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El ítem aula triunfó.

Los docentes no faltan. Faltan docentes.

La campaña electoral está desatada y, otra vez, está la educación en el barro de la disputa. Fracasada la aventura presidencial de Cornejo, vuelve a disputar la gobernación de Mendoza embanderado en el ítem aula como emblema de su gestión, muestra números de la caída del ausentismo docente del 18% en 2016, al 5% actual, a partir de la imposición de este ítem de productividad, que duplica al preexistente adicional por presentismo. A este número agregan que el Estado se habría ahorrado $5460 millones de pesos entre 2016 y 2019 gracias a la reducción de reemplazos. ¿A dónde fue a parar ese supuesto ahorro? Porque la provincia de Mendoza, junto con CABA, está entre los distritos de mayor reducción presupuestaria en Educación.

Cambia Mendoza, y Cambiemos en CABA, hicieron de la presencialidad sin condiciones en pandemia, su caballito de batalla. Se volvió a la presencialidad con la misma carencia de preparación y recursos que hubo para enseñar de manera remota. “El hecho educativo” naufraga en escuelas sobrepobladas, que se caen a pedazos, estallan, o están atestadas de ratas. El gobierno del Frente de Todos pretendió disputar la bandera de la educación, extendiendo la jornada escolar en esas mismas escuelas, y dentro de la política general de ajuste brutal que el acuerdo con el FMI impone. En estas condiciones, la paritaria 2023 defendida por la burocracia de la Celeste Nacional en CTERA, y de sus sindicatos de base, le puso un techo de miseria al salario de referencia. El conflicto está instalado en las provincias donde la crisis de dirección de los trabajadores de la educación ha llevado al desborde de las conducciones y aparatos sindicales en procesos de lucha del activismo y sectores autoconvocados. San Juan, Misiones, La Rioja, Buenos Aires, y más recientemente Salta, desafían el techo salarial, e interpelan a las tendencias antiburocráticas a que asumamos la tarea de unificar las fuerzas dispersas y golpear unificadamente hasta romper la paz social electoral de la burocracia y los gobiernos nacional y provinciales. 

Los docentes no faltan. Faltan docentes.

En Mendoza, la situación es crítica. Los docentes no faltan, pero sí renuncian, o no se presentan a los llamados para cubrir horas y cargos. Este es el gran logro del gobierno del ítem aula, con la enorme colaboración de la burocracia peronista, la lista Azul Naranja, que conduce el SUTE y que firmó una paritaria de ajuste brutal sobre el salario. Un acuerdo paritario vergonzoso que reconoce el piso miserable nacional de 130.000$ al cargo, pero que baja a 110.000$ si el docente tiene doble cargo. En la Mendoza del ítem aula y la represión a la protesta obrera en las calles, el salario disminuye a mayor carga horaria, o mayor antigüedad. El resultado de este disciplinamiento y colaboración del sindicalismo peronista con el gobierno radical, es un reflujo provisorio de la disposición a luchar que mostró el sector en 2022, y la primacía de la salida individual frente al hundimiento del salario en educación.

Desde la oposición antiburocrática hemos impulsado la organización de las escuelas que defendimos en los plenarios el rechazo al acuerdo salarial de ajuste, organizando concentraciones en el sindicato e instancias de formación sindical en el gran Mendoza y en el Sur provincial. Desde la Lista Roja, junto a Tribuna Docente, COPLE, SITEA, vitivinícolas autoconvocados, la delegación Mendoza de Actores y otros sectores, estamos convocando a una Asamblea de Trabajadores, estatales y privados, ocupados y desocupados. Estamos convencidos que los trabajadores tenemos que poner en pie nuestras propias instancias de debate y decisión sobre cómo enfrentar la crisis. Mientras las coaliciones burguesas y sus acólitos en los sindicatos, pero también los frentes electorales de izquierda, pretenden que vayamos sumisos a votar quiénes serán los próximos gestores del ajuste, hay trabajadores que discutimos cómo intervenimos con nuestros métodos: asambleas, planes de lucha, paro general.

Necesitamos construir una posición de fuerza, para obligar al gobierno nacional y provincial a recomponer salarios, para tirar abajo los instrumentos de disciplinamiento como el ítem aula y las leyes contra la protesta social. Los tiempos de la campaña electoral no son los nuestros. Instalar en cada lugar de trabajo la convocatoria a la asamblea de trabajadores del 24/6, organizando asambleas y elaborando mandatos, serán una primera instancia para reagrupar a los sectores que estén dispuestos a preparar las condiciones para derrotar al gobierno del ítem aula en Mendoza, y al gestor del FMI en la nación.

El jueves 17/9, el Director General de Escuelas de Mendoza, José Thomas, presentó en el Consejo General de Educación su proyecto de ley de Educación Pública. Con el argumento de cumplimentar la adecuación de la normativa provincial a la Ley Nacional de Educación, puesto que la ley provincial actual, la N° 6970, se enmarca en la derogada Ley Federal. El 18/9, la DGE emitió un memorándum para todas las escuelas, donde declama “Que la pandemia no paralice el debate”, sin embargo, la pandemia es la excusa del gobierno de Mendoza para no abrir las paritarias ni debatir con el sindicato docente tanto los reclamos salariales como no salariales, de condiciones de trabajo y de gastos de conectividad, enteramente descargados sobre trabajadores y estudiantes.

La promesa vacía de un amplio y democrático proceso de debate del proyecto de ley, incluye un “congreso pedagógico virtual” donde sólo hablarán expertos a sueldo del gobierno, mientras los docentes sólo tenemos una dirección de correo electrónico para enviar nuestra opinión, ya genera el rechazo de las escuelas. Con la restricción del Ministerio de Trabajo nacional que prohíbe el funcionamiento sindical de base, la arbitrariedad provincial para imponer fase 1 intermitentes, en el séptimo mes de trabajo domiciliario 24 x 7 impuesto a los docentes, está claro que los trabajadores de la educación no somos los interlocutores del Thomas en este debate. Al punto que las 29 escuelas de educación artística vocacional de la provincia, tomaron conocimiento de que el borrador no prevé su existencia, completando el ataque iniciado bajo la gestión Cornejo, el cual fue resistido por un proceso de lucha que tuvo su punto más álgido en la toma de la junta calificadora.

La reforma educativa fue la LEN, esto es una reforma laboral

La estructura y modalidades del sistema, la municipalización y descentralización, la apertura al arancelamiento, las evaluaciones de calidad educativa, la continuidad de la educación privada y confesional, el desfinanciamiento sostenido, la apertura del sistema educativo público al festival de negocios de las grandes empresas de tecnología digital, internet y comunicación, ya están instituidas en la LEN 26206 que tanto defiende el kirchnerismo, y que ningún sector de la oposición burguesa cuestiona. Al contrario, con total consenso, vienen implementando sus lineamientos en el consejo federal de educación desde 2006 en adelante, plan maestro y secundaria 2030 mediante.

Este proyecto de ley provincial recoge la tarea inconclusa de la Ley Federal y pendiente con la LEN: avanzar sobre el convenio colectivo del sector, el estatuto del docente. El proyecto de Thomas lo dice explícitamente en su artículo 142, como una tarea unilateral del director general de escuelas, excluyendo de dicho proceso cualquier instancia de negociación colectiva.

Enteramente encuadrado dentro de la Ley Nacional de Educación 26206, que modificó la estructura del sistema educativo que había establecido la Ley Federal menemista, pero manteniendo sus principios rectores, este proyecto de ley provincial, es su complemento de reforma laboral. Establece las bases normativas para:

-eliminar el derecho de huelga, al contraponer los derechos docentes con los derechos de los niños;

-eliminar la “libertad de cátedra” y restringir la libertad de expresión de los docentes (y estudiantes);

-modificar el régimen de ingreso, movimientos y estabilidad en el cargo, condicionándolos a resultados de los estudiantes en operativos de evaluación y otras variables (también contempladas en la LEN);

-modificar el régimen salarial, atando la remuneración a criterios de desempeño y evaluación personal, institucional y de los logros de los estudiantes en los operativos de evaluación;

-imponer la bimodalidad (presencial/virtual).

Este punteo no exhaustivo, señala algunos ejes del “espíritu” de la ley que se materializarán en la modificación posterior del Estatuto del Docente, y en leyes específicas para niveles y modalidades del sistema, y la creación de un instituto provincial de evaluación educativa, etc., que ya anticipa este proyecto. Es central entender que NO SE PONE A DISCUSIÓN UNA REFORMA EDUCATIVA, SINO UNA REFORMA LABORAL. Esta ofensiva busca cristalizar en una ley, una nueva relación de fuerzas impuesta por el Estado como patronal, a partir de la derrota que significó el ítem aula.

Cristalizar en ley el régimen laboral del ítem aula

La imposición del ítem aula en 2016 constituyó una fuerte derrota para los trabajadores de la educación. Este adicional de productividad impuesto por ley, estableció un doble presentismo que castiga salarialmente la adhesión a la huelga. No se ha logrado aún revertir este golpe, lo cual se expresa en que los mandatos de paro no lograron, desde entonces, el número suficiente para su votación en plenario del SUTE.

La crisis de dirección en el sindicato, conducido por un frente multicolor sin delimitación de clase que abarca incluso a una tendencia que integra el Frente de Todos (PCR), y sumido en una fuerte tensión interna; el rol de la vieja burocracia celeste, dividida en dos listas pero unificadas en la defensa de la tregua de CTERA a Alberto y la colaboración de clases con el ajuste en curso, ha sido claramente leído por el gobierno de Suárez, que busca cristalizar esta nueva relación de fuerzas en una normativa que siente las bases para el desarme conquistas del sector e imponga un nuevo régimen laboral basado en la flexibilidad e inestabilidad laboral, la remuneración variable según productividad, y elimine las instancias de negociación colectiva de las condiciones de trabajo y concursos.

Esta ofensiva no es una acción aislada. Forma parte de una tendencia internacional que, ante la crisis estructural del capitalismo desatada en 2008, ha llevado a los gobiernos burgueses a buscar imponer otra relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, mediante reformas laborales, previsionales, educativas. Lo vimos en casi toda América Latina, con hitos en el ataque al magisterio mexicano que impuso a sangre y fuego Peña Nieto, o la “escuela sin partido” de Bolsonaro y su ofensiva privatista. La pandemia ha sido un acelerante de estos procesos, pero también del estallido de las contradicciones irresueltas de la política capitalista de salida a la crisis y de manejo de la pandemia. Los crímenes raciales de la policía yanqui, levantaron una ola de protestas masivas, que calaron hondo en los sindicatos docentes que luchan por la expulsión de la policía de las escuelas, y de los sindicatos policiales de las centrales. Así también, mediante huelgas enfrentan la orden unilateral de los gobiernos de volver a la presencialidad en medio de la pandemia.

Estos métodos y tareas programáticas, debemos discutir en las asambleas escolares y plenarios, y dar la pelea ideológica y programática porque el SUTE y los sindicatos y seccionales recuperados, se pongan a la cabeza de una campaña por la expulsión de los sindicatos policiales de la CTA. Por imponer a CTERA un paro general educativo por la reapertura de paritarias nacional y provinciales, y para frenar los intentos unilaterales de Larreta y demás gobernadores de imponer la vuelta a la presencialidad sin condiciones de higiene y seguridad.

ABAJO LA REFORMA LABORAL DOCENTE DE SUÁREZ

El gobierno de Suárez, aprovecha la cuarentena como medida de control exacerbado de la población, para tratar de recuperar la iniciativa política tras la derrota en las calles que significó la lucha por el agua en diciembre pasado. Su proyecto de reforma constitucional y su plan de reforma laboral docente, se inscriben en ese objetivo de intentar fortalecer el aparato estatal de cara a los procesos más críticos del ajuste por venir en el marco de la negociación de la deuda pública provincial, y a nivel nacional con el FMI.

Es central plantear con claridad el rechazo a este proyecto de reforma laboral. Derrotar la ofensiva de Suárez, NOS PONE ANTE EL DESAFÍO DE LEVANTAR A LAS ESCUELAS CONTRA EL ÍTEM AULA, por ello impulsamos de cara a los plenarios de delegados, mandatos de paro educativo y de congreso provincial de delegados de base, para preparar un plan de lucha provincial con el conjunto de los estatales hasta forzar a Suárez a retirar el proyecto de ley, y a reabrir paritarias.