El viernes 2 de agosto se dio a conocer el brutal asesinato de Susana Montoya, esposa de Ricardo Fermín Albareda, militante del ERP desaparecido y asesinado durante la última dictadura militar a manos del Departamento 2 de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D2). Al momento de su asesinato, Albareda ocupaba el cargo de Subcomisario en el área de comunicaciones dentro de la policía.
  Desde los juicios a los responsables materiales del asesinato de Ricardo, en el 2009, la familia ha recibido múltiples amenazas, la más reciente fue en diciembre pasado cuando su hijo, Fernando Albareda, militante de H.I.J.O.S., denunció amenazas de muerte por escrito en la puerta de su domicilio. Junto al cuerpo de Susana se encontró escrito en la pared el mensaje “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos” firmado con #Policía.  Queda al desnudo cómo lo más recalcitrante del brazo armado del Estado ha convivido dentro de las instituciones durante 40 años de democracia burguesa. Estas lacras ahora se sienten envalentonadas por el gobierno de Milei que intenta forzar una reconciliación de las Fuerzas Armadas con la sociedad, reflotando la teoría de los dos demonios, mientras su vice Villaruel y sus diputados visitan genocidas prometiéndoles indultos y prisión domiciliaria.  
  Tanto este asesinato como las múltiples amenazas y persecuciones que vienen sufriendo los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, dirigentes sindicales y organizaciones políticas de izquierda, son muestras de cómo el gobierno necesita fortalecer la represión ante su debilidad, un plan económico que no arranca y el miedo a una respuesta obrera organizada. No debemos caer en la trampa que nos venden los reformistas de todos los colores que durante años han intentado limpiar la imagen de las fuerzas represivas con programas de capacitación en derechos humanos a la policía y cambiando figuras cuestionadas de las cúpulas, como han hecho, por ejemplo, Schiaretti y Llaryora en Córdoba. Debemos ser claros, la policía y todo brazo armado del Estado burgués tiene la tarea de proteger la propiedad privada y los negocios del capital.
  En este escenario de descomposición sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas, debemos tomar en nuestras manos la pelea por justicia y esclarecimiento de este caso y el enfrentamiento a toda la persecución y represión en curso. Debemos pelear por la independencia de clase de las organizaciones de los trabajadores para dar la pelea por la disolución de la policía y todo el aparato represivo, en el camino de dar una salida obrera a la crisis.
  Desde la Corriente Obrera Revolucionaria repudiamos enérgicamente el asesinato de Susana Montoya y nos ponemos a disposición de las acciones que se desarrollen para enfrentar este ataque. NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.

Hoy jueves 19 de noviembre, a primera hora de la mañana, la policía de la provincia de Córdoba desalojó a las familias que hace meses ocupan terrenos en el barrio Estación Ferreyra. Una vez más, el peronismo privilegió los intereses especulativos inmobiliarios a las necesidades de los trabajadores. No es casual que el desalojo se produzca luego del operativo de Berni y Kicillof en Guernica, a fines de octubre, y del avance del protocolo del FMI con la nueva reforma previsional y la aprobación del presupuesto 2021 a pedido del organismo imperialista.
En el operativo en Estación Ferreyra, fueron detenidos Jorge Navarro y Soledad Díaz García, del Partido Obrero, y varios militantes del Polo Obrero, quienes se encontraban en el lugar junto a los vecinos y vecinas. El repudio a los desalojos y las detenciones debe ser contundente. Las organizaciones sindicales deben pronunciarse, y pasar a la acción. Por un plan de lucha para frenar los ataques de las patronales, incluyendo los acuerdos paritarios a la baja, los despidos y las suspensiones, los desalojos y la represión a la juventud trabajadora. ¡Por un paro provincial activo!

COR
Corriente Obrera revolucionaria
Regional Córdoba