El 14 de noviembre somos llamados a ir a las urnas para votar diputados nacionales y, en algunos distritos, senadores nacionales. Estas elecciones se dan en un escenario muy complicado para la coalición gobernante, después de perder en las PASO gran caudal de votos, lo que expresó el descontento de grandes sectores de masa con las políticas del gobierno.
El gobierno de Fernández ha intentado, después del caótico cambio de gabinete, revertir en parte la derrota de las PASO con una batería de medidas que la prensa ha denominado “el plan platita”: inyectar dinero a la calle para que se dinamice la economía post pandemia y permita cambiar el humor social. Aplican viejas recetas, como el congelamiento de precios, más cepo al dólar y otras medidas en la idea de contener la inflación. Pero nada de esto les está dando resultados, ya que la crisis política de las distintas fracciones que componen la coalición impide actuar de forma centralizada y eso hace que las medidas que ya de por sí son erradas, carezcan de peso político.
Ante la situación caótica de un gobierno que pierde gobernabilidad, gran parte del régimen político ha lanzado la línea de unidad burguesa para sostener los dos años que le quedan a Fernández y preparar una transición ordenada para el 2023. Todo este plan emana de la necesidad de acuerdo con el FMI y la hoja de ruta que plantee este organismo imperialista para la situación argentina. En este plan, gran parte de la oposición burguesa, los empresarios y la burocracia sindical acuerdan. Pero para que este plan funcione deben derrotar a los trabajadores y las grandes masas e imponer un ajuste aun mayor del que vienen aplicando, una reforma laboral, previsional y tributaria que permita garantizar el pago de la deuda externa y facilitar las inversiones extranjeras.
En estos días vemos que los K se pintan la cara, diciendo que defienden al pueblo y que no van a pagar la deuda. En realidad están negociando en un escenario de unidad burguesa el futuro de su fracción, ya que por ser una casta privilegiada que se solventa con el Estado, sin el poder estatal, corre peligro su futuro como corriente política, lo demás es para mantener activa a la tropa.
Por eso, sostenemos que no va a ser en las elecciones y en el Congreso donde se van a dirimir las relaciones de fuerza entre clases antagónicas, sino en el enfrentamiento en los lugares de trabajo y en la organización de los sectores ocupados y desocupados que enfrenten al gobierno y sus cómplices. Impulsemos un Congreso de delegados de base con mandato que prepare la lucha para que no seamos los trabajadores los que paguemos la crisis.
Llamamos a votar en blanco, también como una lucha política al FITU que ha privilegiado un diálogo con la opinión pública y sus demandas y no un programa que exprese las tareas de los revolucionarios ante la pandemia y la crisis mundial.