La paritaria de los estatales nacionales por el período julio 2020 – junio 2021 se firmó el 29 de septiembre. UPCN aceptó un aumento de 7% por 6 meses, que se pagará en octubre sin retroactivo. Y una “revisión” para diciembre, que no es ninguna garantía como ya ha demostrado este gobierno, con la revisión de la paritaria 2019-2020, que nunca se concretó o fue recortada en un 5% en convenios sectoriales como el caso de los nodocentes universitarios. Según la propia burocracia verde de ATE, este acuerdo significa un recorte de entre un 12% y un 15% del salario real. Pero tenemos que sumar la pérdida salarial que se acumula desde los 4 años del gobierno anterior, de entre 35% y 40%. Tampoco se avanzó en la reincorporación de los despedidos, y el esquema de pase a planta permanente de los precarizados propuesto por el gobierno es muy limitado.
Andrés Rodríguez y UPCN pueden anotarse el triste récord de aceptar un aumento menor del que rechazó antes. La semana anterior habían dicho que el 15% (en 4 cuotas por 12 meses) ofrecido por el gobierno era insuficiente. Todo para terminar aceptando un 7% más la incierta cláusula de revisión. No podemos esperar menos de un grupo de burócratas-funcionarios que prácticamente diseñó la reforma del Estado de Menem-Dromi y fue puntal del ataque a los estatales en todos los gobiernos sucesivos.
Sincrónicamente, Alberto recibe a los funcionarios del FMI y les ofrece hechos, no palabras: el recorte del presupuesto se hace carne en el guadañazo salarial a los estatales, junto con otras delicias como el recorte de planes sociales (IFE 4), mientras rebaja retenciones al campo y a la minería, propone el aumento de tasas de interés y esquemas “dolar linked” para intentar mantener ordenada la devaluación que el banco central viene llevando adelante desde su asunción. El gobierno ya eligió a los bancos y no a los jubilados, a las fuerzas represivas y no a la familia de Facundo Astudillo Castro, a los bonistas y al FMI y no a los trabajadores estatales, ya se sabe, “mejor que decir es hacer”.

Ladra pero no muerde

La conducción de ATE de la lista verde, por un lado, viene golpeada por su impotencia frente a los ataques del gobierno de Macri, y por el otro, debe sostener su incorporación política a las listas del Frente de Todos y sus relaciones carnales con Alberto, ante un ajuste que afecta de lleno a sus bases.  
Luego de garantizar el silencio y la inacción en la apertura de la paritaria, definieron no firmar el acuerdo paritario y, para reubicarse ante la base, lanzó el 6 de octubre junto a sus aliados Tiscornia y Baigorria de CONADUH y un sector de FesproSa, una de sus folclóricas “jornadas de lucha” sin garantizar el paro como en los años de Macri, pero esta vez aggiornándolo a la “nueva normalidad” con “apagones virtuales, hashtags y caravanas”. Como frutilla del postre, la caravana terminó en el congreso, y no en plaza de mayo para denunciar al Poder Ejecutivo y su política, sino para apoyar el desteñido proyecto del oficialismo de “contribución de las grandes riquezas” contra el fantasma de la “derecha neoliberal”. En las provincias se desarrollar acciones similares (ver: La jornada de ATE del 6/10 en Córdoba).
Como han hecho en las paritarias de Macri, endilgan la responsabilidad del acuerdo de miseria a UPCN, sin nunca hacer mención de sus propias responsabilidades al dejar desorganizados e impotentes a sus afiliados, luego de medio año de tener la paritaria congelada. Bajo la consigna del “quédate en casa”, se excusaron en el ASPO y la pandemia para sostener su  tregua con el Gobierno. Como parte de su acuerdo político, el Cachorro Godoy se comportó como consejero del gobierno, apoyando políticas como el subsidio a las patronales a través de los ATP y la precarización que significaron los “voluntariados coronavirus” organizados por el propio sindicato. Festejaron la resolución de la SRT para que las ART cubran sólo parcialmente al COVID-19 como enfermedad laboral (que les permite todo tipo de chicanas para deslindar responsabilidades). Llamaron a los trabajadores de salud a conformarse con el bono miserable de $5.000 y sobre todo no enfrentaron la política estatal de control sobre el movimiento obrero que es la cuarentena y el supuesto “fortalecimiento del sistema de salud” que ahora todos sabemos fue una gran mentira.
Sus archienemigos de la Verde y Blanca han logrado hacer un papel aún más lamentable que la Verde.  Luego de boicotear cualquier acción en contra de la paritaria de hambre en nombre de la responsabilidad sanitaria, pusieron todas sus energías en hacer actitos de bronca en el ministerio, enojados porque el Cachorro no los dejó sentarse en el sillón de paritario. Ahora rechazan el aumento de 7% con firmeza… juntando firmas, y llamando a no hacer nada para no hacerle el juego a la derecha.

Nosotros luchamos, ellos negocian

La entregada de UPCN no puede ponderarse fuera del acuerdo que impulsa Alberto con la CGT y las cámaras patronales para imponer el ajuste que reclama el imperialismo y el FMI.
El CDN de ATE pide la compulsa de afiliados para ver si efectivamente tiene mayoría entre los estatales nacionales, y de esa forma desbancar a UPCN. Como saben que en realidad eso es decisión de la patronal, hacen lo imposible por parecer más serviles a ver si Alberto los designa con el dedo como los verdaderos representantes de los estatales.
Sin embargo, debemos ser los trabajadores los que decidamos quiénes nos representan, y no los jueces o los ministros. Debemos impulsar en todas las reparticiones, organismos, fábricas y hospitales del Estado nacional asambleas conjuntas, sin distinción de afiliación, para votar delegados paritarios e imponerlos con la lucha.  Es una forma de avanzar también en la unidad desde la base hacia un sindicato único de rama, barriendo a la burocracia sindical y sus internas que nos dividen y debilitan. Por sindicatos independientes del Estado. Abajo la Ley de Asociaciones Profesionales y toda regulación diseñada para estrangular nuestra lucha, que debe ser en unidad con el conjunto de la clase obrera, con el proletariado industrial a la cabeza.

No podemos esperar a diciembre

El rechazo generalizado al 7% debe convertirse en una lucha por la reapertura de la paritaria, y no una mera presión para que nos tiren un mango más en diciembre.
Las juntas internas opositoras, como Trabajo, Mecon, INTI, INTA, Garrahan, INDEC, INCAA, Autoconvocados y agrupaciones de CONICET, etc, tuvieron el reflejo de convocar a una acción independiente el día el martes 29/9 lo cual fue muy importante para quebrar el silencio en el que nos querían mantener Godoy y Catalano. También se realizó una columna independiente el martes 6, junto a los docentes universitarios de AGD.
Sin embargo, hemos venido fallando en poder acordar una línea unificada para enfrentarnos a las conducciones. Ni siquiera se ha podido acordar un documento común o un plenario a pesar de los esfuerzos de algunas Juntas Internas y delegados combativos. La clave para esto es superar la idea de acuerdos de aparatos de épocas electorales y forjar una Oposición Sindical con un programa y métodos capaces de enfrentar a los burócratas y pelear por la dirección.
Para esto hace falta una serie de pasos, empezando por plenarios comunes y un proceso de deliberación para discutir un programa y un conjunto de acciones que permitan agrupar a los que quieren enfrentar el ajuste de Alberto. También se puede avanzar en una Mesa de Juntas Internas, delegados y agrupaciones que funcione con mandatos, mayoría y minoría, y que pueda organizar a los trabajadores combativos en todo el territorio nacional.
En esta coyuntura, la pelea a desplegar está clara:

• Reapertura de la paritaria
• Plan de lucha con paros progresivos, ocupaciones de edificios y cortes de ruta
• Delegados paritarios elegidos en asamblea
• Salario inicial igual a la canasta básica que ATE INDEC calcula en $72.000
• Reincorporación de los despedidos y pase a planta permanente de los precarizados
• Comisiones de seguridad e higiene elegidas en asamblea para garantizar las condiciones de salubridad para el trabajo presencial
• Cobertura de los costos de conexión, herramientas y servicios en el teletrabajo
• Sindicatos independientes del Estado y de todo gobierno

Estatales de la COR

Una paritaria bancaria en cuarentena y en línea con los pedidos del gobierno

Entre gallos y medianoche se alcanzó un acuerdo paritario bancario, casi al cierre del mes de julio, del cual ningún bancario estaba al tanto que se estaba discutiendo. El mismo significa un aumento (totalizado) del 26% al salario bancario, pero que en realidad son 4 aumentos trimestrales (7% para el primero y tercer trimestre y 6% para el segundo y cuarto trimestre) y los cuales no son acumulativos, ni retroactivos a enero y con una cláusula de revisión recién para noviembre de este año. Un aumento paritario, que, apenas cubre el “aporte solidario” que definió el gobierno a principios de año el cual iba ser absorbido por futuros incrementos.

Estas paritarias están enmarcadas en el pacto social del que tanto habló (y quería armar) Alberto Fernández en su campaña electoral presidencial del año pasado y que hoy, luego de más de cuatro meses de cuarentena obligatoria, se firma con la idea de imponer una nueva relación entre capital y trabajo, donde la variable ajuste seguimos siendo los trabajadores.

Está claro que lo que el gobierno, las patronales (nacionales e internacionales) y la burocracia sindical están tratando, es de dar forma a lo que se viene: no un escenario post pandemia, sino al que se impondrá luego de la negociación con los bonistas por el pago de la deuda externa y las condiciones en las que el país quedará después de ésta.

Es por eso que es tan importante, tanto para el gobierno, como por las patronales, el definir y legalizar hoy los ataques a los trabajadores: ya sea por medio de rebajas salariales (aumentos por debajo de la inflación proyectada, por ejemplo), masivos despidos encubiertos por medio de los famosos “retiros voluntarios”, suspensiones, la reforma previsional y la tan mentada y no lograda por el gobierno anterior: reforma laboral.

El acuerdo firmado sólo habla de aumento salarial y no dice nada al respecto de las condiciones en las que hoy están trabajando los bancarios (como la cantidad de horas extras que hacen con el homeoffice, escritorios improvisados en los hogares y malas herramientas informáticas y de conectividad). Esto se discutió por otro lado y quedó plasmado con la recién aprobada Ley de teletrabajo, que avala la flexibilización laboral (y la bancaria y la burocracia en general apoyan) y en la discusión que están planteando sobre productividad y la necesidad que tienen de “modernizar” las leyes laborales.

Por otro lado, la Bancaria avalando el “quédate en casa” del gobierno, también aceptó que el sindicato se cerrara y se cancelaran las reuniones de los trabajadores en nombre de “cuidar nuestra salud” desde marzo a esta parte. También aceptó los protocolos anti covid armados por los bancos y los homologó en el Ministerio de Trabajo, y que hasta el final eran garantía de una mejor explotación y de contagio en las sucursales. Es que, las medidas de protección no sólo llegaron tarde en muchos bancos, sino que no en todos se aplicaron y plantean lineamientos generales que no tienen en cuenta las verdaderas condiciones en las que trabajamos. En la práctica, muchos bancarios y bancarias se han infectado por el virus, no se han respetado las medidas mínimas de protección, ni se les ha brindado los insumos y elementos a los trabajadores para evitarlos y luego nos echan la culpa “por no cuidarnos”. Es necesario que votemos delegados de Seguridad e Higiene para definir y hacer cumplir las medidas necesarias de protección de nuestros compañeros.

Por todo esto es imperioso que nos organicemos para pelear por nuestras condiciones de trabajo y por todo los que nos quitaron antes y durante la cuarentena y lo que nos quieren quitar con las próximas medidas en puerta. Palazzo y compañía, apoyando al proyecto de Alberto Fernández, ató nuestra organización de pies y manos a un proyecto que busca explotarnos y oprimirnos cada día más. En este sentido, tenemos que recuperar nuestra organización para la lucha, independiente de los partidos patronales y que pueda, junto con hermanos sindicatos recuperados de manos de la burocracia sindical, pensar una salida revolucionaria para los trabajadores y el pueblo pobre en su conjunto. Hacemos un llamado a todas las agrupaciones combativas y de izquierda en La Bancaria a que discutamos la necesidad de poner en pie una oposición sindical revolucionaria dentro del sindicato.

Los trabajadores municipales de la ciudad de Mendoza, organizados en ATE, llevan ya un mes de conflicto en reclamo de recomposición salarial. Perciben salarios que rondan los 10 mil pesos, gran parte compuesto por adicionales no remunerativos ni bonificables. En este tiempo, el tándem radical Suárez-Suárez que gobierna el municipio y la provincia, los ha reprimido tres veces, con desalojos, gaseos, golpes, denuncias penales individuales y al sindicato, y sumarios.

La última represión, ocurrió este domingo 5/7, tras 12hs de intimidación policial y amenazas de la fiscalía, que concluyeron en el violento desalojo de la protesta que sostenían en el KM 0 de la ciudad, y la detención y agresión física de 46 trabajadores, entre ellos los dirigentes de ATE, Adriana Iranzo y Roberto Macho, y de SUTE, Sebastián Henríquez y Pablo Massutti. El argumento para el accionar policial, y la imputación posterior de 36 del total de detenidos, fue la violación del artículo 205 del código penal que castiga con prisión a quien no acate las medidas dispuestas por las autoridades para la prevención de una epidemia. Lo cínico de tal argumento, es que en Mendoza está permitido compartir una mesa de bar con 10 amigos, pero te mandan la infantería si 4 laburantes, que se cagan de hambre con sueldos miserables, se encadenan a un banco en la peatonal. Otra muestra más del carácter antiobrero del conjunto de medidas dispuestas por el decreto de Alberto en acuerdo con los gobernadores, para disciplinar a la población trabajadora que están cargando con lo peor de la crisis económica y sanitaria.  

El sector de limpieza urbana y de preventores que está en lucha por recomposición salarial, se está organizando en ATE, mientras el sindicato mayoritario es el SOEM, dirigido por el concejal radical Dugas Chapel, abiertamente alineado con la gestión Suárez. No es un dato menor que después de la primera represión a los municipales en lucha (desalojados por la policía el 13/6 cuando realizaban un acampe en el predio usado por la municipalidad en el Barrio La Favorita), el SOEM, para descomprimir, negoció el 16/6 que parte del salario pagado con tickets alimentarios, pasara a pagarse a partir de julio como dinero en efectivo, totalmente en negro. Acuerdo inconsulto con la base, mucho menos con el sector en lucha, y claramente insuficiente. Este es el rol de una burocracia podrida que no ha repudiado la represión sufrida por este sector de trabajadores municipales, y es la principal garantía de subordinación de los empleados municipales a las políticas de precarización, tercerización y pauperización de la gestión radical en la ciudad.

Este conflicto se volvió testigo de la problemática que padecemos el conjunto de los estatales. El radical Suárez en Mendoza, igual que Alberto en la nación, priorizan el pago de la deuda externa y la negociación con los bonistas, a costa de salarios congelados, despidos y suspensiones. Aguinaldos postergados. Paritarias cerradas. Alta precarización laboral, con contratos basura, prestaciones, suplencias, monotributo, etc. Y también porque la fragmentación sindical agrava la crisis de dirección del conjunto de los estatales. Los reclamos son los mismos: reapertura inmediata de paritarias, recomposición salarial, pase a planta permanente. Pero el alineamiento de conducciones con el gobierno del Frente de Todos por un lado, y de Cambia Mendoza por otro, se traduce en desmovilización y desconfianza de las bases.

Los municipales en lucha, que soportaron tres represiones y no han sido doblegados, tienen que triunfar. Son hoy una referencia para el conjunto de los estatales, y tienen ganada la autoridad para convocar a provincializar el conflicto, instando a poner en pie un congreso de delegados estatales de base mandatados, que supere la fragmentación de las conducciones y permita centralizar las fuerzas dispersas de los trabajadores. Esta instancia es clave para debatir y resolver un plan de lucha unificado, que prepare un paro provincial hasta imponer el reconocimiento de las demandas de los municipales, y que obligue a Suárez a sentarse a discutir en una paritaria estatal única.

Un congreso de delegados de base, es necesario, para avanzar en un debate programático de cara a resolver la grave crisis de dirección que nos atraviesa al conjunto de los estatales. Las tendencias y delegados antiburocráticos y de izquierda, tenemos la responsabilidad de batallar por un programa de independencia de clase, forjando una oposición sindical revolucionaria que dispute la dirección de la lucha de los estatales y prepare la recuperación de los sindicatos. En cada lugar de trabajo, impulsemos asambleas y mandatos de PARO PROVINCIAL y de ruptura de la tregua de las CGT y CTAs al gobierno del FdT. Preparemos un congreso que discuta cómo enfrentamos la crisis económica y sanitaria con nuestros métodos de clase.

Los estatales, la policía y el monopolio de la fuerza del Estado.

En el conflicto de los municipales, junto al sector de limpieza urbana, sostienen la lucha un grupo de preventores. Los preventores son un cuerpo de civiles, creado en el ámbito de la Municipalidad de Mendoza, por decreto del año 2008 (luego emulado por otros municipios), con el objetivo de observar, informar y colaborar con la Policía de Mendoza. Como cuerpo de civiles, auxiliares de la Policía provincial, portan tonfas y gas pimienta, y tienen acceso al sistema Tetra de comunicación encriptado que usa la policía. Si bien son civiles, son casi 300 los preventores de la ciudad, cuya función es la cooperación y coordinación como auxiliares en el accionar policial.

No podemos ser indiferentes a las implicancias de esta relación. Más aún en esta situación de crisis económica mundial acelerada por la pandemia, frente a la cual, la cuarentena es utilizada por Alberto y los gobernadores, para aumentar el control de la circulación de bienes y de trabajadores. Para ello son las medidas de mayor intervención de las fuerzas de seguridad, incluyendo el despliegue del ejército en las barriadas, como parte de la preparación de los capitalistas y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo. Medida que ya se ha cobrado numerosas vidas, como Luis Espinoza en Tucumán, dos jóvenes muertos en las comisarías de San Luis, Facundo Scalzo y tantos otros asesinados por gatillo fácil en el marco del ASPO. Esta tendencia es internacional, y vemos su expresión, con sus especificidades, en las movilizaciones contra los asesinatos raciales a manos de la policía en EEUU, y la discusión abierta en el movimiento obrero sindicalizado respecto a la expulsión de los sindicatos de policía de las centrales obreras.

La policía es una fuerza integrada por individuos que se forman y trazan su vida como miembros de las instituciones represivas del Estado burgués. Los policías, oficiales, suboficiales, espías de la exSIDE y demás servicios, no son obreros aunque ganen poco, soporten largas horas de servicio, los maltraten los superiores o vivan en malas condiciones. Es una aberración completa considerar que existe algún tipo de “unidad de clase” con los policías, a pesar de poder ellos mismos ser hijos de obreros u obreras, y de percibir por su servicio una remuneración salarial. Su función es opuesta a los asalariados que trabajan en la producción o en servicios. La función del policía consiste esencialmente en colaborar con la explotación capitalista, asegurando en forma “técnica y administrativa” la extracción de plusvalía y la disciplina laboral. Aunque sean pobres o maltratados no significa ni mucho menos que los policías sean explotados. Los trabajadores son explotados porque rinden plusvalía al patrón. El policía amordaza al obrero y ayuda al patrón a tenerlo esclavizado. “El hecho de que los agentes de policía fueran reclutados en gran parte entre los obreros socialdemócratas no significa absolutamente nada. Aquí también la existencia determina la consciencia. El obrero que se hace policía al servicio del Estado burgués es un policía burgués y no obrero. (…) Pero lo más importante es que todo policía sabe que los gobiernos cambian, pero la policía queda” (León Trotsky. Alemania, la revolución y el fascismo).

En este conflicto, un grupo numeroso de preventores estuvo en la lucha, junto a los trabajadores de limpieza urbana, soportando incluso la represión de la fuerza policial. Es importante dar el debate de la perspectiva que abre este conflicto para el sector. Por ello sostenemos que los preventores que están en la lucha junto al resto de los municipales, deben plantear la disolución del cuerpo de preventores, y su reubicación en otras tareas y servicios municipales.  Porque cualquier lucha reivindicativa elemental, nos encontrará una vez más, enfrentando el accionar policial como fuerza represiva del Estado para disciplinar a los trabajadores. Debilitar el poder represivo estatal, es central en la perspectiva estratégica de la destrucción de este Estado, que no es nuestro Estado.