La defensa del Estado burgués no es nuestra tarea. ¡Por la intervención independiente de los trabajadores!

Por LOI Brasil. Publicado en TRCI-web el 9/1/23

Ayer por la tarde (08 de enero), exactamente una semana después de la toma de posesión del presidente Lula, los Bolsonaristas invadieron, ocuparon y destruyeron los edificios oficiales (Congreso Nacional, Tribunal Supremo y Palacio de la Alvorada) en la Explanada de los Ministerios en Brasilia. La acción, que estaba siendo planeada la semana anterior, por redes sociales y apps de mensajería, movilizó más de 80 ómnibus y cerca de 4 mil bolsonaristas bancados por sectores de empresarios del comercio minorista, transporte y agronegocio, y contó con la connivencia del gobierno del Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) y su secretario de Seguridad y ex ministro de Defensa de Bolsonaro, Anderson Torres (União Brasil). Abiertamente bolsonaristas, permitieron y facilitaron la entrada de simpatizantes de Bolsonaro a la Explanada, reduciendo el dispositivo policial y ordenando que no opusieran resistencia (los policías presentes tomaban fotos y compraban agua de coco).

Lejos de ser un intento de golpe de Estado, ya que se caracterizó por la acción de una minoría sin la acción efectiva de las Fuerzas Armadas y/o policiales y sin un claro intento de cambiar o controlar el aparato del Estado y destituir al presidente, el episodio es una clara expresión de la descomposición del bonapartismo sui generis en su relación con el imperialismo y las masas. Al incorporar y extender las Fuerzas Armadas a las tareas del Estado, el bolsonarismo ha amplificado las contradicciones y, por tanto, la crisis del Estado semicolonial brasileño. Es en esta crisis en la que pretenden intervenir el bolsonarismo por un lado y el actual gobierno por otro, reforzando la defensa de las instituciones del Estado democrático de Derecho.

En este sentido, Lula responsabilizó al gobierno del Distrito Federal y decretó la intervención federal en la capital hasta fin de mes; para ello, nombró al asesor del ministro de Justicia Flávio Dino (PCdoB), Ricardo Cappelli, como interventor federal para la Seguridad Pública en el DF. A continuación, la Abogacía General del Sindicato (AGU) solicitó al STF el pedido de detención de Torres y, durante la madrugada, Alexandre de Moraes, Ministro del STF determinó la remoción de Ibaneis Rocha por 90 días, además de determinar la detención y audiencia de todos los bolsonaristas de los ómnibus que llegaron a Brasilia (que ya suman cerca de 1200 detenciones al momento de escribir esta nota) y el desmantelamiento de todos los campamentos de los cuarteles en todo el territorio nacional.

La intervención federal de Lula deberá ser ratificada por el Congreso en las próximas horas, además de recibir el apoyo del Poder Judicial. La burguesía nacional, representada por la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), Confederación Nacional de la Industria (CNI), Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC), entre otras entidades empresariales, también exigió una "reacción firme" contra los ataques al Estado democrático de derecho y por la reanudación del orden. Además, el imperialismo ya envió el mensaje de que acompaña la situación con un apoyo total e irrestricto a Lula. Congresistas estadounidenses del Partido Demócrata también han planteado la necesidad de la extradición de Bolsonaro a Brasil, presionando al Congreso para que niegue al expresidente brasileño cobijo y refugio en suelo estadounidense, en una clara asociación de éste con la invasión de la Explanada y la del Capitolio hace exactamente dos años. Los gobiernos regionales también salieron en defensa de Lula y de su intervención contra lo que calificaron de "intentos de golpe".

De esta forma, el gobierno de Lula tiene total carta blanca para actuar en la reestructuración de su relación con las fuerzas armadas y auxiliares y con las instituciones de la democracia burguesa en su relación con las masas. Desde su toma de posesión, Lula ha actuado para reforzar la idea del Estado fuerte y "acogedor". Todas las ceremonias de toma de posesión, del presidente y de los ministros, tuvieron como objetivo transmitir el mensaje de que el Estado burgués está al servicio del pueblo brasileño, que los últimos cuatro años fueron un problema de mala gestión de este aparato y que, por lo tanto, es posible que el Estado esté y actúe a favor de los intereses de la clase trabajadora. El discurso de la "amenaza golpista" ha sido utilizado por las direcciones sindicales y las políticas reformistas para controlar y silenciar al movimiento obrero desde las elecciones de 2018. El ejemplo más reciente es el ataque sistemático del reformismo a los liderazgos de los trabajadores app que están construyendo una huelga para el próximo 25/01, acusándolos de "bolsonaristas" y de actuar contra el gobierno de Lula. Está claro que las burocracias sindicales actuarán con mayor truculencia en los próximos años para controlar al movimiento obrero y blindar al gobierno de Lula para evitar la "amenaza golpista" o el crecimiento de la "extrema derecha".

El centrismo trotskista repite la defensa (errónea) de la acción "independiente" de los trabajadores frente a la "extrema derecha" y los "golpistas", igual que hicieron ante los cortes de carretera de los bolsonaristas tras los resultados electorales. Defienden así, de forma enmascarada, el respeto a las instituciones de la democracia burguesa y al gobierno de Lula en última instancia. Esto se debe a que han abandonado la idea de revolución y de dictadura del proletariado, transformando cada vez más la idea de "independencia de clase" en una posible actuación parlamentaria que responda mejor a los intereses de los trabajadores.

En este contexto se inscriben los actos de hoy, 9 de enero, contra el golpismo. Los movimientos sociales y las centrales sindicales llaman a la movilización en defensa de la democracia (burguesa), de las instituciones del Estado burgués y del gobierno de Lula. El centrismo defiende la movilización en las calles contra el golpe y la extrema derecha. En respuesta a la crisis del Estado y a las disputas entre fracciones de la burguesía y de la pequeña burguesía semicolonial, no podemos ser rehenes de una política que exige más estatismo con la intervención directa del imperialismo.

Así, repudiamos las medidas intervencionistas de Lula y de los demás poderes del Estado. Para los trabajadores, un poder estatal mayor y más centralizado es perjudicial para nuestros intereses, organización y lucha. No debemos albergar ilusiones en el Estado burgués, que es el instrumento de dominación de nuestros enemigos de clase. ¡Debemos denunciar su cáscara democrática y su carácter de clase!

En esta crisis abierta es necesaria la acción independiente de los trabajadores, con su agenda y sus intereses. Es necesario levantar medidas de autodefensa y asambleas en cada sindicato y central sindical que apunten a un plan de luchas contra el desempleo, contra el aumento de la miseria en las condiciones materiales de vida, por la revocación de las reformas que han aumentado la explotación y la retirada de derechos. Sólo organizados en defensa de nuestras banderas históricas será posible enfrentar, no sólo al bolsonarismo como oposición burguesa y pequeñoburguesa al gobierno, sino al propio gobierno de Lula, preparando las condiciones para la confrontación con el Estado burgués en su conjunto. La única intervención independiente posible para nosotros, los trabajadores, es la de enfrentarnos al Estado burgués y al imperialismo, ¡y no la de reforzarlos!