Contra el ajuste salarial y la reforma laboral

Este lunes 22 de julio, la mayoría de las provincias se encamina a reiniciar el ciclo lectivo tras el receso invernal sin conflictos, gracias a los servicios prestados por las burocracias sindicales que actúan abiertamente como colaboradoras del brutal ajuste salarial de los gobernadores, a tono con el plan motosierra de Milei.

Todos empuñan la motosierra, incluido Kicillof, “compañero” de Baradel. A propuesta de Pablo Urquiza, Subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, el Consejo Federal de Educación (organismo que nuclea a representantes de todos los gobiernos provinciales y la Nación) acordó el pasado 25 de junio, un piso salarial neto docente nacional de 400 mil pesos para julio. Este monto, absolutamente insuficiente en relación a un costo de vida que supera el millón para una familia tipo que paga alquiler, fue el que llevó Torrendel, Secretario de Educación de Milei, a la reunión con CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA, en el marco de la reiniciada paritaria nacional docente el pasado 11 de julio. La burocracia rechazó el monto y se pasó a cuarto intermedio para el martes 23 de julio, garantizando así el reinicio de clases en todo el país. Sin mandato de base, y desconociendo las principales demandas y problemas de la docencia, la burocracia sólo reclama una suba (indefinida) del piso salarial, la restitución del FONID, y partidas presupuestarias para las provincias. Nada dijo en la paritaria sobre la reforma laboral incluida en la ley bases y en las ofensivas de los gobernadores con ítems de presentismo y productividad, ni del proyecto de limitación del derecho de huelga (educación esencial) pronto a sancionarse en el Congreso.

En Córdoba, la docencia se había plantado contra Llaryora, votando un paro de 48hs, pero la burocracia de UEPC se apresuró a aceptar la conciliación obligatoria. La docencia cordobesa conoce estas maniobras, ya hizo experiencia con conciliaciones y demás artilugios. Es central que la seccional recuperada, UECP Capital, se ponga a la cabeza de preparar el desafío a la burocracia y a Llaryora, y convoque a un plenario de urgencia que debata y resuelva desconocer la conciliación y retomar el plan de lucha votado por la docencia provincial.

En Misiones, tras el durísimo conflicto que protagonizó la docencia, arrastrando consigo a amplios sectores de trabajadores, los autoconvocados se ven enredados en la sucesión de mesas técnicas, donde hay mucho ruido y pocas nueces, y los meses pasan. Las semanas de huelga docente misionera, galvanizaron la provincia, cuestionando el brutal hundimiento del salario, el impacto tremendo del tarifazo y el salto en el costo de vida que implicaron la devaluación y la aceleración inflacionaria, en las primeras semanas de Milei en el gobierno. La crisis provincial fue un alerta para el conjunto de los gobernadores y el propio gobierno libertario. Este conflicto puso sobre la mesa de discusión un problema que tenemos los trabajadores de la educación en todo el país: el enorme atraso de los básicos salariales, la trampa de los pisos mínimos garantizados en base a ítems no remunerativos (en negro) y la ofensiva de los gobernadores en incorporar nuevos ítems de productividad y presentismo.

Neuquén resolvió no iniciar el lunes 22/7, con 48 horas de paro, y luego asambleas para resolver la continuidad del plan de lucha. No sólo discuten recomposición salarial. La docencia neuquina enfrenta la sanción de una ley, tipo “ítem aula”, que castiga mediante quitas salariales el uso de licencias por razones de salud o de cuidado de familiares. Río Negro también se encamina a un paro de 48hs que postergue el inicio de clases, frente a los incumplimientos paritaros de Weretilneck, y su negativa a recomponer y blanquear salarios.

A contramano del creciente malestar en las escuelas, en Mendoza, la burocracia Azul-Naranja (Cámpora-PJ) que conduce el SUTE, ha asumido la cogestión del sistema educativo con el radical-libertario Cornejo. Viene imponiendo con el aparato la aceptación al hilo de acuerdos a la baja y la creciente composición en negro del salario, a cambio de garantizarse con una elección turbia la mayoría en las juntas calificadoras y de disciplina, y un concurso de jerarquía directiva con el que busca consolidar una base de sustentación, frente al cuestionamiento creciente de la mayoría de los trabajadores de la educación.

Si de cogestión del sistema educativo se trata, la burocracia de SUTEBA y el gobierno de Kicillof son ya un paradigma de colaboración. La avanzada sobre las condiciones de trabajo, la naturalización del doble cargo y/o de la jornada extendida para llegar a fin de mes, con su impacto terrible en las condiciones de salud de las compañeras, son defendidas por la celeste como parte de su alineamiento, mientras presenta como logros las migajas negociadas a espaldas de la docencia. El accionar de la celeste nacional ha girado en supeditarse a las discusiones parlamentarias de una coalición peronista en desintegración como vía para enfrentar el ataque de Milei. Las seccionales multicolores no lograron escapar de la lógica de frente antiMilei que impuso la burocracia, siendo expresión sindical de la orientación de la izquierda parlamentaria, presionando sobre la burocracia. Pero dejando de lado la tarea de dar la discusión en los lugares de trabajo y en las asambleas para disputar un activismo y una base que dio muestras de disposición a luchar con los métodos de la clase contra la motosierra y el ajuste.

El problema no es sólo que no alcanza el sueldo.

Este somero repaso por algunas situaciones provinciales, da cuenta del resultado de la lógica con la que negoció la burocracia CTERA y demás sindicatos sentados en la mesa paritaria nacional con el gobierno de los Fernández y Massa. Fijando pisos salariales, que se convertían en techos para la mayoría de las provincias, se fue arrastrando sin resolver una estructura salarial de básicos insignificantes, y un componente creciente de ítems no remunerativos (en negro), licuando los adicionales que reconocen antigüedad, zona, y perjudicando fuertemente a la docencia próxima a jubilarse. Esta trampa de los mínimos salariales garantizados, se convirtió en un mecanismo de aplanamiento de la escala salarial, y de ataque de hecho a la estructura fijada en los estatutos (convenios) largamente buscada por los sucesivos gobiernos nacional y provinciales. Sobre este ataque brutal del salario, los gobernadores, con la colaboración de la burocracia, vienen implementando ítems y adicionales atados a resultados, presentismo y productividad; la extensión de la semana laboral, imponiendo jornadas institucionales, capacitaciones remuneradas, etc, fuera del horario de trabajo; y la intensificación del trabajo mediante la asignación de múltiples tareas y funciones a cumplir dentro del horario de clases (recuperación de saberes, intensificación, trayectorias diferenciadas, etc.). O sea, reforma laboral. Nada se habla sobre la descarga en el personal de las escuelas, sin recursos y con dotación insuficiente de personal, de la crisis social que golpea de lleno en nuestros estudiantes y la comunidad escolar. En el marco del ajuste presupuestario, la suba del boleto y las tarifas, pauperización, desempleo e informalidad crecientes, desde los gobiernos sólo se baja una línea de accionar punitivo y de judicialización, frente a problemáticas que expresan el profundo y prolongado deterioro de las condiciones más elementales de vida. Violentando fuertemente la relación escuela-comunidad.

Crisis de dirección.

Los paros aislados, convocados por CTERA, para reclamar la convocatoria a paritaria nacional y la restitución del FONID, nunca para respaldar a la docencia de Misiones en lucha, o como parte de un plan de acción coherente y sostenido, terminaron siendo medidas funcionales al aparato y su apuesta a tratar de apuntalar un proyecto kirchnerista que se deshilacha. Absolutamente desprestigiada frente a la base, esta dirección de colaboración de clases, se sostiene gracias al andamiaje legal que estatiza los sindicatos, burocratizándolos. Bien se ha servido el “topo” Milei de ese desprestigio, para ganar tiempo en la confusión que se genera en la base docente, y en el movimiento obrero en general, que desconfía y descree, con razón, de la burocracia sindical en las federaciones y sindicatos de base.

Pese a esa enorme confusión y la crisis de dirección que atraviesa la base docente en todo el país, tempranamente encontró la forma de pasar a la ofensiva en Misiones, y pudo recuperar la seccional Capital en Córdoba. El desafío de las agrupaciones antiburocráticas y el activismo es prepararse para dar respuesta a esa crisis de dirección, poniendo en pie oposiciones sindicales revolucionarias en los sindicatos. Oposiciones, con libertad de tendencias sobre la base de un programa de independencia de clase para enfrentar a las mediaciones que hoy son la principal contención de nuestras fuerzas. La burocracia sindical chamuya su frente anti-Milei, mientras colabora con los gobernadores en el ataque a la docencia a cambio de mostrarse útil en la contención del conflicto social. Por eso tenemos que discutir paciente y persistentemente contra la potestad de la burocracia de definir a nuestros representantes paritarios. Quienes ponemos el cuerpo a la lucha tenemos que elegir a nuestros representantes en las mesas paritarias y de negociación, paritarios mandatados y revocables. También es una discusión paciente a dar la necesidad de mesas paritarias estatales únicas, donde el conjunto de los trabajadores del Estado obliguemos a la patronal a sentarse a discutir la reincorporación de todos los despedidos, el pase a planta de los precarizados y contratados, y una recomposición salarial que equipare el inicial de cualquier escalafón a la canasta familiar. Basta de salarios de pobreza e indigencia. Basta de adicionales en negro atados a productividad y presentismo.

Las seccionales recuperadas y delegaciones combativas de todo el páis, que se nuclearon en el marco de la asunción de la recuperada UEPC Capital, en diciembre pasado, debatiendo y emitiendo un documento de orientación en común, tienen la posibilidad y la responsabilidad de convocar a un congreso nacional de delegados escolares mandatados. No podemos esperar los tiempos de elecciones para discutir qué oposición necesitamos poner en pie para recuperar los sindicatos y federaciones. Es urgente trascender los acuerdos por arriba, coyunturales, poniendo en pie instancias de reorganización del activismo y de construcción de una oposición nacional capaz de ponerse a la cabeza de la lucha contra el plan motosierra de Milei, el FMI y los gobernadores. Un congreso nacional de delegados escolares con mandato, para arraigar en las escuelas un plan de lucha, preparando un PARO NACIONAL EDUCATIVO en conjunto con los trabajadores de las Universidades.

Vamos por un NO INICIO DE CLASES hasta derrotar las paritarias de ajuste y la reforma laboral.

Docentes de la COR

La incertidumbre es total ante este nuevo ciclo lectivo. La brutal devaluación de Milei que apalancó la espiral inflacionaria, pega de lleno en los ingresos de las familias obreras que tienen que afrontar un gasto descomunal en materiales, indumentaria y transporte para enviar a sus hijos a la escuela.

Además, a escasos días del inicio de clases, Milei traslada a las provincias los costos de su derrotada ley ómnibus, al cerrar el grifo de las transferencias discrecionales. Dentro de estas partidas, se encuentran el FONID (que complementa los salarios docentes que pagan las provincias) y los aportes a las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación.

Este ataque, junto a la negativa a convocar a la paritaria nacional docente, pone en aprietos a la burocracia Celeste en CTERA y los sindicatos provinciales, que pretendían hacer la plancha, echándole la culpa a la base por no votar a su candidato Massa. La eliminación del FONID y el acelerado deterioro de las condiciones de vida, abrieron un debate importante en las escuelas, obligando a Alesso, Baradel y compañía a hablar de un NO INICIO de clases que no querían y no prepararon.

Muchos docentes no recuerdan ya, o no conocen, el origen del FONID. Es necesario traer su historia a colación porque explica en gran medida la debilidad de CTERA para enfrentar la motosierra de Milei.

De bajar la huelga con una carpa. De la carpa a la cooptación.

La docencia de las provincias venía de protagonizar el Maestrazo contra el ajuste salarial de Alfonsín, una huelga nacional docente de 43 días, que obligó incluso a la CGT a declarar un paro general en solidaridad. La conciliación obligatoria y el pésimo rol de la burocracia sindical docente, llevó la huelga a la derrota. Pero la simpatía y apoyo de todo el movimiento obrero y amplios sectores sociales a la lucha docente se forjaron en la firmeza del Maestrazo, mucho antes de la carpa blanca.

La descentralización educativa impuesta por la dictadura genocida fue profundizada por Menem, quien completó el traslado de la educación no universitaria a las provincias y avanzó con las reformas educativas que promovían los organismos de crédito internacionales. Estas políticas del menemismo resultaron en estallidos provinciales. La docencia fue protagonista de las luchas, destacando la huelga de 140 días de la docencia rionegrina, pero también con huelgas educativas duras en Neuquén, Misiones, Jujuy y San Juan. La dirección de CTERA jugó la carta de siempre: aislar los conflictos provinciales, y desviar la atención hacia la Capital Federal, instalando una carpa de ayunantes frente al Congreso de la Nación, en reclamo de una ley de financiamiento educativo.

Durante 1003 días, la carpa blanca se convirtió en un emblema de resistencia pasiva, cultural, al menemismo, mientras los conflictos provinciales eran reprimidos y ahogados. Así perdimos a la compañera Teresa Rodríguez, asesinada por la represión al Cutralcazo. La enorme simpatía social generada por la lucha docente, fue traicionada por la burocracia de CTERA cuando decidió levantar la carpa a cambio de la creación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) financiado mediante un impuesto adicional al impuesto automotor. La carpa se levantó, la recaudación del FONID fue un fracaso, y Menem nunca pagó. La conducción de CTERA fue cooptada por el gobierno de la Alianza que eliminó el impuesto y prometió el pago del FONID mediante Transferencias directas del Tesoro nacional a las provincias. Pero De la Rúa tampoco cumplió y abandonó el gobierno dejando la deuda docente sin pagar.

El estallido de la convertibilidad menemista incluyó el veto de Duhalde al FONID dentro del presupuesto en 2002. Y siguió el derrotero de incumplimientos, incluso durante los primeros años de la gestión de Kirchner. Conflictos mediante, finalmente se empezó a pagar a fines de 2003, bajo el mismo régimen de transferencias directas del Tesoro, que hoy le permite a Milei borrarlo de un plumazo.

Durante los gobiernos kirchneristas, la agrupación celeste nacional enquistada en CTERA y los sindicatos provinciales fue abyecta colaboradora del ajuste K y la creciente precarización laboral dentro del sistema. La burocracia de CTERA fijaba los techos salariales en al paritaria nacional docente, sin cuestionar nunca la fragilidad del FONID como parte de los fondos discrecionales del Poder Ejecutivo. Es la misma burocracia que hoy reclama que se cumplan los porcentajes del presupuesto establecidos en la Ley de Financiamiento Educativo, otro instrumento legal sancionado para derrotar la lucha docente en 2005, pero que dejó pasar su incumplimiento sistemático por todos los gobiernos anteriores.

Los que hicieron de la Carpa Blanca el emblema de campaña de De la Rúa, finalmente se subieron al carro del Frente de Todos. Hoy, con Yasky de diputado por el kirchnerismo, Baradel de funcionario de hecho de Kicillof en Buenos Aires, y la celeste como gran mediación, la burocracia de CTERA ha logrado sobrellevar una profunda crisis de dirección. Ahora Milei pasa su motosierra sobre el FONID y el fondo compensador, poniendo a la burocracia sindical docente frente al espejo de su propia responsabilidad.

Saquemos lecciones para organizar una oposición sindical revolucionaria en CTERA

Este derrotero de la burocracia explica en parte por qué la lucha docente en estos años se dispersó en el paralelismo o recurrió a desbordes por fuera de los sindicatos a través de autoconvocatorias. Hubo avances en la recuperación transitoria de seccionales y sindicatos, pero las enormes experiencias de lucha en estos 40 años de democracia, destacando San Juan y Jujuy recientemente, no pudieron consolidarse en recuperación de sindicatos y en la disputa por la dirección nacional. Hay un balance pendiente entre las tendencias antiburocráticas y la izquierda, que necesitamos saldar para forjar una oposición nacional que pueda ponerse a la cabeza de la lucha por derrotar el ataque de Milei y los gobernadores, donde la independencia de clase es la base programática fundamental.

El DNU y los proyectos de prohibir el derecho de huelga en educación (declarándola servicio esencial), la reforma educativa, laboral y los ítems salariales de productividad que impulsan Milei y los gobernadores, así como los ataques directos al salario docente y las jubilaciones, el deterioro brutal de las condiciones de vida de nuestros estudiantes y de las y los trabajadores de la educación de todo el país, nos ponen ante el desafío de imponer la convocatoria a un PARO EDUCATIVO NACIONAL y un plan de lucha sostenido. Si el FONID no existe, QUE TAMPOCO EXISTA NORMAL INICIO DE CLASES.

Impongamos la reapertura de paritarias nacional y provinciales, eligiendo en plenarios de delegados a nuestros paritarios, mandatados y revocables. Obliguemos a Milei y a los gobernadores a sentarse a discutir un salario inicial docente igual a la canasta familiar indexado a la inflación, con recomposición real de los básicos salariales. No podemos seguir tolerando que nuestro salario esté compuesto de adicionales, ítems en negro y bonos atados a la discrecionalidad del gobierno de turno. Si no hay plata para salarios, para salud y educación, que no haya plata para el FMI y los buitres.

La docencia desconfía con razón de la burocracia, y Milei ha usado a su favor este hartazgo, generando enorme confusión. Las agrupaciones y listas antiburocráticas que defendemos la independencia de clase, tenemos la tarea de combatir esta confusión, forjando una alternativa de dirección en abierta oposición a la burocracia responsable de esta situación. La reciente recuperación de la seccional capital en Córdoba, las seccionales antiburocráticas de SUTEBA, son herramientas que pueden preparar las condiciones para avanzar en saldar la crisis de dirección. Las seccionales recuperadas y las listas antiburocráticas y de la izquierda tenemos que darnos una instancia nacional de discusión, que clarifique ejes programáticos y un plan de acción común para poner en pie una oposición sindical revolucionaria que pueda forjar un nuevo activismo docente, recuperando las mejores experiencias de lucha y la confianza en la huelga, la ocupación de escuelas y reparticiones y la movilización.

Docentes de la COR

14/02/2024

El ítem aula triunfó.

Los docentes no faltan. Faltan docentes.

La campaña electoral está desatada y, otra vez, está la educación en el barro de la disputa. Fracasada la aventura presidencial de Cornejo, vuelve a disputar la gobernación de Mendoza embanderado en el ítem aula como emblema de su gestión, muestra números de la caída del ausentismo docente del 18% en 2016, al 5% actual, a partir de la imposición de este ítem de productividad, que duplica al preexistente adicional por presentismo. A este número agregan que el Estado se habría ahorrado $5460 millones de pesos entre 2016 y 2019 gracias a la reducción de reemplazos. ¿A dónde fue a parar ese supuesto ahorro? Porque la provincia de Mendoza, junto con CABA, está entre los distritos de mayor reducción presupuestaria en Educación.

Cambia Mendoza, y Cambiemos en CABA, hicieron de la presencialidad sin condiciones en pandemia, su caballito de batalla. Se volvió a la presencialidad con la misma carencia de preparación y recursos que hubo para enseñar de manera remota. “El hecho educativo” naufraga en escuelas sobrepobladas, que se caen a pedazos, estallan, o están atestadas de ratas. El gobierno del Frente de Todos pretendió disputar la bandera de la educación, extendiendo la jornada escolar en esas mismas escuelas, y dentro de la política general de ajuste brutal que el acuerdo con el FMI impone. En estas condiciones, la paritaria 2023 defendida por la burocracia de la Celeste Nacional en CTERA, y de sus sindicatos de base, le puso un techo de miseria al salario de referencia. El conflicto está instalado en las provincias donde la crisis de dirección de los trabajadores de la educación ha llevado al desborde de las conducciones y aparatos sindicales en procesos de lucha del activismo y sectores autoconvocados. San Juan, Misiones, La Rioja, Buenos Aires, y más recientemente Salta, desafían el techo salarial, e interpelan a las tendencias antiburocráticas a que asumamos la tarea de unificar las fuerzas dispersas y golpear unificadamente hasta romper la paz social electoral de la burocracia y los gobiernos nacional y provinciales. 

Los docentes no faltan. Faltan docentes.

En Mendoza, la situación es crítica. Los docentes no faltan, pero sí renuncian, o no se presentan a los llamados para cubrir horas y cargos. Este es el gran logro del gobierno del ítem aula, con la enorme colaboración de la burocracia peronista, la lista Azul Naranja, que conduce el SUTE y que firmó una paritaria de ajuste brutal sobre el salario. Un acuerdo paritario vergonzoso que reconoce el piso miserable nacional de 130.000$ al cargo, pero que baja a 110.000$ si el docente tiene doble cargo. En la Mendoza del ítem aula y la represión a la protesta obrera en las calles, el salario disminuye a mayor carga horaria, o mayor antigüedad. El resultado de este disciplinamiento y colaboración del sindicalismo peronista con el gobierno radical, es un reflujo provisorio de la disposición a luchar que mostró el sector en 2022, y la primacía de la salida individual frente al hundimiento del salario en educación.

Desde la oposición antiburocrática hemos impulsado la organización de las escuelas que defendimos en los plenarios el rechazo al acuerdo salarial de ajuste, organizando concentraciones en el sindicato e instancias de formación sindical en el gran Mendoza y en el Sur provincial. Desde la Lista Roja, junto a Tribuna Docente, COPLE, SITEA, vitivinícolas autoconvocados, la delegación Mendoza de Actores y otros sectores, estamos convocando a una Asamblea de Trabajadores, estatales y privados, ocupados y desocupados. Estamos convencidos que los trabajadores tenemos que poner en pie nuestras propias instancias de debate y decisión sobre cómo enfrentar la crisis. Mientras las coaliciones burguesas y sus acólitos en los sindicatos, pero también los frentes electorales de izquierda, pretenden que vayamos sumisos a votar quiénes serán los próximos gestores del ajuste, hay trabajadores que discutimos cómo intervenimos con nuestros métodos: asambleas, planes de lucha, paro general.

Necesitamos construir una posición de fuerza, para obligar al gobierno nacional y provincial a recomponer salarios, para tirar abajo los instrumentos de disciplinamiento como el ítem aula y las leyes contra la protesta social. Los tiempos de la campaña electoral no son los nuestros. Instalar en cada lugar de trabajo la convocatoria a la asamblea de trabajadores del 24/6, organizando asambleas y elaborando mandatos, serán una primera instancia para reagrupar a los sectores que estén dispuestos a preparar las condiciones para derrotar al gobierno del ítem aula en Mendoza, y al gestor del FMI en la nación.

RECHACEMOS EL TECHO SALARIAL.

IMPONGAMOS EL NO INICIO DE CLASES NACIONAL.

Mientras sobrecumplen los objetivos del acuerdo con el FMI, la paritaria nacional docente volvió a ser el instrumento oficial para fijar una pauta de aumento salarial a tono con el ajuste: 60% anual. La mesa que priorizan las conducciones sindicales no es la paritaria, más pendientes de la definición de la interna del Frente de Todos de cara a las elecciones nacionales y provinciales 2023.

El acta paritaria que celebra la burocracia de CTERA, UDA, SADOP, AMET y CEA, con fecha 17/2, tiene la caradurez de afirmar que el Salario Mínimo Docente Garantizado acumula dos años continuos de recuperación del poder adquisitivo “sobre la inflación”. Pero a la docencia no nos cierra esa cuenta. En diciembre 2022, el salario inicial se fijó en $90.338 mientras la canasta familiar estaba en $152.515, según datos oficiales. La conclusión es simple: el salario mínimo garantizado, es una garantía de pobreza.

La burocracia pretende asegurar el normal inicio de clases en un año electoral a cambio de elevar a $130.000 el techo salarial en marzo ´23, monto que incluye los adicionales FONID y Conectividad que paga Nación y que los gobernadores contabilizan en sus propuestas salariales. Ningún docente usa ese dinero para capacitación o conectividad. Con sueldos de miseria, esos adicionales tienen un carácter alimentario.

El ámbito de la paritaria nacional docente, no sólo se instala como espacio para fijar el techo salarial. La burocracia sindical, el ministro de educación y los representantes de los gobernadores, vienen avanzando en acuerdos marco que no son otra cosa que una reforma educativa y laboral. Sólo falta que cristalicen esa ofensiva en un Convenio Colectivo, compromiso que renovaron el 17/2, que sirva de instrumento para terminar de liquidar los estatutos del docente. En esta línea cocinan el respaldo sindical al proyecto de nueva ley de Financiamiento Educativo, que no sólo fija porcentajes de inversión en educación que no cumplen, sino que avanza en establecer un marco para modificar la estructura salarial, con bonificaciones y estímulos acordes a los lineamientos de la reforma educativa que cocina el Consejo Federal de Educación y los organismos internacionales de crédito.

Este próximo 24/2 están convocados los congresales de CTERA para “legitimar” la negociación, poniendo a votación, sin respaldo de la base, la aceptación o rechazo al acuerdo. Pero son varias las provincias en las que está fresca la experiencia de lucha y desborde a la burocracia de 2022, y la exigencia de recomposición salarial se expresa en las asambleas que complican las negociaciones en Tucumán, Neuquén, San Juan, Jujuy y CABA. Las seccionales recuperadas y las agrupaciones antiburocráticas tenemos la responsabilidad de impulsar en todas las asambleas escolares y plenarios mociones de RECHAZO al techo salarial propuesto en la paritaria nacional docente y la reforma laboral y educativa que contiene, y un repudio a los congresales levantamanos. Necesitamos un congreso nacional de delegados de base con mandato, que prepare el no inicio de clases 2023 llamando a un paro educativo nacional contra el techo salarial del 60% anual, por un aumento al básico y una recomposición salarial acorde al costo de vida.

La burocracia celeste en CTERA y sus acólitos enquistados en los sindicatos en las provincias, nos cuelgan el chaleco de plomo del ajuste para intentar mantener a flote una coalición peronista hacia las elecciones. Su crisis es tan grande, que ni siquiera en los distritos gobernados por Cambiemos van a dejar que los trabajadores hagamos olas. Es el caso del SUTE en Mendoza, donde la Azul Naranja de Sedano y Correa responde al lanzamiento de campaña a gobernador del padre del ítem aula, Alfredo Cornejo, con un inicio de clases sin paros.

Ninguna variante de conciliación de clases podrá llevar adelante una lucha consecuente por nuestras demandas. Tampoco debemos depositar confianza en que los mecanismos electorales de esta democracia para ricos sienten, después de octubre, en los poderes ejecutivos provinciales o nacional, a un nuevo gestor de los negocios capitalistas que esté dispuesto a hacer algunas concesiones a los asalariados. La tarea planteada es saldar una prolongada crisis de dirección de los trabajadores, forjar una dirección con independencia de clase que asuma la tarea de recuperar los sindicatos y expulsar a la burocracia. En esta perspectiva es que insistimos a la izquierda y las agrupaciones antiburocráticas en iniciar un proceso de debate programático y lucha común, que ponga en pie una oposición sindical revolucionaria. En ese camino, podemos impulsar plenarios regionales y nacionales de delegados de base mandatados, que organice el desborde a la burocracia, hasta romper sus techos salariales y el pacto de ajuste Gobierno-FMI.

Docentes de la COR

Trabajadores de la educación de todo el país discuten el impresionante proceso de lucha de la docencia sanjuanina. Una movilización por fuera de las estructuras sindicales, realizada el 25 de mayo para reclamar recomposición salarial, fue reprimida por la policía de Uñac. En respuesta, la docencia movilizó masivamente el 26 y 27 de mayo, parando las escuelas con un 70% de ausentismo. El impase de lunes 30/5 a miércoles 1/6 respondió al compromiso supuesto de analizar el petitorio de los autoconvocados. Presurosa la burocracia de UDAP, UDA y AMEP se reunieron con el gobierno y firmaron una recomposición salarial insuficiente y divisionista, a pagarse en 4 cuotas, el no descuento de los paros del 26 y 27/5 a cambio de la aplicación del criterio de día no trabajado/día no pagado, similar al ítem aula, a futuro.

Sin embargo, la docencia desbordó la maniobra de la burocracia sindical y las amenazas de descuentos y sanciones del gobierno de Uñac, paralizando las escuelas con un acatamiento del 90% el lunes 6/6, con importante adhesión de la docencia de las escuelas privadas y acompañamiento de otros trabajadores estatales también por fuera de la estructura sindical. La firmeza del paro y la movilización en toda la provincia obligó al gobierno a recibir a representantes de la docencia en lucha, pero la nueva propuesta del gobierno fue rechazada y las medidas de lucha se mantuvieron el martes 7 y miércoles 8/6. El pliego de reivindicaciones que unificó a la docencia en lucha exigía recomposición salarial en una sola vez, equiparación del salario a la canasta familiar, el no descuento de los días de paro, y exigía una respuesta escrita de puño y letra del propio gobernador. Uñac tomó cartas en el asunto, ante el fracaso de las mediaciones sindicales y políticas de su gobierno, a las cuales salió a rescatar comunicando la decisión del ejecutivo provincial de aumentar un 15% los salarios de junio, con impacto en el medio aguinaldo del 40% acumulado, y un compromiso de mantener el salario un 30% arriba del Salario Mínimo Nacional garantizado que fija la paritaria nacional docente. En cuanto a los días de paro, la situación aún está por resolverse, puesto que la ministra informó la revisión caso por caso. La lucha obligó al gobernador a involucrarse directamente, y mejorar por 3era vez su propuesta en menos de una semana. Si bien no se conquistó el pliego de reivindicaciones, puso en aprietos al gobierno y le dio a la docencia confianza en su capacidad de lucha.

La crisis de dirección
El conflicto en San Juan puso en evidencia la profundidad de la crisis de dirección que atraviesa a las y los trabajadores de todo el país. La burocracia de UDA, UDA y AMEP se sentó en la paritaria provincial, pero no pudo garantizar esta vez el disciplinamiento de las bases que las dejaron en el aire. Uñac salió al rescate de sus correas de transmisión entre los estatales, que tendrán una sobrevida gracias a la estatización de nuestras organizaciones, pero la crisis no está saldada. La tarea por delante es profundizar la experiencia de esta lucha para avanzar en la recuperación de los sindicatos, echando a la burocracia sindical, e imponiendo en lo inmediato la elección y revocabilidad de los paritarios, mandatados en plenarios. Estas tareas encaminarán a una docencia que empezó a mostrar su fuerza, a lograr sus reivindicaciones.

La crisis de dirección cruza a todos los sindicatos. Recientemente una elección con alta abstención le permitió a la rancia burocracia celeste de SUTEBA sostenerse en sus sillones, y desplazar con apoyo del aparato político del gobierno de Kicillof, de los intendentes, y maniobras fraudulentas, a la multicolor de la mayoría de las seccionales. El repudio al colaboracionismo de la burocracia, la firmeza de la huelga, la exigencia al gobernador de una respuesta directa, y el reclamo de un salario igual a la canasta familiar que orientaron a la docencia de San Juan tenemos que balancearlo en todo el país. No para intentar emular procesos inorgánicos, sino para orientar el accionar de las listas y activistas antiburocráticos desde los puntos de apoyo con los que contamos: las y los delegados escolares y los plenarios de delegados mandatados para imponer el curso de acción por nuestras demandas. Organizar el desborde a la burocracia, hasta romper el pacto de ajuste que negociaron Gobierno-FMI.

CTERA acuerda congelar salarios a niveles de indigencia

A nivel nacional, la burocracia de CTERA no emitió palabra alguna frente al conflicto sanjuanino, como tampoco respecto a la lucha de la docencia de La Rioja, o en respuesta al reclamo de los sindicatos de la Patagonia que exigen un paro nacional por salario. Este viernes 10/6 firmaron una revisión de la paritaria nacional docente que consolida el hundimiento del salario frente a la aceleración inflacionaria del primer semestre.

Es la mejor noticia que podían recibir los gobernadores que se niegan a reabrir paritarias que se cerraron en torno al 40 % en cuotas para todo el año, y que sólo deberán hacer pírricos ajustes hacia fin de año. Y nada dice respecto de la extensión de la jornada laboral, de los procesos de reforma laboral y persecución sindical que impulsan los gobernadores como Rodríguez Larreta atacando el estatuto y sancionando dirigentes.
El compromiso de un salario mínimo garantizado pactado por la burocracia de CTERA con el gobierno nacional y los representantes de los gobernadores se fijó en $68.400 a diciembre de 2022. Una provocación si tentemos en cuenta que la canasta familiar alcanzó en abril los $96.590 según el INDEC, o $154.134 según los trabajadores del INDEC. Este acuerdo de miseria salarial debe ser repudiado por las y los trabajadores de todo el país. Impulsemos en cada escuela asambleas y pronunciamientos de rechazo al acuerdo firmado.

Impongamos plenarios de delegadas/os de base mandatados para votar un PARO EDUCATIVO NACIONAL YA! Reapertura de paritarias nacional y provinciales, y paritarios electos y revocables por la base con un mandato claro: aumento al básico y salario inicial = canasta familiar por un cargo.

La militancia antiburocrática y las seccionales recuperadas, tenemos la responsabilidad de sacar lecciones y generalizar la experiencia de San Juan: organicemos un congreso antiburocrático de delegadas/os de base con mandato que organice el desborde a la burocracia de la Celeste nacional y sus variantes en los sindicatos de base.

Docentes de la COR

Paritaria Nacional Docente

Desentendida de los ataques que sufrimos los trabajadores de la educación en todo el país, la burocracia de las cinco entidades sindicales que se sientan en la paritaria nacional docente le dan luz verde al ajuste salarial que propone Perczyk.

Este 21 de febrero, en coincidencia con el inicio de clases garantizado por la burocracia del SUTE en Mendoza, y pese al paro de la docencia de CABA nucleada en Ademys, Alesso-Baradel-López por CTERA recibieron con gusto la pauta salarial enmarcada en los lineamientos que impone el preacuerdo con el FMI, y se disponen a aprobarla el próximo viernes 25 de febrero en el congreso de CTERA. El techo salarial es un nuevo aumento en cuotas del salario inicial, que pasaría de los $41250 actuales a:

-$50000 en marzo (reconociendo apenas 5% como recomposición salarial 2021),

-$53333 en junio,

-$56666 en agosto,

-$60000 en septiembre (con promesa de revisión).

Para que los magros salarios de bolsillo lleguen a esos montos, el incentivo docente pasará de $3907 en marzo a $7391.

Esta pauta salarial consolida el brutal desplome del salario docente que se viene profundizando en los últimos años. Con una canasta familiar cuyo valor oficial hoy supera los $80000, el escalonamiento que se dispone a aceptar la burocracia de CTERA, hunde a los trabajadores en la miseria.

La política de colaboración de la burocracia sindical con el gobierno de Alberto Fernández está allanando el camino tanto del ajuste que negocia Guzmán con el FMI, como a los planes de reforma educativa y laboral que se cocinan en el Consejo Federal de Educación y en las negociaciones, de espaldas a la base, de un nuevo convenio colectivo de trabajo docente que servirá de marco a nuevas modificaciones de los estatutos del docente en las provincias. Como venimos discutiendo, las políticas estatales de manejo de la pandemia en Educación avanzaron en la extensión e intensificación de la jornada laboral, la bimodalidad y la precarización laboral docente que se preparan a cristalizar en nuevas leyes.

En este marco nacional de ofensiva contra los trabajadores, las gestiones provinciales se envalentonan con paritarias que desconocen el atraso salarial 2020 (Salta 32%, Jujuy 20%, Tucumán 21%, Misiones 21%, etc.). Merece el alerta de todos los estatales del país, ofensivas como la del gobernador Suárez, de Mendoza, que pretende imponer un 2do ítem aula con un bono en negro condicionado al presentismo, ítem de productividad extorsivo que ahora quiere hacer extensivo al conjunto de los estatales.

IMPONGAMOS A CTERA EL RECHAZO A LA PROPUESTA

Este viernes 25/2 se reunirán los congresales de CTERA para validar la propuesta salarial de Alberto. Debemos impulsar asambleas en cada escuela, sacar pronunciamientos e impulsar una campaña que unifique nacionalmente la exigencia de una recomposición salarial real que permita recuperar todo lo perdido en el período anterior y el poder adquisitivo del salario.

Las seccionales y listas antiburocráticas tenemos el desafío de organizar la bronca que expresan las escuelas en un planteo claro de repudio al acuerdo del gobierno nacional con el FMI, porque aún no se firma y ya lo estamos pagando con pauperización, reformas laborales y tarifazo. Preparemos un plenario nacional de la oposición antiburocrática para reagrupar las fuerzas que, con independencia de clase, pueden disputarle a la burocracia conciliadora la dirección del conflicto.

No permitamos que los garantes sindicales del acuerdo con el FMI, se sienten en nuestro nombre a negociar: los paritarios nacionales debemos elegirlos en un congreso de delegados de base mandatados en cada escuela, y en esa instancia preparar un PARO EDUCATIVO NACIONAL hasta derrotar el ajuste, tirar abajo los planes de reforma educativa, laboral y previsional, y lograr todas nuestras demandas.

El cambio de conducción en el SUTE se formalizó en enero, en un acto con no más de veinte asistentes, vaciado por ganadores y perdedores. Pero a toda pompa, la conducción Azul Naranja del SUTE celebró este viernes 4/2 su triunfo electoral en las elecciones de diciembre pasado. Con la presencia de Baradel en representación de CTERA, entregaron presentes a referentes del Frente de Todos, como el legislador Ilardo, la intendenta Destéfanis y el jefe de ANSES Gallo, reconociendo sus generosas contribuciones en la campaña. El evento consagró la alineación de la “nueva” vieja conducción que encabezan Sedano-Membrives-Correa, con la política de la coalición de gobierno nacional, y su pata provincial que conduce Fernández Sagasti. Con Alesso a la cabeza en CTERA, la Celeste Nacional va a ir a fondo con lo que exige el Fondo.

Con el inicio de actividades escolares en marcha, las acciones de la conducción Azul Naranja se centraron en mostrarse conciliadores con la gestión provincial de Cambia Mendoza, dispuestos a habilitar el avance en el proyecto de reforma de la Ley de Educación Provincial que busca el gobernador, y anticipando un planteo de cara a las paritarias provinciales a tono con el ajuste que convalida la Celeste Nacional de CTERA en la paritaria nacional docente.

Un retroceso burocrático

El contundente triunfo de la Azul Naranja en las elecciones del SUTE, imponiéndose además en 14 de las 18 seccionales (4 quedaron en manos de otra expresión burocrática, la Celeste-verde) expresa un retroceso burocrático tras la experiencia de recuperación del SUTE por parte de un frente multicolor en 2017, que no sólo se explica por la caída en la participación electoral (-2000).

Hoy el SUTE vuelve a ser dirigido por las facciones de lo que fue la vieja Celeste en Mendoza, tras un período en que la conducción provincial y 6 de las seccionales más grandes fueran dirigidas por el FURS, previa experiencia en la seccional Godoy Cruz. Una mayoría de afiliadas/os le devuelve a la burocracia kirchnerista y pjotista el control del SUTE, luego de haber intentado otra orientación para revertir las profundas consecuencias de la derrota que significó el ítem aula y la crisis de la vieja celeste.

El FURS fue la apuesta de un arco heterogéneo de agrupaciones, desde la histórica lista Marrón, agrupamientos ligados a la izquierda en el FIT (9 de abril -PTS-, Tribuna Docente -PO-) y expresiones conciliadoras como la verde (ligada al PCR). Defendida por sus integrantes como un frente único independiente, no trascendió la condición de acuerdo electoral anti Celeste. No fue sólo la integración de la Verde (PCR) al Frente de Todos lo que melló su independencia de clase. Fue su programa de origen, carente de este principio, lo que la tornó una conducción vacilante ante las presiones de tendencias patronales, y sobre todo ante las presiones del estatismo en su propio programa. Pronto provincializaron su orientación, y plantearon como la única vía para hacer frente a las políticas del gobierno provincial de Cambia Mendoza (Cornejo y luego Suárez) el establecer acuerdos con las conducciones seccionales burocráticas. Así pusieron en pie una lista conjunta con la Celeste para las elecciones de miembros de los órganos colegiados (Juntas), la cual defendieron como un “frente único” necesario para poder ganarle la mayoría de las Juntas a las listas ligadas a la UCR. Sin embargo, el resultado de este triunfo, le regaló a la DGE aliados con quienes negociar, sin control de la base. Y sin defensa, frente a la ofensiva de la DGE sobre las Juntas y los sumarios contra algunos de sus integrantes.

Orientados por esta noción equivocada de frente único, al que dedicaron todos estos años tratando de unificar líneas con la AN y la Celeste en negociaciones que se discutían, no de cara a la base, sino en las reuniones de las conducciones de secretariado provincial y seccionales, terminaron señalando ante la base, que tantos unos como otros eran aliados válidos e imprescindibles para enfrentar el ajuste que sin tregua fue imponiendo el gobierno de Cambia Mendoza, a tono con las políticas nacionales del macrismo primero, y del Frente de Todos luego. La extensión de esta orientación, fueron los acuerdos de cúpula en el Frente de Unidad Sindical, con la burocracia de otros sindicatos estatales, versión burocrática con la que pretendieron sustituir la idea de congreso de delegados estatales de base mandatados. Al gobierno de Suárez no le costó nada quebrar ese acuerdo de cúpulas, aislando aún más al SUTE. El FURS se fue disgregando, perdiendo militancia y activismo, y, sobre todo, conexión con la base.

La propia impotencia e internismo a los que llevó esta orientación les servía de justificación para postergar indefinidamente cualquier discusión orientada a avanzar en cuestionar y preparar las condiciones para modificar las ligaduras a la sujeción estatal del SUTE recuperado. Nada se avanzó en el sentido de la reforma del estatuto sindical, profundamente burocrático, o en generar siquiera instancias de formación ideológica de delegados y trabajadores contra la injerencia del Estado burgués en las organizaciones obreras. La impronta de perspectiva de género, que reivindican como su mayor legado, estuvo marcada por la adaptación a la regimentación estatal de los sindicatos y la democracia burguesa en el protocolo de prevención y erradicación de la violencia de género que promovieron -enmarcado en lineamientos de la formulación realizada por la burocracia de CTERA- y que tuvo su punto cúlmine en el manejo burocrático de la denuncia contra el secretario general, Sebastián Henríquez, y su restitución en base a los argumentos de un fallo de la Justicia burguesa.

La imposición de la cuarentena los encontró profundamente fragmentados. La adaptación a la conducción estatal de la pandemia les dio una sobrevida como frente, pero acentuó la distancia con la base, atomizada y aislada. Si bien el gobierno logró imponer hasta hoy el congelamiento salarial y el ataque a las condiciones de trabajo (extensión e intensificación de la jornada laboral, etc.), las bases se rebelaron en 2020 contra la reforma educativa que quiso apurar el Director Gral de Escuelas, Thomas. El SUTE canalizó la lucha que se gestó desde las bases, pero no la dirigió, logrando la suspensión transitoria de la reforma.

El retorno a la presencialidad dejó en evidencia el curso de disolución del frente. Al postergado calendario electoral impuesto por el Ministerio de Trabajo, llegaron ya divididos. La Verde renovó su histórica alianza a la Celeste, y una discusión por lugares en las listas derivó en la presentación de Tribuna Docente (PO) en lista aparte del acuerdo Marrón-Bordó (PTS) que conservó el nombre FURS.

Instamos, sin respuesta, a las agrupaciones de izquierda y antiburocráticas a debatir en un plenario para poner en pie una propuesta de dirección que retome la tarea de la recuperación del SUTE con independencia de clase. Los trabajadores de la educación de la COR integramos la Lista Roja junto a delegados escolares y activistas independientes, presentando listas seccionales en Capital, Las Heras y Guaymallén, obteniendo arriba de 100 votos. Recorrimos las escuelas discutiendo la necesidad de organizar compañeras/os para una tarea que excedía por mucho la instancia electoral: fortalecer la organización en cada lugar de trabajo y la relación de las escuelas con el sindicato para enfrentar los planes de ajuste, reforma educativa y laboral que vienen de la mano del acuerdo del gobierno con el FMI y el pago de la deuda externa a los buitres. Militamos nuestro balance de la cuarentena, y la importancia de orientar la lucha por nuestras reivindicaciones salariales y laborales, así como por la democracia sindical y la organización de los trabajadores a partir de un programa de independencia de clase respecto de los intereses patronales y del Estado.

Nuestra intervención estos años en el SUTE, orientada con este programa, y nuestro cuestionamiento a la política estatal antiobrera para la pandemia nos permitió aglutinar activistas que hicieron su experiencia con el FURS, y sacaron sus conclusiones en la lucha en las calles, en los plenarios y escuelas. Compartimos el balance de que una política frentista sin independencia de clase puede permitir triunfos electorales circunstanciales, pero no permite dirigir desde los intereses de los trabajadores, ni preparar ninguna posición de fuerza que permita revertir un curso de debilidad de los trabajadores tras la derrota del ítem aula (de la que son responsables tanto la AN como la Celeste), mucho menos servir de base a un reagrupamiento que oriente la lucha contra la desorganización provincial y nacional de la clase trabajadora que garantiza la burocracia en pos de salvaguardar los intereses capitalistas.

Por una oposición sindical revolucionaria

Los pagos de la deuda a los buitres y el principio de acuerdo con el FMI, imponen al conjunto de la clase obrera una dolorosa hipoteca que es una sentencia de pauperización y sobreexplotación presente y futura. El balance de la orientación del FURS en el SUTE, que podemos extender a las experiencias de los frentes multicolores a nivel nacional, tiene que servir para dejar de perder tiempo valioso en buscar un ala del peronismo que pudiera jugar un papel progresivo en el enfrentamiento a las políticas antiobreras que pactan los partidos patronales para buscar una salida a la crisis a costa de las masas asalariadas.

Retomemos la experiencia de las asambleas y plenarios del activismo antiburocrático para preparar la disputa por la orientación de la discusión paritaria provincial y nacional en cada escuela y en los plenarios, contra la política de colaboración con el ajuste de Suárez y Alberto, de la Azul Naranja y la Celeste Verde. Pongamos en pie una oposición sindical con libertad de tendencias, un frente único con independencia de clase que milite en cada lugar de trabajo por un plan de lucha para conquistar recomposición salarial real, condiciones de trabajo, el control de OSEP, y la derrota de la reforma educativa. Imponer el no inicio de clases y convocar a unificar en un paro provincial de todos los sectores de trabajadores contra la miseria salarial y las políticas de ajuste, hasta tirar abajo el acuerdo con el FMI y los buitres.

No iniciamos! PARO NACIONAL EDUCATIVO

Afirmaron que la vacunación del personal escolar no era requisito para la presencialidad porque no había vacunas suficientes, mientras se acovachaban las vacunas para los funcionarios y amigos del poder de turno. El gobierno del Frente de Todos ya no puede hablar de presencialidad cuidada, porque sólo se cuidan entre ellos.

Si se cumplen los protocolos, el inicio de clases “está garantizado”, dijo el ministro de hecho, Roberto Baradel, cabeza de SUTEBA y Secretario adjunto de CTERA. Es el papel que juega la burocracia garantizando la ofensiva unificada de Alberto y todos los gobernadores, contra los trabajadores de la educación. Forzar la presencialidad escolar ha unificado a todo el arco político en una unidad burguesa sin grieta para el objetivo común de preparar la pospandemia a costa de los trabajadores.

Los acuerdos tejidos en la gira de Trotta por las provincias, se cristalizaron en las resoluciones del Consejo Federal de Educación, con la venia de CTERA. Los nuevos “protocolos” nacionales que tanto defiende la burocracia Celeste, son una verdadera reforma laboral docente, avanzando en regular lo que se impuso de hecho durante la cuarentena: flexibilización horaria, aumento e intensificación de la jornada laboral, multiplicidad de tareas, bimodalidad, etc. Sin haber invertido en infraestructura escolar ni en implementos de sanitización, los protocolos avanzan en responsabilizar de posibles contagios en las escuelas al propio personal, a la par que limita a su mínima expresión la dispensa a quienes son población de riesgo. La presencialidad se impone bajo extorsión: amenazan a padres y estudiantes con la pérdida de banco; amenazan a exceptuados con no permitirles tomar cargo o suplencias; amenazas de cierre de cursos.

Abajo la presencialidad negociada por Alberto, los gobernadores y CTERA

La Celeste entregó las condiciones para la vuelta a la presencialidad una semana antes del inicio de la paritaria nacional docente. La discusión de un piso salarial que empate a la inflación es delirante tras el desfasaje entre el salario real y el valor de la canasta familiar en todo el país. Los gobernadores apuran los cierres de acuerdos, con colaboración de la burocracia que maniobra plenarios virtuales o directamente firma sin consultar como en San Juan, rechazados por la docencia que se moviliza por una recomposición real de sus salarios de indigencia. Los sectores que dieron batalla en plena cuarentena contra el congelamiento salarial y por el atraso en los pagos, como Misiones, Tucumán, Chubut, Mendoza, CABA, Buenos Aires, Neuquén, debaten y preparan el no inicio de clases. Nacionalicemos estos procesos de lucha. Contra la burocracia celeste y sus aliados en los gremios de base y en CTERA, impulsemos un PARO EDUCATIVO NACIONAL.

Necesitamos darnos condiciones para tener asambleas presenciales, por unidad de trabajo, preparando plenarios de delegados de base con mandato que deliberen y resuelvan un pliego de reivindicaciones sobre las condiciones que necesitamos imponer para reabrir las escuelas. Saquemos lecciones de la experiencia internacional de recuperación de los métodos obreros, como la huelga, para imponer cierres ante la ausencia de condiciones seguras, como en Italia y EEUU. Pongamos en pie instancias de discusión con las organizaciones estudiantiles, interpelando a los estudiantes a elegir sus representantes para formar comités de higiene y seguridad conjuntos por escuela, con delegados específicos para esa tarea que designemos los trabajadores de la educación. Debemos instituir estas instancias ya, como fortalecimiento de la organización sindical en cada lugar de trabajo, reforzando el accionar de delegados mandatados de cada escuela de cara a preparar un no inicio de clases.

No puede haber retorno a las aulas sin recomposición salarial de todo lo perdido en el período anterior. No podemos aceptar volver a las aulas, sin un plan serio de vacunación ni inversión en implementos sanitarios e infraestructura. Llevemos a las mesas paritarias nacional y provinciales, nuestro pliego de reivindicaciones exigiendo la reapertura de los cursos y turnos cerrados, la reincorporación de todos los trabajadores dados de baja, e indicando las reparaciones y cantidad de escuelas que hacen falta. Exijamos la creación de cargos y horas para la atención de grupos reducidos, y la titularización masiva de todos los trabajadores: basta de precarización, ingreso único al sistema educativo. No podemos aceptar volver al aula, en base a la extorsión del descuento y el ítem aula.

No permitamos que los que actúan como ministros de educación ad hoc, sean quienes nos representen en la mesa de negociación. Son los que vociferan contra la campaña de la oposición patronal, pero de un lado y otro de la General Paz garantizan los planes del gobierno a espaldas de los trabajadores. Elijamos y mandatemos en plenario, a nuestros delegados paritarios, nacionales y provinciales. Las seccionales y sindicatos recuperados pueden jugar un rol central en forjar una nueva dirección de los trabajadores de la educación. Para ello, es imprescindible que rompan los acuerdos con las corrientes de colaboración de clases con las que pusieron en pie las multicolores.

Reagrupemos al activismo a nivel nacional en una oposición sindical a la Celeste y sus colaboradores, que oriente su accionar con un programa de independencia de clase. La crisis de dirección de los estatales es brutal. La descomposición de nuestras organizaciones sindicales por la sujeción a la regulación estatal y por la política conciliadora de la burocracia, nos interpela a recuperar los sindicatos, superando los límites que tuvo la experiencia anterior de frentes anti celestes. Necesitamos una oposición sindical revolucionaria, que dispute la dirección del conflicto, poniéndose a la cabeza de la preparación del NO INICIO EDUCATIVO NACIONAL, organizando desde las bases un plan de lucha que nos devuelva la iniciativa a los trabajadores.

El jueves 17/9, el Director General de Escuelas de Mendoza, José Thomas, presentó en el Consejo General de Educación su proyecto de ley de Educación Pública. Con el argumento de cumplimentar la adecuación de la normativa provincial a la Ley Nacional de Educación, puesto que la ley provincial actual, la N° 6970, se enmarca en la derogada Ley Federal. El 18/9, la DGE emitió un memorándum para todas las escuelas, donde declama “Que la pandemia no paralice el debate”, sin embargo, la pandemia es la excusa del gobierno de Mendoza para no abrir las paritarias ni debatir con el sindicato docente tanto los reclamos salariales como no salariales, de condiciones de trabajo y de gastos de conectividad, enteramente descargados sobre trabajadores y estudiantes.

La promesa vacía de un amplio y democrático proceso de debate del proyecto de ley, incluye un “congreso pedagógico virtual” donde sólo hablarán expertos a sueldo del gobierno, mientras los docentes sólo tenemos una dirección de correo electrónico para enviar nuestra opinión, ya genera el rechazo de las escuelas. Con la restricción del Ministerio de Trabajo nacional que prohíbe el funcionamiento sindical de base, la arbitrariedad provincial para imponer fase 1 intermitentes, en el séptimo mes de trabajo domiciliario 24 x 7 impuesto a los docentes, está claro que los trabajadores de la educación no somos los interlocutores del Thomas en este debate. Al punto que las 29 escuelas de educación artística vocacional de la provincia, tomaron conocimiento de que el borrador no prevé su existencia, completando el ataque iniciado bajo la gestión Cornejo, el cual fue resistido por un proceso de lucha que tuvo su punto más álgido en la toma de la junta calificadora.

La reforma educativa fue la LEN, esto es una reforma laboral

La estructura y modalidades del sistema, la municipalización y descentralización, la apertura al arancelamiento, las evaluaciones de calidad educativa, la continuidad de la educación privada y confesional, el desfinanciamiento sostenido, la apertura del sistema educativo público al festival de negocios de las grandes empresas de tecnología digital, internet y comunicación, ya están instituidas en la LEN 26206 que tanto defiende el kirchnerismo, y que ningún sector de la oposición burguesa cuestiona. Al contrario, con total consenso, vienen implementando sus lineamientos en el consejo federal de educación desde 2006 en adelante, plan maestro y secundaria 2030 mediante.

Este proyecto de ley provincial recoge la tarea inconclusa de la Ley Federal y pendiente con la LEN: avanzar sobre el convenio colectivo del sector, el estatuto del docente. El proyecto de Thomas lo dice explícitamente en su artículo 142, como una tarea unilateral del director general de escuelas, excluyendo de dicho proceso cualquier instancia de negociación colectiva.

Enteramente encuadrado dentro de la Ley Nacional de Educación 26206, que modificó la estructura del sistema educativo que había establecido la Ley Federal menemista, pero manteniendo sus principios rectores, este proyecto de ley provincial, es su complemento de reforma laboral. Establece las bases normativas para:

-eliminar el derecho de huelga, al contraponer los derechos docentes con los derechos de los niños;

-eliminar la “libertad de cátedra” y restringir la libertad de expresión de los docentes (y estudiantes);

-modificar el régimen de ingreso, movimientos y estabilidad en el cargo, condicionándolos a resultados de los estudiantes en operativos de evaluación y otras variables (también contempladas en la LEN);

-modificar el régimen salarial, atando la remuneración a criterios de desempeño y evaluación personal, institucional y de los logros de los estudiantes en los operativos de evaluación;

-imponer la bimodalidad (presencial/virtual).

Este punteo no exhaustivo, señala algunos ejes del “espíritu” de la ley que se materializarán en la modificación posterior del Estatuto del Docente, y en leyes específicas para niveles y modalidades del sistema, y la creación de un instituto provincial de evaluación educativa, etc., que ya anticipa este proyecto. Es central entender que NO SE PONE A DISCUSIÓN UNA REFORMA EDUCATIVA, SINO UNA REFORMA LABORAL. Esta ofensiva busca cristalizar en una ley, una nueva relación de fuerzas impuesta por el Estado como patronal, a partir de la derrota que significó el ítem aula.

Cristalizar en ley el régimen laboral del ítem aula

La imposición del ítem aula en 2016 constituyó una fuerte derrota para los trabajadores de la educación. Este adicional de productividad impuesto por ley, estableció un doble presentismo que castiga salarialmente la adhesión a la huelga. No se ha logrado aún revertir este golpe, lo cual se expresa en que los mandatos de paro no lograron, desde entonces, el número suficiente para su votación en plenario del SUTE.

La crisis de dirección en el sindicato, conducido por un frente multicolor sin delimitación de clase que abarca incluso a una tendencia que integra el Frente de Todos (PCR), y sumido en una fuerte tensión interna; el rol de la vieja burocracia celeste, dividida en dos listas pero unificadas en la defensa de la tregua de CTERA a Alberto y la colaboración de clases con el ajuste en curso, ha sido claramente leído por el gobierno de Suárez, que busca cristalizar esta nueva relación de fuerzas en una normativa que siente las bases para el desarme conquistas del sector e imponga un nuevo régimen laboral basado en la flexibilidad e inestabilidad laboral, la remuneración variable según productividad, y elimine las instancias de negociación colectiva de las condiciones de trabajo y concursos.

Esta ofensiva no es una acción aislada. Forma parte de una tendencia internacional que, ante la crisis estructural del capitalismo desatada en 2008, ha llevado a los gobiernos burgueses a buscar imponer otra relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, mediante reformas laborales, previsionales, educativas. Lo vimos en casi toda América Latina, con hitos en el ataque al magisterio mexicano que impuso a sangre y fuego Peña Nieto, o la “escuela sin partido” de Bolsonaro y su ofensiva privatista. La pandemia ha sido un acelerante de estos procesos, pero también del estallido de las contradicciones irresueltas de la política capitalista de salida a la crisis y de manejo de la pandemia. Los crímenes raciales de la policía yanqui, levantaron una ola de protestas masivas, que calaron hondo en los sindicatos docentes que luchan por la expulsión de la policía de las escuelas, y de los sindicatos policiales de las centrales. Así también, mediante huelgas enfrentan la orden unilateral de los gobiernos de volver a la presencialidad en medio de la pandemia.

Estos métodos y tareas programáticas, debemos discutir en las asambleas escolares y plenarios, y dar la pelea ideológica y programática porque el SUTE y los sindicatos y seccionales recuperados, se pongan a la cabeza de una campaña por la expulsión de los sindicatos policiales de la CTA. Por imponer a CTERA un paro general educativo por la reapertura de paritarias nacional y provinciales, y para frenar los intentos unilaterales de Larreta y demás gobernadores de imponer la vuelta a la presencialidad sin condiciones de higiene y seguridad.

ABAJO LA REFORMA LABORAL DOCENTE DE SUÁREZ

El gobierno de Suárez, aprovecha la cuarentena como medida de control exacerbado de la población, para tratar de recuperar la iniciativa política tras la derrota en las calles que significó la lucha por el agua en diciembre pasado. Su proyecto de reforma constitucional y su plan de reforma laboral docente, se inscriben en ese objetivo de intentar fortalecer el aparato estatal de cara a los procesos más críticos del ajuste por venir en el marco de la negociación de la deuda pública provincial, y a nivel nacional con el FMI.

Es central plantear con claridad el rechazo a este proyecto de reforma laboral. Derrotar la ofensiva de Suárez, NOS PONE ANTE EL DESAFÍO DE LEVANTAR A LAS ESCUELAS CONTRA EL ÍTEM AULA, por ello impulsamos de cara a los plenarios de delegados, mandatos de paro educativo y de congreso provincial de delegados de base, para preparar un plan de lucha provincial con el conjunto de los estatales hasta forzar a Suárez a retirar el proyecto de ley, y a reabrir paritarias.

En repudio a la agresión a Corina De Bonis

Por justicia para Sandra y Ruben

VAMOS AL PARO NACIONAL

A horas de una nueva jornada de paro nacional de CTERA, es atacada, secuestrada y torturada Corina De Bonis, docente en lucha del CEC 801 de Moreno. Este ataque cobarde merece la respuesta unificada del conjunto de la clase trabajadora.

Las escuelas del distrito de Moreno llevan más de 30 días sin clases, tras el asesinato laboral de Sandra Calamaro y Rubén Rodríguez en la explosión ocurrida en la escuela 49. Los trabajadores de la educación de Moreno se mantienen organizados para asistir alimentariamente a los estudiantes de sus escuelas, realizando ollas populares de denuncia del grave deterioro de la infraestructura escolar y la gravedad del ajuste presupuestario y salarial del gobierno de Vidal y los intendentes. Hoy aparace Baradel, y se pone frente a los micrófonos tras el ataque a Corina, pero las compañeras han sostenido la lucha en Moreno, aisladas, y resistiendo las amenazas de las patotas y grupos de tareas sucias de la política distrital.

Este jueves 13/9 vamos a paro nacional en solidaridad activa con Corina, por justicia para Sandra y Rubén. Exigimos a CTERA un congreso nacional de emergencia, de delegados escolares de base y mandatados. Que delibere y resuelva un plan de lucha sostenido hasta tirar abajo el acuerdo de Macri-gobernadores y el FMI! Basta de ajuste y despidos!

Corriente Obrera Revolucionaria

12/9/18