La CGT, la UIA y el gobierno, vienen de pactar descuentos en los salarios de un 25% para millones de trabajadores. La burocracia sindical de UOM, Smata, AOT, Comercio y otros gremios, las han ratificado con sus respectivas cámaras empresarias. Junto a esto, la patronales descargan su crisis con despidos, recortes salariales, mayor superexplotación. El rechazo entre los trabajadores a estas acciones va en aumento.

En la zona norte del conurbano, donde está la mayor concentración fabril del país, venimos de un conflicto testigo, como fue la ocupación de la planta de colchones BedTime (Pacheco) por sus trabajadores. Una fábrica, que, es dirigida sindicalmente por una comisión interna antiburocrática. Este conflicto preanuncia procesos de lucha más álgidos en este importante cordón industrial; más aún al calor de la agudización de la recesión donde el accionar de patrones como Waisburg (BedTime), lejos de ser la excepción, pasan a ser la norma.

Los compañeros de BedTime demostraron, que con los métodos obreros, se enfrenta la cuarentena y la política del gobierno nacional para atacar a nuestra clase.

Una lucha testigo

El conflicto se originó por la falta de pago de salarios de las dos quincenas de marzo. Las primeras medidas gremiales fueron asambleas por turno. Pero con correr de los días, la empresa manifestó su verdadera intensión: proceder a despedir al 50% de los trabajadores o bajarles el salario a todos en la misma proporción. Los compañeros, ante la extorsión, respondieron con la ocupación de la planta.

Inmediatamente también hicieron el reclamo al sindicato plástico, UOYEP, de un paro nacional; ya que la situación en otras fábricas del rubro era similar (Mascardi, etc.,). Por supuesto, la burocracia se negó, ya que es quien viene negociando con las cámaras, como será la descarga del ajuste.

Claramente, la ocupación golpeó a la patronal donde le duele: en la producción. La empresa acusó el golpe y se descolocó. De allí, la ocupación se fortaleció al pasar los días. Contó con la solidaridad y la presencia de diferentes las organizaciones de trabajadores la zona, delegados de la línea 60, Sutna Nacioanl, agrupaciones del neumático, Suteba Tigre, ferroviarios, telefónicos y partidos de izquierda; también llegaron adhesiones desde todo el país.

El día jueves 31 de abril, el empresario Waisburg envía telegramas de despido “con causa” con un argumento bastante impresentable: que los trabajadores violaban el “aislamiento social preventivo y obligatorio”. Ese mismo día el ministerio de trabajo dictó la conciliación obligatoria.

Al día siguiente, 1 de mayo, los compañeros de BedTime informaron a las organizaciones presentes, después de ser votado en asamblea, que habían llegado a un acuerdo con la patronal, el ministerio de trabajo, el sindicato; levantando la ocupación después de una semana. El acuerdo: reincorporación de todos los despedidos, el compromiso patronal de pagar la deuda salarial en dos veces (4 y 11/5) y el establecimiento de un sistema de suspensiones rotativas, con el pago de las horas trabajadas al 100% y el 75% de las horas no trabajadas.

“El día de hoy, lunes 4 de mayo de 2020, ha ingresado la primer tanda de compañeros que fueron despedidos y la quincena próxima deberá entrar el resto. Después del medio día se acreditó el primer parte de los haberes atrasados, con lo cual la empresa cumple con la primer parte de los compromisos tomados con sus trabajadores…” (Comunicado de los trabajadores).

Aportes al balance y programa

Desde la COR estuvimos apoyando la pelea de los compañeros. Los trabajadores de BedTime han dado un gran ejemplo de lucha. El método de la ocupación fue muy importante para cambiar la relación de fuerzas y hacer retroceder a la patronal. Sin embargo, la patronal ha logrado meter una medida de ajuste que es un régimen de suspensiones (al 85% mensual).

Hay un elemento del balance que hay que tener en cuenta. Con el correr de los días la ocupación se convirtió en un problema político para el gobierno, en medio de la “cuarentena” y del acuerdo CGT/UIA aún fresco. Esto empezó a ponerlo incómodo -al gobierno- y puso funcionar sus instituciones, como el ministerio, para “intervenir” y ejercer presión para una resolución del conflicto. Como sabemos los marxistas, la intervención estatal, es un “árbitro” parcial, a favor de las patronales. Además del problema político, el gobierno, quizás también, vino al rescate de Waisburg en su momento de mayor debilidad y encerrona de la pelea.

Para defender nuestra salud en medio de la pandemia, es una necesidad conformar comités de higiene y seguridad votados por los trabajadores. Los compañeros de BedTime en este punto han dado otro gran ejemplo estableciendo protocolos de salud que le han impuesto a la patronal. No son la OMS o el “comité de expertos” del gobierno los que velan por los trabajadores y el pueblo. Somo sólo los trabajadores con nuestros métodos obreros de lucha y organización, como lo demostró BedTime, contra esta misma cuarentena, que podemos hacerlo.

Las huelgas, como decía Lenin, son escuelas de guerra. Los trabajadores debemos en estas escuelas, afilar y calibrar nuestras armas para la guerra de clases. Los balances deben servir para eso.

Por eso, para una dirección obrera, para un partido, el programa es el arma principal. Los trabajadores necesitamos armarnos de un programa de transición; un programa para la etapa, para forjar una fracción revolucionaria en los sindicatos. Además de la importancia de los comités obreros de seguridad e higiene; frente a los despidos, suspensiones y rebajas, deberíamos oponer una escala móvil de horas de trabajo y salarios, para luchar por defender el valor de nuestra fuerza de trabajo y contra la desocupación. Un programa de mediadas transicionales que incluyen la apertura de los libros contables, la eliminación del secreto comercial, el control obrero.

“Las medidas transicionales aun operan formalmente en el marco del régimen burgués. Pero en realidad, son ya intervenciones del poder estatal proletario que limita de manera consciente y despiadada el derecho de los capitalistas a disponer de sus bienes y el afán de lucro capitalista.” (Cuarto Congreso de la Internacional Comunista)

Plenarios de delegados y activistas

En zona norte ya se desarrollan otros procesos de lucha y organización. El SUTNA pelea contra la extorsión de FATE de recortar los salarios. En Kraft-Victoria, hubo asambleas en rechazo a suspensiones masivas, y ya se conoció que la burocracia de Daer ha avalado las suspensiones en esta multinacional. En Bimbo-Victoria hubo paro por medidas de protección de los trabajadores al inicio de la pandemia. En textiles de la zona, metalúrgicas, empleados de comercio, que se suman a los trabajadores de salud, en los parques industriales como en pilar crece la bronca y el descontento a los descuentos, las suspensiones, a la falta de medidas de seguridad por el coronavirus. Mientras los salarios se deprecian aún más por la inflación, las paritarias están suspendidas y aumentan la carestía de la vida y la desocupación.

Desafiar la “cuarentena” y el decreto del gobierno que prohíbe realizar asambleas y congresos en los sindicatos, es una necesidad política de nuestra clase para enfrentar la crisis sanitaria y económica del país.

Llamamos a impulsar la pelea por abrir los sindicatos a la participación obrera, para enfrentar a la burocracia que no quiere luchar, y para proponer un programa de lucha para que la crisis la paguen los capitalistas. Con este contenido, proponemos a los sectores antiburocráticos de los sindicatos y la izquierda impulsar plenarios de delegados y activistas en cada región el país; debatir y resolver la intervención conjunta de la vanguardia en la situación.

 Regional Zona Norte - COR 

El 20 de marzo pasado el gobierno nacional de Alberto Fernández estableció por decreto el “aislamiento social preventivo y obligatorio” por el COVID-19, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pandemia mundial. El domingo 29 de marzo, extendió la medida hasta fines de semana santa. El pretexto para establecer esta cuarentena, con las fuerzas de seguridad controlando las calles, es un modelo estadístico (curva) promovido por la OMS y los especialistas según el cuál es necesario ralentizar los contagios de la enfermedad para evitar un colapso del sistema sanitario de los estados burgueses, como se está viendo en Italia y España. Este plan de “achatar la curva de contagios” parte del supuesto de que el sistema sanitario tiene capacidades limitadas para la atención de la población, y según el ministro de salud González García, todo el plan consiste en ganar tiempo para adecuar el sistema, en actual estado de calamidad, a las necesidades del futuro pico de contagio. Basta traspasar la medianera de cualquier hospital del interior del país para darse cuenta de que esto es una burla al pueblo pobre y a la clase trabajadora toda, y un cínico insulto a los trabajadores de la salud en particular.
Por supuesto, lo anterior es un mero pretexto sanitario. Al 29 de marzo, el total de detenidos por “violación de la cuarentena” ascendía a 33.000 (Clarín). Como hemos expuesto en otros materiales, la intervención de las fuerzas de seguridad controlando la circulación de mercancías, incluyendo la fuerza de trabajo como mercancía, responde a la preparación de la burguesía y su Estado para enfrentar las respuestas de nuestra clase ante las consecuencias de la crisis general del capitalismo mundial que va mucho más allá de una infección respiratoria. Estamos hablando de una crisis capitalista en toda regla, con su ola de suspensiones, despidos, rebajas salariales, avance de la precariedad y quita de conquistas obreras, camino que ya comienzan a transitar las patronales como Techint, pero que ya venían implementando antes del COVID-19 en la industria petrolera, en ARCOR, por dar sólo algunos ejemplos.

Un sistema en ruinas

La inversión en salud en Argentina es del 9,4% del PBI. De esta cifra, el Estado (en sus distintos niveles e incluyendo el gasto en seguridad social) aporta el 70% y el 30 % restante corresponde al sector privado, según datos de la OPS/OMS. En relación al gasto total, en cambio, los fondos públicos ejecutados en 2020 representan solo un 4%, de acuerdo con los datos de Hacienda. Por la expansión de la pandemia, el gobierno nacional anunció una partida presupuestaria extra de $1.700 millones. Para que tengamos un punto de comparación, es el equivalente a un cuarto del presupuesto anual del Hospital Garraham.
El cinismo de Fernández es insuperable cuando se refirió a que los trabajadores de la salud iban a recibir un pago diferencial extraordinario: se rumoreaba que iba a ser de $30.000, pero resultó en el decreto que cobrarán 4 cuotas de $5.000, no remunerativos y contra la prestación efectiva de servicios; y en caso que se ausente del trabajo en forma parcial o total -justificada- el pago extraordinario se ajustará proporcionalmente, introduciendo en la emergencia una cláusula de presentismo  (productividad). Ese decreto además reconoce que el personal de salud debe trabajar en más de un lugar, dado que el salario no alcanza, estableciendo que el incentivo lo cobrarán sólo por uno de sus empleos. Resulta ahora que los trabajadores de la salud deben hacer una “patriada” con un barbijo y un par de guantes durante todo el día a cambio de las peores condiciones laborales agudizadas por la expansión del virus, con todos los riesgos que ello significa, y con un salario por debajo de la línea de la pobreza.
El sistema sanitario argentino está fragmentado en el sector estatal, que atiende a 3 de cada 10 personas en forma gratuita, las Obras Sociales sindicales, que cubren a los trabajadores registrados con aportes, y el sector privado de prepagas, hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios, otros centros privados y, no olvidarlo, las nefastas ARTs. Estos dos últimos sectores atienden a 7 de cada 10 personas (Iprofesional, 22/03/20). Las estadísticas no distinguen entre las personas atendidas por las Obras Sociales de aquellas atendidas por el sector privado porque de hecho estos sectores se confunden. Hay una razón: en los años 90, las Obras Sociales que ya estaban bajo la égida del Estado burgués a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y otros organismos, fueron desreguladas, proceso que culminó bajo el gobierno de la Alianza que nos depositó en la crisis de 2001. Debería tener más cuidado el actual presidente cuando compara los muertos con las crisis económicas: muchos de los trabajadores que morirán con el pico de la actual pandemia serán en realidad víctimas de las reformas antiobreras que se instrumentaron durante las crisis anteriores. La desregulación de las Obras Sociales permitió que muchas de estas simplemente tercerizaran los servicios de cobertura de salud de los trabajadores de su rama desviando los descuentos de ley a prepagas que surgieron como hongos y luego fueron decantando por la competencia capitalista en el monopolio de los actuales mercaderes de la vida y la muerte como OSDE, Swiss Medical, Medifé, etc, etc. Otras Obras Sociales sindicales se “especializaron” en el rubro, ofreciendo sus servicios a otros sindicatos. Todo esto, sin dejar de mantener una relación espuria con la SSS, que junto con la Ley de Asociaciones Sindicales y la Conciliación Obligatoria se ha convertido en un instrumento de subordinación de las organizaciones de la clase obrera al Estado burgués. Esto sucedió durante el gobierno de Macri, durante los gobiernos anteriores y sucede ahora: la burocracia sindical negocia paz social por fondos frescos que la SSS transfiere a esta capa privilegiada a través de las Obras Sociales. Los fondos que supuestamente deberían destinarse a la salud de los trabajadores son el pago en efectivo de la traición de sus dirigentes por el Estado burgués. Este sistema de salud, llamado “tripartito”, que viene siendo coto de negocios de un puñado de empresas capitalistas (a las que hay que sumar a los laboratorios de medicamentos) y del concubinato del Estado con la burocracia sindical, es el que se enfrenta a la famosa “curva” del COVID-19. De más está decir que la resultante, en palabras del propio Ginés González García, es un sistema sanitario devastado.

La salud del pueblo

Igual que la democracia política, la salud popular en la Argentina fue producto de la lucha y la organización de la única clase progresiva, el proletariado. La salud de los trabajadores sólo fue atendida por los trabajadores mismos a través de las mutuales y cajas de socorros mutuos, germen de los sindicatos. Las Obras Sociales tienen ese mérito, y recordamos esta historia porque lamentablemente hoy muchas organizaciones obreras y de la propia izquierda centrista están totalmente adaptadas a la ideología estatista de la burguesía, que hoy en la crisis se fortalece. La salud pública, que es una ilusión, pasaría por los hospitales estatales, (no tan) gratuitos, que además los últimos años han sufrido también el embate de las políticas del Banco Mundial y su Cobertura Única de Salud (CUS) que propone la intervención directa de los privados en los servicios “rentables” del hospital público. Más que tripartito, el sistema es una maraña en la cual las empresas de la salud se quedan con el negocio y el Estado sostiene los déficits, estatismo a fin de cuentas. No hace falta más que conversar con cualquier enfermera de un hospital estatal para saber cuáles son y cómo se manejan los servicios “privatizados”. En cuanto a las Obras Sociales, como explicábamos más arriba, han sufrido el derrotero de los propios sindicatos bajo la decadencia imperialista, siendo sometidas por el estado burgués y sus formas de poder bonapartistas sui generis. Sin embargo, en medio de la pandemia, la lección de la historia es categórica: sólo a los trabajadores nos interesa nuestra salud y la salud del pueblo pobre en general.
¿Qué significa la salud de la clase obrera para la burguesía? Simplemente parte del valor de la fuerza de trabajo, que debe reproducirse día a día para continuar bajo el yugo de la explotación del capital y su acumulación. Incluso si se “daña” en el propio proceso de producción, como cualquier máquina está cubierta por un seguro (ART). Esto simplemente queda mucho más al descubierto con la descomposición de cualquier idea de Estado de bienestar en los países imperialistas, el antiguo espejo en que se miraban la sub-burguesía nacional y los sectores medios.

Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud

La pandemia ha venido a profundizar y acelerar la crisis económica y social y a poner al descubierto un sistema de salud en ruinas. La actual coyuntura de crisis en todo el mundo muestra como los trabajadores de la sanidad, de la industria y los servicios empezamos a organizarnos y luchar por lo que nos han robado hace décadas, como es el caso de las huelgas en Italia, método de la clase obrera para que las patronales no la arrojen como “carne de cañón” a producir en la insalubridad de las fábricas.
En Argentina, la burocracia sindical se votó el aislamiento social, cubriéndole el flanco al gobierno. Luego de la reunión entre nación y sindicatos de la salud quedó demostrado que tanto ATE y Fesprosa como la CTA-A van a ser cómplices de profundizar la precariedad laboral ante la incorporación de residentes del 2º y 3º año al abordaje de la epidemia, la falta de recurso crítico disponible en los hospitales (aunque parece ser un dato novedoso para los burócratas) y definen poner a disposición los hoteles sindicales para subordinarse a la estrategia del gobierno nacional. La UPCN y ATSA también firmaron la paz social, y solo se remiten a elevar notas por falta de insumos al Ministerio de Salud ante la presión de los trabajadores de la sanidad en hospitales designados de referencia para atender pacientes infectados por el COVID-19. La burocracia trata de mostrar la importancia que tiene la “unidad” de los sindicatos con el Estado burgués, con la excusa de la emergencia y la esencialidad del sector, manteniendo así la conciliación de clases como objetivo primordial de salvaguardar las ganancias capitalistas.
Los trabajadores de la salud somos hoy los más expuesto a la pandemia y al plan de Alberto y las patronales. Además de defender nuestra propia vida, debemos defender al conjunto de los trabajadores ya que, con menor personal de atención disponibles por posibles contagios, el sistema sanitario caería aún en peores condiciones, como sucede en España donde casi el 15% de los contagios se dan entre trabajadores de la sanidad. Contra las jornadas extenuantes y la doble o triple jornada de trabajo, debemos pelear por jornadas de 6 hs para las y los trabajadores de la salud, con un salario inicial igual a la canasta básica indexado a la inflación, y por el pase a planta permanente de todos los becarios, contratados, monotributistas, pasantes y residentes. Hay que poner fin a las tercerizadas. No podemos permitir que gobiernos y empresarios de la salud aprovechen la coyuntura para avanzar en la precarización laboral, ¡Que todo trabajador que se incorpore en la emergencia sea contratado con las mismas condiciones que el personal de planta, por un contrato único!
Los trabajadores de la salud necesitamos disponer de todos los insumos necesarios para la asepsia y esterilización de materiales, así como de equipos e insumos. Necesitamos equipos de protección personal (EPP) para todo el personal, teniendo en cuenta que se trata de material descartable y debe estar disponible de formar constante. Cese de actividades hasta que se cumplan las normas de bioseguridad para todo el personal.
Es imperiosa la centralización real de los recursos sanitarios. Al igual que el resto del plan sanitario de Alberto, la coordinación a través del gobierno nacional y sus conferencias con los gobernadores de las provincias y el intendente de la CABA son una farsa y dejan al 70% de la atención del sistema, privado, seguir actuando guiado por el lucro (una pandemia significa grandes negocios para estos burgueses). Sin embargo, la consigna de centralización del sistema bajo el comando del Estado burgués, incluso la estatización de las efectores del sector privado, sigue dejando en manos del comando de nuestros enemigos de clase el problema de la salud de los trabajadores. Lo que está planteado es poner los hospitales, clínicas, sanatorios, grandes cadenas de farmacias y demás centros de atención bajo control de sus trabajadores a través de los sindicatos de la rama (ATSA, la Fesprosa, ATE Salud, UPCN, sindicatos estatales provinciales y municipales). Por supuesto, para ello es necesario recuperar los sindicatos de manos de la burocracia y ampliar sus funciones. El método es la asamblea, la elección de delegados con mandato, los plenarios zonales o municipales, provinciales y un Congreso Nacional de Delegados de Base de la Salud, por supuesto, tomando todas las medias de prevención para evitar los contagios (tal como deben tomarse en los propios hospitales y fábricas donde se continúan las labores). Para esto también necesitamos imponer la jornada de 6hs, que los sindicatos estén abiertos para realizar reuniones de delegados y activistas, y que emitan salvoconductos sindicales para que nuestros delegados puedan circular entre los lugares de trabajo y las sedes de nuestras organizaciones.

Control Obrero versus Reconversión

Existe una preocupación válida entre muchos compañeros y compañeras en relación a la provisión de los EPP y otros insumos y equipamientos médicos, ¿cómo conseguirlos, si no hay stock? Esto se debe a que la producción de estas mercancías y su distribución no escapan a las reglas capitalistas anárquicas que rigen a cualquier mercancía. Los stocks no están o porque no se producen, o porque están escondidos para la especulación o porque fueron destinados a la exportación o al consumo de los sectores burgueses. El caso de los respiradores es paradigmático: fueron los propios distritos provinciales los que comenzaron a pujar por los pocos respiradores que se fabrican en el país. Nuevamente, el Estado nacional tuvo que salir a aparentar cierta organización centralizando a su manera el abastecimiento de los mismos, y al mismo tiempo activando un gran negocio para una multinacional como Toyota que se ofreció para la reconversión de su planta de Zárate, donde propuso armar una línea de montaje de respiradores para sumar a los que se fabrican en Córdoba y a las partidas que serán importadas probablemente de China. ¡Es un gran negocio! En tiempos de restricción de la producción por la cuarentena, pero más aún por la recesión mundial, la industria automotriz está paralizada; la única forma en que puede valorizarse el capital es explotando a la fuerza de trabajo, y Toyota encuentra la manera de realizar esto… ¡a través de la famosa reconversión! En el terreno del mercado mundial, ocurre lo mismo con la competencia entre el capital de los países imperialistas entre sí y con China por poner en funcionamiento determinadas producciones destinadas a los sistemas sanitarios para intentar iniciar una (muy dudosa) recuperación económica a futuro.
Lo más lamentable es que esta idea sea un punto central del programa que nos propone la izquierda centrista organizada en el FIT-U. Dirán que ellos suman a la reconversión el “control obrero”, entendido como un mero control democrático “por la base” de la actividad capitalista. Sin embargo, lo que realmente están proponiendo es una reconversión dentro de los marcos del sistema, sin cuestionar el mando capitalista ni enfrentar al Estado burgués (por eso tampoco quieren enfrentar la cuarentena) ni cuestionar la explotación del sistema del trabajo asalariado. Los revolucionarios, entendiendo el problema de la cadena de suministros del sistema sanitario, levantamos la intervención independiente de la clase obrera, luchando por recuperar nuestros sindicatos industriales y de servicios para que amplíen sus funciones y a través de nuestras organizaciones imponer el control obrero de los laboratorios médicos, las fábricas químicas, textiles, de papel y de equipos médicos, la cadena logística, y demás insumos y equipos que se necesiten para atender la pandemia y sostener la tarea de los trabajadores de la salud. Confiscación de todos los stocks de insumos y equipos y distribución bajo control obrero, donde tendrá un peso preponderante la opinión de los propios trabajadores de la salud.
Debemos decir finalmente que la idea de reconversión es totalmente nacionalista. El control obrero sobre las ramas industriales y de servicios rompe las fronteras nacionales porque la tarea que enfrenta nuestra clase obrera y su vanguardia tiene una naturaleza, como la pandemia y el mercado mundial capitalista, internacional.

El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo

Sólo los trabajadores podemos garantizar nuestra salud. Esto no quiere decir que podamos poner en pie un sistema de salud “obrero”, paralelo al Estado capitalista y el sistema de la propiedad privada, eso sería una mera utopía reformista. La salud de la clase obrera no puede garantizarse sin enfrentar las consecuencias de la descomposición capitalista. Siguiendo a Trotsky, “los sindicatos actualmente no pueden ser simplemente los órganos democráticos que eran en la época del capitalismo libre y ya no pueden ser políticamente neutrales, o sea limitarse a servir a las necesidades cotidianas de la clase obrera. Ya no pueden ser anarquistas, es decir que ya no pueden ignorar la influencia decisiva del estado en la vida del pueblo y de las clases. Ya no pueden ser reformistas, porque las condiciones objetivas no dan cabida a ninguna reforma seria y duradera. Los sindicatos de nuestro tiempo pueden servir como herramientas secundarias del capitalismo imperialista para la subordinación y adoctrinamiento de los obreros y para frenar la revolución, o bien convertirse, por el contrario, en las herramientas del movimiento revolucionario del proletariado.”
La salud de nuestra clase no puede sostenerse a través de ningún sistema de salud estatal bajo el capitalismo, porque no tenemos garantizadas las mínimas condiciones de reproducción de nuestra fuerza de trabajo. Conquistar estas condiciones, un salario mínimo igual a la canasta básicas familiar, las condiciones de seguridad e higiene para no morir en las fábricas y en el transporte, una reforma urbana basada en la expropiación de los grandes terratenientes para conquistar viviendas para todos los obreros, imponer las escalas móviles de salario y horas de trabajo contra el desempleo y los despidos, todo eso plantea un programa de transición para la lucha de nuestra clase contra los capitalistas y su Estado. A través de nuestros métodos, los ceses de actividades y paralizaciones para avanzar a la huelga general. Es el camino de la revolución socialista y la instauración de un gobierno obrero, en el que los revolucionarios internacionalistas estamos comprometidos.
El capitalismo mata, hay que matar al capitalismo.

Los trabajadores estatales precarizados de la provincia de Córdoba vienen sosteniendo una lucha contra la precarización laboral y la miseria salarial impuestas por el gobierno de Juan Schiaretti, con la complicidad de la burocracia sindical y en particular de José Pihén, actual dirigente del SEP y la CGT Córdoba. Ese mismo Pihén que aceptó, junto a Monserrat de la UEPC, terminar con la ya de por sí engañosa cláusula gatillo a cambio de un miserable bono de $3.000 en 2 cuotas como paliativo ante la devaluación, bono que además no alcanza a los precarizados. El proceso de organización mediante asambleas, apoyado en conflictos anteriores como el de las compañeras del Polo de la Mujer y de otras reparticiones, se postula como una lucha generalizada contra la precarización laboral en una de las principales empresas capitalistas de la provincia, el propio Estado burgués. La patronal-Estado muestra así su verdadero rostro, y las mentiras de la lucha contra el trabajo precario, que el propio gobierno alienta con los planes de empleo como el PPP, PPP joven, el PILA y tantos más.

Esta lucha se da además en una coyuntura nacional de crisis, con el brutal impacto en los salarios de la devaluación pos PASO y los planes de más ajuste y reformas antiobreras que negocian Macri y Fernández con el FMI. Abre la perspectiva de romper la paz social que pretenden imponernos los candidatos a presidente, los patrones y la burocracia sindical de las CGTs y las CTAs. La lucha que están iniciando los estatales  precarizados de Córdoba tiene enorme importancia para el conjunto de la clase obrera. Plantea la posibilidad de conquistar el pase a planta de todos los precarizados, un contrato único para todos los trabajadores estatales, el salario inicial igual a la canasta familiar indexado a la inflación, entre otras conquistas centrales para poner de pie a nuestra clase.

La posibilidad de la afiliación sindical no es menor, ya que permite establecer relaciones de fuerzas favorables a nuestros intereses de forma colectiva ante la patronal. Es necesario imponer junto a los delegados combativos la afiliación de los precarizados al SEP, y si se decide encuadrarse en otro sindicato, hacerlo siempre a partir de una decisión colectiva. Luchemos por la unidad, no a través de los acuerdos de cúpula de las burocracias sindicales, sino a partir de asambleas conjuntas en cada repartición, donde participen trabajadores de planta y precarizados, sin distinción de afiliación sindical. Elijamos delegados paritarios con mandato de asamblea, para que la negociación con el gobierno no quede en manos de los burócratas de siempre, sino de luchadores que respondan a las bases. Por una paritaria estatal única, que incluya a los docentes. Avancemos en un plenario provincial de delegados con mandato que se plantee la deliberación y vote el paro provincial con toma de edificios como parte de un plan de lucha para conquistar todas las demandas. Una instancia así es fundamental en este momento donde más necesitamos centralizar nuestras fuerzas para poder dar una salida a la crisis desde nuestros intereses.

Recuperar nuestros sindicatos y centrales obreras de manos de la burocracia sindical es una tarea central. Tomemos el ejemplo de los trabajadores y el pueblo ecuatorianos que enfrentan en las calles los planes del FMI y el de los docentes de Santa Cruz y demás trabajadores que en nuestro país se nieguen a “salir de las calles” para “irse a dormir” como les reclaman Macri y Alberto. El único camino es la lucha con los métodos de la clase obrera y tras una salida de independencia de clase.

• Por el pase a planta permanente, ya! Contrato único para todos los estatales.
• Salario inicial igual a la canasta familiar indexado a la inflación.
• Recuperar los sindicatos y centrales de manos de la burocracia.
• Por un congreso de delegados con mandato de base.
• No al pago de la deuda externa. Fuera el FMI de América Latina.

COR Regional Córdoba
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Por Regional Zona Norte GBA.

    La judicialización de la lucha obrera es una herramienta frecuente de las patronales y el estado para intentar disciplinar a los trabajadores y su organización sindical. Mas aún, cuando se trata de trabajadores combativos. Un ejemplo de esto, es lo que está haciendo la patronal de FATE al iniciarle juicios de desafuero a dirigentes y delegados del SUTNA como Ariel Godoy (Sec. Nac. de Seguridad e Higiene), José Meniño (Sec. Gral. Seccional San Fernando) y José Orellano (delegado de planta), entre otros compañeros.

    FATE inicia estos juicios como represalia a las medidas de fuerza tomadas en marzo de 2018. Por entonces, el SUTNA realizó acciones gremiales -que incluyeron 4 días de paro- por un “accidente” en el que casi pierde la vida el obrero Javier Bertolotti. La empresa respondió montado una serie de provocaciones (intentó de sacar camiones, choques físicos con Madanes Quintanilla en persona, etc.) y que son ahora muchos de “sus” argumentos para intentar los desafueros.

    Con posterioridad, el SUTNA realizó una investigación de dicho “accidente” donde determinó la culpabilidad de FATE: falta de previsión, falta de inversión en seguridad en la máquina y el exceso en los ritmos de producción. Esto mismo fue incluso reconocido por la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo). Sin embargo, un año y medio después, estos dirigentes y delegados son llevados al banquillo de los acusados por la patronal y en donde jueces y fiscales que nada saben cómo se produce un solo neumático, ni cómo son las condiciones de higiene y seguridad en la fábrica, serán los que “definan” sobre la actuación de estos compañeros.

   De lo que se trata realmente, es mediante esta judicialización, de aleccionar, limitar o privar de determinados métodos de lucha a los trabajadores. La patronales, echan mano con este objetivo a las leyes que atan los sindicatos al estado. Una de éstas es ley de asociaciones sindicales. Hay que rechazar de plano toda injerencia del estado en nuestras organizaciones.

    Llamamos a apoyar firmemente la pelea contra los desafueros a los compañeros del SUTNA. También por la inmediata absolución de los 5 choferes de la línea 60. Al cierre de esta nota, se conoció un fallo del juzgado N°6 de San Isidro que rechazó el pedido de desafuero contra Ariel Godoy. El resto de los juicios del Sutna aún esperan por sentencia, lo mismo el de los compañeros de la 60.

    Se hace urgente la necesidad de impulsar desde los sectores combativos una campaña nacional por la anulación de la ley de asociaciones sindicales y por la independencia de los sindicatos del estado. El llamado "pacto social" de Fernández, la tríada de estado, patronales y burocracia, buscará utilizarlas cada vez más contra el movimiento obrero y los luchadores. El SUTNA recuperado podría jugar un rol progresivo convocando al resto de los sectores antiburocráticos a realizarla. Una pelea íntimamente ligada, a conformar una alternativa de clase al peronismo en los sindicatos y el movimiento obrero, para la lucha revolucionaria contra el capital.

El 3 de octubre, Hugo Yasky realizó un acto de campaña para Alberto Fernandez y el Frente de Todos en el microestadio de Lanús. Su principal anuncio: el comienzo de las negociaciones para el regreso de la CTA, en realidad de la fracción que él conduce, la CTA de los Trabajadores, a la CGT. Lejos de llorar el proyecto fracasado de la CTA de los orígenes, como hacen Cachorro Godoy y su sector, debemos destacar algunos elementos centrales como un aporte para la orientación de la vanguardia, específicamente de los trabajadores estatales, en la actual situación.

Fortaleciendo el acuerdo de paz social

El acto de Lanús contó con la presencia de Alberto en persona; en el mismo momento en que el candidato peronista ejercía presión para que los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral levantaran un paro de 48hs. en el marco de la paritaria. Presión que finalmente, cena con el burócrata Biró de por medio, surtió efecto. También estuvieron en el acto, junto con otros burócratas cegetistas, Omar Plaini y Hugo y Pablo Moyano, detrás del objetivo de unificar las filas de la burocracia sindical peronista para sostener al futuro gobierno de los Fernández. Es importante notar la ausencia de la CGT oficial, encabezada por Daer y Acuña, que en ese momento estaba reunida para discutir el futuro de la central; este sector de la burocracia se opone tajantemente a incorporar a la CTA, reconocer sus sindicatos y, sobre todo, otorgarle congresales en un futuro congreso. Quienes participaron del acto de Lanús fueron los sectores del Fresimona y la Corriente Federal, que son sólo una fracción, y no están participando orgánicamente, de la CGT. Buscan utilizar a la CTA-T, al igual que a los movimientos sociales, como fichas en la negociación con los Gordos y otros sectores para volver a una CGT unificada para asumir su rol en el Pacto Social de los F-F.
Alberto viene de hacer un ostentoso acto de campaña en Mendoza para apoyar a la luego derrotada Fernández Sagasti donde compartió almuerzo con el gobernador Arcioni, responsable de mantener sin sueldos a los docentes y estatales de Chubut, y responsable de la muerte de 2 compañeras en lucha. Yasky muestra coherencia: mientras disuelve su central para garantizar la paz social a la patronal, sólo se ha limitado a paros testimoniales de la Ctera, que la burocracia no garantiza, por los docentes de Chubut, dejándolos aislados en los hechos.
La “unidad” de las centrales sindicales que ofrecen estos sectores de la burocracia sindical no puede tener otros fines que garantizar las negociaciones con el FMI y la transición presidencial pactada, manteniendo a flote al moribundo gobierno de Macri hasta diciembre, aunque esto cueste miles de despidos y suspensiones más, la aceleración de la caída del salario real vía inflación y la destrucción de nuestras condiciones de trabajo.

Fracaso del proyecto centroizquierdista

La CTA vive una profunda crisis desde hace años. Nació como un proyecto político-sindical reformista, que intentó expresarse en diferentes proyectos electorales, llegando a la debacle de su apoyo al gobierno de la Alianza de De La Rúa. Los “principios” de la CTA, que tanto defienden hoy Cachorro Godoy y el ala contraria a la integración a la CGT, se basan en la disolución del carácter obrero de la organización sindical a través de la afiliación individual a la central (diluyendo a los sindicatos por rama) y la atomización de los sindicatos a partir de la creación de sindicatos paralelos en los diferentes sectores de trabajo. Todo esto poniendo eje en un “nuevo modelo sindical” sancionado por Ley y en general en la reforma del Estado burgués a partir de la implementación de “políticas públicas” progresivas, tomando como ejemplo al PT de Lula. Este programa terminó llevando a la ruptura de 2010, con la fracción Yasky integrándose plenamente en el kirchnerismo, los pagadores seriales de la deuda externa, mientras la otra fracción (ahora arrepentida), la de Michelli, unía filas con la Sociedad Rural y los sectores burgueses del campo entre los que se contaba a la Federación Agraria… pequeños patrones ¡afiliados a la CTA!
Nada queda de la centroizquierda argentina, hoy embarcada en el proyecto de un peronismo que busca su propia unidad, haciendo de comparsa en la negociación de una eventual unificación de la burocracia de la CGT sustentada por la ley de asociaciones profesionales del “unicato” y los millones de pesos de las obras sociales. Yasky y la CTA-T dejan en claro con su acto en Lanús que han depuesto las armas en la pelea por la personería de la central, personería que el kirchnerismo prometió pero jamás otorgó, priorizando las relaciones con los viejos caciques de la CGT. Mientras, la CTA-A se resiste a hacer el papel de segundo violín pero llama a votar a Alberto Fernández en octubre y no desarrolla ninguna política para enfrentar el acuerdo de Paz Social. La CTA en todas sus variantes, al igual que el conjunto de la centroizquierda argentina, están cada vez más cerca del lugar que tienen reservado en el basurero de la historia.

Las tareas de los estatales

Los trabajadores estatales nos enfrentamos a un difícil panorama, tal cuál nos indican cínicamente Yasky y Moyano. No sólo Alberto y las diferentes facciones de la burguesía se preparan para renegociar los términos del acuerdo con el FMI que implicará el avance en las reformas laboral, previsional, fiscal, educativa y demás medidas que exige el organismo, tal como muestra su actual intervención en Ecuador con la correspondiente respuesta de las masas en las calles. No sólo eso, además la burocracia sindical pretende unificarse para hacer pasar este ataque a rajatabla sobre nuestra clase. La necesaria unidad de la clase obrera para enfrentar estos ataques se opone por el vértice a la unidad de la burocracia sindical traidora de los Yasky, los Moyano, los Daer, los Pignagnelli, los Caló, los Godoy y tantos otros agentes de los patrones en nuestras propias filas.
Debemos impulsar asambleas en las escuelas, hospitales y reparticiones estatales para deliberar y discutir una salida obrera, con independencia de clase, a la crisis. Impulsemos el llamado a imponer un Congreso de delegados con mandato de base de todos los sindicatos, estatales, de servicios e industriales, donde se conquiste la verdadera unidad pero con el objetivo de enfrentar la transición pactada Macri-Alberto y echar al FMI de Argentina y toda la región. Uniendo lazos con los trabajadores ecuatorianos, brasileros, centroamericanos y de todos los países de Latinoamérica, buscando la unidad con el proletariado de EEUU que también está protagonizando grandes huelgas contra las patronales imperialistas como en General Motors. En ese congreso, deberemos discutir un programa que contemple el aumento de emergencia para alcanzar la canasta básica familiar, la reincorporación de todos los despedidos, el pase a plata permanente o efectivización para barrer con la precarización laboral, el control obrero de las fábricas y de las empresas de transporte y servicios, las escalas móviles de horas de trabajo y salarios, la desorganización del estado burgués por parte de los estatales, para desarrollar la potencia del proletariado frente a la anarquía capitalista. Fuera las manos del Estado de nuestros sindicatos y centrales, abajo la Ley de asociaciones profesionales.
Recuperemos los sindicatos de manos de la burocracia, pongamos en pie oposiciones sindicales revolucionarias en cada rama. Peleamos por una Central Única de Trabajadores basada en esta deliberación de nuestra clase, como organización poderosa que permita a los sindicatos imponer un paro activo nacional y un plan de lucha con toma de fábricas y ministerios para derrotar el plan del FMI.

Hoy en horas del mediodía, la policía provincial bajo el mando del gobernador peronista Juan Schiaretti (amigo de Macri y de Alberto) descargó la represión sobre los compañeros del sindicato de Luz y Fuerza cuando estos concluían una jornada de paro y movilización en la sede central de la EPEC. El saldo son 11 detenidos y varios heridos de bala de goma, incluidos trabajadores de prensa.
El gobierno provincial, luego de las elecciones de mayo, ha lanzado una fuerte campaña para justificar el ajuste de las cuentas públicas, alegando la baja de la recaudación. Apunta a los trabajadores estatales y a los docentes, anunciando la revisión de las paritarias a la baja, descontando la complicidad de la burocracia sindical del SEP y la UEPC. La crisis ha sido agudizada por la última devaluación concertada por el tridente Macri-Alberto-FMI, y la sufren sobre todo los trabajadores de la industria con suspensiones y despidos. La empresa provincial de energía, EPEC, ya ha sido apuntada no sólo como objeto de ajuste, sino también como un gran botín para los pulpos energéticos, que pretenden quedarse con las áreas redituables del negocio.
El gran escollo para los planes de Schiaretti y las patronales, igual que en las fábricas, escuelas, hospitales y reparticiones, son los trabajadores, en este caso del sindicato de Luz y Fuerza que se han puesto en pie de lucha desde el año pasado para enfrentar el ataque. Ataque que incluye tercerización de áreas (automotores, toma de estado, y otras), anulación de conquistas plasmadas en el CCT y una agresiva rebaja del salario real con aumentos ridículos fijados unilateralmente por el directorio de la empresa, a partir de la traición  de la burocracia sindical de Rio IV y Villa María.
La lucha ha sido dura, con marchas, paros y toma del edificio central en agosto de 2018. Y el despliegue de una gran solidaridad con los conflictos que han atravesado la ciudad, encabezada centralmente por delegados de base del sindicato. Sin embargo, la burocracia de Suárez ha sido siempre un freno para el activismo, llevando a una lucha de “desgaste” que no ha traído frutos. Y no sólo por los métodos de acción, sino centralmente por el programa desplegado, basado en la consigna “defensa de una EPEC cordobesa, pública e integrada”, que significa unir al pueblo en general en un frente contra la privatización, una política de conciliación de clases. Se busca así diluir la potencia de un sector de la clase obrera en un movimiento donde también se incorporen las capas medias, pero también las pymes y otros sectores patronales. Una versión del frente por la “emergencia alimentaria” que vienen desplegando el peronismo a nivel nacional las últimas semanas.
Para enfrentar el ataque del gobierno nacional, provincial, las patronales y el FMI debemos imponer a las CGTs y CTAs un Congreso de Delegados de Base con Mandato, que discuta un programa basándose en la deliberación en asambleas del conjunto de nuestra clase. Para frenar el ataque a nuestras conquistas, nuestro salario, contra los despidos y suspensiones y las reformas que planean imponernos (laboral, previsional, educativa) debemos discutir una salida obrera a la crisis y los métodos y acciones para imponerla.

¡Libertad a los presos de Luz y Fuerza y a todos los luchadores!
¡Desprocesamiento de los estudiantes de la UNC!
¡Por un Congreso Provincial de delegados con mandato de base!
¡Por un Paro Provincial en camino a un Paro Nacional de 36hs!

COR
Corriente Obrera Revolucionaria
Regional Córdoba

Por FERROVIARIOS COR.

    El 7 de agosto son las elecciones a cuerpo delegados de la UF línea Roca, la cual debe entenderse como una batalla muy importante, al ser ésta la más grande de las líneas metropolitana de pasajeros y dónde fue asesinado Mariano Ferreyra en la enorme lucha por el pase a planta permanente del Personal tercerizado, que atravesó el conjunto de la rama ferroviaria.

    Esta elección, además, se da cuando las patronales se disputan qué sector burgués tiene que comandar el ajuste de la mano del FMI los próximos años en Argentina, y quieren que los trabajadores elijamos a nuestros verdugos: Macri o la dupla Fe-Fe.

    Ante este panorama, y sabiendo que intentarán hacer pasar devaluación y una serie de reformas estructurales contra la clase trabajadora, es que debemos luchar contra la burocracia sindical cómplice como la verde, al mismo tiempo que contra todos los sectores que simulan diferenciarse, pero en esencia siguen defendiendo políticas claramente patronales en el seno de los sindicatos.

    El PO, PTS e IS, que tienen agrupaciones en dicha línea, después de presentar en diferentes oportunidades listas divididas por problemas de cargos, han decidido conformado ahora un frente en común. Pero lamentablemente han incluido a la lista Turquesa, una agrupación kirchnerista, desprendimiento de la lista verde.

    ¿Cómo se puede enfrentar el ajuste de la mano de un agrupación semi verde? Agrupación que defiende abiertamente a la fracción patronal que gobernó durante 12 años la Argentina y que actualmente es el recambio burgués al macrismo para hacer pasar los planes del FMI. No conocemos tampoco ni una sola acción de lucha o desarrollo programático por lo que la agrupación turquesa pueda ser considerada verdaderamente opositora a la verde.

    No es el primer acuerdo oportunista con sectores del peronismo en el ferrocarril, tenemos el ejemplo de la Celeste con el Oso Rodríguez, o la unidad con la agrupación Únanse en el Belgrano Norte (apoyada por agrupaciones opositoras de otros ramales). Hoy, todos esos dirigentes son parte del aparato de la burocracia verde.

    Los materiales de este frente Gris-Naranja-Bordó-Turquesa critican al gobierno de Macri pero nada dicen de la oposición patronal o el Kirchnerismo que fue responsable de la tragedia de Once y mantuvo la política menemista de concesionarios en el ferrocarril. Se trata de un expresión más de los frentes "anti-Macri". Es que la Turquesa/Kirchnerista milita por la sujeción del movimiento obrero al recambio estatal de Fernandez-Fernandez y en esto coinciden con la Verde que le hace la campaña a los K.

    La lista Bordó (IS) tiene una larga tradición de "frentes amplios" lo que incluso ha llevado la formación de una bordó peronista (para llevar esa política hasta el final) que luego se terminó integrando a la verde. La Naranja (PTS) no ha dicho nada al respecto de esta unidad, prefieren callar el acuerdo con los K. El enfrentamiento al peronismo lo restringen al escenario electoral burgués mientras en los sindicatos hacen este tipo de acuerdos. En esto, todo el FIT hace aguas.

    El giro del PO (Gris) en la caracterización de la turquesa es sorprendente. Hace dos años, decían es “un rejunte de todos los elementos desplazados del pedracismo, incluida tropa del “Gallego” Fernández y Pablo Díaz, reos por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, quienes harán campaña por Cristina” . Pero ahora en 2019 plantean fue “reflotada por un sector kirchnerista… no revistó en la patota de Barracas ni integró el aparato del pedracismo”.

    Un comunicado reciente de la misma Gris califica a este acuerdo como la mismísima “orientación clasista del partido que prioriza el interés general de la clase obrera cuando ésta puede dar un paso adelante”. Vaya forma de defender la independencia de clase!!!

    El sector de la lista Gris que hoy integra la fracción pública del PO ha rechazado este acuerdo. Si bien en el pasado han avalado frentes de este tipo, nos parece correcta su posición, puesto que la independencia de las corrientes patronales debe ser un punto indispensable e innegociable.

    Los ferroviarios de la COR rechazamos este frente oportunista y llamaremos a votar en blanco en el FFCC Roca. Para enfrentar el ajuste, las persecuciones, la sanciones y los despidos, y recuperar los sindicatos, las seccionales y los cuerpos de delegados en manos de los traidores de la verde, es necesaria la plena independencia política de nuestra clase. Llamamos a romper este tipo de acuerdos y, como lo venimos haciendo desde hace años desde la Lista Roja ferroviaria que integramos, a pelear por una verdadera oposición combativa a Sasia con libertad de tendencias. A poner en pie un plenario de delegados elegidos en asamblea de base y con mandato. Para defender un programa obrero de salida a la crisis, contra el FMI, el gobierno de Macri y todas las variantes patronales.

El viernes 12 de julio, a primeras horas de la tarde, los trabajadores del molino harinero José Minetti ocuparon la planta ubicada en la capital cordobesa. Reclaman el pago de 2 quincenas y el aguinaldo adeudados, la regularización de la ART, los aportes patronales y la obra social. Reclamos que no es la primera vez que deben elevar, ya que la patronal viene haciendo este tipo de “bicicletas” desde hace años.
El detonante de la toma fue una nueva provocación. El jueves, en sede del ministerio de trabajo provincial del schiarettista Omar Sereno, a través de un vocero la patronal se había comprometido a hacer un pago parcial de la deuda el viernes y a concurrir a una nueva audiencia el próximo lunes. El viernes, el dueño de Minetti simplemente incumplió lo acordado. La respuesta obrera fue la toma.
El jueves, los trabajadores concurrieron a la audiencia en Trabajo encolumnados, en una marcha que contó con el apoyo de la izquierda y delegados opositores de varios gremios. En la planta, se garantizaba un paro total desde hacía días. Pero no hay que engañarse. No sólo Minetti se rió de los trabajadores: tanto el ministerio como la burocracia sindical de la UOMA (Unión Obrera de Molineros Argentinos) apostaron, y siguen apostando, al desgaste de la lucha a través de los mecanismos del Estado, como es el ministerio de trabajo. O también la justicia burguesa, llamando a confiar en que una denuncia penal puede servir para escrutar los números de la empresa. Es necesario sacar esta lección: el ministerio y la justicia no son neutrales, defienden la paz social sólo si respeta la propiedad privada de los empresarios.
Por debajo de la “estabilidad económica” basado en un impresionante respaldo que el FMI y el imperialismo están dando a Macri para que sostenga el precio del dólar y otras variables de la macroeconomía, arrecian la crisis industrial y social, empujando a importantes sectores de trabajadores al descontento y la lucha. Es el caso de los molineros cordobeses. Las patronales como José Minetti pretenden descargar la crisis del capitalismo semicolonial sobre nuestras espaldas. ¡No lo podemos permitir! ¡Tomemos el ejemplo de la toma del Molino Minetti y salgamos a pararles la mano!

El Molino es parte de un holding alimenticio que cuenta con ingenios azucareros y fábricas de alcohol, entre otros establecimientos. Un verdadero pulpo económico, que tiene como práctica la precarización de las condiciones de trabajo, incluyendo el pago de salarios. La idea de los trabajadores de revisar los números de la empresa es excelente, pero debemos advertir que no lo lograremos a través de meter a un representante del estado (ya sea del ministerio o del poder judicial) en el directorio. ¡El estado y las patronales son socios en nuestra explotación! ¡Necesitamos imponer la apertura de los libros contables de todo el Holding alimenticio a través de nuestras propias organizaciones, los sindicatos! Para demostrar que no existe ninguna crisis de esta patronal, o en caso contrario, para decretar la bancarrota de un sistema basado en la explotación de nuestro trabajo.
Es necesario, tanto para este objetivo como para golpear a las patronales en sus bases productivas, unificar la lucha con los compañeros azucareros, alcoholeros mas allá del encuadramiento en otros sindicatos como el STIA y la FOEVA, cuyas burocracias sindicales, lejos de solidarizarse con esta lucha, han firmado acuerdos paritarios muy por detrás de la inflación. Todo esto, en la perspectiva de organizar un plenario de delegados de base de toda la rama de la alimentación.

En Córdoba, todo luchador debe comprometerse con el apoyo a la toma de Minetti, impulsando en los lugares de trabajo y estudio el fondo de huelga, convocando a asambleas para discutir cómo apoyar a los compañeros y cómo organizar la pelea contra las políticas de las patronales y el Estado para hacernos pagar la crisis, políticas que no harán más que agudizarse después de las elecciones adonde dirimirán quiénes serán nuestro próximos verdugos. La tarea es organizar oposiciones por rama dotadas de un programa de transición para recuperar nuestros sindicatos de manos de la burocracia sindical y ponerlos en función de la lucha contra nuestros enemigos de clase.

Córdoba, 14/7/19

COR
Regional Córdoba

El día 29 de Mayo se desarrolló el paro general convocado por la CGT contra las políticas económicas del gobierno de Macri. A 50 años del Cordobazo, el acatamiento fue total en el transporte, con amplia adhesión en estatales y en la industria; sobre todo en las grandes fábricas y cordones industriales. 

Esto demostró las reservas de lucha que tiene nuestra clase, cuyo limite es la misma burocracia sindical, que se juega a descomprimir la bronca con esta medida, mientras negocia su peso en las listas del PJ y la oposición patronal. 

Desde la COR participamos en diferentes provincias, GBA y Capital de las convocatorias de los sectores antiburocráticos y la izquierda, donde se enfrentó el carácter dominguero del paro y denunció la complicidad de las conducciones de la CGT y CTA con el ajuste en curso, reclamando la continuidad de un verdadero plan de lucha nacional. El gobierno, que estreno las vallas antipiquetes, aplicó la represión en estas movilizaciones y cortes, como en puente Pueyrredon. 

[Fotos: Cortes y movilizaciones en 197 y Panamericana, Acceso Oeste, Mendoza (Capital), Obelisco (Bs.As), Cordoba (Capital)] 

La de los trabajadores del transporte urbano de la ciudad de Córdoba fue una de las huelgas más importantes de los últimos años. Una vez quebrado el paro con la militarización del conflicto, la patronal, el gobierno y la burocracia sindical buscan borrar las lecciones que dejaron los compañeros de la UTA. La lucha por la reincorporación de los despedidos, la defensa de los delegados, el fin de las persecuciones y contra la intervención del sindicato continúa, si bien en condiciones desfavorables y en un terreno defensivo. Sabiendo que es prematuro hacer un balance, debemos tomar nota de las principales enseñanzas del conflicto, para que sirva a la vanguardia obrera en su tortuoso camino por conquistar una dirección revolucionaria.

Transporte en ruinas
Los choferes conocen bien la situación de carestía de la vida que afecta al conjunto de los trabajadores, porque recorren a diario los barrios y golpea a sus propios bolsillos. Un acuerdo salarial de 8% hasta diciembre firmado por Fernandez de UTA nacional fue una verdadera provocación. La intervención del sindicato a mediados de 2016 fue impulsada por las patronales para imponer el retroceso en las conquistas de UTA Córdoba, que empresas como ERSA y Autobuses intentaron desconocer desde su arribo al sistema luego de la entrega de TAMSE por parte de la burocracia de Peñaloza. Todo esto en medio de una feroz disputa patronal en toda la rama, aumentada por la nueva política de subsidios aplicada por Dietrich y el gobierno nacional, incluyendo el aliento a “nuevos jugadores” como las aerolíneas de bajo costo, que complican la posición de la UTA en la larga distancia. Queda al desnudo el rol del Estado burgués en la gestión de los servicios, apadrinando a determinado sector patronal en detrimento de otros, pero siempre bajo la premisa de avanzar sobre las condiciones laborales y el salario. Si la intervención de la seccional y los problemas en las condiciones de trabajo y servicio venían alimentando un proceso de organización de los trabajadores, la firma de la paritaria a la baja encendió la mecha del conflicto generalizado.

Huelga y terror patronal
El conflicto se inició luego de un proceso de recuperación de los cuerpos de delegados en TAMSE y parcialmente en AUCOR. Cuando la sede del sindicato se convirtió en una fortaleza hostil para defender la intervención de Arcando, las asambleas en punta de línea fueron el método que permitió cohesionar al activismo con la base. Contra la burocracia sindical, las trolebuseras y choferes lograron consolidar una forma de organización basada en los cuerpos de delegados. Nada de esto hubiera servido sin una enorme disposición a la lucha de las bases.
La paralización del servicio por 9 días hizo volar por los aires la podredumbre del esquema de negocios montado por el gobierno municipal, las empresas concesionarias, la UTA y el ministerio de Dietrich. Hizo perder millones a las empresas de colectivo agrupadas en FETAP, y también a otros sectores capitalistas afectados por la paralización de las actividades comerciales y el aumento del ausentismo en la industria y los servicios. La presión sobre los propios trabajadores por parte de estos sectores empresarios, extorsionando con el descuento de días y la pérdida del presentismo, presión que las CGTs cordobesas nunca enfrentaron, contribuyó para ampliar la base de clase media que se hizo eco de la campaña de propaganda contra el paro. Una base social para los ataques del gobierno de Mestre y del ministerio de trabajo: conciliación obligatoria, declaración de ilegalidad de las medidas, detenciones, despidos.
Pero todos estos ataque no fueron suficientes. Mestre debió cerrar filas con todo el frente patronal, convocando al Consejo Económico y Social, alrededor del cuál se soldó una unidad de granito contra los trabajadores. Este frente iba desde la Iglesia católica y las cámaras empresarias hasta todos los niveles de gobierno del Estado burgués. Producto de esta unidad capitalista, se diseñó el “plan de contingencia” que consistió en la militarización del conflicto. Este dispositivo represivo incluyó el accionar de Gendarmería y Policía Federal, ocupando los accesos a la ciudad, los puentes y destacando 2 agentes en cada colectivo manejado por carneros contratados para la ocasión. También a la policía provincial, que hizo de escolta de las unidades. E incluso a la Fuerza Aérea, que puso el predio que hizo de punta de línea general para el servicio de emergencia implementado el lunes 12 de junio. Todo este operativo mostraba el terror patronal frente a la fuerza de los trabajadores.

La burocracia sindical
El accionar del régimen político, con Mestre jugando de “duro” y el ministro de trabajo lanzando líneas de negociación amañadas para desactivar el paro, y luego con la represión directa, no podría haber funcionado sin el aporte de la burocracia sindical de las CGTs y las CTAs. La CGT se mostró completamente fragmentada. Un sector encabezado por el Surrbac (recolectores), LyF y en menor medida el SUOEM (municipales) debió, ante los despidos, salir a apoyar a los compañeros. Pero también la GCT Córdoba conducida por Pihen debió sacar una muy formal declaración de apoyo. El sector de la UOM y Comercio directamente salió a bancar al gobierno y a la burocracia de la UTA nacional.
La exigencia de un paro provincial, que hubiera roto el aislamiento y servido para enfrentar con toda la fuerza de nuestra clase al bloque patronal, chocó con la poca voluntad de la burocracia en apoyar un conflicto que cuestionaba las bases de su poder. Los burócratas siempre intentaron frenar la radicalización de la lucha para encausarla en canales de la normalidad y la legalidad burguesa. No por nada al terminar el paro los burócratas dejaron pasar sin luchar la ley de servicios esenciales en la legislatura provincial, que regimenta el derecho a huelga, ya que esta ley viene a salvarlos de futuros embates de las bases. Toda atadura de nuestros sindicatos al estado fortalece a la burocracia sindical. Lamentablemente, los amagues al paro provincial sirvieron para desarmar a los trabajadores, sembrando falsas esperanzas en supuestos “compañeros de lucha” que terminaron dejándolos solos en el momento más difícil.

Errores de la dirección
La dirección del conflicto estuvo en manos de los cuerpos de delegados de las 4 empresas de transporte, conformados por elementos heterogéneos. Tuvo un rol importante el PO, por su influencia en el cuerpo de delegados de TAMSE (trolebuses) a través de la Lista Unidad. Las delegadas de trolebuses supieron ganarse con su firmeza gran respeto del ala izquierda del activismo.
El PO, como dirección centrista legal-parlamentaria, no fue capaz de mantener una posición firme frente al ministerio de trabajo. Se rechazó la conciliación obligatoria, pero fue a partir de argumentos legales (que el ministerio era incompetente) y no políticos, es decir, que había que sacarlo de en medio como mediación que intervenía a favor de la patronal. Esta falta de claridad provocó que no se pusiera a debate la necesidad de establecer una negociación directa, sin mediaciones, con Mestre y las empresas, para lo cuál era necesario desconocer la intervención de la UTA y votar delegados paritarios para dirigir el conflicto y sentarse a negociar. Esto último nos lleva a otro error, que fue la falta de una línea para enfrentar a la burocracia sindical, a la cual sólo se presionaba y hacía exigencias, incluyendo aquí a la dirección de las CGTs. Esto fue grave porque se sembró expectativas en un paro provincial que sólo podía imponerse a la burocracia a través de disputar la dirección efectiva del movimiento obrero. Esto era difícil, desde luego, pero los trabajadores del transporte habían ganado ese derecho a partir de la lucha misma.
Pero el punto de inflexión y principal error de la dirección fue cuando Mestre recurrió a las fuerzas represivas del Estado para quebrar la huelga y los delegados eludieron el enfrentamiento. Los piquetes en las puntas de línea fueron desarmados por la Gendarmería y los colectivos llevados al predio de la Fuerza Aérea. Una dirección conciente debe calcular que todo conflicto obrero duro va a tener un momento de enfrentamiento físico con el enemigo. En este caso, se trataba de buscar frenar la salida de los colectivos del plan de contingencia, con piquetes en la ruta, denunciando la militarización de un conflicto sindical y llamando al paro provincial para impedir que se sentara semejante precedente, responsabilizando a la conducción de la CGT en caso de que su inacción tuviera consecuencias sobre la integridad física de los compañeros en lucha. Pero esto no se hizo. Al contrario, el PO alentó líneas pacifistas y legales como la campaña por el “botón $0”, solicitando permiso para hacer “paro a la japonesa”. Finalmente, el paro fue vaciado por el desbande de un sector de la base, movido por el temor y por un sector de delegados y ex delegados ligados a la vieja burocracia y a la intervención.

Continuar la pelea
La gigantesca lucha de los compañeros de la UTA está planteada hoy en otras condiciones. Los delegados están siendo perseguidos por la patronal, que les impide el ingreso a las empresas, y por la burocracia de Fernandez que busca su desafuero. Es necesario reorganizar a los activistas, impulsando asambleas para votar un plan de acción con objetivos claros: reincorporar a todos los despedidos, defender a los delegados, acabar con las persecuciones y represalias contra el activismo y echar a la intervención. En base a esos puntos, y en la necesidad de impulsar un fondo de lucha para sostener a los compañeros despedidos y organizar una oposición sindical a la burocracia de la UTA a escala nacional, podremos evitar que Fernandez, Mestre y el gobierno provincial consigan su cometido: borrar las lecciones de lucha de clases que dieron miles de trabajadores que se atrevieron a enfrentar el plan patronal basado en la miseria salarial.