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El ítem aula triunfó.

Los docentes no faltan. Faltan docentes.

La campaña electoral está desatada y, otra vez, está la educación en el barro de la disputa. Fracasada la aventura presidencial de Cornejo, vuelve a disputar la gobernación de Mendoza embanderado en el ítem aula como emblema de su gestión, muestra números de la caída del ausentismo docente del 18% en 2016, al 5% actual, a partir de la imposición de este ítem de productividad, que duplica al preexistente adicional por presentismo. A este número agregan que el Estado se habría ahorrado $5460 millones de pesos entre 2016 y 2019 gracias a la reducción de reemplazos. ¿A dónde fue a parar ese supuesto ahorro? Porque la provincia de Mendoza, junto con CABA, está entre los distritos de mayor reducción presupuestaria en Educación.

Cambia Mendoza, y Cambiemos en CABA, hicieron de la presencialidad sin condiciones en pandemia, su caballito de batalla. Se volvió a la presencialidad con la misma carencia de preparación y recursos que hubo para enseñar de manera remota. “El hecho educativo” naufraga en escuelas sobrepobladas, que se caen a pedazos, estallan, o están atestadas de ratas. El gobierno del Frente de Todos pretendió disputar la bandera de la educación, extendiendo la jornada escolar en esas mismas escuelas, y dentro de la política general de ajuste brutal que el acuerdo con el FMI impone. En estas condiciones, la paritaria 2023 defendida por la burocracia de la Celeste Nacional en CTERA, y de sus sindicatos de base, le puso un techo de miseria al salario de referencia. El conflicto está instalado en las provincias donde la crisis de dirección de los trabajadores de la educación ha llevado al desborde de las conducciones y aparatos sindicales en procesos de lucha del activismo y sectores autoconvocados. San Juan, Misiones, La Rioja, Buenos Aires, y más recientemente Salta, desafían el techo salarial, e interpelan a las tendencias antiburocráticas a que asumamos la tarea de unificar las fuerzas dispersas y golpear unificadamente hasta romper la paz social electoral de la burocracia y los gobiernos nacional y provinciales. 

Los docentes no faltan. Faltan docentes.

En Mendoza, la situación es crítica. Los docentes no faltan, pero sí renuncian, o no se presentan a los llamados para cubrir horas y cargos. Este es el gran logro del gobierno del ítem aula, con la enorme colaboración de la burocracia peronista, la lista Azul Naranja, que conduce el SUTE y que firmó una paritaria de ajuste brutal sobre el salario. Un acuerdo paritario vergonzoso que reconoce el piso miserable nacional de 130.000$ al cargo, pero que baja a 110.000$ si el docente tiene doble cargo. En la Mendoza del ítem aula y la represión a la protesta obrera en las calles, el salario disminuye a mayor carga horaria, o mayor antigüedad. El resultado de este disciplinamiento y colaboración del sindicalismo peronista con el gobierno radical, es un reflujo provisorio de la disposición a luchar que mostró el sector en 2022, y la primacía de la salida individual frente al hundimiento del salario en educación.

Desde la oposición antiburocrática hemos impulsado la organización de las escuelas que defendimos en los plenarios el rechazo al acuerdo salarial de ajuste, organizando concentraciones en el sindicato e instancias de formación sindical en el gran Mendoza y en el Sur provincial. Desde la Lista Roja, junto a Tribuna Docente, COPLE, SITEA, vitivinícolas autoconvocados, la delegación Mendoza de Actores y otros sectores, estamos convocando a una Asamblea de Trabajadores, estatales y privados, ocupados y desocupados. Estamos convencidos que los trabajadores tenemos que poner en pie nuestras propias instancias de debate y decisión sobre cómo enfrentar la crisis. Mientras las coaliciones burguesas y sus acólitos en los sindicatos, pero también los frentes electorales de izquierda, pretenden que vayamos sumisos a votar quiénes serán los próximos gestores del ajuste, hay trabajadores que discutimos cómo intervenimos con nuestros métodos: asambleas, planes de lucha, paro general.

Necesitamos construir una posición de fuerza, para obligar al gobierno nacional y provincial a recomponer salarios, para tirar abajo los instrumentos de disciplinamiento como el ítem aula y las leyes contra la protesta social. Los tiempos de la campaña electoral no son los nuestros. Instalar en cada lugar de trabajo la convocatoria a la asamblea de trabajadores del 24/6, organizando asambleas y elaborando mandatos, serán una primera instancia para reagrupar a los sectores que estén dispuestos a preparar las condiciones para derrotar al gobierno del ítem aula en Mendoza, y al gestor del FMI en la nación.

LA LUCHA SIGUE

Todos los trabajadores estatales de Mendoza llevan largas semanas de conflicto por reapertura de paritarias y por recomposición salarial contra el brutal ajuste de Suárez en la provincia, a tono con la descarga de la crisis sobre los asalariados que aplica el gobierno de los Fernández.

La crisis de dirección de los sindicatos estatales, fragmentados en dos centrales, y movilizados sin unificación frente a la misma patronal, se vio desbordada por la masiva adhesión al paro de 48hs convocado para el martes 26 y miércoles 27 de julio por SUTE, SADOP, Ampros y ATE. Las escuelas vacías por primera vez en 6 años desde la imposición del ítem Aula, fue un golpe de lleno al pilar de la política de disciplinamiento y ajuste a los estatales impuesta por el radical Cornejo y sostenida por Suárez. Ni el ítem Aula ni el adicional por asistencia que negoció en marzo, sin apoyo de las escuelas, la burocracia kirchnerista al frente del SUTE, frenaron la masiva disposición al paro que tuvo un acatamiento de 90% y sacó a miles de trabajadores a las calles. La medida de fuerza recibió amplia simpatía de parte de la población trabajadora, harta de la pulverización de sus ingresos y del deterioro de sus condiciones de vida.

La contundencia del paro, devolvió a las bases de las escuelas la confianza para encarar una pelea que será dura. El gobierno respondió con una propuesta irrisoria de adelantamiento del 5% ya previsto de noviembre a agosto, y retoques insuficientes de las mini cuotas del acuerdo de marzo, para dar cumplimiento al techo salarial firmado por CTERA en la paritaria nacional docente. La burocracia del SUTE, que se niega a discutir lo que hace su conducción nacional, rechazó por insuficiente en la paritaria provincial y milita un paro de 72hs para reabrir la negociación tras el decretazo de Suárez. Los sectores antiburocráticos hemos empezado a reagrupar a los delegados escolares tras una perspectiva de disputa a la burocracia azul naranja, impulsando la lucha por un paro hasta obligar al gobierno a sentarse en paritarias y recomponer salarios de una sola vez al básico, para equiparar el inicial a la canasta familiar.

DEL ÍTEM AULA A LA JAULA

La conducción de ATE también rechazó en la paritaria la mísera oferta de 44% de recomposición a agosto, y resolvió cortes parciales en los accesos a la ciudad. En una medida abiertamente anti sindical y anti obrera, el gobierno resolvió detener a 4 dirigentes de ATE tras una asamblea en el Hospital Notti, acusados de “entorpecimiento del transporte público” definido en el artículo 194 del código penal. Tres fueron liberadas, pero el secretario general Roberto Macho fue trasladado al Penal ese mismo día, en una decisión política del gobierno de Suárez de enviar un mensaje de disciplinamiento al conjunto de los trabajadores que desafiaron su política de ajuste salarial y su control de la calle.

Este ataque inédito no puede quedar sin respuesta. Instamos a impulsar en cada repartición y lugar de trabajo, mandatos de repudio a la detención de los compañeros, de exigencia de acciones concretas para lograr su inmediata liberación y desprocesamiento. Tenemos que hacer saber al gobierno que esto es un punto de inflexión. Las conducciones se pronunciaron, pero no actuaron en consecuencia. Esa vacilación es un error gravísimo que los delegados y activistas antiburocráticos debemos revertir imponiendo un congreso de delegados de base de urgencia de todos los sectores estatales, de la industria y los servicios, con mandato de discutir y votar un plan de lucha unificado: PARO GENERAL hasta la liberación y desprocesamiento de los trabajadores por luchar, y por todas nuestras reivindicaciones.

La burocracia al frente de los sindicatos estatales provinciales se esmera en acotar la discusión a la responsabilidad del gobierno de Cambia Mendoza en el hundimiento del salario. Pero los gobernadores y el gobierno de Alberto-Cristina-Massa son socios sin grieta en su ataque al conjunto de los asalariados y el pueblo empobrecido. La tregua sindical para dejar pasar las condiciones brutales que estableció el acuerdo del gobierno de los Fernández con el FMI es insostenible. Impongamos a la CGT y las CTAs un PARO GENERAL HASTA DERROTAR EL PLAN DE AJUSTE, MISERIA Y REPRESIÓN CON EL QUE PRETENDEN CUMPLIR CON EL FMI.

El cambio de conducción en el SUTE se formalizó en enero, en un acto con no más de veinte asistentes, vaciado por ganadores y perdedores. Pero a toda pompa, la conducción Azul Naranja del SUTE celebró este viernes 4/2 su triunfo electoral en las elecciones de diciembre pasado. Con la presencia de Baradel en representación de CTERA, entregaron presentes a referentes del Frente de Todos, como el legislador Ilardo, la intendenta Destéfanis y el jefe de ANSES Gallo, reconociendo sus generosas contribuciones en la campaña. El evento consagró la alineación de la “nueva” vieja conducción que encabezan Sedano-Membrives-Correa, con la política de la coalición de gobierno nacional, y su pata provincial que conduce Fernández Sagasti. Con Alesso a la cabeza en CTERA, la Celeste Nacional va a ir a fondo con lo que exige el Fondo.

Con el inicio de actividades escolares en marcha, las acciones de la conducción Azul Naranja se centraron en mostrarse conciliadores con la gestión provincial de Cambia Mendoza, dispuestos a habilitar el avance en el proyecto de reforma de la Ley de Educación Provincial que busca el gobernador, y anticipando un planteo de cara a las paritarias provinciales a tono con el ajuste que convalida la Celeste Nacional de CTERA en la paritaria nacional docente.

Un retroceso burocrático

El contundente triunfo de la Azul Naranja en las elecciones del SUTE, imponiéndose además en 14 de las 18 seccionales (4 quedaron en manos de otra expresión burocrática, la Celeste-verde) expresa un retroceso burocrático tras la experiencia de recuperación del SUTE por parte de un frente multicolor en 2017, que no sólo se explica por la caída en la participación electoral (-2000).

Hoy el SUTE vuelve a ser dirigido por las facciones de lo que fue la vieja Celeste en Mendoza, tras un período en que la conducción provincial y 6 de las seccionales más grandes fueran dirigidas por el FURS, previa experiencia en la seccional Godoy Cruz. Una mayoría de afiliadas/os le devuelve a la burocracia kirchnerista y pjotista el control del SUTE, luego de haber intentado otra orientación para revertir las profundas consecuencias de la derrota que significó el ítem aula y la crisis de la vieja celeste.

El FURS fue la apuesta de un arco heterogéneo de agrupaciones, desde la histórica lista Marrón, agrupamientos ligados a la izquierda en el FIT (9 de abril -PTS-, Tribuna Docente -PO-) y expresiones conciliadoras como la verde (ligada al PCR). Defendida por sus integrantes como un frente único independiente, no trascendió la condición de acuerdo electoral anti Celeste. No fue sólo la integración de la Verde (PCR) al Frente de Todos lo que melló su independencia de clase. Fue su programa de origen, carente de este principio, lo que la tornó una conducción vacilante ante las presiones de tendencias patronales, y sobre todo ante las presiones del estatismo en su propio programa. Pronto provincializaron su orientación, y plantearon como la única vía para hacer frente a las políticas del gobierno provincial de Cambia Mendoza (Cornejo y luego Suárez) el establecer acuerdos con las conducciones seccionales burocráticas. Así pusieron en pie una lista conjunta con la Celeste para las elecciones de miembros de los órganos colegiados (Juntas), la cual defendieron como un “frente único” necesario para poder ganarle la mayoría de las Juntas a las listas ligadas a la UCR. Sin embargo, el resultado de este triunfo, le regaló a la DGE aliados con quienes negociar, sin control de la base. Y sin defensa, frente a la ofensiva de la DGE sobre las Juntas y los sumarios contra algunos de sus integrantes.

Orientados por esta noción equivocada de frente único, al que dedicaron todos estos años tratando de unificar líneas con la AN y la Celeste en negociaciones que se discutían, no de cara a la base, sino en las reuniones de las conducciones de secretariado provincial y seccionales, terminaron señalando ante la base, que tantos unos como otros eran aliados válidos e imprescindibles para enfrentar el ajuste que sin tregua fue imponiendo el gobierno de Cambia Mendoza, a tono con las políticas nacionales del macrismo primero, y del Frente de Todos luego. La extensión de esta orientación, fueron los acuerdos de cúpula en el Frente de Unidad Sindical, con la burocracia de otros sindicatos estatales, versión burocrática con la que pretendieron sustituir la idea de congreso de delegados estatales de base mandatados. Al gobierno de Suárez no le costó nada quebrar ese acuerdo de cúpulas, aislando aún más al SUTE. El FURS se fue disgregando, perdiendo militancia y activismo, y, sobre todo, conexión con la base.

La propia impotencia e internismo a los que llevó esta orientación les servía de justificación para postergar indefinidamente cualquier discusión orientada a avanzar en cuestionar y preparar las condiciones para modificar las ligaduras a la sujeción estatal del SUTE recuperado. Nada se avanzó en el sentido de la reforma del estatuto sindical, profundamente burocrático, o en generar siquiera instancias de formación ideológica de delegados y trabajadores contra la injerencia del Estado burgués en las organizaciones obreras. La impronta de perspectiva de género, que reivindican como su mayor legado, estuvo marcada por la adaptación a la regimentación estatal de los sindicatos y la democracia burguesa en el protocolo de prevención y erradicación de la violencia de género que promovieron -enmarcado en lineamientos de la formulación realizada por la burocracia de CTERA- y que tuvo su punto cúlmine en el manejo burocrático de la denuncia contra el secretario general, Sebastián Henríquez, y su restitución en base a los argumentos de un fallo de la Justicia burguesa.

La imposición de la cuarentena los encontró profundamente fragmentados. La adaptación a la conducción estatal de la pandemia les dio una sobrevida como frente, pero acentuó la distancia con la base, atomizada y aislada. Si bien el gobierno logró imponer hasta hoy el congelamiento salarial y el ataque a las condiciones de trabajo (extensión e intensificación de la jornada laboral, etc.), las bases se rebelaron en 2020 contra la reforma educativa que quiso apurar el Director Gral de Escuelas, Thomas. El SUTE canalizó la lucha que se gestó desde las bases, pero no la dirigió, logrando la suspensión transitoria de la reforma.

El retorno a la presencialidad dejó en evidencia el curso de disolución del frente. Al postergado calendario electoral impuesto por el Ministerio de Trabajo, llegaron ya divididos. La Verde renovó su histórica alianza a la Celeste, y una discusión por lugares en las listas derivó en la presentación de Tribuna Docente (PO) en lista aparte del acuerdo Marrón-Bordó (PTS) que conservó el nombre FURS.

Instamos, sin respuesta, a las agrupaciones de izquierda y antiburocráticas a debatir en un plenario para poner en pie una propuesta de dirección que retome la tarea de la recuperación del SUTE con independencia de clase. Los trabajadores de la educación de la COR integramos la Lista Roja junto a delegados escolares y activistas independientes, presentando listas seccionales en Capital, Las Heras y Guaymallén, obteniendo arriba de 100 votos. Recorrimos las escuelas discutiendo la necesidad de organizar compañeras/os para una tarea que excedía por mucho la instancia electoral: fortalecer la organización en cada lugar de trabajo y la relación de las escuelas con el sindicato para enfrentar los planes de ajuste, reforma educativa y laboral que vienen de la mano del acuerdo del gobierno con el FMI y el pago de la deuda externa a los buitres. Militamos nuestro balance de la cuarentena, y la importancia de orientar la lucha por nuestras reivindicaciones salariales y laborales, así como por la democracia sindical y la organización de los trabajadores a partir de un programa de independencia de clase respecto de los intereses patronales y del Estado.

Nuestra intervención estos años en el SUTE, orientada con este programa, y nuestro cuestionamiento a la política estatal antiobrera para la pandemia nos permitió aglutinar activistas que hicieron su experiencia con el FURS, y sacaron sus conclusiones en la lucha en las calles, en los plenarios y escuelas. Compartimos el balance de que una política frentista sin independencia de clase puede permitir triunfos electorales circunstanciales, pero no permite dirigir desde los intereses de los trabajadores, ni preparar ninguna posición de fuerza que permita revertir un curso de debilidad de los trabajadores tras la derrota del ítem aula (de la que son responsables tanto la AN como la Celeste), mucho menos servir de base a un reagrupamiento que oriente la lucha contra la desorganización provincial y nacional de la clase trabajadora que garantiza la burocracia en pos de salvaguardar los intereses capitalistas.

Por una oposición sindical revolucionaria

Los pagos de la deuda a los buitres y el principio de acuerdo con el FMI, imponen al conjunto de la clase obrera una dolorosa hipoteca que es una sentencia de pauperización y sobreexplotación presente y futura. El balance de la orientación del FURS en el SUTE, que podemos extender a las experiencias de los frentes multicolores a nivel nacional, tiene que servir para dejar de perder tiempo valioso en buscar un ala del peronismo que pudiera jugar un papel progresivo en el enfrentamiento a las políticas antiobreras que pactan los partidos patronales para buscar una salida a la crisis a costa de las masas asalariadas.

Retomemos la experiencia de las asambleas y plenarios del activismo antiburocrático para preparar la disputa por la orientación de la discusión paritaria provincial y nacional en cada escuela y en los plenarios, contra la política de colaboración con el ajuste de Suárez y Alberto, de la Azul Naranja y la Celeste Verde. Pongamos en pie una oposición sindical con libertad de tendencias, un frente único con independencia de clase que milite en cada lugar de trabajo por un plan de lucha para conquistar recomposición salarial real, condiciones de trabajo, el control de OSEP, y la derrota de la reforma educativa. Imponer el no inicio de clases y convocar a unificar en un paro provincial de todos los sectores de trabajadores contra la miseria salarial y las políticas de ajuste, hasta tirar abajo el acuerdo con el FMI y los buitres.

El jueves 17/9, el Director General de Escuelas de Mendoza, José Thomas, presentó en el Consejo General de Educación su proyecto de ley de Educación Pública. Con el argumento de cumplimentar la adecuación de la normativa provincial a la Ley Nacional de Educación, puesto que la ley provincial actual, la N° 6970, se enmarca en la derogada Ley Federal. El 18/9, la DGE emitió un memorándum para todas las escuelas, donde declama “Que la pandemia no paralice el debate”, sin embargo, la pandemia es la excusa del gobierno de Mendoza para no abrir las paritarias ni debatir con el sindicato docente tanto los reclamos salariales como no salariales, de condiciones de trabajo y de gastos de conectividad, enteramente descargados sobre trabajadores y estudiantes.

La promesa vacía de un amplio y democrático proceso de debate del proyecto de ley, incluye un “congreso pedagógico virtual” donde sólo hablarán expertos a sueldo del gobierno, mientras los docentes sólo tenemos una dirección de correo electrónico para enviar nuestra opinión, ya genera el rechazo de las escuelas. Con la restricción del Ministerio de Trabajo nacional que prohíbe el funcionamiento sindical de base, la arbitrariedad provincial para imponer fase 1 intermitentes, en el séptimo mes de trabajo domiciliario 24 x 7 impuesto a los docentes, está claro que los trabajadores de la educación no somos los interlocutores del Thomas en este debate. Al punto que las 29 escuelas de educación artística vocacional de la provincia, tomaron conocimiento de que el borrador no prevé su existencia, completando el ataque iniciado bajo la gestión Cornejo, el cual fue resistido por un proceso de lucha que tuvo su punto más álgido en la toma de la junta calificadora.

La reforma educativa fue la LEN, esto es una reforma laboral

La estructura y modalidades del sistema, la municipalización y descentralización, la apertura al arancelamiento, las evaluaciones de calidad educativa, la continuidad de la educación privada y confesional, el desfinanciamiento sostenido, la apertura del sistema educativo público al festival de negocios de las grandes empresas de tecnología digital, internet y comunicación, ya están instituidas en la LEN 26206 que tanto defiende el kirchnerismo, y que ningún sector de la oposición burguesa cuestiona. Al contrario, con total consenso, vienen implementando sus lineamientos en el consejo federal de educación desde 2006 en adelante, plan maestro y secundaria 2030 mediante.

Este proyecto de ley provincial recoge la tarea inconclusa de la Ley Federal y pendiente con la LEN: avanzar sobre el convenio colectivo del sector, el estatuto del docente. El proyecto de Thomas lo dice explícitamente en su artículo 142, como una tarea unilateral del director general de escuelas, excluyendo de dicho proceso cualquier instancia de negociación colectiva.

Enteramente encuadrado dentro de la Ley Nacional de Educación 26206, que modificó la estructura del sistema educativo que había establecido la Ley Federal menemista, pero manteniendo sus principios rectores, este proyecto de ley provincial, es su complemento de reforma laboral. Establece las bases normativas para:

-eliminar el derecho de huelga, al contraponer los derechos docentes con los derechos de los niños;

-eliminar la “libertad de cátedra” y restringir la libertad de expresión de los docentes (y estudiantes);

-modificar el régimen de ingreso, movimientos y estabilidad en el cargo, condicionándolos a resultados de los estudiantes en operativos de evaluación y otras variables (también contempladas en la LEN);

-modificar el régimen salarial, atando la remuneración a criterios de desempeño y evaluación personal, institucional y de los logros de los estudiantes en los operativos de evaluación;

-imponer la bimodalidad (presencial/virtual).

Este punteo no exhaustivo, señala algunos ejes del “espíritu” de la ley que se materializarán en la modificación posterior del Estatuto del Docente, y en leyes específicas para niveles y modalidades del sistema, y la creación de un instituto provincial de evaluación educativa, etc., que ya anticipa este proyecto. Es central entender que NO SE PONE A DISCUSIÓN UNA REFORMA EDUCATIVA, SINO UNA REFORMA LABORAL. Esta ofensiva busca cristalizar en una ley, una nueva relación de fuerzas impuesta por el Estado como patronal, a partir de la derrota que significó el ítem aula.

Cristalizar en ley el régimen laboral del ítem aula

La imposición del ítem aula en 2016 constituyó una fuerte derrota para los trabajadores de la educación. Este adicional de productividad impuesto por ley, estableció un doble presentismo que castiga salarialmente la adhesión a la huelga. No se ha logrado aún revertir este golpe, lo cual se expresa en que los mandatos de paro no lograron, desde entonces, el número suficiente para su votación en plenario del SUTE.

La crisis de dirección en el sindicato, conducido por un frente multicolor sin delimitación de clase que abarca incluso a una tendencia que integra el Frente de Todos (PCR), y sumido en una fuerte tensión interna; el rol de la vieja burocracia celeste, dividida en dos listas pero unificadas en la defensa de la tregua de CTERA a Alberto y la colaboración de clases con el ajuste en curso, ha sido claramente leído por el gobierno de Suárez, que busca cristalizar esta nueva relación de fuerzas en una normativa que siente las bases para el desarme conquistas del sector e imponga un nuevo régimen laboral basado en la flexibilidad e inestabilidad laboral, la remuneración variable según productividad, y elimine las instancias de negociación colectiva de las condiciones de trabajo y concursos.

Esta ofensiva no es una acción aislada. Forma parte de una tendencia internacional que, ante la crisis estructural del capitalismo desatada en 2008, ha llevado a los gobiernos burgueses a buscar imponer otra relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, mediante reformas laborales, previsionales, educativas. Lo vimos en casi toda América Latina, con hitos en el ataque al magisterio mexicano que impuso a sangre y fuego Peña Nieto, o la “escuela sin partido” de Bolsonaro y su ofensiva privatista. La pandemia ha sido un acelerante de estos procesos, pero también del estallido de las contradicciones irresueltas de la política capitalista de salida a la crisis y de manejo de la pandemia. Los crímenes raciales de la policía yanqui, levantaron una ola de protestas masivas, que calaron hondo en los sindicatos docentes que luchan por la expulsión de la policía de las escuelas, y de los sindicatos policiales de las centrales. Así también, mediante huelgas enfrentan la orden unilateral de los gobiernos de volver a la presencialidad en medio de la pandemia.

Estos métodos y tareas programáticas, debemos discutir en las asambleas escolares y plenarios, y dar la pelea ideológica y programática porque el SUTE y los sindicatos y seccionales recuperados, se pongan a la cabeza de una campaña por la expulsión de los sindicatos policiales de la CTA. Por imponer a CTERA un paro general educativo por la reapertura de paritarias nacional y provinciales, y para frenar los intentos unilaterales de Larreta y demás gobernadores de imponer la vuelta a la presencialidad sin condiciones de higiene y seguridad.

ABAJO LA REFORMA LABORAL DOCENTE DE SUÁREZ

El gobierno de Suárez, aprovecha la cuarentena como medida de control exacerbado de la población, para tratar de recuperar la iniciativa política tras la derrota en las calles que significó la lucha por el agua en diciembre pasado. Su proyecto de reforma constitucional y su plan de reforma laboral docente, se inscriben en ese objetivo de intentar fortalecer el aparato estatal de cara a los procesos más críticos del ajuste por venir en el marco de la negociación de la deuda pública provincial, y a nivel nacional con el FMI.

Es central plantear con claridad el rechazo a este proyecto de reforma laboral. Derrotar la ofensiva de Suárez, NOS PONE ANTE EL DESAFÍO DE LEVANTAR A LAS ESCUELAS CONTRA EL ÍTEM AULA, por ello impulsamos de cara a los plenarios de delegados, mandatos de paro educativo y de congreso provincial de delegados de base, para preparar un plan de lucha provincial con el conjunto de los estatales hasta forzar a Suárez a retirar el proyecto de ley, y a reabrir paritarias.