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LIBERTAD INMEDIATA A LOS DIRIGENTES DE ATE DETENIDOS

Martes, 02 Agosto 2022 15:49

PARO GENERAL CONTRA LA REPRESIÓN Y LA JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA OBRERA Y POPULAR

Roberto Macho y Adriana Iranzo, junto a otros referentes de ATE fueron detenidos durante una asamblea de trabajadores en el Hospital Notti. No pasaron 24 horas desde el rechazo en paritarias por parte de ATE al ajuste salarial de Suárez y la comunicación por parte de ATE de la profundización del plan de lucha con cortes y paros, que el gobierno ha decidido escalar en su ataque al conjunto de los trabajadores estatales con un mensaje de disciplinamiento.

El gobierno de Cambia Mendoza ha recurrido a la multa y la judicialización de la protesta callejera como instrumento de control de los trabajadores y los sectores sociales en lucha. Dirigentes y activistas de ATE, SUTE, así como de partidos de izquierda, movimientos sociales y de desocupados y la juventud hemos sufrido la represión abierta, la imputación y procesamiento por luchar.

Pero este nuevo ataque se produce en momentos en que el conjunto de los trabajadores estamos en pie de lucha, y venimos de protagonizar jornadas históricas de paro y movilización contra el plan de ajuste. A eso teme el gobierno, por eso recurre a estos mecanismos de represión para descabezar y disciplinar. Las conducciones de todos los sindicatos estatales de Mendoza, así como ATE Nacional, y las CTAs deben llamar inmediatamente a un paro de actividades hasta lograr la liberación de estos compañeros.

La tregua sindical para dejar pasar las condiciones brutales que estableció el acuerdo del gobierno de los Fernández con el FMI es insostenible. Instamos a impulsar en cada repartición y lugar de trabajo, mandatos de repudio a la represión y detención de los compañeros, de exigencia de acciones concretas para lograr su inmediata liberación y desprocesamiento. Impongamos un PARO GENERAL HASTA DERROTAR EL PLAN DE AJUSTE, MISERIA Y REPRESIÓN CON EL QUE PRETENDEN CUMPLIR CON EL FMI.

Corriente Obrera Revolucionaria

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  • Tiremos abajo las leyes represivas con el paro provincial

    En octubre pasado inició el tratamiento de dos proyectos de ley en la legislatura de la provincia de Córdoba. Uno de ellos contempla multas, arrestos y trabajo comunitario para aquellos que osen manifestarse en las calles, de autoría de Juan Manuel Cid del PJ provincial, Hacemos por Córdoba. El otro, de similar tinte antiobrero, del bloque de la UCR a cargo de Dante Rossi y Verónica Garade Panetta, pretende regular y limitar las marchas a un radio determinado fuera de las calles céntricas. El ingreso de ambos proyectos a comisión de la unicameral cordobesa nos pone en alerta a las organizaciones sindicales, políticas y sociales que a diario debemos enfrentar la criminalización de la protesta.

    La provincia de Córdoba es escenario de tensiones en todo el arco político burgués de cara a las elecciones del año próximo. La conocida disputa dentro del PJ entre el schiarettismo y el kirchnerismo nacional, aún no está saldada. El oficialismo provincial viene tapando baches desde la renuncia del Ministro de Salud por los casos de la muerte de los bebés en el Hospital Neonatal. También está sentada en el banquillo de los acusados la ex-cúpula de seguridad por el caso de gatillo fácil que asesino a Valentino Blas Correa en plena cuarentena. Sumado al reciente caso de Oscar González – hasta hace días presidente de la unicameral- quien protagonizó un verdadero crimen vial en la ruta de las Altas Cumbres conduciendo un auto oficial judicializado, con patente melliza, que dejó como saldo el fallecimiento de una docente y dos adolescentes internadas en grave estado; una muestra acabada de lumpenaje, privilegios e impunidad oficial. La causa está cargada de irregularidades y encubrimiento por parte de policías y bomberos del operativo, que dejaron manipular la escena por familiares de González, alterando claramente las pruebas. Nos solidarizamos con los familiares y amigos de las victimas, estaremos presentes en la marcha de repudio y reclamo de justicia el próximo 16 de noviembre.

    Mientras oficialismo y oposición burguesa siguen la carrera por las candidaturas tratando de sortear los imprevistos, los trabajadores vivimos con salarios de hambre, con una inflación proyectada que superará los tres dígitos y como si esto fuese poco tenemos despidos, suspensiones y un ataque furibundo a nuestras organizaciones sindicales. El caso del despido sin causa de Facundo Díaz, trabajador de la empresa Neumáticos de Avanzada (NA) es la muestra de una patronal que recurre al disciplinamiento interno mediante la persecución sindical para impedir la elección de delegados sindicales. La reincorporación de Facundo a su puesto de trabajo es tarea del SUTNA y de todos los cuerpos de delgados combativos y activistas que a diario defendemos a nuestros compañeros de los ataques patronales. Los delegados antiburocráticos de Bagley Córdoba, tras hacer retroceder a la empresa de la implementación del trabajo continuo (weekend), reciben un segundo intento de desafuero sindical. También se reiteran los casos de persecución a delegados y activistas en los hospitales provinciales, con traslados y denuncias armadas de maltrato en los hospitales Tránsito Cáceres, Rawson, Misericordia, entre otros. Debemos enfrentar al Estado/patrón y a los empresarios del sector privado con nuestros métodos y organizarnos de forma independiente. Como vemos en Bagley, estos golpes muestran el temor de nuestros enemigos de clase a la potencia de nuestros métodos cuando salimos a luchar. Y nuestra clase lucha: así lo demostraron los paros y marchas masivas de los docentes de UEPC, los paros de ADIUC y la UTA, y actualmente las asambleas y movilizaciones de los hospitales provinciales que el miércoles 16 van al paro general de salud y a una gran movilización.

    La burocracia de la CGT Córdoba está tan ocupada en sus peleas intestinas por normalizar la regional y direccionar al movimiento obrero detrás de alguna variante burguesa para el próximo año, que no puede ocuparse seriamente de las restricciones a las movilizaciones que lanzan desde la legislatura. Tímidamente salió Pihén en calidad de dirigente gremial y compañero de Cid en la legislatura, a rechazar esta iniciativa y sumó las firmas de algunos gremios. También el triunvirato interventor impuesto por la CGT nacional compuesto Urbano (UOM), Luján (camioneros) y López (ATSA) se limitó a sacar una tibia declaración sin llamar a ninguna medida de fuerza. A su vez, la burocracia de todos los colores, ensaya el disciplinamiento firmando paritarias a la baja, dejando pasar la intensificación de los ritmos de trabajo, mayor precarización y tercerización laboral, pluriempleo, traslados compulsivos, aumento de las suspensiones y despidos. Todo ello como garantía de adhesión al plan de ajuste de Massa, Cristina y Alberto, a pedido del FMI. Plan de ajuste que en Córdoba garantiza HxC y la tríada opositora UCR-Pro-juecismo y del cual se benefician las grandes patronales imperialistas (automotrices) y “nacionales” (ARCOR como ejemplo).

    La Multisectorial del FIT-U

    El pasado martes 1 de noviembre, el FIT-U convocó a una reunión para poner en discusión el armado de una multisectorial como respuesta a la presentación de los proyectos de ley del PJ y la UCR. La misma tuvo lugar en el sindicato de Luz y Fuerza (LyF) y estuvimos presentes diferentes sindicatos, organizaciones políticas y sociales. Saludamos la iniciativa. Ahora bien, la presencia de un variopinto auditorio entre los que se encontraban organizaciones abiertamente kirchneristas y sectores de la burocracia sindical, como la dirección de LyF, Cispren, La Mesa de Trabajo por los DDHH, CTA-A, ATE, S.U.V.I.C.O, y los laderos del Frente de Todos (FdT) como el PCR llevaron a que todas las intervenciones giraran en torno a la más amplia unidad contra Schiaretti, intentando obviar las claras responsabilidades del FdT, no solo en el ajuste en regla que aplican desde nación, sino en la política represiva que despliegan en las provincias que gobiernan como Bs. As. con el milico Berni a la cabeza, o con las fuerzas federales en el sur y norte del país. Por no hablar del largo prontuario de represiones, desde las torturas a los petroleros de Las Heras, pasando por la complicidad con los asesinatos de Mariano Ferreyra, la desaparición de Julio López, hasta los desalojos en Guernica y la línea represiva del “quedate en casa” a los tiros. Pero también los convocantes del FIT-U priorizaron, tal como señalan en el documento de convocatoria, el “frente más amplio” para no incomodar a los invitados. También el Nuevo MAS sostiene esta política de “coqueteo permanente” con el kirchnerismo. Solo nuestra organización intervino claramente saludando la iniciativa pero manifestamos la negativa a jugar dentro de la interna del peronismo. Lamentamos que, ante la nutrida presencia de trabajadores y delegados de diferentes ramas y sectores, la idea sea la de poner en pie una multisectorial con carácter policlasista. Nos negamos a llevar a la vanguardia obrera detrás de la conciliación con aquellos burócratas que como ya mencionamos más arriba le firmaron la tregua a Massa, Cristina y Alberto para que seamos los trabajadores y el pueblo pobre los que paguemos las consecuencias de un acuerdo con el FMI. No será con los métodos de la democracia burguesa y sus instituciones como vamos a organizar una respuesta obrera a la altura del ataque. Debemos ser claro, la política de “frentes amplios contra la derecha” liquida la independencia de clase, como han demostrado las últimas experiencias continentales (voto a Lula) y a nivel nacional.

    Abajo las leyes antimarchas

    Rechacemos este intento de cercenar la movilización de la clase obrera, las organizaciones piqueteras y de otros sectores en lucha. Llamamos este 23 de noviembre a marchar y daremos la pelea política en las próximas reuniones para que la marcha la encabecen los sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados recuperados, los activistas y la juventud trabajadora, con una clara denuncia al ajuste del FMI que aplica el gobierno nacional y a la complicidad de la burocracia sindical. Debemos discutir en cada lugar de trabajo y estudio las medidas para voltear estas leyes y avanzar en una salida obrera a la crisis. Proponemos mocionar en cada asamblea el llamado a un Congreso de delegados de base mandatados de trabajadores ocupados y desocupados que prepare un paro provincial activo, para tirar las leyes represivas, conquistar todas nuestras reivindicaciones y dar por tierra con el ajuste. Es una lucha que debemos extender nacionalmente con el paro general e internacionalmente con la unidad con los trabajadores del todo el continente y a nivel mundial. Los llamados a “defender la democracia” burguesa son una trampa que nos lleva a defender a un bando patronal contra otro, la salida para nuestra clase es luchar por un gobierno obrero.

  • El massazo de Suárez: ajuste salarial por decreto y detenciones.

    LA LUCHA SIGUE

    Todos los trabajadores estatales de Mendoza llevan largas semanas de conflicto por reapertura de paritarias y por recomposición salarial contra el brutal ajuste de Suárez en la provincia, a tono con la descarga de la crisis sobre los asalariados que aplica el gobierno de los Fernández.

    La crisis de dirección de los sindicatos estatales, fragmentados en dos centrales, y movilizados sin unificación frente a la misma patronal, se vio desbordada por la masiva adhesión al paro de 48hs convocado para el martes 26 y miércoles 27 de julio por SUTE, SADOP, Ampros y ATE. Las escuelas vacías por primera vez en 6 años desde la imposición del ítem Aula, fue un golpe de lleno al pilar de la política de disciplinamiento y ajuste a los estatales impuesta por el radical Cornejo y sostenida por Suárez. Ni el ítem Aula ni el adicional por asistencia que negoció en marzo, sin apoyo de las escuelas, la burocracia kirchnerista al frente del SUTE, frenaron la masiva disposición al paro que tuvo un acatamiento de 90% y sacó a miles de trabajadores a las calles. La medida de fuerza recibió amplia simpatía de parte de la población trabajadora, harta de la pulverización de sus ingresos y del deterioro de sus condiciones de vida.

    La contundencia del paro, devolvió a las bases de las escuelas la confianza para encarar una pelea que será dura. El gobierno respondió con una propuesta irrisoria de adelantamiento del 5% ya previsto de noviembre a agosto, y retoques insuficientes de las mini cuotas del acuerdo de marzo, para dar cumplimiento al techo salarial firmado por CTERA en la paritaria nacional docente. La burocracia del SUTE, que se niega a discutir lo que hace su conducción nacional, rechazó por insuficiente en la paritaria provincial y milita un paro de 72hs para reabrir la negociación tras el decretazo de Suárez. Los sectores antiburocráticos hemos empezado a reagrupar a los delegados escolares tras una perspectiva de disputa a la burocracia azul naranja, impulsando la lucha por un paro hasta obligar al gobierno a sentarse en paritarias y recomponer salarios de una sola vez al básico, para equiparar el inicial a la canasta familiar.

    DEL ÍTEM AULA A LA JAULA

    La conducción de ATE también rechazó en la paritaria la mísera oferta de 44% de recomposición a agosto, y resolvió cortes parciales en los accesos a la ciudad. En una medida abiertamente anti sindical y anti obrera, el gobierno resolvió detener a 4 dirigentes de ATE tras una asamblea en el Hospital Notti, acusados de “entorpecimiento del transporte público” definido en el artículo 194 del código penal. Tres fueron liberadas, pero el secretario general Roberto Macho fue trasladado al Penal ese mismo día, en una decisión política del gobierno de Suárez de enviar un mensaje de disciplinamiento al conjunto de los trabajadores que desafiaron su política de ajuste salarial y su control de la calle.

    Este ataque inédito no puede quedar sin respuesta. Instamos a impulsar en cada repartición y lugar de trabajo, mandatos de repudio a la detención de los compañeros, de exigencia de acciones concretas para lograr su inmediata liberación y desprocesamiento. Tenemos que hacer saber al gobierno que esto es un punto de inflexión. Las conducciones se pronunciaron, pero no actuaron en consecuencia. Esa vacilación es un error gravísimo que los delegados y activistas antiburocráticos debemos revertir imponiendo un congreso de delegados de base de urgencia de todos los sectores estatales, de la industria y los servicios, con mandato de discutir y votar un plan de lucha unificado: PARO GENERAL hasta la liberación y desprocesamiento de los trabajadores por luchar, y por todas nuestras reivindicaciones.

    La burocracia al frente de los sindicatos estatales provinciales se esmera en acotar la discusión a la responsabilidad del gobierno de Cambia Mendoza en el hundimiento del salario. Pero los gobernadores y el gobierno de Alberto-Cristina-Massa son socios sin grieta en su ataque al conjunto de los asalariados y el pueblo empobrecido. La tregua sindical para dejar pasar las condiciones brutales que estableció el acuerdo del gobierno de los Fernández con el FMI es insostenible. Impongamos a la CGT y las CTAs un PARO GENERAL HASTA DERROTAR EL PLAN DE AJUSTE, MISERIA Y REPRESIÓN CON EL QUE PRETENDEN CUMPLIR CON EL FMI.

  • Justicia por Santiago Maldonado

    Este 1 de agosto se cumplen 5 años desde la desaparición de Santiago Maldonado durante la represión de Gendarmería a una protesta mapuche en Cushamen, Chubut. Durante 78 días lo buscamos, marchamos y exigimos su aparición con vida. Pocos días después de la aparición del cuerpo de Santiago, Prefectura fusilaba por la espalda a Rafael Nahuel durante una protesta en Bariloche. Gobernaba el macrismo, pero el advenimiento del Frente de Todos solo dio continuidad a esta política. Las organizaciones K que marcharon contra el macrismo por Santiago, garantizaron el silencio y la impunidad de sus asesinos cuando llegaron al poder.

    Fueron cinco años de encubrimiento e impunidad durante los cuales perdimos a tantos otros compañeros. La cuarentena significó el despliegue y reforzamiento del aparato burocrático militar del Estado burgués que se tradujo en decenas de casos de desaparición forzada, gatillo fácil y muertes en comisarías en todo el país. Entonces perdimos a Facundo Castro, Luis Espinosa, Florencia Magalí Morales, y tantos más. Hasta la represión a gran escala, durante el desalojo de Guernica. Ante la escalada inflacionaria y su correlato en la protesta de las organizaciones sociales en las calles, y de los conflictos en los lugares de trabajo, vemos a ese aparato burocrático militar desplegarse en el allanamiento a los locales, la persecución, procesamiento y represión contra las organizaciones obreras y populares.

    Desde 1983, cada gobierno se orientó a recomponer y fortalecer el aparato burocrático-militar intentando, con diferentes políticas, reconciliar a las fuerzas armadas con las masas y relegitimar el accionar de la justicia burguesa como “garante de derechos”. Parte de este accionar burgués, lo pagamos con Mariano Ferreyra, Jorge Julio López, Carlos Fuentealba, Luciano Arruga, y una larga lista de tantos compañeros asesinados, desaparecidos, reprimidos y perseguidos por luchar. Cristina y su ala en la coalición gobernante presionan por una reforma judicial, no para terminar con la impunidad, sino para asegurarse su propia impunidad. Lograr verdad y justicia es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera.

    El ajuste en curso y el agravamiento de las condiciones de vida de las masas para sostener el acuerdo con el FMI, anticipan un ataque mayor. Requieren de gran centralidad del Estado para imponer a la clase obrera una nueva relación de fuerzas para pagar la deuda a costa de las masas y hacer crecer los negocios. Derrotar este plan nos exige prepararnos para enormes tareas, para enfrentar a la burocracia garante de la sujeción de los sindicatos al Estado, y también para enfrentar a ese Estado como aparato burocrático-militar. No será con los métodos de la democracia burguesa y sus instituciones como prepararemos a la vanguardia obrera en su tarea de organizar una respuesta obrera a la altura del ataque.

    Para lograr justicia para todos nuestros muertos y desaparecidos. Para que paguen la crisis los que la generaron. Impulsemos este debate en cada lugar de trabajo y de estudio, defendamos mociones por un congreso de delegados de base mandatados. Preparemos un paro general activo, con ocupaciones y piquetes apuntando a sembrar la desorganización en el aparato estatal, tarea ineludible para forjar una vanguardia preparada para atacar en bloque ese aparato hasta destruirlo.

  • Todo el apoyo a las trabajadoras del PaiCor y auxiliares escolares

    Ayer, jueves 28 de julio, una patota organizada por la burocracia del sindicato de limpieza (Soelsac) que dirige Sergio Fittipaldi atacó físicamente a las compañeras del PaiCor Río III y a auxiliares escolares que luchan contra la precarización laboral a la que las somete el Estado provincial. Denuncian golpes con palos y amenazas con armas de fuego en mano. El ataque sucedió frente a la sede de ATE Córdoba, al inicio de una marcha organizada para llevar los reclamos al Panal (casa de gobierno).

    Es claro el interés de Fittipaldi y su séquito: defienden el negocio de las tercerizaciones en Córdoba, no solo de trabajadores de limpieza en el Estado provincial, sino también en municipios, la UNC y grandes empresas privadas. La burocracia del Soelsac actúa como socio de esta estafa laboral, junto a las contratistas de limpieza y al Estado, estafa basada en sueldos de misera para las y los trabajadores. En el caso de las compañeras del PaiCor y las auxiliares escolares, se trata de salarios de entre $13.000 y $22.000, mientras la canasta básica supera los $169.802 (ATE Indec). Por eso, esta burocracia se opone a una reivindicación elemental: el pase a planta permanente o efectivización de todos los trabajadores tercerizados.

    El gran responsable de la situación de precarización es el propio Estado/patrón, no sembramos ninguna expectativa en que este nos defienda por ningún medio de las patotas armadas de la burocracia, menos a través de sus propias fuerzas de represión. Es necesario, dada la situación de avance acelerado de la crisis económica y social a partir de las medidas fondomonetaristas que viene imponiendo el gobierno de Alberto, Cristina y Massa, que discutamos la necesidad de organizar la autodefensa a partir de los delegados, juntas internas y sindicatos recuperados para enfrentar a los enemigos de los trabajadores y sus fuerzas de choque, vistan de azul o no.

    Las organizaciones obreras de la provincia tenemos el compromiso de apoyar decididamente la lucha de las compañeras del PaiCor y las auxiliares escolares por el pase a planta. Por un Convenio Único para todo trabajador del Estado provincial. Impulsemos asambleas en cada lugar de trabajo, sin distinción de afiliación o condición de contratación, para organizar la pelea contra la precarización laboral y por un salario igual a la canasta familiar indexado a la inflación.

    Los burócratas de todo color salen a hablar ahora de la “unidad” de los trabajadores, mientras permiten que nos dividan entre personal de planta, contratados, monotributistas, becarios, tercerizados, etc., etc., para defender sus intereses: hay que echarlos, ¡recuperemos los sindicatos! Impulsemos un congreso provincial de delegados de base con mandato para organizar el paro provincial y el plan de lucha. ¡Por una Central Única de Trabajadores!

    COR
    Corriente Obrera Revolucionaria
    Regional Córdoba
    29-07-2022

     

  • A 20 años de la masacre de Avellaneda

    Nueva ofensiva contra el movimiento piquetero del peronismo en el poder

    La reconstrucción del régimen burgués luego de la semi insurrección espontánea del 19 y 20 de diciembre de 2001 se asentó en una brutal devaluación implementada por el gobierno de Eduardo Duhalde y sus ministros Remes Lenicov y Roberto Lavagna. Este golpe a la clase obrera y a las masas en general fue enfrentado por el movimiento obrero en las calles, sobre todo por los sectores desocupados organizados en el movimiento piquetero. El asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 26 de junio de 2002 a manos de la policía del comisario Franchiotti en la estación de Avellaneda fue un operativo conscientemente orquestado por el peronismo en el poder, con Duhalde (presidente) y Felipe Solá (gobernador de Bs As) a la cabeza, para disciplinar a nuestra clase golpeando a su sector más combativo. La movilización posterior al asesinato, reclamando justicia y continuando la lucha contra el ajuste devaluatorio, llevó a la renuncia de Duhalde, quien diseñó una salida a través de elecciones que permitieron la victoria de la camarilla pequeñoburguesa K.
    Veinte años después, tenemos a funcionarios bonaerenses responsables de esta masacre, como Aníbal Fernández, y a la camarilla K en el gobierno. Todos, en un Frente que vuelve a la carga contra el movimiento piquetero con Cristina Kirchner como principal vocera. Quieren golpear nuevamente a nuestra clase para consolidar los avances que lograron las patronales sobre nuestras condiciones de trabajo durante la cuarentena y avanzar en la aplicación del ajuste que les dicta el FMI. Y quieren hacer caja con el dinero de los planes sociales para financiar el aparato punteril peronista de gobernadores e intendentes para intentar mantenerse al comando del Estado burgués de cara a las elecciones del año que viene.
    Mientras, la burocracia sindical de la CGT y las CTAs y la “burocracia piquetera” buscan meternos en la interna oficialista entre Alberto y Cristina: esa no es nuestra pelea, la tarea es enfrentar a todas las alas del gobierno del ajuste fondomonetarista. Agitan el fantasma de la derecha para mantener nuestras organizaciones atadas al Estado, mientras firman paritarias a la baja y en cuotas, y dejan pasar la reforma laboral de hecho, fábrica por fábrica, convenio por convenio, con los turnos americanos, las indemnizaciones “mochila”, los contratos de cortísima duración y el único festival que sustenta la “recuperación” albertista, el festival del trabajo precario. Ejemplos de esto hay de sobra: convenio UOCRA, Toyota, docentes, los intentos de ir por el 4º  turno en Bagley Córdoba y la bodega Peñaflor, etc.

    Maxi y Darío, presentes en la lucha

    Reivindicamos la lucha de Kosteki y Santillán continuando la pelea por el castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, castigo que deberá aplicar nuestra clase con nuestros métodos y organizaciones. Debemos enfrentar el ataque patronal que descargan el gobierno, la oposición patronal y las cámaras empresarias, con el FMI como pivote. Tenemos la tarea de recuperar los sindicatos de manos de la burocracia y ponerlos en función de la lucha por incorporar a los desocupados a la producción, cuestionando el mando capitalista e imponiendo las escalas móviles de horas de trabajo y salarios. En medio de una crisis mundial bestial, exacerbada por la guerra en Ucrania, el enfrentamiento con nuestros enemigos se evidencia como una pelea descarnada por la supervivencia de nuestra clase, son ellos o nosotros. La venganza histórica de la clase obrera, luchando por el poder político, encabezada por el partido revolucionario del proletariado, sección nacional de la IV Internacional reconstruida.

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