Libertad ya a Víctor da Vila y Martín Rodríguez

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• La comunidad organizada de Cornejo

  

  El “Acuerdo de Cooperación Social entre el Gobierno de Mendoza, cámaras empresariales y asociaciones sindicales” fue rubricado hoy por el gobernador Cornejo, cámaras patronales y Letard (Camioneros) y Márquez (UOM) por la CGT Regional Mendoza. Exultante, afirmó Cornejo: “aquí hay paz social” con el objetivo de “promover la producción y un clima laboral sin conflictos”. Ayer ya había anunciado el envío a la legislatura provincial de un proyecto de ley de adhesión al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) que logró Milei en el congreso. Ahora promete enviar a la Legislatura un proyecto de presupuesto 2025 con una baja de impuestos (ingresos brutos, sellados y tasas) para beneficio de los grandes empresarios.

  Cornejo asumió su segundo mandato como gobernador, con el objetivo de revertir la derrota popular que sufrió su pupilo Suárez cuando intentó avanzar en derogar la Ley 7722 (El agua de Mendoza es un negocio - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org)) que restringe la minería en Mendoza al prohibir el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en procesos mineros, a través de cualquier método extractivo. El masivo y heterogéneo movimiento social que repudió la reforma de la Ley 7722 que habían acordado radicales y peronistas en la Legislatura, fue la única derrota que sufrieron las sucesivas gestiones de Cambia Mendoza. Pero la derrota de Suárez y su reforma, no se tradujo en cambios en el statu quo del negocio del agua. Los propietarios de la tierra, grandes productores agrícolas, empresarios bodegueros, de la agroindustria e inmobiliarios siguieron controlando más del 80% del agua provincial (La disputa por el agua en Mendoza - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org).

  En estos años, las gestiones de Cambia Mendoza, con colaboración del peronismo y sus alas en la legislatura, los municipios y las conducciones sindicales, han logrado avanzar sistemáticamente en fortalecer el aparto represivo estatal, cristalizando un conjunto de normativas de disciplinamiento de la mano de obra y de la protesta, control de la calle, precarización e informalidad laboral con salarios paupérrimos. Estos logros son los que ahora Cornejo ofrece al capital imperialista como un valor a explotar: aquí hay paz social.

  Nuestro país transita un cambio en los pesos específicos de las fracciones burguesas dominantes, del campo a la energía y la minería (Vaca Muerta, litio, cobre). En esta transición, hay fracciones burguesas que pierden y otras que se imponen, los que perdemos siempre somos los trabajadores. Como parte de este proceso podemos ver la creciente concentración y extranjerización de la producción vitivinícola, el retroceso de la agroindustria alimenticia en Mendoza con el cierre de industrias icónicas como La Campagnola en San Martín (¡No al cierre de La Campagnola! ¡Reincorporación ya de los despedidos! - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org)), y recientemente La Colina en San Rafael como ejemplos. Procesos que han dejado el tendal de despidos. Así también podemos ubicar un nuevo caso de estatización de deudas privadas, saneamiento y venta a capitales yankis de IMPSA (IMPSA: otra vez rescatando al capital - Corriente Obrera Revolucionaria (cor-digital.org)).

  En esta tendencia, Cornejo y su “comunidad organizada” de cámaras patronales y burocracia sindical colaboradora, vienen avanzando en preparar las instituciones y normativas para ser socios menores de los capitales imperialistas en la expoliación de los recursos minerales y la extracción de plusvalía. A este objetivo se orientan el Plan Pilares, la actualización del Código de Procesamiento Minero, el Parque Industrial y de Servicios Pata Mora y la creación del Distrito Minero Malargüe Occidental. El Plan Pilares, desarrollado por el sector privado junto a la empresa Impulsa Mendoza Sostenible S.A. y la Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo), define cómo avanzar en explotar la minería en Mendoza, especialmente en lo que respecta al cobre. Para ello Cornejo sumó a Mendoza a la Mesa del Cobre, que ya integran San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca.

  Sin embargo, la “paz social” que vende Cornejo, la provincia de cuentas ordenadas, es puro humo. Esta misma semana, los trabajadores del petróleo vienen desarrollando un proceso de paralización de tareas denunciando el incumplimiento de acuerdos en el marco de la preservación de las dotaciones de personal y las remuneraciones frente al retiro de YPF de la explotación de yacimientos declinantes. Los trabajadores judiciales paralizaron semanas los Tribunales en reclamo de recomposición salarial en una provincia que dice tener las cuentas ordenadas, pero paga los peores salarios del país y negrea los salarios docentes evadiendo sus responsabilidades patronales con el sistema previsional y de obra social. Los trabajadores de la Salud provincial llevan adelante un nuevo plan de lucha por recomposición salarial y en contra de la reforma precarizante y privatizadora del sistema de salud pública. Los trabajadores vitivinícolas tienen empantanada la paritaria, denunciando que las grandes bodegas se resisten a recomponer los salarios de miseria e indigencia que pagan. Duermen en las calles de Mendoza cada vez más indigentes, y las colas para la asistencia alimentaria en comedores populares suma varias cuadras. Esta es la contracara de la “comunidad organizada” de Cornejo, con la que colabora la burocracia de la CTA y el SUTE, sin necesidad de firmar el pacto, pero sí siendo garantes de la paz social de la mayor masa de empleados de la provincia: los docentes.

  Frente a esta política antiobrera, de ajuste, pauperización y criminalización de la protesta, la izquierda, los movimientos piqueteros, las asambleas ambientales, y trabajadores antiburocráticos venimos resistiendo y desafiando en las calles el discurso de orden capitalista. Hemos enfrentando el código contravencional provincial, el protocolo antipiquetes de Bullrich y el plan Motosierra de Milei y los gobernadores. Defendemos y seguiremos movilizando hasta lograr la caída de todas las causas a compañeras/os por luchar.

  Lo que urge, es preparar las instancias para golpear con un solo puño y hacer saltar por los aires este pacto de paz social y colaboración de clases de la burocracia de la CGT con Cornejo y las cámaras patronales. En cada lugar de trabajo impulsemos pronunciamientos de repudio contra los dirigentes quienes, en nombre del movimiento obrero pero sin mandato alguno, pretenden atarnos de pies y manos para vendernos a la expoliación imperialista. Preparemos un congreso de delegados de base mandatados, de todos los sectores de trabajo, industria, servicios y estatales, para debatir y votar un plan de acción conjunta, UN PARO GENERAL contra los despidos, contra la reforma laboral y sus leyes represivas, por el desprocesamiento de todos los luchadores, y por una recomposición general de salarios para que ningún trabajador en Mendoza gane por debajo de la línea de pobreza.

  Con despidos, represión y salarios de miseria NO HAY NI HABRÁ PAZ SOCIAL.

• Repudiamos los nuevos allanamientos contra ATE en Río Cuarto

  

  En horas del mediodía de este martes 28 de mayo, la policía de Córdoba bajo órdenes del fiscal de Aragón allanó la sede de la seccional Río Cuarto de ATE y el domicilio del Secretario General del sindicato a nivel provincial, Federico Giuliani. Esto, luego de haber allanado el domicilio de los militantes de ATE Andrea Ferreyra y Carlos Rang la semana pasada en la misma ciudad. Y días después del despliegue represivo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad contra la movilización para repudiar la presencia de Milei en la ciudad de Córdoba el 25 de Mayo, en el marco de la cuál se registraron 14 herido y fueron detenidas e imputadas las docentes Nora Reynoso y Huayra Luciana Morón. La Córdoba burguesa, que el 25 de Mayo celebró el pacto patronal entre Llaryora y Milei y la orientación abiertamente antiobrera de sus gobiernos, cuenta en la justicia cordobesa y la policía provincial con espadas que vienen utilizando para amedrentar a los luchadores, reprimir las luchas por salarios y contra los despidos y garantizar el plan de ataque dictado por el FMI.
  El allanamiento de un local sindical es un hecho que escala el nivel de persecución contra nuestra clase, no lo podemos dejar pasar. El conjunto de las organizaciones obreras deben responder enérgicamente, no sólo pronunciándose en contra sino formulando un plan de lucha y un paro provincial para tirar abajo este plan nefasto que quieren imponer con represión. Es primordial organizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizar el aparato estatal. Impulsemos asambleas y un congreso de delegados de base con mandato para votar un programa obrero de salida a la crisis y organizar el paro provincial.

  ¡Fuera las manos del Estado y su justicia de nuestros sindicatos!

  Desprocesamiento y/o absolución de los luchadores obreros y populares.

  ¡Paro provincial, ya!

  COR - Regional Córdoba

• Solidaridad con los compañeros de ATE Río Cuarto Andrea Ferreyra y Carlos Rang

  

  El día viernes 17 de mayo, en la Ciudad de Río Cuarto, los compañeros Andrea Ferreyra, delegada de ATE por el Nuevo Hospital San Antonio de Padua, y Carlos Rang, delegado despedido del INAFCI (Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena), además docente de la Universidad de Río Cuarto y miembro del CDP – ATE Córdoba, sufrieron un allanamiento en su domicilio particular a cargo de la policía federal por orden del juez Carlos Ochoa. La justicia no ha aclarado los motivos de su accionar, pero se enmarca en la campaña de denuncia de los compañeros y sus organizaciones de la realización (frustrada) del Pacto de Mayo en nuestra provincia, un día después de un escrache de ATE a la Fundación Mediterránea y en el marco de una campaña orquestada por Milei y su gobierno contra los movimientos sociales para criminalizar a quienes se organizan para enfrentar su plan.
  
  Este repudiable accionar de la justicia burguesa, se explica únicamente como persecución y amedrentamiento a activistas, dirigentes y militantes que vienen enfrentando el feroz ataque del Estado nacional, provincial y municipal, que ya dejó a miles de trabajadores estatales en la calle.
  Otro caso intolerable de persecución política tuvo lugar el pasado 13 de mayo con el allanamiento a las organizaciones piqueteras en la provincia de Buenos Aires. A esto debemos sumar las persecuciones a repetición que se dan en nuestra provincia a manos de la justicia adicta al gobierno del peronismo y sus aliados, hoy encabezado por Llaryora y ayer por Schiaretti: 27 estudiantes judicializados por luchar, delegados y trabajadores del Molino Minetti condenados, dirigentes piqueteros elevados a juicio, junto al Secretario General de ATE Giuliani y al delegado Ricardo Barrionuevo del Hospital Tránsito Cáceres, por nombrar los casos más notorios.  
  
  La aceleración de la crisis y el avance de un gobierno cipayo del imperialismo yankee, nos obliga a organizar el enfrentamiento, confiar en nuestras propias fuerzas y ubicarnos como dirección alternativa ante la desorganización de la economía, la crisis política y social que estamos viviendo.
  
  Debe saber el gobierno, la justicia y las patronales que no vamos a dejar pasar este ataque. Es primordial organizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizar el aparato estatal.
  
  Desde la Corriente Obrera Revolucionaria (COR) nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de la compañera Ferreyra y del compañero Rang para impulsar las acciones y medidas que se definan para frenar esta persecución. Basta de ataques a los luchadores obreros y populares. Basta de represión. Por el derecho a huelga. Por un paro provincial, ya!

• La resistencia avanza, los pactos tambalean

  

  Mientras Milei festeja una recesión que va camino a una depresión, el índice de inflación de 8,8 % y un superávit fiscal dibujado a base del no pago de deudas y ajuste a los jubilados, los trabajadores sólo vemos el deterioro de nuestros salarios y una tremenda ola de despidos.

  En el parlamento se está discutiendo cómo se ordenan las distintas fracciones burguesas, cuál gana y cuál pierde, siempre continuando el ataque a nuestra clase. Nosotros debemos organizarnos, no sólo para rechazar estas leyes anti obreras, sino para ubicarnos como dirección alternativa a este desorden económico, político y social.

  Asistimos a un festival de lobistas berretas de semicolonia que intentan mantener sus negocios ante el avance de un gobierno que se alió al imperialismo y el capital financiero para modificar la forma de dominación en nuestros semi Estado y su relación con el imperialismo. Pero estos lobistas no actúan solos, sino que cuentan con la inestimable ayuda de la burocracia sindical para garantizar sus negocios, allí podrán encontrar a las direcciones de los sindicatos petrolero y minero (para nombrar algunos). negociando la explotación de Vaca Muerta y el litio. Otra parte de la burocracia sindical se desespera por vender caro su poder de contención y presión para mantener sus privilegios y su relación con el semi Estado, que le permiten sostener su poder de fuego. En todo este escenario queda claro que ninguna de estas variantes de la burocracia está defendiendo nuestros intereses como clase, sino que están permitiendo que sigan avanzando con el deterioro de nuestros salarios, de nuestras condiciones laborales y con la ola de suspensiones y despidos en todo el país.

  Pero la realidad es terca y no vamos a aceptar de forma pasiva el brutal ataque de los gobiernos nacional y provinciales. Así lo demuestran la lucha del Sindicato del neumático SUTNA ante los despidos; la lucha de los metalúrgicos en todo el país, con acciones importantes en Córdoba (por ejemplo, contra los despidos en algunas fábricas como WEG); la lucha generalizada de los trabajadores de Misiones, que salieron a confrontar con su gobierno ante los paupérrimos salarios docentes y de estatales. En esta provincia la policía aprovechó la situación para pedir aumento de sus haberes y cotizar mejor su rol de represores y fuerza auxiliar garante de la seguridad de los intereses capitalistas. Jamás la policía va a ser nuestra aliada, no son trabajadores.  Los trabajadores de Misiones, por sus acciones, tienen la autoridad de llamar a un paro nacional para que triunfen sus demandas y fortalecer todas las luchas que se están dando en el país contra los despidos y el ajuste y por la recomposición de los salarios.

  Lo único que tiene claro el gobierno es que tiene llevar adelante el ajuste a los trabajadores a toda costa, por eso inauguró su mandato con el “protocolo antipiquetes” y gasta millones en operativos de represión y amedrentamiento. El pasado 13 de mayo se realizaron violentos allanamientos a organizaciones piqueteras, en un claro acto de persecución política. Asimismo, el 17 de mayo se allanó el domicilio del dirigente de ATE Río Cuarto de Carlos Rang, un día después de que su organización realizara un escrache la Fundación Mediterránea. Tenemos que enfrentar estos ataques con lucha y organización.

  El empantanamiento de la aprobación de la “ley bases” en el Senado, la postergación del “pacto de mayo” y la aceleración de la crisis exige preparar los procesos de la lucha de clase para que golpeen en donde más le duele a la burguesía, que es en la producción, y que no sean desviados a la agenda parlamentaria con la idea de reforzar las instituciones del Estado.

  Demostramos nuestro potencial en el último paro y vimos cómo la burocracia al otro día ya se preparaba para negociar migajas. Más patético fue el rol del radicalismo después de la masiva marcha educativa, que se montó sobre esa masividad para negociar sus votos en el Senado por unos pesos más para la UBA. Mientras el PJ sigue con sus peleas internas y jugando al desgaste del gobierno para ganar tiempo y rearmarse para las próximas elecciones.

  Entramos a un escenario convulsivo con direcciones contrarrevolucionarias, por lo que una de las tareas centrales es recuperar nuestras organizaciones y expulsar a la burocracia de nuestras filas. Impulsemos un congreso de delegados de base con mandato que imponga un paro nacional de 36hs.; por la reincorporación de todos los despedidos; apertura de los libros de las grandes empresas para mostrar la falsedad de la crisis; por la reapertura de las paritarias y un aumento de salario igual a la canasta familiar.  Tenemos que ampliar las funciones de los sindicatos y llevarlos a que cumplan un rol más allá de los límites que les pone la burocracia, es decir, que levanten un programa transicional que prepare las condiciones para la lucha por el poder: ocupación de las fábricas, control obrero de ramas de producción, escala móvil de salarios y horas de trabajo. Estos elementos del programa transicional requieren que no sólo recuperemos los sindicatos, sino que pongamos en pie un partido revolucionario para centralizar las tareas en el camino de una revolución obrera y socialista y un gobierno obrero.

   

• Petroleros: avancemos hacia un paro nacional

  

  Una situación de tensión generalizada vive la industria en general y la industria petrolera en particular. Mientras se anuncian récords de producción en Vaca Muerta, YPF va hacia un proceso de retracción y desfinanciamiento en áreas de explotación históricas, dejando a una gran masa de asalariados ante la incertidumbre de la continuidad laboral. El Sindicato de Petróleo y Gas privado de Cuyo realizó un paro de 24hs este 20 de marzo, con alto acatamiento por parte de los trabajadores, afectando yacimientos, destilería y distribución, en tanto que la conducción de Camioneros declaró el estado de alerta y movilización por la situación en la rama.

  El plan motosierra del gobierno alcanza duramente al sector, con promesas de mejoras que nunca llegan,  intentando profundizar el  perfil exportador de crudo de la Argentina, que no es más que la reprimarización de la industria, para cumplir con las presiones que impone el FMI a través de la deuda, mientras miles de trabajadores ven peligrar su fuente de trabajo, y la inmensa mayoría de la clase padece aumentos de tarifas indiscriminados, con salarios cada vez más miserables.

  EN RETIRADA

  El 29 de febrero el directorio de YPF autorizó la retirada de la petrolera de 55 campos maduros, esto es que ya pasaron su pico de rendimiento, con el objetivo de relocalizar el grueso de sus inversiones en las zonas más productivas del Shale en Vaca Muerta, donde los costos operativos se reducen según indican en un 80%. El CEO de la empresa, Horacio Marin pretende la concesión de estas áreas a operadoras locales con “mayor eficiencia operativa”, pero sin dar ninguna garantía en cuanto a plazos y transiciones.

  En este marco se encuadra el reciente conflicto con la provincia de Chubut, en donde Ypf redujo su plan de inversión en unos 400 millones de dólares, desfinanciando zonas históricas del petróleo convencional y dejando librados a su suerte a miles de trabajadores, en una provincia fundamentalmente dedicada a la actividad; o como el caso de Mendoza, donde YPF amenaza con paralizar la actividad de la totalidad de los equipos de torre, cesanteando al personal a través de un mecanismo similar al utilizado en pandemia, el art 223 bis, por el cual los trabajadores quedan en domicilio cobrando solo un porcentaje de su sueldo. No hace falta recordar que este mismo mecanismo, significó una reducción brutal de las plantas de trabajadores, que incluso una vez finalizada la pandemia, en algunas zonas no pudo recuperarse a los mismos niveles prepandemia.

  El día martes 12/03 se reunieron en Buenos Aires representantes del Estado, las cámaras y las organizaciones gremiales para tratar la transición, pero no hubo acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio para el martes 19/03. Lo cierto es que la YPF avanza firmemente en su plan de readecuación financiera, luego de años de desinversión y desidia, y está a las claras que muy poco le interesa el destino de miles de trabajadores y sus familias.

  GESTAR LA ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA PARA ENFRENTAR EL AJUSTE

  Los trabajadores no debemos caer en la trampa de quienes aprovechan incertidumbre y la confusión para sacar provecho de la situación. No será, como se intentó en Chubut con el gobernador Torres capitalizando una histórica marcha de los sindicatos más importantes de la provincia, licuando todos los reclamos para finalmente terminar en un enfrentamiento testimonial por porcentajes de la coparticipación. Las conducciones sindicales intentan aislar los reclamos por región, estableciendo una diferencia entre zonas más productivas y menos productivas, negociando la forma de preservar la paz social, fraccionando a la clase, para terminar siendo furgón de cola de algún representante de la burguesía local.

  Las direcciones sindicales de petroleros negocian con YPF un esquema de cese de tareas temporal, a porcentaje fijo, no remunerativo, hasta sentarse con las potenciales nuevas operadoras. El resto de los trabajadores afectados, que están bajo convenio de UOCRA o UOM, quedan afuera de la discusión. La ventaja de la fragmentación y precarización laboral, una vez más, le sirve a las patronales para descargar los costos sobre nuestras espaldas, desorganizar y debilitar la capacidad de reacción de los trabajadores. Debemos convocar a un plenario nacional de delegados petroleros para, en concurso con compañeros de la UOM, UOCRA, Camioneros y demás organizaciones hermanas que operan en las áreas de la rama, discutir un plan de acción unificado que incluya un gran paro nacional de todo el sector energético, paralizando no solo la producción, sino las refinerías, las terminales portuarias, y los circuitos de distribución. Como paso inicial para un debate acerca de qué, cómo, dónde y para qué producir, y avanzar en la recuperación de los sindicatos, como herramienta política de los trabajadores. Los sindicatos y las organizaciones obreras tienen que tomar en sus manos el control obrero, como escuela de planificación de la producción para enfrentar el ajuste.

  Trabajadores de la rama Energía - COR