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NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

La candidata de la familia militar, Villarruel, compañera de fórmula de Milei, organizó una provocación en la Legislatura porteña. Detrás de su homenaje a las víctimas de las organizaciones guerrilleras de los 70s, está la presentación en campaña de la política de reconciliación con el ejército genocida y las fuerzas represivas del Estado que propone La Libertad Avanza.

En estos 40 años de democracia, los más largos en la breve historia de nuestro país, la sucesión de gobiernos han encarado la tarea de reconciliación nacional con el aparato represivo del Estado. La teoría de los dos demonios, cristalizada en el informe de la CONADEP, fue la doctrina estatal de la transición democrática, sostenida por Alfonsín y sus leyes de Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987), y continuada por Menem y sus indultos (1989 y 1990) a los jerarcas juzgados y condenados durante el Juicio a las Juntas. Radicales y peronistas, aunaron sus esfuerzos en tratar de lograr la reconciliación nacional mediante la consagración de la impunidad, y la reparación monetaria a las víctimas del genocidio. No sólo buscaron la impunidad de las fuerzas armadas, utilizaron todo el andamiaje del Estado como aparato burocrático militar, para ocultar y preservar a los responsables civiles y eclesiásticos del terrorismo de Estado. Los que hoy denuncian a la “casta”, se postulan como defensores de toda la vieja “casta”, rancia, parásita y asesina, formada por la curia católica y religiosa, los burócratas sindicales, los jueces y, sobre todo, los empresarios que fueron co-responsables del genocidio y la política de sumisión al imperialismo que asumió la última dictadura militar.

Pero esta orientación política de reconciliación fracasó. Las organizaciones de derechos humanos, el movimiento obrero y estudiantil, las organizaciones de izquierda y amplios sectores de la sociedad repudiamos en las calles, y asumimos como tarea histórica la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

Ese mismo aparato represivo e impune, no escatimó brutalidad en diciembre de 2001, asesinando en las calles a decenas, embistiendo con sus caballos y palos a las Madres de Plaza de Mayo. Tras una de las mayores crisis sociales en nuestro país, surgió el kirchnerismo como una apuesta a la recomposición del régimen pos 2001. Encaró otra política para lograr la reconciliación nacional. El gobierno K, apostó a cooptar a los organismos de DDHH, renovar la corte suprema y enjuiciar a unas decenas de genocidas, gerontes ya. La desaparición de Jorge Julio López, de Luciano Arruga, el asesinato de Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba, 5000 luchadores detenidos y procesados, la Ley Antiterrorista a pedido del imperialismo, etc, son el saldo negro para la clase obrera y el pueblo, de los esfuerzos K por fortalecer el aparato represivo del Estado burgués.

El macrismo asumió, desarrollando otra línea en la tarea reconciliatoria, mediante la negación del genocidio, el reflote de la teoría de los dos demonios, y un discurso de supremacía de los derechos individuales sobre los derechos humanos. Marcó su gestión la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, resultado del accionar represivo bajo el mando de Patricia Bullrich. Pocos días después de la aparición del cuerpo de Santiago, Prefectura fusilaba por la espalda a Rafael Nahuel durante una protesta en Bariloche. Gobernaba el macrismo, pero el advenimiento del Frente de Todos solo dio continuidad a esta política. Las organizaciones K que marcharon contra el macrismo por Santiago, garantizaron el silencio y la impunidad de sus asesinos cuando llegaron al poder.

La cuarentena significó el despliegue y reforzamiento del aparato burocrático militar del Estado burgués que se tradujo en decenas de casos de desaparición forzada, gatillo fácil y muertes en comisarías en todo el país. Entonces perdimos a Facundo Castro, Luis Espinosa, Florencia Magalí Morales, Joaquín Paredes, Blas Correas y tantos más, y sufrimos la represión a gran escala ordenada por Kicillof y Berni, durante el desalojo de Guernica.

La Libertad Avanza encarna una facción pequeñoburguesa que sacó lecciones reaccionarias de estas experiencias. Su diatriba anti-estatal empalma bien con la revancha cultural de los partidarios de los dos demonios. Estos libertarios no quieren menos Estado, quieren un Estado garante del accionar sin límites ni mediaciones, del capital sobre la clase obrera. Se postulan para asumir una vez más la tarea de la reconciliación nacional, para fortalecer el aparato represivo de un Estado cuya tarea principal sea la defensa de los intereses del gran capital y el imperialismo en la expoliación de recursos en la región.

Ante la provocación del revanchismo, nuestra respuesta debe ser clara: NO OLVIDAMOS. NO PERDONAMOS Y NO NOS RECONCILIAMOS.

El Estado es producto de los antagonismos sociales, es órgano de dominación, es un aparato burocrático y militar en manos de la clase dominante, separado de la sociedad pero permeable a sus contradicciones. Bajo la democracia se busca legitimarlo como una obra de todos y una expresión legítima de la sociedad misma, pero dado el desarrollo inevitable de las contradicciones sociales, el recurso de la fuerza se presenta como la herramienta más eficaz de imposición del poder de clase. Ese es el carácter de clase del Estado, por eso nuestra tarea no es la defensa de esta democracia para ricos.

Si no priman los métodos obreros, se imponen los métodos de la burguesía y su régimen descompuesto. El ajuste en curso y el agravamiento de las condiciones de vida de las masas para sostener el acuerdo con el FMI, anticipan un ataque mayor de cualquiera de los candidatos que gane. Requieren de gran centralidad del Estado para imponer a la clase obrera una nueva relación de fuerzas para pagar la deuda a costa de las masas y hacer crecer los negocios. Derrotar este plan nos exige prepararnos para enormes tareas, para enfrentar a la burocracia garante de la sujeción de los sindicatos al Estado, y también para enfrentar a ese Estado como aparato burocrático-militar. No será con los métodos de la democracia burguesa y sus instituciones como prepararemos a la vanguardia obrera en su tarea de organizar una respuesta a la altura del ataque.

Para lograr justicia para todos nuestros muertos y desaparecidos. Para que paguen la crisis los que la generaron. Impulsemos este debate en cada lugar de trabajo y de estudio, defendamos mociones por un congreso de delegados de base mandatados. Preparemos un paro general activo, con ocupaciones y piquetes apuntando a sembrar la desorganización en el aparato estatal, tarea ineludible para forjar una vanguardia preparada para atacar en bloque ese aparato hasta destruirlo.

Es tarea de una nueva generación sacar lecciones de las experiencias de lucha de clases de estos 40 años de democracia. Una nueva generación, no por su edad, sino porque se saque de encima el viejo lastre de las variantes estatistas y reformistas, e incluso de tendencias que se reclaman de izquierda y participan de las luchas obreras, como el centrismo, que no alejan a los trabajadores de la influencia de las instituciones de conciliación de clases sino que, precisamente, los acercan, con su electoralismo y legalismo. Por eso desde la COR peleamos por la independencia de clase y por el enfrentamiento a los capitalistas y su Estado.

El cuerpo hallado en Villarino el 15/8 pasado, es de Facundo Astudillo Castro. El EAAF confirmó su identidad, y su madre recibió hoy la información oficial de parte de la jueza, luego de soportar una nueva operación del aparato de la inmundicia policial/judicial/servicios y sus voceros a sueldo el lunes pasado.

Desde el 30/4 Cristina Castro busca a su hijo Facundo, señalando claramente la responsabilidad de la policía bonaerense en su desaparición forzada, la responsabilidad del Fiscal Ulpiano Martínez, de la jueza María G. Marrón y del ministro Berni en el entorpecimiento de la investigación y en el amparo e impunidad del accionar policial. Y en cada acción de la Justicia y del poder político, confirma lo que venimos denunciando en las calles: FUE LA POLICÍA.

La muerte de Facundo es responsabilidad policial, pero hay que ser muy claros en esto: el accionar policial es el resultado de la implementación en todo el territorio de una política estatal reaccionaria de control de la circulación de las personas, la cuarentena. La decisión del gobierno del Frente de Todos de hacer frente a la pandemia, imponiendo el control estatal de la circulación de la población mediante el despliegue de sus fuerzas represivas y de seguridad en rutas, calles y barriadas, tuvo como resultado más de 100 muertes por gatillo fácil y en custodia de fuerzas de seguridad (muerte en comisaría), incluyendo desaparición forzada seguida de muerte como en el caso de Facundo, y antes de Luis Espinosa en Tucumán.

Esto es central porque, para contener la crisis política que implica la responsabilidad estatal en la desaparición y muerte de Facundo, desde la coalición de gobierno barajan desde una purga en la conducción de la bonaerense, que puede incluir la salida de Berni para descomprimir la bronca, hasta un proyecto de reforma policial. Para eso Alberto ya tienen en marcha una inyección millonaria de recursos para fortalecer el aparato policial, que necesitan apuntalar para afrontar la crisis social en el conurbano y en las provincias frente a la aceleración de la pauperización y las tensiones a que da lugar el descalabro económico y sanitario.

La línea de fortalecer y preservar el aparato burocrático militar es una tendencia internacional de la burguesía, para afrontar los agudos procesos de masas más abiertos, o más en ciernes, que amenazan su dominio. En oposición, el planteo de DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA que discuten los sindicatos y el movimiento Black Lives Matter en EEUU, y la exigencia de expulsión de los sindicatos policiales de las centrales obreras, son discusiones programáticas centrales del proletariado a nivel internacional, que deben orientar la discusión de la vanguardia respecto a cómo derrotar los planes de los gobiernos burgueses de preservar sus sistemas, de patear la crisis para adelante, y de avanzar con sus planes de reformas antiobreras. La consigna “Fuera Berni” es errada, porque centra el accionar político de las organizaciones políticas, sindicales y sociales en un cambio de fusible político, que en lo inmediato sólo serviría para descomprimir, preservando incluso a la coalición gobernante.

Los revolucionarios tenemos la responsabilidad de llevar al interior de las organizaciones obreras y sociales nucleadas en la CTA, la tarea de expulsar los sindicatos policiales de la central. Tenemos la responsabilidad de batallar por conquistar verdad y justicia para Facundo con nuestros métodos, imponiendo con un paro general, la creación de una comisión investigadora independiente.

El gobierno del Frente de Todos no puede garantizar independencia de poderes, imparcialidad, ni ninguna otra abstracción burguesa en su promesa de castigo a los responsables de la muerte de Facundo. No será el peronismo que ayer forjó la Triple A, que tiene una larga lista de desaparecidos en democracia bajo su gobierno y responsabilidad, que abrazó genocidas como Milani, y que hoy unta con miles de millones a una policía que suma un centenar de pibes asesinados por gatillo fácil, quien pueda garantizar verdad y justicia para nuestros muertos, como tampoco lo hizo el alfonsinismo de las leyes de impunidad a genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

No permitamos que el gobierno use el caso de Facundo para justificar cínicamente una reforma de su policía y su justicia de clase. Ni un pibe más muerto por la policía, nunca más desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad. Lograr verdad y justicia para Facundo y el castigo a los responsables, es una tarea que sólo puede resolverse desde la independencia de clase, con los métodos de la clase obrera: PARO GENERAL YA. Extendamos internacionalmente la bandera de lucha que ya levantan en las calles, las organizaciones obreras y la juventud negra norteamericana: ¡DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA y de todas las fuerzas represivas del estado!