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Un nuevo acuerdo para reprimir y criminalizar las luchas de los trabajadores y el pueblo

Jueves, 05 Diciembre 2019 19:13
 

El acuerdo por la paz, el orden público, y una nueva constitución, que significó un gran gesto de unidad nacional para salvar al gobierno de Piñera, dio un salto el miércoles 04 de diciembre con la votación por el parlamento y el senado de la llamada “ley antisaqueos”.

Esta ley contempla reclusión de hasta 5 años a trabajadores por “paralizar o interrumpir un servicio público… de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones”, este proyecto fue aprobado por prácticamente la totalidad del parlamento y el senado. También persigue a los que luchan penalizando a quienes lancen “elementos contundentes” o que realicen barricadas o que ocupen “bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola…públicos o privados”. Toda una defensa de la propiedad privada capitalista y de las fuerzas represivas a su servicio.

La abstención del PC indicando que ellos sólo aprueban la penalización contra los saqueos, demuestra que están a favor de criminalizar la pobreza defendiendo la propiedad y acaparamiento de verdaderos saqueadores del pueblo, defendiendo a las grandes cadenas de supermercado como WallMart o Cencosud.

Además de esta ley se encuentra en trámite y con amplia adhesión de los partidos burgueses y pequeñoburgueses una reforma constitucional que implementará una especie de “Estado de Emergencia de grado menor” para colocar militares en la llamada “infraestructura crítica”, puertos, aeropuertos, hospitales, centros de abastecimiento de agua y luz, con el objetivo de una nueva intervención de las fuerzas armadas, esta vez contra algunos de los sectores obreros que han salido a luchar con más decisión como los trabajadores de la salud y los portuarios.

Con la vieja política del garrote y la zanahoria, estas medidas son presentadas por el ministro Blumel como la precondición para la puesta en marcha de la “agenda social”, basada en repartir algunas migajas tales como el incremento de la pensión básica solidaria en niveles de muy miserable a bastante miserable (a 165 mil pesos, U$200).

La profundización de la crisis económica, donde hoy hablan una “recesión técnica” (algo así como solucionable en el corto plazo según sus pronósticos de ajuste), ya han dejado más de 76 mil despidos desde octubre a esta parte. Una prueba más de que la burguesía revanchista descargará sin piedad los costos de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora. Para aminorar los despidos el gobierno propone que las empresas en crisis eviten despidos disminuyendo jornadas laborales y salarios compensando parcialmente las pérdidas con los fondos acumulados por propios de los trabajadores en el seguro de cesantía, una verdadera ganga.

También discuten un ingreso mínimo de 300 mil pesos (U$ 360) consistente en un subsidio estatal para las empresas que paguen menos de esa suma, cuya discusión en el parlamento pasa por si va dirigido a todas las empresas y sólo a las pymes.  En rigor un verdadero incentivo para que los capitalistas reemplacen mano de obra barata por más barata, o aumenten el volumen de trabajadores subcontratados según las fórmulas de quienes defienden a los pequeños explotadores.

Luego del gran acuerdo por el orden público y la nueva constitución las luchas y movilizaciones disminuyeron su masividad, aunque no su contundencia. Las energías de amplias masas se disipan si no encuentran las vías organizativas y las perspectivas adecuadas para dar salida a la crisis, junto con el accionar de los lúmpenes organizados (carabineros) y no organizados (desclasados) que constituyen las arenas movedizas del caos sin organización y dirección. Las direcciones burocráticas de la mesa de unidad social, si bien se colocaron en la vereda crítica del acuerdo, intentaron impulsar paros de presión para sentarse a negociar exigiendo cambios al acuerdo constituyente y al mismo tiempo servir la mesa de negociación del sector público, sin denunciar la ofensiva de despidos y represión en curso buscando un modesto reajuste dado el marco de la crisis.

Es necesario indicar que un cambio a la constitución impulsado principalmente por aquellos que desean establecer un modelo de “redistribución de la riqueza” en la misma no resolverá los grandes problemas planteados por las luchas de los trabajadores y la juventud. El intento de refundar al semiestado chileno, atado por mil lazos a la dominación del imperialismo, como lo expresó el secretario de estado norteamericano Mike Pompeo ofreciendo ayuda para impedir que “protestas se conviertan en revueltas” en su “patio trasero”, es una perspectiva de corto aliento para edulcorar la democracia para ricos. No sólo porque no es un proceso estrictamente nacional, como lo demuestra la resistencia obrera y campesina contra la ofensiva reaccionaria en Bolivia o en Colombia con su tercer paro nacional, sino porque no existe viabilidad histórica para un nuevo tipo de Estado burgués.

Es vital que los trabajadores organizados en los grandes medios de producción intervengan en esta crisis para aportar una salida. Es necesario que los luchadores y la juventud vuelquen toda su energía para impulsar los métodos de acción y organización junto a los sectores obreros. Se debe establecer el control obrero junto a comités de abastecimiento en las grandes cadenas de supermercado; es necesario levantar comités de autodefensa ante cada lucha obrera incorporando a los juventud de la primera línea; se debe levantar un programa para incorporar masivamente a los desocupados a la producción ligándolos a los sindicatos, recuperándolos para la lucha de manos de la burocracia, imponiendo escalas móvil de salarios y horas de trabajo partiendo de un salario base igual al costo de la canasta familiar, los trabajadores retirados no deben tener pensiones inferiores al costo de una canasta de adulto; luchar por el pase a planta de los subcontratados como se conquistó recientemente en la USACH luego de años de lucha junto a los estudiantes; además de luchar por el derecho a la salud, la educación, la vivienda. Es prioritario que impulsemos un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora, que recupere los sindicatos, y vote un programa y un plan de lucha para enfrentar la política de miseria social y reacción en toda línea del gobierno, los partidos de oposición y el conjunto de las instituciones de la democracia para ricos.

Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros y populares

Comités de autodefensa para enfrentar la represión

Juicio y castigo a los represores, asesinos, violadores y torturadores

Por el control obrero de los de los grandes medios de producción

Impulsemos un Congresos de Delegados de Base para poner en pie una salida obrera a la crisis.

Abajo Piñera

Por un Gobierno Obrero

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  • Los trabajadores municipales de Mendoza tienen que ganar

    Los trabajadores municipales de la ciudad de Mendoza, organizados en ATE, llevan ya un mes de conflicto en reclamo de recomposición salarial. Perciben salarios que rondan los 10 mil pesos, gran parte compuesto por adicionales no remunerativos ni bonificables. En este tiempo, el tándem radical Suárez-Suárez que gobierna el municipio y la provincia, los ha reprimido tres veces, con desalojos, gaseos, golpes, denuncias penales individuales y al sindicato, y sumarios.

    La última represión, ocurrió este domingo 5/7, tras 12hs de intimidación policial y amenazas de la fiscalía, que concluyeron en el violento desalojo de la protesta que sostenían en el KM 0 de la ciudad, y la detención y agresión física de 46 trabajadores, entre ellos los dirigentes de ATE, Adriana Iranzo y Roberto Macho, y de SUTE, Sebastián Henríquez y Pablo Massutti. El argumento para el accionar policial, y la imputación posterior de 36 del total de detenidos, fue la violación del artículo 205 del código penal que castiga con prisión a quien no acate las medidas dispuestas por las autoridades para la prevención de una epidemia. Lo cínico de tal argumento, es que en Mendoza está permitido compartir una mesa de bar con 10 amigos, pero te mandan la infantería si 4 laburantes, que se cagan de hambre con sueldos miserables, se encadenan a un banco en la peatonal. Otra muestra más del carácter antiobrero del conjunto de medidas dispuestas por el decreto de Alberto en acuerdo con los gobernadores, para disciplinar a la población trabajadora que están cargando con lo peor de la crisis económica y sanitaria.  

    El sector de limpieza urbana y de preventores que está en lucha por recomposición salarial, se está organizando en ATE, mientras el sindicato mayoritario es el SOEM, dirigido por el concejal radical Dugas Chapel, abiertamente alineado con la gestión Suárez. No es un dato menor que después de la primera represión a los municipales en lucha (desalojados por la policía el 13/6 cuando realizaban un acampe en el predio usado por la municipalidad en el Barrio La Favorita), el SOEM, para descomprimir, negoció el 16/6 que parte del salario pagado con tickets alimentarios, pasara a pagarse a partir de julio como dinero en efectivo, totalmente en negro. Acuerdo inconsulto con la base, mucho menos con el sector en lucha, y claramente insuficiente. Este es el rol de una burocracia podrida que no ha repudiado la represión sufrida por este sector de trabajadores municipales, y es la principal garantía de subordinación de los empleados municipales a las políticas de precarización, tercerización y pauperización de la gestión radical en la ciudad.

    Este conflicto se volvió testigo de la problemática que padecemos el conjunto de los estatales. El radical Suárez en Mendoza, igual que Alberto en la nación, priorizan el pago de la deuda externa y la negociación con los bonistas, a costa de salarios congelados, despidos y suspensiones. Aguinaldos postergados. Paritarias cerradas. Alta precarización laboral, con contratos basura, prestaciones, suplencias, monotributo, etc. Y también porque la fragmentación sindical agrava la crisis de dirección del conjunto de los estatales. Los reclamos son los mismos: reapertura inmediata de paritarias, recomposición salarial, pase a planta permanente. Pero el alineamiento de conducciones con el gobierno del Frente de Todos por un lado, y de Cambia Mendoza por otro, se traduce en desmovilización y desconfianza de las bases.

    Los municipales en lucha, que soportaron tres represiones y no han sido doblegados, tienen que triunfar. Son hoy una referencia para el conjunto de los estatales, y tienen ganada la autoridad para convocar a provincializar el conflicto, instando a poner en pie un congreso de delegados estatales de base mandatados, que supere la fragmentación de las conducciones y permita centralizar las fuerzas dispersas de los trabajadores. Esta instancia es clave para debatir y resolver un plan de lucha unificado, que prepare un paro provincial hasta imponer el reconocimiento de las demandas de los municipales, y que obligue a Suárez a sentarse a discutir en una paritaria estatal única.

    Un congreso de delegados de base, es necesario, para avanzar en un debate programático de cara a resolver la grave crisis de dirección que nos atraviesa al conjunto de los estatales. Las tendencias y delegados antiburocráticos y de izquierda, tenemos la responsabilidad de batallar por un programa de independencia de clase, forjando una oposición sindical revolucionaria que dispute la dirección de la lucha de los estatales y prepare la recuperación de los sindicatos. En cada lugar de trabajo, impulsemos asambleas y mandatos de PARO PROVINCIAL y de ruptura de la tregua de las CGT y CTAs al gobierno del FdT. Preparemos un congreso que discuta cómo enfrentamos la crisis económica y sanitaria con nuestros métodos de clase.

     

    Los estatales, la policía y el monopolio de la fuerza del Estado.

    En el conflicto de los municipales, junto al sector de limpieza urbana, sostienen la lucha un grupo de preventores. Los preventores son un cuerpo de civiles, creado en el ámbito de la Municipalidad de Mendoza, por decreto del año 2008 (luego emulado por otros municipios), con el objetivo de observar, informar y colaborar con la Policía de Mendoza. Como cuerpo de civiles, auxiliares de la Policía provincial, portan tonfas y gas pimienta, y tienen acceso al sistema Tetra de comunicación encriptado que usa la policía. Si bien son civiles, son casi 300 los preventores de la ciudad, cuya función es la cooperación y coordinación como auxiliares en el accionar policial.

    No podemos ser indiferentes a las implicancias de esta relación. Más aún en esta situación de crisis económica mundial acelerada por la pandemia, frente a la cual, la cuarentena es utilizada por Alberto y los gobernadores, para aumentar el control de la circulación de bienes y de trabajadores. Para ello son las medidas de mayor intervención de las fuerzas de seguridad, incluyendo el despliegue del ejército en las barriadas, como parte de la preparación de los capitalistas y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo. Medida que ya se ha cobrado numerosas vidas, como Luis Espinoza en Tucumán, dos jóvenes muertos en las comisarías de San Luis, Facundo Scalzo y tantos otros asesinados por gatillo fácil en el marco del ASPO. Esta tendencia es internacional, y vemos su expresión, con sus especificidades, en las movilizaciones contra los asesinatos raciales a manos de la policía en EEUU, y la discusión abierta en el movimiento obrero sindicalizado respecto a la expulsión de los sindicatos de policía de las centrales obreras.

    La policía es una fuerza integrada por individuos que se forman y trazan su vida como miembros de las instituciones represivas del Estado burgués. Los policías, oficiales, suboficiales, espías de la exSIDE y demás servicios, no son obreros aunque ganen poco, soporten largas horas de servicio, los maltraten los superiores o vivan en malas condiciones. Es una aberración completa considerar que existe algún tipo de “unidad de clase” con los policías, a pesar de poder ellos mismos ser hijos de obreros u obreras, y de percibir por su servicio una remuneración salarial. Su función es opuesta a los asalariados que trabajan en la producción o en servicios. La función del policía consiste esencialmente en colaborar con la explotación capitalista, asegurando en forma “técnica y administrativa” la extracción de plusvalía y la disciplina laboral. Aunque sean pobres o maltratados no significa ni mucho menos que los policías sean explotados. Los trabajadores son explotados porque rinden plusvalía al patrón. El policía amordaza al obrero y ayuda al patrón a tenerlo esclavizado. “El hecho de que los agentes de policía fueran reclutados en gran parte entre los obreros socialdemócratas no significa absolutamente nada. Aquí también la existencia determina la consciencia. El obrero que se hace policía al servicio del Estado burgués es un policía burgués y no obrero. (…) Pero lo más importante es que todo policía sabe que los gobiernos cambian, pero la policía queda” (León Trotsky. Alemania, la revolución y el fascismo).

    En este conflicto, un grupo numeroso de preventores estuvo en la lucha, junto a los trabajadores de limpieza urbana, soportando incluso la represión de la fuerza policial. Es importante dar el debate de la perspectiva que abre este conflicto para el sector. Por ello sostenemos que los preventores que están en la lucha junto al resto de los municipales, deben plantear la disolución del cuerpo de preventores, y su reubicación en otras tareas y servicios municipales.  Porque cualquier lucha reivindicativa elemental, nos encontrará una vez más, enfrentando el accionar policial como fuerza represiva del Estado para disciplinar a los trabajadores. Debilitar el poder represivo estatal, es central en la perspectiva estratégica de la destrucción de este Estado, que no es nuestro Estado.

  • Molino Minetti: Derrotado el primer intento de desalojo

    Molino Minetti: Derrotado el primer intento de desalojo
    Poner a producir el molino con los 150 adentro

    El miércoles 22 de enero se vivieron momentos de tensión en el molino Minetti. Tras el cierre fraudulento de los portones por parte de la empresa para fortalecer el lock out, los compañeros decidieron recuperar la planta, con el apoyo de la comisión de mujeres y algunos grupos de izquierda, incluida nuestra corriente. La respuesta de la patronal y de toda la institucionalidad del Estado no se hizo esperar: la justicia mandó la orden de desalojo y Schiaretti a la policía provincial con un operativo contundente. Son los cómplices, junto a la burocracia de UOMA, de garantizar el no pago de salarios, el lock out y los despidos de los tenaces molineros que vienen desde hace meses resistiendo este ataque.
    Finalmente, luego de horas de tensión, los delegados hicieron un acuerdo para que la policía retrocediera, un acuerdo precario ya que se mantiene la amenaza de desalojo y un móvil policial se mantiene en el predio haciendo inteligencia. La tenacidad de resistencia de los molineros es ejemplar, merece el apoyo del conjunto de nuestra clase. La burocracia sindical de las CGTs y CTAs provinciales, amigas de Schiaretti y de Alberto, le está dando la espalda al conflicto, preocupadas más por garantizar el pacto social. Las oposiciones dentro de los sindicatos debemos redoblar esfuerzos, para sostener la pelea de los molineros y para poner a nuestros sindicatos en pie de lucha. ¡Que las CGTs y CTAs llamen ya a un paro provincial!
    Para avanzar en la lucha, es necesario romper el lock out poniendo el molino a producir, convocando al conjunto de los compañeros para esta enorme tarea. Los mejores aliados para esto son los sindicatos de las ramas vinculadas a los servicios, al trasporte y la distribución de la materia prima y la harina, como Camioneros, Empleados de Comercio, Luz y Fuerza y Gas. Es necesario llamar a estos sindicatos y a sus trabajadores, con la tarea principal de derrotar el actual intento de desalojo y avanzar en la puesta en producción. También es necesario continuar luchando para derrotar la política cómplice de la UOMA  y preparar el paro molinero. El camino de confiar en el ministerio, en la justicia o en el gobierno de Schiaretti ha demostrado llevar a un callejón difícil de sortear.
    ¡Reincorporación de todos los despedidos!
    ¡Poner el molino a producir!
    ¡Abajo el desalojo!

    COR Regional Córdoba

    24/01/2020

     

  • POR UN CONGRESO DE DELEGADOS DE BASES DE LA CLASE TRABAJADORA

     
     

    El acuerdo por la paz y el orden público suscrito por todos los partidos del régimen, desde la UDI al Frente Amplio, le ha permitido a Piñera pasar revista en las escuelas de carabineros, levantar un proyecto de ley para que los militares intervengan en protección de “infraestructura crítica” (como hospitales!) y, por supuesto, imponer las condiciones del proceso electoral que impulsan. También envalentonó al matrimonio Allamand y Cubillos para exponer que nada cambiará con el cambio constituyente en un caso, y sacar el proyecto de “escuela sin partido” impulsado por el presidente brasilero Bolsonaro a raíz de videos donde jóvenes y niños corean consignas contra Piñera y los carabineros en las escuelas.

    Con la vieja política de poner un huevo en cada canasta, los partidos que no firmaron el acuerdo del gobierno (PC, PH, PRO, Igualdad), impulsan su propio acuerdo levantando algunas demandas sociales y un catálogo de condiciones para el proceso constituyente, pretendiendo volverlo más democrático. Resulta llamativo que coloquen como norte el proceso de cambio constitucional de Colombia (1991), donde a 28 años del ajuste institucional del semi-estado Colombiano los trabajadores vienen de realizar una huelga general con amplias movilizaciones y enfrentamientos a las fuerzas represivas, contra las políticas de ajuste dictadas por el imperialismo.

    Es justamente el problema de colocar el norte en una reforma o refundación de la democracia para ricos, sin cuestionar su contenido de clase. Lo que ha hecho eclosión como parte de un proceso regional de radicalización de la lucha de clases es la fachada democrática de la dictadura del capital, su envoltura acaramelada que recubre la dominación del imperialismo y que sólo puede atacarse si se llega a los cimientos del poder burgués, la producción.

    Los llamados a paros y movilizaciones son respondidos por los trabajadores, las mujeres y la juventud con fuerza, audacia y creatividad. Sin embargo arrastramos las debilidades organizativas producto de la fragmentación y atomización de la clase trabajadora. A su vez las direcciones burocráticas en las organizaciones como la mesa de unidad social, pretenden utilizar al movimiento para fortalecerse como mediaciones en este proceso, levantan planes de lucha sólo como medidas de presión para las negociaciones parlamentarias.

    Es necesario recuperar las organizaciones sindicales para los trabajadores expulsando a la burocracia, y al mismo tiempo unificar todas las organizaciones sindicales en una Central Única que aglutine a todo el movimiento obrero.  Es necesario que desde cada asamblea de sindicatos y federaciones, se impulse la necesidad de levantar un congreso de delegados de bases de toda la clase trabajadora. Donde se discuta un verdadero programa obrero para dar salida a la crisis, y un plan de lucha para ponerlo en marcha, basado en la independencia de las organizaciones obreras del Estado.

    Por un salario igual a la canasta familiar

    Por el derecho a la educación, salud y la vivienda

    Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros, populares y de la juventud

    Juicio y castigo a los represores.

    Abajo Piñera

    Por un Gobierno Obrero

  • CONTRA LA DEMOCRACIA PARA RICOS, IMPULSEMOS UNA SALIDA OBRERA

    Luego de un paro nacional el 12 de noviembre pasado, sin precedentes desde el retorno a la forma democrática del régimen burgués, el gobierno de Piñera evaluó volver a reponer el estado emergencia sacando a los militares a las calles. Según los trascendidos, éstos se habrían negado si no se les garantizaba la impunidad como sucede actualmente en Bolivia con el gobierno provisorio e inestable de Áñez quien mediante un decreto les garantizó que no habría consecuencias.

    Independientemente de la veracidad de estos roces entre las instituciones del Estado, volver a sacar la carta de la confrontación militar luego de que la clase obrera interviniera decididamente en la escena hubiera resultado en una feroz resistencia de parte de los trabajadores y el pueblo, esta vez afectando a la base del poder burgués que se encuentra en la producción. Por esto es que Piñera, amenazando solapadamente con usar la “fuerza”, indicó que optó por “la razón” instando al conjunto de los partidos de la oposición a adoptar un acuerdo de unidad nacional “por la paz, el orden público y el total respeto de la institucionalidad democrática”.

    Esto significó un cierre de filas de todos los bloques burgueses y contó con la adhesión de los partidos pequeñoburgueses del Frente Amplio, quienes se hoy atraviesan una crisis que los corroe por no poder respaldar semejante engaño ante los sectores en lucha. La base del acuerdo es ir hacia una “nueva constitución” mediante un plebiscito en abril y elecciones de constituyentes en octubre del 2020 junto con las elecciones municipales. Más allá de las argucias técnicas para reproducir los amañados mecanismos de representación parlamentaria, asegurando el peso de los partidos del régimen, este acuerdo no significa otra cosa que darle un tanque de oxígeno a un gobierno en crisis, pateando la crisis hacia adelante en un escenario altamente inestable. Ese mismo tiempo es el que está siendo aprovechado por la maquina burocrática y policial del Estado para encarcelar, reprimir y enjuiciar a los que luchan.

    La separación de las masas y el Estado que se ha expresado de forma radical en distintos hitos de la lucha de clases no se va a cerrar intentando volver la política de las calles hacia el parlamento. El gobierno sabe esto perfectamente y trata de dar respuesta a los grandes problemas sociales planteados mediante algunas medidas redistributivas que otorguen algunas migajas aquí y allá, pretendiendo dar por cerrado temas, como la disminución del precio de los medicamentos o el aumento de las pensiones básicas solidarias en 50%, que pese al salto porcentual que significa, continuarán siendo pensiones de hambre sobrepasando apenas la mitad del salario mínimo.

    Las expectativas por el cambio constitucional, presentado por reformistas y centristas como la salida a la actual crisis, ha provocado un cierto repliegue momentáneo de sectores más amplios de masas a la espera de una resolución a los grandes problemas. La insurrección de fuerzas elementales que se ha expresado en este periodo si bien ha enfrentado decididamente la represión, ha movilizado millones en todas las ciudades del país y ha realizado un paro histórico en la producción, no ha sobrepasado el marco de la legalidad burguesa sin provocar derrotas al Estado, y esto no puede hacerlo de por sí mismo dado su carácter espontáneo.

    Se equivocan quienes creen que el cierre de filas de los partidos del régimen en un acuerdo nacional para salvar la democracia para ricos, y eventualmente reformarla, puede dar vuelta la página para volver a la “normalidad”. Los agudos procesos de la lucha de clases que recorren la región, como en Ecuador o Bolivia, y ahora con la intervención de la clase obrera colombiana, ha forzado a los gobiernos proimperialistas a utilizar la salida represiva utilizando los militares, teniendo la misma respuesta de los trabajadores y el pueblo, grandes luchas de masas que cuestionan a los semi-estados latinoamericanos y la dominación imperialista.

    Aquello que es espontáneo es al mismo tiempo embrionario de lo consciente. Es preciso que los activistas y la vanguardia en lucha impulsen con fuerza medidas organizativas que tiendan a aglutinar a los principales batallones de la clase trabajadora y la juventud para dar una salida obrera a la crisis abierta. Se vuelve necesario al mismo tiempo debatir  un programa transicional que luche por llevar a los trabajadores al poder enfrentando al Estado. Es necesario también que las formas de organización obrera conserven absoluta independencia de la burguesía evitando confundirla con las estructuras políticas del poder burgués como los ensayos constituyentes. La lucha por las demandas democráticas debe estar ligada al fortalecimiento de la clase obrera como clase dirigente del conjunto de los explotados y oprimidos. La conformación de un partido revolucionario internacionalista, que es la reconstrucción de la IV Internacional, se plantea como un debate urgente de la vanguardia obrera y de la juventud.

  • CHILE: IMPULSEMOS LA LUCHA CONTRA EL GOBIERNO; IMPULSEMOS LA LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO

    El levantamiento del estado de emergencia de parte del gobierno significó el repliegue de los contingentes militares a los cuarteles pero no de la ofensiva represiva de carabineros, esos lúmpenes organizados por el Estado que no han escatimado en desatar todo tipo de acciones vejatorias como asesinatos, torturas o violaciones contra los trabajadores y jóvenes en lucha.

    El cambio de gabinete, celebrado sólo por representantes del FA como Beatriz Sanchez, expresó el intento de moderar el discurso reaccionario para tender puentes con sectores medios ante la masividad y contundencia de la manifestación social. Sin embargo, este retoque cosmético no puede embaucar a las grandes masas y mucho menos a la juventud que en estos días ha mantenido un enfrentamiento constante en las calles con las fuerzas represivas, señalizando correctamente al Estado como el enemigo.

    Pero no sólo las fuerzas represivas constituyen el enemigo, estas expresan la esencia de la democracia semicolonial de sujeción y dominación, de resguardo a la propiedad privada de los ricos. El puñado de familias burguesas que controlan Chile de la mano del capital imperialista, se encuentran resguardadas por el conjunto del andamiaje político jurídico, un aparato burocrático de cientos de hombres dedicados al salvataje de la dominación imperialista.

    Ya ésta justicia para ricos ha mandado a perseguir a los activistas y luchadores que comenzaron a revelarse contra las alzas del pasaje boicoteando los torniquetes del metro.

    También el parlamento, su ala izquierda FA y PC, quien luego de las medidas de “corte social” del gobierno, se allanaron afablemente a conversar sobre una salida reformista a la situación, con el mismo gobierno que desató una represión salvaje contra el pueblo. Eso sí, piden que se fortalezcan las mediaciones, pretenden que la burocracia sindical de la CUT se pueda sentar a la mesa de una negociación para fortalecerse como los interlocutores privilegiados de la burguesía. Es decir, se postulan para ejercer su rol de lugartenientes del capital pretendiendo un giro político del gobierno para que se asiente la dominación imperialista del semi-estado chileno apoyándose sobre concesiones a las masas para contener y desviar las luchas en curso. Que mejor ejemplo que evitar que a Piñera lo tire el pueblo embaucando con la vía de una acusación constitucional.

    Se han escuchado voces que llaman a un “pacto social”. Una especie de intento de regenerar la sociedad burguesa con tono refundacional. Con este mismo objetivo llaman a una Asamblea Constituyente. Como si en la actual etapa histórica fuese posible volver a colocar de pie una estructura reaccionaria y perimida por la misma lucha de clases, una especie de Estado burgués de nuevo tipo. Desde hace más de un siglo, con la primera conquista del poder por los trabajadores, la Revolución Rusa, se abrió la etapa histórica de la revolución proletaria. No hay posibilidad alguna de que los procesos de la lucha de clases lleven a refundar la sociedad burguesa, menos aún en un proceso de descomposición abierta del capitalismo mundial. Los sucesos de Chile constituyen un proceso profundo de la lucha de clases que se está expresando de forma radicalizada en distintos países de la región, y empujan a los trabajadores y al pueblo a buscar las vías para derrotar al capitalismo y a la dominación imperialista. Es por esto que la única salida realista es buscar los medios y recursos para poner en pie a la clase trabajadora para que prepare las etapas de la conquista del poder obrero, de la dictadura del proletariado sobre la clase burguesa buscando su extensión internacional, y superando todas las formas distorsionadas y aberrantes que dio la lucha por el socialismo.

    La lucha por un” nuevo pacto social” hoy implica una política de conciliación entre la burguesía y el proletariado, entre los explotados y los explotadores.

    Los trabajadores mineros y portuarios vienen interviniendo con acciones decididas en la actual situación. Se abre una etapa crucial de organización que debemos aprovechar. Es necesario que convoquen a todas las organizaciones obreras a un Congreso de delegados de base donde discutir un plan de lucha para derribar al gobierno y un programa de salida a la crisis. La alianza de los trabajadores con sus hermanos del continente deberá ser una bandera de lucha permanente.

    La batalla por el castigo a los represores será también una batalla contra los tribunales burgueses y exigirá poner en pie verdaderos tribunales obreros.

    Trump ha confirmado su visita a Chile para la cumbre APEC que se realizaría en dos semanas. Es necesario recibir al representante del imperialismo con la paralización de las empresas imperialistas y la lucha en las calles contra la segura militarización de la capital.

     

    Recibamos a Trump con una gran lucha antiimperialista

    Juicio y castigo a los represores

    Impulsemos la lucha por tirar a Piñera, no a la trampa parlamentaria de la acusación constitucional

    Que intervenga la fuerza organizada de los trabajadores, por un Congreso Obrero de Emergencia

    Abajo Piñera

    Por un Gobierno Obrero

    Por una Federación de Estados Obreros de América Latina

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