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Ya se les cayó la careta. Que se les caiga la gorra.

Jueves, 26 Agosto 2021 21:29

Este 27/8 se realizará una nueva Marcha Nacional contra el gatillo fácil. A un año y medio del comienzo de las medidas restrictivas de la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional, tenemos como resultado un centenar de muertos por las fuerzas de seguridad. Con la difusión de la festichola clande en Olivos, toda la oposición burguesa se despega, pero el año pasado unieron filas para garantizar el control territorial, sacando a la calle sus fuerzas represivas. Como resultado de esta política, la policía desapareció a Luis Espinoza y Facundo Castro, y tantos más fueron asesinados por las fuerzas de seguridad.

 

Fue por Facundo que hace un año salimos a las calles, desafiando las restricciones impuestas contra la protesta social, y denunciamos al gobierno nacional y provincial. Mientras los organismos de DDHH cooptados por el Estado y la militancia k, con guiño del centrismo, nos señalaban desde la virtualidad por movilizar y denunciar la responsabilidad del Estado en los casos de desapariciones y muertes en el marco de la pandemia.

 

Hoy en el escenario electoral tanto FdT como la oposición discuten cómo consolidar el brutal ajuste para pagar la deuda externa, y la desorganización que sembraron con las restricciones a las organizaciones de trabajadores y la juventud, y sobre esa base avanzar en aplicar las reformas laboral, educativa, previsional que exige el FMI. Complemento de ello es garantizar la impunidad de Berni y su bonaerense que desapareció a Facundo, de Massoni y la chubutense, de la gendarmería responsable de Maldonado, y la prefectura que mató a Rafael Nahuel. No hay grieta en la línea de fortalecer el aparato burocrático militar para afrontar los procesos de lucha que puedan darse.

 

Los trabajadores hemos enfrentado a las represiones, como en el frigorífico Penta, los trabajadores de la salud en puente Pueyrredón, los municipales en Mendoza, y más recientemente los trabajadores de la educación en Salta. Esta marcha del gatillo fácil tiene que permitirnos abrir en los lugares de trabajo y de estudio, un balance de la cuarentena como medida represiva para imponer el ajuste, porque los muertos y los desaparecidos los pone la clase trabajadora y la juventud empobrecida. Nos movilizamos este 27/8 convencidos de la necesidad de abrir entre los trabajadores y la juventud, una discusión que es internacional en nuestra clase, desde las inmensas acciones de masas contra la brutalidad policial hacia la población negra, la lucha de la juventud colombiana contra la represión del esmad y las batallas de la primera línea chilena contra los pacos genocidas. Las fuerzas represivas del Estado no pueden reformarse, ya que su rol es proteger los intereses de la burguesía. Es inadmisible la sindicalización de la policía porque no pertenecen a nuestra clase, no son trabajadores, son los garantes de la explotación y la ganancia de los capitalistas. Desde la COR pensamos que debemos fortalecer las instancias de organización de la juventud y los sindicatos con independencia de los partidos patronales, sostenemos que debemos luchar por la disolución de la policía y las fuerzas represivas.

 

Justicia por Magalí Morales, Facundo Castro, Santiago Maldonado y todos nuestros muertos y desaparecidos a mano de las fuerzas de seguridad. ¡Abajo la criminalización de la protesta y el procesamiento de los luchadores! Para lograrlo necesitamos retomar los métodos de nuestra clase. Los piquetes, la huelga y el paro son nuestras herramientas para enfrentar el avance en nuestras condiciones de vida, despidos, suspensiones, bajas de salarios, etc. En esta perspectiva la lucha contra el gatillo fácil es la lucha contra el Estado y sus verdugos.

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  • Solidaridad con los trabajadores de SanCor

    Fuera las fuerzas de seguridad de Pullaro de la planta

        Desde la Corriente Obrera Revolucionaria (COR) nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de los trabajadores y de los delegados sindicales de la planta de SanCor Sunchales, Provincia de Santa Fe, quienes enfrentan por estas horas un claro intento de amedrentamiento por parte del gobierno provincial que apostó a las fuerzas policiales dentro de la planta.
        Repudiamos enérgicamente la militarización de Pullaro, gobernador de la provincia, que a pedido de la patronal lechera impide que los trabajadores ejerzan su derecho a huelga. Mientras tanto, la patronal sigue incumpliendo con el pago de salarios y aportes jubilatorios a sus trabajadores. Militarizan una planta industrial con el fin de impedir la paralización de la producción, método obrero que reivindicamos y defendemos frente a la avanzada patronal.
        SanCor viene de una larga lista de incumplimientos a sus trabajadores y de rescates millonarios por parte del Estado. El último intento fue la fallida puesta en marcha de un fideicomiso.
        Los trabajadores de la industria láctea bajo el sindicato de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) vienen denunciando públicamente que la patronal  ya tercerizó varias unidades de negocios, que existe un intento de vaciar la empresa y una posible “huida” de los directivos de la planta.
        Claramente las fuerzas de seguridad del estado burgués están para garantizar la propiedad privada de los medios de producción y a punta de pistola quieren imponer nuevas condiciones en la relación capital- trabajo a partir de una reforma laboral que garantice a las empresas mano de obra barata y flexible.
        La solidaridad de clase con los trabajadores lecheros no se puede hacer esperar. Hoy el conjunto de los trabajadores sufrimos los embates de las políticas de ajuste de las patronales, del gobierno nacional y los gobernadores para imponer el plan del FMI y las metas del déficit cero. Pero los trabajadores ya dimos sobradas muestras de combatividad a pesar de las direcciones sindicales, el pasado 24 de enero, con un paro nacional aunque sin continuidad. Enfrentamos el protocolo de Bullrich en todo el país. Es momento de preparar las condiciones para derrotar el plan de Milei y el FMI. Es primordial confiar en nuestras propias fuerzas para esto. Tenemos que reorganizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizarle el aparato estatal.

    • Por un congreso de delegados con mandato de base, de trabajadores ocupados y  desocupados independientes, que discuta un programa de salida a la crisis.
    • Por un plan de lucha y un paro general para derrotar el plan de Milei, los gobernadores y el FMI.
    • Basta de represión, desprocesamiento inmediato de todos los luchadores.
    • Fuera las fuerzas represivas de SanCor.
    • Por el derecho a huelga. Abajo el protocolo antipiquetes.
  • Libertad ya a Víctor da Vila y Martín Rodríguez

    Durante la movilización en Mendoza contra el tratamiento en el Congreso del paquete de leyes antiobreras del gobierno de Milei, fue detenido el dirigente del Partido Obrero, Víctor da Vila. Acusado de participar junto a miles de trabajadores de la masiva protesta en el marco del paro nacional convocado por las Centrales obreras el pasado 24 y de las acciones contra el DNU y el proyecto de ley ómnibus este 31/1. En el transcurso del día de hoy, fue detenido en la calle Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero de Mendoza, bajo las mismas acusaciones. Así opera la justicia burguesa. El gobierno de Cornejo hace gala del protocolo represivo que aplica Cambia Mendoza y mostrarle a la casta nacional cómo la casta provincial impone orden y disciplinamiento en medio del descalabro social y económico.

    Exigimos la inmediata libertad y desprocesamiento de Víctor, Martín y todos los trabajadores por luchar. La CGT y CTA tienen que actuar en consecuencia y convocar a paro general por la libertad de los compañeros, hasta tirar abajo el DNU, la ley ómnibus y los protocolos represivos de Bullrich y los gobernadores.

    C.O.R. Corriente Obrera Revolucionaria – Regional Mendoza

  • La justicia cordobesa vota por la represión

    La justicia cordobesa, firme aliada del gobierno provincial de Schiaretti-Llaryora, envió ayer un claro mensaje en contra de la clase obrera y los luchadores. En un mismo día, dictó sentencia contra 4 trabajadores del Molino Minetti, 2 de ellos delegados sindicales, que en 2019 habían tomado los techos de la empresa para reclamar por el pago de salarios y contra el lockout patronal. El mismo día, elevó a juicio las imputaciones a 5 dirigentes piqueteros y al secretario general de ATE por un corte en el centro de la ciudad en el marco de una jornada nacional de protesta contra el hambre realizada el 5 de abril de este año. El “cordobesismo” y su justicia se alinean de esta forma a la clara perspectiva de la aceleración del ataque a la clase obrera y el pueblo pobre que traza el empresariado como respuesta a su propia crisis para después del balotaje, sea cual fuere el candidato patronal que resulte ganador. Todo enmarcado en la sumisión al plan del FMI en medio de una situación mundial explosiva, signada por la recesión, la inflación y la guerra en Ucrania y Palestina. La condena a los trabajadores de Minetti y a los dirigentes piqueteros y sindicales se suma a otras tantas persecuciones judiciales, como las que pesan sobre innumerables activistas populares, delegados sindicales y sobre los 27 estudiantes de la UNC. Nos ponemos a disposición de los compañeros molineros Maxi Gómez, Cristian Daniel, Juan Álvares y Dario López, de Soledad Díaz y Emanuel Berardo (PO), de Federico Giuliani (ATE-CTAA), Agustín Nazar (MST), Roxana Carezano (MTR-VL) y Marisa Cariddi (Libres del Sur) para impulsar en común las acciones que consideren necesarias para que caiga el juicio y para que se revierta la condena en el caso de los molineros.

    Frente a esta avanzada antiobrera, llamamos a la oposición docente en UEPC, que ganó en las últimas elecciones la delegación capital del sindicato, al SUTNA, a los delegados fabriles, de servicios y estatales que enfrentan a la burocracia sindical cómplice del ajuste que vienen aplicando Massa y Schiaretti, a convocar a una reunión de emergencia para impulsar en conjunto un plenario de delegados con mandato de base e imponer el paro provincial hasta que caigan todas las persecuciones judiciales que pesan sobre los luchadores y dirigentes de las organizaciones de los trabajadores ocupados y desocupados.

    Córdoba, 1/11/2023

  • La justicia burguesa de Schiaretti insiste con imputaciones a la vanguardia obrera

    El pasado miércoles 17 de mayo, en el marco de una jornada de lucha por la reapertura de paritarias y en desconocimiento de lo acordado por la burocracia sindical de los empleados públicos (SEP), los trabajadores de salud agrupados en la coordinadora se movilizaron hasta el ministerio de salud. Fue allí donde el fiscal Guillermo González imputó a Ricardo Barrionuevo, delegado de ATE por el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, y a Andrés Campos, delegado de ATSA del Hospital Misericordia. Según el fiscal, lo previsto en el art 194 del código penal establece “que se constituye en delito el entorpecimiento y el normal funcionamiento del transporte” y es bajo este artículo que se produjeron las imputaciones recientes y las del mes pasado a los dirigentes piqueteros y al Secretario General de ATE Córdoba.

    Las garantías de Juan Schiaretti y la justicia burguesa a la aplicación y cumplimiento del acuerdo con el FMI se traduce en represión a la vanguardia obrera, trabajadores ocupados y desocupados que enfrentamos a diario los efectos de una crisis económica mundial sin precedentes. La huelga, el piquete, la toma de planta y de edificios públicos son ni más ni menos que los métodos de nuestra clase para enfrentar los ataques perpetrados por las patronales y el Estado, con la complicidad de la burocracia sindical. Las feroces internas que tienen los dirigentes sindicales son libradas para disputar cargos en las listas del peronismo local y nacional, pero esto burócratas no muestra la misma ferocidad para la defensa nuestra clase, todo lo contrario.

    La respuesta de los trabajadores estatales y privados ante semejante ataque debe ser la de convocar en cada lugar de trabajo a asambleas que se pronuncien contra las imputaciones antiobreras y contra la criminalización de la protesta, como parte de un programa de acción para que los capitalistas no descarguen la crisis sobre nuestras espaldas. Debemos imponer el Paro General Activo a las CTAs y la CGT para hacer retroceder el acuerdo con el FMI. Proponemos impulsar reuniones y asambleas para reagrupar a los sectores antiburocráticos de nuestra clase en Córdoba e impulsar en común estas tareas como minorías en los sindicatos.

    Desde la COR repudiamos las imputaciones y nos ponemos a disposición de los compañeros Barrionuevo y Campos y sus organizaciones sindicales para llevar adelante las acciones que se definan para responder a este nuevo ataque.

    COR
    Corriente Obrera Revolucionaria
    Regional Córdoba

  • Repudiamos el ataque judicial a dirigentes piqueteros y sindicales

    Desde la COR repudiamos enérgicamente las imputaciones a dirigentes de la Unidad Piquetera (UP) y de ATE y la CTA-A resueltas por la justicia burguesa aliada al gobernador Schiaretti.

    El día 5 de abril se llevó a cabo una movilización en Córdoba en el marco del plan de lucha nacional de la UP ante el recorte de planes sociales de la ministra Tolosa Paz. Producto de la crisis y lo acordado con el FMI es que el gobierno nacional y las provincias cierran filas para amedrentar e impedir que los trabajadores ocupados y desocupados salgamos a las calles a enfrentar el ajuste. Es el caso de dos referentes del Polo Obrero Mendoza, Lorena Torres y Martín Rodríguez, quienes fueran detenidos varios días y luego de ser liberados producto de la movilización, quedaron imputados por la justicia local.

    Las recientes imputaciones por parte del fiscal De Aragón están caratuladas como “entorpecimiento del transporte” y se apoyan en el Habeas Corpus presentado por el centro vecinal de la ciudad de Córdoba. Esta persecución recae sobre los dirigentes del Polo Obrero, Emanuel Berardo, de Libres del Sur, Marisa Caridi, y de ATE y la CTA-A Córdoba, Federico Giuliani, por participar de la jornada de lucha. Y se esperan más imputaciones sobre otros dirigentes y militantes.

    La garantía del cumplimiento del acuerdo de nación con el FMI por parte de Juan Schiaretti consiste en poner a disposición todo el aparato represivo y la justicia burguesa contra la clase obrera y la juventud trabajadora. Además de la colaboración de la burocracia sindical de todos los colores para dejar pasar el plan de las patronales de techo salarial, aumento de los ritmos de trabajo, suspensiones y despidos y jubilaciones de miseria.
    La respuesta a semejante ataque no puede ser otro que la organización de asambleas en cada lugar de trabajo que se pronuncien en contra de las imputaciones y exijan a la CGT y las CTAs un paro activo nacional para hacer retroceder las leyes represivas y el descomunal ajuste a nuestra clase.

    Desde la COR acompañaremos las acciones que se definan y quedamos a disposición de las organizaciones a las que pertenecen los dirigentes perseguidos.

    COR
    Regional Córdoba

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