Para enfrentar la injerencia de la justicia en nuestras organizaciones: Recuperemos los sindicatos con independencia de clase

Por COR Regional Córdoba

El pasado 17/09 la Justicia de Córdoba, a partir de una denuncia de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) determinó 15 allanamiento a distintas sedes del sindicato de Luz y Fuerza(LyF) y a la casa de varios dirigentes sindicales. Un ataque más del Estado burgués a las organizaciones sindicales como lo fueron también los allanamientos sufridos por el SURRBAC (recolectores), con dos dirigentes presos y la investigación en curso sobre la AOITA (trabajadores del trasporte interurbano).

En las últimas semanas hemos visto luchas de diferentes sectores, como LyF, la toma de Materfer (UOM), los acampes de las organizaciones piqueteros, marchas de las trabajadoras del Polo de la Mujer, paros y movilizaciones de docentes en solidaridad con los compañeros de Chubut y frente a las paritarias, asambleas en los hospitales provinciales, y las movilizaciones de los trabajadores del Molino Minetti. Schiaretti pretende mostrarse como garante de la paz social y de los negocios de los empresarios a los que representa en medio de la profundización de la crisis. La tarea principal del gobierno será mantener la provincia en orden, sacando a los trabajadores ocupados y desocupados, y en general a cualquier expresión de lucha frente a las consecuencias de la crisis, de la calle. Para ello utilizaran todos los mecanismos del Estado, como la Justicia con estas intervenciones a los sindicatos que en los últimos años han sido los de mayor presencia en las movilizaciones, o la persecución y procesamiento a 27 estudiantes de la UNC que protagonizaron la lucha educativa con tomas de facultades del año pasado, o directamente la represión como sufrieron el pasado 06/09 los compañeros de Luz y Fuerza, que vienen sosteniendo una lucha desde el año pasado contra la tercerización de áreas, contra la perdida de conquistas con la violación patronal del CCT y por el aumento salarial.

La devaluación ha golpeado duramente a las provincias debido al endeudamiento en dólares y la caída en la recaudación producto de la propia recesión. Schiaretti ya declaró que los números de la provincia están en rojo y que la variable de ajuste serán los estatales, así lo demuestra el aumento miserable de $3000 en dos cuotas, en negro, con suspensión de la cláusula gatillo y con una nueva negociación recién en noviembre, acuerdo que la burocracia de Pihen y Monserrat, a pesar de haber predisposición a la lucha en la base docente y de trabajadores estatales, han aceptado mansamente.

Las burocracias sindicales vienen siendo una pieza fundamental para la contención, no solo aceptando acuerdos salariales a la baja, o metiendo nuestros reclamos en los ministerios para desgastarnos y evitar preparar un plan de lucha (ejemplo de esto es la burocracia de la UOMA con los compañeros de Minetti), sino que también abren las puertas de nuestros sindicatos para la intervención directa del Estado como Suárez y Saillén que apenas se enteraron de la denuncia corrieron a presentarse ante la Justicia para ponerse a disposición, o en la AOITA donde una de las listas de la burocracia, que se disputaba la conducción del gremio y que finalmente ganó las elecciones, fue la que presentó las denuncias, utilizando la Justicia burguesa para dirimir sus internas.

Los trabajadores necesitamos organizarnos para enfrentar con toda nuestra fuerzas el ataque que vienen perpetrando el gobierno nacional, provincial, las patronales y el FMI y para ello es indispensable la independencia de nuestras organizaciones del Estado y sus instituciones. Se hace urgente barrer a la burocracia traidora que permite la injerencia de la justicia en nuestros sindicatos. Como buen burócrata Suárez defiende la Ley de Asociaciones Profesionales, esa pesada herencia peronista que permite que el Estado intervenga y conozca todos los movimientos de nuestras organizaciones sindicales. Somos los trabajadores quienes debemos revisar los libros contables del sindicato, deliberando al interior de nuestra organización cuales son las medidas a adoptar ante las irregularidades. Los delegados de base junto con los trabajadores deben ejercer un férreo control sobre las conducciones sindicales, Suárez y Cia deben rendir cuentas ante los trabajadores y no ante la justicia burguesa.

Los trabajadores de la rama energética tienen una importante centralidad y deben estrechar lazos con el conjunto de los trabajadores industriales que también salen a enfrentar la crisis. En Córdoba los trabajadores del Molino Minetti vienen protagonizando un duro enfrentamiento a la patronal por el pago de salarios, discutiendo incluso poner a producir la fábrica y quedarse con la venta para poder cobrar sus quincenas, pero este plan se vio interrumpido ya que EPEC dictaminó el corte de luz por falta de pago. Los trabajadores lucifuerzistas son quienes pueden garantizarle a los compañeros de Minetti la electricidad para que puedan sacar la producción.

Mientras los Fernández nos piden que solo nos expresemos en las urnas y esperemos al recambio, ellos ya se apresuran a hacer lobby con el FMI para renegociar la deuda a cambio de aplicar las recetas del Fondo para aumentar la superexplotación de nuestra clase: reforma laboral, previsional, educativa, etc. Se hace urgente discutir una salida obrera a la crisis y los métodos y acciones para imponerla, para ello solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Debemos imponer a las CGTs y CTAs un Congreso de Delegados de Base con Mandato, que discuta un programa basándose en la deliberación en asambleas del conjunto de nuestra clase.