los compañeros de Alpargatas, Sinjintex y Fibracentro.
Estos intentos en lo concreto se vieron frustrados por un lado por la derrota de estos conflictos a manos de la patronal (barriendo con los principales activistas), contando con una intervención mas decidida del Gobierno de Rodriguez Saá a favor de los empresarios. Y por otro lado porque en las demas fabricas (Cameron, Indusnor, Texlona, etc) donde dirigia a la burocracia detectaron a quienes querian llevar adelante reclamos y haciendolos despedir.
Mientras tanto En Pagoda, el mando jerárquico estaba cuestionado por el triunfo y los compañeros comenzaban a aprender a llevar adelante reclamos aunque no estuvieran presente en su seccion los delegados.
Por ello la patronal contrato a principios del 2007 una nueva asesoria de RR.HH. cuyo jefe era el Presidente de la Camara de la Industria de San Luis, lo primero que intentaron fue tratar de sacarse de encima con retiros voluntarios a los principales activistas pagandole más de la indemnizacion que les correspondia, el rechazo a esto fue casi absoluto por lo cual el próximo paso fue tratar de modificar el estatuto de planta para avanzar en el aumento de la productividad tratando de achicar los “tiempos muertos” productivos, desde la CI presentamos un contraproyecto de Estatuto que ampliaba los derechos de los trabajadores, por lo cual se estanco la avanzada y por ello la patronal opto por despedir a la asesoria de RR.HH.
A mediados del 2007 el reclamo por efectivizacion de compañeros contratados fue aceptada por la patronal (luego de sendas asambleas que interrumpian la producción) en un cronograma progresivo mensual de pase a planta.
Lo que llevo a La Toma de Planta
A fines de octubre de 2007 y en medio de la discusión sobre una recomposicion salarial ya prometida por la empresa, el gerente de la empresa Hernan Han, reune a la comisión Interna y nos ofrece que nos retiremos de la empresa pagandonos hasta tres veces la indemnizacion que nos correspondia a los delegados, nuestra respuesta fue desde ya negativa, comunicandolo en asamblea a los compañeros para tratar de preparar el escenario que se venia. La patronal queria acabar con la CI para restablecer las condiciones de superexplotación previas a su existencia.
A nivel nacional ya estaba vigente el pacto social de Kirchner, las patronales y la burocracia sindical para combatir los intentos de organización independiente del proletariado. En San Luis ya las patronales y Rodriguez Saá estaban en el mismo plan.
Estabamos en la disyuntiva de entrar en un nuevo conflicto o de retroceder ante la ofensiva patronal.
Todos estos elementos fueron discutidos en las asambleas y la decisión fue por amplia mayoria avanzar en el reclamo.
El conflicto comenzo con suspensiones de parte de la patronal a auqellos que participaban de las asambleas informativas, primero por 48hs y luego por72 hs, a los delegados nos suspendio de nuestras tareas normales en la planta, negandonos el acceso pero diciendo que podiamos hacer tareas fuera de la misma, el argumento era que conspirabamos, por ser defensores de los derechos laborales contra el normal desenvolvimiento del trabajo.
Presentamos los amparos correspondientes para volver a trabajar en nuestros puestos de trabajo pero la justicia se excusó, actuando de esa manera abiertamente a favor de la patronal.
En base a nuestra experiencia de lucha debiamos tomar decisones y eso hicimos. En una asamblea que conto con la totalidad de los trabajadores, y en donde se discuteron los riesgos que tomabamos, los pro y los contras de la medida, y los pasos a seguir se tomó por unanimidad realizar una toma de planta en defensa de la Comisión Interna, contra la persecusion patronal y por una recomposición salarial.
La toma de planta
La toma se llevo adelante el jueves 21 de noviembre y se extendió por 5 dias, hubo un intento de negociación por parte de la patronal para tratar de destrabar el conflicto pero hubo intervención del Ministerio de Seguridad para convencer a la patronal de que no habia que negociar. Ya estaba tomada la decisión de tratar de disciplinar el mal ejemplo que dabamos como referencia de lucha a los trabajadores del parque Industrial.
El dia martes 27 a las 04 de la madrugada, a partir de una orden del Juzgado penal a cargo de Martha Vallica, mas de 200 efectivos del grupo Comando de la policía con Refuerzos de San Luis al mando del Represor Guillermo Lopez, entraron al predio a reprimir a los trabajadores.
La resistencia al operativo, que habia sido votada en asamblea, duró alrededor de una hora. La policia monto un operativo cerrojo en todos los caminos de acceso a la planta para que no pudieran pasar los compañeros de las fabricas que nos habian estado apoyando por esos dias, a nuestro abogado le tirotearon el auto cuando arremetio en un cerrojo para poder llegar hasta la planta.
El saldo fue de varios compañeros heridos (algunos de gravedad) y tambien algunos policías (igualmente) ante nuestro intento de resistencia.
Muchos compañeros fueron llevados hasta la Unidad Central de Policía para ser encarcelados pero la presión de los familiares y la comunidad que comenzaron a rodear el edificio reclamando la liberación hizo que fueran liberados luego de un par de horas.
La patronal de Pagoda, el Gobierno de la Provincia y la burocracia sindical fueron los principales responsables de la represion y el despido de la totalidad de los trabajadores de la planta.
Debia ser asi ya que con la experiencia que sumaron los compañeros en esos años no alcanzaba ya con dejar afuera a los delegados, porque cualquiera de ellos era un potencial dirigente de fabrica.
Los reaccionarios festejaron pensando que con ese golpe a la organización de los trabajadores nos habian disciplinado finalmente, pero se equivocaron, nuestra decisión de seguir luchando pese a tener a todo el Estado Burgues y sus instituciones (Gobierno, Ministerio de trabajo, Justicia, etc) en nuestra contra hizo que redoblaramos nuestro esfuerzo de lucha y mantuvieramos el corte a la entrada de la empresa y con medidas a la entrada del Parque industrial algunos dias hasta finales de enero del 2008.
En el conflicto se mostro claramente como se organizan todas las instituciones del Estado burgues para cuidar los intereses patronales. El Gobierno de Rodriguez Saá mostró varias veces en la historia (Docentes en el 2004, Municipales en el 2005, Pagoda en 2007) que no le tiembla el pulso para defender esos intereses y cuidar su caballito de batalla la famosa “Paz social” que no es otra cosa que capacidad de las patronales y las garantias del Estado para que puedan seguir explotando a los trabajadores en “Paz”.
La situación actual
Pero aunque hablen de “paz social” la lucha de clases existe y es permanente, no pueden negar que en cada conflicto de la clase trabajadora por mejores condiciones laborales y salariales, para cuidar sus derechos, contra los despidos y suspensiones, esta lucha se hace abierta.
En momentos que la ofensiva patronal recrudece y que ya los burocratas sindicales se muestran abiertos a discutir rebajas en los convenios de trabajo y aceptar argumentos patronales de flexibilizacion laboral, los trabajadores deben tomar las experiencias mas avanzadas que hubo en el movimiento obrero.
Es necesario ante la idea de un nuevo pacto social que esboza Alberto Fernandez fortalecer la organización, llamar a un congreso de delegados de base que discuta un programa para enfrentar los planes patronales de mayor explotación de nuestra clase, para asi pasar a la ofensiva recuperando a los sindicatos y ponerlos al servicio de los trabajadores, echando de una buena vez a los dirigentes que nos quieren hacer creer que nuestros intereses y los de los patrones son iguales, una gran mentira en esta sociedad capitalista.
Hay que recrear una Vanguardia Obrera que enfrente los planes patronales.
Nos ponemos a su disposición de los compañeros que tomen en sus manos junto a nosotros este proyecto.
Marcos Reinoso
Villa Mercedes, 27 de noviembre de 2019
Docentes CABA. Elecciones en Ademys y UTE
Los docentes de las escuelas públicas de Capital Federal serán convocados a las urnas este fin de año. El sindicato Ademys tendrá elecciones de Comisión Directiva el próximo 28 de noviembre, mientras que el mayoritario UTE-Ctera elegirá autoridades el 3 de diciembre. Los docentes de CABA nos encontramos ante enormes desafíos, es momento de preparar las fuerzas para enfrentarlos.
Mientras la crisis capitalista se manifiesta de manera explosiva en varios puntos de América Latina, como Ecuador, Chile y Bolivia, en Argentina estamos sumidos en una crisis económico-social de enorme profundidad. El nuevo gobierno de A. Fernández ya avisó que se vienen años difíciles por delante y apunta a un nuevo Pacto Social en el que, como siempre, seremos los trabajadores los que paguemos la crisis.
Las elecciones sindicales se desarrollan en el marco de esta situación, en que esta crisis social se manifiesta de manera cada vez más descarnada en las aulas. La emergencia alcanza a la gran mayoría de los alumnos y se ve reflejada en las condiciones de trabajo de los docentes, desde condiciones paupérrimas de seguridad e higiene laboral hasta la acelerada devaluación del salario, que coloca a la docencia en la línea de pobreza.
Esto sucede en todo el país. Los docentes de Chubut vienen de cerrar una lucha de 17 semanas por aumento salarial. A pesar de la enorme predisposición de lucha de los compañeros, que enfrentaron todo tipo de persecuciones, la burocracia de Goodman llegó a un acuerdo que no responde a los reclamos que originaron la protesta y con grandes cuestionamientos de parte de la seccionales mayoritarias, que querían seguirla. El sector más activista ya está planteando preparar el no inicio de clases, además del planteo de que se reabra la paritaria nacional. Tenemos que tomar esta iniciativa en todo el país para enfrentar la línea conciliadora de acuerdo social entre el futuro gobierno y la burocracia.
En CABA nos hemos enfrentado a las políticas de ataque a la educación pública y el intento de degradación del trabajo docente en movilizaciones contra la UNICABA y la NES (Secundaria sin futuro) de Larreta y Acuña. En el mes de noviembre protagonizamos una importante movilización contra el intento del gobierno de la ciudad de imponer con actos públicos truchos de traslado. Antes este año ya nos habíamos movilizado contra el cierre unilateral de una paritaria que dejó al salario planchado frente la inflación del año, con un triste 23% en cuotas. Lamentablemente, la respuesta de nuestros sindicatos no ha estado a la altura del ataque.
Votamos en blanco
En UTE, la conducción celeste de Eduardo López no ha hecho más que dar tregua al gobierno de Macri y enfriar todo movimiento de lucha para meter al activismo docente dentro del chaleco de fuerza peronista del “hay 2019”. Ahora que ganó su candidato a presidente se aprestan a apaciguar cualquier justo reclamo de los trabajadores bajo la excusa de que “hay que poner el hombro entre todos”; cuando lo cierto es que los únicos que ponemos el hombro somos los trabajadores. Hay que poner fin a la tregua de la burocracia sindical y organizar a la base docente para enfrentar las políticas de ajuste que impone y seguirá imponiendo el FMI, ahora bajo el mando de Alberto y el peronismo. El frente Multicolor, que nuclea a corrientes del FIT-U y aliados, contiene corrientes como el MST, que en los últimos años supo ser ladera de la burocracia michelista en varios gremios estatales. Y, además, no ha hecho más que sembrar en el activismo docente la idea de que hay que canalizar los reclamos de los trabajadores en el parlamento, dejando de lado el principio fundamental de la independencia de clase y la necesidad urgente de organizar en las escuelas contra el brutal recorte a las condiciones de trabajo que sufrimos en este último periodo. También se presenta la Lista Granate, que se abre ahora de la Multicolor, que reivindica ciegamente a los movimientos populistas y en su historial han defendido a los representantes burgueses como el FPV, Lula y ahora a Evo Morales.
Por su parte, en Ademys es el frente Multicolor el que conduce el sindicato desde 2013. El frente de conducción vuelve a presentarse con aspiraciones a renovar el mandato, no sin diferencias internas y rosca. Por desgracia, este gremio no logró ser contrapeso a la tendencia a sofocar la lucha de la burocracia de UTE y quedó impotente para movilizar a los sectores combativos de la docencia. Peleamos no sólo por una conducción que proponga un sindicato antiburocrático y combativo, sino también que establezca la imperiosa necesidad de la independencia de clase. Esto significa que los trabajadores sólo debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Esto cobra una dimensión muy concreta en los actuales procesos políticos en América Latina, donde distintos bandos burgueses intentan llevar a los trabajadores detrás de uno u otro sector, cuando lo que hacen es defender sus intereses. Los partidos que integran los frentes Multicolor han demostrado no respetar este principio independencia de clase al momento de sentar posición en eventos álgidos, como cuando brindaron su apoyo al PT en las últimas elecciones de Brasil o, luego de que en su momento votaran a favor de Evo Morales, ahora llamen a su defensa. Por el contrario, es necesario poner en pie un partido revolucionario del proletariado que guíe a las masas oprimidas a una salida socialista.
Desde la COR peleamos por una dirección que recupere UTE y gane Ademys con un claro principio de independencia de clase respecto del Estado, que enfrente la injerencia de éste en los sindicatos y desarrolle pasos concretos para tirar abajo la Ley de Asociaciones Sindicales y todas las leyes que regimentan nuestras organizaciones. Impulsamos la unidad de las filas docentes, superando la división que sólo le es funcional al gobierno y a los mezquinos intereses de la burocracia sindical y peleamos por poner en pie un Sindicato Único Docente. Llamamos a desarrollar un Congreso de Delegados de Base con mandatos de todas las escuelas, de todos los gremios docentes, para lanzar una oposición capaz de frenar los ataques del gobierno y el ajuste del FMI. Convocamos a todos los sectores de izquierda a que levantemos una Oposición Sindical Revolucionaria en la docencia, que tenga como principio fundamental la independencia de clase frente a la patronal-Estado y de todas las corrientes burguesas que intervienen en nuestras filas con su burocracia sindical.
- Paritaria nacional ya. Elección de delegados paritarios en un Congreso de Delegados de Base, con mandato y revocables.
- Por un Plenario de Delegados de Base con Mandato de todos los sectores docentes.
- Solidaridad con los compañeros de Chubut.
- Fuera el imperialismo de América Latina. Por una salida revolucionaria y socialista.
CONTRA LA DEMOCRACIA PARA RICOS, IMPULSEMOS UNA SALIDA OBRERA
Luego de un paro nacional el 12 de noviembre pasado, sin precedentes desde el retorno a la forma democrática del régimen burgués, el gobierno de Piñera evaluó volver a reponer el estado emergencia sacando a los militares a las calles. Según los trascendidos, éstos se habrían negado si no se les garantizaba la impunidad como sucede actualmente en Bolivia con el gobierno provisorio e inestable de Áñez quien mediante un decreto les garantizó que no habría consecuencias.
Independientemente de la veracidad de estos roces entre las instituciones del Estado, volver a sacar la carta de la confrontación militar luego de que la clase obrera interviniera decididamente en la escena hubiera resultado en una feroz resistencia de parte de los trabajadores y el pueblo, esta vez afectando a la base del poder burgués que se encuentra en la producción. Por esto es que Piñera, amenazando solapadamente con usar la “fuerza”, indicó que optó por “la razón” instando al conjunto de los partidos de la oposición a adoptar un acuerdo de unidad nacional “por la paz, el orden público y el total respeto de la institucionalidad democrática”.
Esto significó un cierre de filas de todos los bloques burgueses y contó con la adhesión de los partidos pequeñoburgueses del Frente Amplio, quienes se hoy atraviesan una crisis que los corroe por no poder respaldar semejante engaño ante los sectores en lucha. La base del acuerdo es ir hacia una “nueva constitución” mediante un plebiscito en abril y elecciones de constituyentes en octubre del 2020 junto con las elecciones municipales. Más allá de las argucias técnicas para reproducir los amañados mecanismos de representación parlamentaria, asegurando el peso de los partidos del régimen, este acuerdo no significa otra cosa que darle un tanque de oxígeno a un gobierno en crisis, pateando la crisis hacia adelante en un escenario altamente inestable. Ese mismo tiempo es el que está siendo aprovechado por la maquina burocrática y policial del Estado para encarcelar, reprimir y enjuiciar a los que luchan.
La separación de las masas y el Estado que se ha expresado de forma radical en distintos hitos de la lucha de clases no se va a cerrar intentando volver la política de las calles hacia el parlamento. El gobierno sabe esto perfectamente y trata de dar respuesta a los grandes problemas sociales planteados mediante algunas medidas redistributivas que otorguen algunas migajas aquí y allá, pretendiendo dar por cerrado temas, como la disminución del precio de los medicamentos o el aumento de las pensiones básicas solidarias en 50%, que pese al salto porcentual que significa, continuarán siendo pensiones de hambre sobrepasando apenas la mitad del salario mínimo.
Las expectativas por el cambio constitucional, presentado por reformistas y centristas como la salida a la actual crisis, ha provocado un cierto repliegue momentáneo de sectores más amplios de masas a la espera de una resolución a los grandes problemas. La insurrección de fuerzas elementales que se ha expresado en este periodo si bien ha enfrentado decididamente la represión, ha movilizado millones en todas las ciudades del país y ha realizado un paro histórico en la producción, no ha sobrepasado el marco de la legalidad burguesa sin provocar derrotas al Estado, y esto no puede hacerlo de por sí mismo dado su carácter espontáneo.
Se equivocan quienes creen que el cierre de filas de los partidos del régimen en un acuerdo nacional para salvar la democracia para ricos, y eventualmente reformarla, puede dar vuelta la página para volver a la “normalidad”. Los agudos procesos de la lucha de clases que recorren la región, como en Ecuador o Bolivia, y ahora con la intervención de la clase obrera colombiana, ha forzado a los gobiernos proimperialistas a utilizar la salida represiva utilizando los militares, teniendo la misma respuesta de los trabajadores y el pueblo, grandes luchas de masas que cuestionan a los semi-estados latinoamericanos y la dominación imperialista.
Aquello que es espontáneo es al mismo tiempo embrionario de lo consciente. Es preciso que los activistas y la vanguardia en lucha impulsen con fuerza medidas organizativas que tiendan a aglutinar a los principales batallones de la clase trabajadora y la juventud para dar una salida obrera a la crisis abierta. Se vuelve necesario al mismo tiempo debatir un programa transicional que luche por llevar a los trabajadores al poder enfrentando al Estado. Es necesario también que las formas de organización obrera conserven absoluta independencia de la burguesía evitando confundirla con las estructuras políticas del poder burgués como los ensayos constituyentes. La lucha por las demandas democráticas debe estar ligada al fortalecimiento de la clase obrera como clase dirigente del conjunto de los explotados y oprimidos. La conformación de un partido revolucionario internacionalista, que es la reconstrucción de la IV Internacional, se plantea como un debate urgente de la vanguardia obrera y de la juventud.
Contra la ofensiva de la derecha en Bolivia: ORGANIZAR LA RESISTENCIA OBRERA CONTRA EL ESTADO SEMICOLONIAL Y LA SUMISIÓN AL IMPERIALISMO
Luego de un intento efímero de convocar nuevamente a elecciones, Evo Morales ha renunciado a la presidencia. Lo hace frente a la presión del ejército, las instituciones del semi-estado, los motines policiales y las acciones callejeras, impulsadas por los comités cívicos y con Camacho y Mesa a la cabeza.
Renuncia luego de un marcado desgaste de su gobierno, con varios años de traspiés que culminaron en el escándalo del fraude, blanqueado por la OEA, en medio de una llamativa ausencia de las organizaciones campesinas e indígenas que habían sido convocadas por el MAS para defender La Paz.
La postura del ejército y los motines policiales le han dado un ribete golpista a la ofensiva de la derecha, envalentonada por el apoyo imperialista. Si bien este golpe no se ha consumado a estas horas- ya que el ejército no ha tomado el poder – no está descartado este escenario dada la explosividad de la situación.
Evo Morales, que se cansó en estos 13 años de dar concesiones a la burguesía de Santa Cruz, de pactar con los explotadores del agro y de someterse a los intereses imperialistas, demuestra ser el típico bonapartista pequeñoburgués que entrega a su “pueblo” en manos de la derecha, prefiriendo renunciar antes de apelar a las masas a defender su gobierno, masas a las que teme y en las cuales desconfía. El estado al que Evo bautizó como “plurinacional” ha mostrado su carácter semicolonial y descompuesto.
Sus ex aliados de la Central Obrera Boliviana (COB) también le pidieron la renuncia “para pacificar el país” dejando a los trabajadores a la vera de los intereses del imperialismo.
El movimiento obrero y las organizaciones campesinas han quedado en manos de una derecha envalentonada y un ejército que ha mostrado su verdadero carácter de guardián de los intereses capitalistas. Por eso es vital organizar la resistencia obrera ya, retomando la tradición de las grandes acciones de la Guerra del agua, del movimiento minero, de las acciones campesinas. En los métodos de la clase está la única forma de enfrentar al imperialismo y sus socios locales.
Derribar a los burócratas de la COB y recuperarla, sacar a los conciliadores del MAS de las organizaciones campesinas e indígenas y organizar la resistencia armada de la población contra el accionar de la derecha, la policía y el ejército y pelear por la disolución de las fuerzas represivas, es fundamental para preservar los intereses obreros y populares que hoy peligran.
Todo esto se da en medio de grandes acciones de masas que surcan América Latina, como hemos visto en Ecuador y Chile. Es urgente que las corrientes de izquierda que reivindicamos la dictadura del proletariado demos una respuesta programática ante la ausencia cada vez más trágica de una dirección revolucionaria que pueda dirigir una salida obrera y socialista ante los acontecimientos de la región.
Un paso en este sentido podría ser una Conferencia Latinoamericana donde la izquierda revolucionaria debatamos y planteemos ante las masas un programa revolucionario que aporte a la construcción de una vanguardia internacionalista que pueda intervenir en estos procesos, como parte de la reconstrucción de la cuarta internacional.
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