Este martes 21 de julio se firmó un acta acuerdo entre las patronales, el municipio y el sindicato para cerrar un conflicto muy duro, que incluyó grandes movilizaciones, represión y una demostración de la fuerza de nuestra clase. Es un acuerdo tan precario como la posición que tuvo todo el tiempo la burocracia al frente del sindicato. No hay que aceptar la paz social, plasmada en un acuerdo que hasta ahora no se votó en ninguna asamblea.

Nosotros luchamos, ellos negocian

Si los trabajadores somos los que salimos a luchar y ponemos el cuerpo en las calles contra la represión que nos mandó Llaryora y su padrino Schiaretti, ¿por qué vamos a aceptar que luego sea Esteban la que se siente a negociar? Fue a esa mesa sin mandato de ninguna asamblea, y tampoco consultó a la base lo que terminó firmando. De cara a las negociaciones, necesitamos elegir delegados paritarios con mandatos de asamblea o veedores para evitar que sigan negociando a nuestras espaldas. Sobre todo teniendo en cuenta que este acuerdo precario tiene fecha de vencimiento… no sólo porque está firmado hasta octubre sino también porque nada garantiza que patronales y gobierno no vuelvan a la carga incluso antes.

Un acuerdo precario

El acta firmada por Esteban y Farías, si bien refleja el fracaso de las jetoneadas de Llaryora que no logró imponer su plan de contingencia a partir de las reformas votadas el viernes en el consejo deliberante y el accionar de carneros, deja precedentes complicados. No se avanza en la reducción horaria y la rebaja salarial, es cierto. Pero al mismo tiempo el acta dice que “la entidad sindical reconoce que se están prestando solo el 50% de los servicios, transportando el 12% de los pasajeros habituales, y con un costo operativo del 87% de la capacidad plena del Sistema de Trasporte”. ¡Esos son los argumentos de la patronal y el municipio para hacernos pagar su crisis! Sobre esos argumentos, que no nos constan a los trabajadores porque las empresas mantienen su contabilidad bajo secreto comercial, avanzan sobre los adelantos mensuales, la posibilidad de utilizar vacaciones y licencias para adecuar el supuesto “esquema de emergencia”, realizarán descuentos a los trabajadores licenciados por sus condiciones de salud en la pandemia (descuentos que llegan a los $15.000) y finalmente abren la puerta a atrasos de todo tipo en los días de pago subordinándolos a los más que seguros atrasos en el giro de los subsidios que vienen de Provincia y Nación. Con esos “ajustes” salariales y de las licencias quieren que los trabajadores sean la variable para adecuar el sistema a la coyuntura de pandemia. Incluso llegaron a hacer correr el rumor de que efectivizarían a los compañeros fuera de convenio (¿porqué esto no estaba en el acta?), y luego aclararon que se trata solo de una bancarización del pago de los salarios, ¡se nos ríen en la cara!

¡No tenemos que comprar los llantos de la FETAP! Hay que abrir los libros contables de las empresas (Ersa, Aucor, Coniferal y Tamse) para verificar como la vienen levantando en pala a costa de nuestro trabajo, del boleto más caro del país y de los subsidios que les manda el Estado. Lo que firmó la burocracia de la UTA con las empresas y el municipio es un acuerdo para frenar el desarrollo de la lucha de los trabajadores.

Que las asambleas definan la continuidad del paro

Muchos compañeros piensan que se puede continuar la lucha, para que Llaryora retroceda mucho más en su línea antiobrera. La lucha la protagonizaron los trabajadores, son los trabajadores quienes tienen que definir si se aceptan o no las condiciones del intendente y las empresas. O si hay suficientes fuerzas para que no haya NINGÚN descuento salarial ni se toquen las LICENCIAS y se consiga la real EFECTIVIZACIÓN del personal fuera de convenio.

Es necesario hacer asambleas en cada punta de linea y una gran asamblea general frente a la UTA para discutir el acta firmada por la burocracia. Hay que rechazar de plano la claúsula de paz social que nos deja desarmados para lo que se viene. Y preparar las fuerzas de los trabajadores echando a los enemigos en nuestras propias filas, la burocracia sindical, de la conducción de la UTA. Hay que construir una oposición para recuperar el sindicato, lo que nos permitirá enfrentar en mejores condiciones el plan de Llaryora y la FETAP.

21/7/2020

COR

Corriente Obrera Revolucionaria

Regional Córdoba

¡No a la extorsión de Llaryora y la FETAP!
¡Paro Provincial para que triunfe la UTA!

El conflicto de los trabajadores del transporte de pasajeros de Córdoba viene de vieja data. Pero la pandemia lo potenció. Mientras los compañeros de AOITA están de paro desde el inicio de la cuarentena, enfrentando un virtual lock out patronal-gubernamental, los choferes, trolebuseras y demás trabajadores de los colectivos de la capital están enfrentando el ataque de las patronales agrupadas en FETAP (ERSA-AUCOR y CONIFERAL) y de la municipalidad. Llaryora, en pocos meses, batió todos los récords en cuanto a ataques a los trabajadores, sumados al recorte a las jubilaciones de su jefe político Schiaretti.
Los municipales del SUOEM están en pié de lucha, aunque la conducción muestra deseos de levantar las medidas con muy poco. Frente a esto, Llaryora piensa que puede acorralar a la UTA, sabiendo que la burocracia nacional de Fernández-Kiener y la conducción local están dispuestos a entregar el salario y el aguinaldo bajo amenaza de despidos y baja de corredores. Este tipo de extorsiones las vemos día a día, en todas las ramas de la economía (estatales, industria, servicios). Dicen que “todos” tenemos que poner algo... ¡Es una mentira, nos quieren hacer pagar su crisis!
Ha trascendido que la oferta de Llaryora para frenar la lucha de la UTA, que lleva más de 12 días y gana su fuerza en las asambleas: para los trabajadores, rebaja salarial, pago del aguinaldo en cuotas y cambio en el cronograma de los pagos. Para la FETAP, subsidios nacionales, provinciales y municipales. ¿Esto es que “todos” pongan algo? No, es una provocación.
Todo el movimiento obrero cordobés, que vemos la tregua escandalosa de los “dirigentes”, tenemos la mirada puesta en el desarrollo de la lucha de ustedes compañeros. Porque se pueden enfrentar las extorsiones. Se puede vencer. Y los trabajadores de la UTA pueden convocar desde el lugar que legítimamente se han ganado en la lucha, y así buscar el apoyo del conjunto de nuestra clase, a un gran plenario regional para derrotar el ataque de Llaryora, Schiaretti, Alberto Fernández y las patronales.

PROPONEMOS tres mociones para el triunfo de la UTA

1. Rechazo de la propuesta extorsiva del municipio y la FETAP. La contra-oferta de los trabajadores: no a la rebaja salarial ni al pago en cuotas del aguinaldo ni a la baja de ningún corredor.
2. Elección de nuevos delegados o ratificación de los actuales a partir de asambleas en cada empresa. Que los delegados con mandato de las asambleas sean los que se sienten a negociar.
3. Convocatoria desde la UTA en lucha a un Plenario Regional de Delegados mandatados por la base, de todo el movimiento obrero de Córdoba capital, para votar un programa y un plan de acción con un PARO ACTIVO PROVINCIAL para derrotar el ataque del gobierno y las patronales. Invitar a los trabajadores del interior a realizar plenarios análogos en los diferentes departamentos de la provincia.

COR - Regional Córdoba

La de los trabajadores del transporte urbano de la ciudad de Córdoba fue una de las huelgas más importantes de los últimos años. Una vez quebrado el paro con la militarización del conflicto, la patronal, el gobierno y la burocracia sindical buscan borrar las lecciones que dejaron los compañeros de la UTA. La lucha por la reincorporación de los despedidos, la defensa de los delegados, el fin de las persecuciones y contra la intervención del sindicato continúa, si bien en condiciones desfavorables y en un terreno defensivo. Sabiendo que es prematuro hacer un balance, debemos tomar nota de las principales enseñanzas del conflicto, para que sirva a la vanguardia obrera en su tortuoso camino por conquistar una dirección revolucionaria.

Transporte en ruinas
Los choferes conocen bien la situación de carestía de la vida que afecta al conjunto de los trabajadores, porque recorren a diario los barrios y golpea a sus propios bolsillos. Un acuerdo salarial de 8% hasta diciembre firmado por Fernandez de UTA nacional fue una verdadera provocación. La intervención del sindicato a mediados de 2016 fue impulsada por las patronales para imponer el retroceso en las conquistas de UTA Córdoba, que empresas como ERSA y Autobuses intentaron desconocer desde su arribo al sistema luego de la entrega de TAMSE por parte de la burocracia de Peñaloza. Todo esto en medio de una feroz disputa patronal en toda la rama, aumentada por la nueva política de subsidios aplicada por Dietrich y el gobierno nacional, incluyendo el aliento a “nuevos jugadores” como las aerolíneas de bajo costo, que complican la posición de la UTA en la larga distancia. Queda al desnudo el rol del Estado burgués en la gestión de los servicios, apadrinando a determinado sector patronal en detrimento de otros, pero siempre bajo la premisa de avanzar sobre las condiciones laborales y el salario. Si la intervención de la seccional y los problemas en las condiciones de trabajo y servicio venían alimentando un proceso de organización de los trabajadores, la firma de la paritaria a la baja encendió la mecha del conflicto generalizado.

Huelga y terror patronal
El conflicto se inició luego de un proceso de recuperación de los cuerpos de delegados en TAMSE y parcialmente en AUCOR. Cuando la sede del sindicato se convirtió en una fortaleza hostil para defender la intervención de Arcando, las asambleas en punta de línea fueron el método que permitió cohesionar al activismo con la base. Contra la burocracia sindical, las trolebuseras y choferes lograron consolidar una forma de organización basada en los cuerpos de delegados. Nada de esto hubiera servido sin una enorme disposición a la lucha de las bases.
La paralización del servicio por 9 días hizo volar por los aires la podredumbre del esquema de negocios montado por el gobierno municipal, las empresas concesionarias, la UTA y el ministerio de Dietrich. Hizo perder millones a las empresas de colectivo agrupadas en FETAP, y también a otros sectores capitalistas afectados por la paralización de las actividades comerciales y el aumento del ausentismo en la industria y los servicios. La presión sobre los propios trabajadores por parte de estos sectores empresarios, extorsionando con el descuento de días y la pérdida del presentismo, presión que las CGTs cordobesas nunca enfrentaron, contribuyó para ampliar la base de clase media que se hizo eco de la campaña de propaganda contra el paro. Una base social para los ataques del gobierno de Mestre y del ministerio de trabajo: conciliación obligatoria, declaración de ilegalidad de las medidas, detenciones, despidos.
Pero todos estos ataque no fueron suficientes. Mestre debió cerrar filas con todo el frente patronal, convocando al Consejo Económico y Social, alrededor del cuál se soldó una unidad de granito contra los trabajadores. Este frente iba desde la Iglesia católica y las cámaras empresarias hasta todos los niveles de gobierno del Estado burgués. Producto de esta unidad capitalista, se diseñó el “plan de contingencia” que consistió en la militarización del conflicto. Este dispositivo represivo incluyó el accionar de Gendarmería y Policía Federal, ocupando los accesos a la ciudad, los puentes y destacando 2 agentes en cada colectivo manejado por carneros contratados para la ocasión. También a la policía provincial, que hizo de escolta de las unidades. E incluso a la Fuerza Aérea, que puso el predio que hizo de punta de línea general para el servicio de emergencia implementado el lunes 12 de junio. Todo este operativo mostraba el terror patronal frente a la fuerza de los trabajadores.

La burocracia sindical
El accionar del régimen político, con Mestre jugando de “duro” y el ministro de trabajo lanzando líneas de negociación amañadas para desactivar el paro, y luego con la represión directa, no podría haber funcionado sin el aporte de la burocracia sindical de las CGTs y las CTAs. La CGT se mostró completamente fragmentada. Un sector encabezado por el Surrbac (recolectores), LyF y en menor medida el SUOEM (municipales) debió, ante los despidos, salir a apoyar a los compañeros. Pero también la GCT Córdoba conducida por Pihen debió sacar una muy formal declaración de apoyo. El sector de la UOM y Comercio directamente salió a bancar al gobierno y a la burocracia de la UTA nacional.
La exigencia de un paro provincial, que hubiera roto el aislamiento y servido para enfrentar con toda la fuerza de nuestra clase al bloque patronal, chocó con la poca voluntad de la burocracia en apoyar un conflicto que cuestionaba las bases de su poder. Los burócratas siempre intentaron frenar la radicalización de la lucha para encausarla en canales de la normalidad y la legalidad burguesa. No por nada al terminar el paro los burócratas dejaron pasar sin luchar la ley de servicios esenciales en la legislatura provincial, que regimenta el derecho a huelga, ya que esta ley viene a salvarlos de futuros embates de las bases. Toda atadura de nuestros sindicatos al estado fortalece a la burocracia sindical. Lamentablemente, los amagues al paro provincial sirvieron para desarmar a los trabajadores, sembrando falsas esperanzas en supuestos “compañeros de lucha” que terminaron dejándolos solos en el momento más difícil.

Errores de la dirección
La dirección del conflicto estuvo en manos de los cuerpos de delegados de las 4 empresas de transporte, conformados por elementos heterogéneos. Tuvo un rol importante el PO, por su influencia en el cuerpo de delegados de TAMSE (trolebuses) a través de la Lista Unidad. Las delegadas de trolebuses supieron ganarse con su firmeza gran respeto del ala izquierda del activismo.
El PO, como dirección centrista legal-parlamentaria, no fue capaz de mantener una posición firme frente al ministerio de trabajo. Se rechazó la conciliación obligatoria, pero fue a partir de argumentos legales (que el ministerio era incompetente) y no políticos, es decir, que había que sacarlo de en medio como mediación que intervenía a favor de la patronal. Esta falta de claridad provocó que no se pusiera a debate la necesidad de establecer una negociación directa, sin mediaciones, con Mestre y las empresas, para lo cuál era necesario desconocer la intervención de la UTA y votar delegados paritarios para dirigir el conflicto y sentarse a negociar. Esto último nos lleva a otro error, que fue la falta de una línea para enfrentar a la burocracia sindical, a la cual sólo se presionaba y hacía exigencias, incluyendo aquí a la dirección de las CGTs. Esto fue grave porque se sembró expectativas en un paro provincial que sólo podía imponerse a la burocracia a través de disputar la dirección efectiva del movimiento obrero. Esto era difícil, desde luego, pero los trabajadores del transporte habían ganado ese derecho a partir de la lucha misma.
Pero el punto de inflexión y principal error de la dirección fue cuando Mestre recurrió a las fuerzas represivas del Estado para quebrar la huelga y los delegados eludieron el enfrentamiento. Los piquetes en las puntas de línea fueron desarmados por la Gendarmería y los colectivos llevados al predio de la Fuerza Aérea. Una dirección conciente debe calcular que todo conflicto obrero duro va a tener un momento de enfrentamiento físico con el enemigo. En este caso, se trataba de buscar frenar la salida de los colectivos del plan de contingencia, con piquetes en la ruta, denunciando la militarización de un conflicto sindical y llamando al paro provincial para impedir que se sentara semejante precedente, responsabilizando a la conducción de la CGT en caso de que su inacción tuviera consecuencias sobre la integridad física de los compañeros en lucha. Pero esto no se hizo. Al contrario, el PO alentó líneas pacifistas y legales como la campaña por el “botón $0”, solicitando permiso para hacer “paro a la japonesa”. Finalmente, el paro fue vaciado por el desbande de un sector de la base, movido por el temor y por un sector de delegados y ex delegados ligados a la vieja burocracia y a la intervención.

Continuar la pelea
La gigantesca lucha de los compañeros de la UTA está planteada hoy en otras condiciones. Los delegados están siendo perseguidos por la patronal, que les impide el ingreso a las empresas, y por la burocracia de Fernandez que busca su desafuero. Es necesario reorganizar a los activistas, impulsando asambleas para votar un plan de acción con objetivos claros: reincorporar a todos los despedidos, defender a los delegados, acabar con las persecuciones y represalias contra el activismo y echar a la intervención. En base a esos puntos, y en la necesidad de impulsar un fondo de lucha para sostener a los compañeros despedidos y organizar una oposición sindical a la burocracia de la UTA a escala nacional, podremos evitar que Fernandez, Mestre y el gobierno provincial consigan su cometido: borrar las lecciones de lucha de clases que dieron miles de trabajadores que se atrevieron a enfrentar el plan patronal basado en la miseria salarial.