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A 20 años de la masacre de Avellaneda

Viernes, 24 Junio 2022 19:53

Nueva ofensiva contra el movimiento piquetero del peronismo en el poder

La reconstrucción del régimen burgués luego de la semi insurrección espontánea del 19 y 20 de diciembre de 2001 se asentó en una brutal devaluación implementada por el gobierno de Eduardo Duhalde y sus ministros Remes Lenicov y Roberto Lavagna. Este golpe a la clase obrera y a las masas en general fue enfrentado por el movimiento obrero en las calles, sobre todo por los sectores desocupados organizados en el movimiento piquetero. El asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 26 de junio de 2002 a manos de la policía del comisario Franchiotti en la estación de Avellaneda fue un operativo conscientemente orquestado por el peronismo en el poder, con Duhalde (presidente) y Felipe Solá (gobernador de Bs As) a la cabeza, para disciplinar a nuestra clase golpeando a su sector más combativo. La movilización posterior al asesinato, reclamando justicia y continuando la lucha contra el ajuste devaluatorio, llevó a la renuncia de Duhalde, quien diseñó una salida a través de elecciones que permitieron la victoria de la camarilla pequeñoburguesa K.
Veinte años después, tenemos a funcionarios bonaerenses responsables de esta masacre, como Aníbal Fernández, y a la camarilla K en el gobierno. Todos, en un Frente que vuelve a la carga contra el movimiento piquetero con Cristina Kirchner como principal vocera. Quieren golpear nuevamente a nuestra clase para consolidar los avances que lograron las patronales sobre nuestras condiciones de trabajo durante la cuarentena y avanzar en la aplicación del ajuste que les dicta el FMI. Y quieren hacer caja con el dinero de los planes sociales para financiar el aparato punteril peronista de gobernadores e intendentes para intentar mantenerse al comando del Estado burgués de cara a las elecciones del año que viene.
Mientras, la burocracia sindical de la CGT y las CTAs y la “burocracia piquetera” buscan meternos en la interna oficialista entre Alberto y Cristina: esa no es nuestra pelea, la tarea es enfrentar a todas las alas del gobierno del ajuste fondomonetarista. Agitan el fantasma de la derecha para mantener nuestras organizaciones atadas al Estado, mientras firman paritarias a la baja y en cuotas, y dejan pasar la reforma laboral de hecho, fábrica por fábrica, convenio por convenio, con los turnos americanos, las indemnizaciones “mochila”, los contratos de cortísima duración y el único festival que sustenta la “recuperación” albertista, el festival del trabajo precario. Ejemplos de esto hay de sobra: convenio UOCRA, Toyota, docentes, los intentos de ir por el 4º  turno en Bagley Córdoba y la bodega Peñaflor, etc.

Maxi y Darío, presentes en la lucha

Reivindicamos la lucha de Kosteki y Santillán continuando la pelea por el castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, castigo que deberá aplicar nuestra clase con nuestros métodos y organizaciones. Debemos enfrentar el ataque patronal que descargan el gobierno, la oposición patronal y las cámaras empresarias, con el FMI como pivote. Tenemos la tarea de recuperar los sindicatos de manos de la burocracia y ponerlos en función de la lucha por incorporar a los desocupados a la producción, cuestionando el mando capitalista e imponiendo las escalas móviles de horas de trabajo y salarios. En medio de una crisis mundial bestial, exacerbada por la guerra en Ucrania, el enfrentamiento con nuestros enemigos se evidencia como una pelea descarnada por la supervivencia de nuestra clase, son ellos o nosotros. La venganza histórica de la clase obrera, luchando por el poder político, encabezada por el partido revolucionario del proletariado, sección nacional de la IV Internacional reconstruida.

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  • Solidaridad con los trabajadores de SanCor

    Fuera las fuerzas de seguridad de Pullaro de la planta

        Desde la Corriente Obrera Revolucionaria (COR) nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de los trabajadores y de los delegados sindicales de la planta de SanCor Sunchales, Provincia de Santa Fe, quienes enfrentan por estas horas un claro intento de amedrentamiento por parte del gobierno provincial que apostó a las fuerzas policiales dentro de la planta.
        Repudiamos enérgicamente la militarización de Pullaro, gobernador de la provincia, que a pedido de la patronal lechera impide que los trabajadores ejerzan su derecho a huelga. Mientras tanto, la patronal sigue incumpliendo con el pago de salarios y aportes jubilatorios a sus trabajadores. Militarizan una planta industrial con el fin de impedir la paralización de la producción, método obrero que reivindicamos y defendemos frente a la avanzada patronal.
        SanCor viene de una larga lista de incumplimientos a sus trabajadores y de rescates millonarios por parte del Estado. El último intento fue la fallida puesta en marcha de un fideicomiso.
        Los trabajadores de la industria láctea bajo el sindicato de ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) vienen denunciando públicamente que la patronal  ya tercerizó varias unidades de negocios, que existe un intento de vaciar la empresa y una posible “huida” de los directivos de la planta.
        Claramente las fuerzas de seguridad del estado burgués están para garantizar la propiedad privada de los medios de producción y a punta de pistola quieren imponer nuevas condiciones en la relación capital- trabajo a partir de una reforma laboral que garantice a las empresas mano de obra barata y flexible.
        La solidaridad de clase con los trabajadores lecheros no se puede hacer esperar. Hoy el conjunto de los trabajadores sufrimos los embates de las políticas de ajuste de las patronales, del gobierno nacional y los gobernadores para imponer el plan del FMI y las metas del déficit cero. Pero los trabajadores ya dimos sobradas muestras de combatividad a pesar de las direcciones sindicales, el pasado 24 de enero, con un paro nacional aunque sin continuidad. Enfrentamos el protocolo de Bullrich en todo el país. Es momento de preparar las condiciones para derrotar el plan de Milei y el FMI. Es primordial confiar en nuestras propias fuerzas para esto. Tenemos que reorganizarnos en las estructuras laborales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades para golpear a los capitalistas en la producción y desorganizarle el aparato estatal.

    • Por un congreso de delegados con mandato de base, de trabajadores ocupados y  desocupados independientes, que discuta un programa de salida a la crisis.
    • Por un plan de lucha y un paro general para derrotar el plan de Milei, los gobernadores y el FMI.
    • Basta de represión, desprocesamiento inmediato de todos los luchadores.
    • Fuera las fuerzas represivas de SanCor.
    • Por el derecho a huelga. Abajo el protocolo antipiquetes.
  • Libertad ya a Víctor da Vila y Martín Rodríguez

    Durante la movilización en Mendoza contra el tratamiento en el Congreso del paquete de leyes antiobreras del gobierno de Milei, fue detenido el dirigente del Partido Obrero, Víctor da Vila. Acusado de participar junto a miles de trabajadores de la masiva protesta en el marco del paro nacional convocado por las Centrales obreras el pasado 24 y de las acciones contra el DNU y el proyecto de ley ómnibus este 31/1. En el transcurso del día de hoy, fue detenido en la calle Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero de Mendoza, bajo las mismas acusaciones. Así opera la justicia burguesa. El gobierno de Cornejo hace gala del protocolo represivo que aplica Cambia Mendoza y mostrarle a la casta nacional cómo la casta provincial impone orden y disciplinamiento en medio del descalabro social y económico.

    Exigimos la inmediata libertad y desprocesamiento de Víctor, Martín y todos los trabajadores por luchar. La CGT y CTA tienen que actuar en consecuencia y convocar a paro general por la libertad de los compañeros, hasta tirar abajo el DNU, la ley ómnibus y los protocolos represivos de Bullrich y los gobernadores.

    C.O.R. Corriente Obrera Revolucionaria – Regional Mendoza

  • La justicia cordobesa vota por la represión

    La justicia cordobesa, firme aliada del gobierno provincial de Schiaretti-Llaryora, envió ayer un claro mensaje en contra de la clase obrera y los luchadores. En un mismo día, dictó sentencia contra 4 trabajadores del Molino Minetti, 2 de ellos delegados sindicales, que en 2019 habían tomado los techos de la empresa para reclamar por el pago de salarios y contra el lockout patronal. El mismo día, elevó a juicio las imputaciones a 5 dirigentes piqueteros y al secretario general de ATE por un corte en el centro de la ciudad en el marco de una jornada nacional de protesta contra el hambre realizada el 5 de abril de este año. El “cordobesismo” y su justicia se alinean de esta forma a la clara perspectiva de la aceleración del ataque a la clase obrera y el pueblo pobre que traza el empresariado como respuesta a su propia crisis para después del balotaje, sea cual fuere el candidato patronal que resulte ganador. Todo enmarcado en la sumisión al plan del FMI en medio de una situación mundial explosiva, signada por la recesión, la inflación y la guerra en Ucrania y Palestina. La condena a los trabajadores de Minetti y a los dirigentes piqueteros y sindicales se suma a otras tantas persecuciones judiciales, como las que pesan sobre innumerables activistas populares, delegados sindicales y sobre los 27 estudiantes de la UNC. Nos ponemos a disposición de los compañeros molineros Maxi Gómez, Cristian Daniel, Juan Álvares y Dario López, de Soledad Díaz y Emanuel Berardo (PO), de Federico Giuliani (ATE-CTAA), Agustín Nazar (MST), Roxana Carezano (MTR-VL) y Marisa Cariddi (Libres del Sur) para impulsar en común las acciones que consideren necesarias para que caiga el juicio y para que se revierta la condena en el caso de los molineros.

    Frente a esta avanzada antiobrera, llamamos a la oposición docente en UEPC, que ganó en las últimas elecciones la delegación capital del sindicato, al SUTNA, a los delegados fabriles, de servicios y estatales que enfrentan a la burocracia sindical cómplice del ajuste que vienen aplicando Massa y Schiaretti, a convocar a una reunión de emergencia para impulsar en conjunto un plenario de delegados con mandato de base e imponer el paro provincial hasta que caigan todas las persecuciones judiciales que pesan sobre los luchadores y dirigentes de las organizaciones de los trabajadores ocupados y desocupados.

    Córdoba, 1/11/2023

  • La justicia burguesa de Schiaretti insiste con imputaciones a la vanguardia obrera

    El pasado miércoles 17 de mayo, en el marco de una jornada de lucha por la reapertura de paritarias y en desconocimiento de lo acordado por la burocracia sindical de los empleados públicos (SEP), los trabajadores de salud agrupados en la coordinadora se movilizaron hasta el ministerio de salud. Fue allí donde el fiscal Guillermo González imputó a Ricardo Barrionuevo, delegado de ATE por el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, y a Andrés Campos, delegado de ATSA del Hospital Misericordia. Según el fiscal, lo previsto en el art 194 del código penal establece “que se constituye en delito el entorpecimiento y el normal funcionamiento del transporte” y es bajo este artículo que se produjeron las imputaciones recientes y las del mes pasado a los dirigentes piqueteros y al Secretario General de ATE Córdoba.

    Las garantías de Juan Schiaretti y la justicia burguesa a la aplicación y cumplimiento del acuerdo con el FMI se traduce en represión a la vanguardia obrera, trabajadores ocupados y desocupados que enfrentamos a diario los efectos de una crisis económica mundial sin precedentes. La huelga, el piquete, la toma de planta y de edificios públicos son ni más ni menos que los métodos de nuestra clase para enfrentar los ataques perpetrados por las patronales y el Estado, con la complicidad de la burocracia sindical. Las feroces internas que tienen los dirigentes sindicales son libradas para disputar cargos en las listas del peronismo local y nacional, pero esto burócratas no muestra la misma ferocidad para la defensa nuestra clase, todo lo contrario.

    La respuesta de los trabajadores estatales y privados ante semejante ataque debe ser la de convocar en cada lugar de trabajo a asambleas que se pronuncien contra las imputaciones antiobreras y contra la criminalización de la protesta, como parte de un programa de acción para que los capitalistas no descarguen la crisis sobre nuestras espaldas. Debemos imponer el Paro General Activo a las CTAs y la CGT para hacer retroceder el acuerdo con el FMI. Proponemos impulsar reuniones y asambleas para reagrupar a los sectores antiburocráticos de nuestra clase en Córdoba e impulsar en común estas tareas como minorías en los sindicatos.

    Desde la COR repudiamos las imputaciones y nos ponemos a disposición de los compañeros Barrionuevo y Campos y sus organizaciones sindicales para llevar adelante las acciones que se definan para responder a este nuevo ataque.

    COR
    Corriente Obrera Revolucionaria
    Regional Córdoba

  • Repudiamos el ataque judicial a dirigentes piqueteros y sindicales

    Desde la COR repudiamos enérgicamente las imputaciones a dirigentes de la Unidad Piquetera (UP) y de ATE y la CTA-A resueltas por la justicia burguesa aliada al gobernador Schiaretti.

    El día 5 de abril se llevó a cabo una movilización en Córdoba en el marco del plan de lucha nacional de la UP ante el recorte de planes sociales de la ministra Tolosa Paz. Producto de la crisis y lo acordado con el FMI es que el gobierno nacional y las provincias cierran filas para amedrentar e impedir que los trabajadores ocupados y desocupados salgamos a las calles a enfrentar el ajuste. Es el caso de dos referentes del Polo Obrero Mendoza, Lorena Torres y Martín Rodríguez, quienes fueran detenidos varios días y luego de ser liberados producto de la movilización, quedaron imputados por la justicia local.

    Las recientes imputaciones por parte del fiscal De Aragón están caratuladas como “entorpecimiento del transporte” y se apoyan en el Habeas Corpus presentado por el centro vecinal de la ciudad de Córdoba. Esta persecución recae sobre los dirigentes del Polo Obrero, Emanuel Berardo, de Libres del Sur, Marisa Caridi, y de ATE y la CTA-A Córdoba, Federico Giuliani, por participar de la jornada de lucha. Y se esperan más imputaciones sobre otros dirigentes y militantes.

    La garantía del cumplimiento del acuerdo de nación con el FMI por parte de Juan Schiaretti consiste en poner a disposición todo el aparato represivo y la justicia burguesa contra la clase obrera y la juventud trabajadora. Además de la colaboración de la burocracia sindical de todos los colores para dejar pasar el plan de las patronales de techo salarial, aumento de los ritmos de trabajo, suspensiones y despidos y jubilaciones de miseria.
    La respuesta a semejante ataque no puede ser otro que la organización de asambleas en cada lugar de trabajo que se pronuncien en contra de las imputaciones y exijan a la CGT y las CTAs un paro activo nacional para hacer retroceder las leyes represivas y el descomunal ajuste a nuestra clase.

    Desde la COR acompañaremos las acciones que se definan y quedamos a disposición de las organizaciones a las que pertenecen los dirigentes perseguidos.

    COR
    Regional Córdoba

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