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• La burocracia cordobesa se reordena a pedido del FMI

  

  ¡Unidad de las filas obreras contra las patronales y su agentes!

  Los trabajadores enfrentamos las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis económica, política y social.  Asistimos a procesos inflacionarios a nivel mundial y un aumento en los alimentos y la energía producto de la guerra y las sanciones económicas impulsadas por el imperialismo contra Rusia. Todo esto golpea de lleno en las condiciones de vida de nuestra clase.
  En nuestro país, el FMI tutela las política económica de un gobierno de Alberto en franca crisis. La burocracia sindical, golpeada por la descomposición histórica del PJ, toma nota y busca la unidad para prepararse de cara a la profundización del ajuste. El 11 de noviembre pasado, designaron al nuevo triunvirato en la conducción de la CGT nacional, Daer-Acuña-Pablo Moyano, de sanidad, estacioneros y camioneros respectivamente. Quieren ser un interlocutor válido en las negociaciones con el imperialismo, al tiempo que buscan solidificar sus estructuras ante el profundo malestar que la crisis económica atiza en las bases de todos los sindicatos, situación que ha generado sorpresas electorales en varios sindicatos como la UOMRA. La unidad que proclaman es contra nuestros intereses. No se trata de la unidad de las filas de nuestra clase, que solo puede lograrse con independencia de nuestros enemigos, las patronales, el Estado burgués y el imperialismo, todo lo contrario: es la unidad de los burócratas para someter a nuestras organizaciones a esos mismos enemigos; para permitirles aplicar el ajuste y descargar así la crisis sobre nuestras espaldas.

  Normalización cegetista, capítulo Córdoba

  Luego de la unificación de la plana mayor nacional, la CGT encargó a su secretaría del interior bajar la línea de unidad burocrática a las regionales de todo el país. En el interín esta secretaría tuvo cambio de titular, porque justamente está en manos de la UOMRA: Caló, antes de su triste partida, la había obtenido como premio consuelo al no lograr ingresar al triunvirato. Furlán, el nuevo mandamás metalúrgico, tomó la posta en la tarea y designó a Horacio Otero como nuevo secretario del interior. Ya han logrado avanzar en varias regionales, como La Matanza, Salta, Jujuy, Gualeguaychú, Uruguay, entre otras. Pero queda un hueso duro de roer: Córdoba, cuya CGT viene fraccionada desde hace varios años entre diferentes sectores, con disputas más o menos permeados por la propia fragmentación del peronismo y las relaciones siempre tirantes con las conducciones nacionales del sindicalismo.
  Por estos días, la burocracia local ha recibido a Otero, que vino de Bs . As. con un ultimátum bajo el poncho: de no conseguirse la unificación hasta el 31 de mayo, la CGT nacional intervendrá la regional. Obliga así a Pihén, cuyo mandato ya es dado por caduco, a alinearse bajo extorsión. Recordemos que la “oposición” a Pihén está integrada por la UOM Córdoba que dirige Rubén Urbano, uno de los artífices de la nueva lista que sacó a Caló del sindicato, es decir, un aliado de Furlán y Otero. Ya están conformando una comisión normalizadora y, por ahora, está participando gran parte de la burocracia. La vieja CGT Rodriguez Peña, una supuesta “ala combativa”, prácticamente ha dejado de existir, no sin antes haber capitulado en todos los ataques orquestados por Schiaretti y las patronales sobre las condiciones de trabajo de los sectores que representaban: municipales de capital, lucifuercistas y recolectores principalmente. Las CTAs se caen a pedazos con la salida de varios sindicatos, entre ellos el SUTNA y Judiciales Córdoba. El proyecto reformista de una “central social” ha llegado a su límite y la integración escandalosa al frente de todos a nivel nacional se paga caro.
  Mientras, los trabajadores cordobeses venimos enfrentando todas las consecuencias del ajuste, la inflación y la crisis económica. La marcha federal piquetera del 11/5 fue ignorada por la CGT y las CTAs, con la excepción de algunos sindicatos como la UTA , ATE, el SUTNA y la UTS. Tampoco hizo nada la CGT para apoyar el paro de la UTA, planteando una lucha para evitar que las patronales descuenten el presentismo al resto de los trabajadores y exigiendo que el costo del transporte sea a cargo de las empresas como un item salarial, absorbiendo los aumentos de boleto. Ni hablar de la lucha más importante de los últimos años, la de salud en plena pandemia, donde dejaron a su suerte a los trabajadores de los hospitales y clínicas privadas.

  Por una Central Única de Trabajadores

  La unidad, que se ha convertido en el slogan favorito de todo burócrata sindical cordobés, es la unidad con nuestros enemigos para hacer pasar el ajuste. Y además es falsa, porque en cada lucha se cuelan los intereses corporativos y los burócratas por abajo lanzan ataques contra los compañeros de otras ramas para defender a su propio sector patronal. Los trabajadores combativos debemos tener en claro que esa no es la unidad que queremos, porque va en contra de la independencia de la clase obrera.
  Lo que necesitamos es la unidad de las filas obreras para enfrentar el ajuste y el plan de subordinación al FMI, que incluye la reforma laboral, educativa y previsional, entre otras, y todos los ataques que venimos sufriendo en las fábricas, con los premios y bonos atados a la productividad y el presentismo, los básicos por el suelo, el avance de las contrataciones precarias, los turnos “americanos” como impusieron en Toyota, los despidos y suspensiones, etc., etc. Esta unidad no podrá conquistarse si no enfrentamos a la burocracia sindical cómplice: pongamos en pie minorías en cada sindicato, que se propongan recuperarlos conformando oposiciones sindicales revolucionarias. Mocionemos en cada fábrica y lugar de trabajo el llamado a un congreso de delegados de base con mandato que unifique a los trabajadores de la industria, los servicios y estatales, sumando a los desocupados y trabajadores precarios, en un programa de salida a la crisis y un paro provincial activo como parte de un plan de lucha para pararle la mano a las patronales y al gobierno. Este puede ser un gran paso para avanzar nacionalmente en la organización del conjunto de las ramas, discutiendo un plan de salida a la crisis desde nuestros intereses y el plan de lucha para imponerlo. Por una Central Única de Trabajadores que nos permita unificar nuestras fuerzas, limpiando nuestras organizaciones de la lacra burocrática que nos ata al Estado y nos lleva a la derrota.

• Repudiamos la represión policial a Luz y Fuerza ¡Paro provincial para imponer nuestras demandas!

  

  Hoy en horas del mediodía, la policía provincial bajo el mando del gobernador peronista Juan Schiaretti (amigo de Macri y de Alberto) descargó la represión sobre los compañeros del sindicato de Luz y Fuerza cuando estos concluían una jornada de paro y movilización en la sede central de la EPEC. El saldo son 11 detenidos y varios heridos de bala de goma, incluidos trabajadores de prensa.
  El gobierno provincial, luego de las elecciones de mayo, ha lanzado una fuerte campaña para justificar el ajuste de las cuentas públicas, alegando la baja de la recaudación. Apunta a los trabajadores estatales y a los docentes, anunciando la revisión de las paritarias a la baja, descontando la complicidad de la burocracia sindical del SEP y la UEPC. La crisis ha sido agudizada por la última devaluación concertada por el tridente Macri-Alberto-FMI, y la sufren sobre todo los trabajadores de la industria con suspensiones y despidos. La empresa provincial de energía, EPEC, ya ha sido apuntada no sólo como objeto de ajuste, sino también como un gran botín para los pulpos energéticos, que pretenden quedarse con las áreas redituables del negocio.
  El gran escollo para los planes de Schiaretti y las patronales, igual que en las fábricas, escuelas, hospitales y reparticiones, son los trabajadores, en este caso del sindicato de Luz y Fuerza que se han puesto en pie de lucha desde el año pasado para enfrentar el ataque. Ataque que incluye tercerización de áreas (automotores, toma de estado, y otras), anulación de conquistas plasmadas en el CCT y una agresiva rebaja del salario real con aumentos ridículos fijados unilateralmente por el directorio de la empresa, a partir de la traición  de la burocracia sindical de Rio IV y Villa María.
  La lucha ha sido dura, con marchas, paros y toma del edificio central en agosto de 2018. Y el despliegue de una gran solidaridad con los conflictos que han atravesado la ciudad, encabezada centralmente por delegados de base del sindicato. Sin embargo, la burocracia de Suárez ha sido siempre un freno para el activismo, llevando a una lucha de “desgaste” que no ha traído frutos. Y no sólo por los métodos de acción, sino centralmente por el programa desplegado, basado en la consigna “defensa de una EPEC cordobesa, pública e integrada”, que significa unir al pueblo en general en un frente contra la privatización, una política de conciliación de clases. Se busca así diluir la potencia de un sector de la clase obrera en un movimiento donde también se incorporen las capas medias, pero también las pymes y otros sectores patronales. Una versión del frente por la “emergencia alimentaria” que vienen desplegando el peronismo a nivel nacional las últimas semanas.
  Para enfrentar el ataque del gobierno nacional, provincial, las patronales y el FMI debemos imponer a las CGTs y CTAs un Congreso de Delegados de Base con Mandato, que discuta un programa basándose en la deliberación en asambleas del conjunto de nuestra clase. Para frenar el ataque a nuestras conquistas, nuestro salario, contra los despidos y suspensiones y las reformas que planean imponernos (laboral, previsional, educativa) debemos discutir una salida obrera a la crisis y los métodos y acciones para imponerla.
  
  ¡Libertad a los presos de Luz y Fuerza y a todos los luchadores!
  ¡Desprocesamiento de los estudiantes de la UNC!
  ¡Por un Congreso Provincial de delegados con mandato de base!
  ¡Por un Paro Provincial en camino a un Paro Nacional de 36hs!

  COR
  Corriente Obrera Revolucionaria
  Regional Córdoba

• Schiaretti, Negri, Mestre y la lista fantasma de los K... La boleta única de Macri y el FMI

  

  En medio de una crisis política rampante, acelerada por la profundización de la crisis económica y social abierta en 2008 que los capitalistas nunca pudieron solucionar, los representantes políticos de la  burguesía nos llaman a concurrir mansamente a las urnas. La seguidilla de elecciones municipales, provinciales y finalmente nacionales son parte de un plan de contención político e ideológico sostenido, en última instancia, por los millones del FMI para que el recambio del fracasado gobierno de Macri/Cambiemos sea lo menos conflictivo posible, mientras millones de trabajadores vivimos bajo la línea de la pobreza, arrecia el desempleo y las patronales pasan a la ofensiva para modificar las condiciones de trabajo a la baja y aumentar la productividad.
  El plan de salida electoral lo sostienen desde el Papa Bergoglio en el Vaticano, pasando por todo el arco del PJ, hasta las huestes kirchneristas, que dicen explícitamente que es peligroso “que Macri no llegue a octubre” y apuestan todo a la trampa de la democracia para ricos.
  Schiaretti, el hombre de la obra pública, es decir, el socio de los Obedrecht, Electroingeniería y Roggio, y el garante de las grandes ganancias de las multinacionales automotrices y del agronegocio, se encamina a un triunfo debido a la crisis de Cambiemos. Pero no es un problema para Macri, que en estas elecciones lleva 3 listas aliadas (si no más): la del PJ y sus aliados de la derecha y ahora los “progres” del PS y el GEN, la descolorida lista del cambiemos “oficial” de Mario Negri y Luis Juez, y la lista de la UCR que encabeza el gorila Mestre. El kirchnerismo, por su parte, bajó sus listas para sumar votos a Schiaretti en pos de la unidad del PJ y no mostrar debilidad en el “poroteo” de la política burguesa. Todos estos “hombres del presidente” garantizarán, gane quien gane las presidenciales, un apoyo al programa económico del FMI, que dirige desde Washington la Argentina capitalista.
  El rol de la burocracia sindical, tanto del binomio que conduce la CGT como del Moyanismo, Palazzo y sus aliados de las CTAs, es evidente y escandaloso. El paro parcial del 30 de abril lo demostró, con los burócratas planteando desde los palcos que la única salida son las elecciones. En Córdoba, ambas CGTs y CTAs hacen los propio, tratando de llevar a los trabajadores a la cola del proyecto burgués de conciliación de clases del PJ, en alguna de sus variantes.

  
  Debate de programas

  Para los trabajadores, atarnos a un sector de la patronal tiene consecuencias mucho más inmediatas que sólo tachar la cruz en la boleta única y meterla en la urna. Tanto los candidatos del PJ como los burócratas sindicales vienen bombardeándonos con un discurso que implica salir a defender a las patronales de las medidas del macrismo. Por ejemplo, defender a las pymes por las caídas de ventas provocadas por las altas tasas de interés y por las importaciones. Ofrecen un programa de supuesto “crecimiento nacional” basado en la intervención del Estado a favor de este sector del empresariado, mientras dejan pasar los preventivos de crisis y las reformas laborales a cuentagotas que son las modificaciones de convenios como sucedió en petroleros (Vaca Muerta), o en el SMATA Córdoba, para permitir las inversiones. Y estamos hablando de las petroleras y Renault… empresas no tan medianas ni pequeñas! Frente a los despidos y suspensiones, nos dicen que tenemos que poner el hombro y ayudar a la patronal a pedir planes de protección de la industria, baja de impuestos y “compre nacional”. Mientras todos estos políticos burgueses juran que honraran la deuda externa, ya sea firmando los 10 puntos de Macri o haciendo declaraciones a la revista Forbes como es el caso del kirchnerista Kicillof.
  Las corrientes de la izquierda agrupadas en el FIT (PTS, IS, PO), así como el Nuevo MAS, sí denuncian el acuerdo con el FMI e impulsan las luchas de los trabajadores, es cierto. Pero se han metido de cabeza en el aparato político de la democracia patronal, sin denunciar la trampa en curso para normalizar el recambio burgués a través de las elecciones. Ideológicamente, la democracia burguesa es propagandizada como el último límite de la acción política, y esto quizás sea así… para la burguesía. Pero no para la clase obrera, que está llamada a subvertir a través de la acción revolucionaria el verdadero límite que estos chupasangre no quieren que se quebrante: la propiedad privada de los medios de producción. Nuestro programa no se centra, como plantea el FIT, en expresar la independencia política de los trabajadores… en las papeletas de voto. El FIT tiene por eso un programa estatista, que pone en el centro medidas que tomaría un gobierno de los trabajadores sin destruir las instituciones de la democracia patronal. ¿Con qué instrumentos? ¿Con decretos y leyes que deberá garantizar un aparato burocrático militar construido para defender la propiedad privada?
  Y como los marxistas somos materialistas, no nos basamos sólo en las declaraciones y en las plataformas: todas estas corrientes, agitando el espantajo de un gobierno “fascista” o “bonapartista de derecha” de la mano de Bolsonaro en Brasil, llamaron a votar a Haddad y al PT, es decir, a la corriente política continental que hizo teoría del respeto a las sacrosantas instituciones de la democracia burguesa para coartar todo accionar revolucionario de nuestra clase. Resultado: armó un partido reformista basado en los sindicatos y gobernó con Lula para EEUU y el FMI. En Argentina, no cabe duda, esto implicaría postrarse al kirchnerismo en una eventual segunda vuelta, cosa que no sabremos si harán pero ya se están acercando bastante al centrar su campaña en Córdoba en dialogar con los votantes del kirchnerista Pablo Carro.

  
  Votá nulo o en blanco

  Por todos los elementos expresados, creemos que el voto al FIT o al Nuevo MAS (que además nunca hizo un balance serio del experimento de la Izquierda al Frente con el MST) no es un voto de independencia de clase. Mucho menos al MST, la izquierda sojera que supo juntar votos para el hoy macrista Luis Juez y fue aliada del hoy kirchnerista Pino Solanas. Llamamos a votar nulo o en blanco en estas elecciones del 12 de mayo, desde una posición de independencia de clase.
  Para hacer realidad la consigna ¡Abajo el Macrismo, fuera el FMI! debemos recuperar nuestros sindicatos de manos de la burocracia sindical traidora y garante del ajuste y del plan de transición del imperialismo. Por la independencia de la clase obrera, rechazamos los pactos de “unidad nacional” con nuestros verdugos que proponen el peronismo y el resto de la oposición patronal. Contra los despidos, suspensiones y la destrucción del salario, impongamos las escalas móviles de salario y horas de trabajo. Contra la estafa de los preventivos de crisis, abramos los libros de contabilidad de las empresas para desnudar la mentira de las supuestas crisis o en su defecto declarar la bancarrota de un sistema social basado en la explotación. Contra los tarifazos, ampliemos las funciones de los sindicatos de los grandes servicios para garantizar el gas, la electricidad y la salud a las familias obreras. Que las patronales se hagan cargo del costo del boleto de transporte. Que abran las escuelas y las universidades a la clase obrera. Por el control obrero de la producción por rama industrial a través de los sindicatos.
  A 50 años del Cordobazo, pongamos en pie en Córdoba un plenario de delegados para discutir las medidas, métodos y programa para recuperar los sindicatos y unificar al movimiento obrero en una Central Única de Trabajadores. Necesitamos agrupar a la vanguardia en oposiciones sindicales revolucionarias por rama y pelear un por un Congreso de Delegados de base con mandato, para poner en pie la fuerzas de nuestra clase y derribar el plan del imperialismo para toda la región. Y así desarrollar las condiciones para construir el partido revolucionario de la clase obrera.

  COR Regional Córdoba, 6 de mayo de 2019

• Luz y Fuerza Córdoba: Principal línea de frente del ataque patronal

  

  La seguidilla de ataques que el gobierno de Schiaretti viene descargando contra los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) demuestran que el principal objetivo del gobierno y las patronales que lo sostienen es quebrar a uno de los sindicatos históricamente más poderosos de la provincia. Luz y Fuerza Córdoba no sólo cuenta con la tradición de su participación en el Cordobazo, sino con el bagaje de haber derrotado varios intentos de privatización. Esto no quiere decir que sea la única rama donde las patronales descargan su ataque: ya ha sucedido en el transporte, donde luego de la derrota de la gran lucha de los trabajadores de UTA de 2017, la FETAP ha introducido despidos selectivos y esquemas de productividad, o en el SMATA y la UOM, donde los despidos y suspensiones son moneda corriente y se anuncia una ola de preventivos de crisis para hacerlos masivos.
  La ofensiva patronal en EPEC ha contemplado la denuncia ante el ministerio de trabajo del CCT vigente, la implementación de leyes para recortar conquistas a los trabajadores, el cierre de centros de atención al cliente y la tercerización de tareas como la toma de estado de los medidores de consumo. A la lucha desarrollada hasta ahora, cuya medida más radicalizada fue la toma de la sede central de calle La Tablada que la conducción se encargó de levantar con las manos vacías, el gobierno y la empresa han respondido con mano dura, abriendo causas, sumarios e incluso encarcelando a varios compañeros.
  Esta iniciativa antiobrera del gobierno provincial está en sintonía con la política de reformas alentada por el imperialismo yanqui en la región, impulsada por el gobierno de Macri. Es el caso del intento de división y posterior privatización de sectores de la empresa, política impulsada en el memorandum de sometimiento firmado por Dujovne a pedido del FMI, donde se alienta la venta de activos propiedad del Estado. Evidentemente, Schiaretti y el PJ provincial desean congraciarse con la nueva dirección política del país burgués, postulándose como un recambio posible frente al descalabro de Cambiemos para garantizar la continuidad del programa de ajuste impulsado por Lagarde y Cía.
      
  Peronismo y burocracia sindical
  Hay que enfrentar estos ataques encabezados por el gobierno de Schiaretti, que se postula como uno de los candidatos presidenciales del peronismo. Este aspecto no es menor, ya que el conflicto deja ver una feroz interna en el PJ. La aceitada relación del PJ con la CGT que dirige Pepe Pihén (SEP) y con otros burócratas como Urbano de la UOM, Chacón de Comercio o Dragún del SMATA, han dejado a los trabajadores de Luz y Fuerza y la propia burocracia de Suárez en una difícil situación de aislamiento dentro del “movimiento obrero organizado”.
  Acá es muy importante sacar un balance del papel que jugó Suárez en el conflicto de las trolebuseras y colectiveros de la UTA del año pasado. Luego de un inicial apoyo a estos compañeros, que estaban peleando contra el techo salarial de 8% y la intervención del sindicato, LyF se retiró del conflicto y nunca llamó al paro en su rama ni peleó por imponer el paro provincial, única salida a una lucha que fue quebrada con la militarización de la ciudad a manos de gendarmería para imponer la voluntad de Mestre y los empresarios del transporte. En estos momentos, aquella derrota es un pesado lastre sobre el conjunto de los trabajadores cordobeses, y nuevamente la CGT Córdoba se niega a unificar las fuerzas de nuestra clase para defender a los compañeros de LyF en lucha y propinar una derrota seria al plan de ajuste de los gobiernos provincial, nacional y del FMI.
   
  Independencia de clase
  La conducción de LyF, además de evitar avanzar hacia el paro efectivo de la empresa, se juega a una política de unidad popular en “defensa de una EPEC cordobesa, pública e integrada”, que significa unir al pueblo en general en un frente contra la privatización. Se busca así diluir la potencia de un sector de la clase obrera en un movimiento donde también se incorporen las capas medias, pero también las pymes y otros sectores patronales. Un movimiento que eventualmente tendrá sus frutos en listas para el 2019, como el propio Suárez ha manifestado en charlas con figurones kirchneristas. Esta política de conciliación de clases se apoya en el estatismo, donde el Estado burgués, propietario de las empresas de servicios públicos, se erige como garante de esta confluencia de intereses divergentes. Esto es completamente falso. Pretende ocultar que el Estado no es más que una firma burguesa, que además cumple un rol de aparato-militar para garantizar la propiedad privada. Empresas estatales como EPEC aparecen hoy en los escándalos de los cuadernos mostrando como sirven para los grandes negociados de los Roggio y los Electroingeniería, mientras amplios sectores de nuestra clase ni sueñan con el servicio de luz eléctrica.
  Por supuesto que la fragmentación de la empresa para entregar las áreas rentables al capital constituye un ataque a los trabajadores de la rama. Esta fragmentación apunta a imponer la reforma laboral en los hechos, imponiendo condiciones laborales y salarios a la baja a los trabajadores que dependerán de esas tercerizadas. Pero no se trata de hacer eje en la defensa del actual CCT, como proponen no sólo la burocracia de Suárez sino también sectores de la izquierda como el PO e IS. Los CCT son parte de la estructura legal que ata a los sindicatos al Estado capitalista, junto con la Ley de Asociaciones sindicales, la Ley de contrato de trabajo, las conciliaciones obligatorias, etc., etc. La solución no es una alianza para defender al Estado burgués y sus leyes, sino imponer un programa de lucha que tenga como primer punto la imposición de un contrato único para todos los trabajadores de la rama eléctrica, acabando con la precarización existente y evitando su avance.
  
  Una salida obrera
  La crisis generalizada de la economía nacional e internacional, se reflejan desde luego en la rama eléctrica. La defensa de la EPEC tal cual es sólo siembra ilusiones en que el Estado capitalista de un país atrasado y dependiente del capital internacional pueda ser capaz de reorganizar la economía sobre nuevas bases. Esto es una utopía reaccionaria que ha fracasado varias veces, llevando sólo a la descomposición y a la ruina económica. Los trabajadores de LyF Córdoba deben encarar la tarea de la dirección obrera de la EPEC, como escuela de planificación y para asumir su rol de vanguardia en la lucha contra la descomposición económica. Los trabajadores de toda la rama de la energía tienen en sus manos la tarea de luchar por el control obrero de las petroleras, las centrales y las empresas de distribución de energía, expropiando las empresas de manos de los capitales imperialistas y nacionales, para ponerlas en función de la planificación socialista de la economía. Pero esto sólo puede entenderse como una tarea transicional en la lucha por el poder, ya que es ridículo pensar que el Estado burgués pueda convivir con una economía planificada por los trabajadores.
  Para llevar adelante este programa, se impone recuperar los sindicatos de manos de la burocracia que vive de las ataduras de nuestras organizaciones al Estado. Debemos luchar por la anulación de toda la legislación de tutela de los sindicatos por el Estado burgués. Y poner en pie una dirección revolucionaria para la clase obrera. Necesitamos desarrollar oposiciones revolucionarias, con libertad de tendencias,  en la rama energética y en todas las demás ramas. Y proponernos la tarea urgente de impulsar un Congreso de delegados de base con mandato, de todos los sindicatos, tanto de las CGT como de las CTAs, para unificar las filas de nuestra clase detrás de un programa a la altura de la crisis a la que nos han arrojado los capitalistas y sus gobiernos en sus versiones cambiemos y peronista. Para avanzar en este camino, el activismo de LyF puede disputar la línea de la conducción, para buscar convertir la lucha del sindicato en un aglutinador de todos los sectores obreros de la provincia dispuestos a luchar, llamando a un congreso de las CGT córdoba para votar un plan de lucha y un paro provincial hasta derrotar el ataque del gobierno.
  Nos dirán que estamos apuntando demasiado alto y demasiado lejos. Desde la COR estamos convencidos de que no existe otra salida, y confiar en que un sector de nuestros enemigos de clase nos van a salvar es lo realmente utópico.
  
  ¡Por el triunfo de los trabajadores de LyF Córdoba!
  Reincorporación de todos los despedidos. Desprocesamiento de los luchadores.
  Abajo el plan de privatización y tercerización generalizada en EPEC.
  Contrato único. Dirección obrera de EPEC. Control obrero de la rama energética.
  Congreso delegados de base con mandato para votar un plan de lucha y un paro nacional para derrotar el plan de Schiaretti, Macri y el FMI.

• Paro de transporte: Nueve días que sacudieron Córdoba

  

  La de los trabajadores del transporte urbano de la ciudad de Córdoba fue una de las huelgas más importantes de los últimos años. Una vez quebrado el paro con la militarización del conflicto, la patronal, el gobierno y la burocracia sindical buscan borrar las lecciones que dejaron los compañeros de la UTA. La lucha por la reincorporación de los despedidos, la defensa de los delegados, el fin de las persecuciones y contra la intervención del sindicato continúa, si bien en condiciones desfavorables y en un terreno defensivo. Sabiendo que es prematuro hacer un balance, debemos tomar nota de las principales enseñanzas del conflicto, para que sirva a la vanguardia obrera en su tortuoso camino por conquistar una dirección revolucionaria.
  
  Transporte en ruinas
  Los choferes conocen bien la situación de carestía de la vida que afecta al conjunto de los trabajadores, porque recorren a diario los barrios y golpea a sus propios bolsillos. Un acuerdo salarial de 8% hasta diciembre firmado por Fernandez de UTA nacional fue una verdadera provocación. La intervención del sindicato a mediados de 2016 fue impulsada por las patronales para imponer el retroceso en las conquistas de UTA Córdoba, que empresas como ERSA y Autobuses intentaron desconocer desde su arribo al sistema luego de la entrega de TAMSE por parte de la burocracia de Peñaloza. Todo esto en medio de una feroz disputa patronal en toda la rama, aumentada por la nueva política de subsidios aplicada por Dietrich y el gobierno nacional, incluyendo el aliento a “nuevos jugadores” como las aerolíneas de bajo costo, que complican la posición de la UTA en la larga distancia. Queda al desnudo el rol del Estado burgués en la gestión de los servicios, apadrinando a determinado sector patronal en detrimento de otros, pero siempre bajo la premisa de avanzar sobre las condiciones laborales y el salario. Si la intervención de la seccional y los problemas en las condiciones de trabajo y servicio venían alimentando un proceso de organización de los trabajadores, la firma de la paritaria a la baja encendió la mecha del conflicto generalizado.
  
  Huelga y terror patronal
  El conflicto se inició luego de un proceso de recuperación de los cuerpos de delegados en TAMSE y parcialmente en AUCOR. Cuando la sede del sindicato se convirtió en una fortaleza hostil para defender la intervención de Arcando, las asambleas en punta de línea fueron el método que permitió cohesionar al activismo con la base. Contra la burocracia sindical, las trolebuseras y choferes lograron consolidar una forma de organización basada en los cuerpos de delegados. Nada de esto hubiera servido sin una enorme disposición a la lucha de las bases.
  La paralización del servicio por 9 días hizo volar por los aires la podredumbre del esquema de negocios montado por el gobierno municipal, las empresas concesionarias, la UTA y el ministerio de Dietrich. Hizo perder millones a las empresas de colectivo agrupadas en FETAP, y también a otros sectores capitalistas afectados por la paralización de las actividades comerciales y el aumento del ausentismo en la industria y los servicios. La presión sobre los propios trabajadores por parte de estos sectores empresarios, extorsionando con el descuento de días y la pérdida del presentismo, presión que las CGTs cordobesas nunca enfrentaron, contribuyó para ampliar la base de clase media que se hizo eco de la campaña de propaganda contra el paro. Una base social para los ataques del gobierno de Mestre y del ministerio de trabajo: conciliación obligatoria, declaración de ilegalidad de las medidas, detenciones, despidos.
  Pero todos estos ataque no fueron suficientes. Mestre debió cerrar filas con todo el frente patronal, convocando al Consejo Económico y Social, alrededor del cuál se soldó una unidad de granito contra los trabajadores. Este frente iba desde la Iglesia católica y las cámaras empresarias hasta todos los niveles de gobierno del Estado burgués. Producto de esta unidad capitalista, se diseñó el “plan de contingencia” que consistió en la militarización del conflicto. Este dispositivo represivo incluyó el accionar de Gendarmería y Policía Federal, ocupando los accesos a la ciudad, los puentes y destacando 2 agentes en cada colectivo manejado por carneros contratados para la ocasión. También a la policía provincial, que hizo de escolta de las unidades. E incluso a la Fuerza Aérea, que puso el predio que hizo de punta de línea general para el servicio de emergencia implementado el lunes 12 de junio. Todo este operativo mostraba el terror patronal frente a la fuerza de los trabajadores.
  
  La burocracia sindical
  El accionar del régimen político, con Mestre jugando de “duro” y el ministro de trabajo lanzando líneas de negociación amañadas para desactivar el paro, y luego con la represión directa, no podría haber funcionado sin el aporte de la burocracia sindical de las CGTs y las CTAs. La CGT se mostró completamente fragmentada. Un sector encabezado por el Surrbac (recolectores), LyF y en menor medida el SUOEM (municipales) debió, ante los despidos, salir a apoyar a los compañeros. Pero también la GCT Córdoba conducida por Pihen debió sacar una muy formal declaración de apoyo. El sector de la UOM y Comercio directamente salió a bancar al gobierno y a la burocracia de la UTA nacional.
  La exigencia de un paro provincial, que hubiera roto el aislamiento y servido para enfrentar con toda la fuerza de nuestra clase al bloque patronal, chocó con la poca voluntad de la burocracia en apoyar un conflicto que cuestionaba las bases de su poder. Los burócratas siempre intentaron frenar la radicalización de la lucha para encausarla en canales de la normalidad y la legalidad burguesa. No por nada al terminar el paro los burócratas dejaron pasar sin luchar la ley de servicios esenciales en la legislatura provincial, que regimenta el derecho a huelga, ya que esta ley viene a salvarlos de futuros embates de las bases. Toda atadura de nuestros sindicatos al estado fortalece a la burocracia sindical. Lamentablemente, los amagues al paro provincial sirvieron para desarmar a los trabajadores, sembrando falsas esperanzas en supuestos “compañeros de lucha” que terminaron dejándolos solos en el momento más difícil.
  
  Errores de la dirección
  La dirección del conflicto estuvo en manos de los cuerpos de delegados de las 4 empresas de transporte, conformados por elementos heterogéneos. Tuvo un rol importante el PO, por su influencia en el cuerpo de delegados de TAMSE (trolebuses) a través de la Lista Unidad. Las delegadas de trolebuses supieron ganarse con su firmeza gran respeto del ala izquierda del activismo.
  El PO, como dirección centrista legal-parlamentaria, no fue capaz de mantener una posición firme frente al ministerio de trabajo. Se rechazó la conciliación obligatoria, pero fue a partir de argumentos legales (que el ministerio era incompetente) y no políticos, es decir, que había que sacarlo de en medio como mediación que intervenía a favor de la patronal. Esta falta de claridad provocó que no se pusiera a debate la necesidad de establecer una negociación directa, sin mediaciones, con Mestre y las empresas, para lo cuál era necesario desconocer la intervención de la UTA y votar delegados paritarios para dirigir el conflicto y sentarse a negociar. Esto último nos lleva a otro error, que fue la falta de una línea para enfrentar a la burocracia sindical, a la cual sólo se presionaba y hacía exigencias, incluyendo aquí a la dirección de las CGTs. Esto fue grave porque se sembró expectativas en un paro provincial que sólo podía imponerse a la burocracia a través de disputar la dirección efectiva del movimiento obrero. Esto era difícil, desde luego, pero los trabajadores del transporte habían ganado ese derecho a partir de la lucha misma.
  Pero el punto de inflexión y principal error de la dirección fue cuando Mestre recurrió a las fuerzas represivas del Estado para quebrar la huelga y los delegados eludieron el enfrentamiento. Los piquetes en las puntas de línea fueron desarmados por la Gendarmería y los colectivos llevados al predio de la Fuerza Aérea. Una dirección conciente debe calcular que todo conflicto obrero duro va a tener un momento de enfrentamiento físico con el enemigo. En este caso, se trataba de buscar frenar la salida de los colectivos del plan de contingencia, con piquetes en la ruta, denunciando la militarización de un conflicto sindical y llamando al paro provincial para impedir que se sentara semejante precedente, responsabilizando a la conducción de la CGT en caso de que su inacción tuviera consecuencias sobre la integridad física de los compañeros en lucha. Pero esto no se hizo. Al contrario, el PO alentó líneas pacifistas y legales como la campaña por el “botón $0”, solicitando permiso para hacer “paro a la japonesa”. Finalmente, el paro fue vaciado por el desbande de un sector de la base, movido por el temor y por un sector de delegados y ex delegados ligados a la vieja burocracia y a la intervención.
  
  Continuar la pelea
  La gigantesca lucha de los compañeros de la UTA está planteada hoy en otras condiciones. Los delegados están siendo perseguidos por la patronal, que les impide el ingreso a las empresas, y por la burocracia de Fernandez que busca su desafuero. Es necesario reorganizar a los activistas, impulsando asambleas para votar un plan de acción con objetivos claros: reincorporar a todos los despedidos, defender a los delegados, acabar con las persecuciones y represalias contra el activismo y echar a la intervención. En base a esos puntos, y en la necesidad de impulsar un fondo de lucha para sostener a los compañeros despedidos y organizar una oposición sindical a la burocracia de la UTA a escala nacional, podremos evitar que Fernandez, Mestre y el gobierno provincial consigan su cometido: borrar las lecciones de lucha de clases que dieron miles de trabajadores que se atrevieron a enfrentar el plan patronal basado en la miseria salarial.