En enero del 2024, Cavalieri inauguró las relaciones con el gobierno libertario de la mejor manera posible. Mientras miles de trabajadores reclamaban en las calles contra el DNU y la reforma laboral, el pope de comercio se sacaba fotos con la ministra Petovello y le aseguraba que el “fondo de cese laboral” iba a estar en la agenda mercantil. Hace poco, a inicios de agosto, la “buena onda” con el gobierno de Milei sigue firme. Cavalieri fue el único gremialista que envió un representante a la mesa de diálogo social, a pesar de que la cúpula de la CGT avisó que no concurría. Cavalieri le garantizo así “la pata sindical” a esta mesa de diálogo que lo único que busca es avanzar en consensos que deriven en proyectos de Ley, para reglamentar la reforma anti-obrera.
Este acercamiento tan estrecho no es casual. Los libertarios pretenden usar al gremio más grande del país (1.2 millones de afiliados) cómo modelo de la naciente reforma laboral.
La burocracia de comercio tomó nota e hizo bien los deberes. La última paritaria fue un verdadero escándalo. Cavalieri acordó un incremento salarial del 13,5 % en 3 cómodas cuotas que no cubren ni por asomo la galopante inflación impulsada por los aumentos en los servicios, alimentos y transporte. Para colmo, la burocracia volvió a patear para el 2025 la incorporación al básico de todos los acuerdos. Es decir, los aumentos son “no remunerativos” y no devengan para muchos ítems, dejando el sueldo básico por el subsuelo.
La excusa es la misma de siempre, resignar salario y condiciones laborales para “comprender” a las empresas y su merma en las ventas. De esta forma, sin salarios dignos, la Federación inventa el relato de que está cuidando los puestos de trabajo. Pero la realidad es que mientras Cavalieri les cuida la billetera a las empresas, los despidos y ataques a los trabajadores se profundizan.
El primero en hacer punta de lanza, fue la cadena Chango Más, perteneciente a Francisco De Narváez y que vino a suplantar a Walmart. Esta cadena procedió al despido de más de 300 empleados, todos con antigüedad, apenas salió la reforma laboral. En el mayorista Mademax de La Matanza, despidieron a 70 trabajadores en un día. En Carrefour, Coto y Diarco siguen los despidos por goteo. Ante esta situación las diferentes regionales solo pelean por el pago de la indemnización, en algunos casos llevaron acciones adelante, pero todo terminó en conseguir un 20% más de plata. Nunca pusieron en pie un plan de lucha serio. Mención aparte merece el holding Cencosud (Jumbo, Easy, Disco, Vea, Unicenter, Blaisten, etc.), donde la patronal despidió a un delegado combativo (Jumbo Pilar), electo a principio de año y no lo deja ingresar a su lugar de trabajo. Mientras avanzan en recortar beneficios y despiden gente.
Para enfrentar estos ataques es primordial jerarquizar la organización en los mercados y hacia adentro de los SEC. Realizar asambleas, hacer piquetes de convencimiento, recorrer los mercados, llevar mandatos y exigir a las regionales que convoquen a plenarios. Debemos unir fuerzas dentro de nuestra propia organización y dar la pelea desde allí. Lamentablemente los atajos “legales” no funcionan, no podemos ilusionarnos solo con visibilizar los conflictos en la opinión pública o imponer una agenda parlamentaria que trate la “prohibición de despidos” o peor aún, la “doble indemnización”. Nada de eso juega a nuestro favor, solo podemos organizarnos desde adentro de nuestra organización para presentar una pelea seria.
Necesitamos profundizar las discusiones para llevar adelante un programa obrero, que nos articule para crear una oposición que le dispute la dirección del gremio a la burocracia.
ASAMBLEAS EN CADA MERCADO
PLENARIOS DE DELEGADOS CON MANDATO POR CADA REGIONAL
PLAN DE LUCHA NACIONAL PARA REINCORPORAR A LOS DESPEDIDOS Y POR SALARIO= CANASTA FAMILIAR
PONGAMOS EN PIE UNA OPOSICIÓN REVOLUCIONARIA DENTRO DE LA FEDERACIÓN
Mercantiles de la COR
RECHACEMOS EL TECHO SALARIAL.
IMPONGAMOS EL NO INICIO DE CLASES NACIONAL.
Mientras sobrecumplen los objetivos del acuerdo con el FMI, la paritaria nacional docente volvió a ser el instrumento oficial para fijar una pauta de aumento salarial a tono con el ajuste: 60% anual. La mesa que priorizan las conducciones sindicales no es la paritaria, más pendientes de la definición de la interna del Frente de Todos de cara a las elecciones nacionales y provinciales 2023.
El acta paritaria que celebra la burocracia de CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA, con fecha 17/2, tiene la caradurez de afirmar que el Salario Mínimo Docente Garantizado acumula dos años continuos de recuperación del poder adquisitivo “sobre la inflación”. Pero a la docencia no nos cierra esa cuenta. En diciembre 2022, el salario inicial se fijó en $90.338 mientras la canasta familiar estaba en $152.515, según datos oficiales. La conclusión es simple: el salario mínimo garantizado, es una garantía de pobreza.
La burocracia pretende asegurar el normal inicio de clases en un año electoral a cambio de elevar a $130.000 el techo salarial en marzo ´23, monto que incluye los adicionales FONID y Conectividad que paga Nación y que los gobernadores contabilizan en sus propuestas salariales. Ningún docente usa ese dinero para capacitación o conectividad. Con sueldos de miseria, esos adicionales tienen un carácter alimentario.
El ámbito de la paritaria nacional docente, no sólo se instala como espacio para fijar el techo salarial. La burocracia sindical, el ministro de educación y los representantes de los gobernadores, vienen avanzando en acuerdos marco que no son otra cosa que una reforma educativa y laboral. Sólo falta que cristalicen esa ofensiva en un Convenio Colectivo, compromiso que renovaron el 17/2, que sirva de instrumento para terminar de liquidar los estatutos del docente. En esta línea cocinan el respaldo sindical al proyecto de nueva ley de Financiamiento Educativo, que no sólo fija porcentajes de inversión en educación que no cumplen, sino que avanza en establecer un marco para modificar la estructura salarial, con bonificaciones y estímulos acordes a los lineamientos de la reforma educativa que cocina el Consejo Federal de Educación y los organismos internacionales de crédito.
Este próximo 24/2 están convocados los congresales de CTERA para “legitimar” la negociación, poniendo a votación, sin respaldo de la base, la aceptación o rechazo al acuerdo. Pero son varias las provincias en las que está fresca la experiencia de lucha y desborde a la burocracia de 2022, y la exigencia de recomposición salarial se expresa en las asambleas que complican las negociaciones en Tucumán, Neuquén, San Juan, Jujuy y CABA. Las seccionales recuperadas y las agrupaciones antiburocráticas tenemos la responsabilidad de impulsar en todas las asambleas escolares y plenarios mociones de RECHAZO al techo salarial propuesto en la paritaria nacional docente y la reforma laboral y educativa que contiene, y un repudio a los congresales levantamanos. Necesitamos un congreso nacional de delegados de base con mandato, que prepare el no inicio de clases 2023 llamando a un paro educativo nacional contra el techo salarial del 60% anual, por un aumento al básico y una recomposición salarial acorde al costo de vida.
La burocracia celeste en CTERA y sus acólitos enquistados en los sindicatos en las provincias, nos cuelgan el chaleco de plomo del ajuste para intentar mantener a flote una coalición peronista hacia las elecciones. Su crisis es tan grande, que ni siquiera en los distritos gobernados por Cambiemos van a dejar que los trabajadores hagamos olas. Es el caso del SUTE en Mendoza, donde la Azul Naranja de Sedano y Correa responde al lanzamiento de campaña a gobernador del padre del ítem aula, Alfredo Cornejo, con un inicio de clases sin paros.
Ninguna variante de conciliación de clases podrá llevar adelante una lucha consecuente por nuestras demandas. Tampoco debemos depositar confianza en que los mecanismos electorales de esta democracia para ricos sienten, después de octubre, en los poderes ejecutivos provinciales o nacional, a un nuevo gestor de los negocios capitalistas que esté dispuesto a hacer algunas concesiones a los asalariados. La tarea planteada es saldar una prolongada crisis de dirección de los trabajadores, forjar una dirección con independencia de clase que asuma la tarea de recuperar los sindicatos y expulsar a la burocracia. En esta perspectiva es que insistimos a la izquierda y las agrupaciones antiburocráticas en iniciar un proceso de debate programático y lucha común, que ponga en pie una oposición sindical revolucionaria. En ese camino, podemos impulsar plenarios regionales y nacionales de delegados de base mandatados, que organice el desborde a la burocracia, hasta romper sus techos salariales y el pacto de ajuste Gobierno-FMI.
Docentes de la COR