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Este 27/8 se realizará una nueva Marcha Nacional contra el gatillo fácil. A un año y medio del comienzo de las medidas restrictivas de la cuarentena impuesta por el Gobierno Nacional, tenemos como resultado un centenar de muertos por las fuerzas de seguridad. Con la difusión de la festichola clande en Olivos, toda la oposición burguesa se despega, pero el año pasado unieron filas para garantizar el control territorial, sacando a la calle sus fuerzas represivas. Como resultado de esta política, la policía desapareció a Luis Espinoza y Facundo Castro, y tantos más fueron asesinados por las fuerzas de seguridad.

Fue por Facundo que hace un año salimos a las calles, desafiando las restricciones impuestas contra la protesta social, y denunciamos al gobierno nacional y provincial. Mientras los organismos de DDHH cooptados por el Estado y la militancia k, con guiño del centrismo, nos señalaban desde la virtualidad por movilizar y denunciar la responsabilidad del Estado en los casos de desapariciones y muertes en el marco de la pandemia.

Hoy en el escenario electoral tanto FdT como la oposición discuten cómo consolidar el brutal ajuste para pagar la deuda externa, y la desorganización que sembraron con las restricciones a las organizaciones de trabajadores y la juventud, y sobre esa base avanzar en aplicar las reformas laboral, educativa, previsional que exige el FMI. Complemento de ello es garantizar la impunidad de Berni y su bonaerense que desapareció a Facundo, de Massoni y la chubutense, de la gendarmería responsable de Maldonado, y la prefectura que mató a Rafael Nahuel. No hay grieta en la línea de fortalecer el aparato burocrático militar para afrontar los procesos de lucha que puedan darse.

Los trabajadores hemos enfrentado a las represiones, como en el frigorífico Penta, los trabajadores de la salud en puente Pueyrredón, los municipales en Mendoza, y más recientemente los trabajadores de la educación en Salta. Esta marcha del gatillo fácil tiene que permitirnos abrir en los lugares de trabajo y de estudio, un balance de la cuarentena como medida represiva para imponer el ajuste, porque los muertos y los desaparecidos los pone la clase trabajadora y la juventud empobrecida. Nos movilizamos este 27/8 convencidos de la necesidad de abrir entre los trabajadores y la juventud, una discusión que es internacional en nuestra clase, desde las inmensas acciones de masas contra la brutalidad policial hacia la población negra, la lucha de la juventud colombiana contra la represión del esmad y las batallas de la primera línea chilena contra los pacos genocidas. Las fuerzas represivas del Estado no pueden reformarse, ya que su rol es proteger los intereses de la burguesía. Es inadmisible la sindicalización de la policía porque no pertenecen a nuestra clase, no son trabajadores, son los garantes de la explotación y la ganancia de los capitalistas. Desde la COR pensamos que debemos fortalecer las instancias de organización de la juventud y los sindicatos con independencia de los partidos patronales, sostenemos que debemos luchar por la disolución de la policía y las fuerzas represivas.

Justicia por Magalí Morales, Facundo Castro, Santiago Maldonado y todos nuestros muertos y desaparecidos a mano de las fuerzas de seguridad. ¡Abajo la criminalización de la protesta y el procesamiento de los luchadores! Para lograrlo necesitamos retomar los métodos de nuestra clase. Los piquetes, la huelga y el paro son nuestras herramientas para enfrentar el avance en nuestras condiciones de vida, despidos, suspensiones, bajas de salarios, etc. En esta perspectiva la lucha contra el gatillo fácil es la lucha contra el Estado y sus verdugos.

El cuerpo hallado en Villarino el 15/8 pasado, es de Facundo Astudillo Castro. El EAAF confirmó su identidad, y su madre recibió hoy la información oficial de parte de la jueza, luego de soportar una nueva operación del aparato de la inmundicia policial/judicial/servicios y sus voceros a sueldo el lunes pasado.

Desde el 30/4 Cristina Castro busca a su hijo Facundo, señalando claramente la responsabilidad de la policía bonaerense en su desaparición forzada, la responsabilidad del Fiscal Ulpiano Martínez, de la jueza María G. Marrón y del ministro Berni en el entorpecimiento de la investigación y en el amparo e impunidad del accionar policial. Y en cada acción de la Justicia y del poder político, confirma lo que venimos denunciando en las calles: FUE LA POLICÍA.

La muerte de Facundo es responsabilidad policial, pero hay que ser muy claros en esto: el accionar policial es el resultado de la implementación en todo el territorio de una política estatal reaccionaria de control de la circulación de las personas, la cuarentena. La decisión del gobierno del Frente de Todos de hacer frente a la pandemia, imponiendo el control estatal de la circulación de la población mediante el despliegue de sus fuerzas represivas y de seguridad en rutas, calles y barriadas, tuvo como resultado más de 100 muertes por gatillo fácil y en custodia de fuerzas de seguridad (muerte en comisaría), incluyendo desaparición forzada seguida de muerte como en el caso de Facundo, y antes de Luis Espinosa en Tucumán.

Esto es central porque, para contener la crisis política que implica la responsabilidad estatal en la desaparición y muerte de Facundo, desde la coalición de gobierno barajan desde una purga en la conducción de la bonaerense, que puede incluir la salida de Berni para descomprimir la bronca, hasta un proyecto de reforma policial. Para eso Alberto ya tienen en marcha una inyección millonaria de recursos para fortalecer el aparato policial, que necesitan apuntalar para afrontar la crisis social en el conurbano y en las provincias frente a la aceleración de la pauperización y las tensiones a que da lugar el descalabro económico y sanitario.

La línea de fortalecer y preservar el aparato burocrático militar es una tendencia internacional de la burguesía, para afrontar los agudos procesos de masas más abiertos, o más en ciernes, que amenazan su dominio. En oposición, el planteo de DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA que discuten los sindicatos y el movimiento Black Lives Matter en EEUU, y la exigencia de expulsión de los sindicatos policiales de las centrales obreras, son discusiones programáticas centrales del proletariado a nivel internacional, que deben orientar la discusión de la vanguardia respecto a cómo derrotar los planes de los gobiernos burgueses de preservar sus sistemas, de patear la crisis para adelante, y de avanzar con sus planes de reformas antiobreras. La consigna “Fuera Berni” es errada, porque centra el accionar político de las organizaciones políticas, sindicales y sociales en un cambio de fusible político, que en lo inmediato sólo serviría para descomprimir, preservando incluso a la coalición gobernante.

Los revolucionarios tenemos la responsabilidad de llevar al interior de las organizaciones obreras y sociales nucleadas en la CTA, la tarea de expulsar los sindicatos policiales de la central. Tenemos la responsabilidad de batallar por conquistar verdad y justicia para Facundo con nuestros métodos, imponiendo con un paro general, la creación de una comisión investigadora independiente.

El gobierno del Frente de Todos no puede garantizar independencia de poderes, imparcialidad, ni ninguna otra abstracción burguesa en su promesa de castigo a los responsables de la muerte de Facundo. No será el peronismo que ayer forjó la Triple A, que tiene una larga lista de desaparecidos en democracia bajo su gobierno y responsabilidad, que abrazó genocidas como Milani, y que hoy unta con miles de millones a una policía que suma un centenar de pibes asesinados por gatillo fácil, quien pueda garantizar verdad y justicia para nuestros muertos, como tampoco lo hizo el alfonsinismo de las leyes de impunidad a genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

No permitamos que el gobierno use el caso de Facundo para justificar cínicamente una reforma de su policía y su justicia de clase. Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia para Facundo y el castigo a los responsables, es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: PARO GENERAL YA. Extendamos internacionalmente la bandera de lucha que ya levantan en las calles, las organizaciones obreras y la juventud negra norteamericana: ¡DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA y de todas las fuerzas represivas del estado!

La Resolución 956/18 dictada por el Ministerio de Seguridad no es casual, luego del escenario del G20 donde los principales mandatarios imperialistas intentan rescatar al capitalismo putrefacto y disciplinar a la clase obrera mundial. Exigen a las semicolonias como Argentina aplicar un paquete de reformas que incluya la reforma laboral, previsional, educativa y de salud a escala mundial. Y un salto en la represión contra los trabajadores, tal como votaron en la cumbre de Lima y vienen aplicando en toda Latinoamérica. El cipayo, Mauricio Macri, viene imponiendo esta política de hambre y necesita de las fuerzas represivas para disciplinar con mano dura lo que no pueda contener ni la burocracia sindical ni el PJ ni la Iglesia. Para reprimir, tiene las armas que le vende Trump, Macrón e Israel. La militarización de la frontera norte y la presencia de la gendarmería en los barrios es parte de esta escalada. Y Schiaretti, pese a intentar distanciarse de Macri, es un colaborador más en el plan represivo que garantiza la sumisión de la Argentina al capital imperialista.
La Resolución 956/18 habilita a las fuerzas policiales y de seguridad federales para la utilización de armas de fuego legalizando lo que a diario las madres y familiares de los jóvenes de las barriadas sufren a manos de la policía. En la madrugada del jueves 22 de noviembre la policía bonaerense perpetró una violenta represión contra un grupo de militantes que realizaban una toma de tierras fiscales en La Matanza, con el saldo de varios detenidos y un compañero fusilado, Rodolfo Orellana, miembro de las Organizaciones Libres del Pueblo, integrantes de la CTEP. Con una diferencia de tan solo 48 hs, la policía de Córdoba golpea brutalmente y luego asesina por la espalda a otro militante del EO en CTEP, Marcos Jesús Soria.
Legalizan ahora lo que el Estado burgués, a través del monopolio de las armas, viene practicando hace largo tiempo mediante el “gatillo fácil”. La Resolución dictada por el Ministerio de Patricia Bullrich y publicada en Boletín Oficial establece que: permite a las fuerzas de seguridad disparar sin dar la voz de alto en caso de peligro de fuga o resistencia a la autoridad.
Este intento de darle un marco legal a la persecución, detención, tortura y asesinatos de miles de trabajadores que enfrentan este plan sistemático de hambre y palos nos obliga a la clase obrera de conjunto a organizar la autodefensa y acaudillar a la juventud y al pueblo pobre en el enfrentamiento a la política represiva del Estado burgués.
El aparato represivo es el núcleo del Estado burgués en tanto aparato burocrático-militar y su principal tarea es la defensa de la propiedad privada de los medio de producción. Y es allí, en la producción, donde debemos atacar a la burguesía. La centralidad de la clase obrera es la que puede ofrecer una salida al conjunto de los sectores golpeados por el ajuste, dirigiendo una gran lucha antiimperialista. Los sindicatos cumplen un rol fundamental en este enfrentamiento, una de las principales tareas que tenemos los revolucionarios es recuperarlos de manos de la burocracia sindical para ampliar sus funciones y organizar la autodefensa de nuestra clase. ¡Por la disolución de la policía y todas las fuerzas represivas!
Es imperiosa la necesidad de poner en pie un congreso de delegados de base de todos los sindicatos y centrales, que discuta un programa de salida a la crisis y un plan de lucha con paros, piquetes y toma de fábricas y establecimientos para dar por tierra con los planes del imperialismo para la región. Por un programa transicional, que levante las escalas móviles de horas de trabajo y de salario incorporando a la producción a los desocupados, el control obrero de las ramas de la producción y los servicios y la expropiación de los capitalistas. Para llevar a la acción estas tareas, es necesario poner en pie el Partido Revolucionario, sección nacional de la IV internacional reconstruida.

¡Justicia para Soria, Orellana y todos los compañeros asesinados!
¡Desprocesamiento de los luchadores, libertad a los presos por luchar!
¡Por la disolución de las fuerzas represivas!
¡Abajo el Macrismo! ¡Fuera el FMI!

10/12/2018