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      A mediados de mayo se produjo el incendio parcial en la planta Bimbo San Fernando. Un mes después de ese hecho, sobre el cual aún hay muchas conjeturas e interrogantes por su intencionalidad, la multinacional mexicana manifestó su plan de “retirarse del negocio de congelados” y envió telegramas de despido a los 300 trabajadores. Como denuncian los mismos compañeros de Bimbo SF en lucha, la planta tiene la capacidad hoy de funcionar a un 60%, ya que el incendio fue parcial y no amerita su inutilización cómo ha dicho la públicamente la empresa.

      En San Fernando, trabajan alrededor de 300 trabajadores, agremiados en 3 sindicatos (alimentación, pasteleros y panaderos). El planteo de la defensa de los puestos de trabajo y el rechazo a las indemnizaciones ha sido votado en asamblea y tiene al frente a la comisión interna opositora de pasteleros, que viene planteando la unidad de acción y la organización conjunta de los trabajadores de toda la planta para la lucha. Las burocracias sindicales de los 3 sindicatos, con STIA a la cabeza, han manifestado que a lo sumo están dispuestas a reclamar más indemnización, o sea un planteo pro-patronal. 

      El día viernes se realizó un importante acto obrero en las puertas de Bimbo convocado como primera medida de lucha, el cual contó con la presencia de organizaciones sindicales recuperadas de zona norte, organizaciones sociales y la izquierda. El próximo jueves hay audiencia y está convocada una movilización al ministerio de trabajo. 

      Para quebrar la voluntad del grupo Bimbo, son fundamentales las acciones que golpeen en la producción en las diferentes plantas buscando el apoyo de sus trabajadores. La exigencia e imposición a los sindicatos de una huelga es de primer orden, para derrotar la política de los despidos e imponer la reapertura de la planta. Bimbo tiene que abrir los libros contables, no tiene ninguna crisis.

      En otra alimenticia como La Salteña (del grupo Molinos), los trabajadores realizan un paro de 48hs por un aumento superior a lo acordado por la burocracia en la paritaria de pasteleros. Mientras en Stia aún no las han cerrado, y crecen los reclamos de un plan de lucha.

      Una reunión de la oposición antiburocrática alimenticia (pasteleros, alimentación, panaderos, etc.) podría ser un gran paso para resolver un programa acción ante la situación, para fortalecer la pelea de Bimbo por los puestos de trabajo y la reapertura de la planta, por el aumento de salarios, para luchar por imponer un plan de lucha en los sindicatos y enfrentar a los monopolios alimenticios, que además de ajustadores también son unos de los principales responsables de los aumentos de precios y la carestía de la vida de la población.

      Por el triunfo de los trabajadores de Bimbo. Apoyemos con todas las fuerzas su lucha.

La noche del martes 19, los trabajadores cordobeses supimos que, al día siguiente, el gobierno de Juan Schiaretti y su fuerza Hacemos por Córdoba (HpC) se disponían a votar con su mayoría automática en la legislatura unicameral, en una sesión virtual, un nuevo saqueo a los jubilados de la provincia. Este recorte se concretó ayer y alcanza, según los cálculos del propio oficialismo, la friolera de $6.500 millones de acá a fin de año. El objetivo del saqueo es fondear las arcas del Estado para palear la gigantesca crisis capitalista que está carcomiendo el presupuesto por la continuidad del pago sistemático de la deuda y el sostenimiento de los subsidios a los capitalistas. La Caja de jubilaciones provincial, que cubre a los trabajadores estatales provinciales, municipales, judiciales y de empresas estatales como la EPEC y el BanCor, es presionada desde hace años por la política de armonización con el sistema de ANSES, sobre todo por las gestiones kirchneristas y la actual de Alberto Fernandez, y con esta reforma este objetivo queda casi cumplido. Los principales puntos de la reforma: un diferimiento del aumento en relación a los trabajadores activos de 60 días, un aporte solidario del 20% en las jubilaciones de mayor monto, limitaciones a los llamados “dobles beneficios”, una modificación de la base de cálculo que pasa del 82% móvil del 89% del salario (73%), al 82% de una suma igual al bruto deducido el aporte personal jubilatorio (que llega hasta un recorte directo del 6%) y una modificación de la base salarial del cálculo inicial, pasando de un promedio de los últimos 4 años a uno de los últimos 10.
Mientras los legisladores sesionaban virtualmente, la policía estrechaba el cerco en las calles céntricas, apretando los controles en los puentes que cruzan el Río Suquía con el pretexto de la lucha contra el coronavirus y el control del “brote” en el Mercado Norte, uno de los principales centros de abastecimiento mayoristas de la ciudad. El edificio de la Legislatura, semi-vacio, igual estaba completamente cercado por las fuerzas represivas, aún con la confianza de que ninguno de los burócratas sindicales adherentes al peronismo cordobés, y tampoco ninguno de sus pretendidos opositores, iba a mover un dedo en contra de este ataque contra la clase obrera. Los únicos enfrentando la reforma en la calle fuimos las corrientes de la izquierda.

Las medidas sanitarias… un cuento cordobés

El lunes de esta misma semana, el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) lanzaba un operativo bloqueando 9 manzanas en pleno centro de la ciudad, alrededor del citado mercado. Pero no tardó en caerse la máscara… el operativo fue gatillado por 2 casos positivos de COVID-19, uno de ellos un trabajador del supermercado “A granel”. Este jóven, al igual que tantos otros trabajadores del sistema de salud y otras ramas encuadradas como esenciales, fue víctima del montaje que hay detrás del COE y toda la política sanitaria de los gobierno provincial y nacional. Su madre declaró a la prensa que el día jueves 7 de mayo, este trabajador fue al hospital Tránsito Cáceres de Allende con síntomas de coronavirus, pero no le realizaron ningún hisopado. Sólo insistiendo al día siguiente le hicieron el test, pero no le dieron jamás el resultado, hasta que tuvo que repetir el estudio la semana siguiente, y dio positivo. Es decir, estuvo una semana expuesto, sin conocer su diagnóstico, y presionado por la patronal para volver a trabajar. Y cuando saltó a la luz, el COE y el ministro montaron el circo, habilitando el control territorial de las fuerzas represivas. Esto, igual que los manejos en el Hospital Italiano, en el geriátrico de Saldán, y tantos otros que aun no se conocen, desnudan la gran mentira que es la política sanitaria de Schiaretti, el ministro de salud Cardozo y el COE.
La realidad es que la cuarentena, ahora de nuevo en la llamada “Fase 3”, está enfocada en el control territorial de las fuerzas represivas y en el control del estado burgués y los empresarios de la circulación de mercancías, sobre todo de nuestra fuerza de trabajo como mercancía, que de no ser por denuncias oportunas el gobierno nacional hubiera puesto bajo ciber-vigilancia obligatoria a través de la aplicación Cuidar. En Córdoba, reprimieron a los trabajadores de la municipalidad de Jesús María, a los trabajadores de Bagley-Arcor, a los trabajadores de delivery y someten a persecución judicial a los trabajadores de la municipalidad de la capital (SUOEM). Todos ellos pelean en contra de recortes salariales que vienen aplicando las patronales y el estado contra nuestra clase, aprovechando las restricciones de movimiento con la excusa de la pandemia. El “golpe maestro” dado bajo esta política, aprovechando el retroceso a la “Fase 3”, fue el robo a los jubilados de Schiaretti y sus legisladores de HpC, a la voz de “es ahora o nunca”.

No es “cuidar la salud”, es una tregua escandalosa

La CGT Córdoba, dirigida por el alcahuete José Pihén del SEP que es parte de la bancada de HpC, por un lado, y el rejunte de la CGT Rodriguez Peña y las CTAs, por el otro, emitieron sendos comunicados de repudio a la reforma previsional de Schiaretti. No basta. Son saludos a la bandera de la burocracia sindical que, con la excusa de “cuidar la salud”, sostiene una tregua escandalosa con los empresarios y el gobierno peronista. La única salud que les interesa es la suya propia, ya que se niegan a organizar la lucha por las condiciones de seguridad e higiene en los hospitales, los supermercados, las fábricas, los transportes y demás lugares de trabajo. Cuidan la salud de sus propios bolsillos, mientras dejan pasar los recortes salariales, la precarización de las condiciones laborales y el robo a los jubilados.
En medio de esta cuarentena sostenida a balas contra las expresiones de lucha de los trabajadores que nos negamos a pagar con suspensiones, despidos, rebajas salariales o nuestra propia salud la crisis que los patrones y sus gobiernos generaron, el movimiento obrero tiene que pasar a la acción. Los ejemplos están en las asambleas, paros y protestas de los trabajadores de la salud en todo el país, en las luchas de Penta, Bed Time, FADETE, las textiles, los camioneros del sur, los trabajadores del transporte (UTA y AOITA), de Arcor, del delivery, los municipales de Jesús María y de Córdoba capital y tanto más.

Recuperemos las calles este 29 de Mayo

Este 29 de mayo, 51º aniversario del Cordobazo, llamamos a todos los sectores combativos del movimiento obrero, opuestos a la tregua de la burocracia sindical, a organizar una gran movilización unitaria. Debemos imponer la unidad del movimiento obrero y enfrentar el ataque de nuestros enemigos de clase, los empresarios y los gobiernos que los defienden, imponiendo a las centrales un Paro Provincial contra la represión y por todas nuestras demandas. Congreso de delegados de base con mandato. Abajo la reforma previsional de Schiaretti. Que se vaya la policía y el ejército de las calles de Córdoba. Desprocesamiento de los municipales de Jesús María, de Córdoba capital y de todos los luchadores. Medidas de seguridad e higiene acordes a la pandemia en todos los lugares de trabajo. Ninguna suspensión. Reincorporación de todos los despedidos, pago integro de los salarios y aumento salarial para alcanzar la canasta básica en el salario inicial de convenio. Escalas móviles de horas de trabajo y salarios. Control obrero de la producción. Preparar la Huelga General. Por un programa obrero de salida a la crisis. Por un gobierno obrero.

21/5/2020

COR
Corriente Obrera Revolucionaria

En función del brutal ajuste del FMI y las patronales, el gobierno de Macri profundiza la represión sobre los luchadores. Es en este cuadro que se inscriben el encarcelamiento de Daniel Ruiz y los 4 choferes de la Línea Este de La Palta, así como el juicio que se lleva adelante contra los petroleros de Las Heras en Santa Cruz.

Daniel Ruiz, militante del PSTU, está detenido en el penal de Macros Paz desde hace 8 meses. El juez Torres, al servicio de la ministra Bullrich, lo metió preso por su participación en la masiva movilización del 18 de diciembre de 2017 contra el saqueo a las jubilaciones y donde hubo enfrentamientos con la policía federal frente al Congreso Nacional. Por la misma causa también es perseguido Sebastián Romero (pstu) y están procesados Dimas Ponce y Cesar Arakaki del Partido Obrero.

Los 4 ex choferes de la línea Este (autobuses de La Plata) son Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi y fueron detenidos el pasado 3 abril en forma completamente irregular y son acusados de “coacción agravada” por participar en la huelga que duró un mes con ocupación del establecimiento, que llevaron adelante en defensa de sus puestos de trabajo y la organización sindical en 2017.  Desde el 29 de abril, fueron liberados de sus lugares de detención, pero siguen bajo prisión domiciliaria.

En la provincia kirchnerista de Santa Cruz en estos días se estuvo realizando el juicio contra los petroleros Martín Oñate, Néstor Vivares, ex integrantes del sindicato petrolero de la provincia, y Jorge Armoa, ex delegado gremial, por el bloqueo frente al portón de acceso de la empresa contratista Bacsa en una lucha por despidos en 2014. El 7 mayo se conocerá la sentencia y la fiscalía pidió dos años de prisión en suspenso por “coacción simple” y “entorpecimiento de la actividad económica”.

Por su puesto, el objetivo de fondo de la judicialización de la lucha, del encarcelamiento de dirigentes y activistas obreros, es el de disciplinar a nuestra clase y sus sectores de vanguardia. Gobierno, jueces, empresarios y los distintos partidos patronales, junto a la burocracia sindical, coinciden en defender la “legalidad” de los explotadores para privarnos a los trabajadores de los métodos de lucha con que mejor podemos enfrentarlos.

Desde la COR llamamos a rechazar la persecución del estado y sus instituciones y a profundizar la campaña desde cada organización de lucha, sindicato, centro de estudiante, federación, por la inmediata libertad de Daniel Ruiz y los cuatro choferes de la Línea a Este; por la absolución de los petroleros Oñate, Armoa y Vivares; por el desprocesamiento de todos los luchadores y la defensa de nuestros métodos obreros de lucha.

¡Libertad a los presos por luchar! ¡Absolución a los petroleros! ¡Por una salida obrera a la crisis capitalista! 

Realizamos el 3º encuentro del curso preparando la jornada de lucha a 43 años del golpe cívico-militar.

No olvidamos.

No perdonamos.

No nos reconciliamos.

Continuamos la lucha antiimperialista.

Fuera el FMI, abajo el macrismo.