Por la absolución de Raquel Blas y Roberto Macho

Este martes 7 de Agosto, la Justicia Federal dictó sentencia contra los dirigentes de ATE Mendoza, Raquel Blas y Roberto Macho. Se les aplicó una condena condicional de 3 meses, en una causa en la que se los acusaba de cortar una ruta y realizar una asamblea en el ingreso al Aeropuerto de Mendoza junto a los trabajadores del Iscamen, en 2014. Dicha medida judicial implica un gravísimo antecedente en la avanzada de hechos de persecución, represión y judicialización contra dirigentes sindicales, organizaciones gremiales, activistas y referentes políticos de izquierda, por parte de los poderes del Estado burgués.

A esta avanzada de criminalización de la protesta, se suman nuevos procesos judiciales que comenzarán en las próximas semanas, esta vez vía el Poder Judicial provincial, contra los mismos dirigentes de ATE, dirigentes de SITEA y referentes del FIT por diferentes cortes y marchas realizados en el marco de jornadas nacionales de protesta de ATE y en el paro general de 2017.

Complementan esta ofensiva, las decenas de multas económicas impuestas por la Municipalidad de Mendoza contra sindicatos, partidos y organizaciones de izquierda. Las mismas se aplicaron para penalizar movilizaciones y cortes de calles. A este escenario crecientemente represivo, se agrega el proyecto de reforma del Código de Faltas impulsado por Cornejo y que tratará próximamente la Legislatura. El mismo establece la creación de nuevas penalidades, y el endurecimiento de las condenas. A nivel nacional, las multas millonarias impuestas por el Ministerio de Trabajo contra Camioneros y SUTEBA por desafiar las conciliaciones obligatorias, sumado a las intervenciones dispuestas contra diferentes sindicatos, en el caso de Mendoza, contra el SUTE por la seccional Guaymallén, interpelan a los sectores antiburocráticos a asumir la tarea de enfrentar el conjunto de leyes que estatizan los sindicatos.

La exigencia de absolución a Raquel Blas y Roberto Macho debe ser asumida por todas las organizaciones sindicales y políticas que asumen los intereses de la clase trabajadora. Se impone dar una respuesta centralizada desde las organizaciones de la clase obrera. Los sectores de la izquierda, combativos y antiburocráticos, debemos impulsar la realización de Congresos de Delegados de Base mandatados, superando la fragmentación de sindicatos y centrales. Donde se discuta la puesta en pie de un Plan de Lucha unificado para enfrentar el ajuste, y para terminar con la injerencia del Estado en las organizaciones obreras. Y que, para luchar contra la judicialización de la protesta, incluya la reivindicación de la absolución de todos los dirigentes, delegados y activistas condenados, y el desprocesamiento de todos los luchadores con causas judiciales abiertas. Sólo una respuesta organizada y centralizada desde las organizaciones de la clase trabajadora, podrá poner freno a la avanzada represiva del Estado burgués, de sus diferentes poderes, y del Gobierno de Macri y de los gobiernos provinciales.