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Por Regional Zona Norte GBA.

    La judicialización de la lucha obrera es una herramienta frecuente de las patronales y el estado para intentar disciplinar a los trabajadores y su organización sindical. Mas aún, cuando se trata de trabajadores combativos. Un ejemplo de esto, es lo que está haciendo la patronal de FATE al iniciarle juicios de desafuero a dirigentes y delegados del SUTNA como Ariel Godoy (Sec. Nac. de Seguridad e Higiene), José Meniño (Sec. Gral. Seccional San Fernando) y José Orellano (delegado de planta), entre otros compañeros.

    FATE inicia estos juicios como represalia a las medidas de fuerza tomadas en marzo de 2018. Por entonces, el SUTNA realizó acciones gremiales -que incluyeron 4 días de paro- por un “accidente” en el que casi pierde la vida el obrero Javier Bertolotti. La empresa respondió montado una serie de provocaciones (intentó de sacar camiones, choques físicos con Madanes Quintanilla en persona, etc.) y que son ahora muchos de “sus” argumentos para intentar los desafueros.

    Con posterioridad, el SUTNA realizó una investigación de dicho “accidente” donde determinó la culpabilidad de FATE: falta de previsión, falta de inversión en seguridad en la máquina y el exceso en los ritmos de producción. Esto mismo fue incluso reconocido por la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo). Sin embargo, un año y medio después, estos dirigentes y delegados son llevados al banquillo de los acusados por la patronal y en donde jueces y fiscales que nada saben cómo se produce un solo neumático, ni cómo son las condiciones de higiene y seguridad en la fábrica, serán los que “definan” sobre la actuación de estos compañeros.

   De lo que se trata realmente, es mediante esta judicialización, de aleccionar, limitar o privar de determinados métodos de lucha a los trabajadores. La patronales, echan mano con este objetivo a las leyes que atan los sindicatos al estado. Una de éstas es ley de asociaciones sindicales. Hay que rechazar de plano toda injerencia del estado en nuestras organizaciones.

    Llamamos a apoyar firmemente la pelea contra los desafueros a los compañeros del SUTNA. También por la inmediata absolución de los 5 choferes de la línea 60. Al cierre de esta nota, se conoció un fallo del juzgado N°6 de San Isidro que rechazó el pedido de desafuero contra Ariel Godoy. El resto de los juicios del Sutna aún esperan por sentencia, lo mismo el de los compañeros de la 60.

    Se hace urgente la necesidad de impulsar desde los sectores combativos una campaña nacional por la anulación de la ley de asociaciones sindicales y por la independencia de los sindicatos del estado. El llamado "pacto social" de Fernández, la tríada de estado, patronales y burocracia, buscará utilizarlas cada vez más contra el movimiento obrero y los luchadores. El SUTNA recuperado podría jugar un rol progresivo convocando al resto de los sectores antiburocráticos a realizarla. Una pelea íntimamente ligada, a conformar una alternativa de clase al peronismo en los sindicatos y el movimiento obrero, para la lucha revolucionaria contra el capital.

En función del brutal ajuste del FMI y las patronales, el gobierno de Macri profundiza la represión sobre los luchadores. Es en este cuadro que se inscriben el encarcelamiento de Daniel Ruiz y los 4 choferes de la Línea Este de La Palta, así como el juicio que se lleva adelante contra los petroleros de Las Heras en Santa Cruz.

Daniel Ruiz, militante del PSTU, está detenido en el penal de Macros Paz desde hace 8 meses. El juez Torres, al servicio de la ministra Bullrich, lo metió preso por su participación en la masiva movilización del 18 de diciembre de 2017 contra el saqueo a las jubilaciones y donde hubo enfrentamientos con la policía federal frente al Congreso Nacional. Por la misma causa también es perseguido Sebastián Romero (pstu) y están procesados Dimas Ponce y Cesar Arakaki del Partido Obrero.

Los 4 ex choferes de la línea Este (autobuses de La Plata) son Sebastián Mac Dougall, Emanuel Lazzaro, Pablo Varriano y Luciano Fiocchi y fueron detenidos el pasado 3 abril en forma completamente irregular y son acusados de “coacción agravada” por participar en la huelga que duró un mes con ocupación del establecimiento, que llevaron adelante en defensa de sus puestos de trabajo y la organización sindical en 2017.  Desde el 29 de abril, fueron liberados de sus lugares de detención, pero siguen bajo prisión domiciliaria.

En la provincia kirchnerista de Santa Cruz en estos días se estuvo realizando el juicio contra los petroleros Martín Oñate, Néstor Vivares, ex integrantes del sindicato petrolero de la provincia, y Jorge Armoa, ex delegado gremial, por el bloqueo frente al portón de acceso de la empresa contratista Bacsa en una lucha por despidos en 2014. El 7 mayo se conocerá la sentencia y la fiscalía pidió dos años de prisión en suspenso por “coacción simple” y “entorpecimiento de la actividad económica”.

Por su puesto, el objetivo de fondo de la judicialización de la lucha, del encarcelamiento de dirigentes y activistas obreros, es el de disciplinar a nuestra clase y sus sectores de vanguardia. Gobierno, jueces, empresarios y los distintos partidos patronales, junto a la burocracia sindical, coinciden en defender la “legalidad” de los explotadores para privarnos a los trabajadores de los métodos de lucha con que mejor podemos enfrentarlos.

Desde la COR llamamos a rechazar la persecución del estado y sus instituciones y a profundizar la campaña desde cada organización de lucha, sindicato, centro de estudiante, federación, por la inmediata libertad de Daniel Ruiz y los cuatro choferes de la Línea a Este; por la absolución de los petroleros Oñate, Armoa y Vivares; por el desprocesamiento de todos los luchadores y la defensa de nuestros métodos obreros de lucha.

¡Libertad a los presos por luchar! ¡Absolución a los petroleros! ¡Por una salida obrera a la crisis capitalista!