Realizamos el 3º encuentro del curso preparando la jornada de lucha a 43 años del golpe cívico-militar.
No olvidamos.
No perdonamos.
No nos reconciliamos.
Continuamos la lucha antiimperialista.
Fuera el FMI, abajo el macrismo.
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Los trabajadores de reparto siguen dando pasos firmes en el sentido de la organización y de la lucha. Este 29 de mayo realizarán un nuevo paro nacional con jornada de movilizaciones en varias ciudades del país. Vuelven a ratificar los reclamos por el aumento de un 100% de la tarifa por pedidos (que conforma hoy el salario), por elementos de seguridad e higiene, por justicia por Emma, Franco y por todos los repartidores fallecidos, por ART a cargo de las empresas y por el fin de los despidos y suspensiones (rehabilitación de las cuentas suspendidas).
Este proceso de organización en Pedidos Ya, Glovo, Rappi, Uber Eats y otras aplicaciones, viene creciendo día a día. No se detuvo a pesar de la cuarentena, la militarización de los barrios y calles, de la represión. En Córdoba, la policía local reprimió una de las anteriores movilizaciones de los repartidores el 7 de mayo. A pesar de ello, las caravanas y protestas son cada vez más numerosas en Buenos Aires, Córdoba y La Plata y otras ciudades. También, se están coordinando acciones con trabajadores de reparto de otros países (Brasil, Chile, Ecuador, Perú, España).
Los trabajadores de reparto están abriéndose camino con sus demandas de mejores salarios y condiciones de trabajo. Repudian el asesinato laboral de estas empresas, que con su política de aumento de los ritmos y la reducción de la paga, se están llevando la vida de cada vez más compañeros que mueren atropellados trabajando. Internamente ya debaten la necesidad de reclamar un salario básico inicial y un contrato único, que sustituya a la actual forma de monotributo, que usan y abusan estas empresas. Las conducciones de sindicatos como ASIMM (mensajeros) y APPS (sindicato de aplicaciones), relacionadas con el rubro, han sido puestas en evidencia porque jamás se han puesto al servicio de estas peleas.
Según hicieron trascender algunos diarios, el poder ejecutivo estaría armando un proyecto de ley para enviar al Congreso y legislar sobre la forma de contratación de estas aplicaciones. El “trascendido” no es menos oportuno. Este intento bonapartista del gobierno tendría un claro objetivo. No solo el de “regular” y recaudar. También y, sobre todo, el de limitar la organización de los repartidores y sus demandas. Según Ámbito Financiero, el proyecto busca establecer un régimen especial, que estaría incluso por debajo de la ley de contrato de trabajo.
En los pasillos ministeriales, lejos de la lucha contra estas empresas, se apostan las conducciones burocráticas de APPS y ASIMM. No es de extrañar que quieran estampar la firma a espaldas de los repartidores con tal de quedar como representantes “legales” al amparo del gobierno.
Del Congreso Nacional, del gobierno, de legisladores como los del PJ y Cambiemos, que votan contra el pueblo el pago de la deuda externa, o el arrebato de las jubilaciones a los jubilados, nada bueno podemos esperar los trabajadores. Tampoco se trata de proponer “otro proyecto de ley”. Mucho menos apostar a que el Ministerio de Trabajo "juegue" para el lado de los trabajadores. Las condiciones de trabajo deben ser discutidas por los mismos trabajadores. Detrás de estas maniobras, buscan que los trabajadores del reparto dejen de confiar en sus propias fuerzas y en la lucha, y la depositen afuera, en el gobierno, en las instituciones.
Claramente la tarea de fortalecer y poner en pie la organización sindical de los trabajadores del reparto con independencia del Estado, es de primer orden e impostergable. Va de la mano de luchar por el reconocimiento de los verdaderos representantes votados por los repartidores, para discutir y defender sus demandas frente a estas empresas. Las patronales estarán, por el contrario, más dispuestas a negociar con el gobierno “cambiar algo para que nada cambie” mientras no tengan que reconocer la voluntad organizada de los trabajadores.
Abriendo los ojos ante todos estos movimientos políticos, los trabajadores de reparto necesitan avanzar firmemente en el camino la organización sindical con independencia del Estado, superando el estadio inicial de movimiento, al que algunos llaman “red”. Los medios para alcanzarlo deben ser debatidos conscientemente. Este debate, junto al programa de reivindicaciones y las medidas de lucha, deben ser resueltas por los mismos trabajadores. La última asamblea nacional ha votado impulsar la “realización de asambleas por zona y ciudad para elegir delegados con mandato”. Puede ser éste un gran impulso para avanzar en este camino.
La lucha de los repartidores de las aplicaciones no está sola. Se desarrolla en medio de una serie de luchas obreras (Penta, mineros de Andacollo, textiles como Sedamil, Fadeté, trabajadores de la salud, etc.), que, aunque aún aisladas por la tregua de las burocracias sindicales de la CGT y CTA con el gobierno y las patronales, demuestran la potencialidad y voluntad pelea de nuestra clase en la situación. El 29 de mayo, día del Cordobazo, los trabajadores salen nuevamente a las calles. Todo el apoyo a los trabajadores de reparto, al paro y movilizaciones, a sus demandas, a su creciente organización.
La noche del martes 19, los trabajadores cordobeses supimos que, al día siguiente, el gobierno de Juan Schiaretti y su fuerza Hacemos por Córdoba (HpC) se disponían a votar con su mayoría automática en la legislatura unicameral, en una sesión virtual, un nuevo saqueo a los jubilados de la provincia. Este recorte se concretó ayer y alcanza, según los cálculos del propio oficialismo, la friolera de $6.500 millones de acá a fin de año. El objetivo del saqueo es fondear las arcas del Estado para palear la gigantesca crisis capitalista que está carcomiendo el presupuesto por la continuidad del pago sistemático de la deuda y el sostenimiento de los subsidios a los capitalistas. La Caja de jubilaciones provincial, que cubre a los trabajadores estatales provinciales, municipales, judiciales y de empresas estatales como la EPEC y el BanCor, es presionada desde hace años por la política de armonización con el sistema de ANSES, sobre todo por las gestiones kirchneristas y la actual de Alberto Fernandez, y con esta reforma este objetivo queda casi cumplido. Los principales puntos de la reforma: un diferimiento del aumento en relación a los trabajadores activos de 60 días, un aporte solidario del 20% en las jubilaciones de mayor monto, limitaciones a los llamados “dobles beneficios”, una modificación de la base de cálculo que pasa del 82% móvil del 89% del salario (73%), al 82% de una suma igual al bruto deducido el aporte personal jubilatorio (que llega hasta un recorte directo del 6%) y una modificación de la base salarial del cálculo inicial, pasando de un promedio de los últimos 4 años a uno de los últimos 10.
Mientras los legisladores sesionaban virtualmente, la policía estrechaba el cerco en las calles céntricas, apretando los controles en los puentes que cruzan el Río Suquía con el pretexto de la lucha contra el coronavirus y el control del “brote” en el Mercado Norte, uno de los principales centros de abastecimiento mayoristas de la ciudad. El edificio de la Legislatura, semi-vacio, igual estaba completamente cercado por las fuerzas represivas, aún con la confianza de que ninguno de los burócratas sindicales adherentes al peronismo cordobés, y tampoco ninguno de sus pretendidos opositores, iba a mover un dedo en contra de este ataque contra la clase obrera. Los únicos enfrentando la reforma en la calle fuimos las corrientes de la izquierda.
El lunes de esta misma semana, el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) lanzaba un operativo bloqueando 9 manzanas en pleno centro de la ciudad, alrededor del citado mercado. Pero no tardó en caerse la máscara… el operativo fue gatillado por 2 casos positivos de COVID-19, uno de ellos un trabajador del supermercado “A granel”. Este jóven, al igual que tantos otros trabajadores del sistema de salud y otras ramas encuadradas como esenciales, fue víctima del montaje que hay detrás del COE y toda la política sanitaria de los gobierno provincial y nacional. Su madre declaró a la prensa que el día jueves 7 de mayo, este trabajador fue al hospital Tránsito Cáceres de Allende con síntomas de coronavirus, pero no le realizaron ningún hisopado. Sólo insistiendo al día siguiente le hicieron el test, pero no le dieron jamás el resultado, hasta que tuvo que repetir el estudio la semana siguiente, y dio positivo. Es decir, estuvo una semana expuesto, sin conocer su diagnóstico, y presionado por la patronal para volver a trabajar. Y cuando saltó a la luz, el COE y el ministro montaron el circo, habilitando el control territorial de las fuerzas represivas. Esto, igual que los manejos en el Hospital Italiano, en el geriátrico de Saldán, y tantos otros que aun no se conocen, desnudan la gran mentira que es la política sanitaria de Schiaretti, el ministro de salud Cardozo y el COE.
La realidad es que la cuarentena, ahora de nuevo en la llamada “Fase 3”, está enfocada en el control territorial de las fuerzas represivas y en el control del estado burgués y los empresarios de la circulación de mercancías, sobre todo de nuestra fuerza de trabajo como mercancía, que de no ser por denuncias oportunas el gobierno nacional hubiera puesto bajo ciber-vigilancia obligatoria a través de la aplicación Cuidar. En Córdoba, reprimieron a los trabajadores de la municipalidad de Jesús María, a los trabajadores de Bagley-Arcor, a los trabajadores de delivery y someten a persecución judicial a los trabajadores de la municipalidad de la capital (SUOEM). Todos ellos pelean en contra de recortes salariales que vienen aplicando las patronales y el estado contra nuestra clase, aprovechando las restricciones de movimiento con la excusa de la pandemia. El “golpe maestro” dado bajo esta política, aprovechando el retroceso a la “Fase 3”, fue el robo a los jubilados de Schiaretti y sus legisladores de HpC, a la voz de “es ahora o nunca”.
La CGT Córdoba, dirigida por el alcahuete José Pihén del SEP que es parte de la bancada de HpC, por un lado, y el rejunte de la CGT Rodriguez Peña y las CTAs, por el otro, emitieron sendos comunicados de repudio a la reforma previsional de Schiaretti. No basta. Son saludos a la bandera de la burocracia sindical que, con la excusa de “cuidar la salud”, sostiene una tregua escandalosa con los empresarios y el gobierno peronista. La única salud que les interesa es la suya propia, ya que se niegan a organizar la lucha por las condiciones de seguridad e higiene en los hospitales, los supermercados, las fábricas, los transportes y demás lugares de trabajo. Cuidan la salud de sus propios bolsillos, mientras dejan pasar los recortes salariales, la precarización de las condiciones laborales y el robo a los jubilados.
En medio de esta cuarentena sostenida a balas contra las expresiones de lucha de los trabajadores que nos negamos a pagar con suspensiones, despidos, rebajas salariales o nuestra propia salud la crisis que los patrones y sus gobiernos generaron, el movimiento obrero tiene que pasar a la acción. Los ejemplos están en las asambleas, paros y protestas de los trabajadores de la salud en todo el país, en las luchas de Penta, Bed Time, FADETE, las textiles, los camioneros del sur, los trabajadores del transporte (UTA y AOITA), de Arcor, del delivery, los municipales de Jesús María y de Córdoba capital y tanto más.
Este 29 de mayo, 51º aniversario del Cordobazo, llamamos a todos los sectores combativos del movimiento obrero, opuestos a la tregua de la burocracia sindical, a organizar una gran movilización unitaria. Debemos imponer la unidad del movimiento obrero y enfrentar el ataque de nuestros enemigos de clase, los empresarios y los gobiernos que los defienden, imponiendo a las centrales un Paro Provincial contra la represión y por todas nuestras demandas. Congreso de delegados de base con mandato. Abajo la reforma previsional de Schiaretti. Que se vaya la policía y el ejército de las calles de Córdoba. Desprocesamiento de los municipales de Jesús María, de Córdoba capital y de todos los luchadores. Medidas de seguridad e higiene acordes a la pandemia en todos los lugares de trabajo. Ninguna suspensión. Reincorporación de todos los despedidos, pago integro de los salarios y aumento salarial para alcanzar la canasta básica en el salario inicial de convenio. Escalas móviles de horas de trabajo y salarios. Control obrero de la producción. Preparar la Huelga General. Por un programa obrero de salida a la crisis. Por un gobierno obrero.
21/5/2020