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Domingo, 20 Septiembre 2020 16:12

Por una salida obrera al problema de la vivienda.

Durante los últimos meses, y sobre todo ante el agravamiento de la pandemia, asistimos a masivas ocupaciones de tierras por parte de algunos sectores de la clase obrera: desocupados, precarizados y de las franjas más empobrecidas de la población, se asientan en grandes extensiones de tierra (algunas de propietarios privados, otras fiscales, muchas en litigio), con el objetivo de acceder a una pequeña parcela, la que en algún futuro indeterminado les permita el acceso a la construcción de una vivienda propia.

Si bien el proceso es de extensión nacional, el epicentro y la mayor masividad de dichas tomas se da en diferentes zonas de Provincia de Buenos Aires. Sólo en la región de La Plata hay al menos 20 tomas. Y en la toma del distrito de Pte Perón, en la localidad de Guernica, hay más de 10.000 personas. Al menos cuatro tomas ya fueron desalojadas mediante la brutal represión de la Policía Bonaerense, y sobre la toma de Guernica está pendiente una orden de desalojo, a efectivizarse a partir del 23 de septiembre.

"No hay grieta en la defensa de la propiedad privada de la tierra"

Algo significativo ha sido la defensa cerrada de todas las corrientes burguesas respecto a la propiedad privada de las tierras ocupadas.

En el peronismo gobernante, desde el fascistoide Berni (que responsabilizó de las tomas a sectores de la izquierda e incluso a integrantes del Frente de Todos, como el Movimiento Evita y el M.t.e. de Grabois); pasando por el "progresismo" de Kicillof y la Ministra de Seguridad de la Nación, Silvia Federici; hasta los intendentes pejotistas del Conurbano bonaerense, todos coinciden en la necesidad de "imponer orden" y avanzar con el desalojo de las tomas de tierras.

Mención aparte merece el Frente Renovador de Massa, quién solicitó que la Anses dé la baja de los planes sociales (AUH, IFE) a quienes incurran en ocupaciones. Hace pocos días, a instancia de un diputado del F.R., la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a una ley que establece no sólo la baja de los beneficios sociales, sino el impedimento de acceder a cualquier plan de viviendas del IPV, a aquellos que participen de "usurpaciones ilegales de terrenos".

Por el lado de la oposición burguesa de Juntos por el Cambio, referentes y dirigentes tanto del Pro como de la UCR han levantado sus voces para condenar las tomas y defender el derecho propietario de los "dueños" de las tierras. Incluso acusan al Gobierno y a sectores de la Justicia por "dilatar los tiempos" y no avanzar de inmediato con el desalojo y la represión a los "ocupantes".

Todo esto demuestra que cuando se trata de defender los intereses de clase, y la sacrosanta propiedad privada, no hay grietas entre las diferentes facciones burguesas.

"La discusión respecto a la vivienda obrera"

Si se tienen en cuenta los datos manejados por los organismos estatales dedicados a la problemática, antes del inicio de la pandemia se registraba un "déficit habitacional" de más de 3,5 millones de familias. Esto da nota de que la imposibilidad del acceso a la vivienda obrera, es sin dudas uno de los mayores problemas sociales en la sociedad capitalista, lo que se ve agravado en países semicoloniales como Argentina.

Desde algunas corrientes de la izquierda se intenta desarrollar una discusión programática al respecto. En este sentido, el PO plantea: "creación de un banco de tierras disponibles, expropiación de la tierra ociosa e improductiva, reconocimiento de la tierra de las comunidades originarias, por un plan de viviendas con trabajo genuino y bajo convenio para la construcción de un millón de viviendas populares, con recursos del no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas y rentas".

El problema que no resuelve este planteo, ni intenta hacerlo, es la imposibilidad de reformas profundas y duraderas en el tiempo, dentro de los márgenes del Estado burgués y la sociedad capitalista. La idea de “un plan” al que hay que buscarle financiación capitalista, es una falacia; es alimentar ilusiones de que el capital puede de la mano del estado burgués, como milita Grabois, cumplir un rol progresivo.

Desde la COR sostenemos que el problema de la vivienda y la propiedad de la tierra no está escindido del problema general de propiedad privada de los medios de producción y de subsistencia. Por lo tanto, la única forma de dar resolución a la acuciante necesidad de acceso a la vivienda de grandes sectores de la clase trabajadora, es la perspectiva de que los sectores de la vanguardia obrera incluyan en su programa la lucha por la expropiación de las grandes extensiones territoriales, hoy en manos de los capitalistas y terratenientes; también de las casas de lujo o con capacidad para a alojar allí a los obreros sin vivienda o que viven hacinados.

Dicha lucha debe ir de la mano de la pelea por la expropiación de los grandes medios de producción, incluidos los de la producción de viviendas (construcción y materiales), disputando el control de los mismos en el corazón del poder capitalista, la economía.

Todo el apoyo a las tomas. No al desalojo. Abajo la represión.

Por un programa obrero.

C.O.R.

Publicado en Nacionales
Miércoles, 02 Septiembre 2020 21:39

Verdad y justicia para Facundo

El cuerpo hallado en Villarino el 15/8 pasado, es de Facundo Astudillo Castro. El EAAF confirmó su identidad, y su madre recibió hoy la información oficial de parte de la jueza, luego de soportar una nueva operación del aparato de la inmundicia policial/judicial/servicios y sus voceros a sueldo el lunes pasado.

Desde el 30/4 Cristina Castro busca a su hijo Facundo, señalando claramente la responsabilidad de la policía bonaerense en su desaparición forzada, la responsabilidad del Fiscal Ulpiano Martínez, de la jueza María G. Marrón y del ministro Berni en el entorpecimiento de la investigación y en el amparo e impunidad del accionar policial. Y en cada acción de la Justicia y del poder político, confirma lo que venimos denunciando en las calles: FUE LA POLICÍA.

La muerte de Facundo es responsabilidad policial, pero hay que ser muy claros en esto: el accionar policial es el resultado de la implementación en todo el territorio de una política estatal reaccionaria de control de la circulación de las personas, la cuarentena. La decisión del gobierno del Frente de Todos de hacer frente a la pandemia, imponiendo el control estatal de la circulación de la población mediante el despliegue de sus fuerzas represivas y de seguridad en rutas, calles y barriadas, tuvo como resultado más de 100 muertes por gatillo fácil y en custodia de fuerzas de seguridad (muerte en comisaría), incluyendo desaparición forzada seguida de muerte como en el caso de Facundo, y antes de Luis Espinosa en Tucumán.

Esto es central porque, para contener la crisis política que implica la responsabilidad estatal en la desaparición y muerte de Facundo, desde la coalición de gobierno barajan desde una purga en la conducción de la bonaerense, que puede incluir la salida de Berni para descomprimir la bronca, hasta un proyecto de reforma policial. Para eso Alberto ya tienen en marcha una inyección millonaria de recursos para fortalecer el aparato policial, que necesitan apuntalar para afrontar la crisis social en el conurbano y en las provincias frente a la aceleración de la pauperización y las tensiones a que da lugar el descalabro económico y sanitario.

La línea de fortalecer y preservar el aparato burocrático militar es una tendencia internacional de la burguesía, para afrontar los agudos procesos de masas más abiertos, o más en ciernes, que amenazan su dominio. En oposición, el planteo de DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA que discuten los sindicatos y el movimiento Black Lives Matter en EEUU, y la exigencia de expulsión de los sindicatos policiales de las centrales obreras, son discusiones programáticas centrales del proletariado a nivel internacional, que deben orientar la discusión de la vanguardia respecto a cómo derrotar los planes de los gobiernos burgueses de preservar sus sistemas, de patear la crisis para adelante, y de avanzar con sus planes de reformas antiobreras. La consigna “Fuera Berni” es errada, porque centra el accionar político de las organizaciones políticas, sindicales y sociales en un cambio de fusible político, que en lo inmediato sólo serviría para descomprimir, preservando incluso a la coalición gobernante.

Los revolucionarios tenemos la responsabilidad de llevar al interior de las organizaciones obreras y sociales nucleadas en la CTA, la tarea de expulsar los sindicatos policiales de la central. Tenemos la responsabilidad de batallar por conquistar verdad y justicia para Facundo con nuestros métodos, imponiendo con un paro general, la creación de una comisión investigadora independiente.

El gobierno del Frente de Todos no puede garantizar independencia de poderes, imparcialidad, ni ninguna otra abstracción burguesa en su promesa de castigo a los responsables de la muerte de Facundo. No será el peronismo que ayer forjó la Triple A, que tiene una larga lista de desaparecidos en democracia bajo su gobierno y responsabilidad, que abrazó genocidas como Milani, y que hoy unta con miles de millones a una policía que suma un centenar de pibes asesinados por gatillo fácil, quien pueda garantizar verdad y justicia para nuestros muertos, como tampoco lo hizo el alfonsinismo de las leyes de impunidad a genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

No permitamos que el gobierno use el caso de Facundo para justificar cínicamente una reforma de su policía y su justicia de clase. Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia para Facundo y el castigo a los responsables, es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: PARO GENERAL YA. Extendamos internacionalmente la bandera de lucha que ya levantan en las calles, las organizaciones obreras y la juventud negra norteamericana: ¡DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA y de todas las fuerzas represivas del estado!

Publicado en Nacionales

Esta semana, la ciudad de Córdoba fue testigo de un nuevo asesinato a manos de la nefasta policía de la provincia. Blas Correas, joven de 17 años, fue acribillado por la espalda por agentes apostados en un control de circulación, de los que abundan en los barrios, rutas y en cada puente de la ciudad desde que se dictara la cuarentena por el gobierno de Fernández. Incluso, este control represivo del territorio viene de mucho antes, a partir de la política de seguridad del gobierno de Schiaretti. Tal es la conmoción generada por el caso, que el gobierno se vio obligado a relevar a la cúpula policial de Córdoba Capital, un cambio cosmético para sostener la política represiva de siempre.
Los asesinados durante la cuarentena a manos de las fuerzas represivas ya cuenta 5 en la provincia. Se suman a muchos otros casos a nivel nacional, como el de Luis Espinoza en Tucumán y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Provincia de Buenos Aires. En nuestra ciudad, las detenciones arbitrarias y los “verdugueos” a la juventud de los barrios son moneda corriente, ahora “legalizada”, y apuntalada por la presencia de la gendarmería y el ejército. Venimos de una importante marcha por la aparición con vida de Facundo, a 3 meses de su desaparición, y se prepara una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil.
Mientras los sindicatos siguen en su tregua permanente, dándole la espalda a la juventud que sufre los abusos de las fuerzas represivas en los barrios, tenemos la responsabilidad de llevar el reclamo por justicia para Blas Correas, Luis Espinoza y tantos más, y por la aparición con vida de Facundo, al interior de las organizaciones obreras. Las fuerzas represivas del Estado, con la policía de Córdoba a la cabeza, son las mismas que reprimieron a los trabajadores de la UTA, del SUOEM, del sindicato de municipales Jesús María y de la Bagley de capital. Sólo por enumerar las represiones recientes, sin olvidar el histórico rol antiobrero de estos perros guardianes del capital. Impulsemos en cada plenario y asamblea de los sindicatos de base de la CTA una exigencia contundente: los policías no son trabajadores. ¡Fuera los sindicatos policiales de la Central! ¡Disolución de la policía! Extendamos internacionalmente el ejemplo de los sindicatos estadounidenses los que, tras el asesinato de George Floyd, exigen la expulsión de las organizaciones policiales de las centrales obreras.    
También el movimiento estudiantil debe tomar en sus manos esta pelea. Que la FUC y los centros de estudiantes abran sus puertas y organicen la lucha contra la represión. ¡Que la policía se vaya de la UNC!
Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: ¡Paro General ya! Justicia para Blas Correas.

Publicado en Córdoba
Sábado, 08 Agosto 2020 00:18

¡Reagrupar al activismo para salir a luchar!

El 13 de marzo, en medio del endurecimiento de las medidas estatales respecto a la pandemia de Covid -19, la UNCUYO determinó que el cursado tanto de las facultades como de los colegios de la universidad se realizaría a través de clases virtuales. Esta medida se prolongó durante el primer cuatrimestre y se mantendrá en el segundo. Las condiciones laborales han empeorado, las paritarias docentes y no docentes están congeladas, el presupuesto universitario es totalmente insuficiente para surfear la crisis. A comienzos del primer cuatrimestre rechazamos la desvinculación de las trabajadoras y trabajadores de PEUCE. Los trabajadores y trabajadoras del comedor universitario reclaman un aumento salarial, cobro de aguinaldo, pase a planta permanente. Por otra parte, trabajadores de la limpieza hicieron público su reclamo, no les pagan su salario desde hace 6 meses.

Frente a estas situaciones de despidos, ajuste, precarización, salarios por debajo de la canasta básica familiar, sobrecarga laboral por la modificación de la modalidad de cursado, etc. los consejos y centros de estudiantes dirigidos tanto por el radicalismo y el arco del peronismo-k han garantizado un movimiento estudiantil sumiso y desorganizado frente a los ataques de las patronales y los gobiernos Provincial y Nacional. Las agrupaciones universitarias oficialistas han sido co-gestores de la política del gobierno de Alberto, sin cuestionar las brutales políticas de ajuste y represión como el asesinato de Luis Espinoza, la desaparición forzada de Facundo Castro y los innumerables casos de violencia por parte del sistema represivo del Estado, que justifican en nombre de la cuarentena.  Al mismo tiempo no rechazan las modificaciones de las condiciones laborales que ha impuesto la virtualidad, el sobrecargo horario, no garantizar el pago de internet, el acceso a las computadoras o dispositivos para dar clases, etc.

A lo largo del primer cuatrimestre hemos presenciado cómo nuestras compañeras y compañeros abandonan el cursado o ni siquiera pudieron comenzar el año ya que las paupérrimas sumas monetarias que se han destinado para pagar parte del acceso a la conectividad llegaron a mitad de semestre. Todavía no sabemos con exactitud cuál es nivel de deserción en la UNCUYO, es necesario realizar un relevamiento curso por curso para que tengamos magnitud del desastre de las políticas de las autoridades. Este relevamiento puede ser realizado por los delegados de curso. La virtualidad ha puesto aún más en evidencia que la universidad por más de ser “pública” sigue teniendo filtros de clase que no permiten que los hijos de la clase obrera tengan el derecho a la educación superior.

Ya son tres las carreras que a partir del próximo año serán eliminadas de la UNCUYO. La primera fue Tecnicatura en Educación Social, hace un par de días se confirmó el cierre de la TUPA (Tecnicatura Universitaria Producción Audiovisual) y por último han decidido cerrar la Licenciatura en Enfermería en plena crisis sanitaria. No podemos permitir estos cierres, es necesario radicalizar las protestas en contra de estas medidas, bajo ningún motivo debemos permitir que las autoridades triunfen con estos atropellos.¡¡¡No al cierre de carreras!!!

Frente a la crisis que atraviesa la UNCUYO no podemos mantenernos en la pasividad y el control que quieren imponer Alberto y los rectores. Debemos seguir el ejemplo de las y los trabajadores municipales de Mendoza que se manifestaron para conseguir un aumento salarial y enfrentaron la represión de Suárez.  Las y los docentes, también se han hecho presente en las calles reclamando el pago de aguinaldo, reapertura inmediata de paritarias, aumento del presupuesto educativo, etc. También de las y los trabajadores de la salud que han salido a protestar por pase a planta permanente, aumentos salariales, insumos, etc.  Podemos tomar como ejemplo a estudiantes y organizaciones de izquierda de la Universidad Nacional de Córdoba que se están organizando para enfrentar el ajuste, realizando charlas, asambleas y cortes de calle. Debemos reagrupar al activismo y organizaciones combativas, saludamos la iniciativa de las agrupaciones universitarias del FIT-U de proponer instancias de discusión para reagrupar al activismo. Pongamos fecha pronto a una reunión de tendencias y el activismo para preparar las reuniones presenciales y organizar acciones, siguiendo el ejemplo de sectores en lucha, dándonos las medidas de resguardo necesario (distancia, tapabocas, etc). Los centros de estudiantes deben abrirse, es una tarea urgente realizar asambleas por facultades y en los colegios de la universidad. Debemos luchar por:

  • ¡Reapertura inmediata de paritarias docente y no docente!
  • ¡Aumento del presupuesto universitario!
  • ¡No pago de la deuda externa! ¡Rechacemos la entrega del gobierno a los buitres, que implica mayor explotación, precarización y ajuste!
  • ¡Salario inicial igual a la canasta básica, pase a planta permanente de los precarizados, horas de estudio bancadas por las patronales, triple turno de cursado, ingreso irrestricto y demás reclamos!
  • ¡Partidas específicas para obras edilicias y provisión de equipos y materiales para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salud para la vuelta a las aulas y demás espacios de estudio e investigación de la UNCUYO!
  • ¡Aparición con vida de Facundo Astudillo Castro! ¡Fuera la policía y la seguridad privada de la UNCuyo!

Es sobre esta base que prepararemos un plan de lucha para imponer nuestras demandas. Debemos pelear por una Universidad dirigida por los sindicatos y las organizaciones estudiantiles, sobre la destrucción de los consejos reaccionarios, para ponerla al servicio de la lucha de la clase obrera. 

COR-rama universitaria.

Publicado en Mendoza

Los trabajadores municipales de la ciudad de Mendoza, organizados en ATE, llevan ya un mes de conflicto en reclamo de recomposición salarial. Perciben salarios que rondan los 10 mil pesos, gran parte compuesto por adicionales no remunerativos ni bonificables. En este tiempo, el tándem radical Suárez-Suárez que gobierna el municipio y la provincia, los ha reprimido tres veces, con desalojos, gaseos, golpes, denuncias penales individuales y al sindicato, y sumarios.

La última represión, ocurrió este domingo 5/7, tras 12hs de intimidación policial y amenazas de la fiscalía, que concluyeron en el violento desalojo de la protesta que sostenían en el KM 0 de la ciudad, y la detención y agresión física de 46 trabajadores, entre ellos los dirigentes de ATE, Adriana Iranzo y Roberto Macho, y de SUTE, Sebastián Henríquez y Pablo Massutti. El argumento para el accionar policial, y la imputación posterior de 36 del total de detenidos, fue la violación del artículo 205 del código penal que castiga con prisión a quien no acate las medidas dispuestas por las autoridades para la prevención de una epidemia. Lo cínico de tal argumento, es que en Mendoza está permitido compartir una mesa de bar con 10 amigos, pero te mandan la infantería si 4 laburantes, que se cagan de hambre con sueldos miserables, se encadenan a un banco en la peatonal. Otra muestra más del carácter antiobrero del conjunto de medidas dispuestas por el decreto de Alberto en acuerdo con los gobernadores, para disciplinar a la población trabajadora que están cargando con lo peor de la crisis económica y sanitaria.  

El sector de limpieza urbana y de preventores que está en lucha por recomposición salarial, se está organizando en ATE, mientras el sindicato mayoritario es el SOEM, dirigido por el concejal radical Dugas Chapel, abiertamente alineado con la gestión Suárez. No es un dato menor que después de la primera represión a los municipales en lucha (desalojados por la policía el 13/6 cuando realizaban un acampe en el predio usado por la municipalidad en el Barrio La Favorita), el SOEM, para descomprimir, negoció el 16/6 que parte del salario pagado con tickets alimentarios, pasara a pagarse a partir de julio como dinero en efectivo, totalmente en negro. Acuerdo inconsulto con la base, mucho menos con el sector en lucha, y claramente insuficiente. Este es el rol de una burocracia podrida que no ha repudiado la represión sufrida por este sector de trabajadores municipales, y es la principal garantía de subordinación de los empleados municipales a las políticas de precarización, tercerización y pauperización de la gestión radical en la ciudad.

Este conflicto se volvió testigo de la problemática que padecemos el conjunto de los estatales. El radical Suárez en Mendoza, igual que Alberto en la nación, priorizan el pago de la deuda externa y la negociación con los bonistas, a costa de salarios congelados, despidos y suspensiones. Aguinaldos postergados. Paritarias cerradas. Alta precarización laboral, con contratos basura, prestaciones, suplencias, monotributo, etc. Y también porque la fragmentación sindical agrava la crisis de dirección del conjunto de los estatales. Los reclamos son los mismos: reapertura inmediata de paritarias, recomposición salarial, pase a planta permanente. Pero el alineamiento de conducciones con el gobierno del Frente de Todos por un lado, y de Cambia Mendoza por otro, se traduce en desmovilización y desconfianza de las bases.

Los municipales en lucha, que soportaron tres represiones y no han sido doblegados, tienen que triunfar. Son hoy una referencia para el conjunto de los estatales, y tienen ganada la autoridad para convocar a provincializar el conflicto, instando a poner en pie un congreso de delegados estatales de base mandatados, que supere la fragmentación de las conducciones y permita centralizar las fuerzas dispersas de los trabajadores. Esta instancia es clave para debatir y resolver un plan de lucha unificado, que prepare un paro provincial hasta imponer el reconocimiento de las demandas de los municipales, y que obligue a Suárez a sentarse a discutir en una paritaria estatal única.

Un congreso de delegados de base, es necesario, para avanzar en un debate programático de cara a resolver la grave crisis de dirección que nos atraviesa al conjunto de los estatales. Las tendencias y delegados antiburocráticos y de izquierda, tenemos la responsabilidad de batallar por un programa de independencia de clase, forjando una oposición sindical revolucionaria que dispute la dirección de la lucha de los estatales y prepare la recuperación de los sindicatos. En cada lugar de trabajo, impulsemos asambleas y mandatos de PARO PROVINCIAL y de ruptura de la tregua de las CGT y CTAs al gobierno del FdT. Preparemos un congreso que discuta cómo enfrentamos la crisis económica y sanitaria con nuestros métodos de clase.

 

Los estatales, la policía y el monopolio de la fuerza del Estado.

En el conflicto de los municipales, junto al sector de limpieza urbana, sostienen la lucha un grupo de preventores. Los preventores son un cuerpo de civiles, creado en el ámbito de la Municipalidad de Mendoza, por decreto del año 2008 (luego emulado por otros municipios), con el objetivo de observar, informar y colaborar con la Policía de Mendoza. Como cuerpo de civiles, auxiliares de la Policía provincial, portan tonfas y gas pimienta, y tienen acceso al sistema Tetra de comunicación encriptado que usa la policía. Si bien son civiles, son casi 300 los preventores de la ciudad, cuya función es la cooperación y coordinación como auxiliares en el accionar policial.

No podemos ser indiferentes a las implicancias de esta relación. Más aún en esta situación de crisis económica mundial acelerada por la pandemia, frente a la cual, la cuarentena es utilizada por Alberto y los gobernadores, para aumentar el control de la circulación de bienes y de trabajadores. Para ello son las medidas de mayor intervención de las fuerzas de seguridad, incluyendo el despliegue del ejército en las barriadas, como parte de la preparación de los capitalistas y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo. Medida que ya se ha cobrado numerosas vidas, como Luis Espinoza en Tucumán, dos jóvenes muertos en las comisarías de San Luis, Facundo Scalzo y tantos otros asesinados por gatillo fácil en el marco del ASPO. Esta tendencia es internacional, y vemos su expresión, con sus especificidades, en las movilizaciones contra los asesinatos raciales a manos de la policía en EEUU, y la discusión abierta en el movimiento obrero sindicalizado respecto a la expulsión de los sindicatos de policía de las centrales obreras.

La policía es una fuerza integrada por individuos que se forman y trazan su vida como miembros de las instituciones represivas del Estado burgués. Los policías, oficiales, suboficiales, espías de la exSIDE y demás servicios, no son obreros aunque ganen poco, soporten largas horas de servicio, los maltraten los superiores o vivan en malas condiciones. Es una aberración completa considerar que existe algún tipo de “unidad de clase” con los policías, a pesar de poder ellos mismos ser hijos de obreros u obreras, y de percibir por su servicio una remuneración salarial. Su función es opuesta a los asalariados que trabajan en la producción o en servicios. La función del policía consiste esencialmente en colaborar con la explotación capitalista, asegurando en forma “técnica y administrativa” la extracción de plusvalía y la disciplina laboral. Aunque sean pobres o maltratados no significa ni mucho menos que los policías sean explotados. Los trabajadores son explotados porque rinden plusvalía al patrón. El policía amordaza al obrero y ayuda al patrón a tenerlo esclavizado. “El hecho de que los agentes de policía fueran reclutados en gran parte entre los obreros socialdemócratas no significa absolutamente nada. Aquí también la existencia determina la consciencia. El obrero que se hace policía al servicio del Estado burgués es un policía burgués y no obrero. (…) Pero lo más importante es que todo policía sabe que los gobiernos cambian, pero la policía queda” (León Trotsky. Alemania, la revolución y el fascismo).

En este conflicto, un grupo numeroso de preventores estuvo en la lucha, junto a los trabajadores de limpieza urbana, soportando incluso la represión de la fuerza policial. Es importante dar el debate de la perspectiva que abre este conflicto para el sector. Por ello sostenemos que los preventores que están en la lucha junto al resto de los municipales, deben plantear la disolución del cuerpo de preventores, y su reubicación en otras tareas y servicios municipales.  Porque cualquier lucha reivindicativa elemental, nos encontrará una vez más, enfrentando el accionar policial como fuerza represiva del Estado para disciplinar a los trabajadores. Debilitar el poder represivo estatal, es central en la perspectiva estratégica de la destrucción de este Estado, que no es nuestro Estado.

Publicado en Mendoza

Molino Minetti: Derrotado el primer intento de desalojo
Poner a producir el molino con los 150 adentro

El miércoles 22 de enero se vivieron momentos de tensión en el molino Minetti. Tras el cierre fraudulento de los portones por parte de la empresa para fortalecer el lock out, los compañeros decidieron recuperar la planta, con el apoyo de la comisión de mujeres y algunos grupos de izquierda, incluida nuestra corriente. La respuesta de la patronal y de toda la institucionalidad del Estado no se hizo esperar: la justicia mandó la orden de desalojo y Schiaretti a la policía provincial con un operativo contundente. Son los cómplices, junto a la burocracia de UOMA, de garantizar el no pago de salarios, el lock out y los despidos de los tenaces molineros que vienen desde hace meses resistiendo este ataque.
Finalmente, luego de horas de tensión, los delegados hicieron un acuerdo para que la policía retrocediera, un acuerdo precario ya que se mantiene la amenaza de desalojo y un móvil policial se mantiene en el predio haciendo inteligencia. La tenacidad de resistencia de los molineros es ejemplar, merece el apoyo del conjunto de nuestra clase. La burocracia sindical de las CGTs y CTAs provinciales, amigas de Schiaretti y de Alberto, le está dando la espalda al conflicto, preocupadas más por garantizar el pacto social. Las oposiciones dentro de los sindicatos debemos redoblar esfuerzos, para sostener la pelea de los molineros y para poner a nuestros sindicatos en pie de lucha. ¡Que las CGTs y CTAs llamen ya a un paro provincial!
Para avanzar en la lucha, es necesario romper el lock out poniendo el molino a producir, convocando al conjunto de los compañeros para esta enorme tarea. Los mejores aliados para esto son los sindicatos de las ramas vinculadas a los servicios, al trasporte y la distribución de la materia prima y la harina, como Camioneros, Empleados de Comercio, Luz y Fuerza y Gas. Es necesario llamar a estos sindicatos y a sus trabajadores, con la tarea principal de derrotar el actual intento de desalojo y avanzar en la puesta en producción. También es necesario continuar luchando para derrotar la política cómplice de la UOMA  y preparar el paro molinero. El camino de confiar en el ministerio, en la justicia o en el gobierno de Schiaretti ha demostrado llevar a un callejón difícil de sortear.
¡Reincorporación de todos los despedidos!
¡Poner el molino a producir!
¡Abajo el desalojo!

COR Regional Córdoba

24/01/2020

 

Publicado en Córdoba
 

El acuerdo por la paz, el orden público, y una nueva constitución, que significó un gran gesto de unidad nacional para salvar al gobierno de Piñera, dio un salto el miércoles 04 de diciembre con la votación por el parlamento y el senado de la llamada “ley antisaqueos”.

Esta ley contempla reclusión de hasta 5 años a trabajadores por “paralizar o interrumpir un servicio público… de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones”, este proyecto fue aprobado por prácticamente la totalidad del parlamento y el senado. También persigue a los que luchan penalizando a quienes lancen “elementos contundentes” o que realicen barricadas o que ocupen “bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola…públicos o privados”. Toda una defensa de la propiedad privada capitalista y de las fuerzas represivas a su servicio.

La abstención del PC indicando que ellos sólo aprueban la penalización contra los saqueos, demuestra que están a favor de criminalizar la pobreza defendiendo la propiedad y acaparamiento de verdaderos saqueadores del pueblo, defendiendo a las grandes cadenas de supermercado como WallMart o Cencosud.

Además de esta ley se encuentra en trámite y con amplia adhesión de los partidos burgueses y pequeñoburgueses una reforma constitucional que implementará una especie de “Estado de Emergencia de grado menor” para colocar militares en la llamada “infraestructura crítica”, puertos, aeropuertos, hospitales, centros de abastecimiento de agua y luz, con el objetivo de una nueva intervención de las fuerzas armadas, esta vez contra algunos de los sectores obreros que han salido a luchar con más decisión como los trabajadores de la salud y los portuarios.

Con la vieja política del garrote y la zanahoria, estas medidas son presentadas por el ministro Blumel como la precondición para la puesta en marcha de la “agenda social”, basada en repartir algunas migajas tales como el incremento de la pensión básica solidaria en niveles de muy miserable a bastante miserable (a 165 mil pesos, U$200).

La profundización de la crisis económica, donde hoy hablan una “recesión técnica” (algo así como solucionable en el corto plazo según sus pronósticos de ajuste), ya han dejado más de 76 mil despidos desde octubre a esta parte. Una prueba más de que la burguesía revanchista descargará sin piedad los costos de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora. Para aminorar los despidos el gobierno propone que las empresas en crisis eviten despidos disminuyendo jornadas laborales y salarios compensando parcialmente las pérdidas con los fondos acumulados por propios de los trabajadores en el seguro de cesantía, una verdadera ganga.

También discuten un ingreso mínimo de 300 mil pesos (U$ 360) consistente en un subsidio estatal para las empresas que paguen menos de esa suma, cuya discusión en el parlamento pasa por si va dirigido a todas las empresas y sólo a las pymes.  En rigor un verdadero incentivo para que los capitalistas reemplacen mano de obra barata por más barata, o aumenten el volumen de trabajadores subcontratados según las fórmulas de quienes defienden a los pequeños explotadores.

Luego del gran acuerdo por el orden público y la nueva constitución las luchas y movilizaciones disminuyeron su masividad, aunque no su contundencia. Las energías de amplias masas se disipan si no encuentran las vías organizativas y las perspectivas adecuadas para dar salida a la crisis, junto con el accionar de los lúmpenes organizados (carabineros) y no organizados (desclasados) que constituyen las arenas movedizas del caos sin organización y dirección. Las direcciones burocráticas de la mesa de unidad social, si bien se colocaron en la vereda crítica del acuerdo, intentaron impulsar paros de presión para sentarse a negociar exigiendo cambios al acuerdo constituyente y al mismo tiempo servir la mesa de negociación del sector público, sin denunciar la ofensiva de despidos y represión en curso buscando un modesto reajuste dado el marco de la crisis.

Es necesario indicar que un cambio a la constitución impulsado principalmente por aquellos que desean establecer un modelo de “redistribución de la riqueza” en la misma no resolverá los grandes problemas planteados por las luchas de los trabajadores y la juventud. El intento de refundar al semiestado chileno, atado por mil lazos a la dominación del imperialismo, como lo expresó el secretario de estado norteamericano Mike Pompeo ofreciendo ayuda para impedir que “protestas se conviertan en revueltas” en su “patio trasero”, es una perspectiva de corto aliento para edulcorar la democracia para ricos. No sólo porque no es un proceso estrictamente nacional, como lo demuestra la resistencia obrera y campesina contra la ofensiva reaccionaria en Bolivia o en Colombia con su tercer paro nacional, sino porque no existe viabilidad histórica para un nuevo tipo de Estado burgués.

Es vital que los trabajadores organizados en los grandes medios de producción intervengan en esta crisis para aportar una salida. Es necesario que los luchadores y la juventud vuelquen toda su energía para impulsar los métodos de acción y organización junto a los sectores obreros. Se debe establecer el control obrero junto a comités de abastecimiento en las grandes cadenas de supermercado; es necesario levantar comités de autodefensa ante cada lucha obrera incorporando a los juventud de la primera línea; se debe levantar un programa para incorporar masivamente a los desocupados a la producción ligándolos a los sindicatos, recuperándolos para la lucha de manos de la burocracia, imponiendo escalas móvil de salarios y horas de trabajo partiendo de un salario base igual al costo de la canasta familiar, los trabajadores retirados no deben tener pensiones inferiores al costo de una canasta de adulto; luchar por el pase a planta de los subcontratados como se conquistó recientemente en la USACH luego de años de lucha junto a los estudiantes; además de luchar por el derecho a la salud, la educación, la vivienda. Es prioritario que impulsemos un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora, que recupere los sindicatos, y vote un programa y un plan de lucha para enfrentar la política de miseria social y reacción en toda línea del gobierno, los partidos de oposición y el conjunto de las instituciones de la democracia para ricos.

Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros y populares

Comités de autodefensa para enfrentar la represión

Juicio y castigo a los represores, asesinos, violadores y torturadores

Por el control obrero de los de los grandes medios de producción

Impulsemos un Congresos de Delegados de Base para poner en pie una salida obrera a la crisis.

Abajo Piñera

Por un Gobierno Obrero

Publicado en Internacionales

Hoy en horas del mediodía, la policía provincial bajo el mando del gobernador peronista Juan Schiaretti (amigo de Macri y de Alberto) descargó la represión sobre los compañeros del sindicato de Luz y Fuerza cuando estos concluían una jornada de paro y movilización en la sede central de la EPEC. El saldo son 11 detenidos y varios heridos de bala de goma, incluidos trabajadores de prensa.
El gobierno provincial, luego de las elecciones de mayo, ha lanzado una fuerte campaña para justificar el ajuste de las cuentas públicas, alegando la baja de la recaudación. Apunta a los trabajadores estatales y a los docentes, anunciando la revisión de las paritarias a la baja, descontando la complicidad de la burocracia sindical del SEP y la UEPC. La crisis ha sido agudizada por la última devaluación concertada por el tridente Macri-Alberto-FMI, y la sufren sobre todo los trabajadores de la industria con suspensiones y despidos. La empresa provincial de energía, EPEC, ya ha sido apuntada no sólo como objeto de ajuste, sino también como un gran botín para los pulpos energéticos, que pretenden quedarse con las áreas redituables del negocio.
El gran escollo para los planes de Schiaretti y las patronales, igual que en las fábricas, escuelas, hospitales y reparticiones, son los trabajadores, en este caso del sindicato de Luz y Fuerza que se han puesto en pie de lucha desde el año pasado para enfrentar el ataque. Ataque que incluye tercerización de áreas (automotores, toma de estado, y otras), anulación de conquistas plasmadas en el CCT y una agresiva rebaja del salario real con aumentos ridículos fijados unilateralmente por el directorio de la empresa, a partir de la traición  de la burocracia sindical de Rio IV y Villa María.
La lucha ha sido dura, con marchas, paros y toma del edificio central en agosto de 2018. Y el despliegue de una gran solidaridad con los conflictos que han atravesado la ciudad, encabezada centralmente por delegados de base del sindicato. Sin embargo, la burocracia de Suárez ha sido siempre un freno para el activismo, llevando a una lucha de “desgaste” que no ha traído frutos. Y no sólo por los métodos de acción, sino centralmente por el programa desplegado, basado en la consigna “defensa de una EPEC cordobesa, pública e integrada”, que significa unir al pueblo en general en un frente contra la privatización, una política de conciliación de clases. Se busca así diluir la potencia de un sector de la clase obrera en un movimiento donde también se incorporen las capas medias, pero también las pymes y otros sectores patronales. Una versión del frente por la “emergencia alimentaria” que vienen desplegando el peronismo a nivel nacional las últimas semanas.
Para enfrentar el ataque del gobierno nacional, provincial, las patronales y el FMI debemos imponer a las CGTs y CTAs un Congreso de Delegados de Base con Mandato, que discuta un programa basándose en la deliberación en asambleas del conjunto de nuestra clase. Para frenar el ataque a nuestras conquistas, nuestro salario, contra los despidos y suspensiones y las reformas que planean imponernos (laboral, previsional, educativa) debemos discutir una salida obrera a la crisis y los métodos y acciones para imponerla.

¡Libertad a los presos de Luz y Fuerza y a todos los luchadores!
¡Desprocesamiento de los estudiantes de la UNC!
¡Por un Congreso Provincial de delegados con mandato de base!
¡Por un Paro Provincial en camino a un Paro Nacional de 36hs!

COR
Corriente Obrera Revolucionaria
Regional Córdoba

Publicado en Córdoba

El pasado 26 de junio, el Juez Hugo Vaca Narvaja y la fiscal Graciela López de Filoñuk avanzaron en la causa contra los estudiantes que participaron de la lucha educativa del 2018 determinando el procesamiento de 27 estudiantes bajo el cargo de “usurpación por despojo”.
Este avance en la criminalización de la protesta pretende disciplinar a los luchadores que enfrentamos los planes de ajuste de Macri, el FMI y sus defensores en los órganos de gobierno de la UNC. La justicia burguesa viene demostrando que no escatimará esfuerzos para atacar a quienes luchamos contra las recetas del imperialismo para la región: reforma laboral, previsional, en educación, etc. que todos los gobiernos, incluso las distintas fracciones burguesas que se enfrentaran en las próximas elecciones, vienen aplicando obedientemente.
Pero también el fallo deja en claro a quien defiende esta justicia patronal. La carátula de usurpación por despojo es para defender a todos los pequeños patrones que usufructúan los espacios de la universidad con sus negocios como bares, fotocopiadoras, kioscos, empresas de limpieza, etc, todos con trabajadores precarios. Se hace urgente dar una respuesta a la altura del ataque.
El Estado burgués pondrá todas sus instituciones para atacarnos: debemos responder enérgicamente organizándonos desde nuestras herramientas de lucha como son los Centros de Estudiantes, la FUC y los sindicatos Docente y No-Docente. Debemos exigir a las conducciones la convocatoria urgente a asambleas para preparar una marcha en contra de la persecución política y un plan de lucha para conseguir el desprocesamiento de los compañeros. Sabemos que las conducciones hoy al frente de nuestras organizaciones no han movido un dedo ante el ataque a los compañeros, esto solo demuestra que esas conducciones por acción u omisión son cómplices de la política de persecución, si no están a la altura del ataque deben ser barridas de la dirección. ¡Recuperemos nuestras organizaciones para la lucha!
Las enormes marchas en Brasil en contra del recorte en el presupuesto educativo del 30 %, como así también el contundente paro de los profesores junto a los estudiantes en Chile que enfrentan la política de J“aula segura” y el desfinanciamiento para educación, demuestran que en la región hay una importante predisposición a enfrentar al imperialismo y sus recetas. Se hace urgente que estrechemos lazos los compañeros de distintos países para desarrollar una potente unidad en la lucha antiimperialista.

  • Desprocesamiento inmediato de los 27 compañeros perseguidos por luchar.
  • Basta de negocios en la UNC: bares, kioscos, fotocopiadoras, etc. bajo control de los estudiantes y los trabajadores de la UNC y que sus trabajadores pasen a planta permanente No Docente.
  • Imponer a la FUC y los sindicatos docentes y no docentes un plan de lucha que inicie con la preparación de una gran Marcha por el desprocesamiento de los compañeros.

Desde la COR, Corriente Obrera Revolucionaria, llamamos al conjunto de las corrientes de izquierda a una reunión que nos permita prepararnos para dar esta pelea.

COR
Corriente Obrera Revolucionaria
Rama Universitaria - UNC

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La Resolución 956/18 dictada por el Ministerio de Seguridad no es casual, luego del escenario del G20 donde los principales mandatarios imperialistas intentan rescatar al capitalismo putrefacto y disciplinar a la clase obrera mundial. Exigen a las semicolonias como Argentina aplicar un paquete de reformas que incluya la reforma laboral, previsional, educativa y de salud a escala mundial. Y un salto en la represión contra los trabajadores, tal como votaron en la cumbre de Lima y vienen aplicando en toda Latinoamérica. El cipayo, Mauricio Macri, viene imponiendo esta política de hambre y necesita de las fuerzas represivas para disciplinar con mano dura lo que no pueda contener ni la burocracia sindical ni el PJ ni la Iglesia. Para reprimir, tiene las armas que le vende Trump, Macrón e Israel. La militarización de la frontera norte y la presencia de la gendarmería en los barrios es parte de esta escalada. Y Schiaretti, pese a intentar distanciarse de Macri, es un colaborador más en el plan represivo que garantiza la sumisión de la Argentina al capital imperialista.
La Resolución 956/18 habilita a las fuerzas policiales y de seguridad federales para la utilización de armas de fuego legalizando lo que a diario las madres y familiares de los jóvenes de las barriadas sufren a manos de la policía. En la madrugada del jueves 22 de noviembre la policía bonaerense perpetró una violenta represión contra un grupo de militantes que realizaban una toma de tierras fiscales en La Matanza, con el saldo de varios detenidos y un compañero fusilado, Rodolfo Orellana, miembro de las Organizaciones Libres del Pueblo, integrantes de la CTEP. Con una diferencia de tan solo 48 hs, la policía de Córdoba golpea brutalmente y luego asesina por la espalda a otro militante del EO en CTEP, Marcos Jesús Soria.
Legalizan ahora lo que el Estado burgués, a través del monopolio de las armas, viene practicando hace largo tiempo mediante el “gatillo fácil”. La Resolución dictada por el Ministerio de Patricia Bullrich y publicada en Boletín Oficial establece que: permite a las fuerzas de seguridad disparar sin dar la voz de alto en caso de peligro de fuga o resistencia a la autoridad.
Este intento de darle un marco legal a la persecución, detención, tortura y asesinatos de miles de trabajadores que enfrentan este plan sistemático de hambre y palos nos obliga a la clase obrera de conjunto a organizar la autodefensa y acaudillar a la juventud y al pueblo pobre en el enfrentamiento a la política represiva del Estado burgués.
El aparato represivo es el núcleo del Estado burgués en tanto aparato burocrático-militar y su principal tarea es la defensa de la propiedad privada de los medio de producción. Y es allí, en la producción, donde debemos atacar a la burguesía. La centralidad de la clase obrera es la que puede ofrecer una salida al conjunto de los sectores golpeados por el ajuste, dirigiendo una gran lucha antiimperialista. Los sindicatos cumplen un rol fundamental en este enfrentamiento, una de las principales tareas que tenemos los revolucionarios es recuperarlos de manos de la burocracia sindical para ampliar sus funciones y organizar la autodefensa de nuestra clase. ¡Por la disolución de la policía y todas las fuerzas represivas!
Es imperiosa la necesidad de poner en pie un congreso de delegados de base de todos los sindicatos y centrales, que discuta un programa de salida a la crisis y un plan de lucha con paros, piquetes y toma de fábricas y establecimientos para dar por tierra con los planes del imperialismo para la región. Por un programa transicional, que levante las escalas móviles de horas de trabajo y de salario incorporando a la producción a los desocupados, el control obrero de las ramas de la producción y los servicios y la expropiación de los capitalistas. Para llevar a la acción estas tareas, es necesario poner en pie el Partido Revolucionario, sección nacional de la IV internacional reconstruida.

¡Justicia para Soria, Orellana y todos los compañeros asesinados!
¡Desprocesamiento de los luchadores, libertad a los presos por luchar!
¡Por la disolución de las fuerzas represivas!
¡Abajo el Macrismo! ¡Fuera el FMI!

10/12/2018

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