La noche del martes 19, los trabajadores cordobeses supimos que, al día siguiente, el gobierno de Juan Schiaretti y su fuerza Hacemos por Córdoba (HpC) se disponían a votar con su mayoría automática en la legislatura unicameral, en una sesión virtual, un nuevo saqueo a los jubilados de la provincia. Este recorte se concretó ayer y alcanza, según los cálculos del propio oficialismo, la friolera de $6.500 millones de acá a fin de año. El objetivo del saqueo es fondear las arcas del Estado para palear la gigantesca crisis capitalista que está carcomiendo el presupuesto por la continuidad del pago sistemático de la deuda y el sostenimiento de los subsidios a los capitalistas. La Caja de jubilaciones provincial, que cubre a los trabajadores estatales provinciales, municipales, judiciales y de empresas estatales como la EPEC y el BanCor, es presionada desde hace años por la política de armonización con el sistema de ANSES, sobre todo por las gestiones kirchneristas y la actual de Alberto Fernandez, y con esta reforma este objetivo queda casi cumplido. Los principales puntos de la reforma: un diferimiento del aumento en relación a los trabajadores activos de 60 días, un aporte solidario del 20% en las jubilaciones de mayor monto, limitaciones a los llamados “dobles beneficios”, una modificación de la base de cálculo que pasa del 82% móvil del 89% del salario (73%), al 82% de una suma igual al bruto deducido el aporte personal jubilatorio (que llega hasta un recorte directo del 6%) y una modificación de la base salarial del cálculo inicial, pasando de un promedio de los últimos 4 años a uno de los últimos 10.
Mientras los legisladores sesionaban virtualmente, la policía estrechaba el cerco en las calles céntricas, apretando los controles en los puentes que cruzan el Río Suquía con el pretexto de la lucha contra el coronavirus y el control del “brote” en el Mercado Norte, uno de los principales centros de abastecimiento mayoristas de la ciudad. El edificio de la Legislatura, semi-vacio, igual estaba completamente cercado por las fuerzas represivas, aún con la confianza de que ninguno de los burócratas sindicales adherentes al peronismo cordobés, y tampoco ninguno de sus pretendidos opositores, iba a mover un dedo en contra de este ataque contra la clase obrera. Los únicos enfrentando la reforma en la calle fuimos las corrientes de la izquierda.

Las medidas sanitarias… un cuento cordobés

El lunes de esta misma semana, el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) lanzaba un operativo bloqueando 9 manzanas en pleno centro de la ciudad, alrededor del citado mercado. Pero no tardó en caerse la máscara… el operativo fue gatillado por 2 casos positivos de COVID-19, uno de ellos un trabajador del supermercado “A granel”. Este jóven, al igual que tantos otros trabajadores del sistema de salud y otras ramas encuadradas como esenciales, fue víctima del montaje que hay detrás del COE y toda la política sanitaria de los gobierno provincial y nacional. Su madre declaró a la prensa que el día jueves 7 de mayo, este trabajador fue al hospital Tránsito Cáceres de Allende con síntomas de coronavirus, pero no le realizaron ningún hisopado. Sólo insistiendo al día siguiente le hicieron el test, pero no le dieron jamás el resultado, hasta que tuvo que repetir el estudio la semana siguiente, y dio positivo. Es decir, estuvo una semana expuesto, sin conocer su diagnóstico, y presionado por la patronal para volver a trabajar. Y cuando saltó a la luz, el COE y el ministro montaron el circo, habilitando el control territorial de las fuerzas represivas. Esto, igual que los manejos en el Hospital Italiano, en el geriátrico de Saldán, y tantos otros que aun no se conocen, desnudan la gran mentira que es la política sanitaria de Schiaretti, el ministro de salud Cardozo y el COE.
La realidad es que la cuarentena, ahora de nuevo en la llamada “Fase 3”, está enfocada en el control territorial de las fuerzas represivas y en el control del estado burgués y los empresarios de la circulación de mercancías, sobre todo de nuestra fuerza de trabajo como mercancía, que de no ser por denuncias oportunas el gobierno nacional hubiera puesto bajo ciber-vigilancia obligatoria a través de la aplicación Cuidar. En Córdoba, reprimieron a los trabajadores de la municipalidad de Jesús María, a los trabajadores de Bagley-Arcor, a los trabajadores de delivery y someten a persecución judicial a los trabajadores de la municipalidad de la capital (SUOEM). Todos ellos pelean en contra de recortes salariales que vienen aplicando las patronales y el estado contra nuestra clase, aprovechando las restricciones de movimiento con la excusa de la pandemia. El “golpe maestro” dado bajo esta política, aprovechando el retroceso a la “Fase 3”, fue el robo a los jubilados de Schiaretti y sus legisladores de HpC, a la voz de “es ahora o nunca”.

No es “cuidar la salud”, es una tregua escandalosa

La CGT Córdoba, dirigida por el alcahuete José Pihén del SEP que es parte de la bancada de HpC, por un lado, y el rejunte de la CGT Rodriguez Peña y las CTAs, por el otro, emitieron sendos comunicados de repudio a la reforma previsional de Schiaretti. No basta. Son saludos a la bandera de la burocracia sindical que, con la excusa de “cuidar la salud”, sostiene una tregua escandalosa con los empresarios y el gobierno peronista. La única salud que les interesa es la suya propia, ya que se niegan a organizar la lucha por las condiciones de seguridad e higiene en los hospitales, los supermercados, las fábricas, los transportes y demás lugares de trabajo. Cuidan la salud de sus propios bolsillos, mientras dejan pasar los recortes salariales, la precarización de las condiciones laborales y el robo a los jubilados.
En medio de esta cuarentena sostenida a balas contra las expresiones de lucha de los trabajadores que nos negamos a pagar con suspensiones, despidos, rebajas salariales o nuestra propia salud la crisis que los patrones y sus gobiernos generaron, el movimiento obrero tiene que pasar a la acción. Los ejemplos están en las asambleas, paros y protestas de los trabajadores de la salud en todo el país, en las luchas de Penta, Bed Time, FADETE, las textiles, los camioneros del sur, los trabajadores del transporte (UTA y AOITA), de Arcor, del delivery, los municipales de Jesús María y de Córdoba capital y tanto más.

Recuperemos las calles este 29 de Mayo

Este 29 de mayo, 51º aniversario del Cordobazo, llamamos a todos los sectores combativos del movimiento obrero, opuestos a la tregua de la burocracia sindical, a organizar una gran movilización unitaria. Debemos imponer la unidad del movimiento obrero y enfrentar el ataque de nuestros enemigos de clase, los empresarios y los gobiernos que los defienden, imponiendo a las centrales un Paro Provincial contra la represión y por todas nuestras demandas. Congreso de delegados de base con mandato. Abajo la reforma previsional de Schiaretti. Que se vaya la policía y el ejército de las calles de Córdoba. Desprocesamiento de los municipales de Jesús María, de Córdoba capital y de todos los luchadores. Medidas de seguridad e higiene acordes a la pandemia en todos los lugares de trabajo. Ninguna suspensión. Reincorporación de todos los despedidos, pago integro de los salarios y aumento salarial para alcanzar la canasta básica en el salario inicial de convenio. Escalas móviles de horas de trabajo y salarios. Control obrero de la producción. Preparar la Huelga General. Por un programa obrero de salida a la crisis. Por un gobierno obrero.

21/5/2020

COR
Corriente Obrera Revolucionaria

Largas colas en los bancos para cobrar jubilaciones

Una crisis social que está explotando

Antes de la declaración de la pandemia del coronavirus y toda la serie de medidas represivas establecidas con la excusa de “cuidarnos a todos”, el gobierno de Alberto Fernández ejecutó un importante saqueo a las jubilaciones al establecer una nueva fórmula para el cálculo de la movilidad. Este ataque es un hito más en una larga historia de humillaciones a trabajadores que pasan a retiro y deben luchar por sobrevivir en condiciones de pobreza. El más explosivo de esos hitos fue la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo en 2017 y votada con ayuda del PJ y los partidos provinciales.

El ensayo reaccionario de establecer una cuarentena obligatoria, garantizada por las fuerzas de seguridad, es un intento desesperado de que la crisis social no estalle a causa de la propagación de la enfermedad viral del COVID 19. Pero el estado calamitoso del sistema de salud, los salarios de miseria de casi la mitad de los trabajadores del país, las condiciones de vida desesperantes de los jubilados y de una gran porción de la población en los conurbanos de las grandes ciudades de todo el país no se pueden tapar con propaganda invitando a la “responsabilidad” y la “solidaridad”. Además, quedó demostrado que un intento de centralización por parte de este Estado resulta en caos total, porque es así como se organiza la vida social capitalista, basada en la anarquía del capital.

Jubilados expuestos, bancarios expuestos

El viernes 3 de abril reabrieron las sucursales bancarias que pagan haberes de la seguridad social, después de haber permanecido cerradas desde la declaración de la cuarentena total, el 20 de marzo. Todos los trabajadores bancarios previeron que la situación sería caótica, como lo es todos los meses en los que hay fecha de cobro establecida por el cronograma de pagos de ANSES. No es una novedad para los bancarios verse sometidos a estresantes horas de trabajo, que la mayoría de las veces se extiende bastante más de la jornada laboral de convenio. También son los trabajadores los depositarios de la bronca y la frustración -justificada- de los clientes que tienen que esperar horas para cobrar un haber, muchas veces mínimo. A las patronales les cabe bien la consigna de la cuarentena: “lavarse bien las manos”.

Este 3 de abril vimos a jubilados expuestos al contagio de manera masiva en largas colas de muchísimas horas. Mostraron la fragilidad de la imposición de la cuarentena por parte del Estado, ante la necesidad real de la mayoría de los jubilados de percibir su haber. Los bancarios también se vieron expuestos al contagio, sometidos a la presión de la patronal, que es la verdadera responsable del pésimo servicio a los jubilados, que ve en ellos sólo un buen prospecto para colocar productos financieros. Mientras los banqueros se quedan cómodos haciendo cuarentena en sus casas, nos someten a los trabajadores a condiciones insalubres. Sólo podremos cuidar nuestra salud con los métodos obreros: con cese de actividades, con el paro, con la organización. Que el sistema de las jubilaciones dependa de estos banqueros, que sólo persiguen su insaciable afán de lucro, es un despropósito más de la economía capitalista.

Por un sindicato independiente del Estado y las patronales

Ese mismo día, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, tras ser increpado por un coro de periodistas que siempre encuentran una buena oportunidad para atacar a las organizaciones obreras, explicó que el gremio se puso a disposición de resolver el problema -a la orden del gobierno, no de las necesidades de los jubilados y de sus propios trabajadores. Sus declaraciones parecían de un funcionario del Estado, no de un líder sindical que vela por los intereses de los trabajadores, no sólo de su gremio, sino de conjunto. Esta postura ya se anticipó antes de la pandemia, cuando se mostró dispuesto a resignar las paritarias por una suma fija que impuso AF en consonancia con los dictados del FMI. Desde la asunción del nuevo gobierno, se han comprometidos con la “paz social”, mientras el ajuste del FMI sigue en marcha. Ahora pretenden que seamos los jubilados y los trabajadores los que paguemos por esta situación de crisis, que generaron las patronales y sus cómplices.

Ante esta situación de emergencia debemos imponer delegados de Higiene y Seguridad. Sabemos que esto sólo se podrá llevar adelante mediante la organización de los trabajadores en sus lugares de trabajo. Hay que hacer asamblea en cada sucursal para hacer un relevamiento diario de las condiciones de trabajo. Y si éstas no se cumplen, imponer el cese de tareas.

Debemos redoblar la organización para defender las jubilaciones de todo el pueblo trabajador, apelando a la unidad de la clase obrera.

Debemos imponer la reapertura inmediata de la paritaria, en la que se escuchen las demandas de los trabajadores. Todo trabajo realizado durante la cuarentena fuera de las condiciones establecidas en el CCT: el “homeoffice”, el trabajo los fines de semana, las horas extras, debe ser debidamente compensado salarialmente. Quienes se vean afectados a trabajar en medio de la pandemia, deben ser compensados por ser sometidos a trabajo insalubre. Si algún trabajador se contagia de COVID-19 deberá ser considerado que es una enfermedad laboral. Para discutir esto se deben elegir delegados paritarios con mandato y revocables.

Además, desde hace meses, antes de la pandemia, muchos bancos empezaron a ofrecer retiros voluntarios, o sea, despidos encubiertos; así como despidos abiertamente. Hay que pelear por la reincorporación de los despedidos.

También debemos imponer que se efectivice los tercerizados, que son una gran parte de los trabajadores del sistema financiero.

En el marco de la imposición policial de la cuarentena, debemos plantear que el sindicato tramite permisos de circulación a los delegados para asistir a los compañeros en los lugares de trabajo.

Pero, en definitiva, sabemos que una burocracia adicta al Estado y cómplice del gobierno no peleará hasta el final por los intereses de los trabajadores. Es necesario recuperar nuestros sindicatos de manos de la burocracia conciliadora. Hay que organizar un Congreso de Delegados de urgencia para enfrentar esta situación y buscar una respuesta desde la clase obrera con los métodos obreros. Hacemos un llamado a todas las corrientes de izquierda dentro del sindicato a desarrollar una campaña por estas demandas.

¡No al saqueo a las jubilaciones!

No queremos un sindicato cómplice

A mediados de febrero, el gobierno de Alberto Fernández dio a conocer el nuevo cálculo de “aumento” a los jubilados, que, bajo el pretexto de la “solidaridad” reformula el cálculo y hace una quita a los aumentos de las jubilaciones más altas. Convengamos que estamos hablando de que muchas de esas jubilaciones apenas rondan la canasta básica. Esta medida afecta directamente a los jubilados bancarios. Particularmente alarmante es la situación de los jubilados del Banco Provincia de Buenos Aires. Es que luego del saqueo perpetrado a la caja de jubiliaciones mediante la ley provincial impulsada por Vidal y compañía, que fue parte de un plan para robarle a los trabajadores que venían aportando parte de su salario para el retiro, a la vez que se desfinanciaba al banco provincial. Ahora, con la aplicación del decreto 160 del PEN, se altera la ecuación para calcular la movilidad jubilatoria de manera que vuelven a sufrir una quita en el haber real jubilatorio, ya no sólo del BAPRO, sino del conjunto de jubilados bancarios. Todos ellos cobrarán más o menos la mitad del ajuste que les hubiera correspondido para marzo, del 11,6%.

Esto muestra que, en materia de ajuste, hay una continuidad entre los gobiernos de Macri/Vidal, Fernández/Kicillof para que la crisis la paguen los trabajadores. Claramente, esto es parte de las condiciones impuestas por el FMI sobre las cuentas nacionales. Los primeros meses del actual gobierno demuestran que son los “buenos alumnos” del organismo de crédito y éste no es otra cosa que enemigo de los intereses de los trabajadores. Los bancarios no podemos permitir que se siga llevando adelante este saqueo. A esto se suman los cientos de despidos y retiros voluntarios que han ocurrido en los últimos meses en el sistema financiero. Y sabemos que el plan de disminución de la planta de trabajadores del sistema sigue en marcha y será agresivo en los próximos meses. Ya se enciende la alarma por la situación de los compañeros del HSBC, que ha anunciado cese de operaciones en la región.

Mientras tanto, la conducción del sindicato ya está dando señales de que aceptará los aumentos con sumas fijas, pautadas por el gobierno, cerrando las discusiones paritarias de un plumazo. Desde la asunción del nuevo gobierno, se han comprometido con la “paz social”, mientras el ajuste del FMI sigue en marcha. No debemos permitirlo.

Debemos redoblar la organización para defender las jubilaciones de todo el pueblo trabajador, apelando a la unidad de la clase obrera. Debemos imponer paritarias libres, en las que se escuchen las demandas de los trabajadores. Hay que pelear por la reincorporación de los despedidos. Para ello es necesario recuperar nuestros sindicatos de manos de la burocracia conciliadora. Convoquemos a asambleas en nuestros lugares de trabajo donde mocionemos que el sindicato se ponga de pie contra este atropello. ¡No al saqueo a las jubilaciones! Hay que organizar un Congreso de Delegados para votar negociadores paritarios con mandato y revocables. Llamamos a todas las corrientes y organizaciones de izquierda, que mantienen el principio de la independencia de clase a organizarnos para desarrollar una Oposición Revolucionaria en el sindicato que levante un programa de salida obrera a la crisis.