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  El viernes 2 de agosto se dio a conocer el brutal asesinato de Susana Montoya, esposa de Ricardo Fermín Albareda, militante del ERP desaparecido y asesinado durante la última dictadura militar a manos del Departamento 2 de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2). Al momento de su asesinato, Albareda ocupaba el cargo de Subcomisario en el área de comunicaciones dentro de la policía.
  Desde los juicios a los responsables materiales del asesinato de Ricardo, en el 2009, la familia ha recibido múltiples amenazas, la más reciente fue en diciembre pasado cuando su hijo, Fernando Albareda, militante de H.I.J.O.S., denunció amenazas de muerte por escrito en la puerta de su domicilio. Junto al cuerpo de Susana se encontró escrito en la pared el mensaje “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos” firmado con #Policía.  Queda al desnudo cómo lo más recalcitrante del brazo armado del Estado ha convivido dentro de las instituciones durante 40 años de democracia burguesa. Estas lacras ahora se sienten envalentonadas por el gobierno de Milei que intenta forzar una reconciliación de las Fuerzas Armadas con la sociedad, reflotando la teoría de los dos demonios, mientras su vice Villaruel y sus diputados visitan genocidas prometiéndoles indultos y prisión domiciliaria.  
  Tanto este asesinato como las múltiples amenazas y persecuciones que vienen sufriendo los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, dirigentes sindicales y organizaciones políticas de izquierda, son muestras de cómo el gobierno necesita fortalecer la represión ante su debilidad, un plan económico que no arranca y el miedo a una respuesta obrera organizada. No debemos caer en la trampa que nos venden los reformistas de todos los colores que durante años han intentado limpiar la imagen de las fuerzas represivas con programas de capacitación en derechos humanos a la policía y cambiando figuras cuestionadas de las cúpulas, como han hecho, por ejemplo, Schiaretti y Llaryora en Córdoba. Debemos ser claros, la policía y todo brazo armado del Estado burgués tiene la tarea de proteger la propiedad privada y los negocios del capital.
  En este escenario de descomposición sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas, debemos tomar en nuestras manos la pelea por justicia y esclarecimiento de este caso y el enfrentamiento a toda la persecución y represión en curso. Debemos pelear por la independencia de clase de las organizaciones de los trabajadores para dar la pelea por la disolución de la policía y todo el aparato represivo, en el camino de dar una salida obrera a la crisis.
  Desde la Corriente Obrera Revolucionaria repudiamos enérgicamente el asesinato de Susana Montoya y nos ponemos a disposición de las acciones que se desarrollen para enfrentar este ataque. NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

La candidata de la familia militar, Villarruel, compañera de fórmula de Milei, organizó una provocación en la Legislatura porteña. Detrás de su homenaje a las víctimas de las organizaciones guerrilleras de los 70s, está la presentación en campaña de la política de reconciliación con el ejército genocida y las fuerzas represivas del Estado que propone La Libertad Avanza.

En estos 40 años de democracia, los más largos en la breve historia de nuestro país, la sucesión de gobiernos han encarado la tarea de reconciliación nacional con el aparato represivo del Estado. La teoría de los dos demonios, cristalizada en el informe de la CONADEP, fue la doctrina estatal de la transición democrática, sostenida por Alfonsín y sus leyes de Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987), y continuada por Menem y sus indultos (1989 y 1990) a los jerarcas juzgados y condenados durante el Juicio a las Juntas. Radicales y peronistas, aunaron sus esfuerzos en tratar de lograr la reconciliación nacional mediante la consagración de la impunidad, y la reparación monetaria a las víctimas del genocidio. No sólo buscaron la impunidad de las fuerzas armadas, utilizaron todo el andamiaje del Estado como aparato burocrático militar, para ocultar y preservar a los responsables civiles y eclesiásticos del terrorismo de Estado. Los que hoy denuncian a la “casta”, se postulan como defensores de toda la vieja “casta”, rancia, parásita y asesina, formada por la curia católica y religiosa, los burócratas sindicales, los jueces y, sobre todo, los empresarios que fueron co-responsables del genocidio y la política de sumisión al imperialismo que asumió la última dictadura militar.

Pero esta orientación política de reconciliación fracasó. Las organizaciones de derechos humanos, el movimiento obrero y estudiantil, las organizaciones de izquierda y amplios sectores de la sociedad repudiamos en las calles, y asumimos como tarea histórica la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

Ese mismo aparato represivo e impune, no escatimó brutalidad en diciembre de 2001, asesinando en las calles a decenas, embistiendo con sus caballos y palos a las Madres de Plaza de Mayo. Tras una de las mayores crisis sociales en nuestro país, surgió el kirchnerismo como una apuesta a la recomposición del régimen pos 2001. Encaró otra política para lograr la reconciliación nacional. El gobierno K, apostó a cooptar a los organismos de DDHH, renovar la corte suprema y enjuiciar a unas decenas de genocidas, gerontes ya. La desaparición de Jorge Julio López, de Luciano Arruga, el asesinato de Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba, 5000 luchadores detenidos y procesados, la Ley Antiterrorista a pedido del imperialismo, etc, son el saldo negro para la clase obrera y el pueblo, de los esfuerzos K por fortalecer el aparato represivo del Estado burgués.

El macrismo asumió, desarrollando otra línea en la tarea reconciliatoria, mediante la negación del genocidio, el reflote de la teoría de los dos demonios, y un discurso de supremacía de los derechos individuales sobre los derechos humanos. Marcó su gestión la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, resultado del accionar represivo bajo el mando de Patricia Bullrich. Pocos días después de la aparición del cuerpo de Santiago, Prefectura fusilaba por la espalda a Rafael Nahuel durante una protesta en Bariloche. Gobernaba el macrismo, pero el advenimiento del Frente de Todos solo dio continuidad a esta política. Las organizaciones K que marcharon contra el macrismo por Santiago, garantizaron el silencio y la impunidad de sus asesinos cuando llegaron al poder.

La cuarentena significó el despliegue y reforzamiento del aparato burocrático militar del Estado burgués que se tradujo en decenas de casos de desaparición forzada, gatillo fácil y muertes en comisarías en todo el país. Entonces perdimos a Facundo Castro, Luis Espinosa, Florencia Magalí Morales, Joaquín Paredes, Blas Correas y tantos más, y sufrimos la represión a gran escala ordenada por Kicillof y Berni, durante el desalojo de Guernica.

La Libertad Avanza encarna una facción pequeñoburguesa que sacó lecciones reaccionarias de estas experiencias. Su diatriba anti-estatal empalma bien con la revancha cultural de los partidarios de los dos demonios. Estos libertarios no quieren menos Estado, quieren un Estado garante del accionar sin límites ni mediaciones, del capital sobre la clase obrera. Se postulan para asumir una vez más la tarea de la reconciliación nacional, para fortalecer el aparato represivo de un Estado cuya tarea principal sea la defensa de los intereses del gran capital y el imperialismo en la expoliación de recursos en la región.

Ante la provocación del revanchismo, nuestra respuesta debe ser clara: NO OLVIDAMOS. NO PERDONAMOS Y NO NOS RECONCILIAMOS.

El Estado es producto de los antagonismos sociales, es órgano de dominación, es un aparato burocrático y militar en manos de la clase dominante, separado de la sociedad pero permeable a sus contradicciones. Bajo la democracia se busca legitimarlo como una obra de todos y una expresión legítima de la sociedad misma, pero dado el desarrollo inevitable de las contradicciones sociales, el recurso de la fuerza se presenta como la herramienta más eficaz de imposición del poder de clase. Ese es el carácter de clase del Estado, por eso nuestra tarea no es la defensa de esta democracia para ricos.

Si no priman los métodos obreros, se imponen los métodos de la burguesía y su régimen descompuesto. El ajuste en curso y el agravamiento de las condiciones de vida de las masas para sostener el acuerdo con el FMI, anticipan un ataque mayor de cualquiera de los candidatos que gane. Requieren de gran centralidad del Estado para imponer a la clase obrera una nueva relación de fuerzas para pagar la deuda a costa de las masas y hacer crecer los negocios. Derrotar este plan nos exige prepararnos para enormes tareas, para enfrentar a la burocracia garante de la sujeción de los sindicatos al Estado, y también para enfrentar a ese Estado como aparato burocrático-militar. No será con los métodos de la democracia burguesa y sus instituciones como prepararemos a la vanguardia obrera en su tarea de organizar una respuesta a la altura del ataque.

Para lograr justicia para todos nuestros muertos y desaparecidos. Para que paguen la crisis los que la generaron. Impulsemos este debate en cada lugar de trabajo y de estudio, defendamos mociones por un congreso de delegados de base mandatados. Preparemos un paro general activo, con ocupaciones y piquetes apuntando a sembrar la desorganización en el aparato estatal, tarea ineludible para forjar una vanguardia preparada para atacar en bloque ese aparato hasta destruirlo.

Es tarea de una nueva generación sacar lecciones de las experiencias de lucha de clases de estos 40 años de democracia. Una nueva generación, no por su edad, sino porque se saque de encima el viejo lastre de las variantes estatistas y reformistas, e incluso de tendencias que se reclaman de izquierda y participan de las luchas obreras, como el centrismo, que no alejan a los trabajadores de la influencia de las instituciones de conciliación de clases sino que, precisamente, los acercan, con su electoralismo y legalismo. Por eso desde la COR peleamos por la independencia de clase y por el enfrentamiento a los capitalistas y su Estado.